persisten asesinatos en colombia
Pese a los avances en seguridad, Colombia sigue siendo un país peligroso para activistas sociales, sindicalistas y políticos. Continúa conflicto que ha desestabilizado a Colombia durante décadas.
[Chris Kraul] San Onofre, Colombia. Pregúntele a Arleth Mendoza si se siente segura ahora que el gobierno colombiano ha desmovilizado a las milicias de extrema derecha y casi ha declarado victoria en su larga guerra contra los rebeldes de izquierda.
Su marido, Antonio, un concejal que defendió a los campesinos sin tierra, fue asesinado a balazos en julio, dejando a sus tres hijos, todos menores de nueve años, huérfanos de padre.
"No hubo aviso, ni amenazas. Lo mataron a sangre fría", dijo la viuda, que todavía parece estar en shock después de seis semanas. "Daba todo a sus amigos y familia, pero desde que murió no he recibido ni la menor ayuda de la municipalidad o del estado, ni siquiera los mil quinientos pesos que costó sepultarlo."
Colombia ha logrado avances en seguridad en la última década, pero sigue siendo un país peligroso para activistas de derechos humanos, líderes sindicales y políticos. Decenas de activistas han sido asesinados este año en una ola de intimidación que deja en claro que el conflicto civil y el caos que ha desestabilizado a Colombia durante más de cuarenta años están lejos de haber pasado.
Antonio Mendoza entró a la política para ayudar a los campesinos desplazados a buscar la restitución de sus tierras en manos de usurpadores y tenía esperanzas de que la nueva ley que compensa a las víctimas del largo conflicto podría hacer avanzar el proceso. Pensaba que podía usar canales pacíficos para recuperar la tierra que sus electores habían perdido a manos de criminales milicias hace diez años.
Pero muchas de las bandas paramilitares que se desmovilizaron en 2006 y antes se han transformado en lo que el gobierno llama bacrims -bandas criminales. Han reanudado las actividades de sus predecesores, apropiándose de la tierra obligando a los campesinos a huir, extorsión y narcotráfico. A menudo forjan alianzas con los rebeldes de izquierda, los que, aunque debilitados, todavía causan estragos en las zonas rurales con secuestros y atentados contra la infraestructura energética y el personal.
Dos asesinos mataron a Mendoza el 1 de julio cuando bebía una cerveza en un salón de billar local. No han habido detenciones, pero sus actividades le ganaron poderosos enemigos entre las bandas que acumulan tierras aquí en el departamento de Sucre para dedicarlas a la minería y a las plantaciones de teca, y entre los narcotraficantes para quienes San Onofre es una importante ruta para el transporte de drogas. La comuna ofrece un corredor perfecto hacia el Caribe, desde donde la cocaína es embarcada ilegalmente hacia Estados Unidos.
"Era una persona muy noble y humanitaria", dijo Arleth Mendoza sobre su marido. "Ayudaba a quien le pidiera ayuda. El bienestar de los otros era para él más importante que el suyo propio."
Dos días antes de la entrevista con la viuda, Luis Díaz Villa, un dirigente sindical en el vecino departamento de Córdoba, fue asesinado a balazos. Villa es el sindicalista número 52 asesinado este año en Colombia, de acuerdo a la CUT, el sindicato más grande del país. (El gobierno colombiano pone en duda las cifras del sindicato, diciendo que los asesinados son quince.)
Y en la pequeña ciudad de Chinacota al nordeste de Colombia el mes pasado, los asesinos fueron a por la candidata a concejal y madre soltera María Elizabeth Mendoza, uno de los doce funcionarios públicos actuales o aspirantes asesinados este año. La policía no ha mencionado motivos ni sospechosos de su asesinato, diciendo solamente que fue asesinada por dos hombres armados en una motocicleta.
