piden condenar a valencia cossio

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Fiscalía pide condenar a Guillermo León Valencia Cossio, por los delitos de enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Colaboraba con paramilitares como don Mario.

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Colombia. Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde se realiza el juicio contra el exdirector de Fiscalías de Medellín Guillermo León Valencia Cossio, la Fiscalía pidió su condena por los delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.
Cabe recordar que hace apenas unos días Valencia Cossio aseguró que no se reunió con John Freddy Manco Torres, alias el ’Indio’, el 18 de junio del 2008, porque en ese momento estaba con una amiga en un motel de Pereira.
Valencia Cossio rinde cuentas ante la justicia por sus presuntos nexos con paramilitares. Es acusado de ayudar a sacar del organigrama de la organización delincuencial de alias ‘Don Mario’ a peligrosos criminales como el ’Indio’.
En conversaciones interceptadas y publicadas en ese entonces por la revista Cambio, se escucha al empresario Juan Felipe Sierra pidiéndole al exdirector de Fiscalías que saque la foto del ’Indio’ del organigrama que se daría a conocer en un consejo de seguridad de alto nivel.
Sin embargo, durante el juicio del jueves Valencia negó haber abusado de su poder para influir en la Policía y cambiar la información que sabía. También negó haber intentado modificar el organigrama de la banda de ‘Don Mario’, hoy preso en Estados Unidos.
El exfuncionario es acusado de reunirse con el ’Indio’ el 18 de junio del 2008 en Pereira y aunque Valencia no negó que sí estuvo en esa fecha en esa ciudad, no fue precisamente para encontrarse con el delincuente. Dijo que llegó a la capital de Risaralda de incógnito y sin su escolta porque iba en compañía de una amiga con quien se hospedó en un motel.
También indicó que en ese viaje estaba acompañado por el empresario Juan Felipe Sierra y que en un estadero de la ciudad fue contactado por un hombre a quien identificó como "un señor alias ‘Pastrana’" con quien compartió varios minutos. Tiempo después, agregó el exdirector de Fiscalías, supo que esa persona pertenecía a la banda de ‘Don Mario’ .

En Líos desde el 2008
Un juez penal municipal con función de control de garantías le imputó en el 2008 cargos a Valencia Cossio por concierto por delinquir, enriquecimiento ilícito, de asunto sometido a reserva, falsedad por destrucción y utilización de información privilegiada.
Por su parte, Juan Felipe Sierra es reconocido por ser dueño de la empresa de vigilancia Control Total, en Medellín. Fue capturado en el 2008 junto con el presunto narcotraficante y paramilitar el ’Indio’, miembro de la organización de ‘Don Mario’, y Camilo Torres Martínez, alias ‘Fritanga’ o ‘Mentira’, quien según las autoridades pertenecía a una banda de narcotraficantes que actuaba en el golfo de Urabá.
El proceso que cursaba contra este empresario fue anulado por orden del juez penal de Bogotá Beltrán Farías, hoy preso por esa decisión que dejó en libertad a Sierra y al ’Indio’.
Sin embargo, en noviembre del 2010, el empresario fue recapturado en el municipio de Planeta Rica, Córdoba, y trasladado a Bogotá.
8 de febrero de 2011
7 de febrero de 2011
©semana

los balearon por la espalda

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Escopetazos y show macabro, fórmula de la seguridad bonaerense. El descontrol policial y la demonización de los menores son los pilares de la gestión del ministro Ricardo Casal. La consecuencia es la nueva operación masacre en José León Suárez contra aquellos que un siglo después siguen sin pan y sin trabajo.

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Argentina. [Horacio Verbitsky] Argentina. El gravísimo episodio del jueves en José León Suárez, partido de San Martín, en el que dos adolescentes fueron asesinados por policías de la provincia de Buenos Aires, es una consecuencia directa de los dos pilares en los que sustenta su gestión el ministro de Justicia y Seguridad, alcaide mayor Ricardo Casal. Formado en el temible Servicio Penitenciario Bonaerense durante los peores años de la dictadura militar, Casal delega el gobierno de la seguridad en la propia agencia policial y demoniza a los jóvenes, quienes son presentados con lenguaje bélico y tono de urgencia como un enemigo a destruir. A su vez, el gobernador Daniel Scioli confió a Casal el manejo de una materia que, gracias a la histeria punitiva incitada desde los grandes medios de comunicación, figura entre las principales preocupaciones de la sociedad, justo el año en que se renovarán la presidencia y todas las gobernaciones provinciales.

