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piden condenar a óscar wilches


Fiscalía pide condenar al ex congresista Óscar Wilches por parapolítica. El ex parlamentario de Casanare es juzgado por nexos con ‘Martín Llanos’.
Colombia. Ante un juzgado especializado de Bogotá, la Fiscalía consideró que hay pruebas suficientes que demuestran la relación entre el ex representante a la Cámara por Cambio Radical, Óscar Leónidas Wilches y Héctor Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, jefe prófugo de las Autodefensas Campesinas de Casanare.
Carlos Guzmán, alias ’Salomón’, quien fue jefe político de ’Martín Llanos’, declaró que presuntamente Wilches buscó en varias oportunidades que la intimidación paramilitar le sirviera a su causa política.
El ex congresista fue acusado del delito de concierto para delinquir agravado. También lo investigan por haber recibido apoyo electoral y económico de los paramilitares en  las campañas electorales de 1998 y 2002.
Cuando fue vinculado a la parapolítica Óscar Wilches dijo que antes de ser congresista se reunió con ‘Martín Llanos’, porque lo querían obligar a pagar una vacuna por su finca en Casanare."Allá todos tienen que pagar y yo les dije que mi predio era tan pequeño que no tenía como pagar. Y los convencí de ello y nunca volvía a saber de ellos, nunca más", afirmó.
Óscar Wilches, de 49 años, fue además alcalde de Yopal y gobernador de Casanare. En 2002 lo eligieron como representante a la Cámara y en 2006 logró la reelección, pero en 2007 la Corte Suprema de Justicia ordenó su captura por sus nexos con ‘Martín Llanos’.
6 de octubre de 2010
1 de octubre de 2010
©verdad abierta
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díaz bessone niega todo


Segundo día de declaración del ex comandante del II Cuerpo de Ejército. "Jamás bajo mi mando se cometió ilícito alguno", sentenció el general en el juicio donde dedicó gran parte de la jornada a provocar con sus dichos. En dos oportunidades negó la figura del desaparecido. "No hay cuerpo del delito", dijo.
[Sonia Tessa y José Maggi] Argentina. Ramón Genaro Díaz Bessone continuó ayer con su interminable exposición en la que se trazó algunos objetivos: desligar su responsabilidad sobre el accionar de la policía provincial durante la última dictadura, culpar a las víctimas o sembrar sospechas acerca de su desaparición reviviendo la teoría que al no hallarse el cuerpo de la víctima no se lo puede acusar, finalmente rechazar la existencia del terrorismo de Estado. "Jamás bajo mi mando se cometió ilícito alguno", sentenció el veterano militar, que dedicó gran parte de la jornada a provocar con sus dichos, como cuando apuntó que no había registros del detención de Cristina Cialcetta Marul, la mujer identificada en Melincué, o la sospecha sobre el destino de Pedro Paulón, "a quien nadie vio que lo secuestraron, tal vez se tomó la pastilla de cianuro, o se fugó al extranjero". Volviendo al planteo que hiciera Jorge Rafael Videla, Díaz Bessone trató de zafar de sus imputaciones argumentando en algunos casos -como el de Paulón- que "no estaba el cuerpo del delito para culparlo de homicidio". "No se sabe si está vivo o está muerto, está desaparecido", esbozó ayer en una payasesca copia de aquel dictador.
El mandamás del Segundo Cuerpo de Ejército hasta el 11 de octubre de 1976 cuestionó las requisitorias de la fiscalía, pero en su larga exposición también argumentó que Miriam Moro, desaparecida el 27 de septiembre de 1976, era integrante de la agrupación Montoneros y por lo tanto debía ser aniquilada. Claro que Miriam fue vista en el Servicio de Informaciones antes de su asesinato. Lo mismo dijo de Ruth y Estrella González, así como de Héctor Vitantonio, y para descalificarlos volvió a sindicarlos como los carceleros del coronel Argentino Larraburu, en 1975.
Por otra parte, admitió que Juan Pablo Bustamante fue capturado por el Ejército, y Marcelo de la Torre, que se presentó espontáneamente, estuvo a disposición de la fuerza que él dirigía. Si bien durante toda su exposición negó que la policía provincial haya estado alguna vez bajo su "control operacional", reconoció que había intercambio de información y de detenidos entre las distintas fuerzas. Además, en dos oportunidades negó la figura del desaparecido. "No hay cuerpo del delito", argumentó ayer al mediodía, para repetir -por tercera vez desde el comienzo de su declaración, anteayer a la tarde que los hijos de Hebe de Bonafini aparecieron vivos en París.
En ese momento, el abogado de Hijos, Lucas Ciarnello Ibáñez pidió la palabra para pedir que el imputado no fuera ofensivo ni provocador. También Jessica Pellegrini, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, se pronunció en el mismo sentido, para recordar que los juicios en los que se ventilan delitos de lesa humanidad tienen "como eje rector el respeto de los derechos de las víctimas".
