sobre el paramilitarismo
[César Paredes] Colombia. Hay quienes consideran que el proceso investigación y juzgamiento que tiene por objeto develar qué fue lo que ocurrió durante los años de la actuación paramilitar es un ejemplo para otros países del mundo. Otras voces menos optimistas advierten que hay una crisis, pues en seis años del proceso, solo hay una condena en firme, mientras que hay más de 380.000 víctimas registradas ante la Fiscalía.
La Comisión de Paz del Congreso de la República abrió el debate en mayo pasado cuando convocó a varios sectores de la sociedad y a representantes del Estado a discutir cuál debe ser el escenario para la paz. La conclusión deja un sabor agridulce: ha habido avances importantes, pero también grandes vacíos.
Por esta razón varias organizaciones como el Centro Internacional para la Justicia transicional (ICTJ), la Misión de Apoyo de la OEA, entre otras, convocaron a un foro para evaluar cuáles deben ser las estrategias para que el proceso de Justicia y Paz sea más efectivo. El tema del foro fue "Selección o priorización como estrategia de persecución de crímenes internacionales".
A propósito de la discusión, Semana.com habló con Paul Seils, vicepresidente del Programa del ICTJ, quien señaló cuál debe ser, en su criterio, el propósito de la justicia transicional: que la ciudadanía vuelva a confiar en las instituciones.
Semana.com: ¿Cuál es el contenido de la ponencia que va a presentar esta semana en la conferencia internacional?
Paul Seils: Es conocido que hay una crisis de credibilidad y de eficacia en el proceso de Justicia y Paz, aunque hay algunos resultados. Pero, en términos de condenas se ve que la credibilidad se está perdiendo y es necesario proponer nuevos criterios para avanzar.
Tenemos entre 3.500 y 4.500 postulados al proceso y hay 405 procesados, es un proceso bastante lento. Pero a la vez, no estamos en la misma situación del 2005, cuando se creó la Ley de Justicia y Paz, porque tenemos mucha más información sobre el fenómeno del paramilitarismo. La pregunta es cómo se debe hacer una selección de casos. En síntesis, creo que se debe, pero no debe ser la oportunidad del Estado para economizar, sino que tiene que ser fundada en los criterios de la política criminal: inteligible, coherente y mensurable.
¿Cómo se debe dar esa selección de casos?
Tenemos que dar unos pasos previos para ver cuáles son los objetivos que estamos buscando. Esto requiere una comprensión sofisticada de la justicia transicional. Los objetivos de esta justicia son: la dignificación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y la reconstrucción de las relaciones de confianza entre los ciudadanos y el Estado, que por omisión o comisión es responsable.
Esto quiere decir que si vamos a aplicar criterios de selección de casos, tenemos que entender que el proceso no solo se debe basar en el presupuesto de que el paramilitarismo es un fenómeno militar, sino de que, parcialmente, se presentó la cooptación del Estado ya también hubo apoyo de sectores privados. Por eso es importante no perder de vista la necesidad de desmantelar el sistema que lo apoyó y lo sostuvo.
Usted considera que la justicia no está siendo efectiva. ¿Por qué?
Porque para mí no se ha comprendido el propósito de la justicia transicional que busca soluciones a problemas reales y urgentes. Este es un concepto práctico basado en principios de derechos humanos y del derecho internacional, pero no es la aplicación religiosa de normas que se aplicarían en condiciones normales. Pero si se opta por la selección, esta no puede ser una salida fácil para que el Estado responda a un problema de eficacia o credibilidad, sino que tiene que ser una renovada política criminal.
¿Cuáles son los términos con los que se evalúa la eficacia de la justicia transicional?
La eficacia no se puede medir en casos específicos. La pregunta es, después de un rato prolongado, si la gente tiene más confianza en el Estado, si una masa crítica considera que las instituciones son creíbles y confiables.
Si me preguntan por el proceso en Argentina, yo diría que sí, que el proceso ha sido exitoso 100 por ciento, porque después de los procesos de reparación no ha habido la mínima sugerencia, aún en tiempos de crisis económica, de que el Ejército haya pensado en tomarse el poder. Estos procesos pueden tardar décadas para ver si han sido eficaces, pero el Estado debe enfrentar las tensiones entre la búsqueda de la paz y la búsqueda de la justicia. No hay ningún país que lo haya hecho enjuiciando a cada persona que haya cometido un delito, pero la justicia transicional dice que la solución éticamente aceptable y tolerable no es negar las obligaciones del Estado, sino buscar una solución práctica al problema.
¿Cuáles son las características que hacen el caso de Colombia?
