paras reconocen masacre

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Tres ex ‘paras’ aceptaron su participación en la masacre de Barrancabermeja. Ocho personas fueron asesinadas en el puerto petrolero en febrero de 1999.

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Colombia. Tres desmovilizados de las autodefensas aceptaron ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH su responsabilidad en la masacre de Barrancabermeja, Santander, perpetrada el 28 de febrero de 1999.
Javier Pumarejo Martínez, Henry Ricardo y John Alexander Vásquez aceptaron los delitos de homicidio y concierto para delinquir, en calidad de coautores.
El 28 de febrero de 1999, en el barrio Providencia de Barrancabermeja, 16 ‘paras’ llegaron en tres camionetas  y asesinaron a ocho personas, que acusaron de ser supuestos colaboradores de la guerrilla.
7 de febrero de 2011
©fiscalía
©verdad abierta

piden inhabilitación de juez militar

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Familia de mapuche muerto por Carabineros pide inhabilitar a juez militar por vínculo CNI.

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[Néstor Aburto] Chile. La familia de Jaime Mendoza Collío, mapuche muerto por un carabinero en la zona de Malleco en agosto del 2009, solicitó que se inhabilite al juez militar de Valdivia, quien dictará sentencia en la causa, por sus vínculos con la CNI. Así lo confirmó el abogado representante Lorenzo Morales, quien detalló que el escrito busca que el comandante en jefe de la Tercera División de Ejército, general Alejandro Maggi, deje de conocer inmediatamente la causa por la muerte de Jaime Mendoza Collío.
El jurista señala que la familia del comunero muerto de un disparo por la espalda, por parte de un carabinero, tiene la convicción de que haber estado involucrado el general Maggi en la Central Nacional de Inteligencia de la dictadura militar, afecta la imparcialidad del proceso.
Morales además indicó que la CNI está siendo investigada por la desaparición de al menos 6 comuneros mapuche en la provincia de Malleco, días después del 11 de septiembre de 1973.
7 de febrero de 2011
©radio biobío

alias rogelio, clave en parapolítica

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Alias ‘Rogelio’, clave en parapolítica de Antioquia. Este narcoparamilitar recluido en un penal estadounidense desde mediados de 2008 empezó a servirle a ’Don Berna’ desde que estaba en el CTI y sabe mucho sobre cómo éste tejió su red de complicidades políticas pero no ha querido hablar.

