grave situación de ddhh en cárceles
Comisión de Constitución recibe testimonios sobre grave vulneración de derechos en cárceles chilenas.
Valparaíso, Chile. Instancia especializada de la Cámara que investiga la crisis penitenciaria sesionó este lunes en Santiago para recabar antecedentes sobre las condiciones carcelarias de parte de la Comisión Defensora Ciudadana, el sacerdote Nicolás Vial y el especialista en derecho internacional de los derechos humanos Nicolás Espejo.
Una extensa sesión de trabajo en la sede santiaguina de la Cámara de Diputados celebró este lunes la Comisión de Constitución, que actúa como investigadora de la crisis carcelaria a raíz del mortal incendio del penal de San Miguel, oportunidad en la que escuchó presentaciones con un sombrío diagnóstico sobre la precaria situación de los derechos humanos que se vive al interior del sistema penitenciario chileno.
Sobre el particular concurrieron a prestar testimonio ante la Comisión el sacerdote Nicolás Vial, de la Fundación Paternitas, entidad que atiende social y espiritualmente a reclusos al interior de los recintos penales; el presidente de la Comisión Defensora Ciudadana, Alberto Precht; y el profesor de derecho internacional humanitario y derechos humanos, Nicolás Espejo.
El religioso planteó que el incendio de la cárcel de San Miguel y su trágico saldo de 81 reclusos muertos constituye un hecho vergonzoso que deja al descubierto un sistema penitenciario inhumano y degradante, cuyas indignas condiciones son fuente permanente de violencia y muerte en su interior. Por ello llamó a un urgente cambio en la manera y la metodología para abordar la recuperación de las personas infractoras de la ley, precisando que "la sistemática vulneración de personas privadas de libertad debe ser cambiada por la sistemática colaboración profesional, espiritual y religiosa en pos de una exitosa inserción personal, social familiar y comunitaria".
El sacerdote denunció insuficiente preparación de los gendarmes, rivalidad continua entre uniformados e internos, maltrato y abusos de autoridad de parte de los vigilantes y registro grosero y violento de los familiares de los reclusos. Como propuestas de mejora planteó reconocer en la Constitución los derechos de los presos, crear un código penitenciario, tribunales especializados para fiscalizar las condiciones carcelarias y terminar con la administración estatal del sistema penitenciario entregándola completamente a los privados.
Por su parte, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Nicolás Espejo, manifestó que la violación sistemática a los derechos de los privados de libertad en Chile está ampliamente documentada en informes, estudios y recomendaciones tanto de entidades internacionales de derechos humanos como órganos internos, las que resultan inaceptables conforme al derecho constitucional chileno y las obligaciones internacionales del país.
Ante los anuncios de reforma en el ámbito penitenciario, el jurista advirtió que ellos se enfocan más bien en aumentar la capacidad del sistema y reducir el hacinamiento en lugar de concentrarse en cuestiones básicas que ayuden a consolidar la protección de los derechos de los privados de libertad. En ese plano propuso la creación de un mecanismo autónomo de supervisión de las cárceles de adultos, que no dependa de Gendarmería ni de ningún ministerio, que haga un diagnóstico de cómo están funcionando las cárceles y si se respetan los derechos de los internos. Además, sugirió reemplazar el reglamento por una Ley Penitenciaria que establezca derechos de los reclusos y además generar indicadores y fijar metas que permitan verificar los avances en el cumplimiento de estándares de respeto a las garantías de los internos.
"Las iniciativas anunciadas por el Gobierno van en general por el buen camino pero tienen que ser complementadas con metas y una visión más robusta de la protección de los derechos de los privados de libertad. Eso hasta ahora no lo veo en las últimas medidas anunciadas", dijo Espejo.
El presidente de la Comisión Defensora Ciudadana, Alberto Precht, explicó que la entidad que dirige, que depende del Gobierno, detalló a la Comisión Investigadora el contenido del informe sobre realidad carcelaria que realizó esa instancia el año 2010.
"Para este informe se visitaron 13 recintos penitenciarios, constatándose las malas condiciones de habitabilidad en muchos de ellos, pero también destacando las buenas labores que se están haciendo en pos de la dignidad de los internos. El informe busca que se mejoren las condiciones del personal de Gendarmería, de habitabilidad, construcción y también cómo se están aplicando los reglamentos penitenciarios, además de solucionar ciertos problemas urgentes de violación a los derechos de las personas, tanto en las celdas de castigo como dentro de los módulos de los penales", especificó Precht.
Al término de la sesión de la Comisión, su presidente, el diputado Pedro Araya (PRI), expresó que "fue bastante importante escuchar a distintos actores como la Fundación Paternitas, la Comisión Defensora Ciudadana y al profesor Nicolás Espejo. De todo esto nosotros vamos a ir tomando elementos necesarios para el informe que va emitir nuestra Comisión, que van a apuntar a la necesidad de modificar la estructura actual de Gendarmería, separando lo que es la función de custodia de lo que es la reinserción, y ver de qué manera vamos terminando con el hacinamiento".
