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veinticuatro cadáveres


El ex comisario Meneghini declaró en el juicio en San Martín y buscó despegarse de Patti. La presidenta del Tribunal Oral obligó a Patti a sentarse y responder a la invitación a declarar. Lo colocaron en una silla de ruedas, pero avisó que no hablaría. Quien sí lo hizo fue Meneghini, ex jefe de la comisaría de Escobar.
[Alejandra Dandan] Argentina. Desde temprano había corrido la voz de lo que podía pasar. La presidenta del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín iba a pedirle a Luis Abelardo Patti que abandonara la escenificación de enfermo, se incorporara y respondiera sentado a la invitación a la indagatoria. Horas después del comienzo del debate, el momento llegó. Tras un pedido en vano de sus abogados, el represor enfrentó al tribunal sobre una silla de ruedas. "¿Desea hacer alguna declaración?", preguntó la jueza Lucila Larrandart. El ex subcomisario giró la cabeza súbitamente hacia la izquierda para mirar a los abogados querellantes. Luego de levantar el dedo pulgar, respondió a la jueza con un no.
La tercera jornada de audiencias del juicio oral y público en San Martín contra el ex policía entraba así en el tramo final. El ex dictador Reynaldo Bignone se negó a declarar y, antes de Patti, declaró durante unas cuatro horas el ex comisario Fernando Meneghini, jefe de la comisaría de Escobar desde enero de 1976, con prisión domiciliaria. Con la voz carrasposa y 74 años, Meneghini habló por primera vez. Intentó despegarse de Patti, al que, como iba vestido de civil, obligó "al menos a llevar saco y corbata" y a quien le levantó un sumario por tareas de inteligencia ilegal. En su defensa, habló de una relación todopoderosa de los militares de Campo de Mayo sobre la comisaría.
"La comisaría de Escobar tenía mil jefes", dijo. "Yo parecía el hijo de la pavota, perdóneme la expresión, pero alguna vez me tiraron 24 cadáveres siendo que no me correspondían porque eran Pilar." Durante uno de los intervalos, esos minutos para ganar algo de aire, los sobrevivientes, amigos y familiares de las víctimas intentaban decodificarlo. Diego Muniz Barreto, el hijo de una de las víctimas, sospechaba que como buen policía el hombre era muy verticalista, hasta que algo entraba en desgracia. Por otras, alguien suponía en cambio que "a lo mejor empezó a romperse el pacto de silencio y se produce un quiebre entre los militares y quienes tenían cargos intermedios como la policía". En la declaración dejó además otras impresiones: la chance de que alguno de los datos podrían ser, además, el resultado de cierto enfrentamiento con Patti.
Meneghini llegó a la comisaría de Escobar en enero de 1976. Conoció a Patti "en la puerta", aseguró, y aclaró que durante ese año el ahora ex intendente de Escobar estuvo en la delegación de Garín. Pese a que la delegación dependía de la comisaría de Escobar, Meneghini intentó despegarlo: "A mí no me constaba lo que había hecho en Garín, yo no lo conocía, no sabía qué mentalidad tenía y los corrillos públicos hablaban" del accionar ilegal desde que las comisarías habían entrado en la órbita del Ejército, tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. "No podía saber si hacía bien los deberes o transgredía la ley", aseguró sobre lo que sucedía en Garín. Aun así, a partir de las preguntas de la querella tuvo que reconocer que Garín enviaba partes con operativos y novedades, él visitaba la delegación una vez a la semana y controlaba los libros.
De espaldas al público, enfrentado al tribunal, el ex comisario leyó artículos de diarios y las actas de resoluciones que determinaron entre 1975 y 1976 la subordinación de la policía a la órbita militar. Entre otros datos, se refirió además a un testigo de la instrucción para volver a Patti. Era el hijo del jefe de la Delegación municipal de Garín, la persona que además entregaba vales de nafta e impuestos a la comisaría. "Era Patti el que retiraba los vales", dijo. "Además se puede presuponer que los vales de nafta eran para Garín, situación que nos lleva a sostener que Patti en dicha fecha con la jerarquía que ostentaba estaba en Garín y no en Escobar, porque la jerarquía reglamentariamente no le permitía estar al frente de una comisaría propiamente dicha."
Meneghini dijo que Patti se sumó a Escobar en 1977, como oficial de calle. Que él no lo pidió, que fue una orden de la Unidad Regional de Tigre. "Yo nunca le dije a Patti, tal como se me adjudica, que no aplique tormentos sin mi autorización. Sí lo que le dije es que si él iba a prestar servicios en mi comisaría, porque lo había dispuesto la superioridad, que lleve al menos saco y corbata porque no llevaba uniforme y que a mi seccional no trajera ninguna persona ilegal porque yo inmediatamente la iba a documentar".
Una de las sospechas es que Patti era personal de inteligencia, con funciones en y fuera de Escobar. La querella preguntó a Meneghini por la Dipba, el área de inteligencia de la Policía de Buenos Aires y el ex comisario dijo por ejemplo que había una delegación de la Dipba en la Unidad Regional de Tigre, de donde salió –según sus dichos– el nombramiento de Patti en Escobar.
A mediados de agosto de 1977, explicó, ordenó a Patti una investigación por el supuesto robo en una fábrica de madera. "Participe pero cuidado –le dijo–: usted ya sabe cuál es mi temática". Al cabo de unos días, lo llamaron de Campo de Mayo porque el sobrino de un general se había quejado de Patti. "Acosamiento –intentó aclarar Meneghini–, pararlo en la calle, incursionar en el núcleo de amistades y familiares de la víctima".

–¿Eran tareas de inteligencia? –preguntó la querella.
–En la policía no se hacía inteligencia, sí averiguaciones, puede ser que en algún momento lo haya interpelado a este muchacho, que este muchacho le contó al tío, y así hasta que lo dijeron a mí.

