se colgó paco condenado por ddhh

---

Colgando de un cable coaxial fue hallado un ex carabinero que cumplía una pena de 10 años y un día por  secuestro y homicidio calificado y otros delitos en durante la dictadura pincohetista.Participó en el asesinato de dos campesinos de la comuna de Freire en octubre de 1973.

---

Temuco, Chile. El ex carabinero condenado por violaciones a los derechos humanos, Luis Henríquez Apablaza, de 72 años, murió por asfixia tras colgarse al interior de su celda en la cárcel de Temuco, usando para ello un cable coaxial.
Llevaba dos años privado de libertad y le quedaban otros 8 para cumplir su pena por los secuestros y homicidios calificados de Juan Bastías Riquelme, Leomeres Monroy Seguel y Hernaldo Aguilera Salas, ocurridos en octubre de 1973 en Freire, en la Región de La Araucanía.
Henríquez Apablaza se encontraba en la sección de reclusión especial, desde donde iba a ser trasladado hoy para dejar ese espacio a reclusos juveniles debido a reparaciones en la cárcel, según el diario Austral de Temuco.
El mismo medio plantea que la Policía de Investigaciones informó que el condenado atravesaba por un agudo cuadro de salud, presentando enfermedades vasculares y diabetes. La Brigada de Homicidios realiza las indagaciones ordenadas por el fiscal de turno.
El ex carabinero fue procesado en 2008 junto a los otros uniformados retirados Erasmo Enrique Palma, Juan Palmiño Sepúlveda, Juan Hernández Ponce y Ramón Arias Unzueta.
11 de febrero de 2011
©la nación

a allende lo iban a matar de todos modos

---

columna de lísperguer

---

Nuevas teorías sobre muerte de presidente Salvador Allende.

Tras el bombardeo y posible asesinato del presidente Allende, entró a La Moneda un grupo de detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI. Interrogado uno de esos funcionarios sobre los rumores sobre el suicidio de Allende, respondió que le habían ordenado no decir nada sobre el asunto -no confirmar ni desmentir ninguna hipótesis. Lo que no quita nada al hecho de que, si no fue asesinado, fue empujado al suicidio por un grupo de militares abyectos, cuyo jefe, además, en caso de que el presidente aceptara entregarse, había planeado hacer derribar el avión que le había ofrecido para viajar al extranjero. Ejemplos de cobardía y vileza, los militares pinochetistas difícilmente contarán la verdad. Allende intuyó que sería asesinado y prefirió el martirio, que fue entonces una decisión noble y a la altura de su histórica misión.
lísperguer

otra teoría sobre muerte de allende

---

Periodista afirma que Allende falló al suicidarse y escolta le dio el tiro de gracia. Camilo Taufic dio a conocer sus investigaciones sobre la muerte del ex presidente e identificó a Enrique Huerta como la persona que, en un "acto de solidaridad humana y política", lo remató.

---

Santiago, Chile. El ex presidente Salvador Allende se disparó en la cabeza con una pistola el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de La Moneda durante el golpe de Estado, pero quedó malherido y uno de sus escoltas debió darle el tiro de gracia, según sostiene el escritor y periodista chileno Camilo Taufic.
El autor presentó en una entrevista con la agencia EFE los resultados de la investigación que ha realizado en los últimos años y que concluye con la tesis de que la muerte del ex Mandatario fue un "suicidio asistido".
El encargado de rematar a Allende, según las indagaciones de Taufic, fue Enrique Huerta, intendente de Palacio y miembro de la guardia personal del Presidente (GAP, Grupo de Amigos Personales), en un "acto de solidaridad humana y política".
Esta versión de los últimos momentos del Presidente de la Unidad Popular difiere de la más difundida hasta ahora, aceptada incluso por la familia, que sostiene que Allende se mató disparándose en la barbilla con un fusil de asalto AK-47 que le había regalado Fidel Castro.
Para Taufic, esta explicación obedece a un plan ideado por los militares golpistas para hacer aparecer a Allende "empuñando un arma rusa, regalada por un Jefe de Estado comunista, con la cual se dispararía en defensa de su Gobierno, ligando el fracaso de la vía pacífica y la vía armada al socialismo".
El general Javier Palacios, presentado como el uniformado que comandó al asalto a La Moneda, convenció al grupo de médicos que acompañaba al ex Mandatario para presentar su muerte como un suicidio sin ningún tipo de asistencia, a condición de que corroboraran que el arma usada fue el fusil regalado por Fidel Castro.
"Palacios los convenció de que era más decoroso y digno para la historia que todos dijeran que se suicidó con la metralleta de Fidel Castro", sostiene Taufic, quien asegura además que el general no dirigió el asalto al palacio presidencial, sino que llegó allí más tarde para "arreglar la presentación" de la muerte de Allende.

