por más justicia histórica

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Se reanudan las declaraciones en los juicios por la causa Díaz Bessone. A partir de las 8 en el Tribunal Oral Federal Nº2 de Rosario declararán los testigos y querellantes de la primera audiencia del año. En la puerta del edificio de Oroño 940 habrá una muestra de fotos y recuerdos de las víctimas.

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Argentina. "Justicia, respeto y cárcel común". Con esos tres pedidos por parte de familiares, sobrevivientes, testigos y querellantes, retoma hoy el juicio a represores de la última dictadura militar, en el marco de la causa Díaz Bessone. Los mismos se llevan adelante en el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario, de Boulevard Oroño 940. Mientras adentro de la sala, a partir de las 8, declararán los testigos y querellantes de la primera audiencia del año, afuera habrá una muestra con paneles itinerantes. "Son fotos y recuerdos: retazos de las vidas de nuestros compañeros que ya no están, pero nos dan fuerza en cada asistencia al Tribunal. Queremos que la gente los conozca, les vea las caras y se enteren que eran hombres y mujeres tan jóvenes, dispuestos a luchar y comprometerse", dijo a Rosario/12 Elida Luna, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas.
Al ser consultada sobre qué espera para este nuevo año del juicio, que se extenderá hasta junio o julio, apuntó directamente a los magistrados: "Que no sean tan condescendientes con los imputados", pidió. Luna aseguró que el año pasado fue "muy duro", aunque consideró que "se avanzó mucho". En ese sentido señaló: "Ahora se puede entender lo que queríamos decir cuando pedíamos por estos juicios". Por su parte, y tras los intentos frustrados de que los imputados permanecieran encerrados en el transcurso de las audiencias, Laura Ferrer, querellante de la causa y miembro del Espacio Juicio y Castigo, aseguró: "Vamos a seguir insistiendo para que los metan presos".
Para que estos represores sean condenados, se tomará declaración a más de 180 testigos. Los cinco imputados, son juzgados por los delitos de lesa humanidad cometidos en el mayor centro clandestino de detención de la dictadura en Santa Fe: el Servicio de Informaciones de la ex Jefatura de Policía de Rosario.
En este primer juicio, se juzgan crímenes de lesa humanidad cometidos contra 94 personas que sufrieron secuestro, privación ilegítima de la libertad y torturas, de las cuales 17 fueron desaparecidas y asesinadas. Se trata del accionar de Ramón Genaro Díaz Bessone (oficial superior y ex Comandante del II Cuerpo de Ejército), José Rubén "El ciego" Lofiego (oficial principal de la Policía de Santa Fe), Mario Alfredo Marcote (oficial de la Policía de Santa Fe), Ramón Rito Vergara (suboficial de la Policía de Santa Fe), José Carlos Antonio Scortechini (comisario principal de la Policía de Santa Fe) y Ricardo Miguel Chomicky (civil). Todos son juzgados por el tribunal compuesto por los magistrados Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echagüe.
A un mes y medio del receso, que comenzó el 22 de diciembre pasado, Ferrer señaló que durante este tiempo "hubo miedo, bronca e impotencia ante la falta de detención" de los imputados, que "al haber pasado 34 años, ya se sabe que ellos son los culpables". Por su parte, Luna agregó: "Esperamos que se respete a los testigos y querellantes con respecto a los horarios. Y que los jueces no sean tan condescendientes con los represores, en cuanto a que estén en salas apartadas, porque creemos que tienen que estar ahí".
A modo de balance del año anterior, en el inicio del juicio, Luna sostuvo que "fue muy duro". "A pesar que nosotros venimos trabajando durante tanto tiempo, y todo lo que dicen los compañeros ya está escrito después de tantos testimonios, es muy importante escucharlos, estar con ellos, y eso a la vez es muy duro", aseguró. Sin embargo, remarcó: "Creemos que se ha avanzado muchísimo en cuanto a que se puede entender lo que queremos decir, y lo que queríamos decir cuando pedíamos estos juicios. Esperemos que los jueces estén a la altura y se les den condenas que se merecen a los cinco represores. Todos, incluido el civil --dijo en referencia a Chomicky-- porque para nosotros es tan responsable como los otros. Esperamos que sean condenas con cárcel común, perpetua y efectiva. Tenemos que seguir avanzando porque es la forma de composición de la democracia".
Con la firme idea de "acompañarse y apoyarse" entre los compañeros, Luna aseguró: "Estamos muy orgullosos de quienes fueron nuestros compañeros, hombres y mujeres tan jóvenes, dispuestos a luchar y a comprometerse". En ese sentido, la muestra itinerante que se montará frente al Tribunal contará con "paneles hechos por cada uno de los familiares de nuestros compañeros, quienes depositaron su confianza en nosotros para que los saquemos a la calle y que toda la sociedad pueda ver en ellos la historia de vida de esa época: cuando eran pequeños, cuando iban a la escuela, cuando fueron creciendo, cuando eran adolescentes, cuando se casaron y mientras las mujeres estaban embarazadas". Las fotos "también reflejan el compromiso militante de los queridos desaparecidos y asesinados por quienes en este momento están siendo juzgados".
9 de febrero de 2011
7 de febrero de 2011
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la tortura y la cárcel

