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tuso sierra salpica a medio mundo


Las confesiones de un narcotraficante. El Espectador revela la declaración que le entregó a Justicia y Paz el extraditado paramilitar. Salpica a políticos, generales y otras autoridades.
Colombia. "Ser amigo de la ‘Oficina de Envigado’ era estar in". "Se trabajaba en llave con el CTI, la Fiscalía, el Ejército, el DAS y la Policía". "El contacto en la Policía era el mayor Francisco Rodríguez, quien fue asesinado en la guerra contra ‘La Terraza’". "Había uno al que se le pagaban $28 millones, el coronel Luis Alberto Moore Perea". "El general Mario Montoya era de la nómina de la ‘Oficina’. No me consta, pero oí hablar de $20 millones". "Yo entraba a la Gobernación de Antioquia como Pedro por su casa, pero no como Job a la Casa de Nariño".
Estas revelaciones forman parte de la extensa versión que el pasado 20 de septiembre, desde una cárcel en Virginia, Estados Unidos, dio a una fiscal de Justicia y Paz el extraditado narcotraficante Juan Carlos El Tuso Sierra. Vestido con uniforme a rayas verdes y blancas, rapado y contando chistes, El Tuso contestó una a una las preguntas de la fiscal. Al principio parecía olvidar detalles, pero pidió un café y dijo: "El cafecito es una bendición, le va abriendo a uno la memoria". A renglón seguido, en relación con ‘amigos’ que lo habrían olvidado dijo: "El muerto y el preso a los tres días huelen maluco".
Entonces se despachó. Expresó que el capo y mandamás del paramilitarismo, Diego Murillo, alias Don Berna tenía una ONG, que a su vez contaba como asesor político con el ex viceministro de Trabajo Augusto Pineda. El hijo del político Pineda oficiaba como abogado de los desmovilizados de Antioquia. También mencionó a Hernán Gómez como asesor de Carlos Castaño y añadió que en los tiempos de la alcaldía de Sergio Naranjo, en Medellín, todos los ‘paras’ ayudaron a elegir como concejal a Diego Arango. La orden fue votar por él. Ya en tiempos más recientes, la historia se repitió con Rocío Arias. Ahí hubo —dijo— "constricción (sic) al votante, como dicen los abogados". La fiscal lo corrigió: "Constreñimiento al elector".
El Tuso subió el tono de sus acusaciones. Contó que la presión a la gente no se hacía con amenazas sino con mercados, útiles, fiestas, juguetes y hasta brigadas de salud. En una ocasión en las comunas el Día de la Madre se compraron 10 mil juegos de cubiertos plásticos. El dinero para financiar estas ‘vueltas’ salía de donaciones hechas por los hermanos Gallón Henao (reconocidos caballistas, uno de ellos condenado por vínculos con las autodefensas), Luis Hernando Gómez, alias Rasguño; Dagoberto Giraldo, alias Perchi, Nicolás Bergonzoli, viejo conocido del cartel de Cali, y Rodrigo Tamayo, ex presidente del Deportivo Independiente Medellín, también procesado por lavado de dinero.
Afirmó El Tuso que con estos regalos a manos llenas amarraban votos, que una vez repartieron cuadernos que en la carátula tenían la foto de Rocío Arias, condenada por parapolítica, al lado de Don Berna. Entonces recordó una anécdota en la que Arias le dijo a Murillo que lo querían tanto en las comunas que en las casas había una imagen de él al lado del Sagrado Corazón de Jesús. Antonio López, alias Job, Carlos Mario Ochoa, Douglas, Memín, Guayo, Negro Elkin y Plomo Benítez, seguían las instrucciones ‘electorales’ de Don Berna. La elección de Arias al Congreso estaba asegurada porque también era íntima de Ernesto Báez.
En términos generales, la ‘Oficina de Envigado’ trabajaba a sus anchas y en llave con las autoridades. Ante la pregunta de la fiscal de cómo lo lograba, El Tuso contestó: "Con platica". Y añadió que los pagos para corromper los manejaba Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, un ex integrante de la Fiscalía que se entregó a la DEA en Argentina y hoy cuenta, como Sierra, sus verdades como delincuente en Estados Unidos. El capo Sierra dijo que en la Fiscalía de Medellín contaban con la colaboración de Úber Duque. "A él y a sus trabajadores se les pagaban $5 millones mensuales". En la Policía ocurría igual. El contacto era el mayor Francisco Rodríguez, asesinado en un ajuste de cuentas de la mafia.
Y en la nómina de la ‘Oficina’ había desde coroneles hasta policías rasos. Entre ellos, dijo Sierra, el entonces coronel Luis Alberto Moore, quien alcanzó el grado de general y pasó al retiro hace poco. De Moore, el capo relató que los supuestos $28 millones que se le giraban se los entregaba Dagoberto Giraldo, la oficina de cobro y él mismo, a cambio de información de operaciones, allanamientos o colaboración con traslados. Por ejemplo, El Tuso contó que en el municipio de Andes había un capitán Bonilla que molestaba mucho, y a petición de ellos lo mandaron para Frontino.
En alguna ocasión, al mayor Francisco Rodríguez lo trasladaron para la Dijín en Bogotá y entonces fue necesario acudir al senador Mario Uribe Escobar, quien logró que lo devolvieran para Medellín, donde fue clave para las operaciones de la ‘Oficina de Envigado’. El extraditado narcotraficante manifestó que el congresista fue a donde el director de la Policía, general Luis Ernesto Gilibert, para mediar por el oficial —quien se ganaba $5 millones con los ‘paras’— y aclaró que si bien Gilibert desconocía los motivos del traslado y sólo quiso ayudarle de buena fe al congresista, por el contrario Uribe Escobar sí sabía que estaba ayudando a ilegales. "No a las autodefensas, sino a mí, y él sabía quién era yo, en qué mundo andaba y quiénes eran mis amigos".
Por su rango, Rodríguez no podía asumir como director de una unidad élite antiterrorista en Medellín, pero lo dejaron encargado porque, al decir de El Tuso, "con rosca todo se puede". Pero no sólo estaba la Policía. Según el ‘narco’, en la IV Brigada del Ejército también le ayudaban, señaló al general Mario Montoya como parte de esa nómina y manifestó que recibió información de operativos.