Beatriz Barabani, a cargo de la presidencia, recordó a los querellantes que el Tribunal iba a escuchar la indagatoria sin ninguna restricción, para asegurar el derecho de defensa, pero luego hizo lugar a su reclamo. Casi al final de su exposición, Díaz Bessone quiso incluir como pruebas del juicio documentos diversos: decretos y leyes del gobierno constitucional de Isabel Martínez tanto como partes de guerra y comunicados del ERP y Montoneros. En ese punto, la presidenta del TOF 2 le recordó que para ingresar nueva prueba debía contar con la conformidad de las partes.
Díaz Bessone negó hasta el hartazgo haber sido responsable del accionar policial, como también se apoyó permanentemente en la directiva 1/75 que ordenaba "aniquilar la subversión". Incluso, afirmó que no podría formar una asociación ilícita que tuviera como jefe al ex interventor de la policía rosarina, Agustín Feced. "Que nada menos que el Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército era un súbdito de una organización dirigida por Feced", dijo con espanto para subrayar su propia jerarquía. En esa particular lógica, volvió a negar el concepto de secuestro.
Cuando se refirió puntualmente a los casos que se le imputan, admitió sólo en dos de sobrevivientes la participación del Ejército. En cuanto a Juan Pablo Bustamante, negó que hubiera sido torturado, al menos en el Batallón 121, donde fue llevado en primera instancia. Esa gota colmó la paciencia de Mónica Garbuglia, que estaba sentada en el público. "Lo torturaron", dijo cuando Díaz Bessone habló de interrogatorios. Cuando desmintió las torturas, se retiró de la sala con lágrimas en los ojos. "Esto es más de lo que puedo soportar", expresó.
Mientras el público expresaba en voz baja su desacuerdo con la versión de Díaz Bessone, el militar llegó a negar la existencia de la Doctrina de Seguridad Nacional. Díaz Bessone dijo también que la mitad de los casos que componen la causa ocurrieron durante la gestión de Leopoldo Galtieri como comandante del Segundo Cuerpo de Ejército.
El ex Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército negó haber formado parte de un plan sistemático de represión ilegal. En su argumentación sobre la guerra vivida en la Argentina, expresó que los cuarteles del Ejército no eran centros clandestinos de detención, sino
L.R.D.: Lugar de Reunión de Detenidos, ubicados en los propios cuarteles, "donde se bañaban, tenían tres comidas diarias y se les entregaba ropa interior, y tenían visitas familiares". Haciendo gala de la ironía Díaz Bessone preguntó "por qué la fiscalía no calificaba de ese modo a las cárceles del pueblo", en otro intento por derivar el eje del juicio.
Una y otra vez, sin embargo, reconoció el intercambio de información y de detenidos. Cuando usó la palabra enfrentamiento, sin embargo, se refirió a personas -como Ruth González que fueron vistas en el Servicio de Informaciones, y que por lo tanto estaban indefensas cuando fueron ultimadas. Ante la pregunta del defensor de Rubén Lofiego, aclaró que "la policía colaboraba ampliamente y sin problema si el Ejército lo requería".
Díaz Bessone fue requerido por Barabani sobre las condiciones de detención en los cuarteles: "Eran condiciones dignas, podían recibir visitas de sus familiares y los prisioneros estaban separados por sexo: no íbamos a permitir allí ninguna promiscuidad". Hizo un esfuerzo por diferenciar el funcionamiento del "Área de Inteligencia, que estuvo a cargo del coronel Rolón, y luego del coronel Ramírez", del "Destacamento de Inteligencia, que funcionaba en Oroño y Córdoba y estaba a cargo del coronel Juan Pablo Saá". Sobre el secuestro de Sonia Beatriz González replicó que "su madre dijo haber visto a civiles armados, con lo cual no se puede decir que fue le Ejército".
El abogado defensor Gonzalo Miño -quien ayer demostró ser solo una caricatura de su mentor el temido abogado patrocinante de los máximos jefes militares Rafael Sarmiento- le dio pie al anciano general para explayarse sobre temas como la pastilla de cianuro o la voz de un reconocido periodista ordenando cómo editar el video de Marie Monique Robin para inculpar a Díaz Bessone. Negó la existencia de La Calamita así como la Quinta de Fisherton donde estuvo detenido Fernando Brarda.
Pero cayó en una grosera contradicción: ante una pregunta del camarista Otmar Paulucci, negó haber conocido algún caso donde un funcionario de la justicia federal hubiese sido detenido. Pero rato más tarde y ante la pregunta de su letrado, relató con lujo de detalles la forma en que el entonces juez federal Alegría Cáceres, le pidió que intervenga para saber la suerte corrida por su entonces secretario Santiago Harte. "Hablé con un gendarme que estaba a cargo de la Cárcel de Encausados y me dijo ’mi general lo trajeron aquí’. Así que lo trajeron ante mi y lo liberaron", relato Díaz Bessone reconociendo la denuncia en su contra que con el correr de los años presentó Harte, que llegó a ser camarista federal.