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El aparato penal, no obstante las purgas, favorece la perpetuación del abuso como herramienta para la disciplina.

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[Leonardo Filippini] Argentina. El video de la tortura sufrida por un preso en Mendoza echa algo de luz sobre la realidad penitenciaria. Si algún elemento sugiriese su excepcionalidad sería menos inquietante, pero las condiciones generales del encierro parecen indicar amargamente, en cambio, que así funcionan las cosas. El aparato penal, no obstante las purgas, favorece la perpetuación del abuso como herramienta para la disciplina y la tortura es un crimen no del todo inesperado.
El Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep) publicó a fines del 2010 los datos penitenciarios de 2008, los últimos disponibles en el sitio web del Ministerio de Justicia. En 2008 había 54.537 presos, ocho mil más que en 2002. La población retratada es un colectivo relegado. El 68 por ciento eran jóvenes de entre 18 y 34 años. El 95 por ciento varones, en su inmensa mayoría argentinos. El 70 por ciento es primario, es decir, ni reincidente ni reiterante. El 43 sólo terminó la primaria, el 24 no la completó y el 7 no tuvo escolaridad. Sólo un quinto del total poseía un trabajo de tiempo completo antes de la detención. El 41 por ciento eran desocupados y el 40 por ciento trabajadores de tiempo parcial. El 51 por ciento no tenía oficio ni profesión. Los condenados, además, tienen prohibido votar. Cualquier mapa delata que la geografía carcelaria complica las visitas y casi cualquier recorrido mostrará que la nutrición, el espacio y la higiene suelen estar en tensión.
La recopilación regular de estos datos por parte del Ministerio de Justicia indicaría que se trata de un insumo relevante para la gestión, vista la función resocializadora que la ley argentina atribuye a la pena. Los mismos datos del Sneep sobre la vida en la cárcel, sin embargo, opacan esa conclusión. Apenas un 40 por ciento de los presos tiene condena firme. El 58 por ciento carece de trabajo remunerado y sólo un quinto tiene ocupaciones de 40 horas semanales. El resto, de tiempo parcial, o nada. Sólo el 15 por ciento participó de algún programa de capacitación laboral y el 60 por ciento no accede a ningún programa educativo. El 20 por ciento no participa de actividades recreativas ni deportivas y el 8 ni siquiera recibió atención médica en todo el año. Un 13 por ciento de los detenidos no recibió una sola visita en el año. La convivencia es ríspida. El 20 por ciento participó en alguna alteración al orden y el 30 por ciento cometió alguna falta. El 15 por ciento de los presos estuvo alojado en una celda individual hasta 15 días ininterrumpidos al menos una vez en el año. Un centenar de presos intentó quitarse la vida y casi el 10 por ciento sufrió lesiones. Las cifras de superpoblación varían; hay cárceles que parecen estar bien, pero otras tienen excesos desde el 4,2 hasta el 75, el 94,5 o el 172,5 por ciento.
Los datos, en fin, tienden a confirmar que la cárcel no se ocupa primordialmente de la preparación de los internos para la convivencia, sino de su custodia y sujeción. Y si esto no cambia, por ejemplo, porque creemos que la clave está en construir nuevos establecimientos, o en emular anticipadamente la vivencia penal frente al delito juvenil, es improbable que cambien las prácticas más emblemáticas de la prisión. Aun así, hemos sido capaces de recuperar la alternancia electoral, de aceptar que todo niño merece una asistencia mínima, y de desligar la opción sexual de la aptitud nupcial: tal vez podamos ser capaces alguna vez de abandonar el encierro generalizado como respuesta predominante a la infracción de la ley penal y virar hacia un paradigma de cuidado, de prevención, de solidaridad, apelando a recursos novedosos, no ensayados aún, o siquiera concebidos. Mientras tanto, el video impide la ingenuidad.
[El autor es profesor de Derecho, UP.]
9 de febrero de 2011
7 de febrero de 2011
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inédita investigación en mendoza