A Tiros
La versión policial, ratificada a libro cerrado por Casal, señala que una banda de delincuentes colocó obstáculos en las vías al paso de una formación de carga y, luego de su descarrilamiento, se lanzó a saquearla. La llegada de un móvil policial, por denuncia telefónica al 911, habría sido recibida a tiros. Al contestar el fuego se habrían producido las bajas. La empresa ferroviaria informó dos intentos similares en el mismo lugar el último mes del año pasado. Vecinos de la zona afirman que entonces se repartieron con la policía lo que pudieron sacar del tren, azúcar una vez, porotos la otra. Leonardo Grosso, quien realiza trabajo social en la villa La Cárcova y es militante juvenil del Movimiento Evita refuta la versión de la policía y el ministro. "La policía fue a buscar venganza", porque horas antes, muy cerca de allí, había sido asesinado el subteniente Marcelo Luis Houriet, del Destacamento Buen Ayre de la Policía de Seguridad Vial. Casal dijo que en los últimos cinco años tuvieron lugar seis robos con el mismo método en José León Suárez y explicó que "los delincuentes se mezclan con la mayoría de gente trabajadora. Pretenden esconderse bajo la apariencia de opresión social y tratan de enmascarar un robo como un descarrilamiento". Sin embargo, uno de los adolescentes muertos y varios de los heridos tienen impactos de bala en la espalda y no hay ni siquiera un herido entre las fuerzas policiales, lo cual no se ajusta a un enfrentamiento entre dos grupos armados. Con el intacto reflejo de proteger a la policía, Casal reclamó que se hiciera el dermotest a los maquinistas del tren, para ver si alguno de ellos había accionado un arma. Pero como la realidad no se sustituye con palabras, uno de los funcionarios policiales que intervinieron admitió haber disparado con munición de plomo. Tampoco es indiscutible que el descarrilamiento haya sido provocado, ya que los maquinistas no lo confirmaron y el vuelco se produjo en los últimos vagones. Los voceros oficiosos dicen que hay marcas de bala en uno de los patrulleros, pero ninguna fuente imparcial confirmó esa versión y, en caso de ser cierta, cuándo y de qué modo se produjeron. La Fiscalía 5 de San Martín tuvo el buen tino de encomendar los peritajes a la Gendarmería y no a la Bonaerense. Las manifestaciones de Casal parecen indicar que, en caso de robo o saqueo considera legítimo el uso de armas letales y los disparos a matar, aun por la espalda. Esto contradice todos los protocolos de intervención, nacionales o internacionales. En marzo de 2009, el CELS criticó el proyecto de reforma del Estatuto del Personal de las Policías de la provincia de Buenos Aires elaborado por Casal, porque propone "la recuperación de instancias y características propias de instituciones militarizadas que ya han sido abandonadas por las policías modernas" y elimina los mecanismos de control del uso de la fuerza y los estándares internacionales contemplados en la ley anterior. Como respuesta, Casal incorporó por fuera del articulado y antes de los anexos, el Código de Conducta de las Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Su artículo 3 dice que el uso de la fuerza debe limitarse a lo estrictamente necesario, de acuerdo a los principios de excepcionalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Además, "deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas". El decreto reglamentario, de julio de 2010, declara falta grave el incumplimiento de esas reglas, como es ostensible que ocurrió en este caso. Casal, que con su trabajo penitenciario se pagó los estudios de derecho, no lo ignora. Por eso dijo que sólo el jefe del grupo estaba autorizado a portar armas letales y que se investigaría por qué hubo efectivos que cargaron postas de plomo en sus escopetas, en vez de las de goma. La respuesta es conocida: porque siempre lo hacen y nadie lo controla. La magnitud de la intervención se mide por la cantidad de armas policiales secuestradas para peritar: cinco docenas. La banda mencionada por el ministro, en caso de existir, carece de cualquier sofisticación y no posee armamentos que puedan compararse ni en calidad ni en cantidad con los de la fuerza policial. Ni siquiera los informes oficiales afirman que los muertos formaran parte de la presunta banda y todas las fuentes señalan que una vez volcado el tren, muchas personas de las villas vecinas se precipitaron para el alijo de sus mercancías. Sobre ese conglomerado, que incluía mujeres y niños, abrieron fuego las fuerzas que responden a Casal. Cuando los vecinos indignados por los asesinatos protestaron frente a la comisaría 4a de San Martín, catorce adolescentes fueron privados de su libertad. Mañana el Movimiento Evita y algunas cooperativas de la zona anunciarán una marcha para el martes, que partirá de Márquez y Echagüe, a una cuadra de la estación de tren de José León Suárez, y que terminará en el árbol junto al que fueron asesinados Franco Almirón y Mauricio Arce y herido Joaquín Romero La madre de Joaquín es militante de la Cooperativa Raúl Repetto y del Movimiento Evita. "Ninguno de los tres había estado saqueando. Ellos estaban a unos 20 metros del lugar, apoyados sobre el árbol en el que todos los días se encontraban para luego ir hacia al basural del Ceamse donde buscaban comida", explicó el dirigente juvenil del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, con militancia social en la villa La Cárcova. Según le relataron los vecinos la policía "dejó que robaran el tren por una hora" pero cerca de las tres de la tarde comenzaron a reprimir. Sobre las paredes de chapa de las casas, pudo observar los agujeros producidos por las postas. Según Grosso, "el ataque de los vecinos del cual los policías dicen haberse defendido no existió. De hecho, la Bonaerense le dijo al fiscal Marcelo Sandot en un primer momento que había un policía herido en la cabeza, pero era mentira". En lo que no hay disidencias es en el nivel abrumador de pobreza de las personas que viven en las villas que bordean esas vías y a diario marchan en grupo hacia la sede del Ceamse, donde durante una hora y media les permiten escarbar en los cargamentos de residuos domiciliarios en busca de alimentos. Ceamse pretendía ocupar nuevos terrenos en Campo de Mayo para seguir amontonando basura, pero el gobierno nacional no le dio la autorización y exigió en cambio inversiones en tecnología que permitieran una tarea menos primitiva y sin extender la superficie involucrada. Mientras se discutía la solicitud, funcionarios nacionales visitaron el lugar y documentaron todo lo que sucedía. Quienes vieron a familias enteras con sus hijos pequeños revolviendo la inmundicia hasta encontrar una manzana, dicen que fue la experiencia más dura de su vida, lo cual señala la insuficiencia de todos los planes sociales y constituye una vergüenza nacional, provincial y municipal. Si a esto se suma la alevosa agresión policial justificada por el ministro, el escándalo es completo y toda demora en actuar compromete la responsabilidad de quienes puedan hacerlo y no lo hagan.