Otro de los salpicados fue el coronel Augusto Betancur, quien llegó a ser director del DAS en la capital de Antioquia, y también echó al agua a un coronel de apellido Forero, de quien resaltó tenía estrechos vínculos con ellos, al punto que El Tuso le dio $108 millones para, presuntamente, montar la emisora en el Batallón Cacique Nutibara.
Sobre el detenido Mario Uribe expresó además que le hizo muchos favores. Por ejemplo, la compra de la finca La Palmira, en Andes, por $1.600 millones, que El Tuso le entregó después por una deuda de mafia a Miguel Ángel Mejía, alias El Mellizo. Añadió que le pagó a Mario Uribe por cuotas en efectivo, en su apartamento, en su oficina y en sitios públicos de Medellín y a personas que trabajaban con él, como su hermano Víctor Horacio. Y recordó que en el transcurso de esa transacción viajó con este último a España y allá le hizo otro abono en pesetas.
Dijo que en Madrid los recibió Ignacio Guzmán, ex cónsul de Colombia en Miami y alfil de la Gobernación de Antioquia en tiempos de Álvaro Uribe Vélez. "Íbamos asegurados. Para que no nos fueran a poner problema, ¿qué más que pasaporte diplomático?". Agregó que el motivo de su viaje, que se extendió por 20 días, fue establecer contactos con españoles para envíos de droga. Pero aclaró que Víctor Horacio fue ajeno a estas ‘vueltas’. En cambio sí señaló a Mario Uribe con otros negocios.
Por ejemplo, dijo que con la compra de la finca La Palmira, Uribe adquirió otro predio en el Cañón del Cauca, llamado Marichú, y aseveró en tono burlón que ese negocio se hizo con todos los papeles en regla. Que luego El Tuso le cedió un apartamento en Medellín, el 801 en el edificio Saint Etienne, y a cambio recibió uno en Andes, en una torre que había construido el senador, y otro en Medellín. Luego reconoció que fue vecino del ex congresista, que en una ocasión le regaló una Toyota burbuja y un montero Mitsubishi, así como un reloj de US$600 marca Raimond Weil. "Esos negocios los tengo en una contabilidad, que no es como la del almacén Éxito, doctora, sino en papeles". Sostuvo además que un empresario identificado como Luis Fernando Muñoz, alias Millos, quien le lavó dinero, era socio de Ignacio Guzmán y él sabía "de los negocios ilícitos de Millos".
Por último, El Tuso Sierra arremetió una vez más contra Mario Uribe, manifestando que le ayudó en campañas políticas antes de 2002 con pancartas, propaganda y camisetas. Que un día en que Uribe "necesitaba moverse rápido" hacia Andes y Jardín le puso un helicóptero que valía la hora entre US$700 y US$1.000. "Político que se respete no gasta plata". Las confesiones de Sierra no dejaron títere con cabeza y el siguiente en la lista fue el congresista Óscar Arboleda Palacio. De él recordó que en el suroeste de Antioquia se imprimieron camisetas en las que por un lado estaba la cara de Mario Uribe y por la otra la de Arboleda. Y no sólo eso. Arboleda financió su campaña con algunas rifas y El Tuso le compró muchos talonarios. Al congresista lo conoció, según relató el ‘narco’, a través del ex viceministro de Justicia Francisco Zapata.
En ese momento rememoró que durante la gobernación de Alberto Builes se movía en su despacho como Pedro por su casa. "Pero no como Job en la Casa de Nariño", porque, según él, aunque entraba por el sótano subía por el ascensor del gobernador. Y soltó otro dato, que recomendó al abogado Sergio González —el investigado defensor de Tasmania— para ser revisor fiscal en Corantioquia. Para tal fin contó con la ayuda de Mario Uribe y Óscar Arboleda. Al final de su confesión dejó una perla más: habló de una reunión entre Rogelio y Mario Uribe a la que asistió en calidad de subdirector de El Colombiano Sergio Fajardo. Fue la época en la que Carlos Castaño ordenó secuestrar políticos y había una orden para hacerlo con Mario Uribe, por lo cual El Tuso se vio obligado a interceder.
Juan Carlos Sierra añadió que se hablaba de unas grabaciones en las que supuestamente se relacionaba a Fajardo con la banda de ‘La Terraza’ y por eso lo querían matar. Después, confesó El Tuso, en ese encuentro se aclaró el malentendido, pues no era Fajardo quien aparecía en las citadas conversaciones. "Mario mandó llamar a Sergio para aclarar la situación con Rogelio".
El Espectador se comunicó con varios de los mencionados (o sus defensores) por El Tuso Sierra. El congresista Óscar Arboleda aceptó que conoció al narcotraficante, pero que sólo se encontró con él en dos o tres ocasiones en un lavadero de carros en la avenida Las Vegas en Medellín, donde le hacían aseo a su vehículo. "Mi hoja de vida ha sido limpia. En este río revuelto todo el mundo quiere pescar", enfatizó. Entre tanto, el abogado Gabriel Jaime Tobón, defensor de Mario Uribe, aseguró que el testimonio de El Tuso esta "imbuido de venganza". "No deja de sorprendernos que estas declaraciones se produzcan en las postrimerías del proceso que se le adelanta en la Corte a Mario Uribe. Me parece que le están cobrando la extradición que autorizó su primo, el entonces presidente", advirtió Tobón.
A su turno Sergio Fajardo, sin dar mayores detalles, sostuvo que hará un pronunciamiento de fondo en las próximas horas. De otro lado, en muchas ocasiones el general Montoya ha reivindicado su inocencia cuando lo han relacionado con grupos ilegales. En todo caso las delaciones de El Tuso deberán ser examinadas por la Fiscalía, aunque muchos de los mencionados han servido desde la orilla de la oficialidad y jamás han tenido líos judiciales.
8 de octubre de 2010
©el espectador
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el día que secuestraron a walsh


