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agentes disparan contra saqueadores


Un grupo quiso robar la carga de un tren que sufrió un descarrilamiento. La policía reprimió. Murió un joven de 16 y hay otro muerto, aunque no se sabe si está vinculado al hecho. Luego, vecinos atacaron con piedrazos la comisaría. Hubo corridas y saqueos a comercios.
[Soledad Vallejos] Argentina. Fuentes judiciales confirmaron a este diario que un joven de 16 años murió baleado en las vías mientras efectivos policiales de la provincia de Buenos Aires reprimían el saqueo a un tren descarrilado, en José León Suárez. Otro chico, de 17 años, murió en un centro de salud, presuntamente tras haber sido herido en la misma escena, algo que anoche los investigadores aún no habían confirmado. Al cierre de esta edición, un tercer muchacho se encontraba internado en grave estado. Poco después de que corriera la noticia de las muertes, la violencia continuó en las calles del barrio: algunos de los heridos habían sido llevados a la sala de salud ubicada frente a la Comisaría 4a de San Martín. Familiares y amigos cortaron las calles. Luego de algunos minutos, sobre la avenida Márquez comenzaron las corridas, los saqueos y los disparos. Hubo al menos seis detenidos.
La policía detuvo al menos a 15 personas, todas ellas menores de edad. Ante las cámaras de los móviles de tv, en la puerta de la comisaría, un hombre acusó a los oficiales de haber detenido a su hijo de 12 años mientras caminaba junto a su madre por la avenida.
Por orden de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) 5ª, a cargo de Marcelo Sendot, la Policía Bonaerense fue apartada de la investigación. Se secuestraron las armas de los efectivos involucrados en los episodios cuyo confuso derrotero no llegó a ser despejado anoche; también fueron secuestrados patrulleros con impactos de balas. Cerca de medianoche, el fiscal Sendot, quien se encontraba recorriendo los lugares donde todo había transcurrido, confirmó que la investigación será realizada exclusivamente por su oficina y peritos de Gendarmería.
En la tarde, siete vagones del tren 8232, del Nuevo Central Argentino (NCA), descarrilaron a la altura de José León Suárez. Se trataba de un carguero que transportaba autopartes entre Retiro y Zárate. En un comunicado, NCA sostuvo que "un grupo de personas arrojó al paso de un tren (...) troncos de árboles con el fin de producir su descarrilamiento para posteriormente saquear la mercadería transportada". Este caso, añadió la empresa, no resultó inusual, porque en "los últimos 90 días se produjeron dos hechos similares con la misma finalidad".
En conversación con este diario, fuentes judiciales también sostuvieron que no se habría tratado de un accidente, sino que habría sido un sabotaje cometido por "gente del barrio Villa Independencia", cercano a las vías.
La carga de los vagones comenzó a ser saqueada por habitantes de ese asentamiento. Un llamado al 911 alertó de la situación. "La Policía Bonaerense llega al lugar; se produjeron enfrentamientos con la gente de la villa", aun cuando al cierre de esta edición seguía siendo incierto si esas personas estaban o no armadas.
El primero de los muertos llegó al Centro de Atención Primaria Nº 4 "José Luis Agote", ubicado frente a la Comisaría 4ª de San Martín. Fuentes de la investigación dijeron a este diario que, al llegar al lugar, el joven ya había fallecido. Una de las balas que recibió habría sido disparada desde cierta altura, porque el recorrido es descendente.
Al cierre de esta edición, por la distancia que existe entre el hospital donde falleció y el lugar de los hechos, los investigadores aún procuraban establecer si el segundo muchacho también habría muerto a consecuencia de heridas inflingidas al pie del tren.
Al trascender la noticia de las muertes, los heridos y las detenciones, la tensión estalló en las inmediaciones de la Comisaría 4ª y la sala de salud. Mujeres, niños y varones jóvenes dejaron las veredas para tomar la calle y obligar a colectivos, autos y motociclistas a desandar camino. Ya atardecía. A esos cortes de calle sobrevinieron corridas en cuanto efectivos de la comisaría procuraron liberar el lugar. La tensión estalló mientras chicos jóvenes, muchos de los cuales luego serían detenidos, arrojaban piedras a los policías, mientras otros rompían vidrieras y saqueaban comercios, como una casa de computación de la que anoche apenas quedaban algunos muebles.
Los móviles de la televisión transmitían en vivo. Las versiones eran confusas y hasta contradictorias. En la puerta de la comisaría, el jefe de la DDI de San Martín, Mario Briceño, confirmó la primera de las muertes, y sostuvo la hipótesis de que en las vías del tren se había producido "un enfrentamiento" entre habitantes del barrio carenciado y efectivos policiales. Briceño, sin embargo, procuró no relacionar a los heridos con el descarrilamiento.
7 de febrero de 2011
4 de febrero de 2011
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la tenebrosa cárcel de mendoza


El historial negro de la cárcel de Mendoza.