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La investigación de torturas en Mendoza es inédito en la justicia. Mientras que la discusión política por el caso de torturas en una cárcel de Mendoza pasa porque se trató de un hecho aislado, la fiscalía avanza con decisiones poco acostumbradas. Cinco guardias imputados. Se sumará a la querella la Secretaría de Derechos Humanos.

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[Horacio Cecchi] Argentina. "Las imágenes de guardias golpeando prisioneros en una cárcel en Mendoza es otro recordatorio de los problemas sistemáticos que existen en el sistema penitenciario argentino", dijo el viernes pasado Louise Finer, experta de Amnistía Internacional sobre la Argentina. La mención de la investigadora pasó desapercibida en los medios, especialmente la idea de que la tortura en las cárceles se trata de un problema sistemático y no aislado ni jurisdiccional, como se intenta mostrar. Entretanto siguió el tira y afloja sobre las responsabilidades políticas entre el gobierno de Mendoza (lo consideró un hecho aislado y ocurrido durante la "intervención" federal) y el Ministerio de Justicia nacional (que no negó lo aislado del hecho, pero sí que hubiera realizado una intervención a las cárceles mendocinas hasta diciembre pasado). La discusión, que en definitiva pretende pasar la propia caspa por polvo ambiente, de todos modos no ahonda en la situación carcelaria tal como lo señalaron la experta internacional, las recurrentes intervenciones de los máximos organismos americanos de derechos humanos y la notable ausencia de mecanismos de prevención de la tortura (en el país, sólo el Chaco lo instaló como ley). Entretanto, como un hecho aislado judicial, el fiscal Santiago Garay imputó por torturas y vejámenes a los cinco guardias que aparecen vinculados con los videos.
El tira y afloja entre el gobernador Celso Jaque, su ministro de Gobierno, Mario Adaro, y el actual subsecretario de Gestión Carcelaria, Alejandro Marambio (ex director general del Servicio Penitenciario Federal), parece revelar, de algún modo, el nivel en que se juega la cuestión política carcelaria, al menos en lo que se refiere a la aparición de los videos que indican –esta vez sin demasiado enmascaramiento posible– que en las cárceles se tortura. La discusión de ambas partes se establece sobre a quién le compete la responsabilidad de un grupo de cinco o seis loquitos perversos. Ninguna de las partes intentó rozar si el video revela imágenes de un iceberg y qué tanta profundidad tiene.
Lejos, por ahora, de esa discusión, el fiscal Garay y los querellantes (hoy o a más tardar mañana se incorporará la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, tal como lo anticipó Página/12) avanzan sobre el verdadero hecho aislado de todo el asunto, que es la decisión judicial de avanzar sobre un caso de torturas en cárcel o comisaría. Si su actuación realmente es una isla, avanzarán sobre otra pata que enmascarara las torturas: la pata médica.
9 de febrero de 2011
7 de febrero de 2011
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pruebas sepultan a patti

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La acusación contra Patti por el homicidio de Gastón Gonçalves. Los abogados querellantes Ana Oberlin y Pablo Llonto presentaron un amplio cúmulo de datos que señalan a Luis Patti por el crimen del militante de Montoneros en 1976, así como por su secuestro, las torturas que sufrió y el ocultamiento de su cuerpo.

