nueva ley favorece a paramilitares
Polémica ley suspende penas a paramilitares desmovilizados en Colombia. [La foto muestra a una víctima mutilada por un escuadrón paramilitar.]
Colombia. Unos 25.000 paramilitares desmovilizados en Colombia entre 2003 y 2006 quedaron amparados por una ley que entró en vigor el miércoles y suspendió la ejecución de penas para crímenes distintos a los de lesa humanidad, norma demandada ante la Corte por ONG de derechos humanos.
La ley, que había sido promulgada a fines de 2010, quedó lista con el reglamento que sancionó el presidente Juan Manuel Santos la noche del martes en busca de garantizar que "se cumpla el compromiso de paz adquirido con las personas que dejaron las armas", informó el Ejecutivo.
Unos 32.000 integrantes de los grupos paramilitares de extrema derecha que durante años combatieron a las guerillas izquierdistas de Colombia se desmovilizaron en un proceso de paz con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Ese proceso se normó con la Ley de Justicia y Paz, que otorgó beneficios procesales a los jefes paramilitares que confesaran sus crímenes atroces contra la población civil y accedieran a reparar a sus víctimas. A cambio, pagarían penas máximas de ocho años de prisión.
Según el gobierno de Santos, la nueva ley conocida como 1424 o Ley de desmovilizados busca cubrir el vacío existente por la de Juticia y Paz, que dejaba en "un limbo jurídico" al grueso de los exparamilitares que aún habiendo delinquido no habían cometido delitos de lesa humanidad.
Pero grupos de defensa de los derechos humanos criticaron esa norma y la organización no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas la demandó ante la Corte Constitucional, por considerar que viola el derecho de las víctimas a la verdad y reparación.
"Esta ley significa la negación del derecho a la verdad. Establece que personas que no fueron sometidas a ningún proceso judicial se puedan beneficiar de la suspensión de ejecución de pena si no tienen delitos de lesa humanidad y narran la verdad de los hechos", refirió a la AFP Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas.
"El detalle de la ley es que esas revelaciones se harán ante la Comisión de Memoria Histórica y no podrán usarse en procedimientos judiciales. Eso viola el derecho a la verdad y a la reparación. Es en realidad un indulto de facto o un indulto encubierto", opinó Gallón.
Además, para este jurista, la Ley de desmovilizados, de la que también pueden beneficiarse guerrilleros que hayan dejado las armas, es "contradictoria con la de reparación de víctimas y restitución de tierras" que el presidente Santos promulgó el pasado 10 de junio en presencia el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y que busca cobijar a unas 4 millones de víctimas del conflicto armado colombiano.
Sin embargo, el alto comisionado para la reintegración, Alejandro Eder, rechazó que la ley 1424 pretenda otorgar indultos a los desmovilizados e insistió en que si estos incumplen con las condiciones fijadas por esa norma "se les levantará la suspensión de la pena".
"Los desmovilizados deberán suscribir un acuerdo para la contribución a la verdad histórica y a la reparación", aseveró.
Según el gobierno, la exigencia de confesión de crímenes "busca proteger el derecho que tienen las víctimas y la sociedad colombiana de conocer el contexto y las causas de la conformación de grupos organizados al margen de la ley, además de evitar la repetición de hechos violentos".
A través de los testimonios de los jefes paramilitares acogidos a la Ley de Justicia y Paz han sido confesados 46.154 homicidios, 1.614 masacres, 4.389 desapariciones forzadas, y al menos 562 actos de tortura, según un informe de la Fiscalía de 2010.
Sin embargo, hasta ahora el Tribunal de Justicia y Paz ha emitido una sola condena en firme, confirmada el 27 de abril por la Corte Suprema, sobre la masacre de 13 campesinos de Mampuján.
30 de junio de 2011
29 de junio de 2011
©radio bíobío
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