libertad por vencimiento de términos
En un debate sobre el proceso de Justicia y Paz en la Comisión de Paz del Congreso, algunos parlamentarios alertaron que algunos desmovilizados quedarían en libertad sino se reforma la ley.
Colombia. Algunos integrantes de la Comisión de Paz del Congreso consideran que la Ley de Justicia y Paz debe ser reformada con urgencia para evitar la excarcelación de victimarios, promover nuevas desmovilizaciones y que entren más bienes al fondo de reparación para las víctimas.
La Ley de Justicia y Paz ha cumplido cinco años de aplicación. A ella se han acogido cerca de 4.300 desmovilizados de grupos ilegales (en su mayoría de las Autodefensas y algunos de las FARC) que se pueden beneficiar de una pena alternativa (entre cinco y ocho años de prisión) a cambio de confesar la verdad y reparar a sus víctimas.
Este mecanismo de justicia transicional fue evaluado por la Comisión de Paz del Congreso de la República, que, sin profundizar en defectos y virtudes, consideró que la Ley de Justicia y Paz se debe "reformar de forma urgente" para convertirse en un marco legal para posibles procesos de paz.
La principal preocupación consiste en que cerca de 1.500 desmovilizados de las Autodefensas, que se acogieron a esta ley, podrían salir de la cárcel por vencimiento de términos, sin recibir condena, sin que hayan contado toda la verdad sobre sus crímenes y, peor aún, sin reparar a sus víctimas, precisamente los propósitos iniciales de Justicia y Paz.
Así lo consideró el presidente de esta comisión, senador Roy Barreras (La U), al explicar que de los postulados a la Ley de Justicia y Paz, "sólo hay un poco más de 400 que ya se les imputaron cargos y sólo hay cuatro condenados".
Además explicó que las versiones libres pueden tardar tres años más y, para ese entonces, ya se habrán vencido todos los términos de la ley, que precisamente establecen penas alternativas de entre cinco y ocho años de prisión. "Sin reforma a la Ley de Justicia y Paz, saldrán a la calle todos los victimarios".
El representante Iván Cepeda (Polo Democrático), otro de los integrantes de la Comisión de Paz, coincidió en esa misma inquietud. Para el congresista, la ley tiene "fallas estructurales" y su sistema carece de "recursos judiciales" para poder garantizar "que quienes se han sometido a ella puedan aportar, de forma ágil, los elementos de verdad y reparación".
"El tiempo transcurre y los procedimientos judiciales son supremamente lentos, hay un represamiento de muchas versiones. La extradición de los principales jefes paramilitares significó un golpe mortal a todos los procesos de justicia y verdad que se venían dando", explicó Cepeda.
No Vence la Acción Penal, Dice Gobierno
Otra posición tiene el actual presidente del Congreso, senador Armando Benedetti (La U), quien consideró que esta circunstancia no necesita reformar la Ley de Justicia y Paz, aunque admitió que habrá que estudiar los alcances del vencimiento de términos.
"Los procesos van de acuerdo con los procedimientos del Código Penal, en algunos casos, y toca ajustarse a eso", dijo Benedetti.
El Gobierno controvirtió ese escenario al señalar que si los postulados a la Ley de Justicia y Paz no cumplen los propósitos de verdad y reparación, no pueden ser excarcelados porque se exponen a las penas de la justicia ordinaria, que para crímenes de lesa humanidad ascienden a 40 años de prisión.
Miguel Samper, director de Justicia Transicional del Ministerio del Interior, explicó que "la acción penal en este caso no vence con el término de la pena alternativa, que es entre 5 y 8 años, sino, por el contrario, vence con el término de prescripción de la pena por los delitos a que fue condenado (contemplados en el Código Penal vigente) y que establecen una pena bastante superior".
Nuevas Desmovilizaciones
Más allá de esta controversia, el senador Roy Barreras explicó dos inconvenientes más de Justicia y Paz, uno de ellos es que no permite más desmovilizaciones de miembros de grupos armados ilegales. "Si queremos que se den nuevas desmovilizaciones masivas, también hay que reformar esta ley para que pueda recibir nuevos postulados".
Otra inquietud del congresista recae sobre los bienes incautados a los victimarios, pues la legislación no establece mecanismos para que esos bienes se conviertan en dinero para el fondo de reparación a las víctimas.
La Comisión de Paz del Congreso presentará esta reforma al Gobierno, en la mesa de Unidad nacional, para que se tramite en la próxima legislatura.
Una discusión que podría ser más dilatada, si se considera la posibilidad de ampliar los beneficios de Justicia y Paz, por ejemplo, a miembros de bandas criminales, o hasta militares involucrados en procesos judiciales de derechos humanos en el marco del conflicto armado interno.
6 de julio de 2011
©verdad abierta
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