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servidumbre en el campo


Un informe oficial revela cómo funciona el sistema de explotación laboral de las grandes empresas en el campo. La Oficina sobre trata del Ministerio de Justicia dictaminó que está probada la existencia de ese delito.
[Emilio Ruchansky] Argentina. Por primera vez desde que se difundió la situación infrahumana de miles de peones golondrina, un informe oficial revela las prácticas sistemáticas de las empresas multinacionales que los explotan. Fue elaborado por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia nacional y demuestra cómo son reclutados en su lugar de origen a partir de engaños y falta de información. Los que quieren irse al ver las pésimas condiciones son amenazados y presionados por capataces e ingenieros, desfloran maíz aunque estén enfermos y cocinan carne podrida por la que pagan el doble del precio de mercado. En el informe al que accedió Página/12 se habla de "trabajadores", siempre entre comillas, porque para los especialistas "en verdad son víctimas del delito de trata de personas".
Los campos en los que fueron entrevistados cientos de peones son El Algarrobo y La Luisa, en la ciudad de San Pedro, explotados por Nidera y Southern Seed Production (SSP) respectivamente, y las estancias Santa Celestina I y II de la empresa Satus Ager en Ramallo. Las tres gigantescas semilleras contratan a la multinacional Adecco, proveedora de "recursos humanos", para hacer buena parte del trabajo de reclutamiento, según confirmó el personal de la Oficina de Rescate en Santiago del Estero. Allí empiezan las penurias de los peones, contactados por coterráneos suyos o "cabecillas", como se menciona en el informe, en pueblos muy pobres como Río Hondo, Pozuelos, Ycaña, Añatuya, Herrera, Loreto y Colonia Dora.
El cabecilla responde a un contratista, quien le pide formar una cuadrilla de entre 14 y 19 personas y luego "los ficha", es decir, les toma los datos. En este punto aparece el primer peaje. "El ‘contratista’ recibiría una comisión por cada ‘trabajador contratado’ que sería abonada por cada ‘trabajador’ y cuya suma oscilaría entre 25 y 40 cuarenta pesos", dice el informe referido a la estancia La Celestina II, aunque este peaje se repite en los testimonios recogidos en otros campos.
"Con respecto a la información recibida por parte del ‘contratista’, todos comentaron que sabían que iban a desflorar el maíz, pero indicaron que desconocían las condiciones de trabajo, de vivienda y el destino o lugar de trabajo, como tampoco fueron informados acerca de la cantidad de días de trabajo, la extensión de la jornada laboral, la remuneración final, la modalidad de cobro y otras condiciones", agrega el informe.
"Cuanto menos sepan, mejor." Así lo advierte Mariana Schvartz, coordinadora del Equipo Técnico de la Oficina de Rescate. "Muy pocos sabían que los contrataba Adecco y sabían porque ya habían viajado antes para el desflore", comenta. En el "viaje", que también merece sus comillas, no se les ofrece refrigerio y los micros, según los testimonios citados, no cuentan con ventilación adecuada y muchas veces no hay asientos para todos. El "viaje" dura 14 horas.
Una vez en el lugar, los "trabajadores" se enteran de que no tendrán sábanas ni frazadas para dormir ni materiales de trabajo; ellos deberán comprarlos. Además, en todos los campos los "trabajadores" contaron que se les asignan 24 o 25 pesos "en crédito por día para alimentos y elementos de higiene, refirieron que el importe total sería descontado del pago final, sin recibir el dinero mencionado en mano". Al proveedor lo elige la empresa y cobra el doble. Un par de alpargatas a 60 pesos, por ejemplo.
La comida suele estar vencida. "La carne, el único alimento fresco que recibirían, según expresaron los trabajadores, llegaba en mal estado, en una camioneta no refrigerada y en bolsas de consorcio", dice el informe. Ningún campamento tiene heladera. En verdad ni siquiera tienen luz. Se cocina con ramas y troncos porque tampoco se provee gas. No hay baños ni duchas ni un sistema de distribución de agua potable. Los "trabajadores" eligen un árbol y con bolsas y trapos arman la cortina de baño.
¿Y qué pasa si alguien quiere volverse? Según el informe, las víctimas son presionadas para no hacerlo. En la estancia El Algarrobo, el capataz les habría señalado: "El que pase los límites del predio o cruza a campo traviesa puede recibir un tiro". En otras estancias, les dicen que los vecinos de otros campos dispararán si traspasan la propiedad.