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[Alejandra Dandan] Argentina. Las pruebas se habían escuchado durante todo el juicio. Sin embargo, en la última audiencia, cada una de esas voces quedó encastrada en un relato abrumador y cargado de datos contra el represor Luis Abelardo Patti. Las querellas representadas por Ana Oberlin y Pablo Llonto conectaron el cúmulo de pruebas para acusar a Patti por el homicidio de Gastón Gonçalves, el militante de Montoneros secuestrado el 24 de marzo de 1976 y cuya muerte era uno de los elementos más difíciles de probar. "Patti tuvo en el contexto del terrorismo de Estado la oportunidad de asesinar a Gastón Gonçalves tal y como lo venía amenazando", dijo Ana Oberlin. Patti lo secuestró, lo torturó y fue el responsable de ocultar el cuerpo durante veinte años en una fosa de NN en Escobar. "No hay otra explicación posible, lo que sumado a la abrumadora prueba producida y reseñada nos da la plena certeza de su autoría."
Los alegatos de las querellas particulares empezaron el jueves pasado en el auditorio municipal de José León Suárez. El Tribunal Oral Federal N° 1 de San Martín sigue la etapa oral del juicio a Patti, el ex comisario Fernando Meneghini, el torturador Martín "El Toro" Rodríguez, Reynaldo Bignone y Omar Riveros. Pablo Llonto y Ana Oberlin representan a las familias de las víctimas, y abrieron la audiencia que continuará hoy con los alegatos de otros organismos de derechos humanos. El primer día, al comenzar, Llonto hizo dos pedidos clave: exhortó al Tribunal a acusar por genocidio y a ordenar a los jueces de primera instancia instruir las causas de lesa humanidad como homicidios, un reclamo de un sector de los organismos de derechos humanos que, ante la ausencia de los cuerpos de desaparecidos, en la mayoría de los casos no pueden acusar por homicidio.
Oberlin empezó a presentar luego el cúmulo de 125 pruebas de cada acusación. Pruebas que, con el correr del juicio, "han conmovido totalmente el estado jurídico de inocencia en el que Patti, Meneghini, Rodríguez, Bignone y Riveros se encontraban antes de la realización de este proceso", dijo. A la luz de esos nuevos elementos reconstruyó los secuestros, ejecuciones o desapariciones de Gonçalves, los hermanos Guillermo y Luis D`Amico y empezó con el caso del ex diputado Diego Muniz Barreto, suspendido por un cuarto intermedio hasta la audiencia de hoy.
Con Gonçalves consolidó a Patti en el homicidio. Presentó al Rengo, como le decían por un accidente en la pierna. Habló de su militancia en Montoneros, de la conducción de la Unidad Básica de Garín desde 1972, de las reuniones en Escobar y de cómo a partir de su trabajo social en los barrios pobres de Garín era reconocido por su compromiso y militancia. "En varias oportunidades, debido a sus actividades políticas y sociales, fue amedrentado y amenazado de muerte por el acusado Patti –dijo Oberlin–. Además, antes de su desaparición, en diversas ocasiones fue detenido por razones políticas en dependencias policiales."
Hasta ahora se hablaba del secuestro de Gastón Gonçalves sin decir claramente lo que sí dijo el alegato: a Gastón Gonçalves lo secuestró Luis Abelardo Patti en las primeras horas del 24 de marzo de 1976. Los querellantes lograron probar además cómo intervino Patti en las horas que siguieron. Gastón estuvo secuestrado en un camión celular de la comisaría de Escobar, después de torturarlo, lo ejecutaron y su cuerpo apareció el 2 de abril cerca del río Luján, con otros tres cadáveres, todos con tiros de arma de fuego. Gastón estuvo 20 años enterrado como NN en el cementerio de Escobar. El alegato le dio además una lógica al crimen.