Excavaciones
Una actividad afín emprendió el propio Casal, en respaldo de una más que dudosa versión sobre el lugar donde habría sido sepultado Jorge Julio López, desaparecido hace cuatro años, el mismo día en que se dictó la sentencia condenatoria contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, basada, entre otros, en su testimonio. La intervención estridente de Casal se produjo cuando además se cumplían dos años de la desaparición de Luciano Arruga, de 16, cuya familia la atribuye a la actuación de policías del Destacamento de Lomas del Mirador que dependen de Casal, en otro capítulo de la perversa relación de la fuerza de seguridad con los adolescentes de los barrios pobres. Casal se ha negado a admitir cualquier responsabilidad policial y presionó para el despido de los periodistas de la radio provincial que lo reportearon a propósito del caso, cuya sola mención fue prohibida en la emisora. La existencia de un presunto testigo de identidad reservada que reclama el pago de la recompensa por datos que permitan reconstruir lo sucedido con López fue ventilada por el abogado de escándalos Sánchez Kalbermatten. Casal se encargó de amplificarlo por los medios y recién entonces el fiscal Hernán Schapiro fue puesto en conocimiento del escueto informe del autodenominado testigo. Se trata en realidad de un hombre que sólo dijo haber escuchado que un hombre le dijo a otro hombre, que luego se lo dijo a él, que el cuerpo de López estaría bajo las vías, en la abandonada estación ferroviaria del Parque Pereyra Iraola, a 100 metros de los fondos de la escuela de policía Vucetich y a la misma distancia del ex Cifim (Centro de Incorporación y Formación de Infantes de Marina), desmantelado antes de que desapareciera López. Sánchez Kalbermatten es un abogado de poca monta que procura notoriedad acercándose a personas conocidas o a sus deudos. Cuando murió Bernardo Neustadt escribió una nota a la familia, en la que declaraba su admiración por el difunto y pedía que le regalaran una camisa o una lapicera como recuerdo. También hizo pública su debilidad por el hombre de negocios dudosos con medios de comunicación Daniel Hadad, a quien le ofreció asociarse, y en su página electrónica publica un saludo del ex militar golpista Mohamed Seineldín. Una de sus técnicas es asistir a lugares públicos, donde se hace fotografiar con personas conocidas, en general ex deportistas, a las que luego les pide autógrafos. La página web de su oficina simula la de un estudio jurídico, aunque sólo contiene generalidades y una larga lista de denuncias penales, que Sánchez prepara en base a información recogida de los diarios. Por ejemplo, leyó que Néstor Kirchner tomaba decisiones en el gobierno de su esposa y lo acusó de usurpación. También demandó a la comisión directiva de River Plate por abandonar al futbolista Burrito Ortega. Algunas de esas denuncias las presentó junto con el multiprocesado por estafas Enrique Piragini, uno de los promotores de la candidatura presidencial del pintoresco führer de San Cristóbal, Alejandro Biondini. El propio Sánchez Kalbermatten fue imputado ante la justicia por entregar un cheque robado y adulterado. El juez federal Daniel Rafecas remitió los antecedentes de Piragini y Sánchez K al Colegio Público de Abogados, por entender que habían actuado en forma temeraria al denunciar a las presidentes de la Nación, CFK, y del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. Sostenían que Cristina había violado la ley de ética pública al designar al frente de la autoridad monetaria a una persona que no podía ocupar ese cargo, porque presidía la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República (Abappra), lo que, de ser cierto, hubiera sido incompatible. Pero no lo era: Marcó del Pont había renunciado a la Aba-ppra. Otros de sus blancos fueron la ley de servicios de comunicación audiovisual, a la que consideró un acto de coacción contra el Grupo Clarín. También denunció al jefe de gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta, por "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas". A pesar de estos antecedentes inequívocos sobre el personaje, el propio gobernador Daniel Scioli anunció en conferencia de prensa que había aportado datos sobre el paradero de López, y Casal en persona recibió al abogado. Una cosa es seguir cada pista; otra muy distinta convertir un tema tan sensible en un show del horror, sin medir la seriedad de la fuente y antes de que la justicia pueda verificar los datos.

La Cortadora de Césped
Casal logró distraer así la atención sobre el aniversario de la desaparición de Arruga, cuando él ya era ministro de Justicia, y Scioli gobernador, de la cual la familia responsabiliza a las fuerzas policiales. La pista aportada sobre López fue seguida en forma estricta, con participación del Equipo Argentino de Antropología Forense, especializado en esas búsquedas, que contó con un georadar australiano, de última generación, que detecta movimientos de tierra recientes. Fue adquirido a solicitud de un juez federal que buscaba restos humanos en las paredes y los pisos de un edificio utilizado por el Ejército y cuya demolición se anunciaba para construir un emprendimiento comercial. Los funcionarios policiales y del Ministerio de Seguridad de la Nación capacitados para su empleo lo llaman "la cortadora de césped", por la estructura movible sobre ruedas que sostiene el scanner. Desde la desaparición de López se siguieron dos centenares de pistas, por disparatadas que fueran. Muchas de ellas fueron provistas por testigos que pidieron reserva de identidad y no tuvieron la difusión pública que ahora le dio Casal. El testigo temía que le pasara lo mismo que a López, dice su abogado. Sin embargo, Sánchez K. eligió la vía menos apta para preservar a su cliente: "Consideré que el mejor camino era llegar directamente a Casal. Como él no estaba en el cargo cuando desapareció López, pensé que no había forma que el tema lo afectara políticamente, que lo podía favorecer", dice el abogado. También cuestiona la forma en que se realizó la búsqueda: "Si yo creo que no se está operando correctamente puedo convocar al FBI para que vengan con equipos especiales". Sánchez K se niega a concurrir a la citación del fiscal Schapiro, "hasta que hagan las cosas bien, hasta que garanticen la seguridad del testigo. Van a lograr que se revele la identidad del testigo y que lo maten. El testigo dijo que el dato del paradero proviene de una interna de la Bonaerense, esto trascendió por alguna radio, y me mandan a la Bonaerense a citarme para ir a la fiscalía. El fiscal no me da ninguna seguridad. Son unos imberbes locos". Culminó el desatino llevando a su cliente al Programa de Desprotección de Testigos que conduce el showman político de identidad reservada Mauricio Goldfard. El viernes, cuando la búsqueda estaba agotada, Casal encontró la forma de dilatar el papelón. Llamó a la fiscalía para anunciar que tenía nuevos datos y pidió que lo esperaran porque no podía darlos por teléfono: una nieta recuperada decía que alguien igual a López había sido visto en un geriátrico. Los fiscales decidieron de todos modos dar por terminada la búsqueda en el parque Pereyra Iraola. Pero Casal eligió ese momento para enviar un nuevo testigo, quien dijo que había una tumba a cien metros de la estación desde 2009. Como se le cayó un árbol encima, la función deberá continuar el lunes, como el ministro quería.
[Entrevistas Mercedes González y Adrián Vigna].
8 de febrero de 2011
6 de febrero de 2011
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fue una masacre