Pero la amenaza más común es económica: "Ante la solicitud de retirarse, deberían abandonar el lugar todos los integrantes de la cuadrilla, con el consecuente perjuicio para el resto de los ‘trabajadores’; esta amenaza conlleva enfrentamientos entre quienes ‘trabajan’ confiando en que se les pagará lo prometido y quienes manifiestan sus deseos de retirarse por las malas condiciones. El enfrentamiento entre las víctimas es una modalidad frecuente en este tipo de organizaciones delictivas".
Según declararon varias víctimas, la empresa Adecco les cobraba la suma de 600 pesos si querían irse antes del desflore "en concepto de traslado a sus lugares de origen, desconociendo si les abonarían los días trabajados".
Además de dedicarse a las tareas del campo, el cabecilla de cada cuadrilla tiene comunicación diaria con los capataces, enseña a desflorar el maíz a los nuevos "trabajadores", controla a sus compañeros y registra los pedidos para el proveedor.
Supuestamente se paga 1300 pesos por hectárea a desflorar. "Pero ninguno de los ‘trabajadores’ sabe cuándo se hallaría completa la hectárea, siendo el ‘ingeniero’ quien calcula la finalización de la misma", dice el informe. La misma hectárea puede ser repasada tres veces sin cobrar adicional. Cada repaso dura dos o tres días y, en algunos casos, se les exige ocho repasos por hectárea.
Los capataces viven separados de las cuadrillas y en condiciones "notablemente superiores". Como tienen electricidad algunos les cobran dos pesos para cargar la batería del celular a los peones. Además de controlar las faenas, pueden suministrar medicación sin prescripción médica ante intoxicaciones por agroquímicos, picaduras de alacranes y víboras o por las diarreas que provoca la comida en mal estado y el agua no potable. Los "trabajadores" deben pagar esos remedios.
Entre los testimonios, se denuncia el caso de un hombre que se quebró varias costillas y debió "trabajar" una semana más porque le negaban la atención, al igual que otro con varicela. El que decide sobre estos temas es el ingeniero agrónomo, el mismo que manda a apretar a los que se quejan. Motivos sobran: el horario de tareas es de 5.30 a 13 y de 14 a 20 de lunes a lunes, sin descanso ni francos. Se desflora aunque llueva.
"Se observó en muchos de los ‘trabajadores’ actitudes de sumisión y de resignación, como consecuencia del entorno abusivo al que se encuentran expuestos –dice el informe–. Se puede inferir una relación directa entre estos rasgos de personalidad y determinadas prácticas habituales propias de la explotación de jornaleros rurales: mala alimentación, hacinamiento, falta de descanso, de higiene, de privacidad, de esparcimiento, etcétera."
Nadie sabe cuándo volverá a casa. Depende de "las expectativas de producción de los responsables de la finca", dicen el informe tras citar una serie de situaciones comunes a los campos de Satus, SSP y Nidera.
"La totalidad de los ‘trabajadores’ expresó que habían sido trasladados desde un campamento a otro en un camión de la empresa, en condiciones muy precarias, ya que habían tenido que viajar parados, en horario nocturno", comenta el informe. Y agrega: "La mayoría no pudo precisar la ubicación de la estancia, ni la localidad en la que se encontraban. En algunos casos ni siquiera conocían que estaban en la provincia de Buenos Aires".
Cuando el ingeniero agrónomo decide que se terminó el "trabajo", suele aparecer el dinero. Sólo los que ya "trabajaron" para Adecco aseguran que hay tres formas de pago. Una es recibir la plata en mano el día antes de irse, otra incluye un traslado a una entidad bancaria "llevando consigo un ‘recibo’ que les fue entregado antes por algún responsable de la empresa". La tercera forma de pago es recibir el dinero al regresar a Santiago del Estero.
"Hay una ausencia total de autonomía de las personas que se hallaban en las estancias", concluye el informe. A los pocos que "viajaron" con dinero encima y pudieron guardar cierta cantidad no les alcanza para volverse. "De este modo, se torna evidente que la promesa de pago al final de la temporada resulta de vital importancia para retener a los trabajadores en el lugar", explica el informe. Es por la captación en el lugar de origen, el engaño en la contratación, el traslado y explotación posterior que la Oficina de Rescate considera probado el delito de trata de personas.
10 de febrero de 2011
9 de febrero de 2011
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registrar las torturas es un deber