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Colombia. Si alguien tiene el conocimiento preciso de todos aquellos políticos y funcionarios de gobiernos locales y regionales que se acercaron a la llamada ‘Oficina de Envigado’, una vez mutó a fuerza paramilitar a través de sus alianzas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es Carlos Mario Aguilar Echeverri, alias ‘Rogelio’.
Así lo han establecido algunos investigadores judiciales que le siguen la pista a esta trama política que en las últimas semanas ha involucrado a varios dirigentes antioqueños. Uno de ellos es el ex congresista Oscar Suárez Mira, quien fue detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia. También la Corte abrió investigación preliminar del actual gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos,por sus supuestos nexos con grupos paramilitares al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’.
Fuentes consultadas por VerdadAbierta.com, que pidieron la reserva del nombre, aseguraron que por varios años alias ‘Rogelio’ recibió visitas de políticos y funcionarios de gobiernos locales y regionales con el fin de establecer acuerdos en los que se favorecieran mutuamente. Este ex paramilitar y confeso narcotraficante, recibía órdenes de alias ‘Don Berna’ desde la cárcel, pues era considerado su principal cómplice.
La Corte Suprema de Justicia ya está siguiendo la pista de algunos de estos políticos que ocupan actualmente curules en el Senado y en la Cámara de Representantes. También ha hecho consultas por otros que ya pasaron por esas corporaciones públicas en periodos pasados.
VerdadAbierta.com estableció que también se investigan otras personas que han desempeñado cargos de diverso nivel en la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Gobierno Nacional, como secretarías, gerencias de entes descentralizados y ministerios en los últimos diez años. Las fuentes consultadas han solicitado no publicar los nombres hasta tanto no avancen las indagaciones.
Buena parte de los acuerdos que hoy se investigan se sospecha que consistieron en que los políticos recibieron apoyos para las campañas electorales de los años 2002 al Congreso y 2006 para los cargos regionales y locales de diversas maneras: con dinero en efectivo, pago de transporte, alimentación y publicidad durante el día de elecciones o con la presión armada en las comunidades de influencia para que votaran ellos.
Los investigadores judiciales también sospechan que esta organización criminal se acercó a funcionarios de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia con el fin de destrabar algunos obstáculos burocráticos, sobre todo en otorgamientos de licencias de funcionamiento de negocios a través de los cuales se facilitaría el lavado de dinero producto del tráfico ilegal de drogas.
Los investigadores judiciales ya tienen testimonios de algunos paramilitares y narcotraficantes cercanos a alias ‘Rogelio’. Entre ellos, el de Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’, quien describió a ’Rogelio’ como el encargado de escuchar las propuestas  de apoyo o favor a los políticos o funcionarios. También era quien recolectaba plata para financiar políticos entre los integrantes de la llamada ‘Oficina de Envigado’, grupo criminal que para finales de la década del noventa y comienzos de 2000 montó los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En sus declaraciones a la Fiscalía, alias ‘El Tuso’, extraditado a Estados Unidos junto a 13 jefes paramilitares de las AUC en mayo de 2008, ha descrito encuentros entre algunos políticos y funcionarios con alias ‘Rogelio’, en los cuales aseguró que se habló de apoyos mutuos y de aportes de decenas de millones de pesos a campañas electorales, así como a cuentas personales de algunos funcionarios.
Si bien es claro que el testimonio alias ‘Rogelio’ es clave para precisar los alcances de la parapolítica en Antioquia, hasta el momento la justicia colombiana no podido tener ningún tipo de contacto con el ex paramilitar. Pese a que éste se desmovilizó el 30 de noviembre de 2003 con el Bloque Cacique Nutibara y fue vicepresidente de la Corporación Democracia, que se creó como organización política legal luego de la desmovilización de los paramilitares, no fue postulado a Justicia y Paz.
Una vez desmovilizado, este ’Rogelio’ permaneció oculto hasta julio de 2008, cuando se entregó a la DEA a través de contactos realizados en Argentina, hacia donde había huido para evitar que lo mataran en Medellín. Pues después de la extradición de ’Don Berna’, diversas bandas criminales del bajo mundo de la capital antioqueña desataron una puja violenta por el control de la ciudad.
En los pocos intentos que han hecho los investigadores judiciales para reunirse con él en una cárcel de Estados Unidos, alias ‘Rogelio’ se ha negado. Alega que no existen condiciones de seguridad para él y su familia, esto a pesar de que sus familiares más cercanos ya se encuentran radicados en ese país. Juan Manuel, uno de sus hermanos, al parecer fue el último en salir de Colombia.
 
Quién Es ’Rogelio’
Una mirada detallada a la trayectoria de alias ‘Rogelio’ permite establecer que desde 1993 y 1994, cuando hizo parte del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, ya había comenzado a trabajar para alias ‘Don Berna’.
Como agente del CTI aprovechó sus contactos para evitar que los jefes de la ‘Oficina de Envigado’ tuvieran problemas judiciales. Fuentes de esa época narran como alias ‘Rogelio’ regalaba cada fin de año a sus compañeros grandes sumas de dinero, tanto en pesos como en dólares, para garantizar lealtades y un adecuado flujo de información que permitiera conocer de manera anticipada qué investigaciones  había y que operativos se iban a realizar contra los miembros de la organización armada ilegal.
Una vez salió de allí por escándalos en esa unidad judicial, no perdió el contacto con sus compañeros y continuó repartiendo dinero. Informes judiciales de 1997 lo relacionan con varias actividades ilícitas, entre ellas "porte, tenencia y almacenamiento ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares, tráfico de expedientes judiciales así como de estupefacientes".
Diversas fuentes señalan a alias ‘Rogelio’ de haber ordenado el asesinato y la desaparición de Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, uno de los voceros políticos y militares de las facciones de las AUC bajo el mando de Murillo Bejarano. Al parecer, los hechos ocurrieron el 25 de noviembre de 2006 en zona rural de Caldas, en el sur del Valle de Aburra, en una disputa por el poder de la llamada ‘Oficina de Envigado’.
Pese a todas las evidencias recolectadas en su contra desde mediados de la década del noventa, alias ‘Rogelio’ no fue juzgado ni condenado. Si bien existen procesos penales en su contra en la Fiscalía de Medellín, las indagaciones no han prosperado y nunca se tomaron decisiones que lo afectaran judicialmente.
Las autoridades judiciales colombianas esperan que alias ‘Rogelio’ se decida a colaborar con la justicia y revele los detalles que permitan conocer las características de todos aquellos acuerdos ilegales que estableció de manera directa con políticos o funcionarios antioqueños, en representación de la llamada ‘Oficina de Envigado’, y que sin lugar a dudas generaron todo tipo de violencias.
7 de febrero de 2011
©verdad abierta