6 de octubre de 2010
©rosario 12
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quieren eliminar tenencia simple


Dos diputadas presentaron un proyecto que elimina la figura de tenencia simple y para consumo personal. La iniciativa deroga además la penalización de la tenencia de plantas y semillas para producir estupefacientes. Apoyo de militantes cannábicos y críticas de impulsores de otros proyectos.
[Emilio Ruchansky] Argentina. La militancia cannábica tiene su proyecto de ley. Fue presentado a última hora del viernes pasado en el Congreso por las diputadas Victoria Donda y Cecilia Merchán, de Libres del Sur, quienes lo vienen elaborando hace un año. Además de considerar que penar la tenencia de drogas para uso personal es "inconstitucional", como señalaron un fallo de la Corte Suprema de la Nación y el propio jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, elimina la figura de "tenencia simple" que castiga la sola posesión de una droga ilegal, baja el monto de las condenas a "las mulas" y permite las semillas para autocultivo de marihuana.
"Con esta ley, nunca más van a poder meter preso a un perejil y la policía tendrá que perseguir directamente al narcotráfico", aseguró ayer Luis Osler, abogado de la revista de la cultura cannábica THC y uno de los asesores de las diputadas.
El primero de los diez artículos del proyecto 7258, que pretende modificar la ley 23.737, deroga la penalización de quien "siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes o materias primas o elementos destinados a su producción o fabricación". El artículo siguiente es un ligero cambio en el inciso D del artículo 5 de la actual ley. Mantiene la pena de cuatro a quince años para el que "comercie con plantas utilizables para producir estupefacientes, o las tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte", pero excluye a quien venda semillas.
Estas dos reformas son reclamos repetidos cada primer sábado de mayo del año, cuando miles de activistas y cultivadores de marihuana para uso personal hacen la Marcha Mundial de la Marihuana. Otro de los reclamos es el fin de la "medida de seguridad curativa por el tiempo necesario para su desintoxicación y rehabilitación", como indica la ley de drogas. Por este mecanismo legal, miles de usuarios se declaran "adictos" para no ser condenados por tenencia para consumo personal. "Creemos que la ley penal no puede regular tratamientos de salud y menos aún utilizarlos como una pena encubierta", dice en los fundamentos del proyecto para derogar todas las "medidas curativas".
Para el tráfico de drogas en escasa cantidad, por el que suelen ser acusadas las mulas, el proyecto prevé disminuir el mínimo de la pena de tres a dos años (el máximo sigue siendo 12), haciéndolo un delito excarcelable. "Esto redunda en un trato más humano para quienes son también víctimas del narcotráfico y que, por lo general, pertenecen a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad", informan las diputadas en los fundamentos. Además, se permite "la hoja de coca en su estado natural destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión" en todo el país, y no sólo algunas provincias del norte.
Pero la parte crucial, y donde reside la gran diferencia con otros proyectos similares es la propuesta de eliminar todo el artículo 14, que pena de uno a seis años la tenencia simple y de un mes a dos años la tenencia para uso personal. "Sin esto no habrá despenalización alguna y los usuarios seguirán criminalizados y sometidos a un proceso penal para demostrar su inocencia", alerta el proyecto. Acto seguido se citan las cifras del Poder Judicial de los últimos diez años: el 70 por ciento del total de las causas son por tenencia para uso personal, entre el 20 y el 25, por tenencia simple y sólo el 5, por comercialización.
"Si se saca la tenencia simple, la policía, los jueces y los fiscales van a tener que hacer inteligencia previa, escuchas telefónicas, encontrar a alguien comprando o transportando una sustancia ilegal. No va a bastar, como pasa ahora, que con tener una foto de diez plantas le allanen la casa a un pibe que cultiva, llamen al noticiero y armen un circo", dijo el abogado Luis Osler, quien discutió cada una de sus propuestas con las autoras del proyecto. "Con esta nueva legislación, la policía sólo va a agarrar narcos o algo parecido, nunca a un usuario", agregó.
Para el diputado radical Ricardo Gil Lavedra, coautor junto a Ricardo Alfonsín de un proyecto de despenalización presentado en agosto pasado, derogar la tenencia simple es algo discutible. "En principio, nosotros creemos que hay que mantener la figura de la tenencia simple, porque ella nos permite captar muchas situaciones relacionadas con el tráfico ilegal de estupefacientes distintas al consumo –aseguró a este diario–. Para condenar a una persona por tenencia simple de estupefacientes, un juez debe tener la certeza absoluta de que estaba destinada a un fin ilegal. Y además optamos por reducir sensiblemente la pena aplicable a este delito."