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Diputado provincial Fernando Navarro: "Parece una masacre".

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Argentina. [Soledad Vallejos] Lo que sucedió a la vera de las vías de José León Suárez "nos parece una masacre", dijo el diputado provincial Fernando ‘Chino’ Navarro a este diario mientras regresaba de una recorrida por el barrio La Cárcova. El chico herido, Mauricio Ramos, "está muy ligado a la JP Evita", explicó, por lo que en la tarde de ayer, junto con el dirigente Emilio Pérsico, acudió al lugar en tanto "presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad" bonaerense e integrante del Consejo de Seguridad provincial. "No me cerraba lo que veía", acota, en referencia a las transmisiones en vivo del jueves en la noche desde José León Suárez.

¿En qué sentido refiere esa desconfianza?
Estoy acostumbrado a mantener la sospecha desde que leí ‘La Patagonia trágica’. Cuando los muertos son de un solo lado, y del otro no hay ninguno, ya no me gusta. En el barrio, los familiares, vecinos y pibes están con mucho miedo. La sensación que uno se lleva de lo que escucha, de ver el lugar, sumado a los elementos que se pueden manejar gracias a la información periodística y los relatos de quienes estuvieron allí, es que de parte de la policía ha habido una actitud, digamos, rayana en lo ilegal.

¿Qué detalles llevan a pensar eso?
Primero, que los pibes tiroteados y asesinados no estaban en el lugar donde estaban los vagones. El tren estaba descarrilado, había algunos pibes que abrían o intentaban abrir los contenedores. Pero estos otros chicos estaban como a 200 metros, bajo un árbol, un lugar donde se juntaban siempre antes de ir a trabajar al Ceamse. Cuando aparece la policía, va a ellos directamente.

¿Describieron cómo fue la llegada de los efectivos?
Dicen que llegaron motos, patrulleros. Al llegar, les tiran. Ves el terraplén y ves las marcas de las balas incrustadas allí, y entendés que a los pibes les han tirado a mansalva. El chico herido tiene balas por la espalda. El muerto también. Los pibes corrieron porque les tiraron por la espalda. Por eso estuve hablando con el jefe de Gabinete del gobierno provincial, Alberto Pérez. Le había avisado antes que iba al barrio, después le comenté mi preocupación. Si bien no tengo pruebas, le anticipé que preventivamente vamos a solicitar que separe a los policías que estuvieron involucrados.

Después de haber ido al barrio, ¿sostiene la desconfianza?
Sí. La preocupación que tenemos es en función de la situación que se vive en el Gran Buenos Aires. Recogemos reclamos en muchas barriadas, quejas de pibes acerca de cómo actúa la policía para con ellos. Por eso queremos algún tipo de medida. Está bien que la policía reprima cuando hay un delito. Pero lo que pasó no se explica: vamos a suponer que los pibes son responsables de haber descarrilado el tren, vamos a suponer que la policía llega y los encuentra in fraganti robando autopartes. Eso no justifica que los ataquen a tiros. Es un abuso de la fuerza pública, a quien confiás armas para que defienda la ley. En cambio, la están violentando arteramente, con pibes indefensos. Estos chicos ni siquiera estaban robando, estaban bajo un árbol. Se habló de una banda organizada, pero claramente si es el caso, no se van a llevar las autopartes corriendo. Al menos irían con un camión.

¿Cuál es la relación entre el barrio y la comisaría 4ª?
Le tienen pánico. Los pibes que son cercanos, que tienen un compromiso militante, le tienen miedo. No quieren exponerse para no poner en riesgo a sus familias, pero cuentan que es pesada desde siempre. Viejos militantes del lugar dicen que eso pasa desde la época de la dictadura. El jueves a la noche, muchos vecinos fueron a la comisaría a reclamar por los pibes que habían detenido sin ton ni son. Muchos dijeron que el comisario estaba "loco", excesivamente exaltado. El martes van a hacer una marcha en el propio barrio La Cárcova, no a la comisaría para no crear un eje de enfrentamiento. Es para defender el tema de los pibes. Es un problema porque tenemos pibes que no estudian ni trabajan, y están en riesgo permanente. También es para pedir que el accionar de la policía sea más respetuoso con estos pibes. Además, en este caso puntual, vamos a estar encima del tema con la fiscalía. Lo que pasó nos parece una masacre, y por eso hay culpables y tienen que ir presos.
8 de febrero de 2011
5 de febrero de 2011
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no estaban robando

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Familiares y amigos de los jóvenes muertos sostienen su inocencia. En el barrio De la Cárcova, en José León Suárez, aseguran que las muertes se produjeron por un ataque indiscriminado de la policía. También dicen sentir mucho miedo a los uniformados. Y denuncian que hay "transas" que operan con protección policial.