Un vecino de Rodolfo Walsh declaró sobre el operativo del 26 de marzo de 1977. Un día después del secuestro del escritor, una patota de la dictadura destruyó y saqueó su casa. Roberto Moreno era vecino del lugar y narró por primera vez ante un tribunal sus impresiones de ese día: la bomba que no dejó nada en pie, la presencia de los soldados.
[Alejandra Dandan] Argentina. Eso pasó, le dijo Roberto Moreno al Tribunal. "Yo salí afuera para ver y enfrente estaba todo lleno de soldados. Cuando intento salir, uno me mete para adentro y me dice que apague las luces. La explosión me asustó, pero eso me asustó el doble."
Roberto Moreno se dio cuenta veinte años más tarde, leyendo los diarios, de que ese vecino al que le explotaron la casa se llamaba Rodolfo Walsh. Operario, Moreno es habitante todavía de la calle Triunvirato del partido de San Vicente, una calle a la que la comuna le puso el nombre del periodista, escritor y militante. Moreno declaró por primera vez sobre la explosión que sacudió la última casa de Walsh al otro día del secuestro, el 26 de marzo de 1977. Su testimonio abrió la audiencia de ayer en el juicio por los crímenes en la Escuela Mecánica de la Armada.
Moreno llegó a los tribunales federales a pedido de la querella del colectivo de Justicia Ya! encabezado por Myriam Bregman. Ella inició el ping pong de preguntas y respuestas con las que intentó hacer recordar todos los detalles posibles de esa vieja foto, observada por muchos vecinos que nunca hablaron e incluso muchos de los cuales están muertos.
"Yo estaba preparándome para ir a trabajar", empezó el hombre. En San Vicente todavía funcionaba el tren y Moreno se alistaba para tomar el de las cinco y cuarto. Pero a las cuatro y media de la mañana "escucho un par de explosiones, y como en esa época la zona no era muy habitada, nos conocíamos todos, salgo a ver qué pasaba".

–¿Cómo era ese ruido que sintió? –indagó Bregman después.
–Una explosión –dijo él– que hizo vibrar los vidrios de la casa, como si hubiese explotado no sé, una garrafa.

Moreno tenía la casa a unos 140 metros de Walsh. Vivía con su mujer y sus hijos. Los chicos se despertaron y nadie pudo salir de la casa hasta las diez de la mañana. Pese a eso, fue diciendo, media hora después de la explosión empezó a escuchar los ruidos de los soldados que se iban. A esa hora se acercó a la casa explotada con uno de sus vecinos, el Flaco Paso –explicó–, que tenía un caballo, "lo dejó atado en el potrero, y nos acercamos, pero había una consigna que no nos dejó pasar".
En ese momento supieron que habían puesto una bomba. La casa estaba prácticamente destruida. Alrededor había pocos lotes ocupados. El paisaje antes y después era de un descampado. El vecino aparentemente fue quien le sacó algo de información al consigna. "Mirá –le dijo–, pusieron una bomba, no sabemos bien por qué, se llevaron todo, no quedó nada. No hay heladera, no hay nada."
Las querellas le preguntaron por los soldados, si eran del Ejército o tenían alguna identificación. Moreno no se acordó. Sólo mencionó una pick up verde con techo de lona verde, que estaba enfrente de la casa.
En la casa de la calle Ituzaingó y Triunvirato hasta hacía poco tiempo había vivido un matrimonio joven, explicó, con los que Moreno tenía cierta relación de vecinos. Un día supo que se mudaban a Lomas de Zamora o a Adrogué. Y a pesar de que la casa no tenía carteles, en el barrio se sabía que estaba en venta, señaló cuando la defensa de los represores, esta vez, quiso saber cómo es que había llegado Walsh allí. Según su relato, Walsh llegó al barrio pocos meses antes del bombardeo, tal vez el año anterior.
"Yo viajaba mucho, así es que no estaba mucho en el barrio, pero después vi a este señor varias veces, casi siempre lo veía solo. Tenía un changuito para los mandados. Pero la verdad es que muchos años después supe quién era. Una vez, durante unas vacaciones mías, que me quedé más tiempo, veinte días en la casa, él venía y se ponía a conversar. Yo por ahí cortaba el pasto o estaba haciendo algo, y él se paraba y me decía: ‘Me gusta el barrio’. Siempre me hablaba de los animales, de los pájaros, de los perros. Una vez lo vi pasar con una mujer."