difícil muerte de frei montalva

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Wikileaks: Cable revela que EEUU cree que muerte de Frei Montalva nunca será aclarada. La embajada estadounidense, no obstante, sostiene que "los servicios de inteligencia chilenos son conocidos por trabajar secretamente en laboratorios dedicados a desarrollar agentes químicos y biológicos para usarlos contra enemigos políticos".

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Chile. Hoy se dio a conocer un nuevo cable de Wikileaks en el que se alude a Chile. En esta oportunidad, la información revela que el gobierno de Estados Unidos cree que la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva nunca será aclarada.
En ese sentido, la diplomacia estadounidense sostiene que nunca se sabrá si el ex mandatario fue realmente asesinado, como sostiene la tesis de la familia. El caso, investigado por el juez Alejandro Madrid, fue investigado por seis años. El año 2009, el magistrado consideró que Frei Montalva fue asesinado con gas mostaza y talio, luego de haber sido operado de una hernia.
En el cable, publicado esta tarde por el diario El País, de España, se sostiene que "la trágica historia reciente de Chile continúa dividiendo a su gente, y la muerte de este emblemático presidente parece destinada a ser un área más en el que la verdad completa nunca será conocida".
La información, además, describe al ex mandatario como "uno de los líderes de la oposición a la dictadura militar de Pinochet, y su inesperada muerte, combinada con otros asesinatos políticos, llevó a la familia Frei a sospechar que fue asesinado".
"Los agentes de inteligencia chilenos asesinaron o intentaron asesinar a un número de figuras políticas de la oposición, incluido Carlos Prats, Orlando Letelier y Bernardo Leighton. Además, los servicios de inteligencia son conocidos por trabajar secretamente en laboratorios dedicados a desarrollar agentes químicos y biológicos para usarlos contra enemigos políticos. Dentro de ese panorama, y dada la buena salud del presidente y su papel en el liderazgo de la oposición al régimen de Pinochet, es fácil ver por qué su familia y los seguidores sospechan que fue asesinado", agrega la embajada de EE.UU..
En la información revelada, también se menciona la autopsia a la que fue sometida el cuerpo del ex Jefe de Estado.
"Menos de una hora después de su muerte, los doctores de la Universidad Católica vinieron a la clínica Santa María y efectuaron una autopsia de Frei sin la autorización de la familia. La muy inusual autopsia fue supuestamente efectuada en la habitación del hospital donde Frei murió, usando una cuerda para colgar el cuerpo de arriba abajo para drenar los fluidos del cuerpo en un recipiente. Algunos órganos, y en particular aquellos cuya composición química podrían indicar envenenamiento, fueron sacados y destruidos, y el cuerpo fue embalsamado", dice el telegrama.
7 de febrero de 2011
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Luego de 3 días de rastrillaje, fracasó la búsqueda de López.

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Argentina. El fiscal federal Hernán Schapiro confirmó que esta tarde "se resolvió finalizar por el momento las tareas en el Parque Pereyra Iraola, debido a que los resultados del rastrillaje fueron negativos". Rubén, el hijo de Julio López, agradeció el trabajo realizado por los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense pero lamentó que no se hayan podido encontrar los restos de su padre: "Teníamos esperanza en que esta fuera la última búsqueda".
Durante los tres días de búsqueda, los antropólgos relevaron 5 hectáreas, ubicadas en los alrededores de la estación ferroviaria del Parque Pereyra Iraola, luego de que un testigo de identidad reservada declarara que allí se habían enterrado los restos de López, desaparecido desde septiembre de 2006. Ante la presunción de que se tratara de otra denuncia falsa, la Justicia volvió a citar al testigo para que amplíe su declaración, pero éste decidió no presentarse por consejo de su abogado, quien adujo que "no están dadas las condiciones de seguridad" para cumplir ese trámite.
Luego de un prolijo rastrillaje del lugar, se desmalezó la zona señalada, y se hicieron las excavaciones correspondientes en los sectores donde el georadar, aportado por la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, indicó que había habido movimientos de tierra, pero en todos los casos con resultados negativos.
López desapareció el 18 de septiembre de 2006 cuando se dirigía a una de las últimas audiencias de alegatos en el juicio oral contra el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
7 de febrero de 2011
4 de febrero de 2011
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dónde está lópez 44

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Excavaciones y rastrillajes en busca del cuerpo de Julio López en la estación Pereyra. Por ahora, sólo caños, vigas y ladrillos. Después de la supuesta pista, el operativo continuó con expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense, pero no aparecieron restos humanos. El abogado que llevó el dato fue citado a declarar, pero hasta ayer no se había presentado.