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[Carlos Rodríguez] Argentina. "Yo hablé con mi hijo cuando lo llevamos a la salita (de primeros auxilios) del barrio. Me dijo que la policía tiraba a matar." En la puerta del Hospital Thompson, de San Martín, la mamá de Joaquín Romero, de 19 años, aseguró que su hijo "estaba cerca del tren mirando porque nosotros vivimos casi al lado de las vías. En ese momento había salido en bicicleta hacia el basural (se refiere al predio del Ceamse sobre el Camino del Buen Ayre) a buscar cartones. Cuando vio que el tren descarriló, se quedó a mirar y le pegaron dos balazos en la espalda". Uno de los proyectiles "le afectó el pulmón y está estable, pero grave. No me dicen mucho sobre su estado". La mujer, que eludió dar su nombre y pidió no ser fotografiada, le comentó a Página/12 que a su hijo "lo operaron anoche (por el jueves) y sigue en terapia intensiva. Está grave". Los vecinos del barrio De la Cárcova hablan, pero piden mantener su nombre en reserva. "Hoy están los fiscales, pero mañana quedamos nosotros solos con la policía y los ‘transas’ que trabajan para los policías", se justificaron.
El barrio le debe su nombre a una de las calles más importantes de la zona, que se llama Ernesto de la Cárcova en homenaje a un reconocido pintor argentino. Una de sus obras más famosas es ‘Sin pan y sin trabajo’, que bien podría haberse inspirado en el barrio. Para entrar al lugar hay que recorrer la avenida Central, que comienza siendo asfaltada en el centro de José León Suárez y que, de a poco, se va deteriorando. Junto con los pozos crece la pobreza y las calles pasan a ser de tierra en los alrededores de las vías del ex ferrocarril Mitre.
"Nadie provocó el descarrilamiento. Ocurrió porque las vías están en mal estado. La policía tiraba a matar desde aquel lugar", relatan varios de los chicos que estuvieron, el jueves, en el lugar de los hechos. El lugar señalado son unos montículos de tierra y basura ubicados a unos veinte metros de las vías. "Los policías llegaron enseguida, desde el Camino del Buen Ayre. Primero tiraron gases lacrimógenos, después balas de goma y al final balas de plomo. Nosotros respondimos con piedras y palos, no teníamos armas", aseguró el vocero de un grupo de unos veinte chicos que se juntaron en la esquina de la casa de Mauricio Ramos, El Pela para los amigos, uno de los adolescentes asesinados el jueves.
"Es posible que algunos ‘transas’ hayan intentado robar el tren, pero esos ‘transas’ son muy conocidos por la policía, trabajan para ellos. Los chicos que murieron y el que está internado grave no robaron nada, sólo estaban mirando. Esto ocurrió a las dos de la tarde y todo el mundo salió a ver. No digo que alguno haya intentado quedarse con alguna cosa, pero de ahí a descarrilar el tren hay un paso grande", afirmó una mujer cuyo hijo "se salvó de milagro porque los policías tiraban a matar".
"A nosotros nos acusan de chorros, de malvivientes, pero la única verdad es que los muertos son nuestros", resaltó otro de los pibes, un militante social que trabaja en el barrio. La mayoría se acerca a dialogar con Página/12 porque el referente les aclaró: "Hablen porque es uno de los pocos diarios que no nos acusa de ser chorros". El miedo a prestar declaración se advertía en todos. Por eso, ayer se hicieron presentes funcionarios del Centro de Protección a la Víctima bonaerense, para dar garantías de privacidad a los que vayan a la Justicia como testigos.
Los vecinos dialogaron con el fiscal Raúl Soracco, a quien le plantearon la necesidad de darles protección "porque acá estamos solos y no es la primera vez que la policía nos ataca. No tenemos protección y ustedes nos tienen que asegurar que van a hacer justicia. La policía mata y nunca paga nadie". Las más activas fueron las mujeres. Ellas también se encargaban de pedirles a los periodistas que no dieran el nombre de los chicos que hacían declaraciones. "Acá los jóvenes siempre están en la mira", advirtieron.
El único que se identifica con su nombre, Ezequiel, es un primo de Joaquín Romero, el chico que está internado en el Hospital Thompson. "Joaquín no tenía nada que ver y le dieron dos tiros en la espalda. Los disparos le afectaron los pulmones, el intestino grueso y una arteria", comentó. "Acá son capaces de matar a cualquiera. Mi primo no fue a robar en ningún momento, es un chico que trabaja cartoneando para mantener a sus hermanitos." En el barrio, todos hablan de los "transas" que "andan repartiendo la droga en todos lados, adelante de la policía. A ésos nunca les pasa nada. Va a ser muy difícil que la gente se presente a declarar ante la Justicia, porque hay mucho miedo y no es para menos. Acá sí que no tenemos seguridad".
8 de febrero de 2011
5 de febrero de 2011
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apartan a policía que disparó

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Separan a un policía provincial que disparó en José León Suárez. El efectivo fue separado preventivamente, aunque no hay acusados por las dos muertes ocurridas en el intento de saqueo al tren. El fiscal aún no confirmó si el descarrilamiento fue intencional. Como anticipó Página/12, la Bonaerense fue apartada e investiga la Gendarmería.