Los defensores públicos nacionales de todo el país estarán obligados a partir de marzo a informar los hechos de torturas a detenidos que se produzcan en las cárceles y en la vía pública por parte de las fuerzas de seguridad, a fin de conformar un registro nacional. La nueva unidad registrará también situaciones de deficiencia estructural en las condiciones de detención.
Argentina. La llamada ‘Unidad de registro, sistematización y seguimiento de hechos de tortura y otras formas de violencia institucional’ fue creada por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, a través de una resolución firmada en diciembre último.
En los considerandos, Martínez afirma que "la tortura, la violencia institucional y las condiciones inhumanas de detención que pueden producirse durante las privaciones de libertad o durante otras intervenciones de agentes estatales en espacios públicos, constituyen algunas de las más graves afrentas contra la vigencia de los derechos fundamentales".
Según el protocolo de actuación que se fijó, se deben informar las torturas ocurridas en unidades de detención del Servicio Penitenciario Federal, en escuadrones de Gendarmería Nacional y de Prefectura Naval así como en comisarías de la Policía Federal.
También están incluidas las cárceles provinciales, cuando las víctimas se encuentren a disposición de la justicia federal. Además, deben registrarse hechos ocurridos en la vía pública cuando fueran ejecutados por funcionarios de las mismas fuerzas y también de la Policía Metropolitana, que actúa en la Capital Federal.
Tras tomar conocimiento del hecho, los defensores deben colocar los datos en una planilla y remitirla en sobre cerrado al secretario de la Unidad, en un plazo no mayor a tres días corridos de ocurrido el hecho o del momento en el cual obtienen la información.
Además, los defensores tienen que adoptar todos los recaudos para resguardar la integridad psicofísica de la víctima y cuidar que no quede expuesta a represalias. El defensor debe hacer saber al secretario de la Unidad si el juez correspondiente fue notificado de los hechos y si se interpuso habeas corpus, con qué argumentos y el estado del trámite.
También, en caso de ser viable, debe procurar obtener fotografías o videos de las lesiones sufridas, así como del lugar de los hechos. La nueva unidad registrará también situaciones de deficiencia estructural en las condiciones de detención que ocurran en los lugares incluidos en la esfera de su competencia y deberá intervenir cuando esto se convierta en "tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".
Toda la información recabada e informada a la unidad será derivada al programa o comisión que corresponda y, con posterioridad, se deberá realizar un informe anual exhaustivo sobre todo lo actuado en esta materia.
10 de febrero de 2011
9 de febrero de 2011
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represores amenazan a periodista


Una amenaza con nombre y apellido en Uruguay. Un grupo que defiende a represores publicó datos de un periodista.
Uruguay. Una agrupación de militares retirados uruguayos que reivindica el accionar durante la dictadura publicó en Internet datos personales del periodista Roger Rodríguez, del diario ‘La República’. La semana pasada, el autodenominado Foro Libertad y Concordia apareció en la escena política uruguaya con la divulgación de un comunicado en el que denunció una situación de "hostigamiento social" contra los militares juzgados por crímenes de lesa humanidad.
La agrupación, que reivindica la actuación durante la última dictadura (1973-1985), se propone que "la gente sepa dónde vive y dónde trabaja, de repente precisan hablar con él, como es un hombre tan inquieto", señaló con ironía el teniente coronel retirado Héctor Varela.
La publicación de los militares dice que "Juan Roger Rodríguez Chanardi es a ratos periodista del pasquín difamatorio "La República", en otras ’Investigador privado sin patente’ y testigo de oídas (cuando lo dejan). De algo hay que vivir y este es su curro". "El citado es hijo de Hermes Rodríguez y Teresa Chanardi, teniendo como cédula de identidad N° X.XXX.XXX-X. Vivía en la calle XXXX N° XXXX. Teléfono XXXX-XXXX y es nacido el 1° de febrero de 1960. Se solicita a los miembros del grupo de Apoyo al Foro, confirmar la ubicación de la calle XXXX. Gracias", culmina la publicación.
"Yo no publiqué ninguna amenaza, yo publiqué una información", agregó Varela, uno de los primeros que ha asumido ser miembro de esa organización que dice representar a unas 1000 personas.
Roger Rodríguez es uno de los periodistas uruguayos que más ha investigado y denunciado los crímenes cometidos por miembros de la última dictadura y sus aportes han servido para enviar a varios responsables a la cárcel, tanto en Uruguay como en la Argentina y Brasil.
El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) evaluó hoy que el mensaje publicado en Internet contra Rodríguez "constituye una velada amenaza a su seguridad personal, que preocupa a quienes buscan la justicia y la verdad para poder afianzar la democracia".
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) repudió el hecho y también emitió un comunicado de apoyo a Roger Rodríguez, a la vez que alertó a las autoridades del Ministerio del Interior. "APU rechaza bajo cualquier circunstancia el intento de intimidación y amenaza contra los trabajadores en el libre desempeño de su tarea de investigación, expresión y difusión a la opinión pública", señala el sindicato de los periodistas de Uruguay.
El Foro Libertad y Concordia apareció en la escena política uruguaya la semana pasada con la divulgación de un comunicado en el que denunció una situación de "hostigamiento social" y consideró que muchos militares son "víctimas del afán incriminatorio por parte de algunos jueces y fiscales" que investigan crímenes cometidos en aquellos años de dictadura.
Este martes, sin embargo, en una nueva nota aclara que sienten "orgullo del sistema democrático, del gobierno nacional y de la convivencia pacífica, basada en la amplia libertad de expresión que goza la ciudadanía".
No comparten "las resoluciones adoptadas por la Justicia en los casos que se tiene conocimiento de los autos de procesamiento, dirimidos en perjuicio de militares que intervinieron en la lucha antisubversiva". Varios militares empezaron a desfilar este martes por tribunales de la justicia civil de Uruguay al reabrirse algunos casos de violaciones de los derechos humanos.
10 de febrero de 2011
9 de febrero de 2011
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juez acusado por robo de bebé


