se venden votos

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Uno de cada cuatro votantes conoce a alguien que ha "vendido" su voto. El 85 por ciento de las personas que han votado en los últimos 5 años, según la encuesta, piensan ejercer nuevamente su derecho al voto en las próximas elecciones.

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Colombia. Así lo reveló una encuesta de percepción electoral hecha por la MOE y la firma Cifras y Conceptos. Empleo (94 %), corrupción (91 %) y movilidad (90 %) son los problemas más preocupantes para los bogotanos.
Uno de cada cuatro votantes en Colombia ha sido testigo de que una persona ha cambiado su voto por comida, artículos para la casa o bienes materiales. Así lo reveló una encuesta que acaba de publicar la Misión de Observación Electoral denominada "Percepción Electoral de los Votantes Colombianos". La encuesta fue hecha por la firma Cifras y Conceptos.
El estudio de opinión también reveló que el 11 por ciento de los encuestados conoce a alguien que ha recibido subsidios del Estado por votar por un candidato.
Las ciudades en las que el porcentaje de personas que conoce a votantes que han cambiado el voto por bienes materiales es mayor, son Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Montería con el 51,6 por ciento. En esas ciudades, el 21,1 por ciento de las personas que participaron en la encuesta dijo conocer a alguien que ha recibido subsidios para votar por un candidato. Sólo por dinero, el 13 por ciento.
 
Agenda Política
Los encuestados también respondieron cuáles son los problemas que consideran más apremiantes de cara a las elecciones de 2011.
Así, en Bogotá, comparativamente los principales problemas que aparecen, en orden son, empleo (94 por ciento), corrupción (91 por ciento) y movilidad (90 por ciento).
En Medellín se resaltan, los temas de empleo (93 por ciento), corrupción (92.9 por ciento), calidad de la política (92.2 por ciento) y parapolítica (88.5 por ciento).
En Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Montería aparecen temas de infraestructura (94 por ciento), derechos humanos (93 por ciento), bienestar social (92 por ciento) y movilidad (91 por ciento).
En Bucaramanga Cúcuta y Villavicencio aparecen en orden, cultura (96 por ciento) infraestructura (95 por ciento), movilidad (95 por ciento).
En Pereira, Ibagué, Manizales y Armenia se resaltan, empleo (92%), derechos humanos (91 por ciento) y corrupción (87 por ciento).
Finalmente en Cali y Pasto aparecen como los principales problemas locales la calidad de la política (91 por ciento), seguridad urbana (91 por ciento), parapolítica (93,5 por ciento).

Agenda Legislativa
La encuesta abordó algunos de los temas más importantes que están en discusión en el Congreso de la República.
El 51,8 por ciento de los encuestados se mostró en desacuerdo con la reelección de alcaldes y gobernadores. Mientras que el 42,8 por ciento dijo estar de acuerdo. En el Congreso, la iniciativa que ha buscado la reelección de los mandatarios locales se ha propuesto más de una docena de veces, sin embargo, ha fracasado.
"En general, los votantes del país se muestran en desacuerdo con la reelección de alcaldes y gobernadores; a excepción de la ciudad de Medellín, donde el 74 por ciento de los encuestados aprueba esta figura y solo el 22 por ciento la desaprueba", destacó la MOE en un comunicado.
El estudio reveló que el 81,7 por ciento de las personas encuestadas está de acuerdo con la afirmación: "El Estado debe indemnizar a las víctimas de guerrilleros y paramilitares". Llama la atención que el porcentaje aumenta al 90,1 por ciento cuando la pregunta se hace por las víctimas de la fuerza pública. Asimismo, el 96,2 por ciento de los encuestados dijo estar de acuerdo con la afirmación "el Estado debe devolver las tierras a los desplazados".

Confianza en las Instituciones
La investigación preguntó a los encuestados por la confianza en algunas de las instituciones de entidades regionales. Para el caso, la gente calificó de 1 a 100 los organismos, donde 1 es menos eficaz y 100 muy eficaz.
A nivel departamental, la Registraduría obtuvo la mayor calificación: 63; le sigue la Procuraduría con: 58, 6; la Contraloría: 57,0; y la Asamblea Departamental: 58,0. A nivel municipal las calificaciones fueron muy semejantes.

Cultura Política
La investigación reveló que el porcentaje de mujeres, pese a representar el 51.8 por ciento del censo nacional y el 51.9 por ciento del potencial electoral, participa menos que los hombres en los comicios: el 45 por ciento. Por su parte, los hombres representan más de la mitad de los votos (54.2 por ciento) de una elección.
El 40,3 por ciento de los encuestados dijo haber votado por una mujer, el 12,5 por un afrocolombiano, el 10,3 por ciento por un indígena y el 8,1 por ciento por una persona en situación de discapacidad.
A la hora de escoger candidato, los encuestados respondieron cuáles consideran que son los aspectos decisivos para tomar la decisión. El 87,6 por ciento dijo, por ejemplo, que eran "muy influyentes" los temas y propuestas de los candidatos, y el 86 por ciento, la trayectoria académica y laboral del candidato.
El 84,1 por ciento de los encuestados dijo que era conocer con anterioridad quién financia las campañas de los candidatos, el 82,7 por ciento, en qué se gastan los recursos, y el 73,7 su patrimonio económico.
La encuesta fue hecha a 2.825 personas que han votado en los últimos cinco años. Es decir, se concentró en votantes activos, que representan a 6’470.564 de votantes.
9 de febrero de 2011
8 de febrero de 2011
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el taller de josé

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" Gracias a la circunstancias o el destino, todos seguimos vivos después".

