ayuda mal usada en colombia

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Ayuda estadounidense implicada en abusos de poder en Colombia,

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[Karen DeYoung y Claudia J. Duque] El gobierno de Obama menciona a menudo la floreciente democracia de Colombia como prueba de que la ayuda, el conocimiento y el compromiso estadounidenses pueden revertir un estado potencialmente fallido y sitiado por el terrorismo.
Financiada por Estados Unidos, la campaña anti-subversiva del país contra una organización marxista revolucionaria -y la coordinación civil y militar que hay detrás de ella-, es considerada tan exitosa que se ha convertido en modelo de estrategia para Afganistán.
Pero las nuevas revelaciones sobre los prolongados escándalos políticos ocurridos durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, un estrecho aliado de Estados Unidos, durante los ocho años de su mandato, implican a la ayuda norteamericana, y posiblemente a funcionarios estadounidenses, en mayúsculos abusos de poder y acciones ilegales del gobierno colombiano bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas.
Fondos, equipos y adiestramiento estadounidenses, proporcionados a unidades de elite del servicio de inteligencia colombiano durante la última década para ayudar a aplastar a organizaciones de narcotraficantes, fueron utilizados en operaciones de espionaje y desprestigio contra jueces de la Corte Suprema, opositores políticos de Uribe y grupos de la sociedad civil, de acuerdo a documentos policiales obtenidos por el Washington Post y entrevistas con fiscales y antiguos funcionarios de la inteligencia colombiana.
Las revelaciones son parte de una investigación ampliada del fiscal general de Colombia sobre el Departamento de Seguridad Administrativa, o DAS. Seis ex altos funcionarios de inteligencia han confesado la comisión de delitos, y más de una docena de operativos de la agencia están siendo juzgados. Varios de los más estrechos asesores de Uribe están siendo investigados, junto con Uribe, que es investigado por una comisión parlamentaria especial.
Funcionarios estadounidenses han negado haber sabido o haber estado implicados en actos ilegales cometidos por el DAS y los fiscales colombianos no han denunciado ninguna intervención estadounidense. Pero la historia de lo que hizo el DAS con gran parte de la ayuda estadounidense que recibió es un cuento con moraleja sobre las consecuencias no intencionadas. Como en Afganistán y otros países en los que Estados Unidos está concentrado intensamente en ganar aliados contra el terrorismo, algunos receptores de ayuda en Colombia la desviaron claramente para apuntalar sus propias agendas políticas.
Durante más de una década, bajo tres gobiernos, Colombia ha sido el aliado más estrecho de Washington en América Latina y el más grande receptor de ayuda militar y económica: seis mil millones de dólares durante la presidencia de Uribe de 2002 a 2010. El total anual se descendido ligeramente durante el gobierno de Obama, a algo más de quinientos millones de dólares en ayudas combinadas este año.
Aunque se lograron avances importantes en la lucha contra rebeldes y narcotraficantes, ex altos funcionarios de inteligencia dicen que con Uribe el DAS enfatizó los objetivos políticos por sobre los revolucionarios y los barones de la droga. El firme flujo de nuevas revelaciones ha continuado manchando la reputación de Colombia, incluso en momentos en que el gobierno dirigido por el sucesor de Uribe y ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, ha prometido este otoño reemplazar al DAS por una nueva agencia de inteligencia.
Los fiscales dicen que el gobierno de Uribe quería "neutralizar" a la Corte Suprema debido a que sus jueces de instrucción estaban desenmascarando los lazos entre aliados del presidente en el Congreso colombiano y grupos paramilitares dedicados al tráfico de drogas.
Basando la acusación en miles de páginas de documentos del DAS y en el testimonio de nueve ex funcionarios del DAS, los fiscales dicen que la agencia fue instruida por la oficina de la presidencia para escudriñar las cuentas bancarias de los magistrados, seguir a sus familias, interceptar los teléfonos de sus oficinas y analizar sus fallos judiciales.
"Todas las actividades montadas contra nosotros -seguimientos, interceptación de teléfonos- tenían un fin central: intimidarnos", dijo Iván Velasquez, el magistrado que dirige la investigación y principal objetivo de la vigilancia del DAS.
Gustavo Sierra, el ex jefe de análisis del DAS hoy encarcelado, que revisaba los informes de inteligencia que eran enviados a la presidencia, dijo que investigar a la corte "fue un objetivo prioritario" para el DAS de Uribe.
"Rara vez ordenaron algo contra narcotraficantes o guerrilleros", contó Sierra en una entrevista.