Argentina. Si bien el 26 de noviembre de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos levantó las medidas provisionales para las penitenciarías mendocinas, que habían sido ordenadas el 22 de noviembre de 2004, la situación de las cárceles mendocinas está lejos de ser envidiable. Los principales centros de preocupación del organismo internacional eran la Colonia Penal de Gustavo André, de Lavalle y La Penitenciaría, ubicada en la calle Boulogne Sur Mer y ubicada al frente del complejo San Felipe, donde fueron filmadas las escenas de tortura. La Penitenciaría tuvo el triste record de 28 reclusos muertos entre principios de 2004 y mediados de 2006, entre ellos uno de los adolescentes condenados a perpetua, Ricardo David Videla. La lista de vidas perdidas aumentó en el tiempo.
"No subsiste la situación fáctica que ha motivado la adopción y mantenimiento de las presentes medidas a favor de las personas privadas de libertad en la Penitenciaria Provincial de Mendoza y en la Unidad Gustavo André, disponiendo en consecuencia el levantamiento de las mismas", informó la Cancillería en base a la resolución del máximo tribunal americano de derechos humanos. Según sostuvieron desde el Estado argentino, el guiño de la Corte llegó, entre otras cosas, por "la construcción y puesta en servicio de un nuevo penal en la localidad de Cacheuta, la demolición de pabellones obsoletos en La Penitenciaría, y la modernización del servicio penitenciario local".
A fin del año pasado, el organismo resaltó que "las medidas provisionales han tenido indudablemente un efecto positivo para superar la grave situación que ha caracterizado principalmente a la Penitenciaría provincial desde el año 2004". En agosto de ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició un largo periplo de reclamos.
El primer avance fue solicitar a los gobiernos nacional y mendocino que informen cada quince días sobre la integridad física de los reclusos en los penales de esa provincia. El motivo: para el octavo mes de 2004 ya había doce muertos en las cárceles de esa provincia. Los impulsores de estas acciones internacionales fueron los abogados Diego Lavado (el mismo que ayer presentó la denuncia por torturas), Pablo Salinas, Carlos Varela y Alfredo Guevara, del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, que comenzaron con denuncias a nivel local en enero de 2000.
El 16 de marzo de 2004 un enfrentamiento entre internos derivó en el primero de los asesinatos de la serie. El 22 apareció otro interno muerto. En un supuesto intento de fuga dos presos murieron baleados el 28 de junio. Entre el 30 de ese mes y el 27 de agosto, otros tres fueron asesinados a puñaladas. Para el 8 de septiembre otro presunto intento de fuga terminó con un muerto a tiros y mordidas de perros. Otro preso fue hallado muerto el 27 de ese mes. Un puntazo dejó sin vida el 9 de noviembre a otro recluso, como si fuera un número más.
El 4 de noviembre del mismo año, el presidente de la Corte Interamericana, Sergio García Ramírez, envió una carta a la Cancillería instando a cumplir las medidas dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que instaba a solucionar los gravísimos problemas por los que pasaban los internos del penal. El 29 del mismo mes, el gobierno argentino respondió a la Corte, envió un informe y se comprometió a trabajar en la problemática. Como contrapunto, para diciembre eran 16 los muertos durante ese año.
En un mensaje más que contundente, la Comisión visitó la emblemática cárcel mendocina entre el 13 y 17 de diciembre. "Hemos constatado que la situación en la cárcel no es grave, es gravísima", sentenció el salvadoreño Florentín Menéndez, presidente de la CIDH. Días antes de la inspección del organismo se dio uno de los más violentos asesinatos en el penal. Un interno apareció decapitado, con los brazos y piernas arrancados. La situación provocó la renuncia del director de la cárcel, Mariano Cortez Murillo, a esa altura un mínimo gesto de obviedad.
El juez mendocino Eduardo Mathus dio un plazo de diez días a contar desde el 14 julio de 2005, para que se ordene la situación en La Penitenciaría. El magistrado pidió que las autoridades "den un mínimo trato humano a los internos", de lo contrario ordenaría el traslado de los reclusos a otros penales. El ordenamiento quedó en la nada. Unos días antes, el 22 de junio de ese año, en el mismo penal apareció ahorcado Ricardo David Videla, el adolescente que había iniciado de la mano de su representante, Fernando Peñaloza, los reclamos ante los organismos internacionales por haber sido ilegalmente condenado a perpetua.
En abril de 2006, la Corte Interamericana presentó un fallo contra el Estado, en el que le exigió que "adopte en forma inmediata e inexcusable" medidas "efectivas" para proteger a los reclusos.
Los abogados del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, representantes de los reclusos y quienes motorizaron la intervención de la CIDH, habían aceptado formar parte de una Comisión de Seguimiento de Políticas Penitenciarias, que intercedía en las negociaciones con el Estado argentino y el gobierno mendocino. Cansados de la falta de apoyo de los poderes públicos decidieron abandonar esa misión en junio de 2006 y continuar actuando por fuera de los entes oficiales.