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Argentina. Gonzalo Fernández Bruera tenía 16 años el 1º de junio de 1977, cuando la patota irrumpió en su casa de Laprida 1877. Los encontraron a él y a su padre, José Esteban, pero buscaban a Rodolfo, uno de sus hermanos. Los represores, de civil, estuvieron en su casa durante unas horas y después se llevaron al padre, que tenía 60 años y era propietario de un taller de fotograbado, el proceso previo a la impresión, que no tenía máquinas para imprimir. Gonzalo supo que si su hermano llegaba durante las horas de permanencia de la patota, sería hombre muerto, así que aprovechó un descuido para escaparse y advertirle. La suerte quiso que pudiera avisarle antes de llegar a la casa, y Rodolfo pudo escapar.
Pero su padre fue llevado como rehén al Servicio de Informaciones, donde permaneció durante 40 días, lapso que la patota aprovechó para destruir el taller. "Siempre lo quisieron tener para que se entregara mi hermano. Sabía mi papá que la entrega significaba muy probablemente la muerte de mi hermano. Lo mejor que pudo pasar fue que él pudiera escapar. Gracias a la circunstancias o el destino, todos seguimos vivos después", dijo ayer Fernández Bruera, quien recordó que el interventor de la policía rosarina, Agustín Feced, amenazó a su padre con quemarlo dentro de su taller. Esa amenaza fue gravitante para que, una vez en libertad, el hombre decidiera abandonar el comercio.
9 de febrero de 2011
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declaró esther bernal

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Esther Bernal, torturada en el SI, ofreció un testimonio contundente: "El sótano era un lugar siniestro". Fue secuestrada por una patota de 15 represores. "Quiero que tengas el valor de mirar a quien sobrevivió a tus torturas", le dijo a Marcote -uno de los acusados- y le arrojó un vaso de agua.

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[Sonia Tessa] Argentina. Esther Cristina Bernal viajó desde Misiones, donde vive, para contar de su secuestro y el de su hija de 3 años, el 17 de agosto de 1977. Detalló las torturas que sufrió desde el mismo momento en que le arrancaron a su hija de los brazos, imploró a los jueces que hagan justicia, manifestó su desazón porque los imputados están en libertad y reivindicó su identidad política peronista. Cuando terminó, se paró frente a uno de los imputados, Mario Alfredo Marcote, y lo increpó: "Quiero que me mires, que tengas el valor de mirar a quien sobrevivió a tus torturas". El torturador conocido como "El Cura" se mantuvo imperturbable, sin levantar la vista. Mientras los gendarmes se acercaban a la testigo para cumplir con la orden de desalojarla, Bernal atinó a vaciar el agua del vaso del abogado defensor sobre el cuerpo de Marcote. Más de uno de los presentes en la sala se levantaron a aplaudir la actitud. Por eso, al retomar la audiencia, cuatro personas del público no pudieron reingresar. El relato de Bernal, el primero del día de la reanudación de las audiencias por la causa Díaz Bessone en el Tribunal Federal Oral número 2 fue desgarrador. Tuvo unas palabras para la actual jueza federal Laura Inés Cosidoy, cuyo comportamiento calificó de "macabro" como "defensora oficial entre comillas", cuando ella estaba presa en la cárcel de Devoto.
A Bernal la secuestraron en su casa, junto a su hija. La llevaron al Servicio de Informaciones, y una vez en la sala de torturas, le arrancaron a la niña. "El momento más terrible es cuando tiran de mi hija, que se aferró a mí y yo a ella, hasta que decido soltarla porque la estaban lastimando", relató. También contó que recién hace dos días -cuando hablaron ante la inminente declaración judicial supo qué había vivido su hija durante las horas (entre 24 y 48) que estuvo retenida ilegalmente en el SI. En cambio, Bernal pasó cinco años y medio privada de su libertad.
A secuestrarla fue una patota de más de 15 personas, comandada por el Vasco, apodo de Ovidio Marcelo Olazagoitia. Entre sus torturadores, recordó a "Managua" (Ernesto Vallejo), "El Sargento" (Ramón Rito Vergara, uno de los imputados en la causa), "El Ciego" (José Rubén Lofiego, otro imputado), Marcote, otro que ella mencionó como "Carlitos Baravalle", y que podrían ser dos personas diferentes, así como "el Armero". El jefe de la patota, Feced, presenció la tortura con picana eléctrica y golpes. El objetivo de los tormentos era que firmara una declaración que ya estaba elaborada. Tras la picana, la llevaron a una habitación donde Feced, Lofiego y Marcote la interrogaron a cara descubierta. La alojaron en la rotonda, en el SI. Luego, la llevaron al sótano, al que recordó como "el lugar más siniestro que alguien pueda idear o imaginar". "Estaban los torturadores, bajaban, subían, había gente que estaba colaborando con ellos, como el Pollo (Héctor Baravalle) y la mujer (Graciela Porta). No se sabía quién era quién. Era algo totalmente macabro. De ahí se salía para la visita entre la gente que estaba tirada, escuchábamos cuando se torturaba y también cuando la patota festejaba porque había traído una persona", rememoró Bernal.
Lo que recordó como "el summun" fue el día que "Feced organizó un banquete". Era el 5 o 6 de septiembre, en vísperas del día del montonero. "Bajó al sótano, les pidió a todos los presos que le pidieran bebidas y comidas a los familiares. Iba a hacer una cena para celebrar el triunfo sobre la subversión, y nos obligó a los presos a estar presentes. Dijo que había vencedores y vencidos, que él era el vencedor y nosotros, los presos, los vencidos. Pero faltaba algo más, que iba a coronar su triunfo, y era el fusilamiento de siete compañeros", fue el impactante relato de Bernal. Más tarde, recordó por qué estaba segura de que había sido así: habían llevado a un hombre mayor, por error, que fue testigo de los fusilamientos. En tanto, contó: "Era una rutina tremenda que cada vez que pedían ropa era porque estaban por bañar a alguien porque lo iban a fusilar. Ese día nos pidieron ropa para siete. Nos pidieron que nos retiráramos para bañarlos, que era la rutina de todo fusilamiento. No aparecieron nunca más", siguió la testigo. Entre los desaparecidos de ese día estuvieron Finkelman y Esteban, con quienes Bernal había compartido cautiverio en la rotonda.
En la extensa declaración, la testigo hizo más de una apelación al estado de libertad de los imputados. Les preguntó a los jueces cuántas personas tenían que declarar para condenarlos. También describió la actuación de la actual jueza Cosidoy, al contar que presionaba a sus familiares para que la obligaran a ella -presa en la cárcel de Devoto a firmar un arrepentimiento. Les decía que era la forma de conseguir la libertad, o al menos mejores condiciones de detención. Porque Bernal se negaba a arrepentirse, estuvo "cinco años y medio" sin tocar a su pequeña hija. "Este plan sistemático ilegal tenía otras patas, como la justicia. Una pata muy fuerte era Cosidoy", dijo la testigo.
Cuando habló de los efectos de la represión ilegal sobre su hija, fue un momento especialmente conmovedor. "Me enteré hace dos días adónde estuvo mi hija, porque hace 34 años que mi hija no puede hablar de esto", dijo la testigo, que hizo un largo silencio porque lloraba. "¿Qué les puedo ofrecer para curar las heridas a mi hija y a todos los que sufrieron como ella? Yo creo que este daño tiene que ser evaluado por el Tribunal".
Antes de irse, se acercó a Marcote, le gritó que la mirara a los ojos, y le tiró agua. Norma Ríos, Inés Cozzi y Mónica Garbuglia, que estaban en el público, se pararon a aplaudir. Pablo Álvarez gritó "cagón".
9 de febrero de 2011
8 de febrero de 2011
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declaró borda osella