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[Adriana Meyer] Argentina. Cada matorral, cada pozo, cada cisterna de la estación Pereyra del ferrocarril Roca fue revisado y analizado con la mayor tecnología existente en Argentina para la búsqueda de restos humanos, tras una nueva pista según la cual habrían arrojado en ese sitio, ubicado en el Parque Pereyra Iraola, en La Plata, el cadáver del desaparecido testigo Jorge Julio López. Pero hasta ahora el resultado fue negativo. El dato fue aportado por un abogado que acudió al Ministerio de Seguridad bonaerense con los dichos de un supuesto cliente suyo, a cambio de la reserva de su identidad y de la recompensa de un millón y medio de pesos prevista para quien aporte datos que conduzcan al hallazgo de López. El abogado fue citado a declarar por la Unidad Fiscal Especial de Derechos Humanos, pero aún no se presentó.
El fiscal Hernán Schapiro había admitido que la información aportada "es escueta" y "no muy precisa". Agregó que "en la causa López hubo muchas denuncias similares y con todas se acudió a verificar". Todo comenzó el martes con el anuncio del ministro bonaerense de Seguridad, Ricardo Casal, de que había nuevos datos sobre López, y la simultánea presencia del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten en algunos medios. La fiscalía busca ahora que tome estado judicial el acta con apenas unos renglones que llegó desde el ministerio al expediente por la desaparición del testigo clave del juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz, y por eso necesita entrevistar al supuesto testigo. Según Kalbermatten, su cliente se habría enterado "por casualidad" de que a López lo enterraron en una zona nueva de la estación Pereyra, a partir de una filtración de la "interna de la Policía Bonaerense". Los investigadores le pedirán precisiones al denunciante, y para eso convocaron a Kalbermatten. Hasta ayer el letrado no se había presentado, aunque prometió hacerlo hoy.
El fiscal, que permaneció durante todas las jornadas del operativo en la estación Pereyra, convocó "para trabajar como auxiliares al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)" que "científicamente son las máximas autoridades en la materia". La Aduana proveyó además un equipo que detecta partículas humanas en el terreno. Descartada la existencia en la estación de las reformas edilicias de las que habla el acta, se extendió el perímetro "más allá de lo que la denuncia con toda su imprecisión indicaba". Luego de la tarea de desmalezamiento, y tras establecer una decena de marcas en las que los georradares habían detectado remoción de tierra, los expertos del EAAF hicieron la mayoría de las excavaciones pero no aparecieron huesos humanos, sólo caños, una viga, un pedazo de ladrillo y otros elementos similares. Además, los bomberos vaciaron los profundos pozos ciegos y tanques cisterna aledaños a la estación, de donde sólo sacaron agua sucia, ramas y basura. Y los perros adiestrados aportados por la Policía Federal, de la comisión López que depende de la Brigada Antisecuestros, recorrieron las vías y todo el resto del predio, luego de haber olisqueado un pulóver que perteneció a López. Los perros no tuvieron ninguna reacción, lo cual era lógico considerando que pasaron cuatro años y medio de la desaparición del testigo. De todos modos, los investigadores afirman que están obligados a usar todos los medios para encontrar o descartar por completo cualquier indicio. Para hoy están previstas las últimas excavaciones y podrían dar por culminado el procedimiento.
La ministra de Seguridad, Nilda Garré, declaró ayer que hay "mucha esperanza" en los resultados del rastrillaje y explicó que se está aplicando "un georradar que el gobierno nacional puso a disposición de los antropólogos forenses que trabajan en la búsqueda". Por su parte, el ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian opinó que se generaron "expectativas sin mucho fundamento". Arslanian estaba en funciones cuando desapareció López y su gestión fue cuestionada por los organismos de derechos humanos de Justicia Ya!, querellantes en la causa.
7 de febrero de 2011
4 de febrero de 2011
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propósito del terror

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El alegato de los querellantes en el juicio a Riveros, Bignone, Patti, Meneghini y Rodríguez. El abogado Pablo Llonto pidió prisión perpetua para los represores acusados de los secuestros y asesinatos de Gastón Gonçalves y Diego Muniz Barreto. Hizo hincapié en el carácter de "genocidio" del plan sistemático aplicado por la dictadura.