Con una Pistola, Y No con un Fusil
Según el autor, todos los doctores aceptaron el plan de Palacios para "dignificar" la muerte, menos uno: Danilo Bartulin, médico que reside actualmente en Cuba.
Bartulin se había conjurado con Allende para darle el tiro de gracia en caso de que quedara malherido o surgiera algún problema, pero en el momento clave el galeno no se encontraba junto al presidente, asegura Taufic.
Otro doctor, Patricio Guijón, dijo haber presenciado el instante en que Allende se volaba la cabeza con una metralleta en el salón Independencia de La Moneda.
El doctor ha relatado en varias ocasiones que vio al ex gobernante dispararse cuando regresó al segundo piso del palacio para llevarse como recuerdo su máscara antigás, algo que según Taufic es "un pretexto totalmente absurdo".
El primer argumento de Taufic para desbaratar la versión del suicidio con el fusil ametrallador AK-47 regalado por Fidel Castro es que esa arma no estaba en La Moneda, sino que Allende la guardaba como si fuera un trofeo en su residencia de El Cañaveral, situada a los pies de la cordillera de los Andes.
El periodista asegura que cuenta con el testimonio directo de los españoles Víctor Pey y Joan Garcés, asesores personales de Allende, que frecuentaban la residencia del ex presidente.
Taufic se inclina por la tesis de que Allende se disparó con una pistola que, según testigos de la época, guardaba en un cajón de su escritorio.

Apoyado en Informe Forense
Refuerza esta posibilidad un informe del año 2008 del experto forense Luis Ravanal que detectó anomalías en el análisis de la autopsia de Allende, y llegó a la conclusión de que el cráneo recibió dos impactos de bala de armas de diferente calibre.
Según ese informe, hay un orificio de entrada en la zona superciliar derecha y uno de salida redondeado en la zona posterior de la bóveda craneana que no coinciden con un disparo efectuado por un fusil, pero que podrían corresponder al de una pistola o un revólver.
El forense confirmó también que el cadáver había recibido un disparo de calibre mayor en la barbilla que le destrozó el cráneo, aunque precisó que fue realizado a corta distancia, no a bocajarro, como indicaría la tesis oficial del suicidio.
En base a estas evidencias forenses, Taufic sostiene que Allende quedó malherido después de dispararse debajo de un ojo con una pistola.
Posteriormente, Enrique Huerta, uno de sus fieles escoltas, lo remató con un disparo de fusil que le destrozó el cráneo, y cumplió también con la promesa que le habían hecho sus colaboradores más cercanos de que no le dejarían caer vivo en manos de los militares.
Según Taufic, algunos testigos directos han declarado que Huerta entró al despacho de Allende, se escuchó un balazo, y salió "llorando, vuelto loco, diciendo que había muerto el presidente".
"Que nadie interprete que a Allende lo mató un GAP; Huerta completó el suicidio como un acto de solidaridad humana y política con su presidente", puntualiza Taufic.
Huerta y otras personas cercanas a Allende que defendieron el palacio presidencial del ataque fueron arrestadas el mismo día del golpe encabezado por el general Augusto Pinochet.
Los uniformados los trasladaron a un recinto militar cerca de Santiago, donde fueron torturados y fusilados el 13 de septiembre de 1973.
La muerte de Allende se puso de nuevo en el tapete el pasado 26 de enero, con la decisión de la Justicia de investigar 726 casos de violaciones a los derechos humanos hasta ahora desconocidos, entre los que se encuentra el del ex mandatario.
Taufic, periodista desde 1958 y autor de varios best sellers, es consciente de que su versión sobre este controvertido episodio de la historia reciente de Chile puede causar revuelo, aunque está seguro de que la investigación judicial en curso "sacará a la luz la verdad" y pondrá fin a algunas "versiones absurdas de asesinato" que circulan sobre el caso.
Su libro ‘Chile en la hoguera. Instantánea del golpe militar’, editado en Buenos Aires en febrero de 1974, está considerado el primer relato global sin censura publicado sobre el tema a nivel mundial.
11 de febrero de 2011
10 de febrero de 2011
la nación