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Declaración de Borda Osella. Feced, su tío.

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Argentina. Graciela Borda Osella es infaltable en la puerta de los Tribunales Federales, cada uno de los días de audiencias por la causa Díaz Bessone. Con paciencia, documenta con fotos los "aguantes", el espacio de acompañamiento a los testigos que sostienen integrantes del Espacio Juicio y Castigo. Después las sube a la red social facebook. Ayer, muy temprano a la madrugada, escribió en su muro: "Esperé 33 años y por fin es hoy". Poco después de las 12, fue su turno para sentarse en el tribunal. Contó que era sobrina del entonces interventor de la policía rosarina, Agustín Feced, ya que el represor era primo hermano de su padre. Graciela estaba embarazada de dos meses cuando fue secuestrada junto a su esposo y Mercedes Sanfilippo, a la que recordó como "una hermana". Cuando fueron a buscarlos a su casa, ella dijo del parentesco con el mandamás del Servicio de Informaciones. Por eso, la llevaron con mejores modales. Una vez en el centro clandestino de información, dijo que estaba embarazada, y le dieron una silla. "La escuchaba a Mercedes que gritaba que nos dejaran tranquilos, que no teníamos nada que ver", relató ayer, para contar que luego la mantuvieron en la rotonda, donde estuvo con su amiga y Cristina Bernal, la otra testigo de ayer. A las pocas horas de estar en el lugar perdió el embarazo.
"A la noche me llevaron a ver a mi tío, que se cansó de hablar mal de mi padre, de decir todo lo que le iba a hacer. Me preguntó por Mercedes y me dijo que cómo me metía con esa gente. Yo le dije: ’Pero tío, cuando fue el golpe la tuviste 48 horas detenida y después la largaste, no me digás que es guerrillera’", relató ayer su surrealista relato con el represor, al que siempre llamó "mi tío".
Feced despotricó contra el padre de la testigo, le dijo que era comunista. "’Tío, si vos te afiliaste con él a la Juventud Comunista’", le dijo Borda Osella. "Yo haciéndome la que no entendía nada. Creo que me creyeron, no sé. Me pasaron a una habitación con mi marido", continuó su relato. Estuvieron detenidos 6 días. Antes de ser liberada, se le acercó un hombre que hablaba como cura, que le decía que su detención había sido un error y que no se lo contara a nadie para no tener más problemas. Casi una amenaza. Sin embargo, ella le dijo que era la primera persona que la trataba bien, y le pidió verle la cara. El hombre le bajó la venda. Según contó ayer la testigo, en 1984 vio una foto del sacerdote Eugenio Zitelli en el diario La Capital, y era "idéntico" a aquel que le habló en el SI.
Junto a su marido, Graciela fue liberada el 25 de agosto a la madrugada. "Teníamos un miedo tremendo, porque habíamos oído hablar de que mataban gente simulando la fuga", relató ayer. Durante mucho tiempo, un represor que había conocido en el SI -"el Picha" la "visitó" en distintos lugares para hablar. Según relató ella ayer, fue él quien le contó que "a (Jorge Luis) Francesio lo habían fusilado en enero en Santa Fe". Francesio está desaparecido desde septiembre de 1977. Aunque Borda Osella no mencionó ayer más que el nombre de pila del represor, se trata de Eduardo Dogour.
Cuando se iba, Graciela se paró frente a los represores que siguen el juicio en la sala -Vergara, Marcote y Ricardo Chomicky y les gritó: "Encantada de verlos acá".
9 de febrero de 2011
8 de febrero de 2011
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restitución en montes de maría