En términos generales, cuando la justicia transicional comenzó a ser un concepto práctico para solucionar los problemas de criminalidad y violaciones masivas, hablamos de contextos de represión masiva. La aplicación de justicia transicional en conflictos vigentes o posconflictos presupone que los países han perdido su infraestructura institucional. En ese sentido, Colombia es única porque las instituciones no han dejado de funcionar y por eso se presupone que cuenta con los mecanismos suficientes para conseguir estos objetivos. En cambio, cuando hablamos países como África, donde la infraestructura no existe, no se puede tener las mismas expectativas que se tiene con Colombia. Para cada caso hay que cambiar el lente de observación, porque en Colombia el discurso del Estado es que hay un conflicto vigente pero hay una institucionalidad que no ha fracasado. En ese sentido, las expectativas tienen que ser altas, la demanda tiene que ser mayor. Colombia tiene ventajas sobre otros países, pero a la vez, no ha prosperado mucho la manera en que busca recuperar la confianza.
Hay sectores que dicen que el proceso de Justicia y Paz es un modelo en el mundo, pero hay quienes dicen que es un fracaso. ¿Quién tiene la razón?
P.S.: Sería muy deshonesto decir que no se ha visto nada, aun con las críticas a la desmovilización porque no se desmovilizaron todos o porque no han dicho toda la verdad. El proceso ha permitido que miles de personas conozcan las circunstancias en las que fueron asesinados sus seres queridos y han recuperado sus restos. Eso es positivo. A la vez que ha habido un proceso de participación y compromiso del Ejecutivo y del Legislativo, lo cual es saludable para el funcionamiento del Estado.
Pero al preguntar si ha logrado alimentar la confianza en el Estado, la mayoría podría decir que no está prosperando. Las investigaciones tienen que ser más ágiles. No es suficiente con decir que tenemos miles de casos en un archivo, pero sin procesos. Es un ejemplo porque Colombia se comprometió con el Estatuto de Roma, que dice que el Estado tiene que ejercer su institución penal en cuanto al juzgamiento de delitos graves. Pero con los resultados que hemos visto no es un buen ejemplo, aunque hay esperanza de que se corrija.
¿Hasta qué nivel deben llegar las investigaciones sobre las redes de la criminalidad?
En los últimos 10 años estamos viendo una práctica del derecho internacional que busca que las investigaciones lleguen hasta las más altas esferas. Pero un proceso no se puede basar en la condena a chivos expiatorios. Si el pueblo considera que son chivos expiatorios, no va a tener más confianza en el Estado. Eso no quiere decir que los combatientes rasos no tengan una responsabilidad, sino que son una parte. De ahí la importancia de desmantelar el aparato que cometió los delitos. Si queremos crear un Estado capaz de mantener la paz y de garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, se tienen que destruir los aparatos. Por eso, la lógica es llegar hasta los altos responsables y no solamente a los militares, sino que la justicia debe encontrar los vínculos de ese fenómeno político y social llamado paramilitarismo, y cuál fue la impunidad que dejó durante los años en que cometió los crímenes.
¿En países como Egipto y Libia cuáles son los retos de la justicia transicional?
Lo que busca la justicia transicional en Egipto es lo mismo, aunque los contextos sean diferentes. Allá, por ejemplo, hubo un régimen de represión de los derechos básicos de ciudadanos como la libertad de expresión, libertad de participación en la vida pública y cosas más graves. Lo que pide la sociedad egipcia son instituciones del Estado que garanticen sus derechos para tener una vida libre de temor y violaciones. La Primavera Árabe ha sido interesante en términos políticos e históricos porque hay una depuración de la voluntad de una región en el reclamo por sus derechos básicos. El centro del discurso no es la redistribución de la riqueza, oportunidades o empleo, aunque sí hace parte, lo que busca la mayoría es participar en la vida pública, que se respeten sus libertades.
En un proceso de transición, ¿por qué es importante que todo el Estado y no solo el aparato judicial se comprometa?
Si la cuestión es de confianza ciudadana y dignificación de las víctimas, todas las ramas del Estado, pero también las instituciones de la sociedad, deben gozar de la confianza de una masa crítica de la ciudadanía. La rama judicial solo puede ser, en un sentido, el último recurso de esta confianza —pues solo cuando las cosas están mal vamos a las cortes—. Si queremos tener una mayor confianza en el Estado, creo que depende en mucha medida del Ejecutivo y del Legislativo. El concepto de confianza significa que las instituciones del Estado se comportan de tal manera que la ciudadanía considera que garantizan sus derechos.
29 de agosto de 2011
25 de agosto de 2011
©semana
vía verdad abierta
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