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[Alejandra Dandan] Argentina. "Quisieron que tuviéramos miedo de la ideología y que ese miedo nos paralizara, pero queremos decir que Gastón Gonçalves era un cuadro de Montoneros; que los hermanos Guillermo y Luis Rodolfo D’Amico eran orgullosamente militantes de la JP y Diego Muniz Barreto, diputado de la Tendencia y un militante político que luchó contra todo tipo de injusticias: ésos son nuestros héroes y desaparecidos –dijo Pablo Llonto– y quienes en la ausencia nos enseñaron a vivir pensando en construir un mundo más justo, más libre y más igualitario."
Con uno de los ejes puestos en la militancia política de las víctimas de la represión, se abrió la última etapa de alegatos del juicio a Luis Abelardo Patti, y los generales Omar Riveros y Reynaldo Bignone entre otros represores. En el auditorio municipal de José León Suárez, las querellas representadas por Pablo Llonto y Ana Oberlín retomaron la condición de militantes políticos de las víctimas para fundamentar un pedido de condena a prisión perpetua para todos los acusados en el marco de un genocidio. En la lectura del marco general y de las pruebas, pidieron en distintos momentos a los jueces del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que, como viene sucediendo en otros juicios, mencionen la palabra genocidio en la condena y además exhorten a los legisladores a avanzar con una legislación penal que empiece a mirar desde ese lugar la historia reciente en Argentina. Un genocidio definido a su vez como político: "Preferimos calificarlo como genocidio político reconociendo que todos los genocidios son ideológicos, pero los genocidas, entre los que se encuentran los cinco que se están juzgando aquí, querían exterminar a quienes querían impulsar una revolución en la sociedad", dijo Llonto. El rol de la prensa durante la dictadura y la discusión sobre cómo avanzar con las condenas a perpetua cuando para hacerlo la Justicia todavía requiere de cuerpos o de la materialidad a los desaparecidos.
Las audiencias de José León Suárez recomenzaron después de un mes. El debate había terminado en diciembre con el alegato de los fiscales que pidieron perpetua a los cinco acusados de la causa: Riveros, Bignone, Patti pero además Fernando Meneghini que era el jefe de la comisaría de Escobar durante la dictadura y superior directo de Patti y Martín "El Toro" Rodríguez, torturador de Campo de Mayo y uno de los jefes del centro clandestino. La sala estuvo repleta desde temprano de militantes, integrantes de los organismos de derechos humanos y de la Comisión de Campo de Mayo, hijos y familiares de las víctimas. Del lado de los acusados, estuvo Meneghini y como en cada una de las audiencias, volvió a faltar la figura de Patti. El represor permaneció alojado en una ambulancia durante las primeras tres horas, luego de las cuales uno de los médicos anunció que debía irse por problemas de presión.
Llonto habló poco más de tres horas. Explicó especialmente por qué se estaba hablando de genocidio. Antes de arrancar, sin embargo, detalló una de las particularidades del juicio con un dato: entre las víctimas –dijo– no hay ningún sobreviviente: los dos que no murieron durante la represión, lo hicieron más tarde. Son Juan José Fernández, secretario privado del ex diputado Diego Muniz Barreto que se escapó del auto en el que los arrojaron al río y murió en España. Y también murió el secuestrado y luego liberado Osvaldo Ariosti.
"Las víctimas no están, los victimarios son los que están vivos –marcó Llonto–, pero a las víctimas no las derrotaron, van a retornar sus pensamientos, sus vidas, sus rostros." Este juicio, siguió, tiene entre los acusados a uno de los represores más jóvenes que tuvo la dictadura: Luis Abelardo Patti que entonces tenía 28 años y acaso uno de los más viejos: Omar Riveros, el general de la muerte, dijo, que entonces tenía 53 años y ahora tiene 87.
Luego de algunos acuerdos, la querella descartó la idea de acusar por el delito de genocidio cuya tipificación en el país está en discusión y que fue un camino de avanzada que usó la fiscalía de Alejandro Alagia en la causa ABO (Atlético, Banco y Olimpo). Optó, en cambio, por el modelo abierto a partir de la sentencia de Carlos Rozanski en La Plata y reforzado por el fallo del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero en el juicio de Cecilio Kamenetzky del año pasado. Ambos fallos, con diferencia de matices, incluyeron la palabra genocidio en la condena: lo que ahora las querellas pidieron al tribunal.
"La represión nazi no incluyó sólo a los judíos", dijo Llonto cuando intentó explicar por qué el exterminio al enemigo político debería ingresar en la misma categoría. La represión nazi, dijo, incluyó además a "comunistas, anarquistas, homosexuales, gitanos, discapacitados, como aquí sucedió donde miles de ellos estuvieron secuestrados en los campos de concentración". Para marcar el carácter político del exterminio nazi habló de la Operación Barba Roja y del caso de Margaret Neumann, miembro del Partido Comunista que tras exiliarse en la Unión Soviética a pedido de Hitler fue devuelta a las cárceles alemanas por Stalin. Nombró, además, las presiones de la Unión Soviética y Estados Unidos para retirar la mención de "grupo político" de la definición de genocidio de la Convención de 1948. "Entonces nos quedó el fatídico artículo dos –dijo–: cualquiera de los actos mencionados a continuación para destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso son considerados genocidio y ya no hay más grupo político", indicó. "Pero aun usando esa estrecha definición, señoras juezas y señor juez, queremos decir que acá en Argentina hubo un genocidio." Pero, aclaró, "a no preocuparse: porque no discutimos la tipificación, discutimos el concepto para saber si hubo o no".