poli detenido por doble homicidio

---

Un policía bonaerense detenido por el doble crimen de José León Suárez. Un subinspector de la comisaría segunda de San Martín fue apresado, acusado por las dos muertes ocurridas tras el descarrilamiento de un tren. Se trata del oficial que había confesado haber disparado con balas de plomo.

---

[Carlos Rodríguez] Argentina. El oficial subinspector Ezequiel Vega, quien se desempeñaba en la comisaría segunda de San Martín, con sede en Villa Ballester, fue detenido anoche acusado de ser el autor material del doble homicidio cometido en José León Suárez, cuyas víctimas fueron Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Arce Ramos, de 17. El mismo Vega está también imputado por el delito de "lesiones graves" en perjuicio de Joaquín Romero, de 19, quien se encuentra todavía internado en el Hospital Thompson de San Martín, en estado delicado, aunque se presume que está fuera de peligro. El oficial Vega fue el primer agente de la Bonaerense desplazado de la fuerza, luego de que le confesara a un superior que en la tarde del jueves 3 de este mes había disparado con "postas de guerra" (de plomo) durante los sucesos que siguieron al descarrilamiento de un tren de carga que llevaba autopartes en el cruce de las vías del ex Ferrocarril Mitre con el canal José León Suárez, en el barrio De la Cárcova.
La información, dada a conocer a Página/12 por fuentes allegadas a la investigación, a cargo de los fiscales de San Martín Marcelo Sendot, Raúl Sorracco y Ana María Armetta, se conoció anoche, pasadas las 22. Durante el día de ayer habían declarado en la fiscalía cinco policías, citados como testigos porque se tenía la certeza de que ninguno de ellos había disparado con balas de plomo durante los incidentes. Horas después de ocurridos los hechos, el jueves, la fiscalía ordenó el secuestro de 45 armas, cortas y largas, a la vez que identificó, uno por uno, a los efectivos que manipularon cada una de las mismas.
De acuerdo con la información suministrada por los testigos policiales, "la única escopeta 12.70 que tenía postas de plomo era la que tuvo en sus manos" el oficial subinspector Vega, confirmaron a este diario las fuentes consultadas. "Los policías que declararon en ningún momento asumieron una actitud corporativa y fueron muy explícitos al relatar cómo ocurrieron los hechos" que terminaron con la muerte de dos chicos y le provocaron heridas graves al joven Joaquín Romero. Este había declarado ante los fiscales, en el hospital donde sigue internado, y había señalado a "los policías" como los autores de los disparos que le hicieron por la espalda, aunque por la posición en la que estaba no había podido identificar a nadie.
En la investigación se pudo establecer que con el arma en poder del oficial subinspector Vega se hicieron dos disparos. La aclaración necesaria es que las escopetas 12.70, de uso habitual en la Policía Bonaerense, disparan cartuchos que tienen 12 perdigones cada uno. Una fuente le había dicho a Página/12, en los primeros momentos de la investigación, que cada uno de esos proyectiles "pueden producir heridas muy similares, por su gravedad, a las que produce una bala de 9 milímetros", la pistola reglamentaria que usa la Bonaerense.
Uno de los chicos fallecidos tenía ocho impactos de bala, mientras que el segundo había recibido uno solo, apenas debajo del hombro izquierdo, prácticamente sobre el corazón. Romero, mientras tanto, tiene tres heridas que le afectaron los pulmones y otros órganos vitales. Luego de una operación de urgencia fue internado en el Hospital Thompson, donde se está recuperando en forma lenta. En total, fueron 24 los perdigones que cayeron sobre la gente, que estaba sobre la calle Echagüe. En el lugar donde cayeron los dos chicos fallecidos, el miércoles se inauguró un monolito que los recuerda.
Los cinco policías que declararon ante la fiscalía fueron "muy precisos a la hora de relatar lo sucedido". Algunos de ellos señalaron, incluso, que los policías, que disparaban desde las vías del ferrocarril, a unos 30 metros de la escena del crimen, "no estaban expuestos a ninguna agresión, dado que podían ocultarse detrás de los containers que llevaban los 32 vagones" del tren de la empresa Nuevo Central Argentino (NCA). Los vagones que descarrilaron fueron siete. De acuerdo con la versión de la empresa, de la policía y del ministro de Seguridad y Justicia provincial, Ricardo Casal, el descarrilamiento fue "intencional", dato que no ha sido confirmado en ningún momento, hasta ahora, por la Justicia.
La policía justificó la represión argumentando –con el aval del ministro Casal– que los agentes "repelieron la agresión a tiros" de una supuesta "banda organizada que hizo descarrilar el tren en forma intencional con fines de robo". El relato de los cinco policías que se presentaron ayer ante los fiscales parece afirmar que la supuesta agresión "a balazos" que habrían recibido no ponía en peligro sus vidas, ocultos detrás de los containers. "No hay ningún policía herido. Los únicos que murieron son los nuestros", recordó ayer Juan Ramos, abuelo de una de las víctimas fatales.
11 de febrero de 2011
10 de febrero de 2011
©página 12