La Corte Suprema de Justicia también pidió informes y ordenó, en septiembre de 2006 y febrero de 2007, a los gobiernos nacional y de Mendoza que informen sobre la situación penitenciaria en la provincia cuyana y que mejoren las graves situaciones existentes.
El último caso resonante en la ya mítica cárcel, fundada en 1900, había sucedido el 6 de enero de 2010. Un detenido procesado por abuso sexual, fue hallado en su celda ahorcado con sábanas.
[Informe:Leonardo Rossi.]
7 de febrero de 2011
3 de febrero de 2011
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guardias torturan a reo


Guardias de Mendoza grabaron con un celular suplicios a un interno. La ONG mendocina Xumek presentó videos grabados en su celular por un penitenciario. Se ve cuando un grupo tortura a un preso. Cinco guardias detenidos y un jefe en disponibilidad.
[Horacio Cecchi] Argentina. Las horrorosas imágenes de un grupo de penitenciarios de la cárcel de San Felipe, en Mendoza, golpeando y pateando a un preso que se encontraba arrodillado y con las muñecas esposadas por la espalda, mientras pedía clemencia y como respuesta obtenía risas y más golpes, ayer ya daban la vuelta al mundo a expensas de la modernidad virtual. Las imágenes fueron filmadas impunemente en el celular de uno de los integrantes de la patota carcelaria. El sentimiento de impunidad fue lo que en definitiva derivó en la publicidad de las torturas: la semana pasada, un hombre que dijo haber hallado el celular caído al costado de la cárcel de Mendoza entregó el teléfono a la ONG mendocina Xumek, especializada en derechos humanos. Ayer, luego de lograr rescatar los videos de la memoria del móvil, Diego Lavado, presidente de Xumek y ex secretario de Justicia del actual gobierno mendocino, presentó la denuncia ante la Justicia. El fiscal de asuntos complejos Santiago Garay ordenó la detención de cinco guardias identificados, y el gobierno ordenó el pase a disponibilidad del jefe de seguridad del penal. Los videos del horror saltan en momentos en que en Mendoza se llevan adelante los Juicios de la Verdad contra torturadores y colaboradores, y el gobierno post Cobos intenta impulsar su proyecto de ley de conformación de los mecanismos para la prevención de la tortura, cuyo objeto es evitar situaciones horrorosas como las que revelan las imágenes.
El complejo San Felipe fue construido recientemente como unidad de Fase de Confianza, que en la jerga carcelaria viene a representar un espacio para internos que pasan por su última etapa en prisión, bajo un régimen supuestamente más benigno. El San Felipe, que toma su nombre de la calle sobre la que se encuentra, está a espaldas de la tétrica Penitenciaría de Mendoza o cárcel de Boulogne Sur Mer, cuya historia negra de presos descuartizados, suicidios y asesinatos derivó en denuncias que llegaron hasta las más altas autoridades de Justicia del continente americano.
El jueves pasado un hombre, que se presentó como familiar de un preso, llegó ante las oficinas de Xumek para entregar un celular que había hallado cerca del complejo San Felipe cuando salía de la Penitenciaría, aparentemente perdido por su dueño. "El celular es un aparato de formato viejo pero capaz de tomar imágenes y de filmar –describió Diego Lavado a Página/12–. Después de trabajar técnicamente para obtener las imágenes del chip de la memoria, descubrimos que había varios videos y fotos caseras incluso algunas en las que el dueño del celular se identificaba a sí mismo." Entre las imágenes que obtuvieron del celular había algunas porno, escenas de sexo entre el dueño del celular y una mujer, y las imágenes del grupo de penitenciarios que se repite en diferentes situaciones, de guardia y demás, entre ellas los videos de torturas que motivaron la denuncia.
En el escrito presentado ante el fiscal 17 de Asuntos Complejos, Santiago Garay, los denunciantes describen cuatro videos que aparecen en el celular identificados con los números 04092010067, 03122010080, 06062010050 y 06062010051. El primero, en el celular aparece grabado por el dueño como 067 y tiene como fecha asignada el 4 de septiembre de 2010. En el video se ve a cinco penitenciarios que en un turno nocturno practican boxeo con guantes en el gimnasio del complejo. El segundo, fue grabado con el número 080 con fecha 3 de diciembre de 2010. En él se ve a dos funcionarios que golpean con puños y patadas a un interno, aparentemente joven-adulto, es decir, mayor de 18 y menor de 21. En las escenas se puede ver cómo dos guardias golpean a un joven que grita y se encuentra de pie contra una pared, grita y se queja. Luego, uno de ellos aplica una patada en los tobillos haciéndolo caer. De inmediato, el que hizo caer al joven se da vuelta, y lamentándose de que no se podía filmar, cerró la puerta para obstruir las imágenes.
Siguen los videos categorizados como 06062010050 y 06062010051.