Aviva Giles
Durante las audiencias, uno de los testigos contó que alguna vez Patti le explicó por qué se habían llevado a su hermano: "Tu hermano era peligroso –le dijo– porque avivaba giles". Llonto lo retomó para hablar de ese mismo rol político de los militantes y recuperar palabras como la lógica revolucionaria. "Un término muy argentino que marca a este genocidio político –dijo– al que le molestaba que hubiera jóvenes que avivaran a otros jóvenes, que era despertarles una conciencia de militancia; los genocidas querían giles; querían jóvenes que no discutieran de política, de derechos laborales, de revolución o de lo que pasaba en Latinoamérica."
El alegato que incluyó la construcción sobre qué sucedió con cada una de las víctimas y la evaluación de las pruebas, se detuvo en asuntos pendientes que están siendo revisados en los juicios. Uno de ellos fue el rol de la Justicia durante la dictadura y la prensa: "Nunca fue debidamente publicado cómo murió Diego Muniz Barreto", dijo Llonto. Los medios publicaron la falaz noticia del accidente, y eso no era cierto. Habló de "esta vergüenza de la prensa" y también de las escasas excepciones como la agencia Ancla y Rodolfo Walsh que 17 días después del crimen llegó a incluir el dato del asesinato en su Carta a las Juntas. También, el caso de Robert Cox que desde el Buenos Aires Herald "abrió una pequeña ventana para que las penas de los familiares se convirtieran en gritos de auxilio".

Los Cuerpos
La ausencia de cuerpos hizo que los fiscales primero y luego Llonto y Oberlín no pudieran pedir condenas a perpetua por cuatro homicidios, sino por dos porque los otros dos cuerpos no están, son desaparecidos. "Los hermanos D’Amico están desaparecidos pero no vamos a negar que están muertos, sin embargo no vamos a poder reclamar por el homicidio de ellos." Es la paradoja, dijo, de tener que pedir dos condenas por homicidio por el caso de Gonçalves y de Muniz Barreto, mientras habrá que seguir buscando los otros restos. En ese sentido, también pidió al Tribunal una revisión hacia atrás: que exhorte a los juzgados de instrucción para entender que en los casos de genocidio y terrorismo de Estado, el hecho de que los cuerpos de las personas asesinadas no hayan sido encontrados no impida que se encare la instrucción por homicidio: "Penal y procesalmente se sabe que la ausencia de un cadáver no impide tener probado un homicidio".
Luego de describir la responsabilidad de cada uno de los acusados con las víctimas, indicó que en Escobar "hubo un circuito que comenzaba en la comisaría de Escobar o Garín, seguía en la Unidad Regional y terminaba en Campo de Mayo, como le pasó a Muniz Barreto. Allí se decidía el destino final del secuestrado o a veces se lo decidía en la misma comisaría, como les ocurrió a Gonçalves y los hermanos D’Amico", concluyó Llonto.
En la sala se escuchó un "uh" cuando los defensores de Patti anunciaron que debía irse por su estado de salud. Luego un aplauso cuando estaba hablando Llonto. La jueza Lucila Larrandart a cargo del TOF1 pidió silencio en la sala mientras se acercaba el final.
7 de febrero de 2011
4 de febrero de 2011
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hallan cuerpo en campo san pedro