juez facilitaba fugas

---

La Cámara marplatense acusó al magistrado que lleva la causa de la CNU. El presidente de la Cámara de Mar del Plata pidió que se investigue al juez Pradas, por haber demorado las órdenes de detención de siete represores de la Concentración Nacional Universitaria.

---

Argentina. El grueso de los miembros de la Concentración Nacional Universitaria de Mar del Plata, acusados por crímenes al amparo del terrorismo de Estado antes y después del golpe de 1976, gozó de impunidad durante 35 años. En noviembre el juez federal subrogante, Rodolfo Pradas, ordenó siete detenciones. Sólo dos se concretaron de inmediato. El martes, mientras aún quedan cuatro ex CNU prófugos, el presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, Jorge Ferro, denunció por "facilitar las fugas" al propio Pradas. La acusación se produce en un contexto de feroces internas dentro de la corporación judicial marplatense y luego de que la causa estuviera un año en la Cámara Federal, tribunal que, según fuentes con acceso al expediente, también tuvo responsabilidad en las fugas.
Varios de los ex CNU son abogados del foro marplatense. El más famoso es Gustavo Demarchi, detenido el miércoles pasado en Colombia. El fiscal federal Gustavo Rodríguez pidió que se investigue a los responsables de los controles migratorios porque Demarchi tenía prohibida la salida del país desde febrero de 2009. Otros letrados de la CNU procesados pero libres (porque sólo hay pruebas sobre su rol en la asociación ilícita) son José Luis Granel, Roberto Coronel y Roberto Justel.
El Ministerio Público pidió las detenciones e indagatorias de los ex CNU en noviembre de 2009. Antes de que el juez Pradas ordenara privarlos de la libertad, los imputados pidieron la exención de prisión, léase permanecer libres durante el proceso. El juez rechazó el planteo y de inmediato fue recusado, pedido que también rechazó. Cuando los ex CNU apelaron ambas decisiones, entró en escena la Cámara Federal. Como varios de los imputados son miembros o bien tienen fluidas relaciones en la corporación judicial, los colegas de Ferro se excusaron, igual que todos los letrados sorteados para reemplazarlos. La Cámara de Casación debió finalmente completar el tribunal con conjueces de La Plata. Pradas, mientras tanto, consideró que por la debilidad de su nombramiento como subrogante no podía avanzar con las detenciones. Lo concreto es que esa combinación de factores significó para Demarchi & Cía. un año más de impunidad.
El 13 de octubre la Cámara Federal confirmó a Pradas y días después confirmó el rechazo a los pedidos de exención de prisión. Pero en lugar de tomar y comunicar ambas decisiones bajo secreto de sumario, se las notificó al juez y a las partes, con lo cual los ex CNU supieron que los pedidos de detención eran inminentes, noticia que incluso publicó la prensa local. Comenzaron entonces las irregularidades que Ferro detalla en su denuncia, en la que no lo acompañaron los conjueces platenses.
En primer lugar, señaló el camarista, Pradas dio trámite a un incidente de prescripción que hibernaba en su poder desde hacía un año. El 4 de noviembre pidió cupo para eventuales detenciones a la Policía Federal, a Prefectura y a la cárcel de Batán. Ferro calificó como "ridiculez extrema condicionar la viabilidad de una detención a lograr lugar de alojamiento". Apuntó como agravante que funcionarios del Programa Verdad y Justicia le ofrecieron un día antes cupos en la cárcel de Marcos Paz, propuesta que ratificaron miembros del Programa de Protección de Testigos, y el juez rechazó ambas ofertas. "El lugar de detención lo elijo yo", les dijo.
El paso siguiente es de una "escandalosa peculiaridad", denunció Ferro. El 8 de noviembre Pradas pidió la detención de los ex CNU, pero no de inmediato sino "a partir de las nueve horas del día 9 de noviembre". Ganaron otro amanecer al sol. Mientras tanto, no ordenó ninguna tarea de vigilancia o allanamiento, "dejando librado a criterio de los requeridos la opción de entregarse o no al personal policial", explicó Ferro.
Cuando la Dirección de Investigación de Tráfico de Drogas Ilícitas le comunicó que no encontraba a los ex CNU, Pradas se tomó 48 horas y dio otro paso extraño: libró cédulas a los domicilios de los imputados para que se presentaran voluntariamente. "Nunca visto en esta jurisdicción", apuntó Ferro. Concluyó con "dilaciones" llamativas. El 12 de noviembre el juez dejó pasar otras dos horas después de las 13, cuando preveía iniciar la indagatoria. Entonces pidió las capturas, que recién tres días después notificó a los organismos de Seguridad e Inteligencia. Ferro consideró "lesionado gravemente el honor del Poder Judicial" marplatense y denunció a Pradas por violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público, denegación y retardo de justicia y/o encubrimiento.
Los únicos dos detenidos tras la orden de detención de Pradas fueron Mario Durquet y Patricio Fernández Rivero. El miércoles cayó Demarchi, que debe ser extraditado. El martes a la madrugada, en Quilmes, fue detenido Raúl Moleón, vínculo de la CNU con el Ministerio de Bienestar Social en tiempos de José López Rega, y ayer fue detenido Fernando Otero. De esa tanda sólo siguen libres Raúl Viglizo y el librero Piero Asaro. Otros dos ex CNU, Federico Delgado y Eduardo Ullúa, están prófugos desde 2008.
11 de febrero de 2011
10 de febrero de 2011
©página 12