Sin embargo, para la diputada Cecilia Merchán tanto la tenencia para consumo personal como la tenencia simple son "la base estructural mediante la cual la actual ley de drogas criminaliza sistemáticamente a los usuarios, ya que los obliga a demostrar su inocencia una vez sometidos al proceso legal". Por su parte, la diputada Donda aseguró ayer que a más de 20 años de la sanción de la ley actual "el narcotráfico no disminuyó ni fue combatido eficazmente, al contrario, esta actividad criminal aumenta día a día, por eso creemos que la solución no es seguir criminalizando al simple usuario, porque así se siguen mal gastando esfuerzos y recursos cuando realmente los debemos emplear en el combate con el narcotráfico". A pedido de Página/12, Mónica Cuñarro, titular de la Comisión Coordinadora de Políticas Públicas de Drogas, evaluó el proyecto. "Me parece que es el techo de la discusión", dijo. Para esta fiscal, que viene estudiando e impulsando a través de proyectos de ley "el cambio de paradigma" anunciado por Aníbal Fernández, es muy positivo tanto este proyecto como los presentados por los diputados y diputadas como Diana Conti, Vilma Ibarra, Fabián Peralta, Ricardo Gil Lavedra y Ricardo Alfonsín.
"Todas estas iniciativas tienen en común que cumplen con lo que pide la Corte Suprema en los fallos Arriola, Tuffano y Valdiviesa en cuanto a no criminalizar a usuarios y adictos –advirtió–. Y también cumplen con los compromisos internacionales firmados por Argentina. Algunos son más integrales, otros llevan la no criminalización casi hasta la legalización. Lo más importante es consensuar los proyectos y tratarlos en el Congreso."
6 de octubre de 2010
5 de octubre de 2010
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las palmas, pueblo inolvidable


Las Palmas, un pueblo que no se olvida. Un grupo de 700 familias desplazadas por los paramilitares se unió para exigir verdad, justicia y reparación. Le entregaron a la Fiscalía los formularios para que sean reconocidos como víctimas. Aún no pueden volver a sus tierras.
Colombia. El 28 de septiembre de 2010 los palmeros realizaron un acto simbólico en contra del olvido por la tragedia que vivieron hace once años en su pueblo.
Once años después de que los paramilitares asesinaran a varios de sus familiares y los despojaran de sus tierras, 700 familias de Las Palmas se unieron para presentar su caso ante el Estado y exigir que sean reconocidos como víctimas.
El martes 28 de septiembre de 2010, el mismo día en que once años atrás fueron despojados de sus tierras, 50 familias del pueblo le entregaron a la Fiscalía 700 formatos de crímenes contra ellos y sus vecinos. El documento es el primer requisito para registrarlos en el sistema de Justicia y Paz.
"Este es un símbolo de nuestro desplazamiento, ocurrido el 28 de septiembre de 1999, cuando muchos paisanos derramaron su sangre para que Las Palmas no quedara en la impunidad. Somos una comunidad que no se ha perdido en el anonimato. Queremos decirle al Gobierno que estamos presentes, que somos gente humilde, trabajadora y de paz", dijo uno de los líderes durante el acto simbólico de entrega de formatos a la Fiscalía.
Luis Gilberto Caro, uno de los líderes, contó que se organizaron en 2009 cuando algunos palmeros residentes en Bogotá solicitaron asesoría del Centro de Atención a Víctimas de Violencias y Graves Violaciones a los Derechos Humanos, Cavidh. "Las 120 familias que vivimos aquí aprendimos a llenar el formato para enseñarle a los demás palmeros", comentó.
Jimmy Hamburguer, Miguel Caro y Ricardo Reyes, también líderes de los desplazados, fueron los encargados de llevar los formularios a San Jacinto, El Carmen, Cartagena, Barranquilla, Montería, Riohacha y Bogotá, donde están refugiados la mayoría de sus paisanos. "Los desplazaron los hombres del Bloque Héroes de Los Montes de María. Se los entregaremos al Fiscal para que investigue y documente lo que ocurrió", dijo José Ignacio Jaimes, asesor de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.
Después de cantar el himno nacional, guardar un minuto de silencio por sus muertos, elevar una oración y decir en voz alta los nombres de sus familiares asesinados, los palmeros solicitaron a la Fiscalía su deseo de saber la verdad y poder regresar al pueblo.
"Me comprometo a que si hay más víctimas en Las Palmas estaremos allá. Si tienen desaparecidos, estamos dispuestos a practicarles las pruebas de perfilamiento genético para buscar a sus familiares", comentó Jaimes.
Los palmeros no saben por qué los desplazaron. Mientras la Fiscalía investiga y les da una explicación, la comunidad quiere que el país conozca su historia.

La Violencia en Las Palmas
Las Palmas es un corregimiento incrustado en Los Montes de María, a 15 kilómetros de San Jacinto (Bolívar). En 1999 estaba poblado por 500 familias, que habitaban 400 casas y vivían de la comercialización del tabaco, maíz, yuca y ñame.