Ambos fueron grabados el 6 de junio de 2010 identificados con los números 050 y 051. En ellos participan al menos 5 penitenciarios y tienen a un interno que al ser presentada la denuncia aún no había sido reconocido. En el primero, que fue grabado como 050, se ve al preso de rodillas contra un rincón, con las manos esposadas a la espalda y la frente contra el piso. Uno de los guardias levanta sus brazos hacia la pared en sentido contrario al que da el físico. Mientras el preso grita de dolor y exclama "¡ya está!", otros guardias lo golpean con los puños y patadas en las costillas y la espalda.
El interno se queja diciendo que tiene una costilla fracturada, lo que provoca risas entre los torturadores y más golpes en el costado donde siente el dolor. "¡Ya está, por favor!", se escucha rogar al preso mientras uno de los torturadores le pregunta "¿cómo dice cuando toca con las manos en la pared? ay! ay... dice ", y le levanta las manos en forma antinatural. El interno ruega mientras llora.
El segundo video, grabado como 051, reproduce imágenes semejantes y tienen como víctima al mismo interno y los mismos penitenciarios. Otros dos videos grabados como "Fuego para un pucho" y "Milicos en Acción", demuestra lo que los denunciantes detectan como una conducta habitual. En el primero, se ve a un preso que pide fuego para un cigarrillo y un penitenciario con una especie de lanzallama echa fuego contra la mirilla, mientras los otros se ríen y se jactan del trato. El otro video, muestra el momento en que un grupo de presos se encuentra duchando y los guardias con bastones de madera y hierro los hacen entrar violentamente en las celdas.
Los denunciantes agregan que "es importante destacar que además de los videos descriptos, con el mismo dispositivo se han registrado diversas fotos, que son nombradas como ‘Yo’ y permiten colegir que esa persona sería la propietaria del celular en cuestión y quien ha realizado las filmaciones".
Ayer, luego de la denuncia, los videos comenzaron a circular por los medios mendocinos on line y por la tevé provincial. Fueron esas imágenes precisamente las que permitieron identificar al interno cuyo rostro no era visible. Cuando otros internos del penal las vieron en la pantalla rápidamente informaron para decir de quién se trataba.
El fiscal Santiago Garay pidió la inmediata detención de todos los penitenciarios que se encontraban en el lugar incluido el presunto dueño del celular y del impune "yo" fotográfico. Por su lado, el ministro de Gobierno, Mario Adaro, aseguró en conferencia de prensa que "sin lugar a dudas el gobierno (de Celso Jaque) va a aportar todas las pruebas necesarias". Adaro informó el pase a disponibilidad del jefe de seguridad del penal, Leonardo Escobar, y dijo que "nos hacemos cargo de esta situación" y consideró que "es una vergüenza que sucedan estas violaciones a los derechos humanos". Si bien no es comparable la disposición del gobierno de Jaque con la de su antecesor, el "no positivo" Cobos –durante cuyo gobierno el Estado argentino recibió fuertes cuestionamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver aparte)–, la situación carcelaria en Mendoza ofrece hábitos y costumbres que no fueron desterrados. Pese a que el gobierno definió el escándalo con la presunción de que se trata de "un hecho aislado", las imágenes y la impunidad de su grabación no dejan demasiados fundamentos optimistas a esa expectativa.
No se trata de intenciones, ya que el gobierno, en ese aspecto, viene batallando desde hace casi dos años con tropa propia y ajena para que el Parlamento mendocino apruebe el proyecto de ley de mecanismo para la prevención de la tortura, que estará conformado por representantes de las ONG especializadas en cuestiones carcelarias, y que permitirá ingresar a los penales con filmadoras, realizar inspecciones, entrevistas a los internos y hacer propuestas a las autoridades, mecanismos que fueron comprometidos internacionalmente por Argentina y que en territorio nacional sólo la provincia de Chaco conformó tal cual exige el tratado internacional ratificado por el país. Ayer, precisamente, la Comisión Bicameral de Seguridad había convocado a Adaro para dar explicaciones e intentar dar un golpe de timón hacia la votación del proyecto.
7 de febrero de 2011
3 de febrero de 2011
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vuelos de la muerte


Hoy declara oficial vinculado a los vuelos de la muerte.
Argentina. Un oficial retirado de la Armada investigado por su vinculación con los vuelos de la muerte durante la dictadura declararía hoy como testigo en el juicio a los represores de la ESMA. Se trata de Rafael Carlos De Elía, denunciado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por su actuación como segundo jefe de la base aeronaval Comandante Espora de Bahía Blanca entre 1977 y 1979. Como subordinado de De Elía, prestó servicios en el mismo período Hemir Sisul Hess, con prisión preventiva firme por su actuación en los vuelos, que confesó en privado.
El juez Sergio Torres, quien procesó a Hess y debe investigar a sus superiores, notificó ayer sobre la denuncia contra De Elía al presidente del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado, que antes de escucharlo debería tomarle juramento de decir verdad, y a los fiscales Pablo Ouviña y Mirna Goransky, que representan el Ministerio Público en el juicio a Acosta, Astiz & Cía.