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Entre la ilusión y el miedo. A pesar de la entrega de títulos y subsidios en Mampuján, la violencia, el miedo y la compra de miles de hectáreas para proyectos agroindustriales desvelan a los campesinos.

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Colombia. Los Montes de María fueron durante años el símbolo de la violencia. Cientos de masacres, como la de El Salado, Ovejas, Chengue o Las Brisas, que dejaron más de 200.000 campesinos desplazados en los tugurios de varias ciudades del país.
Por eso la entrega de 93 títulos de propiedad a desplazados de Mampuján, un corregimiento de María La Baja, Bolívar, y el lanzamiento de un plan de choque para la restitución en la región por Juan Camilo Restrepo, ministro de agricultura, el pasado fin de semana, empieza a abrirle una esperanza a estos campesinos que han sufrido tanto por la violencia en esta región.
"Ahora nos escuchan, a mí me titularon mi casa, mi finca, así no nos van a poder quitar tan fácil nuestras tierras", le dijo a VerdadAbierta.com Carmen, una de las beneficiarias de la titulación.
Carmen y otras 1450 personas huyeron de Mampuján el 10 y 11 de marzo de 2000, después de que paramilitares asesinaran 11 campesinos en Las Brisas, una vereda vecina, y les advirtieran que "el que no se fueran, lo mataban como perro".
La mayoría vive ahora en Maríalabaja, en un barrio que bautizaron La Rosa de Mampuján, y van a diario a sus tierras, a seis kilómetros de ahí, que poseían de manera informal desde hacía generaciones.
La estrategia del gobierno en los Montes de María pretende restituir la tierra despojada y crear por lo menos dos zonas de reserva campesina.
Éstas son un área delimitada en la que no hay posibilidades legales de que un propietario tenga más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF) —de extensión variable, según la calidad del suelo y la cercanía de mercados—. La idea es evitar el despojo y la concentración de las tierras.
Para proteger la propiedad campesina el ministro de Agricultura anunció documentar e investigar los casos de despojo y abandono, con un equipo integrado por la Fiscalía, la Procuraduría, la Fuerza Pública, el Incoder y la Superintendencia de Notariado y Registro, que ya revisó 1.400 folios de matrícula.
Desde ya 5.925 derechos de propiedad, más de 160 mil hectáreas, están protegidas en Bolívar y 1.935, casi 30 mil hectáreas, en Sucre. La estrategia también contempla restituir tierras, formalizar la propiedad, que muchas veces los campesinos poseen desde generaciones sin títulos, adjudicar baldíos que quedan en la región e impulsar proyectos productivos.
El proyecto en Bolívar tiene un presupuesto de 1.115 millones de pesos y cubrirá El Carmen de Bolívar, San Jacinto, Zambrano, El Guamo, María La Baja, Arjona y Turbaco, atenderá a 800 personas. En Sucre el plan de choque se va a centrar sobre Toluviejo, San Onofre, Colosó, Ovejas, Los Palmitos y Morroa, con un costo de 552 millones de pesos que beneficiarán a mil personas.

