ejecuciones extrajudiciales en toluviejo
El caso de los llamados falsos positivos de Soacha es solo uno de los muchos que hay en el país. El de los once jóvenes desaparecidos en Sucre recuerda a otras familias que también llevan años esperando a que se haga justicia.
Colombia. Los casos de jóvenes que desaparecieron y después fueron reportados como muertos en combate en los últimos años en el país son muchos (más de 2.000). Así como también son muchos los papás y las mamás que siguen esperando a que se haga justicia. El país ha conocido muy bien el caso de Soacha.
Dicisiete mujeres se han encargado de mostrarle al mundo que sus hijos fueron víctimas de uno de los peores capítulos que ha vivido Colombia y han liderado las más duras batallas para hacer que el crimen que se cometió contra sus hijos no quede en la impunidad.
Pero ellas, aunque tal vez sean las más conocidas, no son las únicas que esperan que la justicia obre y que los responsables de la desaparición y la muerte de sus hijos paguen. El caso de los 11 muchachos de Toluviejo (Sucre) pone sobre la mesa cómo, a pesar de que han pasado casi cuatro años, son pocos los avances que se han visto en materia de investigación. Por eso los familiares de las víctimas piden celeridad.
A través de una carta, conocida por Semana.com, dirigida al juez penal del Circuito Especializado de Sincelejo (Sucre), los papás y las mamás de los jóvenes manifiestan su indignación porque después de dos años, cuando las diligencias de juicio terminaron, no ha salido ninguna sentencia.
"No hemos visto cumplido nuestro derecho de justicia, el cual implica, no solo una investigación imparcial, sino el que haya juicio y castigo a los responsables. No entendemos la demora para proferir estas decisiones, después de cuatro años del dolor que hemos sufrido por la pérdida de nuestros seres queridos en manos de la fuerza pública, lo que nos queda es exigir verdad, memoria y justicia sobre los crímenes cometidos en contra de nuestros familiares. No renunciaremos a este derecho, por ello solicitamos se profieran ya las decisiones que están pendientes", señalan en la misiva.
Jessica Hoyos, abogada de las víctimas, hace un recuento de la situación. "En este caso, en el que son 11 las víctimas, entre ellas varias menores de edad, se han llevado a cabo tres juicios. El primero fue contra Róbinson Barbosa Almaza, uno de los reclutadores de los jóvenes. Sobre él, aunque está detenido, no se ha definido su situación jurídica. Él se acogió a sentencia anticipada, pero por el delito de concierto para delinquir. No fue reconocido el de desaparición forzada ni ejecución extrajudicial. Su juicio terminó en el 2009. Y hasta la fecha no ha salido sentencia", cuenta la abogada.
El segundo juicio fue el de otro reclutador. Andrés Gregorio Pacheco. La última audiencia pública fue en noviembre del 2008. Hasta ahora tampoco ha habido sentencia. El tercero -cuenta Hoyos- fue contra Luís Miguel Sierra, Iván Contreras (militares) y Andrés Corrales (reclutador). Ese juicio culminó en el primero semestre del 2010. Tampoco hay sentencia.
"Las únicas sentencias que se han conocido son a las que se han acogido por sentencia anticipada por concierto para delinquir, pero no por los otros delitos", cuenta la abogada, para quien esta situación -como para las familias- es bastante desalentadora.
Pero eso no es lo único. Hace cerca de un mes sucedió algo que tiene a la defensa de las víctimas y a sus familiares inquietos. Desde que el proceso empezó, el caso lo tenía la unidad de derechos humanos de la Fiscalía de Medellín, pero, sin saber por qué, decidieron trasladarlo al despacho seis de derechos humanos en Bogotá. La incertidumbre con el caso surge porque "ese mismo despacho es el que llevaba el caso (que ya prescribió) del periodista Julio Chaparro y del fotógrafo Jorge Torres, ambos de El Espectador, asesinados en Segovia, Antioquia, y el de la periodista Jineth Bedoya, quien recientemente pidió cambio de despacho, por el poco avance que se ha dado en su caso".
"El Fiscal de Medellín, que llevaba el caso, estaba haciendo muy buen trabajo. A las familias el cambio les dejó, sin duda, un sinsabor, sobre todo porque el caso de Toluviejo es muy grande y hay muchas personas involucradas", asegura la abogada.
La triste historia de las ejecuciones extrajudiciales en Toluviejo, Sucre
En junio del 2008, SEMANA publicó este triste caso. En ese entonces apenas había pasado un año desde el momento en que ocurrieron los hechos. Ahora, cuatro años después, las familias recuerdan con dolor cómo sus hijos desaparecieron y después fueron presentados como muertos en combate.
La historia empezó cuando del municipio de Toluviejo salieron a trabajar a mediados de junio de 2007, los 11 jóvenes, algunos menores de edad, y seis meses después sus familiares se enteraron a través del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de Sincelejo, en Sucre, y Chinú, en Córdoba, que algunos de ellos habían muerto en combates con tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, unidad militar conformada en 2003 por hombres del Ejército y de la Infantería de Marina.
"Solo en enero supe de él cuando una hermana me dijo que lo habían encontrado muerto", dijo, en el 2008, la compañera sentimental de Juan Patrón Viloria, quien fue muerto al día siguiente de haberse ido en busca de un trabajo con el cual pudiera mantener a sus tres hijos.
Algunos familiares de las víctimas creían que los jóvenes habían sido reclutados para hacer parte de las nuevas bandas emergentes. Pero otros estaban convencidos de que habían sido asesinados por miembros de la fuerza pública para mostrar resultados en la lucha contra la delincuencia. No se equivocaban.
Según los boletines de prensa de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre que se conocieron en esa época, los jóvenes murieron en enfrentamientos con sus tropas en zonas rurales de los municipios de Galeras, Sincé y San Benito.
"Para mí eso es un montaje porque él no era ni guerrillero, ni de las Águilas Negras, ni delincuente", dijo la compañera de Viloria, una mujer oriunda de La Guajira. "La gente dice que eso se presentó un positivo para el gobierno de entonces y ellos se lo dan a costa de los hijos del pueblo, eso está pasando en todo el país. Se lo llevaron para una finca dizque para pagarle 600.000 pesos y lo mataron", manifestó al conocer la noticia.
Hoy, cuando el tema de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’, como algunos insisten en llamarlo, no es nuevo y todos saben de qué se trata, los familiares de las víctimas de Soacha, de Toluviejo y del resto de lugares del país de donde fueron sacados miles de jóvenes con falsas promesas y después terminaron muertos, esperan a que la justicia actúe. No quieren que los crímenes de sus hijos queden en la impunidad.
10 de julio de 2011
9 de julio de 2011
©semana
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