Su tragedia llegó a finales de la década de 1980, cuando guerrilleros del Epl comenzaron a extorsionarlos y a reclutar jóvenes. Tras su desmovilización en 1991, el Frente 37 de las Farc rondó por la zona y asesinó a Eustaquio Sierra y a Luis Felipe de Ávila. Ellos fueron las primeros víctimas porque, en Las Palmas aseguran sus nativos, "la gente se moría de vieja o de enfermedad."
Luego, en 1994, los paramilitares, más conocidos como los ‘mochacabezas’, llegaron poniendo un retén entre Las Palmas y Corralito, un sitio obligado para el paso de los campesinos. "Los paramilitares se hicieron pasar por guerrilleros. En ese lugar mataron primero a Segundo Caro y luego a su hermano Álvaro Rafael Caro, cuyo cuerpo nunca se encontró", recordó un habitante.
Los siguientes años fueron de terror. Los palmeros recordaron que los paramilitares tenían un modus operandi que utilizaba a los niños como carnada. A cualquier hora y mientras los adultos trabajaban en las parcelas, los ‘paras’ entraban a la escuela Juan XXIII, les escribían "sapos" en el tablero y los obligaban a salir a la plaza principal.
"Allí los retenían hasta cuando los adultos se presentaban con cédula en mano, los buscaban en una lista y seleccionaban a sus víctimas. Así mataron a Alberto Castillo. Los tipos tenían a Édgar, al hijo, y cuando Albertico llegó, lo mataron en la plaza en frente de todos", dijo Luis Gilberto Caro, que le compraba cerdo a quien era uno de los comerciantes del pueblo.
Después asesinaron a Abelardo Caro y a Gregorio Fontalvo Arroyo (papá) y Gregorio Fontalvo (hijo). El pueblo no resistió más el 28 de septiembre de 1999, cuando los paramilitares asesinaron el mismo día a cuatro habitantes y amenazaron a toda la comunidad de una próxima masacre.

El Desplazamiento
Ese 27 de febrero los paramilitares llegaron temprano, de nuevo raptaron a los niños de la escuela y los llevaron a la plaza principal. Acusándolos de guerrilleros, frente a niños y mujeres asesinaron a Tomás Bustillo, Rafael Sierra y a Celestino Ávila Herrera. "A Emma Herrera la mataron cuando salió gritando y les dijo que si mataban a Celestino, la mataban a ella", recordó Miguel Caro.
Los palmeros contaron que ese día los paramilitares celebraron, hicieron algarabía y chocaron entre sí  los dos jeep que le servían al pueblo para sacar la cosecha hasta San Jacinto. Luego los sentenciaron: "El 11 de noviembre vamos a celebrar con todos ustedes. Desde el más chiquito hasta el más grande se muere", contó Caro.
Después de enterrar los cuerpos, el pueblo decidió dejarlo todo por miedo a que los paramilitares cumplieran con la advertencia. A las 9 de la mañana del día siguiente, empacaron lo que alcanzaron y salieron hacia San Jacinto en busca de refugio. Durante cinco meses se acomodaron como pudieron en el coliseo de ese municipio, "hasta que la situación se hizo insostenible y muchos buscamos ayuda en las ciudades donde teníamos familiares", dijo un habitante.
En 2005 la comunidad quiso retornar, pero el 5 de febrero dos de sus habitantes fueron asesinados. "Ya nos habíamos organizado para volver. Pero a José Clemente Sierra y a Edilia Herrera, que fueron los primeros que llegaron al pueblo, los mataron. No había garantías para regresar", dijo Luis Gilberto Caro.

La Organización
Así Palmas es la asociación de 700 familias que creó el pueblo para exigir verdad, justicia y reparación.
Pese a la distancia, los palmeros siguen tan unidos como cuando vivían en su pueblo. Los primos Caro contaron que las familias siguen celebrando las fiestas de la Virgen del Carmen los 16 de julio y las fiestas de su patrona, la Virgen de Santa Lucía, los 13 de diciembre.
Cuando no es en Suba, viajan hasta Las Palmas así la carretera sea inaccesible, el monte se haya comido las casas y no haya servicios públicos. Hacen misa, procesión y fandango, un baile en el que los asistentes llevan manojos de velas y hacen rondas alrededor de La Virgen.
Aunque siguen preservando sus tradiciones, los palmeros sueñan con sacar del olvido a Las Palmas. Que la carretera no sea una trocha enlodada, que los postes de luz tengan fluido eléctrico, que los caminos vuelvan a ser abiertos y las casas reconstruidas. Por eso el 17 de septiembre de 2010 fundaron la asociación Así Palmas y tienen una página web para que la comunidad ubique a sus habitantes en el territorio nacional.