–¿Cómo supo quién era su vecino? –preguntó Bregman.
–Tomé conocimiento de que este señor era mi vecino en el ’96, con un articulo del diario Clarín en el que hablaba el diputado (Antonio) Arcuri. Saca una nota, como él era de San Vicente, leo la nota, y leo que le habían bombardeado la casa.

Moreno se puso en contacto con Arcuri en ese momento. Arcuri le preguntó si podía mostrarle el lugar y le preguntó por los vecinos. Pero ellos ya se habían olvidado, dijo, porque la casa ya estaba ocupada otra vez.
El domicilio estuvo mucho tiempo deshabitado. Habían quedado tres paredes solamente y el techo, señaló. Todo había quedado destruido. Hasta que un día se empezó a decir, dijo, parece que se está mudando gente. Los nuevos ocupantes de la casa de Walsh reconstruyeron la casa.
Moreno no sabía mucho más. No, la verdad es que no escuchó ruidos de autos o de motores antes de la explosión, dijo. Solo media hora después, cuando abandonaron el lugar. Sus hijos en ese momento estaban llorando, la casa con todas las luces apagadas. No pensaron prenderlas ni hacer mucho más, dijo, "por el miedo que teníamos".
Bregman le preguntó si estaba en condiciones de reconocer al vecino, como una y otra vez Moreno nombró a Walsh, a quien le costaba llamarlo por su nombre y al que mencionó incluso como Welsh cuando tuvo que nombrarlo. Antes de acercarle las fotos que terminó reconociendo, el presidente del Tribunal Oral Federal 5 le preguntó si se acordaba de algunas características físicas del vecino. Moreno se acordó. Dijo que tenía anteojos. Que siempre andaba con los anteojos, pero había veces que no los usaba. "Me llamaba la atención –explicó–, porque por lo que veía era bastante importante el aumento."
En esas cuatro o cinco veces en las que cruzaron conversaciones de vecinos en la calle notó que no era canoso, un hombre con muy poquitas canas, más bien, no mucho pelo, tampoco era pelado. Tenía un lacio, común, un poco largo tal vez. "Más largo de lo que se usaba, más para una persona grande, pero más allá de eso era una persona normal."
Al final a Moreno se lo nota contento. "Aquí estoy para cualquier otra cosa", le respondió al Tribunal cuando lo despidieron. Escaleras arriba, lejos ya del subsuelo enterrado donde se llevan a cabo las audiencias, todavía seguía pensando. Tenía un nombre, decía. Era un apodo, pero no me acuerdo.
Un día antes de la explosión, Walsh salió con Lilia Ferreyra, su compañera, de la casa a tomar el tren de las 12. El escritor se encontró ese día con el martillero que les había vendido la casa, que les entregó el boleto de compraventa. Lilia y Rodolfo se separaron en Constitución y quedaron en verse a las cinco de la tarde o en San Vicente. No volvieron a verse.
Según la investigación judicial, el saqueo de la casa incluyó muebles, artefactos, objetos personales, documentación y en particular el material literario y periodístico de Rodolfo Jorge Walsh. Entre el material estaba la carta que le escribió a su hija María Victoria, recuperada después a través de Lila Pastoriza, secuestrada en la ESMA. Copias de la Carta Abierta a la Junta Militar, Carta al Coronel Roualdes (que condujo el operativo de fuerzas conjuntas en el que murió María Victoria), textos de sus memorias, borradores de proyectos de textos literarios, carpetas con páginas de su diario personal, carpeta con borradores de una novela, documentos internos de Montoneros, archivos periodísticos y varios cuentos, entre otros "Juan se iba por el río", inédito, que fue visto dentro de la ESMA.
8 de octubre de 2010
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jueces obstaculizan justicia


El Consejo de la Magistratura evalúa el caso de los jueces mendocinos. La kirchnerista Diana Conti y el radical Ernesto Sanz coincidieron en su preocupación por las trabas que se ponen en Mendoza a los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Evalúan medidas a tomar.
[Irina Hauser] La preocupación por una serie de maniobras originadas en la Justicia mendocina, que obstaculizan las investigaciones contra varios de sus integrantes por posible complicidad con el terrorismo de Estado, logró unir ayer a radicales y kirchneristas en el Consejo de la Magistratura. En la Comisión de Disciplina y Acusación hubo coincidencia en que hay una "situación de gravedad institucional" en los tribunales de Mendoza, vinculada con las causas por delitos de lesa humanidad. El cuerpo evalúa posibles medidas, como pedir que intervenga la Corte Suprema y enviar a la provincia un equipo de consejeros aprovechando una auditoría ya programada. Se votará en el plenario del jueves próximo, al que además fue citado el procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien alertó sobre la situación en una presentación esta semana.
El disparador del tema en la reunión de comisión de ayer fue el fallo de la Cámara Federal de Mendoza que separó al juez federal Walter Bento de la causa penal contra dos de sus integrantes, Otilio Romano y Luis Miret, a quienes les había imputado complicidad y participación en crímenes de la última dictadura. La resolución estaba firmada por Julio Petra Fernández, Miguel Angel Gálvez y Leopoldo Rago Gallo, quienes habían sido recusados por los organismos de derechos humanos, por el fiscal Omar Palermo y por el propio Bento por la amistad que mantienen con los colegas que son juzgados. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza y otras organizaciones pidieron su destitución ayer ante el Consejo de la Magistratura, donde casualmente uno de ellos, Gálvez, es consejero.
Miret fue suspendido por el Consejo y enviado a juicio político el mes pasado. Romano eludió el interrogatorio con un certificado por problemas de salud. Y en el Consejo impidió que avanzara su remoción con dos medidas cautelares que le concedió como juez ad hoc el abogado Carlos Parellada. Las cautelares fueron apeladas por el Consejo y el Ministerio de Justicia, pero la Cámara se excusó en pleno y no hay quién resuelva.