El Temor por las Tierras
Pero más allá de los discursos y de las cifras, el miedo todavía ronda entre los campesinos. En parte por las compras masivas de tierras para cultivar hectáreas de palma y teca, también por los herederos de los ‘paras’, y a que el Estado sólo les entregue un pedazo de papel.
"Nos inquieta la llegada de la palma, antes sólo había pancoger (los cultivos de productos subsistencia). Por el Viso y San Onofre, en la parte plana, se está llenando de palma. Va a llegar un momento en que ya no se va a producir nada, no va a servir de nada la palma ahí", le dijo Carmen a VerdadAbierta.com.
Desde que los ‘paras’ se desmovilizaron, en 2005, el precio de la tierra se ha disparado. Según varios campesinos, hace 10 años una hectárea costaba máximo 300.000 pesos. Ahora ofrecen tres, cuatro y hasta seis millones de pesos.
Por el desplazamiento, las tierras "descansaron", hay grandes ciénagas como la de María La Baja para riego y están cerca de Cartagena, uno de los principales puertos de exportación. Un informe del Observatorio de los Montes de María calcula que en María La Baja los cultivos de palma han aumentado más de 200 por ciento desde 2003, y se prevé que lleguen a 10.000 hectáreas en unos años.
Tras más de 10 años de abandono, para que estos campesinos regresen a sus tierras se requiere inversiones que no están al alcance de su bolsillo."Eso es puro monte, además no hay agua, electricidad, hay que hacer el riego, empezar de cero", contó un campesino a VerdadAbierta.com. Para un desplazado, muchas veces es más realista vender que volver.
Algunos agricultores también dijeron que, con el desplazamiento, perdieron años de ingresos, por este motivo no pudieron pagar sus deudas y les queda difícil negarse a vender sus predios.
Gabriel Pulido, líder de la comunidad de Mampuján, resumió la situación diciéndolo al ministro Restrepo: "No éramos ricos, pero teníamos autonomía".
El Observatorio de los Montes de María calcula que el 59 por ciento de las necesidades de la población no está satisfecha con lo que se ha hecho en la región para paliar las consecuencias de la guerra y, en Bolívar, 20 por ciento de los menores de 5 años tiene riesgo de desnutrición.
Por eso, muchos campesinos le dijeron a los representantes del gobierno Santos que fueron a la entrega de títulos, entre ellos el vicepresidente Angelino Garzón, que es importante blindar la propiedad en los Montes de María, titulando los predios, pero también se necesita ayuda e inversiones en vivienda, educación, salud e infraestructura.
Mampuján fue pionera en Justicia y Paz. En junio pasado, un juez dictó la primera condena del proceso contra Edwar Cobos, alias ‘Diego Vecino’ y Úber Bánquez, alias ‘Juancho Dique’ por la masacre y el desplazamiento en el pueblo.
Además de ocho años de cárcel a los dos ex jefes ‘paras’ y reparación, la sentencia especificó que había que superar las condiciones de pobreza que existían antes de la llegada de los ‘paras’ para garantizar el retorno. En el juicio los gobiernos nacionales y locales se comprometieron a hacer inversiones. Sin embargo, seis meses después, para los campesinos los avances no han sido muchos.
"Los subsidios no son suficientes, el gobernador adquirió compromisos, la administración municipal también, rellenar las calles, poner alcantarillas, cunetas. Es sencillo, falta es voluntad", dijo Gabriel Pulido.

El Fantasma de la Guerra
En los Montes de María ya no hay masacres como hace 10 años, tampoco desplazamientos masivos. Pero con los asesinatos de líderes campesinos y la presencia de bandas criminales, a muchos les parece un mal chiste cuando el gobierno los insta a organizarse y a denunciar.
"No le veo sentido a denunciar, el que denuncia lo encuentran tieso en una esquina. En Colombia el que habla peca", dijo Carmen, una sobreviviente de Mampuján.
En Sucre y en Bolívar hay Águilas Negras, Rastrojos, Paisas y Urabeños. Desde 2005 por lo menos seis líderes de tierras han sido asesinados y las rutas hacia el Golfo de Morrosquillo siguen siendo igual de atractivas para los narcotraficantes que antes de la desmovilización.
Aunque el gobierno ha hecho grandes esfuerzos y los Montes de María es una de las principales zonas de consolidación de la Fuerza Pública, Cristian, un campesino de Mampuján afirmó: "Por mucha ley que haya, hay momentos que vamos a estar solos. Y cuando el ratón duerme, el tigre sale. Hay temor de que se repita la historia, se escucha que hay grupos allá, ya tuvimos suerte de salir con vida la primera vez, no nos queremos exponer". Ellos ya arriesgaron la vida varias veces y no quieren volver a hacerlo.
9 de febrero de 2011
8 de febrero de 2011
©verdad abierta

piden perpetua para patti

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La Secretaría de Derechos Humanos pidió prisión perpetua en cárcel común para Luis Patti y otros represores. El ex intendente de Escobar fue acusado por el asesinato de Gastón Gonçalves y otros delitos de lesa humanidad. Como los abogados de las víctimas, la Secretaría de Derechos Humanos enmarcó la acusación en un genocidio y pidió que la figura se incorpore a la ley.