"Uno nunca se olvida de lo que era el pueblo, de lo que uno hacía allá y que en las ciudades no se puede hacer. De mi parte, no pienso morirme aquí. Todos los días desde que me acuesto y me levanto primeramente me acuerdo de Las Palmas. Yo dejé allá un pedazo de tierra y algún día voy a volver", dijo Miguel Caro.
6 de octubre de 2010
5 de octubre de 2010
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diego vecino culpable de asesinato


‘Diego Vecino’ aceptó el asesinato de dos miembros del CTI. El ex jefe del Bloque Héroes de los Montes de María admitió haber participado en el asesinato y desaparición de dos miembros del CTI y sus acompañantes en San Onofre, Sucre, en 2001.
Colombia. Ante un fiscal de Derechos Humanos y DIH, Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’ reconoció su responsabilidad en el asesinato y desaparición el 27 de mayo de 2001 en Rincón del Mar, cerca de San Onofre, Sucre, de Fabio Luis Coley Coronado y Jorge Luis de La Rosa Mejía, agentes del CTI, y de sus dos acompañantes: Sadith Elena Mendoza Pérez y Aida Cecilia Padilla Mercado.
Fabio Coley y Jorge Luis de la Rosa eran miembros del CTI de Santa Marta y se estaban haciendo pasar por comerciantes de ganado. Estaban acompañados por dos mujeres de la región que les servían de fachada, investigando hechos relacionados con el Bloque Héroes de Montes de María, cuando paramilitares al mando de Marco Tulio Pérez, alias ’El Oso’, lugarteniente de Rodrigo Mercado Pelufo, alias ’Cadena’, los interceptaron y secuestraron.
Los dos agentes estaban en San Onofre identificando a jefes y miembros del Bloque Héroes de Montes de María, autores de la masacre de Chengue en febrero de 2001. Alcanzaron a identificar a ’Cadena’, a otros paramilitares y a políticos de la región con nexos con las autodefensas.
Varios desmovilizados como Uber Enrique Bánquez, alias ‘Juancho Dique’, contaron que después de capturarlos, los dos agentes del CTI y sus dos acompañantes fueron llevados a la finca Las Palmas, cerca de San Onofre, el cuartel general de ‘Cadena’.
Después de asesinarlos, según dijo ‘Juancho Dique’, los sepultaron en la finca. Luego, cuando los ‘paras’ supieron que una comisión de búsqueda iba a la región para buscar a los dos funcionarios, los desenterraron, los desmembraron para meterlos en costales y los lanzaron al mar.
Los dos agentes ya habían sido perseguidos por los ‘paras’. Coley fue secuestrado en 1998 por siete días por las Auc en cercanías de Fundación, Magdalena, donde vivía. Según cuenta su viuda Olivia, "cuando lo liberaron, le pidieron que se fuera lejos, y lo trasladaron a Santa Marta".
Para junio de 1999, Coley y De la Rosa estaban encargados en Santa Marta de la sección de análisis y capturas de paramilitares, cuando Hernán Giraldo amenazó públicamente a varias personas, entre ellas a estos investigadores y al director del CTI en esa ciudad, Leopoldo Sánchez.
Las autoridades les dieron seguridad por 15 días. "Mi esposo hizo cartas a todo el mundo, Fiscalía, Procuraduría, para salir del país. No hubo respuesta, solamente el traslado a Medellín de Jorge y nosotros fuimos enviados a Tunja, donde vivimos durante un año y siete meses", recuerda Olivia.
Coley y De la Rosa continuaron en el CTI, mientras que Sánchez fue obligado a irse al exilio. En 2003 los dos investigadores fueron llamados para cumplir una misión especial en Bogotá, y "el 22 de abril Fabio se fue a Bogotá y no regresó nunca más a la casa", dijo su esposa Olivia.
Además de ‘Juancho Dique’, Yairsiño Meza Mercado ’El Gato’ también aceptó el crimen. Hernán Giraldo en una de sus versión libre reconoció las amenazas contra los miembros del CTI, pero no su desaparición.
La Fiscalía por su parte dictó medida de aseguramiento por el crimen  contra Manuel de Jesús Contreras Valdovino, alias ‘Peluca’ y Segundo Valencia Gómez, alias ‘Verruguita’, ex miembros de las Auc.
‘Cadena’, el jefe del bloque Héroes de los Montes de María, desapareció en 2005.
6 de octubre de 2010
4 de octubre de 2010
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empezó estudio de las muestras


La fiscal Rita Molina, que tiene a su cargo la causa sobre la filiación de Felipe y Marcela Noble Herrera, se mostró optimista sobre la resolución del caso. Ayer se abrieron los sobres con las muestras de ADN, que serán estudiadas para determinar si pueden ser utilizadas.
Argentina. "Está la ley para aplicarla y ésta fiscal para luchar para que la verdad se sepa, y yo le aseguro que la verdad se va a conocer", dijo la fiscal. Reconoció, sin embargo, que "es difícil determinar en cuánto tiempo se sabrá la verdad" porque, explicó, "la defensa utilizará todos los medios legales a su alcance para impedir la pericia".