–Es algo muy grave, así cualquier juez va a meter un amparo para sustraerse de la investigación del Consejo –advirtió el senador radical Ernesto Sanz, que es mendocino. Para sorpresa de los presentes, llegó a sugerir la posibilidad de no acatar la medida cautelar favorable a Romano. "Hay que dar una respuesta institucional", le dijo a Página/12.

–La cautelar es ilegítima, pero imaginate si fuéramos el oficialismo el que propone no acatarla –ironizó la diputada Diana Conti, en evidente alusión a la discusión por el fallo contra el gobernador de Santa Cruz por no reponer al ex procurador. Enseguida alentó alternativas para poder investigar a Romano y tratar "la situación de gravedad general en la Justicia de Mendoza", también denunciada por el procurador Righi.

En la tormenta de ideas de la Comisión de Acusación, el reclamo de un pronunciamiento de la Corte llevó la delantera. Algunos sugerían un "abocamiento" del tribunal, aunque dudaban sobre los antecedentes. Otros, como el juez Luis Cabral, decían que el Consejo puede presentarse en la Corte con una queja por "retardo de justicia" al no haber quién resuelva la apelación contra el amparo de Romano. "¿Y por qué no un per saltum?", le dijo Sanz a este diario. Conti recordó que para el 19 de octubre está prevista una auditoría sobre las causas de derechos humanos en Mendoza y sugirió enviar una comisión de consejeros junto con los auditores. Los consejeros votarán un plan de acción en el plenario del jueves que viene.
Conti informó a Página/12 que el Consejo ya analiza "cómo se han ido nombrado jueces y conjueces", como el caso de Parellada. Petra Fernández –que firmó el apartamiento de Bento a pedido de Romano– tiene varias causas en el organismo y ayer estaba citado como sospechoso, aunque presentó un escrito. Los organismos lo acusaron por liberar a todos los represores de Mendoza y prejuzgar. Ayer volvieron a pedir su destitución y para ilustrar su vínculo con Romano, recordaron que juntos denunciaron a jueces provinciales para retardar el inicio de juicios de derechos humanos y ofrecieron de testigos a abogados de represores. Sobre Rago Gallo mostraron un expediente donde Romano y Petra se excusaron de resolverle un amparo contra el corralito por su estrecha amistad. Gálvez, recordaron, como consejero se levantó de la silla en el momento exacto en que se votaba la acusación a Miret.
8 de octubre de 2010
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otro querellante en causa feced


Se trata de la familia del desaparecido abogado César Tabares. Tabares fue abogado laboralista y ocupó el cargo de director Provincial de Institutos Penales durante la gestión del gobernador de Santa Fe, Carlos Sylvestre Begnis.
[José Maggi] Argentina. La familia del abogado César Tabares, desaparecido durante la última dictadura, se presentó como querellante en la causa que se sustancia ante la justicia federal. Su esposa Alicia Ferrero y sus tres hijos Federico, Julieta y Leandro Tabares, se presentaron ante el juzgado federal Nº 4 a cargo de Marcelo Bailaque, patrocinados por las abogadas Isabel Fernández Acevedo, Jessica Pellegrini, Daniela Asinari, Leticia Faccendini y Gabriela Durruty.
Tabares fue abogado laboralista y ocupó el cargo de director Provincial de Institutos Penales durante la gestión del gobernador de Santa Fe, Carlos Sylvestre Begnis, entre 1973 y el golpe de Estado de 1976. En ese cargo, desarrolló un programa de gestión que tenía como objetivo cumplir con lo prescripto en la Constitución: "Las cárceles deben ser sanas y limpias, para rehabilitación y no para castigo de los presos".
Tabares encaró un proyecto que puso en marcha, no sólo en Coronda sino en otras cárceles, talleres de oficios para los internos, fundó una escuela secundaria en la misma Cárcel de Coronda, dio lugar a los permisos para salir a trabajar y a estudiar a los presos de buena conducta que tenían parte de su condena cumplida, así como otras acciones.
Cuando comenzó la persecución política durante el gobierno de Isabel Perón fueron llevados a Coronda, al amparo de una normativa represiva, muchos militantes detenidos por cuestiones sociales, políticas o gremiales.
Tabares permanece desaparecido desde la noche del 6 de enero de 1977, cuando la familia advirtió que no regresó a su hogar. Aquel día de Reyes de 1977, ante la ausencia de su hijo, la madre de Tabares se comunicó con su entonces socio, el doctor Di María, quien averiguó su paradero en hospitales y comisarías de Rosario, con resultado negativo.
Según explicaron las abogadas que patrocinan a Ferrero por intermedio de otro abogado la familia de Tabares consigue comunicarse con el secretario del jefe de policía Agustín Feced, un agente de apellido Corrales, quien admite la detención y promete el "blanqueo" en unas horas.
"Pasan los días y cada vez hay más reticencias para dar información. Tenemos datos a través de un abogado de que lo matan en una ejecución practicada en el mes de febrero", relató su esposa. "Por otro lado, se nos afirma que no es así, que sigue vivo...", añadió al tiempo en que contó que "uno de los que dice que mataron a Tabares es el padre Cantilo (hoy fallecido) de la parroquia de Oroño y Saavedra, pues el cura Eugenio Zitelli (por entonces capellán de la policía de Rosario), a quien éste recurre, le da esta información".
Añadió que, "al año de la desaparición de César, un abogado me confió que un pariente suyo, militar, del que prefirió no dar su nombre, me dice que dejen de buscarlo porque está muerto". Ferrero presentó en aquel momento un recurso de habeas corpus y una denuncia en el Ministerio de Interior el 12 de junio de 1977, pero todo ello con resultado negativo. "Fui recibida muchas veces por el militar Soria en la sede del Segundo Cuerpo del Ejército, quien siempre se burló de mí", recordó Ferrero.
La causa denominada Feced, apellido del fallecido comandante de Gendarmería a cargo de la Jefatura de Policía de Rosario en épocas de la dictadura militar, se encuentra en etapa de instrucción en los tribunales de Rosario.
8 de octubre de 2010
©rosario 12
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mató a once civiles por recompensa