Las amenazas –dijo Oberlin– "no fueron banales, sino que tuvieron tal entidad que Gonçalves tenía miedo de que Patti lo matara y así se lo manifestó a varios de los testigos que depusieron en este debate". Sus compañeros de militancia, además, consideraron que las intimidaciones eran serias –dijo–, al punto de tomar precauciones para protegerlo. Los elementos del juicio permitieron entender además que Patti hacía tareas de inteligencia sobre su grupo político desde por lo menos el año 1974: "Gastón Gonçalves era una figura destacada en el grupo y Patti estaba focalizado en Gonçalves porque era uno de sus dirigentes con mayor exposición pública, reconocido y querido en la zona. Sin dudas ese es el motivo de la continua persecución a Gonçalves de Patti, la que se extendió durante por lo menos dos años, hasta que Patti tuvo la oportunidad, en el contexto y los medios que le brindó el terrorismo de Estado, de cumplir sus amenazas de muerte".
Patti lo torturó varias veces, dijo, mientras estaba secuestrado, al punto de que en un momento Gonçalves dijo que "lo estaba matando de a poco con la tortura". En la última sesión, Patti le dijo que lo iba a matar –según el relato de dos testigos–. Y en ese momento, le sacó la capucha para que lo viera. Oberlin se preguntó en la audiencia: "Siendo así, si el acusado Luis Abelardo Patti no tenía claro que iba a asesinar a Gonçalves como lo hizo, ¿tenía lógica que le mostrara su rostro? La acusación alcanzó además a Fernando Meneghini y Riveros.
Enseguida, avanzó con el caso D’Amico por allanamiento ilegal de la casa de la familia, privación ilegal de Josefa Molina y de Luis (padres) y los hermanos Luis y Guillermo D’Amico. Además, la aplicación de tormentos a los dos hermanos que permanecen desaparecidos. La inexistencia del cuerpo de ambos hermanos fue una de las razones que disparó el pedido de Llonto para revisar la instrucción de las causas.
En agosto de 1976, Guillermo tenía 17 años y era aprendiz de zapatero. Luis Rodolfo tenía 26, le decían Pico, estaba casado y esperaba a su primera hija para septiembre. Ambos eran militantes de la JP, dijo Oberlin, ámbito que sirvió de base a la organización Montoneros, participaban de la Unidad Básica de Garín, el espacio que había conducido Gonçalves y antes del secuestro se integraron con grupos del PRT de la zona. Los secuestraron el 10 de agosto de 1976: al mediodía un grupo de hombres ingresó ilegalmente a su casa, quedó probada por los relatos de varios testigos la presencia de Patti. Entre otros, Oberlin mencionó una declaración del padre de los hermanos D`Amico, quien explicó que sus vecinos le comentaron que del procedimiento formó parte un policía de Garín que estaba vestido de civil y que se trataba de un oficial de nombre Patti.
Los volantes de la Dipba, los relatos de los militantes de Escobar, las persecuciones narradas por los testigos, son muchos de los otros elementos que sostuvieron el alegato. "Durante todos estos años de proceso, desde el primer caso que empezó en 2004 –dice Oberlin ahora a Página/12–, escuchamos de parte de la defensa decir que es un proceso sin pruebas, y sólo con connotaciones políticas, que Patti era un perseguido político... Con todo esto quisimos demostrarles que es tanta la prueba y tan aplastante, que demuestra que los hechos fueron así, lo que va a provocar que lo que los termine condenando sea justamente eso: la solidez de la cantidad de pruebas contra ellos."
9 de febrero de 2011
7 de febrero de 2011
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cidh sobre isla de pascua