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[Carlos Rodríguez] Argentina. El fiscal de San Martín, Raúl Soracco, acompañado por tres colaboradores, hizo ayer una minuciosa recorrida por el barrio De la Cárcova, en José León Suárez, para tratar de establecer si lo ocurrido el jueves fue "un enfrentamiento", como afirma la policía, o si se trató de una "represión indiscriminada que terminó con dos muertos de los nuestros y un herido grave", como aseguran los vecinos. Por una decisión administrativa, un policía bonaerense que reconoció haber disparado perdigones de plomo con su escopeta fue separado en forma preventiva de la fuerza, aunque todavía no pesa sobre él ninguna acusación formal por parte de la Justicia. El fiscal secuestró 45 armas largas y de puño que estuvieron en manos de otros tantos policías y dice que "están identificados" todos los uniformados que intervinieron en los episodios donde murieron Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Ramos, de 17. Ayer seguía "muy grave", en terapia intensiva, Joaquín Romero, de 19, según informaron sus familiares a Página/12.
Los agentes de la Fiscalía recogieron ayer testimonios, muestras de sangre en los sitios donde cayeron las víctimas, perdigones de plomo, cápsulas servidas y tomaron fotografías de los vagones que descarrilaron, para tratar de determinar si el incidente con el tren de carga de la empresa Nuevo Central Argentino (NCA) fue accidental o provocado con fines de robo. Aunque la Justicia todavía no estableció ese punto crucial, el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, dio por hecho que fue "un descarrilamiento provocado con fines de robo".
"Sobre los rieles hay troncos y algunos elementos metálicos. Los peritos de Gendarmería están trabajando con esos elementos. Por ahora no se puede asegurar nada", explicó Soracco a este diario. Tampoco pudo confirmar cuántos impactos de bala recibieron los dos chicos que murieron: "Se están haciendo las pericias en la Morgue de Lomas de Zamora. Hay que esperar porque hay orificios de entrada y de salida. No se puede aventurar nada sobre el calibre ni sobre la cantidad de impactos", aclaró el fiscal. Los cuerpos de Almirón y Ramos fueron entregados anoche a sus familiares.
Ayer, sobre las vías del ex Ferrocarril Mitre, a la altura del puente sobre el canal José León Suárez, todavía quedaban cuatro de los vagones, cargados con containers, que descarrilaron. Cerca de las ruedas de uno de ellos están los troncos de los que habla el fiscal y algunos trozos, no muy importantes, de metal. En la zona es habitual la presencia de carrocerías de automóviles, incluso sobre los bordes del canal, dado que hay –a unos 30 metros– un depósito policial donde se guardan vehículos con orden de secuestro. Los peritos de Gendarmería son los que van a determinar si hubo intención o no en el descarrilamiento.
Uno de los investigadores, en una primera opinión, dijo que le parecía "poco probable que haya habido intención, porque no se encontraron troncos de relevancia o piedras de gran tamaño". Incluso se comentó que el maquinista del tren habría dicho que "no vio nada sobre las vías". De los 32 vagones que tenía la formación, descarrilaron siete y no fueron los primeros. De todos modos, la sola comprobación del estado de las vías, de manera particular sobre el puente, hace pensar en la posibilidad de que cualquier obstáculo puesto en el camino de una formación de carga puede sacarla de las vías, que en algunos tramos están semihundidas.
Casal confirmó que uno de los policías que estuvieron en el lugar confesó a sus superiores que disparó con perdigones de plomo. Casal dijo que la orden es usar postas de goma y que "sólo un oficial a cargo podrá tener un arma de más poder, pero fuera de la contienda. En este caso, al producirse el tiroteo con arma de fuego, un policía tomó un cartucho de perdigón (de plomo) y se defendió, y ese es el policía que quedó a disposición de la Justicia". El fiscal Soracco dijo ayer a este diario que por el momento no hay imputados en la causa.
La hipótesis de la fiscalía es que "pudo haber existido un tercero (un grupo o una persona aislada) que haya disparado y que haya motivado la respuesta policial". El fiscal fue muy cauto al respecto y eludió dar precisiones. Lo que se supone –y esto es algo que también mencionan los vecinos– es que en algún momento pudo haber intervenido algún "transa" conocido en el barrio que pueda haber usado un arma de fuego. "Los pibes lo único que hicieron fue tirar piedras a la policía, después de que se produjeron las muertes", aclaró un joven que realiza tareas sociales en el barrio. Agregó que "hay que pensar que la mayoría de los ‘transas’ del barrio están complotados con la cana".
Lo que parece confirmado es que las tres víctimas no participaron en ningún intento de robo y que tampoco estaban armados. El descarrilamiento se produjo a las dos de la tarde y los incidentes en los que se produjeron las muertes comenzaron una hora y media después. En ese lapso, algunos jóvenes habían logrado abrir uno de los containers. El fiscal confirmó que eso ocurrió, aunque aseguró que "en ese vagón no había cosas de relevancia, sólo piezas de goma que no tienen valor de reventa". La presencia policial en el lugar fue masiva e inmediata porque casi en forma simultánea, en un lugar cercano, había sido asesinado un uniformado y eso había provocado una gran movilización de efectivos hacia la zona del Camino del Buen Ayre.
Para el ministro Casal, sin embargo, el descarrilamiento del tren fue consecuencia del accionar de una "banda organizada". Aseguró que desde 2006 a la fecha se registraron "seis ataques similares" en la zona. El funcionario bonaerense aseguró que "descarrilaron un tren con piedras y troncos, un grupo de personas abordó el tren, y otro grupo amedrentaba con armas al personal del mismo. Luego, cuando se presentó la policía, los atacaron a tiros. Hay patrulleros con impactos de bala en el baúl, las puertas y los parabrisas". Esa información no fue confirmada por la Justicia.
La policía había dicho, en la noche del jueves, que había policías heridos e incluso corrió la versión de la supuesta privación ilegal de la libertad de uno de los uniformados. Ambas informaciones fueron desmentidas por la fiscalía. "No hay policías heridos de bala", manifestó Soracco a Página/12. Los vecinos rodearon a los fiscales y les reclamaron que "no crean en las mentiras que dice la policía". Durante una de las charlas, uno de los investigadores judiciales fue rotundo al responderle a uno de los vecinos: "Estamos investigando todas las hipótesis y buscando testigos en el vecindario. Ya hemos descubierto dos mentiras que nos habían dicho (parecía aludir a la policía). Nuestra investigación es seria".
La vocera de la empresa de trenes Nuevo Central Argentino (NCA), Cecilia Escurrena, dijo que el descarrilamiento del tren es el cuarto desde diciembre pasado. "Hemos sufrido acciones de vandalismo que no han provocado descarrilamientos, pero sí han provocado la detención del tren y a consecuencia de esto, robos de la mercadería transportada."
8 de febrero de 2011
5 de febrero de 2011
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dónde está lópez 46

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Concluyo sin éxito la búsqueda del testigo desaparecido Jorge Julio López. El abogado que hizo la denuncia llevó a su cliente a la televisión, donde se presentó de espaldas. Dijo que no buscaron en el lugar que él señaló. Los investigadores y querellantes lo desmienten y critican que ninguno de los dos se presentara ante la Justicia.