Recursos y Guías
Algunos de los acusados o que están siendo investigados describieron la importancia de los recursos y guías de la inteligencia estadounidense, y dicen que ellos informaban regularmente a los oficiales de enlace de la embajada sobre sus actividades de inteligencia. "Nos organizábamos por medio de la embajada estadounidense", dijo William Romero, que dirigía la red de informantes del DAS y supervisó la infiltración de la Corte Suprema. Como muchos de los altos funcionarios del DAS en la cárcel o imputados, Romero recibió entrenamiento de la CIA. Algunos recibieron becas para completar estudios sobre inteligencia en universidades estadounidenses.
Romero, que aceptó un convenio declaratorio con la fiscalía a cambio de su cooperación, dijo en una entrevista que las unidades del DAS dependían de los ordenadores, equipos de interceptación telefónica, cámaras y sistemas de interceptación de teléfonos móviles, así como dinero para pagar el alquiler de casas de seguridad y caja chica para gasolina -proporcionados por Estados Unidos. "Podríamos haber actuado" sin la ayuda estadounidense, dijo, "pero no con la misma efectividad."
La unidad que dependía de la ayuda de la CIA, según el testimonio de ex funcionarios del DAS, era el Grupo de Observaciones Nacionales e Internacionales.
Instalado para descubrir los lazos entre operativos extranjeros y guerrillas colombianas, desvió su atención hacia la Corte Suprema después de que los magistrados empezaran a investigar al primo del presidente, el entonces senador Mario Uribe, dijo un ex director, Germán Ospina, en una declaración ante los fiscales. Las órdenes vinieron "de la presidencia; querían resultados inmediatos", contó Ospina a los fiscales.
Otra unidad que operó durante ocho meses en 2005, el Grupo para Analizar Medios y Organizaciones Terroristas, reunió expedientes sobre dirigentes sindicales, allanó clandestinamente sus oficinas y filmó en video a sindicalistas. Estados Unidos proporcionó los equipos y decenas de miles de dólares, de acuerdo a un informe interno del DAS, y los miembros de la unidad se reunían regularmente con un funcionario de la embajada al que recordaban como "Chris Sullivan."
"Cuando estábamos avanzando en algunas actividades, podíamos ir a ver cómo estábamos avanzando", dijo durante una audiencia José Gabriel Jiménez, ex analista de la unidad.
La CIA se negó a comentar tanto sobre las acusaciones específicas como sobre la descripción de su relación con el DAS que proporcionaron funcionarios colombianos. "La CIA se metió en un montón de cosas, con un montón de tipos. Eso no significa que los dichos sobre la agencia sean otra cosa que eso", dijo un funcionario de la inteligencia estadounidense, que habló a condición de conservar su anonimato.
Mientras que las primeras revelaciones del DAS emergieron en los medios colombianos durante el verano de 2009, el entonces embajador William Brownfield convocó a una reunión ampliada y preguntó cuál de las agencias de Estados Unidos representadas estaban trabajando con el DAS -de acuerdo a un cable secreto dado a conocer por WikiLeaks. Representantes de ocho agencias izaron la mano -incluyendo a la CIA, el Servicio de Control de Drogas (DEA), el FBI y el Servicio de Impuestos Internos. Todas las agencias, informó Brownfield en el cable del 9 de septiembre, "reafirmaron que no sabían nada ni tenían ninguna conexión con actividades ilegales y accedieron a continuar reduciendo su exposición a la agencia."
Brownfield, en reuniones posteriores con Uribe y otros funcionarios, instaron al gobierno a dar la cara frente a las revelaciones y advirtió que estas podrían comprometer la asociación entre Colombia y Estados Unidos.
"Si estallaba otro escándalo en el DAS, nuestro Plan B era terminar toda asociación con el DAS. Inmediatamente", informó Brownfield que contó a Francisco Santos, el vicepresidente de Uribe, y el director del DAS, Felipe Muñoz, el 16 de septiembre de 2009.
Sin embargo, la relación continuó durante siete meses adicionales. En abril de 2010, Brownfield anunció que los fondos estadounidenses destinados previamente al DAS serían ahora enviados a la policía nacional de Colombia. Hoy el DAS, fundado hace cincuenta y un años, con seis mil empleados, múltiples roles y un presupuesto anual de doscientos veinte millones de dólares, todavía cojea. Pero Muñoz ha sido investigado, así como otros cuatro ex directores del DAS.
Uribe, a través de su abogado, Jaime Granados, rechazó una petición de entrevista. Pero el ex presidente ha negado que él supervisara actividades ilegales y dijo que funcionarios de su gobierno estaban siendo perseguidos políticamente. Cuatro de sus principales asesores están siendo investigados, y su jefe de gabinete, Bernardo Moreno, está preso y esperando juicio por conspiración y otros cargos.

Años de Problemas
Entrevistas con ex funcionarios estadounidenses y evidencias que surgieron durante la investigación del DAS, muestran que la agencia lleva años cometiendo una diversidad de delitos graves y mostrando una inclinación por las acciones ilegales que no es ajena a funcionarios diplomáticos.
El primer director del DAS durante la presidencia de Uribe, Jorge Noguera -al que la embajada norteamericana consideraba en 2005 "un tecnócrata pro-Estados Unidos y honesto" y lo recomendaba a la Interpol para América Latina, de acuerdo a cables de WikiLeaks-, está siendo enjuiciado y acusado de haber ayudado a asesinos a sueldo para matar a sindicalistas. El año pasado, los fiscales acusaron a otro director del DAS de haber participado en la conspiración para asesinar, en 1989, al candidato presidencial más popular, Luis Carlos Galán.
Myles Frechette, embajador estadounidense ante Colombia de 1994 a 1997, dijo que incluso durante su periodo los funcionarios estadounidenses creían que las unidades del DAS estaban manchadas por la corrupción y asociadas a narcotraficantes. Pero dijo que la embajada necesitaba un socio para adquirir datos de inteligencia sobre narcotraficantes y guerrillas.
"Toda la gente que trabajó conmigo en la embajada, me dijeron: ‘En el DAS realmente no se puede confiar’", dijo Frechette, agregando que piensa que el DAS presenta algunas de las características de una organización criminal.
Varios diplomáticos estadounidenses destinados a la embajada en los últimos años dijeron que no sabían nada de la inteligencia estadounidense y que las agencias policiales estuvieron implicadas en los chanchullos del DAS, pero todos dijeron que no les sorprendería.
"Había preocupación sobre algunas actividades, pero también la necesidad, en aras de los intereses de Estados Unidos, de conservar la relación", dijo un diplomático que habló a condición de guardar su identidad. "Estoy razonablemente confiado en que nuestro apoyo fue correcto."
[Duque es un periodista independiente con sede en Bogotá, Colombia. El corresponsal Juan Forero, también en Bogotá, contribuyó a este artículo.]
23 de agosto de 2011
20 de agosto de 2011
©washington post
cc traducción c. lísperguer