Un juez al banquillo por avalar el robo de bebés.
Argentina. Luis María Vera Candioti, ex juez de menores de Santa Fe, se convirtió en el primer magistrado procesado por haber dado marco legal a la adopción ilegal de una hija de desaparecidos durante la dictadura. Es por el caso de la ahora nieta recuperada Paula Cortassa, quien sobrevivió al sangriento secuestro de sus padres Enrique y Blanca Zapata en febrero de 1977 y luego fue dada en adopción bajo el nombre María Carolina Guallane.
Junto a Vera Candioti, el juez federal de Santa Fe, Reynaldo Rodríguez, procesó en la misma causa al ex coronel Carlos Enrique Pavón, quien fraguó los documentos al entregar a la niña a la justicia cuando se desempeñaba como teniente primero en el Centro de Operaciones Tácticas del Área de Defensa 212, bajo las órdenes del coronel Juan Orlando Rolón.
Vera Candioti era juez de menores cuando en 1977 dio en adopción a la ahora nieta recuperada Paula Cortassa a una familia de la localidad de Venado Tuerto que, a diferencia de él, ignoraba el origen de la menor.
"No hay antecedentes de jueces procesados por el delito de apropiación y sustracción de identidad", indicó la Unidad Fiscal de Seguimiento de Juicios por Delitos de Lesa Humanidad, al informar del procesamiento, producido el 2 de febrero.
Paula Cortassa, de 18 meses, sobrevivió al sangriento secuestro de sus padres Enrique y Blanca Zapata en febrero de 1977, hecho en el que también fue asesinada Cristina Ruiz de Ziccardi, otra militante que vivía en la misma con sus hijos de 5 y 2 años. Los tres niños sobrevivientes de la masacre fueron entregados al juzgado de menores de la ciudad de Santa Fe que tenía a cargo Vera Candioti, pero a diferencia de los hermanitos Ziccardi, que fueron devueltos a sus abuelos 15 días después, Paula fue dada en adopción.
El ex coronel Pavón, entonces teniente, fue el encargado de llevar a Paula Cortassa al juzgado de Vera Candioti "suscribiendo una nota con fecha falsa, sin mencionar su filiación, asegurando que se trataba de una ’menor no identificada’ a pesar de que se conocía la identidad de quienes fueron abatidos en dicha ocasión", aseguró el juez Rodríguez en su fallo.
En el expediente también se probó que "la fecha de la nota por la cual fue remitida la niña por parte del Ejército Argentino se encuentra antedatada y fraguada, y que la menor fue mantenida durante un lapso prolongado fuera de las instituciones encargadas de su custodia, con destino informal e incierto, todo lo cual tuvo por objeto ocultar la verdadera identidad de Paula Cortassa", rebautizada María Carolina Guallane.
Vera Candioti, que en su carácter de juez de menores tenía la obligación de establecer el origen biológico de la niña, "deliberadamente mediante su accionar evitó vincular la existencia de María Carolina Guallane (Paula Cortassa) con el procedimiento sucedido en calle Castelli", aseguró el juez federal Rodríguez al ordenar su procesamiento. Por el mismo hecho, la justicia también procesó a Juan Calixto Perizzotti, entonces jefe del Comando Radioeléctrico de la policía de la provincia de Santa Fe.
10 de febrero de 2011
9 de febrero de 2011
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rehén de la patota