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[Adriana Meyer] Argentina. La esperanza abierta el martes con la aparición de una nueva pista en el caso de la desaparición del testigo Jorge Julio López quedó ayer clausurada sin éxito con el final de la búsqueda en la estación ferroviaria del Parque Pereyra Iraola. El dato, cuyo origen está bajo sospecha judicial, había sido recibido por el Ministerio de Seguridad y Justicia bonaerense de manos de un abogado, que a su vez lo difundió en los medios. Durante las 48 horas siguientes la fiscalía no logró que el letrado, Alejandro Sánchez Kalbermatten, se hiciera presente con su supuesta fuente –para quien había pedido la millonaria recompensa que ofrece el gobierno de la provincia– para plasmar esa información en el expediente judicial. Aunque dijo que su cliente temía que lo mataran, Página/12 pudo saber que rechazó el ingreso al programa de protección de testigos. Y anoche apareció en TV, con el informante de espaldas que afirmó: "Julio López está muerto y enterrado en esa estación de trenes".
Rubén López, hijo del albañil desaparecido hace cuatro años tras declarar contra el genocida Miguel Etchecolatz, había implorado desde temprano: "La familia le pide que se presente a declarar". El fiscal federal Carlos Dulau Dumm lo esperaba en la fiscalía, pero el poseedor del presunto dato clave no acudió allí, sino a los estudios de América 24.
En una entrevista grabada, con su abogado y el conductor Mauro Viale frente a sí, un joven que dijo llamarse Facundo dijo que a López lo secuestraron porque "tiene información que compromete al ex subjefe de la Policía Bonaerense, el señor Etchecolatz, quien habría torturado y asesinado a personas en los campos clandestinos". Y aseguró que obtuvo este dato de una persona de su confianza, que a su vez lo supo "de alguien con un cargo considerable, según información extraída de las internas bonaerenses, que deja en claro que está muerto y enterrado bajo la infraestructura de la estación Pereyra Iraola del tren". El animador hizo algunas de las preguntas que hubiera pretendido hacerle el fiscal federal Hernán Shapiro. Cuando el tal Facundo mencionó por tercera vez la "infraestructura de la estación", Viale preguntó: "¿No están buscando ahí?". La respuesta la dio el abogado Kalbermatten: "Todavía no".
Según explicaron a Página/12 fuentes de la investigación, los dos georradares recorrieron "palmo a palmo" la estación, incluso las paredes. "Desconocen que donde más se buscó es en la infraestructura", comentaron tras saber los dichos del "testigo de identidad reservada". Los querellantes de Justicia Ya! anticiparon que piensan exigir que ambos den explicaciones a la Justicia. "Dijo que no fue a declarar por miedo, pero va a un canal de televisión sin miedo a que lo esperen en la puerta, es absurdo", dijo la abogada Guadalupe Godoy..
Luego de tres intensas jornadas, ayer terminaron los rastrillajes y excavaciones. "Atento a la difusión pública que ha tomado la presente diligencia, la Unidad Fiscal comunica que concluyó con los trabajos de búsqueda que se inició por una denuncia recibida por el Ministerio de Seguridad y remitida a esta unidad fiscal, con resultado negativo", dijeron los fiscales. Además destacaron que se actuó con "los medios humanos y materiales más calificados, el inestimable apoyo del Equipo de Antropología Forense, la PSA, la Federal, la Aduana y el Ministerio de Seguridad nacional".
"El gobierno de la provincia tiene que hacerse cargo de esto y con la misma celeridad que lo anunciaron pedir disculpas por las expectativas generadas", declaró Godoy. Rubén López expresó su desacuerdo sobre "cómo se manejó todo esto", aunque destacó "el grado de profesionalismo con que se trabajó buscando a mi padre". Por su parte, Nilda Eloy, como López, testigo en la causa contra Etchecolatz, concluyó que "el testimonio fue falso". Y agregó: "Una siempre tiene expectativas de que aparezca Julio, pero no se puede dejar de sospechar por la forma de presentación de la denuncia, con un abogado hablando en la prensa, con el aval del Ministerio de Justicia y Seguridad, e incluso del gobernador sin que cumpla el cauce normal de cualquier denuncia, que es plantearla ante la Justicia".
8 de febrero de 2011
5 de febrero de 2011
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tendrán que explicar la esclavitud

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Doce directivos de empresas rurales fueron llamados a indagatoria por tráfico de personas y explotación laboral. Son los responsables de dos empresas con campos en el norte bonaerense en los que trabajaban peones llevados desde Santiago del Estero en condiciones de semiesclavitud. Se los acusa de "trata de personas" y "reducción a servidumbre". Por ahora, no irán presos.