Araya dijo compartir plenamente el crudo diagnóstico carcelario trazado por el sacerdote Nicolás Vial, precisando que coincide con lo que le tocó ver en su visita al penal de Antofagasta, donde las precarias condiciones en las que conviven gendarmes y reclusos incentivan la violencia al interior del penal e impiden que los condenados por delitos se puedan reinsertar socialmente. También dijo concordar con la apreciación del religioso en orden a que la administración privada de los recintos penales supera en condiciones y dignidad a la que impera en la gestión estatal.
"Nos quedan pendientes algunas visitas a centros penales como el de Rancagua, Penal Cordillera, Punta Peuco y un recinto de regiones, como el de Antofagasta, además de un par de invitados más que van a venir en los próximos días, con lo cual la Comisión va a ir cerrando su trabajo de investigación para tener el informe definitivo en las próximas semanas", precisó el parlamentario.
La diputada Marisol Turres (UDI), en tanto, expresó que "con las exposiciones que hemos recibido tenemos un diagnóstico bastante claro de cuál es la situación penitenciaria en Chile y nos queda por delante escuchar al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, sobre las medidas que se están implementando y sobre todo saber de qué forma se va a evaluar el resultado de esas medidas. Nosotros heredamos un régimen penitenciario que no es posible poner al día en un corto plazo, pero sí tomar medidas que puedan aliviar la carga y políticas de mediano y largo plazo que permitan a los condenados cumplir su pena privados de libertad pero no en las condiciones inhumanas en las que hoy viven muchísimos internos en nuestro país".
El diputado Guillermo Ceroni (PPD), por su parte, opinó que la grave crisis carcelaria que se vive se debe a una falta de conciencia en la sociedad sobre las consecuencias de una política fuertemente punitiva que se ha impuesto desde hace años en materia de seguridad ciudadana y que busca sancionar con privación de libertad todo tipo de infracciones a la ley, incluso las de menor cuantía y gravedad. En este plano, el parlamentario acusó una "actitud hipócrita" de la sociedad frente al trágico incendio de la cárcel de San Miguel y responsabilizó directamente a los medios de comunicación de alentar un clima represivo y de inseguridad que ha llevado a este desenlace.
8 de marzo de 2011
©diario de la cámara
América Latina. Craig Kelly, embajador de Estados Unidos en Chile, hizo una lista secreta de planes para socavar a Hugo Chávez, el presidente venezolano. Su memorando -fechado el 15 de junio de 2007- fue uno más de toda una serie de memorandos enviados por varias embajadas de Estados Unidos en la región del Cono Sur.
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Colombia. El escándalo de las presuntas falsas desmovilizaciones no se quedó en lo que pasó con la compañía ‘Cacica La Gaitana’ de las FARC, que tanto ha sonado en los últimos días. El proceso de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) también estuvo empañado por algunos "colados" que se hicieron pasar por paramilitares.
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[Ailín Bullentini] Chile. El análisis del resultado que tuvo la huelga de hambre que 34 integrantes de comunidades mapuches presos sostuvieron durante más de 80 días en 2010 es complicado de realizar. Es que depende de los elementos que caigan bajo la lupa, la conclusión es positiva o nula. El final del juicio iniciado a 17 de esos huelguistas hace más de tres meses es ejemplar para comprender tal complejidad: el Estado y el Ministerio Público retiraron las acusaciones que habían impuesto a los originarios basadas en la ley antiterrorista, principal reclamo de la huelga. Trece de ellos resultaron absueltos. Pero los cuatro restantes fueron condenados por supuestamente haber emboscado a un fiscal y a tres oficiales de la Policía y atacarlos con armas letales, en el marco de un caso considerado por el gobierno chileno como usurpación de tierras. "La situación es complicada. El Estado desestimó el uso de la ley y eso presionó al Poder Judicial. Pero en los hechos, la antiterrorista continuó utilizándose hasta el final", señaló Pamela Pessoa, en diálogo telefónico con Página/12. Su compañero, Héctor Llaitul, mapuche, es uno de los condenados. Sabrá el tamaño de su pena el próximo 22 de marzo.
[Martín Granovsky] Argentina. Por primera vez sale a la luz un documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos que califica al Mercosur como un organismo "antinorteamericano". No consta en los archivos públicos ninguna mención en ese sentido por parte de una autoridad del Departamento de Estado. El documento al que tuvo acceso Página/12 por filtración de Wikileaks revela el contenido de una reunión de embajadores estadounidenses en el Cono Sur realizada en Río de Janeiro.
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