colombia podría ratificar tratado

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El representante Iván Cepeda, del Polo, explica por qué el país contará con un nuevo instrumento internacional para la reparación de las víctimas y advierte que si no se legisla para ellas, el "panorama será cada vez más sombrío".

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Colombia. Colombia está a punto de convertirse en la nación número 20 que suscribe la ‘Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas’, firmada en 2007 por 57 países.
La convención fue adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2006 y por el Asamblea General en diciembre del mismo año.
El tratado, además de tipificar el delito de desaparición forzada y de ratificar que éste es de lesa humanidad, obliga a los Estados a incluir en sus legislaciones la garantía del "derecho a la reparación", a la "búsqueda de la persona" o de sus restos, a la verdad, y a la justicia. También ordena a los Estados a llevar un registro, o más, de las personas privadas de la libertad "que bajo requerimiento serán rápidamente puestos a disposición de toda autoridad judicial".
Con la aprobación del Congreso colombiano y la firma del Presidente de la República, la convención pasaría a integrar los principios rectores de la legislación para el tratamiento de las víctimas. Además, la convención "entraría en vigor", pues sólo falta un Estado que la suscriba para que eso suceda.
El Congreso está a un debate para que la adopción de la convención sea una realidad. A propósito, Semana.com habló con el coordinador de ponentes de la convención en la Cámara de Representantes, Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Cepeda explicó la importancia del tratado, la utilidad que podría tener en la discusión de la Ley de víctimas propuesta por el Gobierno y contó una breve historia de este delito en Colombia.

¿Qué importancia tiene la aprobación de la Convención Internacional contra la desaparición forzada?
La convención tiene múltiples significados y razones de importancia. El primero de ellos es que es instrumento internacional que consagra los tres derechos de las víctimas: el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Si bien es cierto que existen otras convenciones que consagran el acceso a la justicia, ese es el primero que consagra de manera nítida que las víctimas tienen esos tres derechos.
En segundo lugar, es un instrumento que tiene por primera vez la definición que los causantes de la desaparición forzada pueden ser agentes del Estado, grupos armados que cuenten con su aquiescencia y también los grupos que no cuenten con su aquiescencia.
Además es un instrumento que tipifica la desaparición forzada y elabora procedimientos para prevenir, proteger a la víctima y sancionar a los autores de la desaparición forzada.

¿Qué rol juega Colombia en aprobación de la convención?
En Colombia está tipificado el delito. Un proyecto de ley incluyó en el Código de Penal la desaparición. Es importante la ratificación del convenio porque Colombia tiene un rol muy destacado: para que entre en vigencia se requiere que 20 estados aprueben la convención, y hasta ahora van 19. Si la Cámara la aprueba y el Gobierno colombiano la firma, sería, gracias a Colombia, que la convención entraría a regir en el mundo.

¿Para cuándo está prevista la discusión en la plenaria de la Cámara?
Estamos trabajando para que sea en los próximos 15 días.

¿Por qué ese delito está tipificado como de lesa humanidad?
Cuando se practica en un contexto generalizado y tiene un carácter sistemático, es decir que ocurre bajo patrones, con la participación de grupos organizados con planes y cadenas de mando, la desaparición forzada deja de ser un hecho simple y se convierte en un crimen de lesa humanidad y con carácter internacional.

¿Quiénes han firmado el convenio?
Son países de todos los continentes. Esta convención fue votada unánimemente por el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea de las Naciones Unidas.

¿Cómo ha sido la historia de la desaparición forzada en Colombia?
La desaparición forzada en Colombia se practica desde hace mucho tiempo. Incluso yo creo que desde antes de que en Chile y Argentina hablaran de desaparición forzada. El escritor Arturo Alape tiene un libro que se llama ‘Un cadáver insepulto’ en el que narra un caso de desaparición ocurrido en la época de la Violencia, es decir, desde los años 50.
Posteriormente aparecieron casos en la administración de Turbay Ayala, en el que ya se comenzó a hablar de la desaparición sistemática por parte del Ejército Nacional. Un primer caso emblemático fue el de la profesora Omaira Montoya. Después vino el episodio del Palacio de Justicia en el que la Comisión de la Verdad ha dicho que trabajadores de la cafetería y personas que salieron vivas del Palacio fueron desaparecidas. Y recientemente hubo una racha de desapariciones ocasionadas por las incursiones paramilitares.

¿A cuántos asciende el número de desaparecidos de los últimos años?
La Fiscalía habla de miles de hechos. Los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas dan un saldo de 37.000 casos de desaparición, entre los cuales 13.000 podrían ser desapariciones forzadas.
En Colombia se habla de fosas comunes, personas que han sido arrojadas a los ríos, cementerios clandestinos, los NN. Este es un problema que debe ser abordado por la sociedad colombiana.

¿La aprobación de esta convención podría tener un impacto en la discusión de la Ley de Víctimas?
Contribuiría, porque habría nuevos mecanismos internacionales para que las víctimas puedan acceder a la justicia y la reparación y sería una buena antesala para discutir la Ley de víctimas.

Con la discusión y aprobación de proyectos para las víctimas, la restitución de tierras y éste, ¿cree que estamos ad portas de resolver el problema del reconocimiento de las víctimas del conflicto?
Yo creo que es prematuro hablar de las leyes de víctimas y de la restitución porque los debates apenas comienzan en el Congreso y son temas sobre los cuáles yo diría que hay posiciones contradictorias y hasta cierto punto irreconciliables.
Estamos ante un conflicto armado de más de 40 años, con una población desplazada de más de 4 millones de personas. La sociedad colombiana tiene que hacer un proceso largo, lleno de iniciativas de muy diversa índole, que tengan un carácter integral para que se pueda hablar de un avance en este tema.

¿La bancada del Polo apoyará la Ley de víctimas?
Hará una declaración en los próximos días, fijando su posición sobre el proyecto del Gobierno y reiterando cuáles son los estándares mínimos desde los cuáles estaría dispuesta a votar esa iniciativa.

¿En su criterio cuáles son esos estándares?
Una ley de víctimas que no incluya a las víctimas de agentes del Estado, que no garantice una adecuada reparación - y me refiero a una reparación indemnizatoria, en términos dignos para las víctimas-, aislada de la restitución de tierras, que tenga un componente como el llamado a la responsabilidad fiscal, pierde su capacidad reparadora y es impensable. El gobierno ha incluido en el proyecto de Ley una disposición para que los jueces actúen con un criterio de responsabilidad fiscal. Para nosotros eso es una interferencia en el derecho que tienen los jueces a fijar los montos de las indemnizaciones, y en el de las víctimas, a la reparación integral.

Finalmente, ¿cuáles cree usted que son los riesgos de mantener la falta de normas en el tema de la reparación de las víctimas?
Si no se toman correctivos vamos a estar frente un panorama cada vez más sombrío, más cruento, con más violaciones a los derechos humanos. Estos delitos no se remedian si no hay justicia, verdad y reparación. La situación para la sociedad colombiana, en la medida que no resuelve el problema, es cada vez más degradada y descompuesta.
7 de octubre de 2010
6 de octubre de 2010
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