Aunque los defensores de los pobres y de los marginados generalmente corren riesgos, quizás los que se encuentran en línea de fuego son los líderes de los grupos de campesinos despojados, los que, como Antonio Mendoza, han sido alentados por la reciente ley de compensación.
El gobierno ha elevado las expectativas de las víctimas pero carece del dinero y el personal policial y judicial para hacer avanzar oportunamente el proceso, dijo Marco Romero, director de CODHES, una organización de derechos humanos con sede en Bogotá.
"Los grupos armados están tratando de hacer que los campesinos escojan entre sus vidas o sus tierras", dijo Romero. "Como los asesinatos continúan, tendrán más miedo y es menos probable que presenten demandas. Protegerlos es un enorme reto para el gobierno."
Después de ocho años de avances con el presidente Álvaro Uribe, que terminó su mandato en agosto de 2010, muchos índices de criminalidad reflejan un deterioro reciente en seguridad en el país. Aunque el número de homicidios en Colombia ha caído en un dos por ciento en lo que va de año, ha habido un aumento del veinticinco por ciento en los secuestros y víctimas de masacres, de acuerdo a la oficina de monitoreo de derechos humanos de la vicepresidencia colombiana.
Los analistas ven el surgimiento de la violencia como el principal factor en la reciente renuncia del ministro de Defensa Rodrigo Rivera. Responsable de las fuerzas militares y de la policía, supervisó durante sus trece meses de mandato operaciones que resultaron en la muerte de Víctor Julio Suárez Rojas, un comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia conocido por su nombre de guerra Mono Jojoy, y del comandante Pedro Guerrero.
El presidente Juan Manuel Santos anunció a principios de mes que el gobierno gastaría ochocientos millones de dólares adicionales en seguridad en los siguientes cuatro años, incluyendo la contratación de veinte mil agentes de policía más. Al día siguiente, el 6 de septiembre, anunció cambios en las comandancias de las fuerzas militares.
El aumento de la violencia ha creado un creciente problema político para Santos, que quiere que el Congreso estadounidense apruebe un tratado de libre comercio con Colombia. El acuerdo ha estado en el limbo durante cinco años, en parte porque un grupo de demócratas en el Congreso cree que la aprobación debe ser aplazada hasta que Colombia mejore sus antecedentes en derechos humanos.
Aunque reconoce que el proyecto de libre comercio es probable que sea aprobado este año, el representante James McGovern (demócrata de Massachusetts) ve una preocupante tendencia en la violencia. En una reunión con Santos este último mes, dice, expresó su preocupación por la "consolidación de redes criminales y paramilitares en muchas partes del país."
"Estoy muy alarmado por el aumento de los asesinatos y amenazas contra líderes de las víctimas y de los despojados en Sucre y Córdoba, donde estuve, así como contra defensores de los derechos humanos y sindicalistas en todo Colombia", dijo McGovern.
El auge económico colombiano ha dado a las bandas criminales o sus apoderados un nuevo incentivo para hacerse con tierras, las que pueden vender luego a compañías mineras, agrícolas y madereras, dijo Juan David Díaz, líder de MOVICE en Sucre, una organización de defensa de las víctimas y de los campesinos despojados.
"Exigimos que el estado expropie la tierra que estos grupos todavía controlan, y es por que nos están amenazando", dijo Díaz, que habló por teléfono desde Miami, adonde huyó en junio después de recibir numerosas amenazas.
Romero, del CODHES, observó que la violencia puede estar relacionada con las inminente elecciones locales, cuando los grupos armados tratan de ganar influencia y hacer elegir a sus candidatos favoritos.
"Colombia es única en el mundo: está tratando de compensar a las víctimas cuando el país está todavía en guerra", dijo Romero. "Esos criminales no se han desmovilizado nunca."
[Pese a la deteriorada situación de derechos humanos en el país, el Congreso estadounidense finalmente aprobó el tratado de libre comercio con Colombia.]
18 de octubre de 2011
16 de septiembre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer
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