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Comisión Interamericana de DDHH pide medidas cautelares. El organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió "cesar inmediatamente el uso de la violencia armada en la ejecución de acciones estatales administrativas o judiciales contra miembros del pueblo rapa nui, incluyendo los desalojos de espacios públicos o de propiedad fiscal o privada".

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Isla de Pascua, Chile. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado chileno la adopción de medidas urgentes a favor del pueblo rapa nui, afectado por desalojos policiales.
El organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió "cesar inmediatamente el uso de la violencia armada en la ejecución de acciones estatales administrativas o judiciales contra miembros del pueblo rapa nui, incluyendo los desalojos de espacios públicos o de propiedad fiscal o privada".
Además, "garantizar que la actuación de agentes del Estado en el marco de las protestas y desalojos no ponga en riesgo la vida o la integridad personal de sus miembros". Asimismo, pidió la presentación de información sobre el cumplimiento con las medidas cautelares adoptadas, dentro del plazo de 10 días y actualizar dicha información en forma periódica.
"Oídas las observaciones de las partes, la CIDH decidirá si resulta procedente prolongarlas o levantarlas", agregó.
El domingo, el clan Hito fue desalojado por Fuerzas Especiales de Carabineros del hotel Hanga Roa, ocupado desde hace 6 meses en demanda de la devolución de sus terrenos ancestrales.
El desalojo se hizo por orden judicial acogiendo una demanda de la familia chileno-alemana Schiess, que dice ser propietaria del lugar, aunque las tierras de Isla de Pascua pertenecen al Estado chileno y están concedidas en comodato a los rapa nui y no pueden ser vendidas a personas ajenas a esta etnia.
8 de febrero de 2011
©la nación

querella por muerte de frei montalva

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Piñera anuncia querella criminal por muerte de Frei Montalva. El presidente informó que el Ministerio del Interior se hará parte de la investigación judicial para que "la muerte de un presidente no siga más estando entre las sombras de la duda y la incertidumbre".

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Santiago, Chile. Luego que Wikileaks reveló un informe de diciembre de 2009 de la embajada estadounidense, señalando que la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva parece destinada a nunca ser esclarecida, el gobierno anunció que presentará una querella criminal contra quienes resulten responsables.
Ello, como una señal de respaldo a la investigación judicial de la muerte ocurrida en 1982 y que el mismo año que se emitió el informe diplomático de Estados Unidos  dio luces sobre el posible homicidio del ex mandatario.
El presidente Sebastián Piñera dijo en La Moneda que el gobierno "ha decidido colaborar en el proceso judicial haciéndose parte del mismo, a través de la presentación, por parte del Ministerio del Interior, de una querella criminal".
Recalcó que con esto el gobierno "busca colaborar para que la muerte de un presidente no siga en las sombras y de una vez por todas sus circunstancias, sus causas y sus responsables sean esclarecidos y aquellos que tengan responsabilidad asuman las consecuencias".
El presidente dijo que esta es una deuda con el país. "Esto se lo debemos no solo a la familia Frei. Sin duda que importa e interesa a la familia, pero también interesa a todo el país que quiere que la muerte de un presidente no siga más estando entre las sombras de la duda y la incertidumbre", subrayó.
8 de febrero de 2011
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los mataron porque sí

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Enterraron ayer a los dos chicos asesinados el jueves en José León Suárez. Trescientas personas fueron al cementerio de San Martín para despedir a Franco Almirón y Mauricio Ramos. En el barrio de La Cárcova no hubo incidentes, pero sí reuniones vecinales para entender qué ocurrió.