El mayor Orlando Arturo Céspedes Escalona fue capturado por la Fiscalía tras estar implicado en la ejecución extrajudicial de 11 jóvenes que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.
Colombia. La Fiscalía detuvo al oficial del Ejército el mayor Orlando Arturo Céspedes Escalona, implicado en la ejecución extrajudicial de 11 jóvenes que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, informaron fuentes judiciales.
El mayor fue arrestado en Medellín por investigadores de la sección de la Fiscalía General.
La entidad judicial explicó en un comunicado que el oficial afronta un proceso bajo cargos de "homicidio en persona protegida (por el derecho internacional humanitario), desaparición forzada agravada y concierto para delinquir".
Céspedes fue encausado por su presunta responsabilidad en la desaparición y la muerte en el 2007 de 11 jóvenes de Toluviejo, localidad del departamento caribeño de Sucre.
Las víctimas, de 16 a 28 años, habían sido contactadas previamente por civiles para "supuestas labores agrícolas en fincas de Córdoba (departamento de la misma región) y Sucre", indicó la Fiscalía, que señaló que estas personas ofrecían salarios mensuales de hasta 750.000 pesos.
Los reclutadores "los citaban en diferentes lugares, donde eran ejecutados", agregó la Fiscalía, que indicó que las autoridades hallaron y entregaron a sus familiares los restos de 10 de las víctimas.
La víctima que sigue desaparecida es un menor de 16 años.
El caso fue asumido por un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional de la Fiscalía General, que también ordenó la captura del coronel retirado Luis Fernando Borja Aristizábal.
Por la época de los hechos, Borja, de cuyo paradero no se informó, ejercía como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, de la que Céspedes era segundo comandante.
La Fiscalía recordó que varios de los reclutadores fueron condenados, algunos de ellos a penas de hasta 25 años de prisión.
El caso es uno más de los llamados "falsos positivos", como se conocen en Colombia las ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de militares que los presentan como rebeldes muertos en combate para mostrar resultados ante sus superiores u obtener beneficios, como días de descanso.
7 de octubre de 2010
©semana
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don berna y sevillano hablarán


‘Don Berna’ y ‘Pablo Sevillano’ hablarán en investigación contra Dilian Francisca Toro. Los dos ex jefes paramilitares fueron citados por la Corte Suprema como testigos en el proceso por parapolítica contra la senadora del Partido de la U.
Colombia. El 12 y 13 de octubre Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ y Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, ex jefes paramilitares extraditados por narcotráfico a Estados Unidos en mayo de 2008, tendrán que dar su testimonio en la investigación que la Corte Suprema de Justicia adelanta contra la congresista del Valle Dilian Francisca Toro por presunta parapolítica.
La Corte abrió una investigación contra Dilian Francisca Toro en julio de 2008 por supuestos nexos con las autodefensas. En conversación con VerdadAbierta.com, la senadora Dora indicó que ninguno de los jefes paramilitares citados a testificar en su investigación había hablado contra ella. "Es una cosa rutinaria, a todos los jefes paramilitares les van a preguntar si me conocieron", dijo.
Un artículo de la Revista Cambio de noviembre de 2008, cita fuentes cercanas a la investigación, quienes aseguraron que la dirigente política vallecaucana tuvo presuntos vínculos con los jefes de los bloques Calima, Hebert Veloza, alias ‘HH’ y Guillermo Pérez, alias ‘Pablo Sevillano’, jefe del Libertadores del Sur de las Auc, que tenían como centro de operaciones a Valle y Nariño.
Según la fuente citado por Cambio, estas relaciones se extendieron a Rodrigo Tovar Pupo, alias ’Jorge 40’ y a Carlo Jiménez, alias ’Macaco’, quienes según el testigo ordenaron apoyos a la congresista en otras regiones del país.
El testigo de Cambio se refirió a presuntos votos atípicos que obtuvo la senadora en el Valle en las elecciones de 2006, así como en Cerro de San Antonio, un municipio de Magdalena donde ‘Jorge 40’ delinquía en ese momento.
’H.H.’ sin embargo afirmó en una entrevista con El Espectador que "No la conozco (a Dilian Francisca Toro) y sólo la he visto por televisión. En ningún momento se reunió conmigo".
Dilian Francisca Toro denunció en agosto pasado que dos paramilitares conocidos con los alias de ‘El Cabezón’ y ‘Romario’, le dijeron "que iban a declarar ante la Corte (Suprema de Justicia) porque había un senador que les estaba dando 150 millones de pesos para que me metieran a mí". La política añadió que los dos ’paras’ le pidieron 200 millones de pesos para quedarse callados y no dar su testimonio a la Corte Suprema de Justicia.
En septiembre de 2009 ‘Don Berna’ había renunciado a colaborar con los procesos de Justicia y Paz y parapolítica mientras el gobierno no garantizara la seguridad de sus familiares en Colombia. El ex jefe del bloque Cacique Nutibara, condenado a 31 años de prisión en 2009 en Estados Unidos, fue trasladado hace un mes a una cárcel en Miami para facilitar su cooperación con la justicia colombiana.
Dilian Francisca Toro  es médica y política, casada con el ex senador liberal vallecaucano Julio César Caycedo. Es senadora por el Partido de la U desde 2002.
7 de octubre de 2010
©verdad abierta
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juicio por masacre de curumaní