El testimonio de Rodolfo Fernández Bruera. Rodolfo eludió el secuestro aquella noche, porque su hermano se escapó por los techos de la casa de Laprida 1788 para advertirle del peligro. Pero el padre estuvo 40 días detenido en el Servicio de Informaciones. Falleció hace cinco años.
[Sonia Tessa] Argentina. La vida de Rodolfo Fernández Bruera pendió de un hilo en la noche del 1º de julio de 1977. Su padre, José Esteban Fernández, fue el rehén que la patota eligió como anzuelo para obligarlo a entregarse. Rodolfo es hermano de Gonzalo, uno de los testigos del lunes en la causa Díaz Bessone. Rodolfo eludió el secuestro aquella noche, porque su hermano se escapó por los techos para advertirle del peligro. Pero el padre estuvo 40 días detenido en el Servicio de Informaciones. La larga espera de justicia por los delitos de lesa humanidad impidió que José Esteban pudiera testimoniar en primera persona lo vivido en el centro clandestino de detención. Murió hace cinco años. Su hijo ofreció ayer un documento escrito a máquina por el hombre, que tenía 60 años cuando lo secuestraron. En ese manuscrito hizo una minuciosa descripción física del SI, relató las torturas y simulacros de fusilamiento de prisioneros que escuchó, así como la relación con los guardias. Ese escrito pertenece a un hombre azorado con las arbitrariedades cometidas por el estado. Un hombre que vivió 40 días con gran temor de escuchar la voz de su hijo entre los "detenidos" que llevaba la patota al SI. Rodolfo fue el único testigo de la audiencia, que se suspendió al mediodía porque el juez Jorge Venegas Echagüe, uno de los integrantes del tribunal, estaba descompuesto.
Esa noche del 1º de julio de 1977, la patota llegó primero a la casa de los Fernández Bruera, en Laprida 1788, y luego trasladaron a José Esteban a su taller gráfico de Presidente Roca y Catamarca. "Requisaron todo el taller y a partir de ese momento mi padre termina detenido- desaparecido, porque no estaba legalizado, y mi hermano menor queda a cuidado de mi hermana mayor", relató ayer el testigo, que no llegó a su casa esa noche. "Si hubiese llegado a mi casa no estaría hoy aquí. Me venían siguiendo hacía entre 10 y 15 días. Esa noche fue el último vínculo con mi familia", siguió entregando su memoria para que forme parte del proceso judicial.
Al día siguiente, Rodolfo sabía que su padre había sido detenido. La opción de hierro que enfrentaba era entregarse o huir. "La opción primera fue la que traté de manejar. Me contacté con un pariente mío que tenía buena relación con la dictadura del momento y estimaba a mis padres", contó sobre lo vivido en aquellos días de angustia. A las 8 de la mañana, fue a la casa de ese familiar y lo puso al tanto de lo ocurrido. Le dijo que sí, que era militante montonero, trabajaba en prensa y hacía volantes. "Es algo muy peligroso. Esas palabras me hacían cargo de todo, no tenía nada que ocultar, yo siempre fui colaborador porque me costaba mucho asumir la violencia política, eran tiempos violentos pero yo no lo asumía. Hacía volantes, matrices de películas, ayudaba con eso. A partir del 25 de marzo del 76 viene un compañero a hacer algo y digo que sí, ahora sí. Las cosas cambiaron y empiezo a militar", contó ayer sobre su decisión política tras el golpe de estado. "Ellos cambiaron las reglas del juego y yo asumí todas las responsabilidades, por eso dije que asumía todo, que mi padre no tenía nada que ver", dijo frente al Tribunal presidido esta semana por Beatriz Barabani de Caballero. Por lo demás, Rodolfo llevaba una vida a plena luz: "Trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde y de ahí me iba a estudiar publicidad, también había estudiado ciencias económicas".
En aquella entrevista, Rodolfo le pidió a su familiar que hiciera "todo lo posible por salvar" a su padre, y afirmó que se entregaría. Esa misma persona le confirmó que su padre era un rehén, que lo querían a él. Y Rodolfo le preguntó si garantizaban su vida. "No", fue la respuesta que recibió. Mientras tanto, ahora sí escondiéndose, Rodolfo mantenía comunicaciones telefónicas con su hermano mayor, que un día le dio una opinión gravitante. Le dijo que se presentara si quería, en Balcarce y Córdoba, en el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, y le dio el nombre de un teniente coronel ante el que debía presentarse. "Eso te lo digo formalmente, pero como hermano te digo que tomes distancia porque te quieren muerto. De papi nos encargamos nosotros". Esas fueron las palabras de Diego, su hermano mayor. Tras la audiencia, Rodolfo habló con Rosario/12 sobre el eterno agradecimiento a su familia.
Otra de las pruebas que el testigo aportó a la causa fue una nota del diario La Capital, publicada el 8 de julio de 1977, en la que se hablaba de un taller con "material extremista". Después de su detención, al padre lo obligaron a firmar que había encontrado su comercio en perfectas condiciones, pero lo habían saqueado y jamás pudo reabrirlo. Aunque José Esteban intentó explicarles a los represores que no se trataba de una imprenta, no hubo forma de que lo entendieran.
"Lo bueno de este relato es que uno lo puede contar, muchos otros no pueden. De esta historia del 76 en adelante vamos a saber el 15 o el 20 por ciento de la verdad. El resto lo perdimos con los desaparecidos y el tiempo que nos llevó replanteando el tratamiento de esta verdad, aquí se consiguió y es un avance de la justicia y para nosotros es importante", dijo Rodolfo en la audiencia. Su testimonio terminó con un agradecimiento por "la oportunidad para relatar un pedazo de esta historia".
Más tarde, cuando se iba del Tribunal acompañado por su familia, su esposa, Gioconda, quiso decir lo suyo: "Después de 30 años, esto está a flor de piel. Uno siente que otra vez están poniendo la piel, el cuerpo. Los ves ahí a ellos, y nos podemos cruzar en cualquier momento en esta ciudad con los acusados".
10 de febrero de 2011
9 de febrero de 2011
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el zoológico, cárcel y manicomio