Cuando supo que la Justicia iniciaba un juicio en su contra, el ex comisario regresó a la comisaría de Escobar para buscar los libros. Dijo que rescató una sola hoja del libro de sumarios de la comisaría, porque el resto había sido incinerado. Leyó la hoja. Eran datos de presuntas víctimas de la dictadura, con fecha, lugar, nombres o la identificación de NN con hipótesis de las causas de las muertes como privación ilegal de la libertad. La hoja incluía datos sobre los juzgados, a modo de cubrir sus responsabilidades pero a la vez señalar la de los juzgados.
Dijo que "en Escobar no se trabajaba subrepticiamente ni se ocultaba nada". Y aunque no cuantificó los casos aseguró que "en el caso de los muertos que aparecían, había que identificarlos y nunca había autor. El autor de los hechos de lesa humanidad no iba a estar en el lugar esperando que vayamos noso-tros. Dejaban el paquete y se iban". Los cuerpos, dijo, "eran NN con disparos de bala, semicarbonizados, cuyas inhumaciones y ataúdes para ser sepultados pagaba la intendencia de Escobar sin que nunca se llegara a identificar a los culpables de los crímenes".
Meneghini dijo que a partir del 24 de marzo de 1976 la situación de la comisaría cambió: "La comisaría de Escobar parecía que tenía miles de dueños. El capitán que vino con su tropa me dijo que se hacía cargo de la comisaría por orden de la Junta Militar, se aposentó en la casa habitación, y me dijo: ‘Yo me hago cargo de la jurisdicción’ y que yo tenía la obligación de alojarlo". El capitán era Eduardo Francisco Stigliano. "Compartí ese lugar como un náufrago de un barco pero sin saber lo que hacían porque no me daban ninguna explicación".
6 de octubre de 2010

5 de octubre de 2010
©rosario 12
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qué hizo bernardo moreno


¿Qué está claro sobre Bernardo Moreno y qué falta por establecer? La Procuraduría destituyó al ex secretario Privado de la Presidencia Bernardo Moreno y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 18 años por haberse reunido el 24 de abril de 2008 con funcionarios del DAS y de la UIAF para conocer información privada del ciudadano Ascencio Reyes.
Colombia. La historia de este encuentro se inició en noviembre de 2007, cuando Moreno le entregó a Mario Aranguren, director de la UIAF un sobre que tenía información de un vuelo charter que hicieron a Neiva en 2006 algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El viaje, de acuerdo con la información que tenía el funcionario de la Presidencia, había sido patrocinado por la agencia de viajes Basan, propiedad de Ascencio Reyes, quien, supuestamente, tenía vínculos con el narcotráfico.
Moreno le entregó aquella información a Aranguren para que hiciera las verificaciones necesarias. En ese mismo mes, Moreno le pidió a María del Pilar Hurtado, entonces directora del DAS, "que verificara información del señor Ascencio Reyes, sus presuntos nexos con el narcotráfico y la posible infiltración de la Corte Suprema de Justicia", según se lee en el fallo de la Procuraduría.
Hasta esta parte, la historia no presenta nada raro, según encontró la Procuraduría, "pues es deber de todo servidor público remitir al competente aquellos asuntos que sean de su conocimiento y respecto de los cuales carezca de competencia para tramitarlos".
Lo grave ocurrió siete meses después, el 24 de abril de 2008. Ese día, Moreno "llamó a la UIAF... para pedir información de los avances del caso relacionado con el sobre que había entregado al Director de la Unidad de Información de Análisis Financiero en el mes de noviembre de 2007".
"Ese mismo día, también se comunicó con la doctora María del Pilar Hurtado Afanador, Directora del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, para que asistiera a su despacho con el fin de tratar asuntos relacionados con el señor Ascencio Reyes".
En efecto, la UIAF envió a dos funcionarios con la información financiera de Reyes y su familia. "Las pruebas indican que el doctor Bernardo Moreno Villegas dedicó buena parte del día 24 de abril de 2008, en su oficina de la Presidencia de la República, a controlar los avances y resultados de las instrucciones que meses atrás había dado a los respectivos directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), sobre el tema Ascencio Reyes y su relación con la Corte Suprema de Justicia", encontró la Procuraduría.
La presencia de los funcionarios del DAS, de la UIAF y del mismo Secretario de la Presidencia llevó a la Procuraduría a definir que el viaje de los magistrados, que ellos llamaban el caso ‘Paseo’ y todas las intrigas que lo rodeaban, "no recibieron tratamiento de asunto rutinario sino que, por el contrario, mereció la atención del Secretario General de la Presidencia de la República y de dos dependencias estatales encargadas de efectuar labores de inteligencia...".
Ese tratamiento especial se evidencia, según a Procuraduría en el "manejo de manera verbal", en que "contenía verificaciones de suma delicadeza" y en que "el secretario general, de manera personal, convocó a los directores para que le rindieran los informes respectivos".
"El Despacho, a lo largo de este fallo, ha establecido que el motivo por el
cual Ascencio Reyes merece la atención del Secretario General de la Presidencia de la República, del Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y de la Directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), es porque tiene presuntos vínculos con el narcotráfico y se relaciona con la Corte Suprema de Justicia y a través de ello se podría desprestigiar al alto tribunal", dijo la Procuraduría.
Enseguida, se lee en el fallo que "por lo tanto, considera el Despacho que la relevancia del señor Ascencio Reyes en relación con la Corte Suprema de Justicia es de medios y fines. Es decir, Reyes Serrano en este caso es el medio para desprestigiar a la Corte, por lo tanto no es fortuito que el Secretario General de la Presidencia de la República le entregue la información a los directores de dos entidades del Estado con funciones de inteligencia y luego requiera los avances y resultados".
Esas actuaciones de Moreno, según la Procuraduría, no correspondían a las estipuladas en su cargo. El Secretario General de la Presidencia "no tiene funciones asignadas o relacionadas con temas de seguridad o inteligencia del Estado. Por lo que se concluye que el apoyo que le brinda el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República al señor Presidente es de carácter administrativo y operativo", definió el fallo. De ahí la sanción por haberse extralimitado en sus funciones.
Finalmente, la conclusión es que Moreno, "con la infracción de sus deberes como Secretario general de la Presidencia de la República, al dar instrucciones para que servidores públicos asistieran a una reunión el 24 de abril de 2008 en la Casa de Nariño para presentar informes sobre los avances de una actividad que estaba sometida a reserva, desconoció el derecho a la intimidad (de Ascencio Reyes y su familia), con clara extralimitación de las funciones legales asignadas. Dicho desbordamiento de sus competencias es claro y no se encuentra justificado en norma alguna".