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Estaba en una fosa clandestina en el campo de San Pedro. Identificaron al tercero de los ocho cuerpos descubiertos en una fosa clandestina en el campo San Pedro. Es María Isabel Salinas, una militante de Santa Fe que fue secuestrada en Rosario junto con su esposo, en setiembre de 1977.

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[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. El Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar al tercero de los ocho cuerpos descubiertos el 9 de junio del año pasado en una fosa común en el campo San Pedro, de propiedad del Ejército, cerca de Laguna Paiva. Se trata de María Isabel Salinas, oriunda de la ciudad de Santa Fe, pero que militaba en Rosario junto a su esposo, Carlos Alberto Bosso, hasta que ambos fueron secuestrados y desaparecidos, el 17 de setiembre de 1977. En la tumba clandestina, la investigación forense halló los restos de ocho personas cinco hombres y tres mujeres , seis de ellas con disparos en la cabeza. Y hasta ahora, identificó a tres: María Esther Ravelo, Gustavo Adolfo Pon y María Isabel Salinas, por lo que resta devolverle el nombre a cinco más: cuatro hombres y una mujer. Ravelo había sido secuestrada, junto a su marido, Emilio Etelvino Vega, el mismo día que los Bosso: el 17 de setiembre de 1977, en su casa de Santiago 2815, conocida como la Casita de los Ciegos, mientras que Pon cayó en agosto de 1977, también en Rosario.
La investigación de la fosa clandestina del campo San Pedro está a cargo del juez federal Francisco Miño. El informe del EEAF con la identificación de Salinas llegó al tribunal el último día del año pasado, pero el juez recién se anotició el martes último, en el primer día hábil después de la feria judicial, informó el diario electrónico Notife.
Según la denuncia de la Conadep, la fecha de la desaparición de los esposos Salinas y Bosso, es el 17 de setiembre de 1977 (el mismo día que Ravelo y Vega), pero probablemente cayeron algunas semanas antes, porque la pequeña hija del matrimonio, Mariana Bosso, de un año de edad, fue entregada en la ciudad de Santa Fe en agosto de 1977, junto con algunas ropitas y una carta de sus padres.
La niña fue entregada en la casa de un hermano de Bosso, en Santa Fe, por dos hombres de unos 35 años, según denunció Liliana Salinas ante la Conadep, en 1984. "En agosto de 1977 recordó , unos familiares suyos fueron visitados por dos hombres que le hicieron entrega de la pequeña Mariana Bosso, de un año de edad y de una carta firmada por su hermana María Isabel Salinas, donde le manifestaba que ’cuidaran a la nena, que ellos estaban bien y que pronto iban a tener noticias", relató Liliana. "Posteriormente, por la misma fecha, una persona mayor de 50 años, canoso, entregó una (segunda) carta de similares características de la anterior. Y desde entonces, no volvimos a tener noticias de María Isabel Salinas y de Carlos Bosso", agregó.
Una de las cartas se conserva en el legajo de la Conadep, en realidad, está escrita por los dos esposos Salinas y Bosso, como si estuvieran juntos, en el mismo lugar. Y es el último testimonio de ambos. Bosso comienza el relato, dirigido a sus "queridos padres": "Como ustedes saben les dice , a Mariana la queremos mucho, pero creemos que por un tiempo es mejor para ella que esté con ustedes. Luego nos volveremos a encontrar y todo será distinto que hasta ahora y le explicaremos bien todo", escribió Carlos.
La línea de investigación la aportó el ex agente de inteligencia del Ejército, Eduardo Constanzo, quien informó a la justicia y al periodista José Maggi de Rosario/12 sobre el traslado de 27 prisioneros en el centro clandestino La Calamita que fueron asesinados en un campo de Monje y luego sepultados en fosas clandestinas en un campo cercano a Laguna Paiva. Una de las víctimas era ‘la Cieguita’, como Constanzo llamó a María Esther Ravelo, la primera identificada en San Pedro.
7 de febrero de 2011
4 de febrero de 2011
©rosario 12