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[Alejandra Dandan] Argentina. La acusación a Luis Abelardo Patti está a punto de terminar. Ayer, a un día de la última jornada de alegatos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación acusó al ex intendente de Escobar del asesinato de Gastón Gonçalves, entre otros cargos, y pidió para él y el resto de los represores imputados la pena de prisión perpetua en cárcel común. Tal como sucedió con las querellas de los familiares de las víctimas, la secretaría presentó la acusación en el "marco de un genocidio". Para eso amplió los fundamentos que hasta ahora viene repitiendo en los pedidos de condenas y exhortó además al Congreso a "adecuar definitivamente nuestra legislación positiva interna a los tratados internacionales que el Estado argentino ha ratificado".
El juicio volvió a empezar en el auditorio municipal de José León Suárez, en medio de un descampado, a dos cuadras de donde los cartoneros del Tren Blanco cuentan con las guarderías para los niños y sobre el mismo lugar que hace años recorrió uno de los testigos del juicio, a horas de los fusilamientos del ’56. Nuevamente, Patti estuvo ausente de la sala. La jueza Lucila Larrandart lo nombró cuando el único de sus dos abogados que estuvo en la audiencia de pronto desapareció de la silla para ir al baño. "¿Dónde está la defensa de Patti?", preguntó impetuosa la presidenta del Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín y, ante la novedad, ordenó un cuarto intermedio en la sala.
Antes del alegato de la Secretaría de Derechos Humanos, los abogados Ana Oberlin y Pablo Llonto terminaron la acusación que habían empezado el jueves pasado. Como representantes de las familias de Gastón Gonçalves, los hermanos Guillermo y Luis D’Amico y Diego Muniz Barreto, los abogados presentaron las pruebas del caso del ex diputado: su secuestro, la detención ilegal en la comisaría de Escobar, las torturas, el traslado al centro clandestino de Campo de Mayo y el homicidio dentro de un auto que arrojaron al río. Al terminar, Ana Oberlin –como hizo luego la Secretaría de Derechos Humanos– pidió prisión perpetua en el marco de un genocidio para los cinco imputados: Patti, Fernando Meneghini, Martín Rodríguez, Reynaldo Bignone y Omar Riveros. Como publicó ayer este diario, acusó a Patti por el homicidio agravado por alevosía de Gastón Gonçalves, y además por privación ilegal de la libertad agravada en los casos de Gonçalves, Muniz Barreto, los hermanos D’Amico y sus padres; aplicación de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos; y allanamiento ilegal de la casa de los D’Amico. Para todos pidió cárcel común y la suspensión de los beneficios de la jubilación. Antes del final dejó los papeles a un lado y habló cara a cara con el Tribunal. "Espero –les dijo–- que haya tenido sentido todo esto para todos los testigos que valientemente se acercaron a contar todo lo que vivieron, a conectar las piezas de este rompecabezas... Esperamos que haya tenido sentido que los familiares hayan venido a todas las audiencias y se hayan sentado a escuchar una y otra vez las cosas terribles que pasaron con sus familias." Agregó que esto no va a hacer que la ausencia cotidiana de las víctimas deje de pesar; "eso es parte de lo irreparable. Pero lo que sí se puede hacer es devolverles a sus familias la credibilidad: demostrarles que ustedes, señores jueces, no son un nuevo eslabón en la cadena de impunidades o de mentiras que sufrieron todos estos años. Por eso les pedimos que la sentencia esté impregnada de memoria y de verdad y, sobre todo, de una vez por todas, de justicia."
Ciro Annicchiarico y Rosario Alvarez Garriga presentaron después la acusación de la Secretaría de Derechos Humanos en "nombre de todas las víctimas del terrorismo de Estado que hubo en el país". Annicchiarico, que ya había acusado "en el marco de un genocidio" cuando estuvo al frente de la querella en el caso de Floreal Avellaneda, agregó en esta ocasión nuevos fundamentos. Entre ellos, parte de las lecturas que están revisando las definiciones del Estatuto de Roma y de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Por caso, la lectura del francés Yves Ternon y el argentino Daniel Feierstein, cuyas miradas permiten ampliar la restringida categoría del "grupo nacional" como víctima necesaria para configurar el delito de genocidio, para pensar en cualquier grupo de un país o nación, donde la característica de "grupo" es determinada por el violador o represor, según sintetiza Annicchiarico a pedido de Página/12. "Es el agresor el que determina cuál es el grupo", dice, en un esquema en el que sigue la interpretación que abrió el juez Baltasar Garzón en el fallo "Pinochet", seguido por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata en las sentencias de los casos "Etchecolatz", "Von Wernich" y "Unidad Nº 9".
Para el caso argentino, y a partir de esas lecturas, dijo el abogado, "el plan sistemático de exterminio estuvo dirigido a la destrucción de una parte, un grupo diferenciado de la Nación argentina, caracterizado por los perpetradores como ‘delincuentes subversivos’, opositores al régimen, quienes, según los agentes del Estado terrorista, amenazaban el modo de existencia ‘occidental y cristiano’". Pretendieron "destruir los lazos de solidaridad y protesta social, para la imposición de nuevas relaciones caracterizadas por la atomización y el individualismo, en el marco de un determinado modelo económico social". Esa descripción, según el abogado, permite decir que los delitos de lesa humanidad cometidos en el país se perpetraron en el marco de un genocidio, pero hasta tanto no haya legislación positiva, a su criterio, no puede acusarse a los represores por genocidio. Eso que sí hizo la fiscalía de Alejandro Alagia en la causa "Atlético-Banco-Olimpo" no fue reproducido en este caso por dos razones. Primero, explicaron, porque los acusados no fueron indagados por ese delito. Y segundo, porque no está prevista la pena. Aun así, lo que se pidió intenta abrir los caminos que faltan recorrer: "Queremos que el tribunal reconozca que hubo un genocidio en la Argentina".
9 de febrero de 2011
8 de febrero de 2011
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dónde está lópez 47

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No hallaron rastros de Julio López. Ayer continuó sin resultados la búsqueda en la estación Pereyra de La Plata. Tras la aparición de un nuevo testigo, la fiscalía volvió a revisar la zona examinada la semana pasada. Pese a la citación judicial, siguen sin presentarse el informante y el abogado que aportaron los primeros supuestos datos.