columna de lísperguer
Estudio compara zoológico con manicomio, cárcel, campo de concentración y otras formas de cautiverio y esclavitud.

A menudo se compara al zoológico con la cárcel humana, y la comparación es sostenible en más de un sentido. En el zoológico, sin embargo, los prisioneros no han cometido ningún delito y deben morir en cautiverio. Al final de sus días, terminarán abiertos por algún estudiante en una mesa, o como alimento de otros animales del recinto. Pero es todavía peor que eso. De Mérici ha rescatado un importante estudio de 1974, cuyas conclusiones son espantosas. Muchos animales ingresan a las jaulas tras haber sido perseguidos por cazadores y tras presenciar el asesinato de sus padres y hermanos -el llamado trauma del cautiverio. Deben vivir luego bajo tutela de sus peores enemigos, nosotros los humanos. Presentan frecuentemente síntomas de ansiedad, estupor, intentos de autodestrucción, ataques repentinos, movimientos repetitivos durante y después del acondicionamiento. Son personas que sufren un grave deterioro psíquico y emocional. Son enfermos mentales. Hoy en día nada justifica la existencia de estas cárceles de animales y la conversión de estos en pacientes psiquiátricos. Debiesen ser abolidos para siempre.
lísperguer


¿quién firmó el pacto de impunidad?


columna de lísperguer
Gobierno presenta querella criminal por asesinato de Eduardo Frei Montalva.