Uribe y Moreno
En el mismo proceso, el ex presidente Álvaro Uribe declaró que "deposité en el doctor Bernardo Moreno Villegas... el conocimiento y manejo de cierta información generada en los ministerios, departamentos administrativos, establecimientos públicos, unidades administrativos, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales y demás organismos de la administración, de acuerdo con la materia asignada puntualmente".
Respecto a la reunión que tiene a Moreno en líos jurídicos, Uribe dijo que no sabía nada. "Ante la pregunta de si tuvo conocimiento de la realización de la reunión del 24 de abril de 2008, responde que no precisamente, pero que el doctor Bernardo le informaba diariamente sobre distintos temas y que recuerda información recibida sobre comentarios periodísticos existentes sobre un viaje de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a la ciudad de Neiva y aclara que jamás se solicitó información acerca de magistrados", dice en la providencia de la Procuraduría.
Mientras tanto el ex presidente Álvaro Uribe, según la agencia EFE, dijo a través de un comunicado fechado desde Ciudad Guatemala, que asume la responsabilidad política y jurídica. "Y asumo la responsabilidad jurídica y política por esa conducta".

Sigue Pendiente...
Pese a que ese organismo logró claridad respecto de este episodio, quedan otros hechos por fuera en los que figura el nombre del ex Secretario de la Presidencia.
Por ejemplo, las declaraciones que publicó SEMANA en las que un ex funcionario del DAS aseguraba que les hacía seguimientos a los magistrados para informar a la Casa de Nariño sobre los procesos de parapolítica.
En el artículo ‘Se cierra el círculo’, puede leerse la declaración de un ex funcionario que dijo que "recibí órdenes que tenían como objetivo trabajar temas que fueran sensibles para el gobierno. Ese comenzó en forma en 2007. Para ese año muchos de los esfuerzos y recursos que se aplicaban para control de ONG, oposición y algunos periodistas se reenfocaron a raíz de la parapolítica. Lo primero, por instrucciones del jefe de contrainteligencia, capitán Lagos, era saber en qué iban y a quién salpicaban exactamente los procesos de para política -explica el ex funcionario-. Para eso la única forma era ’trabajar’ a la Corte. Se diseñaron labores de monitoreo de comunicaciones y vigilancia. Se buscaba saber con quién hablaban los magistrados y qué decían los testigos sobre algunos políticos que pudieran salpicar al gobierno. Se elaboraban perfiles de los testigos y se trataba de conseguir incluso apartes de los expedientes. Con gente nuestra y otros a los que se les pagaba desde fuentes humanas se trataba de grabar o conocer qué se discutía en las reuniones de los magistrados. Algunos de los audios de esas reuniones se destruían después de oírlos y desgrabarlos. Otros los tengo guardados porque eran mi seguro de vida. En la mayoría de las ocasiones esa información, ya procesada, la manejaba con los de inteligencia o el director del Departamento. Allí se definía cuál de esa información debía ir a la Casa de Nariño. Yo personalmente, siguiendo instrucciones, entregué datos sobre esos temas, como por ejemplo, el caso de Mario Uribe, al secretario general, Moreno, y al jurídico, Edmundo del Castillo".
Otro ex funcionario del DAS le dijo a la Fiscalía que "entre 2008 y 2009 fui por lo menos en ocho oportunidades a la Casa de Nariño para llevar y recibir información, y me reuní en otras tantas con funcionarios de allá. Entre las labores que se realizaron, el señor Moreno en una ocasión me pidió monitorear y hacer un análisis sobre cómo votarían algunos políticos el tema del referendo. Yo le entregué algunas transcripciones sobre conversaciones de algunos de los que no estaban a favor del referendo. Por las órdenes posteriores que recibí, esas no directas de alguien de Casa de Nariño, pero sí solicitadas por ellos a mis superiores, se buscaron elementos, cuentas, contratos o actos de corrupción de algunos políticos para convencerlos por "las buenas" de votar. Entre lo que hay está, por ejemplo, lo que se descubrió sobre Javier Cáceres y sus negocios en Etesa. En anticorrupción del DAS había una investigación que se venía adelantando sobre eso. Lo que se hizo fue entregar eso a Palacio y allá le dieron manejo", explicó a SEMANA el funcionario, que fue uno de los hombres de mayor confianza del ex jefe de contrainteligencia Jorge Lagos".
"El caos interno y la falta de control hicieron que muchos termináramos siguiendo órdenes directas de gente de Palacio. Aunque yo trabajaba en inteligencia, tenía instrucciones de colaborar en todo lo que se pidiera de Palacio. Tengo, por ejemplo, grabado cuando el secretario Moreno y Del Castillo me presentaron a unos abogados importantes que llevaban procesos y ayudaban a gente del gobierno, quienes necesitaban que les diéramos las sábanas (registro de números) de los celulares de otros abogados e investigadores para saber si habían conversado. Obviamente también solicitaron ayuda para monitorear números de magistrados que llevaban casos claves. Cuando se hizo eso, personalmente entregué esa información a las personas que el secretario general me presentó y me ordenó dárselas", contó a SEMANA otro funcionario activo del DAS que entregará su testimonio y las pruebas que tiene a la Fiscalía.
5 de octubre de 2010
©semana
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murió eileen nearne