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[Adriana Meyer] Argentina. Tras el fracaso de la semana pasada en la búsqueda de Jorge Julio López en base a información aportada al Ministerio de Seguridad bonaerense por un supuesto testigo, ayer la fiscalía volvió a revisar un sector cercano a la estación Pereyra. Es que esa repartición pública acercó un nuevo testigo que dijo haber visto tierra removida hace dos años a pocos metros de la parada ferroviaria ubicada en el Parque Pereyra Iraola. Una vez más, los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) revisaron el lugar con elementos de alta tecnología, pero el resultado volvió a ser negativo. Mientras tanto, ni el testigo cuyos dichos impulsaron el operativo del martes pasado ni su mediático abogado se presentaron a la citación oficial de la Unidad Fiscal Especial de Derechos Humanos, ni lo harían en las próximas horas, porque dicen no tener "garantías".
El viernes pasado, cuando el fiscal Hernán Schapiro se disponía a cerrar el procedimiento que había durado tres días, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Ricardo Casal, se comunicó con el fiscal federal Carlos Dulau Dumm, de la misma Unidad Fiscal, porque había aparecido otro testigo que estaba en camino. Un señor que había bajado en la estación Ringuelet pasó por Pereyra y al ver el gran despliegue recordó que dos años antes había visto allí un montículo de tierra removida, a unos 40 metros por un camino de asfalto, pero en medio del monte. Apenas bajó del tren comentó esto a un guardia, que a su vez lo hizo llegar al 911. Según explicó a Página/12 una fuente del caso, el hombre vive en la zona y tuvo la buena intención de colaborar.
En el lugar que marcó había un árbol caído, lo que en principio dificultó las tareas ordenadas por la fiscalía, con la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Federal, pero finalmente los miembros del EAAF excavaron en cuatro o cinco puntos marcados por el georradar. Encontraron diversos elementos, como una parrilla, pero nada de interés para hallar a López. La jornada había comenzado con otra llamada de Casal en la que decía tener datos aportados por una nieta recuperada, pero a la tarde la información ya provenía del nuevo testigo. Por su parte, familiares del albañil desaparecido pidieron "cautela" en el manejo de la información, para no repetir la ansiedad que vivieron en el anterior procedimiento, que había comenzado con la noticia en un portal de Internet y en la conferencia de prensa de Casal y el gobernador Daniel Scioli en la Casa de Gobierno provincial.
En la noche del viernes apareció en televisión alguien que se hizo llamar "Facundo", acompañado por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten. Además de afirmar que "Julio López está muerto y enterrado en esa estación de trenes", que creía que lo secuestraron por haber acusado al genocida Miguel Etchecolatz y que obtuvo el dato de una persona de su confianza, que a su vez lo supo "de las internas de la Policía Bonaerense", opinó que los investigadores no estaban buscando en el lugar que él había indicado. Durante el fin de semana, en otra entrevista, especificó que López estaría "debajo de las baldosas de la estación". Página/12 confirmó que en los operativos, además del georradar, se usó un GP 200 que aportó la Aduana, que detecta moléculas de sangre, también participaron bomberos y perros, más allá del perímetro señalado. La fuente consultada enfatizó que "se buscó exhaustivamente en toda la estructura de la estación, y donde el testigo apuntó es donde más se buscó, sólo que no se vio por televisión".
9 de febrero de 2011
8 de febrero de 2011
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rodaron cabezas en la bonaerense

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La comisaría de José León Suárez fue intervenida y quince policías fueron separados de la fuerza. El gobierno provincial puso a disposición de la Justicia a quince efectivos que participaron de la represión en el presunto intento de saqueo a un tren la semana pasada.