juez en el banquillo

---

Un juez y un militar procesados por supresión de identidad. El ex juez de Menores de Santa Fe, Luis María Vera Candioti, y el teniente coronel Pavón fueron procesados por "supresión de identidad" de Carolina Guallane, cuyos padres fueron asesinados en Santa Fe. "La verdad sale a la luz con peso propio", dijo la muchacha.

---

[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. Veinte años de búsqueda le llevó a María Carolina Guallane saber que su verdadero nombre era Paula Cortassa, que sobrevivió a la masacre de su familia biológica durante la dictadura, el 11 de febrero de 1977, que su padre Enrique Cortassa fue secuestrado y desaparecido y su madre, Blanca Zapata, embarazada a término, murió dos semanas después de agonizar con un balazo en la cabeza en un hospital Cullen, donde perdió a su segundo hijo. Y treinta cuatro años tuvo que esperar para que comience a hacerse justicia. El juez federal Reinaldo Rodríguez procesó al ex juez de Menores de Santa Fe, Luis María Vera Candioti, por la "supresión de identidad" de Paula y lo acusó de haber cortado sus raíces cuando apenas tenía dieciocho meses para "ocultar la detención" de su padre, evitar que sus abuelos puedan "reclaman la tenencia" de la pequeña o "encubrir" la responsabilidad del Ejército "en el cautiverio" y "la apropiación" de la niña. "La verdad sale a la luz con peso propio y la mentira cae como un efecto dominó", dijo ayer Paula -que como se sabe sigue usando el nombre de María Carolina- al enterarse del procesamiento de Vera Candioti y de otro militar imputado en el caso, el teniente coronel Carlos Enrique Pavón, quien puso la niña a disposición del juez de Menores con una nota falsa porque tiene fecha de 4 de febrero de 1977, siete días antes del secuestro de los Cortassa.
Vera Candioti es el primer juez del país procesado por la alteración del estado civil de la hija de desaparecidos. Ya en marzo del año pasado habían rechazado su pedido de prescripción de la causa. "La supresión de identidad de los hijos de aquellos asesinados o desaparecidos políticos durante la dictadura constituyó una práctica extendida en todo el país", formó parte de "un plan sistemático de la represión" y por lo tanto se trata de "delitos de lesa humanidad" e imprescriptibles, le contestó el juez Rodríguez. Y ahora, lo procesó por el caso, aunque le concedió la posibilidad de esperar el juicio oral en libertad por un delito que prevé penas de uno a cuatro años de prisión.
La masacre ocurrió el 11 de febrero de 1977, en la casa de calle Castelli 4531, donde vivían los esposos Cortassa con su hija Paula y otra militante política Cristina Ruiz de Ziccardi, con sus dos hijos de dos y cinco años. Los únicos sobrevivientes fueron los chicos, pero dos semanas después del operativo los hermanitos Ziccardi quedaron en manos de sus abuelos. Mientras que la niña padeció el desgarro de su familia biológica hasta que Vera Candioti la entregó en guarda al matrimonio Guallane, de Venado Tuerto que la adoptó de buena fe, en abril de 1977. El juez Rodríguez logró probar en la causa que "el Ejército conocía el origen" de la niña y que su permanencia "fuera de los lugares y las instituciones encargadas de su custodia, con un destino informal e incierto" (entre el 11 de febrero y el 13 de abril de 1977) tuvo por objeto ocultar su verdadera identidad. Una situación que se extendió hasta el año 1998", cuando Paula supo cuál era su verdadero nombre y comenzó a reconstruir su historia.