Agente encubierta británica en Francia durante la invasión del Día D. La heroína fue capturada por los nazis y enviada a un campo de concentración, del que escapó. Su valentía no fue reconocida sino hasta después de su muerte.
Murió el 2 de septiembre, en su casa en el sudoeste de Inglaterra, de un ataque al corazón, la retraída heroína de la Segunda Guerra Mundial que fue una radio-operadora clandestina en Francia durante la invasión del Día D, y ayudó a coordinar el esfuerzo bélico de los Aliados hasta que fue capturada por la Gestapo. Tenía 89 años.
Nearne, conocida también como Agente Rose, mantuvo el secreto y nunca mencionó sus proezas en tiempos de guerra con sus vecinos en Torquay, la ciudad costera de Devon, donde vivió hasta su muerte.
Su valentía no fue ampliamente reconocida sino hasta que funcionarios locales entraron a su departamento después de su muerte y encontraron un tesoro de medallas, archivos y recuerdos, incluyendo monedas francesas usadas durante la guerra.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Nearne trabajó con el Special Operations Executive, una operación clandestina montada por el primer ministro Winston Churchill para realizar actos de sabotaje y espionaje contra los nazis, que ocupaban entonces Europa Occidental.
La misión de Nearne en Francia en 1944 -recién había cumplido los veintitrés y se hacía pasar por una dependienta francesa- era operar un transmisor inalámbrico que fue una conexión vital entre la resistencia francesa y los estrategas de la guerra en Londres.
John Pentreath, de la organización benéfica de los veteranos de la Real Legión Británica, contó que Nearne fue capturada con un transmisor detrás de líneas enemigas y enviada al campo de concentración de Ravensbruck. Se escapó y finalmente fue liberada por las fuerzas estadounidenses.
"Para una niña, es una historia abrumadora", dijo. "La admiramos sobrecogidos y la respetamos enormemente. Todos los británicos lo hacemos. Nos decepciona que no supiéramos nada sobre ella cuando estaba todavía viva; nos habría encantado sobremanera haber hecho contacto con ella".
El historiador M.R.D. Foot, que tuvo acceso al expediente secreto de Nearne de sus actividades, dijo que fue la única agente británica con un transmisor operacional en la zona de París durante el crucial periodo que va de marzo de 1944 hasta su captura por los alemanes en julio de ese mismo año.
"Estuvo allá durante el Día D", dijo. "Lo que hizo fue extremadamente importante. Estaba coordinando transportes de armas y explosivos, que eran usados para destruir las líneas férreas alemanas".
Dijo que Nearne exhibió coraje y lealtad cuando se negó a hablar sobre las operaciones clandestinas incluso después de haber sido sometida a un violento tratamiento.
Después de la guerra, Nearne fue nombrada Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE), en reconocimiento por sus servicios. Vivió la mayor parte del resto de su vida con su hermana Jacqueline, que también sirvió en el Special Operations Executive.
Desde la muerte de su hermana en 1982, Nearne vivía sola.
La saga de la solitaria muerte de Nearne y sus acciones en tiempos de guerra tocaron un nervio en Gran Bretaña. El Times de Londres dijo en un editorial que se parecía a Eleanor Rigby, la solterona que murió sola en una canción de los Beatles.
"Su vida merece ser cantada tanto como la de Eleanor Rigby’s", decía el editorial.
El martes, cientos de asistentes lamentaron la partida de Nearne durante su funeral en Devon.
5 de octubre de 2010
23 de septiembre de 2010
©los angeles times
cc traducción mQh

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los otros falsos positivos


columna de lísperguer
Artículo relata cómo bandas de paramilitares llegaron a controlar el piedemonte llanero: Cundimarca, Meta, Boyacá y Casanare.

En la guerra contra los campesinos en Colombia, paramilitares y militares han cometido muchos crímenes horrendos.Torturas y ejecuciones inimaginablemente salvajes, como la chica que fue mutilada a machetazos hasta que no quedó de ella sino el tórax y la cabeza, y los hornos crematorios, donde se deshacían de sus víctimas, vivas o muertas. Son los creadores del concepto ‘falso positivo’, nombre dado a civiles que son asesinados por la tropa paramilitar para ser vestidos con el uniforme de la guerrilla y ser presentados como guerrilleros caídos en combate. El gobierno de Uribe pagaba cerca de dos mil dólares por cadáver. La muerte debía probarse con la cabeza o las manos del ajusticiado.
En el artículo que estoy leyendo se revela una nueva modalidad de crimen, también salido de la afiebrada mente de esos monstruos: el asesinato de civiles, e incluso de las propias tropas militares, para ser presentados como paramilitares muertos en combate y así hacer creer al gobierno que el ejército estaba efectivamente atacando a los paramilitares.
"El sargento ‘Rodríguez’ también les pidió", leemos en el artículo en verdadabierta, en que se cuenta cómo los paramilitares de don Mario llegaron a controlar el piedemonte llanero, "simular combates entre el Ejército y los ‘paras’, y así presentar personas asesinadas por las autodefensas como paramilitares muertos en combate [énfasis agregado] contra los soldados del Batallón Serviel.
"Fue así como en una ocasión ‘Flechas’ seleccionó dos paramilitares rasos de una de sus escuelas de entrenamiento y los llevó a la vereda Europa de Paratebueno. "Cuando vieron las tropas del Ejército, los ‘paras’ asesinaron a los dos patrulleros y dispararon en dirección a los soldados que se aproximaban. [Énfasis agregado] "Huyeron y dejaron los dos cadáveres, con sus armas, uniformes y brazaletes, para que los presentara como autodefensas muertos en combate.
"En otra ocasión, según ‘Flechas’, sus hombres asesinaron a dos civiles cerca a Medina, que "nada tenían que ver con las autodefensas", y los abandonaron cerca de una patrulla del Ejército [énfasis agregado]. Fueron presentados ante los medios como paramilitares que murieron en enfrentamiento".
Consterna la barbarie de estos criminales y su espeluznante desprecio por la vida humana y por los valores y normas que suelen regir las relaciones entre personas civilizadas, asesinando por consideraciones de estrategia o de dinero, a sus propios reclutas o empleados. Nada se puede agregar que represente fielmente el horror que causan estas figuras salidas del infierno. En Chile, como caso único en la prensa hispana, el diario de extrema derecha ‘La Tercera’ llama "combatientes" a los paramilitares colombianos.
lísperguer