A juicio dos ex paramilitares por masacre de Curumaní. Un fiscal acusó a dos ex paramilitares del Frente Resistencia Motilona de las Auc por la masacre de nueve personas en Curumaní, Cesar, cometida en 2006.
Colombia. A juicio serán llamados Efraín Rangel Rangel alias ‘Cabeza de Martillo’ y Hemel Cerón Tarazona alias ‘El Burro’, ex paramilitares del Frente Resistencia Motilona, perteneciente al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Así lo informó la Fiscalía, después de que un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario emitiera una resolución de acusación en contra de los dos ex paramilitares, por la masacre ocurrida el 4 y 6 de diciembre en el municipio de Curumaní, Cesar.
Según el organismo investigador, durante esos dos días 300 paramilitares llegaron a las veredas Lamas Verdes y Nuevo Horizonte, donde retuvieron y torturaron a la población, luego asesinaron a nueve personas e incendiaron algunas viviendas. Por estos hechos, la Fiscalía los acusará por los delitos de desplazamiento forzado, secuestro extorsivo, concierto para delinquir, y destrucción y apropiación de bienes protegidos.
Un relato publicado por el diario El Pilón, de Valledupar, contó que la masacre ocurrió después de que el grupo paramilitar retuvo a 45 personas del pueblo, las torturó y asesinó a varios de ellos. Entre las víctimas se encontraban Héctor Julio Manzano Guerrero, José del Carmen Carvajalino, Deiber Parada Becerra. También Elides Ramírez Pineda, Rubén Darío Pacheco Contreras, Nubia Ester León Quintero y Alfredo Acosta, asesinados frente a sus familiares.
Según El Pilón, por esta masacre también es investigado Javier Urango Herrera alias ‘El Chely’, jefe de las banda de ‘Los Mellizos’, que fue capturado el 20 de marzo de 2010 en la frontera con Venezuela, después de estar prófugo dos años de la justicia.
Curumaní fue un municipio azotado por los paramilitares. Otras de las masacres que cometió el Bloque Norte en esta zona fue el 25 de julio de 1999, cuando pusieron un retén cerca del pueblo y asesinaron a siete personas, entre ellas, a la personera.
[Con información de La Fiscalía y El Pilón].
7 de octubre de 2010
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colombia podría ratificar tratado


El representante Iván Cepeda, del Polo, explica por qué el país contará con un nuevo instrumento internacional para la reparación de las víctimas y advierte que si no se legisla para ellas, el "panorama será cada vez más sombrío".
Colombia. Colombia está a punto de convertirse en la nación número 20 que suscribe la ‘Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas’, firmada en 2007 por 57 países.
La convención fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2006 y por el Asamblea General en diciembre del mismo año.
El tratado, además de tipificar el delito de desaparición forzada y de ratificar que éste es de lesa humanidad, obliga a los Estados a incluir en sus legislaciones la garantía del "derecho a la reparación", a la "búsqueda de la persona" o de sus restos, a la verdad, y a la justicia. También ordena a los Estados a llevar un registro, o más, de las personas privadas de la libertad "que bajo requerimiento serán rápidamente puestos a disposición de toda autoridad judicial".
Con la aprobación del Congreso colombiano y la firma del Presidente de la República, la convención pasaría a integrar los principios rectores de la legislación para el tratamiento de las víctimas. Además, la convención "entraría en vigor", pues sólo falta un Estado que la suscriba para que eso suceda.
El Congreso está a un debate para que la adopción de la convención sea una realidad. A propósito, Semana.com habló con el coordinador de ponentes de la convención en la Cámara de Representantes, Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Cepeda explicó la importancia del tratado, la utilidad que podría tener en la discusión de la Ley de víctimas propuesta por el Gobierno y contó una breve historia de este delito en Colombia.