Los sobres que contienen las muestras hemáticas y el exudado bucal de Felipe y Marcela Noble Herrera, hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, se abrieron ayer ante la presencia de testigos y perito en el Hospital Durand, donde funciona el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
"La parte cobertora de los sobres estaba perfectamente", señaló la fiscal en declaraciones formuladas a radio Rivadavia, ante las dudas que existían respecto al estado de estos sobres cuyas muestras se tomaron hace diez meses. Según dijo Molina, las muestras "se volvieron a ensobrar" y ahora están en poder del Banco Genético, que el 18 de octubre dará comienzo a las pericias.
A través de estas pericias, explicó, "se va a determinar el ADN de los jóvenes", y luego "se comparará con todo el banco genético". Agregó que, de todas formas, el primer paso es "determinar la idoneidad de las muestras, si están contaminadas o no" y dijo que "una vez que se determine se va a guardar la muestra".
El estudio sobre el estado del material biológico disponible, preliminar a la determinación de un perfil genético de los jóvenes, estará disponible el 28 de octubre luego de que ayer el BNDG pidieran una prorroga del inicio hasta el 18 del corriente. La pericia estaba programa en principio para el jueves próximo, pero las directora del BNDG y responsable de las pericias ante el juzgado, María Belén Rodríguez Cardozo, pidió posponerla debido a un viaje al exterior.
6 de octubre de 2010
5 de octubre de 2010
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declaró díaz bessone


Declaró el ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército ante el Tribunal Federal. Díaz Bessone repitió "que en la Argentina se había vivido una guerra ya que un gobierno constitucional había ordenado aniquilar a la subversión". E insistió con que debería ser juzgado por un tribunal militar. Desmintió a Feced.
[José Maggi] Argentina. El ex Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército Ramón Genaro Díaz Bessone declaró ayer ante el Tribunal Oral Federal Nº 2, en el marco de la causa por terrorismo de estado que lleva su nombre. En un larga exposición les recordó a los presentes que "que en la Argentina se había vivido una guerra ya que un gobierno constitucional había ordenado aniquilar a la subversión, y que por ende no cabía un juicio de un tribunal federal, sino de uno militar, porque no se habían cometido delitos penales, sino que se habían aplicados políticas de estado que no pueden ser sujetas a revisión judicial". Y aclaró por si había dudas que "al derrotar a la subversión salvamos al país de un régimen castrista". Díaz Bessone negó que hubiese tenido bajo su mando a la policía santafesina, con cuyos integrantes comparte el banquillo de esta causa. Y no dudó en desmentir al fallecido comandante de Gendarmería e interventor de la policía Agustín Feced "quien incurrió en falsedades al decir que yo le había dado una orden verbal para disponer de esa fuerza".
Al anciano militar que exhibe dificultades para hablar, para escuchar y para ver, se lo pudo ver en todo momento consultando un escrito especialmente preparado con resaltadores. Sus palabras fueron seguidas con atención por Gonzalo Miño, su abogado defensor. "En una guerra al enemigo no se lo asesina, sino que se lo mata, no se lo priva ilegalmente de su libertad y se lo tortura, se lo captura y se lo interroga", prosiguió Bessone.
Se resguardó en "los decretos de un gobierno democrático que dio libertad de acción para operar contra el enemigo y sus apoyos clandestinos". "En una guerra no se le pide una orden a un juez para actuar, como no se le pidieron para tirar bombas en Hiroshima y Nagasaki", dijo sin inmutarse el veterano represor.
Después trató de refutar el concepto usado por la fiscalía que lo acusa de participar en "un plan sistemático ilegal", "no fue tal sino un plan legítimo de un gobierno democrático", apuntó. "Si voy a ser juzgado por delitos militares que cometí como Comandante del Segundo Cuerpo, pido ser juzgado por el Código de Justicia Militar", agregó.
Para el militar "este es un juicio político y no un juicio penal, en donde se toman como ciertas, por ejemplo, las denuncias de la Conadep
(Comisión Nacional por la Desaparición de Personas) ante quien solo bastaban las simples denuncias sin investigación alguna" dijo para desmerecer al organismo que enumeró las atrocidades cometidas por el gobierno militar.
Después se enfrascó en explicar que "hubo decretos como el 2770/ 75 del gobierno de Isabel Perón que creó el Consejo de Seguridad Interior presidido por ella y fijó las competencias del Consejo de Defensa presidido por el ministro de Defensa que coordinaba la ejecución de las medidas contra la subversión. Entre ellos los gobernadores, que disponían de sus policías provinciales. Si yo tuve dominio del hecho, podría hablar de la figura del partícipe necesario, pero cuánto más lo son los miembros del Poder Ejecutivo y los gobernadores de provincia".