Las últimas decisiones en derechos humanos tomadas por el gobierno del presidente Piñera nos hacen creer que en el pacto secreto de impunidad firmado al fin de la dictadura no participó la derecha política y que las graves negligencias y sospechosos nombramientos en estas materias fueron todas obras de la Concertación. ¿Qué penas drásticas quiere el presidente que impongan los jueces cuando la Sala Penal de la CS está infiltrada por jueces pinochetistas (Ballesteros y Segura) nombrados por Lagos? Estos jueces borran con el codo todos los tratados firmados por Chile en materias de ddhh y persisten en aplicar criterios perimidos e ilegales, como la prescripción y media prescripción e incluso la amnistía. Es fácil anunciar justicia, y luego aceptar los fallos de jueces que en realidad son cómplices de la canalla pinochetista.
lísperguer

hoy presentan querella criminal


Gobierno presenta hoy querella criminal por muerte de Frei Montalva. La decisión anunciada por el presidente Sebastián Piñera tiene como fin dar un espaldarazo a las diligencias que realiza la justicia para dar con los responsables del deceso del ex mandatario, luego que se comprobara que fue asesinado.
Santiago, Chile. A casi 30 años de su muerte el gobierno resolvió presentar una querella criminal destinada aclarar definitivamente la muerte del ex mandatario Eduardo Frei Montalva, quien habría sido asesinado por agentes del Estado en plena dictadura militar.
El anunció que se materializará este miércoles fue hecho por el presidente Sebastián Piñera, luego que Wikileaks revelara un informe de diciembre de 2009 de la embajada estadounidense, señalando que la muerte del ex gobernante demócrata cristiano parece destinada a nunca ser esclarecida.
"El gobierno ha decidido colaborar en el proceso judicial haciéndose parte del mismo, a través de la presentación, por parte del Ministerio del Interior, de una querella criminal", expresó el jefe de Estado dando una señal de respaldo a la investigación judicial del deceso ocurrida en 1982 y que el mismo año que se emitió el informe diplomático de Estados Unidos dio luces sobre su posible homicidio.
Recalcó que con esto el gobierno "busca colaborar para que la muerte de un presidente no siga en las sombras y de una vez por todas sus circunstancias, sus causas y sus responsables sean esclarecidos y aquellos que tengan responsabilidad asuman las consecuencias".
Piñera dijo que esta es una deuda con el país. "Esto se lo debemos no solo a la familia Frei. Sin duda que importa e interesa a la familia, pero también interesa a todo el país que quiere que la muerte de un presidente no siga más estando entre las sombras de la duda y la incertidumbre", subrayó.
Tras el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, puso fecha al trámite que hoy se concretará bajo la tipificación de homicidio en el caso de Frei Montalva.
"El auto de procesamiento estableció que el fallecimiento del ex Presidente se habría producido por la intervención de agentes externos y precisamente nuestro código penal considera como la hipótesis del homicidio calificado el envenenamiento"
Apuntó que el gobierno espera que "se apliquen las más drásticas sanciones penales a todos quienes puedan haber participado", anunciando que un abogado del ministerio estará presente en la causa para colaborar.
"Naturalmente que vamos a coordinar nuestra actuación con el Consejo de Defensa del Estado, que también es parte de este proceso, y los antecedentes que podamos acompañar y los que podamos aportar van a ser entregados como corresponde al juez que lleva la causa", recalcó.
Hinzpeter dijo que si bien se ha avanzado bastante en la investigación que lleva el juez Alejandro Madrid y que fue caratulada como homicidio en 2009, "creemos que se puede avanzar mucho más y queremos colaborar con el trabajo que durante muchos años muchos abogados y el propio juez Madrid ha hecho".

Uso Político
La iniciativa, que no es considerada como un aporte importante por parte de la hija del ex presidente, y ex senadora Carmen Frei.
Me parecería muy triste que la muerte de mi padre sirviera para un aprovechamiento político", dijo en reacción al anuncio del Ejecutivo.
En conversación con radio Cooperativa la ex legisladora manifestó que "nosotros tenemos ya presentada una querella. Creo que otra más no agrega mucho", señaló.
Puso en duda la intención del anuncio, preguntándose "¿Cómo puedo creer en la voluntad del actual gobierno si en este año pasado se ha descabezado la oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la oficina de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, que han sido fundamentales en el esclarecimiento no sólo del asesinato de mi padre, sino que de otros asesinatos de todavía pesan sobre la conciencia de Chile".
La ex senadora llamó a colaborar "con hechos y no palabras" y le pidió "concretamente al gobierno y al presidente que se entregue al juez toda la información que la Dirección de Inteligencia del Ejército, la DINE, ha acumulado con el tiempo y posee en sus archivos".
Asimismo llamó al gobierno a exigir que digan la verdad quienes son parte de su estructura hoy y que fueron colaboradores de la dictadura.
9 de febrero de 2011
8 de febrero de 2011
©la nación
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