La Secretaría de Derechos Humanos pidió la detención de De Elía y la revocatoria de su citación, que vulneraría su derecho a no autoincriminarse en delitos de lesa humanidad. Hess está preso por desapariciones que se produjeron mientras integraba la Primera Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, con sede en la base Espora, donde aún se expone como pieza de museo un Electra que la Armada utilizaba para desaparecer a sus enemigos. De Elía tiene 77 años y vive en San Isidro, donde funciona su empresa de alquiler de taxis y remises.
7 de febrero de 2011
3 de febrero de 2011
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los otros efectos del terror


El testimonio de Gabriela Fernanda Taranto, hermana de una desaparecida en El Vesubio. En mayo de 1977, Rosa Taranto, embarazada de siete meses, fue secuestrada junto a Horacio Altamiranda y su hermana mayor. Ella nunca apareció; su hermana sí, pero murió a los 39 años. Cristian, hijo de Rosa, también falleció trágicamente.
[Alejandra Dandan] Argentina. El presidente del Tribunal Oral Federal 2 porteño le pidió que contara todo lo que supiera sobre el secuestro de su hermana Rosa Luján Taranto, una de las 154 víctimas del centro clandestino El Vesubio. Gabriela Fernanda Taranto se había sentado en la sala de audiencias de Comodoro Py, donde estos días se reinician los debates orales en los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura. Como pudo, empezó a explicar lo que pasó ese 13 de mayo de 1977, en un barrio obrero de Florencio Varela, cuando ella tenía entre cinco y seis años: "Mi hermana vivía con su marido y dos nenes y estaba embarazada de siete meses", explicó. "La noche que desapareció, por lo que después nos dijo mi otra hermana que estaba con ellos, entraron y rompieron todo, sacaron a los chicos, una persona agarró la foto del abuelo paterno, se la dio a un vecino y le pidió que se los entregara a ellos. Después los encapucharon, los subieron a los autos y se los llevaron."
Con muchos de los datos en blanco y una historia armada con borradores, Gabriela dijo que mientras tanto ella estaba en la casa de su madre, en el barrio La Carolina, cerca. Su hermana Rosa vivía con Horacio Altamiranda en Villa Mónica, un barrio obrero; él era delegado en una fábrica y ambos militaban en el PRT-ERP. Cuando los secuestraron, la tercera hermana estaba con ellos y se la llevaron también. Primero, posiblemente, a la comisaría de Florencio Varela y luego, a El Vesubio. Tenían 19 y 20 años.
"Lo que no sé es cuántos días pasaron –dijo–, porque una madrugada apareció mi hermana mayor descalza, golpeando la puerta de casa, diciendo que se habían llevado a mi otra hermana." Llovía, recordó. Y no dijo más nada. Esa hermana les contó que se los habían llevado secuestrados. "No sé por qué a ella la largaron, lo que nos contó es que sintió el ruido de una tranquera y ruido de campo, digamos, era lo único que nos decía, no tenía más precisión." Esa hermana más grande murió de HIV a los 39 años. Cuando la fiscalía intentó preguntar a Gabriela si creía que también eso era una consecuencia de lo que había pasado, dijo: "Obvio".
"Yo estaba en primer grado. Una noche estaba con mi mamá, estábamos solas, entraron. Me acuerdo patente del coche porque la casa estaba como en un descampado, se sentían de noche los ruidos, el ruido del auto, portazos, botas y bueno: la puerta voló." Gabriela estaba acostada. "Me acuerdo de uno arriba de la cama, con la ametralladora me estaba apuntando en la cabeza, los otros tiraban ropa, fotos, buscaban armas, no sé si mataron al perro de mi hermana que se había traído mi mamá." Se fueron, pero ellas empezaron a ser vigiladas. "Cuando mi mamá fue a la comisaría de Florencio Varela a preguntar, le dijeron, disculpe la expresión –aclaró–, que se dejara de romper las pelotas, que no la busque directamente."
Recorrieron hospitales y comisarías. Presentaron hábeas corpus. Y volvieron a escuchar los golpes en la casa: "Esta vez fue más fuerte. Entraron tirando todo, golpeando más violentamente; me volvieron a apuntar con una ametralladora en la cabeza, le dijeron a mi mamá que se dejara de romper las pelotas, que no la busque más porque no existía". Si seguía adelante, iban a matar además a la mayor, que a esa altura por seguridad vivía con su padre. Y a la "guachita esa que tenés en la cama".
"Mi mamá siguió buscándola por todos lados pero nunca más supimos nada –dijo Gabriela–: tenía un amigo, pero tampoco lo vimos más, nunca más volvió. Directamente, como si se lo hubiese tragado la tierra."