¿Qué importancia tiene la aprobación de la Convención Internacional contra la desaparición forzada?
La convención tiene múltiples significados y razones de importancia. El primero de ellos es que es instrumento internacional que consagra los tres derechos de las víctimas: el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Si bien es cierto que existen otras convenciones que consagran el acceso a la justicia, ese es el primero que consagra de manera nítida que las víctimas tienen esos tres derechos.
En segundo lugar, es un instrumento que tiene por primera vez la definición que los causantes de la desaparición forzada pueden ser agentes del Estado, grupos armados que cuenten con su aquiescencia y también los grupos que no cuenten con su aquiescencia.
Además es un instrumento que tipifica la desaparición forzada y elabora procedimientos para prevenir, proteger a la víctima y sancionar a los autores de la desaparición forzada.

¿Qué rol juega Colombia en aprobación de la convención?
En Colombia está tipificado el delito. Un proyecto de ley incluyó en el Código de Penal la desaparición. Es importante la ratificación del convenio porque Colombia tiene un rol muy destacado: para que entre en vigencia se requiere que 20 estados aprueben la convención, y hasta ahora van 19. Si la Cámara la aprueba y el Gobierno colombiano la firma, sería, gracias a Colombia, que la convención entraría a regir en el mundo.

¿Para cuándo está prevista la discusión en la plenaria de la Cámara?
Estamos trabajando para que sea en los próximos 15 días.

¿Por qué ese delito está tipificado como de lesa humanidad?
Cuando se practica en un contexto generalizado y tiene un carácter sistemático, es decir que ocurre bajo patrones, con la participación de grupos organizados con planes y cadenas de mando, la desaparición forzada deja de ser un hecho simple y se convierte en un crimen de lesa humanidad y con carácter internacional.

¿Quiénes han firmado el convenio?
Son países de todos los continentes. Esta convención fue votada unánimemente por el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea de las Naciones Unidas.

¿Cómo ha sido la historia de la desaparición forzada en Colombia?
La desaparición forzada en Colombia se practica desde hace mucho tiempo. Incluso yo creo que desde antes de que en Chile y Argentina hablaran de desaparición forzada. El escritor Arturo Alape tiene un libro que se llama ‘Un cadáver insepulto’ en el que narra un caso de desaparición ocurrido en la época de la Violencia, es decir, desde los años 50.
Posteriormente aparecieron casos en la administración de Turbay Ayala, en el que ya se comenzó a hablar de la desaparición sistemática por parte del Ejército Nacional. Un primer caso emblemático fue el de la profesora Omaira Montoya. Después vino el episodio del Palacio de Justicia en el que la Comisión de la Verdad ha dicho que trabajadores de la cafetería y personas que salieron vivas del Palacio fueron desaparecidas. Y recientemente hubo una racha de desapariciones ocasionadas por las incursiones paramilitares.

¿A cuántos asciende el número de desaparecidos de los últimos años?
La Fiscalía habla de miles de hechos. Los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas dan un saldo de 37.000 casos de desaparición, entre los cuales 13.000 podrían ser desapariciones forzadas.
En Colombia se habla de fosas comunes, personas que han sido arrojadas a los ríos, cementerios clandestinos, los NN. Este es un problema que debe ser abordado por la sociedad colombiana.

¿La aprobación de esta convención podría tener un impacto en la discusión de la Ley de Víctimas?
Contribuiría, porque habría nuevos mecanismos internacionales para que las víctimas puedan acceder a la justicia y la reparación y sería una buena antesala para discutir la Ley de víctimas.

Con la discusión y aprobación de proyectos para las víctimas, la restitución de tierras y éste, ¿cree que estamos ad portas de resolver el problema del reconocimiento de las víctimas del conflicto?
Yo creo que es prematuro hablar de las leyes de víctimas y de la restitución porque los debates apenas comienzan en el Congreso y son temas sobre los cuáles yo diría que hay posiciones contradictorias y hasta cierto punto irreconciliables.
Estamos ante un conflicto armado de más de 40 años, con una población desplazada de más de 4 millones de personas. La sociedad colombiana tiene que hacer un proceso largo, lleno de iniciativas de muy diversa índole, que tengan un carácter integral para que se pueda hablar de un avance en este tema.

¿La bancada del Polo apoyará la Ley de víctimas?
Hará una declaración en los próximos días, fijando su posición sobre el proyecto del Gobierno y reiterando cuáles son los estándares mínimos desde los cuáles estaría dispuesta a votar esa iniciativa.

¿En su criterio cuáles son esos estándares?
Una ley de víctimas que no incluya a las víctimas de agentes del Estado, que no garantice una adecuada reparación - y me refiero a una reparación indemnizatoria, en términos dignos para las víctimas-, aislada de la restitución de tierras, que tenga un componente como el llamado a la responsabilidad fiscal, pierde su capacidad reparadora y es impensable. El gobierno ha incluido en el proyecto de Ley una disposición para que los jueces actúen con un criterio de responsabilidad fiscal. Para nosotros eso es una interferencia en el derecho que tienen los jueces a fijar los montos de las indemnizaciones, y en el de las víctimas, a la reparación integral.

Finalmente, ¿cuáles cree usted que son los riesgos de mantener la falta de normas en el tema de la reparación de las víctimas?
Si no se toman correctivos vamos a estar frente un panorama cada vez más sombrío, más cruento, con más violaciones a los derechos humanos. Estos delitos no se remedian si no hay justicia, verdad y reparación. La situación para la sociedad colombiana, en la medida que no resuelve el problema, es cada vez más degradada y descompuesta.
7 de octubre de 2010
6 de octubre de 2010
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