cómo cayó el piedemonte llanero


’Don Mario’ contó cómo se tomó el piedemonte llanero. El ex jefe paramilitar y varios de sus hombres aseguraron que algunos miembros del Ejército y la Policía fueron sus cómplices en la entrada del Bloque Centauros a varios pueblos de Cundimarca, Meta, Boyacá y Casanare, en los que asesinaron, desaparecieron y extorsionaron a cientos de personas.
Colombia. En una versión libre conjunta Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, Orozman Osten Blanco, alias ‘Flechas’, Luis Miguel Hidalgo, alias ‘Ratón’ y Martha Ludiz Cogollos, alias ‘Falcona’ relataron ante la Fiscalía que para entrar en municipios como Paratebueno y Medina en Cundinamarca, y Cumaral, Restrepo, Barranca de Upía y Cabuyaro en Meta, los paramilitares contaron con la colaboración de algunos militares, policías y políticos de la región.
Según aseguraron los paramilitares que pertenecieron al Bloque Centauros lograron tener cómplices en casi todas las estaciones de Policía, unidades del Ejército y alcaldías en la región, para poder movilizarse con tranquilidad en toda la zona. Sus nexos con las autoridades les permitían, por ejemplo, saber con antelación cómo se planeaban operativos contra ellos del Ejército y la Policía.
Los paramilitares le entregaron a la Fiscalía una lista de nombres de miembros de la policía que presuntamente colaboraron con ellos. También confesaron que asesinaron personas que luego fueron presentadas como paramilitares muertos en combate con el Ejército, además dijeron que soldados les vendieron municiones.

El Dominio de la Policía
‘Ratón’, que fue comandante de los ‘paras’ en los municipios de la región, le dijo a la Fiscalía: "La mayoría de policías de la región sabían quiénes éramos, donde estábamos, y qué hacíamos. En esos pueblos cada tercer día había un muerto, a veces todos los días".
Para movilizarse por la región y cometer sus crímenes, los ‘paras’ aseguraron que pagaban a policías y a cambio se comprometieron a no dejar rastros de las personas que asesinaron. Sin embargo, como señalaron los desmovilizados, por eso desaparecieron a un sinnúmero de víctimas. Según ‘Falcona’: "Nos exigían no dejar los cadáveres botados en sus jurisdicciones".
Barranca de Upía, Meta, fue uno de los municipios del piedemonte donde los ’paras’ aseguraron que también tuvieron nexos con la Policía. El pueblo era clave para los ‘paras’, pues ahí se concentraban los jefes del Frente Juan Andrés Álvarez, que delinquía en la zona. Por eso, según ‘Flechas’, ex jefe financiero, todos los agentes de la estación presuntamente recibían sobornos, "de lo más chiquito hasta lo más grande". Los patrulleros ganaban 200 mil pesos, los cabos 500 mil y el comandante un millón. ‘Flechas’ indicó además que alias ‘El Cabo Julián’, quien después fue concejal de Barranca de Upía, era el encargado de hacer los pagos a los agentes.
Los desmovilizados contaron que, en Paratebueno, Cundinamarca, su presencia fue tan notoria y abierta que, en varias ocasiones, se pasearon en uniforme y con pistolas por las calles del pueblo. ‘Flechas’ recordó que incluso hizo reuniones con todos los habitantes del pueblo a quienes sacaron de sus residencias para explicarlas su presencia en la región. "A los únicos que me faltó citar fue a la Policía", dijo.
Los ’paras’ dijeron que también sobornaron a algunos miembros de la Policía en Medina, Cundinamarca, en donde presuntamente coordinaban con un capitán de la Policía, "para que no nos dieran inconvenientes", según dijo ‘Flechas’. El desmovilizado dijo que le pagaba dos millones de pesos mensuales, mientras que un sargento, que era el segundo al mando, recibía un millón.
‘Falcona’ y ’Ratón’ señalaron que se reunieron en varias oportunidades con agentes de la Policía, entre los que se encontraba un teniente, para garantizar que la Fuerza Pública no se metiera con ellos.
En Cabuyaro, otro municipio de la zona, los ex paramilitares aseguraron que le pagaban al sargento Francisco Rivas, comandante de la estación, dos millones de pesos por mes y al patrullero Arias, al que presuntamente le pagaban 500 mil. Según le dijo a VerdadAbierta.com la dirección de la Policía Nacional, el agente Francisco Luis Rivas falleció.
En otro municipio, Cumaral, en Meta, en donde funciona el Distrito VII de la Policía de Meta, con jurisdicción sobre seis estaciones de todo el piedemonte llanero, ’Flechas’ también dijo que se reunieron con el mayor José Domingo Moncaleano Sánchez en la carretera entre Cumaral y Paratebueno. El oficial presuntamente les dijo que "había que hacer todo bien coordinado y que no hicieran desorden". El mayor José Domingo Moncaleano Sánchez fue destituido después de insistentes denuncias de Álvaro Perdomo, un finquero extorsionado por los ‘paras’. Después de la renuncia de Moncaleano, los ‘paras’ contaron que siguieron teniendo contacto constante con los miembros de la Fuerza Pública.
VerdadAbierta.com habló con la dirección de la Policía Nacional, que le informó que José Domingo Moncaleano se retiró de la institución cuando era mayor, aunque no precisaron la fecha.
Por otra parte los ex ’paras’ del Bloque Centauros dijeron que con la colaboración de algunos miembros de la Policía de Carreteras garantizaban la movilización de hombres y armas en todo el piedemonte llanero. Según los desmovilizados le pagaban a un teniente del Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar), quien controlaba la ruta entre Villavicencio y Yopal.
Según los paramilitares, el oficial, que presuntamente recibía cinco millones mensuales de las autodefensas, ayudó además al Bloque Centauros en la guerra con las Autodefensas Campesinas de Casanare de los Buitrago en 2001. Según ’Flechas’ al teniente le dieron nombres de miembros de Los Buitrago quien al parecer se encargaba de capturarlos.
‘Ratón’ también indicó que se reunió con policías de Cáqueza y de Guayabetal, municipios de Cundinamarca entre Bogotá y Villavicencio, para no tener dificultades en esa carretera.