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[Carlos Rodríguez] Argentina. A cuatro días de los sucesos de José León Suárez, el gobierno bonaerense resolvió intervenir la comisaría cuarta de esa localidad y puso "a disposición de la Justicia" a quince de los policías que participaron en los sucesos que terminaron con el asesinato de dos jóvenes y en los cuales resultó herido de gravedad un tercero que continúa internado en terapia intensiva. El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, quien anunció que hoy se reunirán con familiares de las víctimas. Fuentes allegadas a la investigación le dijeron a Página/12 que hay al menos un par de testigos de identidad reservada que podrían aportar datos sobre cómo fue la represión policial. Las autopsias habrían determinado que los dos chicos muertos, Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Ramos, de 17, fueron asesinados "desde una corta distancia" con disparos de postas de plomo de las que se utilizan en las escopetas calibres 12/70 que usan habitualmente los policías de la provincia de Buenos Aires.
"Hay muchos testimonios que desvirtúan lo dicho por la policía en el sentido de que hubo un enfrentamiento armado con personas que querían robar el tren que había descarrilado. Es posible que haya habido algunas personas que se acercaron a los vagones con fines de robo (existe un video presentado como prueba), pero lo que está confirmado por los testimonios es que los tres chicos que fueron víctimas no tuvieran nada que ver ni con los robos ni con ningún supuesto enfrentamiento", declaró una fuente del barrio De la Cárcova, que hace de nexo entre los familiares de los chicos asesinados y la prensa.
Algunos vecinos se reunieron ayer con el fiscal Raúl Soracco, uno de los que está al frente de la causa, quien estuvo trabajando en el barrio durante toda la jornada. "Las reuniones con los fiscales tienen que ver con la presentación de testigos presenciales, cuyos nombres se preservan por razones de seguridad. Hay mucho miedo entre la gente del barrio y por eso hay que manejarse con mucho criterio", precisó otro de los voceros que colaboran con los vecinos. Mañana, durante la marcha que se realizará a partir de las 17 serán inaugurados dos monolitos para recordar a los chicos asesinados el jueves.
Ayer se conoció la decisión del gobierno bonaerense de intervenir la comisaría cuarta y de "poner a disposición de la Justicia a 15 policías" que participaron en la represión que siguió al descarrilamiento del tren de carga de la empresa Nuevo Central Argentino (NCA). Siete vagones de los 32 salieron de las vías en el cruce con el canal José León Suárez. Esto ocurrió a las 14 del jueves y una hora y media después comenzó la represión policial. Según dijeron los ahora ex jefes de la comisaría cuarta y el ministro Casal, los policías "repelieron el ataque perpetrado por una banda organizada que hizo descarrilar el tren con fines de robo". Ese punto, el de si fue un descarrilamiento provocado o accidental, todavía no fue determinado fehacientemente por la Justicia.
Hoy se reveló la existencia de un video, realizado con un celular, en el cual se ve correr a muchos jóvenes hacia el tren descarrilado. Las imágenes señalan la presencia de armas de fuego en manos de dos o tres personas que se están acercando al lugar del descarrilamiento. Desde el comienzo los vecinos del barrio denunciaron "la existencia de ‘transas’" presuntamente vinculados a la policía local "que podrían haber tirado, pero esto no tiene nada que ver con los tres chicos que fueron baleados". Al principio, la policía dijo que hubo heridos de bala entre sus filas, pero eso fue desmentido por los fiscales del caso.
El ministro Casal aseguró que hay patrulleros que recibieron balazos "en los baúles, en las puertas y en los vidrios". Por ahora, al menos a nivel periodístico, no se han mostrado imágenes de esos móviles policiales. Los testigos presenciales del barrio le dijeron a Página/12 que hubo tres lugares desde los cuales dispararon los policías bonaerenses. "Primero lo hicieron desde unos montículos que hay a unos 15 metros de las vías, cerca de un ‘cementerio’ de autos robados que hay en la zona. Luego dispararon contra el barrio desde arriba de los durmientes de las vías y también hicieron disparos los ocupantes de al menos dos motos del puesto caminero del Camino del Buen Ayre, que en un momento dado entraron al barrio", le comentaron a este diario fuentes cercanas a las familias afectadas.
"A mi hijo lo mató la policía y lo único que quiero es que se haga justicia", le dijo a este diario la madre de Mauricio Ramos.
El ministro Casal adelantó que hoy varios funcionarios se reunirán con los familiares de las víctimas, aunque la mamá de Ramos le dijo a este diario que no había tenido "ningún contacto" para invitarla a ese encuentro. Según Casal, a la reunión irían funcionarios de su cartera y el jefe de la Policía Bonaerense, Juan Carlos Paggi. Estarán presentes el subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín, y el titular del Centro de Protección de los Derechos de las Víctimas, Alberto Palacio, quien ya estuvo antes en el barrio.
Al frente de la seccional cuarta, que fue intervenida, quedó designado el comisario inspector Claudio Ignacio Chirino. El ministro Casal precisó que, a través de Asuntos Internos, se dispuso la "desafectación del suboficial que reconoció haber disparado con otros cartuchos (se refiere a los de plomo) no autorizados". El uniformado quedó a disposición del fiscal general de San Martín, Marcelo Sendot. De todos modos la sanción contra ese oficial y contra los otros 15 que fueron declarados en disponibilidad preventiva son simples "medidas administrativas, porque por ahora procesalmente la Justicia no ha tomado ninguna medida en contra de ningún policía". Lo que se hizo fue secuestrar las 45 armas cortas y largas en manos de los uniformados que estuvieron el jueves en José León Suárez. Todos ellos fueron identificados.
Casal comentó ayer que hay otros 15 desafectados "a la espera de la resolución judicial". De acuerdo con los resultados de las autopsias, los chicos asesinados presentaban "impactos de postas de guerra (plomo) que fueron disparadas con escopetas calibre 12/70", de uso habitual entre los policías bonaerenses. La fiscalía ya les tomó declaración a unos cincuenta testigos, entre ellos a una mujer que bajo identidad reservada aportó "datos de importancia sobre la actuación policial".
Lo que trascendió es que la testigo dijo que "al principio llegaron unos pocos policías que tiraban gases lacrimógenos y postas de goma, pero enseguida se fueron y llegaron otros que, cuando los incidentes llevaban unas dos horas, comenzaron a disparar con perdigones de plomo". En ese momento, recién habría intervenido "un grupo de ‘transas’", que se dedican en el barrio al tráfico de drogas, que habrían disparado contra los policías. Los vecinos tienen miedo de hablar porque "acá o te mata la policía por nada o los ‘transas’ te queman la casa".
9 de febrero de 2011
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