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[Carlos Rodríguez] Argentina. Unas 300 personas acompañaron ayer a los familiares de Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Ramos, de 17 –los dos chicos asesinados el jueves en José León Suárez–, durante el sepelio que se realizó en el cementerio de San Martín. Las inhumaciones se hicieron por separado y en forma previa se celebraron misas al aire libre, en la puerta de acceso a la necrópolis, dado que la presencia masiva de amigos y vecinos de las víctimas hizo imposible que se pudieran realizar en la capilla. En el barrio de La Cárcova, ayer por la tarde, la situación se mantenía calma, aunque los vecinos siguieron reuniéndose en grupos para tratar de reconstruir lo ocurrido el jueves. Todos afirman que "los disparos fueron policiales" y que "no se trató de tiros al aire sino que hubo intención de matar". Mientras tanto, en el Hospital Thompson, sigue internado en terapia intensiva el joven Joaquín Romero, de 19 años, quien experimentó "una leve mejoría", según dijeron sus allegados a Página/12.
Ayer circuló la versión de que la Justicia tendría filmaciones en las cuales aparecería una persona disparando hacia el sector donde estaba la policía, durante los sucesos de la tarde del jueves, luego del descarrilamiento del tren de carga de la empresa Nuevo Central Argentino (CNA). La información no pudo ser confirmada, igual que otra, que circula entre los vecinos, sobre la supuesta existencia de fotografías y filmaciones sobre el accionar de la Policía Bonaerense.
La empresa CNA y el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, afirmaron que se trató de un descarrilamiento provocado por un grupo de personas con fines de robo. La Justicia, mientras tanto, espera el resultado de las pericias realizadas por la Gendarmería, para poder determinar en forma fehaciente si fue o no un hecho intencional.
La formación que descarriló tenía 32 vagones que llevaban autopartes, según se informó. Siete de ellos se salieron de las vías. Varios de los containers que iban en vagones que descarrilaron eran de Mediterrannean Shipping Company, una empresa que transporta mercaderías por barco desde Estados Unidos y Europa. Hasta ahora no hubo ningún informe sobre los elementos que habrían sido robados. El fiscal de San Martín, Raúl Soracco, dijo a este diario que uno solo de los containers fue abierto por las personas que rodearon el tren y que en su interior había "piezas pequeñas de goma" de escaso valor de reventa en el mercado ilegal.
Ayer fueron inhumados los cuerpos de Franco Almirón y Mauricio Ramos, los chicos asesinados el jueves. Hubo un paréntesis de cuarenta minutos entre ceremonia y ceremonia. Los velatorios se habían realizado desde la noche del viernes en las respectivas viviendas familiares, en la avenida Central, a pocos metros del lugar donde ocurrió el descarrilamiento. Los chicos vivían en la misma cuadra y cayeron heridos de muerte, el jueves, a poca distancia el uno del otro.
María Elena, la mamá de Mauricio, El Pela, como le llamaban sus amigos, habló con este diario. "Mi hijo era un chico como cualquiera. Jugaba a la pelota, estaba en la esquina con los amigos, iba a cartonear con el abuelo. No era ningún ladrón, lo mataron porque sí, sin razón alguna. El fiscal y funcionarios del gobierno (bonaerense) me vinieron a ver. Lo único que quiero es que se haga justicia, porque a mi hijo lo mató la policía porque sí, sin ninguna razón."
Los vecinos comentaban ayer que la policía disparó desde unos montículos ubicados detrás de las vías y luego lo hizo desde el mismo trazado de la red ferroviaria del ex Mitre, a poca distancia del lugar donde cayeron los dos chicos, cerca de un árbol frondoso que es custodiado por la Gendarmería para preservar la escena del crimen. "Algunos testigos dicen que disparaban los policías que estaban sobre las vías, pero que también podrían haberlo hecho otros que ingresaron, en motos, por la avenida Central", comentó a este diario uno de los vecinos. Desde el viernes, la fiscalía viene realizando gestiones para que los testigos presenciales se presenten a declarar. "Hay mucho temor y todos nos piden que les demos garantías porque temen ser víctimas de alguna represalia", reconocieron fuentes de la fiscalía.
La policía de José León Suárez sigue virtualmente acuartelada en la comisaría cuarta, con prohibición de ir al barrio de La Cárcova, que está custodiado por personal de Gendarmería Nacional. En la seccional cuarta, en la mesa de entradas, un cartel que convoca a enrolarse en la Policía Bonaerense dice textualmente: "Ahora los policías que se suman a la fuerza vuelven a los barrios para proteger a los suyos". Una mano anónima escribió sobre la frase una sola palabra: "Mentira".
8 de febrero de 2011
6 de febrero de 2011
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identidad apelada

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Caso Noble Herrera. La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado concedió la apelación presentada por los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble.