Los Nexos con el Batallón Serviez
En otra parte de la versión libre, los desmovilizados aseguraron que se reunieron con miembros del Batallón XX General Manuel Roergas Serviez del Ejército, con sede en Villavicencio y con jurisdicción el piedemonte y que su contacto allí fue un sargento al que conocieron con el alias de ‘Juan Carlos Rodríguez’, al parecer encargado de inteligencia y de "contra retenes" del Batallón Serviez. ‘Falcona’ señaló que el suboficial se comunicaba con ella cada vez que las tropas delEjército hacían operaciones en la zona donde delinquía.
‘Don Mario’ y ‘Flechas’ también recordaron que se reunieron con el sargento ‘Rodríguez’ en una finca en Paratebueno y al parecer con un coronel que entonces comandaba el Batallón Serviez. Ahí, según los desmovilizados, le pidieron al oficial sacar una base del Ejército en Medina para facilitar sus operaciones. El coronel asintió, a cambio de garantizar la seguridad de la zona. "Se acordó que el objetivo era uno solo: la guerrilla, y que no había porque tirarse entre autodefensa y Ejército", dijo ‘Don Mario’.
El sargento ‘Rodríguez’ también les pidió simular combates entre el Ejército y los ‘paras’, y así presentar personas asesinadas por las autodefensas como paramilitares muertos en combate contra los soldados del Batallón Serviel.
Fue así como en una ocasión ‘Flechas’ seleccionó dos paramilitares rasos de una de sus escuelas de entrenamiento y los llevó a la vereda Europa de Paratebueno. Cuando vieron las tropas del Ejército, los ‘paras’ asesinaron a los dos patrulleros y dispararon en dirección a los soldados que se aproximaban. Huyeron y dejaron los dos cadáveres, con sus armas, uniformes y brazaletes, para que los presentara como autodefensas muertos en combate.
En otra ocasión, según ‘Flechas’, sus hombres asesinaron a dos civiles cerca a Medina, que "nada tenían que ver con las autodefensas", y los abandonaron cerca de una patrulla del Ejército. Fueron presentados ante los medios como paramilitares que murieron en enfrentamiento.
Por otra parte ‘Flechas’ indicó que miembros de Batallón Serviel le vendían municiones, uniformes, granadas de mortero, fusil y de 40 milímetros. Como jefe de finanzas, llegó a comprar cerca de 45 mil cartuchos, a 1500 pesos cada uno. La colaboración llegó a tal punto que los miembros del Ejército prometieron en broma "venderle el Batallón completo si quería".
Los ‘paras’ también recordaron un episodio donde agentes de inteligencia de la fuerza pública de Bogotá les señalaron a dos personas como supuestas colaboradoras de la guerrilla. ‘Flechas’ recordó que retuvieron los dos hombres y encontraron una caleta con documentos con frecuencias de radio y cartas para jefes de las Farc. Sin embargo esperaron la llegada de los dos agentes que interrogaron a los sospechosos y se los dejaron a los ‘paras’, quienes los mataron y los desaparecieron.
Según ‘Flechas’, gracias a la información que sacaron los agentes irrumpieron en una casa en Bogotá, donde encontraron varios morteros que las Farc usaron en el atentado contra la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2002, cuando se posesionó el ex presidente Álvaro Uribe.
* La justicia tendrá que verificar la veracidad de lo que dijeron alias ’Don Mario’, ’Flechas’, ’Ratón’ y ’Falcona’.
5 de octubre de 2010
4 de octubre de 2010
©verdad abierta
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murió judith merkle riley


Profesora y autora de novelas históricas.
[Dennis McLellan] Falleció Judith Merkle Riley, conocida profesora de gobierno en el Claremont McKenna College y autora de novelas históricas que fueron éxitos de venta en todo el mundo. Tenía 68 años.
La causa de su muerte el 12 de septiembre en su casa en Claremont, informó su hija Elizabeth Riley, fue un cáncer de ovario.
Riley, que enseñaba con su nombre de soltera, se incorporó al departamento de gobierno del Claremont McKenna y la facultad de la Claremont Graduate School en 1982.
Enseñaba organización y administración, administración pública y comparada, ideologías políticas y políticas públicas y de salud. En 1985 se convirtió en la primera mujer en obtener una posición permanente en el departamento de gobierno de esta universidad, que fue fundada como el Claremont Men’s College y se convirtió en mixto en 1976.
"Judith era una narradora, maestra y colega fantástica, con profundos conocimientos en ciencias sociales sobre las diferentes manera en que grupos de personas manejan sus vidas, con una especial inclinación hacia lo diferente, lo escandaloso, lo dramático y lo divertido", dijo Ward Elliott, colega y amigo de toda la vida, en un obituario en la página web de la universidad.
"Tenía un agudo y malvado sentido del humor, y una alegría y ánimo que mantuvo hasta el final", dijo.
Como autora, Riley escribió seis novelas históricas, que fueron publicadas entre 1989 y 1999.
‘Una mujer en la tormenta’ [A Vision of Light], ‘En busca del neón verde’ [In Pursuit of the Green Lion] y ‘El diablo de agua’ [The Water Devil] formaban una trilogía ambientada en la Inglaterra medieval del siglo catorce. ‘El oráculo de cristal’ [The Oracle Glass] estaba ambientada en el París del siglo diecisiete, ‘El jardín de la serpiente’ [The Serpent Garden] en Francia e Inglaterra en el siglo dieciséis. Y su última novela, ‘El don de los deseos’ [The Master of All Desires], estaba ambientada en la Francia del siglo dieciséis.
"Si todas las crónicas de la vida mundana fueron hechas con tanto drama, gracia e ingenio, el mundo estaría lleno de estudiantes de historia", escribió Betty Lukas en 1989 en su reseña de ‘Una mujer en la tormenta’, la primera novela de Riley.
"Las maravillosas y entretenidas novelas históricas están marcadas por su profunda comprensión de la vida y de la condición humana", dijo en un e-mail Jean Naggar, agente literaria de toda la vida de Riley. "Su increíble talento como narradora reposaba sobre sus implacables pesquisas, su rigor intelectual y su estilo satírico".
Sus protagonistas, dijo Naggar, "son mujeres y estaba profundamente inmersa en los conflictos que modelaban las vidas de mujeres fuertes de la Edad Media hasta las cortes francesas del Renacimiento. Sus personajes emergen de la página con el vigor, el coraje y la calidez que eran parte de Judith misma".