Gabriela supo algo de lo que sucedió con su hermana a través de las pocas sobrevivientes de ese año en el centro clandestino. Entre otras, Susana Reyes, que también estaba embarazada. "Me contó que las dos, entre comillas, se hicieron amigas y charlaban mucho; que les habían cortado el pelo por los piojos; que con la panza que tenían la ropa les quedaba muy ajustada; que dependía de las guardias si podían bañarse o comer." A Rosa la trasladaron a dar a luz a la maternidad clandestina de Campo de Mayo. "Me contó Susana que Rosa estaba contenta porque le habían dicho que cuando naciera el bebé se lo iban a dar a mi mamá, cosa que nunca pasó."
Alguna de las sobrevivientes del campo dijo además que pese a que ese bebé estuvo poco tiempo con Rosa, ella alcanzó a llamarla María Luján. Luego se la quitaron. Se supo que el Movimiento Familiar Cristiano la entregó en adopción; una familia la adoptó legalmente y, ya con el nombre de Belén, la alentó a que buscara sus orígenes. En 2005, ella llamó al 0800 de Abuelas de Plaza de Mayo; en 2007 se estableció su identidad y hoy trabaja con Abuelas de la provincia de Córdoba.
Sus dos hermanos más grandes, Cristian y Natalia, terminaron la noche del 13 de mayo en lo de sus abuelos paternos. Irma Rojas los crió pero Cristian –dice ahora la abuela– siempre estaba caído, como preguntándose para qué vivía sin la presencia de sus papás. Dejó a la abuela. Una y otra vez caía detenido. La última vez cayó preso en la comisaría de Florencio Varela, tal vez la misma que una y otra vez aparece en el relato de su tía, donde podrían haber estado sus padres secuestrados antes de El Vesubio, donde su abuela había ido a preguntar por ellos y escuchó aquello de "déjese de hinchar las pelotas". Irma Rojas no sabe todavía bien qué es lo que pasó esa última vez. Hubo un incendio: "Dicen que empezó con un cigarrillo, y se quemaron los colchones, eso me dijeron en la comisaría. Cuando me llaman del hospital y voy, me dicen que él estaba muy mal y quemado, que los colchones están hechos con un material que se quema en un minuto, tenía las manos quemadas, las piernas, la cara, pero más fue por el humo que tragó", le cuenta a Página/12. Cristian murió a mediados de los ’90, dos días después del incendio. Su abuela cree que el humo potenció un problema que había empezado a tener en los pulmones por los golpes recibidos cada vez que la policía lo detenía.
Nadie preguntó si todo esto debe medirse entre los efectos de la represión. Hasta ayer, Cristian era uno de los nombres que aparecían entre los "prófugos civiles" del registro del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
7 de febrero de 2011
3 de febrero de 2011
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dónde está lópez 43


Con más dudas que certezas: La búsqueda del cadáver de Jorge Julio López a partir de un impreciso testimonio.
[Adriana Meyer] Argentina. El uso de georradares les permitió a los expertos realizar once marcas en el predio de la estación del ex ferrocarril Roca, ubicada en el Parque Pereyra Iraola, para analizar si se puede tratar de restos humanos. Escepticismo de los investigadores.
"¿Encontraron a Julio López?", grita una muchacha desde la ventana del tren que abandona lentamente la estación Pereyra. Es que la zona fue vallada para preservar el trabajo de los miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que buscan los restos de Jorge Julio López tras la denuncia de un supuesto testigo de identidad reservada de que estarían en esa parada del ex ferrocarril Roca, ubicada en el Parque Pereyra Iraola. Los expertos del EAAF, con el apoyo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Federal, trabajaron desde el mediodía con dos georradares y establecieron once marcas en el perímetro delimitado por los dichos del denunciante. Si hoy culminan con esta tarea analizarán con pipetas en qué consisten esas marcas, que pueden ser tanto huesos humanos como de animales, o incluso una lata o una piedra, y podrían comenzar las excavaciones. Mientras tanto, ayer creció el escepticismo de todos los protagonistas del caso respecto de la validez de los nuevos datos. Los abogados querellantes de Justicia Ya! pedirán hoy a la fiscalía que cite e interrogue al presunto informante, que espera cobrar la recompensa de un millón y medio de pesos que ofrece el gobierno provincial.
Los perros sueltos del pequeño barrio que hay en torno de la estación cruzan las vías tranquilos, como si supieran que cada formación no para, aunque pasa muy despacio. "Primero se desmalezó todo, así al menos a los vecinos les quedará el predio limpio. Luego comenzaron a trabajar los georradares, que escanearon todo el sector que da al camino Centenario de la estación. La declaración habla de construcciones nuevas pero no hay ninguna, salvo la reja que separa las vías y unos arreglos en la escuela de policía Juan Vucetich, que está acá cerca, así que la Justicia decidió buscar en todo el perímetro aledaño", dijo a Página/12 Enrique Fukman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y miembro de Justicia Ya!. "Sospechamos que es una más de las tantas denuncias veraniegas", agregó.