Vera Candioti dijo en la indagatoria que él recién "tuvo conocimiento de la situación de la menor cuando firma el primer decreto, el 6 de abril de 1977", es decir dos meses después del operativo militar. Pero el juez Rodríguez lo desmintió porque junto con Paula también estaban a disposición de Vera Candioti los hermanitos Ziccardi y éstos fueron restituidos a sus abuelos, el 24 de febrero de 1977. Y entre esa fecha y el 6 de abril, que es la que invoca Vera Candioti, no se adoptó ninguna medida para "el resguardo de Paula Cortassa o determinar la existencia de familiares". Y esta situación "hace evidente la intención de fraguar lo acontecido, lo que evitó que la menor sea reclamada legítimamente por su familia", dice el procesamiento.
El juez Rodríguez dijo en su resolución a la que tuvo acceso Rosario/ 12 que Vera Candioti ocultó "deliberadamente" que Paula Cortassa era sobreviviente del "procedimiento de calle Castelli". Y ensayó cuatro hipótesis para explicar por qué el ex juez de Menores hizo lo que hizo:

- a) "Para ocultar la detención de Enrique Cortasa.

- b) "Para vitar que sus familiares reclamen legítimamente la tenencia de la menor.

- c) "Para ocultar las responsabilidades del Juzgado en relación a la custodia y supervisión del estado sicofísico de la nena

- d) "O para encubrir el cautiverio de la niña en el Ejército".

Y abonó las últimas dos hipótesis (la actuación del Juzgado y el encubrimiento al Ejército) con más datos. "Es conocido que las actividades de los distintos organismos encargados de la custodia y los menores era documentada, ya sea por la Casa Cuna, por la Dirección de Minoridad y Familia del Ministerio de Salud o por los centros de asistencia sanitaria donde eran atendidos. Sin embargo, no se pudo constatar la existencia de estas actuaciones con relación a los menores involucrados" en la causa.
"Cualquiera fueran los motivos que impulsaron a Vera Candioti a actuar de la forma en que se le reprocha, éste conocía que se hallaba ante una situación totalmente irregular y era su obligación como funcionario subsanar las mismas, premisa que de la que se alejó a favor de sostener en el tiempo la ilegalidad del proceso de guarda sin levantar sospechas. Este conocimiento constituye el dolo específico requerido en la comisión de cualquiera de los ilícitos penados en el sistema penal argentino", agregó Rodríguez.
Por lo tanto, el juez Rodríguez consideró probado que el objetivo de la maniobra "era ocultar la verdadera identidad" de la nena. Y que Vera Candioti con "su accionar impidió a la Paula Cortassa conocer su verdadera identidad y a sus familiares el destino de ésta, durante casi 20 años, imposibilitándolos de velar por su persona, mantener y forjar los vínculos afectivos que los unía", concluyó.
11 de febrero de 2011
10 de febrero de 2011
©página 12