Riley, que nació el 14 de enero de 1942 en Brunswick, Maine, estudió ciencias políticas en la Universidad de California en Berkeley en 1962. En 1964 fue una de las primeras mujeres en recibir una licenciatura en estudios regionales soviéticos de la Universidad de Harvard y luego incorporada en un equipo para trabajar como analista de inteligencia para la Armada.
Se doctoró en ciencias políticas en la Universidad de California en Berkeley en 1974, donde enseñó en el departamento de ciencias políticas de 1967 a 1971. De 1971 a 1982 enseñó en la Universidad de Oregon, donde fue directora del Centro de Estudios Rusos y de Europa del Este [Russian and East European Studies Center] en su último año.
Riley también escribió el libro ampliamente elogiado, ‘Management and Ideology: The Legacy of the International Scientific Management Movement’, de 1981.
Además de su hija, la sobreviven su hijo Marlow; dos hermanos -Ralph y Ted Merkle; y dos nietos.
4 de octubre de 2010
23 de septiembre de 2010
©los angeles

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inhabilitan a funcionarios uribistas


Por espionaje a magistrados y a otras figuras de la vida pública, la Procuraduría inhabilitó por 18 años al ex secretario de la Presidencia, Bernardo Moreno; a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado y al ex director de la Uiaf, Mario Aranguren. Y a Jorge Noguera por 20.
Colombia. Por considerar que incurrieron en faltas disciplinarias gravísismas, el procurador general, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó a varios funcionarios del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.
 
Las Decisiones
Jorge Noguera, ex director del DAS, y José Miguel Narváez, ex subdirector del organismo, quienes fueron inhabilitados por 20 años; Bernardo Moreno, ex secretario de la Presidencia de la República, María del Pilar Hurtado, ex directora del DAS, y Mario Aranguren, ex director de la Unidad de Análisis Financiero (Uiaf), por 18 años.
Además de ellos, otros tres subdirectores del DAS fueron inhabilitados: Jorge Alberto  Lagos, ex subdirector de contrainteligencia; Fernando Tavares, subdirector de inteligencia; y Carlos Arzayús, ex subdirector de operaciones, por 15 años.
Andrés Peñate, ex director del organismo de inteligencia recibió una sanción de 8 meses de suspensión y una multa cercana a los 22 millones y medio de pesos.
La Procuraduría encontró responsable a Noguera por haber permitido, "de forma continua", que el G3 interceptara llamadas telefónicas y correos, sin orden judicial, de diversas ONG, periodistas, activistas políticos, entre otros. A Narváez por haber ordenado a funcionarios del DAS interceptar a algunas personas, "en una clara extralimitación de sus funciones".  A Arzayús por los mismos hechos, pero también por "haber obtenido información de manera ilegal". A Tabares por haber permitido que funcionarios adscritos a su unidad participaran en tareas de seguimiento ilegal. A Lagos por haber ejecutado una orden, de Hurtado, de "realizar labores de seguimiento". A Hurtado haber dado órdenes en ese sentido. Y a Peñate por haber "omitido" su deber, pues no puso en conocimiento de las autoridades las irregularidades de las que tenía conocimiento.

Bernardo Moreno
Ex secretario general de la Presidencia.
Llamado a interrogatorio por la Fiscalía General.
En febrero de este año, la Procuraduría General abrió pliego de cargos contra Moreno dentro del escándalo por el espionaje del DAS. Está señalado de extralimitación de funciones por haber participado en una reunión en su despacho a la que asistieron funcionarios de Inteligencia del DAS y de la UIAF para recibir información sobre un viaje de un grupo de magistrados de la Corte a Neiva, datos que posteriormente fueron filtrados a la prensa con el fin de desacreditar a los togados.
Por el caso del DAS el escenario más complejo para Moreno está en la investigación que adelanta en su contra la Fiscalía General, en donde se indaga su posible responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y abuso de autoridad. El pasado 9 de julio, el ex jefe de inteligencia del DAS Fernando Tabares le dijo a la Fiscalía que: "el requerimiento (indagar sobre magistrados) hecho por Bernardo Moreno sí influyó en gran medida en lo realizado por la Dirección General de Inteligencia a partir de septiembre del 2007 y gran parte del año 2008 para la obtención de información de los tres temas de interés de la Presidencia de la República, tales como la ubicación de fuentes dentro de la Corte Suprema de Justicia y el incremento del esfuerzo de búsqueda de información sobre la senadora Piedad Córdoba. Es importante aclarar que el flujo de información de la misma, relacionada con los dos temas (Corte Suprema y Piedad) tenía como único destinatario el alto gobierno".
La declaración del ex jefe de inteligencia comprometió seriamente a Moreno por haber supuestamente ordenado averiguar irregularmente sobre actividades de magistrados de la Corte y políticos de oposición. Además lo relacionó con el hecho de que el ex secretario general de la Presidencia también estaba al tanto de la infiltración por parte de miembros del DAS en la propia Corte, en donde se grabaron ilegalmente sesiones y reuniones privadas de los magistrados.
Pero Tabares no es el único que ha mencionado a Moreno.
El ex jefe de contrainteligencia del DAS Jorge Lagos, condenado por el caso de espionaje y quien aceptó los cargos y pidió perdón, ya había dicho que asistió a la sede presidencial en compañía de la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado y de Fernando Tabares, para reunirse con el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, con el fin de hablar del caso del viaje de los magistrados y el manejo que le darían. El ex director de la UIAF Mario Aranguren también había mencionado que entregó información financiera confidencial a Moreno y otros funcionarios del DAS y la Presidencia.