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Argentina. Ahora la Cámara Federal de San Martín deberá resolver si confirma la decisión de la magistrada de ordenar la toma compulsiva de muestras sanguíneas a Felipe y Marcela, en la causa que investiga sus identidades.
La jueza habilitó la apelación a la defensa de los hermanos pero rechazó un recurso similar presentado por los abogados de Ernestina Herrera de Noble, al recordar que la empresaria está "imputada" en la causa y por lo tanto no le corresponde presentar este tipo de recursos ya que no sufre ningún agravio con la medida.
A los hijos adoptivos se los considera víctimas en la causa, ya que de comprobarse el delito habrían sufrido la supresión de su identidad biológica por lo cual se los habilitó a recurrir a la instancia superior para intentar frenar la medida ordenada por Arroyo Salgado en diciembre pasado, y que no pudo cumplimentarse por la oposición de ambos y la apelación presentada.
Como ya ocurrió con planteos anteriores, se descuenta que el tema llegará a la Cámara Nacional de Casación Penal y posiblemente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La decisión está ahora en manos de la sala II de la Cámara Federal de San Martín integrada por los camaristas Daniel Rudi, Alberto Criscuolo y Hugo Gurruchaga, quienes en junio pasado confirmaron a Arroyo Salgado al frente del caso al rechazar un planteo de recusación por parte del abogado de Ernestina Herrera de Noble, el ex juez federal Gabriel Cavallo.
Tras un largo peritaje de muestras de sangre, saliva y objetos personales de los hermanos, tomadas en diciembre del 2009 por el anterior juez del caso, Conrado Bergesio, en diciembre pasado la magistrada descartó su utilización para compararlas con las muestras de familiares que buscan bebés robados durante la dictadura cívico-militar almacenadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand.
Hizo lugar así a un planteo de la querellante Abuelas de Plaza de Mayo que había solicitado la toma compulsiva en base a la nueva legislación que la habilita para que el estudio tenga carácter de "indubitable".
Felipe y Marcela Noble Herrera debían presentarse el 23 de diciembre pasado para entregar las muestras en el Durand, pero una apelación de su defensa logró suspender el trámite, ahora puesto bajo revisión de la Cámara de San Martín.
En una extensa resolución, Arroyo Salgado había ordenado "obtener muestras de sangre, saliva o cabellos de ambos, con su consentimiento o no, para realizar el examen de patrón genético" en base al artículo 218 bis de la legislación que los considera "admisibles" extraídos de forma "mínima" y "cuando no fuere de temer perjuicio alguno para la integridad física de la persona sobre la que deba efectuarse la medida".
Al ordenar esta medida, la jueza advirtió que "de comprobarse la hipótesis delictual, ésta se habría extendido por más de treinta años" y recordó que "en forma reiterada Marcela y Felipe han señalado su deseo de terminar con la incertidumbre que pesa sobre su origen e identidad".
"La realización del estudio pericial con todas las garantías legales y asegurándoles la posibilidad de un adecuado control -para lo cual se requiere ahora la obtención directa del material biológico indubitado- no sólo garantizará el derecho de las otras víctimas sino que también les dará a los nombrados la seguridad, tranquilidad y certidumbre que, conforme han manifestado en diversas oportunidades, anhelan", concluyó en su resolución de diciembre último.
Sin embargo los Noble Herrera se oponen a que la comparación de su ADN se haga de manera general con las muestras de todas las familias, como ya resolvió la Justicia al ampliar el objeto procesal de la causa donde la dueña del Grupo Clarín está imputada como sospechosa.
Felipe y Marcela aceptaron que las muestras fuesen cotejadas sólo con las dos familias querellantes en la causa y por eso habían asumido entregar sangre y saliva al anterior juez del caso, Bergesio.
8 de febrero de 2011
6 de febrero de 2011
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