tenencia responsable vía adiestramiento

---

columna de lísperguer

---

Perro akita muerde a niño de tres años, en casa de su tío.
Una vez introducido el registro canino, la ley debiese obligar a los dueños a adiestrar a sus perros, para que la defensa del territorio u otras causas de agresión no terminen con lesiones graves o la muerte de humanos y otros animales. Los perros pueden ser adiestrados para que limiten su ataque incluso a la simple retención, hasta que aparezca el responsable. Es siempre recomendable, y debiese ser obligatorio, que las familias que adquieran o adopten mascotas contraten los servicios de profesionales reconocidos para recomendarles la mejor manera de llevarse con ellas. De los cursos de adiestramiento debiese quedar constancia en la libreta de familia, que entonces incluirá a los animales que se tenga a cargo. La tenencia responsable debe pasar por el asesoramiento profesional, compulsivamente si se trata de animales considerados peligrosos.
lísperguer

el jefe político de las autodefensas

---

"35 mil no éramos los miembros de las autodefensas, ¡jamás!". En entrevista concedida a Vladdo, director de Un Pasquín, en la cárcel de Itagüí, el desmovilizado da su versión sobre el caso ’Tasmania’ y dice que la extradición de los ’paras’ se debió a presiones militares.

---

Colombia. El pasado 7 de febrero el ex jefe político de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Iván Roberto Duque Gaviria, alias ’Ernesto Báez’, recibió durante dos horas en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí al director de Un Pasquín, con quien no sólo habló de las irregularidades en el proceso de desmovilización, sino también de las fallas de la ley de justicia y paz, el incumplimiento del gobierno Uribe y la guerra fratricida entre los hermanos Castaño.
En la entrevista, cuenta además cómo el ex guerrillero del M-19 y ex congresista Carlos Alonso Lucio estuvo a punto de ser ejecutado y se refiere a las acusaciones que en su contra ha hecho desde Estados Unidos Juan Carlos Sierra, alias ’El Tuso’, y de las bandas emergentes.
 Vale recordar que Báez fue retirado, en primera instancia, del programa de Justicia y Paz, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá aceptó la solicitud de la Fiscalía, porque en reiteradas ocasiones se negó a reconocer su responsabilidad en varios asesinatos. Sin embargo, la decisión fue apelada por su defensa y será la Corte Suprema de Justicia la que definirá si el desmovilizado permanecerá o no en el programa.

Un Pasquín: ¿En qué año ingresa usted a las autodefensas?
Ernesto Báez: Yo fui el primer parapolítico condenado en este país. Llegué a Puerto Boyacá en 1989 y desde un comienzo me dediqué a una intensa actividad política. Al año siguiente era candidato al Congreso, en una lista que había avalado Jorge Perico Cárdenas, entonces jefe máximo del liberalismo en Boyacá, y también aspirante al concejo de Puerto Boyacá. La aspiración al Senado se hundió y asumí la presidencia del Concejo de Puerto Boyacá, hasta enero de 1992, cuando fui nombrado secretario general de la gobernación de Boyacá, bajo el gobierno de Alfonso Salamanca.
Dos años más tarde me acusaron de recibir apoyo de las autodefensas, hecho absolutamente cierto. Yo le decía entonces a la Corte: "No puedo entender cómo un político que desarrolla una intensa actividad proselitista en un territorio infestado de paramilitares o de guerrilla exprese que no tuvo nada que ver con quienes mandaban en la zona; que su triunfo electoral fue logrado de manera inmune e impune, eso no es posible".
Cuando yo llegué a Puerto Boyacá, allá estaban todas las autoridades: el DAS, el Batallón Bárbula, la Policía, la Fiscalía, el gobierno municipal, las autoridades civiles. En Puerto Boyacá nada ocurría sin la voluntad del jefe máximo de las autodefensas en esa época: Henry Pérez.

