fuero o desafuero
El escándalo de Tolemaida sobre las condiciones de reclusión de los militares que cometen delitos fuera del servicio abre también la discusión sobre su juzgamiento y defensa.
Colombia. La semana pasada tuvo lugar algo insólito en lo que va de este gobierno: el primer choque público entre los dos ministros más importantes del gabinete. A raíz de las revelaciones de SEMANA sobre las privilegiadas circunstancias en las que transcurría la reclusión de docenas de miembros del Ejército presos en Tolemaida, Germán Vargas, de Interior y de Justicia, y Rodrigo Rivera, de Defensa, quedaron en orillas opuestas en un debate que, en el fondo, toca un tema casi tabú en Colombia: ¿deben el espíritu de cuerpo y su expresión legal, el fuero militar, proteger a uniformados que cometen delitos que nada tienen que ver con actos del servicio?
El lunes 4, Vargas Lleras propuso trasladar a los 952 militares que están recluidos en nueve cárceles militares a la nueva penitenciaría de Guaduas, con capacidad para 3.500 internos. "Las Fuerzas Militares pueden cumplir con esa función", replicó de inmediato Rivera, en La FM de RCN, apoyado por el comandante del Ejército, general Alejandro Navas. Ambos anunciaron una comisión de verificación para las irregularidades denunciadas en Tolemaida y detallaron las medidas que fueron tomadas desde diciembre para ponerles fin. El martes 5, la polémica subió de punto. El ministro del Interior se quejó de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) "no ha podido ejercer control ni vigilancia sobre reclusión en guarniciones militares, porque no permiten su ingreso", muy molesto porque una solicitud del Inpec, a fines de febrero, para visitar Tolemaida, había sido negada un mes después por su comandante. El Ejército alegó "un probable error de trámite". El pulso público en el seno del gobierno dio paso al silencio. La discusión apenas empieza. Y va mucho más allá de las condiciones de reclusión de los militares.
Las Manifestaciones
Esta desavenencia ministerial es apenas la punta del iceberg. En enero, Tolemaida se vio sacudido por la fuga del mayor retirado César Alfonso Maldonado, que pagaba una condena de 25 años por participar en el atentado contra el congresista de izquierda Wilson Borja, en 2000, y por el descubrimiento de que otro mayor retirado, Juan Carlos Rodríguez, alias ’Zeus’, condenado a 12 años por ser jefe de seguridad del capo del narcotráfico del norte del Valle ’Don Diego’, vivía en una cabaña con todas las comodidades, hacía fiestas y se movía casi libremente dentro de la guarnición. Fueron destituidos los responsables del penal, se limitaron los permisos y, al parecer, todo quedó bajo control. Luego salió a la luz el polémico papel de la Defensoría Militar Integral, una oficina privada con apoyo del Ejército, en la defensa del subteniente Raúl Muñoz, acusado de violar y matar a unos niños en Arauca. Las acciones de Demil, que usó un helicóptero militar para enviar personal a interrogar a los niños, y unos mensajes Twitter amenazantes con los que respondió a una denuncia del columnista Daniel Coronell llevaron a la renuncia de su director. El ministro de Defensa presentó al Congreso un proyecto de ley para crear una defensoría militar pública, la cual reemplazaría a Demil. Por último, esta revista reveló las condiciones ’vacacionales’ en las que pagaban hasta hace poco sus ’condenas’ muchos de los cerca de 300 militares recluidos en Tolemaida por homicidio en persona protegida, tortura, secuestro, violación y otros crímenes.
Tras estos escándalos y el debate de los ministros yace un problema de fondo. La tradición del fuero militar en Colombia ha conducido, infortunadamente, a que el espíritu de cuerpo -en particular dentro del Ejército- a veces termine defendiendo casos de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. "Está obrando -dijo a SEMANA la directora de la Fundación Ideas para la Paz, María Victoria Llorente- un espíritu de cuerpo que le está haciendo un daño terrible al Ejército".
Con frecuencia, la reclusión parece una jaula de oro. Al recibir condena en firme, se escurre hasta la última gota de los plazos legales antes de dar al culpable de baja, y, entretanto, continúa recibiendo sueldo y pensión. Algunos hasta ascienden en la cárcel. En cambio, miembros de las otras fuerzas, distintas al Ejército, son dados de baja mediante la facultad discrecional y no son recluidos en condiciones privilegiadas.
La visión de los militares es muy distinta. Según el experto Alfredo Rangel, "la percepción en las Fuerzas Militares es que el fuero militar se ha abolido y que, en el conflicto interno, cualquier homicidio, aun en condiciones de servicio, puede ser investigado como una violación a los derechos humanos. El solo hecho de que se abra investigación a un oficial, con la lentitud de la justicia ordinaria, le daña la carrera y lo obliga a vender el carro e hipotecar la casa para defenderse". Según él, esto está afectando la moral y la capacidad operacional, en especial del Ejército. Sin embargo, dice, no se dan cuenta de que "en la situación en la que estamos falta solo un pasito para que pasen a cárceles civiles, y la opinión lo aceptaría".
Con cerca de 2.400 casos de ’falsos positivos’ en trámite ante la justicia, el número de militares procesados y condenados va a subir -y aumentarán los escándalos si no se toman medidas de raíz-. Por eso, lo primero es que acepten que el espíritu de cuerpo termina donde empiezan los crímenes que no tienen que ver con el servicio. Esos crímenes deben ser asumidos por la justicia ordinaria, y los uniformados condenados deben ser recluidos, así sea en una prisión exclusiva, bajo control civil, no militar. Llorente cree clave, además, la defensoría militar: "Sí ha habido una guerra jurídica contra ellos. Estos servidores del Estado que dan la vida por otros tienen derecho a una buena defensa. El problema es cuando la defensa se tergiversa y empieza a ser mal utilizada".
Toda esta controversia debe servir para discutir el tema abiertamente y de cara a la sociedad. Los militares necesitan la Justicia Penal Militar para todos los actos cometidos en razón de su servicio. Y esa justicia hay que fortalecerla. Pero los abusos de los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales o las condiciones de reclusión extravagantes para criminales que mancillaron el uniforme y el honor militar no pueden despertar el espíritu de cuerpo. Por ahora los dos ministros, del Interior y Defensa, y el general Navas están citados al Congreso esta semana. Las diferencias públicas entre ellos pueden haber cesado, pero el verdadero debate apenas empieza.
11 de abril de 2011
9 de abril de 2011
©semana
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