Los georradares, aportados por la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, son dispositivos tecnológicos que detectan alteraciones morfológicas bajo la tierra a una profundidad que oscila entre 1,80 y 2 metros, y brinda al EAAF los parámetros para orientar la excavación. El fiscal federal Hernán Shapiro explicó que "se tomarán las horas que se requieran para realizar la investigación", que podría durar varios días porque el predio mide unas dos hectáreas. Una de las marcas establecidas con el georradar está en un camino de conchillas al lado del andén, lugar donde creen poco probable que hayan enterrado un cadáver. Hoy la actividad comenzará a las ocho y participarán perros adiestrados, además de bomberos que revisarán dos tanques de agua y algunos pozos de agua.
"Tenemos el escepticismo propio de cuatro años de innumerables pistas como ésta. Pedimos que sean interrogados el testigo y el abogado para que exponga en la causa lo que hasta ahora dice en los medios, lo que se aportó es un lugar bastante indeterminado. Pero lo grave es que, en el caso de que fuera cierto y aparecieran restos, ya habría fracasado el paso posterior, que es dar con los responsables, por haber publicitado la información antes de verificarla", dijo la abogada Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH). Consultada sobre el asidero que les dan a los nuevos datos, Godoy respondió: "No se trata de eso sino que consideramos que fue irresponsable que el denunciante lo exponga a los medios antes que a la Justicia, y que las autoridades provinciales le hayan dado entidad cuando ni siquiera habían analizado de qué se trataba ni había llegado a sede judicial. Hubo como mínimo una ligereza lamentable del ministro Casal".
En el mismo sentido se pronunció Ruben López, hijo del testigo desaparecido, al afirmar que el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten "salió a hablar en los medios antes de que esto se judicialice". Y Nilda Eloy, compañera de cautiverio y de juicio de López, dijo que esta denuncia "genera incertidumbre", ya que "apareció de la nada", en medio "de un año electoral". La militante agregó: "Si a alguien se le pasa por la cabeza que la aparición del cuerpo finaliza la investigación está equivocado, queremos a los responsables en la cárcel". Para Godoy "a veces se prioriza lo mediático para demostrar que se está haciendo algo, no es casual que un día antes se hayan cumplido dos años de la desaparición de Luciano Arruga, algo que compete al gobierno de la provincia". La abogada agregó que eventualmente la pista de la Vucetich no tendría que ver con este nuevo testigo sino con la hipótesis inicial de los organismos de derechos humanos, que sostienen que a López lo secuestraron militares y policías que pretendían impedir la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad. "Acá se investigó la denuncia de una mujer que decía transformarse en pájaro y veía a López, así que todo es posible", culminó quien fuera la representante legal de López en el juicio que condenó al genocida Miguel Etchecolatz. "Más que proteger a testigos lo que hay que hacer es vigilar a los represores y genocidas", agregó otra de las abogadas querellantes, Myriam Bregman, del Ceprodh.
7 de febrero de 2011
3 de febrero de 2011
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cura minimiza violación


"Violar la fe es 10.000 veces peor que violar a una hija". Lo más oscuro de la Iglesia.
[Laura Capella] En 2009 nos conmovimos al saber que en Austria un hombre había tenido secuestrada a su hija y de cuyo sometimiento nacieron siete niños, de los cuales uno había muerto. El llamado "monstruo de Amstetten" fue acusado y condenado por secuestro, incesto, violación y asesinato. Esto es más frecuente de lo que se cree y ocurre mucho más cerca. Podríamos, parafraseando a Tejada Gómez, decir: a esta hora exactamente está siendo violado/a un/a niño/a por su padre, o su tío, o su hermano, o su abuelo, o por el cura del Hogar donde está internado/a. Son hechos enloquecedores y siempre cuentan con la complicidad de otros. Pues bien, un sacerdote de Mendoza (Jorge Gómez, Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Malargüe), ofendido en su castidad (sic) por un espectáculo (enero de 2011), donde se satirizaba la educación sexual que imparte la iglesia católica, irrumpió para detenerlo y luego declaró que "violar la fe es 10.000 veces peor que violar a una hija".
Expresa una verdad de todo ejercicio de poder: que la violación es un modo de dominio. Y que, cuando ha tenido la función de la tortura o del sometimiento al vencido, ha sido justificada y hasta bendecida por la Iglesia. Basta repasar declaraciones de víctimas de la última dictadura militar en la Argentina acerca del papel de muchos de los sacerdotes argentinos durante la misma, algunos ya condenados.
Al señor cura le bastaba con retirarse del espectáculo. Pero sabemos del goce del represor y que el sentido del humor no es un privilegio de mentes obtusas.
¿No imagina el sacerdote qué pudo haber sentido cualquier mujer que ha sido o está siendo violada por su padre, al escuchar sus declaraciones? El minimizó diez mil veces la violación y el incesto y las víctimas tal vez se han sentido diez mil veces nuevamente violadas, reviviendo lo que Fernando Ulloa llamó "encerrona trágica", quedar a merced de alguien, sin ley, sin tercero de apelación. Este señor expresa lo más oscuro de la Iglesia, que ha bendecido toda clase de armas dedicadas al saqueo de continentes enteros, con la concomitante violación de sus legítimos habitantes, imponiéndoles junto con las armas y la cruz, una lengua; despojando sus cuerpos y su cultura.