En una entrevista con Un Pasquín, en 2007, Salvatore Mancuso dijo que en un momento dado ustedes vetaron al Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, porque les decía mentiras todo el tiempo. ¿Es cierto que la relación de ustedes con Luis Carlos Restrepo iba un poco más allá de lo que oficialmente se conoce?
El papel del doctor LCR –con quien tuvo enormes diferencias– yo puedo juzgarlo como muy honesto; muy compleja fue la tarea que cumplió. Se trataba de ponerse en contacto por primera vez con una organización compuesta por una cantidad de jefes regionales dotados de un enorme empoderamiento militar y político en sus regiones. Restrepo aclaraba que no había una mesa con los paramilitares, sino 25 mesas; aquí no había unidad. Esto más que más allá de llamarse Autodefensas Unidas de Colombia era una especie de asociación nacional de ejércitos particulares que enfrentaban desde muchos años atrás el desafío de las guerrillas marxistas, utilizando las metodologías y las estrategias propias de la guerra irregular, con toda una suma de violaciones a los derechos humanos. Restrepo prácticamente invierte los dos primeros años de sus gestiones ante las autodefensas buscando unirnos. […] Cada bloque actuaba con una enorme independencia militar, política y financiera. Fueron dos años estériles para LCR.
En medio de las negociaciones preliminares sucedieron hechos insólitos que develaban el estado de división interna de las autodefensas. En ese proceso de paz, sentados enfrente del gobierno nacional, se presentaron, dos guerras internas; la primera de las cuales borró del mapa el Bloque Metro, comandado por Doble Cero, quien en pleno proceso de paz fue asesinado; al igual que el comandante de los Llanos, Miguel Arroyave, el comandante del Putumayo, Antonio Londoño Jaramillo, además de Carlos Castaño.

Pero entonces, como decía Mancuso, ¿Luis Carlos Restrepo sí les decía mentiras?
Yo no sé si calificar los incumplimientos como mentiras. Aquí hubo una serie de compromisos del gobierno –unos verbales y otros escritos–, el 95% de los cuales fueron flagrantemente violados. Es uno de los graves antecedentes que tiene este proceso. Para mí, ese precedente debe estar muy presente en las Farc, en los grupos que aún persisten en la opción armada. Una vez un guerrillero nos decía que si habíamos sido engañados nosotros, que éramos los primos hermanos del Estado, qué podrían esperar las Farc. ’

¿Usted cree que, de alguna manera, Luis Carlos Restrepo propició o permitió ese engaño?
Luis Carlos Restrepo era el agente del gobierno en la mesa de negociación. Detrás de él estaba, desde luego, el presidente de la República, el ministro del Interior. Restrepo procedió de acuerdo a como su leal saber y entender se lo indicaban, con las instrucciones que sus superiores trazaban y de acuerdo con el sentido de lealtad –que fue tal vez de los rasgos más sobresalientes en la gestión que cumplió–.

Con las cosas que el Tuso Sierra está diciendo en Estados Unidos, y conociendo la gran importancia que en ese país le dan a la delación, más el riesgo que usted corre de que lo saquen del programa de Justicia y Paz, ¿usted no le teme a la extradición?

Todo ser humano por naturaleza tiende a sentir temor satánico por la pérdida de la libertad, cualquiera que sean las circunstancias. Lo del señor Sierra es la consecuencia de una cantidad de sucesos que desconoce el país y que ocurrieron alrededor de este narcotraficante. En el año 2002 por primera vez se escucha el nombre del señor Sierra, al que mencionaron los medios de comunicación al lado de Mancuso y de Carlos Castaño como los narcotraficantes dueños de un embarque muy grande de droga incautado por la DEA y que motivó la solicitud de extradición de estos tres señores.Un día cualquiera, en agosto o septiembre de 2004, dos años después de ese suceso, apareció un personaje en Santa Fe de Ralito. Ese personaje, que rápidamente trascendió, era el señor Juan Carlos Sierra. El mismo que hacía dos años había perseguido a muerte Carlos Castaño, que lo había declarado objetivo militar. Sierra empezó a asistir a las reuniones nuestras con el gobierno nacional...
[Lea aquí la entrevista completa].

10 de febrero de 2011
9 de febrero de 2011
©semana