Se detuvo en recordar el decreto 2772/75 que establecía "que las fuerzas armadas bajo el Comando Superior del presidente de la nación ejecutará las operaciones necesarias para aniquilar a la subversión, y por más que se quiera distorsionar el sentido es reducir a la nada, matar al enemigo. En tiempos de paz se ordena detener, poner a disposición de autoridad, en tiempos de guerra no. Obtener información, no es una actividad ilícita y hoy tan menospreciada" remarcó.
Aseguró que "jamás requerí el control operacional de las fuerzas policiales de la provincia". Y concluyó "todo lo que pueda declarar el comandante Feced no goza de ninguna garantía porque está viciada de falsedades. La falsedad de Feced surge claramente porque fue designado interventor de la UR II el 8 de abril de 1976 por decreto y puesto en funciones después, jamás pudo estar en reunión conmigo en marzo".
6 de octubre de 2010
5 de octubre de 2010
©rosario 12
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sin derecho a querella


Resolución del Tribunal Federal Oral de Rosario.
[Sonia Tessa] Argentina. Aunque recién ayer por la tarde comenzaron las indagatorias, por la mañana se reanudaron las audiencias de la causa Díaz Bessone. Después de un cuarto intermedio para terminar de definir las cuestiones preliminares, la secretaria Silvana Andalaf leyó la resolución del Tribunal Federal Oral que -con voto dividido hizo lugar a algunos de los planteos de la defensa, ninguno de los cuales impidió el inicio del debate propiamente dicho. Por un lado, declararon la nulidad parcial de algunos procesamientos por tormentos a casi todos los acusados, por considerar que no habían sido incluidos en tiempo y forma en la acusación. Pero el punto crucial fue el rechazo de la participación como querellantes por el delito específico de asociación ilícita de aquellos casos que no se ventilan en este juicio oral, dado que aún se encuentran en etapa de instrucción. Las caras largas de las abogadas y los abogados querellantes eran elocuentes, no esperaban esa resolución, que impide querellar a un grupo importante de víctimas y familiares por este delito, ya que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Es decir, algunas víctimas podrán acusar a estos cinco imputados por asociación ilícita, y otras tendrán vedado ese derecho.
Así lo entendió Beatriz Barabani, autora del único voto que rechazaba la nulidad planteada por el abogado defensor Germán Artola. "Adoptar tal temperamento, significaría privar la posibilidad de querellar por tal delito", expresó con toda claridad la magistrada -que esta semana preside el Tribunal en su voto. En cambio, Jorge Benegas Echagüe consideró que se debía "diferenciar entre quienes acusan y aquellos que aún no han superado la etapa de instrucción". A esa postura adhirió Otmar Paulucci. Es decir que Esperanza Labrador, cuyo esposo Víctor y su hijo Palmiro fueron asesinados, mientras Miguel Angel se encuentra desaparecido, no tiene derecho a querellar a estos cinco acusados por haber formado una banda con el fin de secuestrar, torturar y asesinar a personas por razones políticas. En la misma situación están, entre otros, Elida Luna, esposa del desaparecido Daniel Gorosito y Marcelo Jalil, hermano de Sergio, desaparecido.
Al salir de la audiencia, Gabriela Durruty, abogada de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, afirmó que estudiarán la resolución, con la que adelantó que no estaba de acuerdo, para discutirla, ya que reservaron derechos. Para Nadia Schujman, de Hijos, la decisión del Tribunal significa "un certificado de defunción a la posibilidad de estos querellantes de acusar por asociación ilícita" y consideró que "debido a una decisión judicial de elevar algunos casos y dejar otros en instrucción, ahora se toma esta medida, sin tener presentes todas las expectativas que se generan en los querellantes".
La audiencia propiamente dicha comenzó después de las 12. En el banquillo, en el extremo izquierdo de la sala, el principal acusado estaba vestido con un traje gris. Homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y asociación ilícita son los cuatro cargos por los que deberá responder, al igual que José Lofiego, del que lo separaba un gendarme, en la misma hilera de sillas. José Scortecchini, Mario Marcote, Ramón Rito Vergara, así como el civil Ricardo Chomicki, seguían sentados en el orden habitual. Ellos no están acusados de homicidio, pero sí del resto de los delitos. Del otro lado del vidrio, la mayoría de los asientos estaban ocupados. Cada uno de los asistentes mostró la foto de algún desaparecido. La memoria de Estrella Augusta González, Sergio Abdo Jalil, Susana María Busaniche, Nora Larrosa, Norma Valentinuzzi de Maggio, Gustavo Ramón Bruzzoni Godone, Oscar Medina, Daniel Gorosito, Graciela María y Susana María Busaniche, así como de Cristina Bettanín fue recuperada por sus compañeros de antes y de ahora en el lugar donde esperan encontrar justicia.

6 de octubre de 2010
5 de octubre de 2010
©rosario 12
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