Como efecto de esa oscuridad podemos nombrar a Galileo quien juzgado en 1615 y 1633 y obligado a abjurar de sus descubrimientos, pasó sus últimos años con arresto domiciliario. En 1992 el Papa Juan Pablo II reconoce públicamente el error cometido por el tribunal eclesiástico. Pero nada ha dicho aún la Iglesia de la condena a Giordano Bruno en 1600, por el Santo Oficio, por decir que el Sol era una estrella y que las estrellas eran soles, cosa que hoy puede afirmar cualquier escolar.
En relación a la educación, recordemos la condena al profesor John Scopes (1925 en el Estado de Tennessee, EEUU), por enseñar la teoría de Darwin en una escuela secundaria, en contra de una ley de ese estado. Caso inmortalizado por la película Heredarás el viento.
¿Cómo, si no violando la fe, se puede avanzar en los desarrollos científicos? No sólo la fe de la Iglesia, sino la fe en cualquier autoridad. ¿No es eso la manera de ir más allá del padre, ése mandamiento ético que nos posibilita constituirnos como sujetos, haciéndonos pares con el padre?
Roberto Castillo, nacido en 1977, con su padre ya desaparecido, dice en una carta al Cardenal Bergoglio que por ser séptimo hijo varón su madre solicitó, de acuerdo a la ley que fuera su padrino de bautismo, el presidente de la Nación, Videla, con la cándida idea de que eso facilitaría recuperar al padre con vida, cosa que nunca sucedió. Escribe Castillo: "Así las cosas, deviene una trágica paradoja, en la cual resulta que mi padrino de bautismo es el asesino de mi padre".
El joven solicitó a la Iglesia, ser liberado de ése padrino, y se le respondió que era imposible, proponiéndole, bizarramente, que solicitara ser él expulsado de la religión católica. Castillo concluye, desde el derecho canónico, que la iglesia tomó a Videla como su cruzado, en conocimiento de su proyecto genocida.
Creo que es cierto lo que dice el antiguo testamento en sus Proverbios: El que turba su casa heredará el viento; y el necio será siervo del sabio de corazón." (Pr. 11 29), Este señor, el llamado Padre Pato, ha turbado nuestra casa y ha ofendido neciamente nuestro corazón. Tal vez no le quepa sino cosechar tempestades.
[La autora es creadora y coordinadora del Ciclo ‘Del derecho y del revés’ y miembro del Foro en Defensa de los DDHH del Colegio de Psicólogos de Santa Fe, 2ª Circunscripción.]
7 de febrero de 2011
3 de febrero de 2011
©rosario 12
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represor visuara muere en la cárcel


Primer jefe de Automotores Orletti.
Argentina. El represor Rubén Víctor Visuara, primer jefe del centro clandestino de detención Automotores Orletti, murió este viernes. El ex agente de la SIDE enfrentaba un juicio oral por los crímenes cometidos en ese campo de concentración de la dictadura, pero el juicio se había demorado mientras el cuerpo médico forense analizaba su estado de salud. Al morir, dejó una estela de obituarios en la tradicional página del diario La Nación, así como una larga lista de atrocidades en la dictadura. Visuara había sido reincorporado a la SIDE por Hugo Anzorreguy y Juan Bautista ‘Tata’ Yofre y se mantuvo en actividad hasta el gobierno de Fernando de la Rúa.
El coronel Visuara, legajo número 55.971 de la SIDE, fue el primer jefe de Orletti, que era el centro en la Argentina de la Operación Cóndor, por la que se coordinaba la represión ilegal de las distintas dictaduras del Cono Sur. Santafesino, se graduó como oficial del Estado Mayor y empezó su trabajo en la central de Inteligencia en 1976. Era el responsable de manejar al grupo que operaba en el campo, al mando del delincuente Aníbal Gordon. Visuara también tuvo bajo su mando al general retirado Eduardo Cabanillas, ex jefe del Cuerpo II de Rosario, en la última parte del gobierno de Carlos Menem. Cabanillas es uno de los que estarían implicados en la desaparición del hijo y la nuera de Juan Gelman. Visuara pasó a cuarteles de invierno al comienzo de la democracia y se dedicó a armar una empresa de seguridad privada. Pero retornó a la actividad en el menemismo. Tata Yofre lo llevó a la SIDE y llegó a ser jefe de Seguridad. Su empresa de seguridad obtuvo la custodia de ATC y su hija María Lidia ingresó a la SIDE. A su hijo lo casó en la iglesia de San Patricio, donde fueron masacrados los curas palotinos.
7 de febrero de 2011
6 de febrero de 2011
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