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[Emilio Ruchansky] Argentina. La Justicia federal llamó a declaración indagatoria a doce directivos de las semilleras Satus Ager y Southern Seeds Production (SSP), bajo la sospecha de que sometieron a condiciones de esclavitud a peones rurales en campos del norte bonaerense. Se los acusa de "trata de personas" y "reducción a servidumbre", tras conocerse la situación infrahumana en la que vivían y trabajaban los peones traídos desde Santiago del Estero para el desflore del maíz en Ramallo, San Pedro y Arrecifes. Además, ayer el Ministerio de Trabajo bonaerense multó por un millón de pesos a Satus tras inspeccionar esos campos, mientras desde la AFIP aseguraron que encontraron "el mismo modus operandi denunciado" en otro campo de esta empresa semillera en la provincia de Buenos Aires.
La citación la realizó el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, quien venía denegando esta medida a la fiscalía federal, según fuentes del juzgado, "porque se aguardaba el resultado de diversas medidas de prueba que llegaron en los últimos días". Los acusados son el presidente y vicepresidente de cada empresa, cuatro directores titulares y cuatro ingenieros agrónomos, encargados de la organización de las tareas.
Aunque no se difundieron nombres, este diario pudo constatar por fuentes judiciales que entre los acusados de Status Ager están Félix Cirio, ex subsecretario de Agricultura de Felipe Solá; Félix Lanusse, Miguel y Juan Zimmermann, Ricardo Javier Cardinale y Martín Jarmoluk. La fiscalía federal de San Nicolás había pedido la detención y declaración indagatoria de todos ellos, pero los abogados de la empresa consiguieron que el juez otorgara la eximición de prisión.
Satus asegura tener 200 personas contratadas y cuatro mil "empleados temporales" dedicados a cosechar semillas de maíz y soja, principalmente. En el último mes fueron allanados Santa Celestina, La Amalia y Doña Clementina, campos que esta empresa explota. En Doña Clementina, en la ciudad de Arrecifes, se comprobó que 101 personas vivían hacinadas sin corriente eléctrica ni duchas ni lugares aptos para el almacenamiento de alimentos. Alertados por los anteriores allanamientos, la empresa tuvo el decoro de proveer siete baños químicos y bidones de agua potable.
En el caso de SSP fue objeto de un dictamen "rotundo", según fuentes del caso, por parte de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia nacional. Allí se señala que los trabajadores entendían que era humillante el trato y las condiciones de trabajo, pero dependían de un supuesto ingeniero para cobrar por la hectárea desflorada.
"La imposibilidad de disponer y administrar dinero propio son factores que restringen la movilidad de las personas y su autodeterminación. Dichos factores generarían un aumento de su exposición a la determinación de quienes detentan abuso de poder sobre ellas. Así se torna evidente que la promesa de pago resulta de vital importancia para retener a los trabajadores en el lugar", explica el informe.
Por las precarias condiciones "de habitabilidad", se agrega, varios peones tuvieron problemas digestivos o diarreas. Al parecer el agua que les daban no era apta para consumo. "Algunos trabajadores mencionaron que el predio había sido fumigado por una avioneta mientras ellos trabajaban. Esta situación no les había sido informada previamente, por cuanto fueron ‘rociados’ con los agroquímicos esparcidos, padeciendo en consecuencia erupciones en la piel, vómitos, dolor de cabeza, dificultades respiratorias, etc.", señala el informe.
Anoche, una fuente de la fiscalía federal de San Nicolás lamentó que todos los acusados lleguen libres a la indagatoria que se realizará, en el caso de los imputados de la empresa Satus, el 2, 3 y 4 de marzo, mientras que una semana después, el 8, 9 y 14 lo harán los de SSP. "Por lo establecido como pena para los delitos de trata, entre 4 y 15 años, y la gravedad del hecho, deberían estar presos. Si tenemos gente encerrada en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza por trata de personas para la prostitución, no veo por qué ellos están libres", señaló la fuente.
El riesgo de fuga y el entorpecimiento de la investigación también fueron parte de los argumentos que desde la fiscalía federal de San Nicolás se presentaron para apelar las eximiciones de prisión otorgadas a todos los acusados. Este tema deberá resolverlo la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, donde todavía no se sorteó qué sala lo tomará. La fiscalía participará de todas las indagatorias.
La presencia de menores de edad en los establecimientos de SSP como La Esperanza, en San Pedro, en las mismas condiciones habitacionales que el resto de los trabajadores fue destacada en los informes de la Oficina de Rescate y también del Ministerio de Trabajo bonaerense. Este último organismo denunció que los jóvenes, de entre 16 y 18 años, "cumplían extensas jornadas de trabajo, sin francos ni descansos".
Sin dar precisiones, ayer desde la AFIP advirtieron que en otro campo de Satus se comprobaron nuevamente las condiciones infrahumanas a las que fueron sometidas personas traídas de Santiago del Estero. La difusión mediática de estos casos, según comentaron fuentes del Ministerio de Trabajo bonaerense, hizo que crezcan exponencialmente las denuncias al 0800-666-2187 sobre trata de personas y reducción a la servidumbre en el campo. "No damos abasto con los inspectores", admitieron.
7 de febrero de 2011
5 de febrero de 2011
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12 años y 6 meses más para memín

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La condena número 14 de ‘Memín’. El ex jefe ‘para’ fue sentenciado a 12 años de prisión por el asesinato de un campesino. Se le acusa de haber asesinado a una veintena de campesinos.

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Colombia. Luis Arnulfo Tuberquia Osorio, alias ‘Memín’, ex jefe del Bloque Noroccidente Antioqueño de las Auc, fue condenado a 12 años y seis meses de prisión por el asesinato del campesino Eilberto Úsuga Manco.
Varios ‘paras’ interceptaron al campesino en Puente Tierra, sobre la vía que va a Dabeiba, en el Urabá antioqueño. El cadáver de Eilberto Úsuga apareció varios días después abaleado.
Esta es la condena número 14 contra ‘Memín’, por los asesinatos de por lo menos 20 personas entre mayo y julio de 1997.
Los procesos estuvieron a cargo de un fiscal de Derechos Humanos y DIH, y en todos ellos Úsuga Manco se acogió a sentencia anticipada.
7 de febrero de 2011
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