Lo que ha dicho:
Moreno ha argumentado en repetidas oportunidades que jamás se extralimitó, ni excedió los límites legales al haber solicitado información del viaje de los magistrados. Tabares afirmó también que aparte de las reuniones que tuvo en la Presidencia, acudió a un desayuno con Moreno en el Club Metropolitan de Bogotá en compañía de Hurtado, pero, a diferencia de lo afirmado por Tabares, Bernardo Moreno dijo que los temas que se trataron en esa reunión tenían que ver con el interés de la Presidencia por estar enterados sobre temas de orden público y narcotráfico.
El pasado 28 de julio, Moreno acudió a la Fiscalía para responder un interrogatorio. Al finalizar la diligencia, su abogado, Jaime Granados, dijo que "la reunión del club nunca se negó. Desde el primer día, el 9 de julio del año pasado, Moreno informó de la existencia de ese desayuno, que no tuvo nada ilegal (...) Confiamos en que la Fiscalía, al investigar, pueda establecer que Tabares mintió y le niegue el principio de oportunidad", dijo Granados, quien también afirmó que Tabares miente y que instaurarán una demanda por calumnia en su contra.

Mario Aranguren
Ex director de la UIAF.
Acusado por la Fiscalía de los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción y abuso de función pública.
A finales de mayo pasado, la Fiscalía presentó ante un juez un escrito de acusación contra el ex director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF). De acuerdo con la Fiscalía, desde finales del 2007 y durante el 2008, Aranguren y funcionarios del DAS concertaron para realizar "conjuntamente y de forma ilegal una serie de actividades investigativas sobre algunos magistrados, encaminadas a establecer vínculos con agentes del narcotráfico o con cualquier persona o conducta al margen de la ley".
El fiscal hizo énfasis en que el objetivo era generar una campaña de desprestigio y que dichas actividades habrían sido ordenadas por funcionarios del Gobierno. "El 16 de mayo del 2008, Aranguren Rincón hizo una reunión en su oficina con la directora del DAS (María del Pilar Hurtado), Jorge Alberto Lagos y Luis Eduardo Daza, con el fin de conocer los avances de las averiguaciones adelantadas contra Ascencio Reyes y los magistrados de la Corte... de manera permanente y sistemática con otros servidores públicos del DAS y otras instancias gubernamentales para la ejecución indeterminada de delitos. Como director general y subdirector de análisis de operaciones de la UIAF, dirigieron y organizaron la empresa criminal".
El organismo investigativo estableció que la UIAF formó parte de la campaña de desprestigio que se elaboró en contra de la Corte Suprema de Justicia al entregar información, de carácter reservado, al parecer requerida y conocida por funcionarios del Gobierno Nacional.

La Defensa
Aranguren ha reconocido que el ex secretario general de la Presidencia Bernardo Moreno lo citó en Palacio y le entregó un sobre cerrado que contenía información sobre el viaje a Neiva de un grupo de magistrados, organizado por el empresario Ascencio Reyes. Le dijo: "Director, esto es competencia de la UIAF y tiene que ver con Ascencio Reyes y un vuelo chárter. Aranguren también ha reconocido que sobre ese caso entregó información al ex jefe de contrainteligencia del DAS Jorge Lagos, pero ha insistido en que nunca participó en un complot contra magistrados, políticos y periodistas, y se limitó simplemente a entregar información en virtud de acuerdos interinstitucionales.

María del Pilar Hurtado
Ex directora del DAS
(30 de agosto del 2007-22 octubre del 2008)
Está a la espera que la Fiscalía diseñe el programa metodológico para iniciar investigación en su contra.
"Todo se inicia después de la posesión de la doctora María del Pilar Hurtado como directora del DAS, el 31 de agosto del 2007. Los días siguientes ella me invita a que la acompañe a un desayuno de trabajo que iba a tener con Bernardo Moreno en el Metropolitan Club de la ciudad de Bogotá. (…) Ella nos presentó y le indicó que yo era director general de Inteligencia del DAS. Moreno le manifestó a Hurtado que el interés del señor Presidente de la República era que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas o aspectos principales: la Corte Suprema de Justicia, la senadora Piedad Córdoba, el senador Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell... Terminado ese desayuno, yo me regreso con la doctora Hurtado y ella me pregunta que si nosotros tenemos cómo informar al Presidente sobre esos temas. Le dije que sobre los tres primeros temas, la Corte Suprema de Justicia, Piedad Córdoba y Gustavo Petro, no le veía ningún inconveniente porque están enmarcados dentro de nuestras funciones como proveedores de inteligencia para el alto gobierno, pero que en el de Daniel Coronell yo lo veía más como un tema personal y que no veía cómo el DAS podría adelantar labores de inteligencia sobre esta persona… Ella impartió instrucciones para que empezáramos a centrar lo más posible nuestras labores sobre ese requerimiento transmitido por Moreno, y al interior del DAS se inició la elaboración de documentos y la recolección de información correspondiente... En el caso específico del senador Gustavo Petro, la subdirección de Contrainteligencia desde tiempo atrás venía recopilando información al respecto… En el tema de Córdoba… se realizaron labores de inteligencia tendientes a obtener más información. Esta era entregada a la Dirección del departamento, para que, a su vez, la pusiera en conocimiento del Presidente de la República (...)". Esta declaración del ex jefe de inteligencia del DAS Fernando Tabares es sólo una de las múltiples pruebas que tienen seriamente enredada a María del Pilar Hurtado en las investigaciones que se adelantan en su contra en la Fiscalía y en la Procuraduría por el caso de las "chuzadas" del DAS.
La Fiscalía y Procuraduría tienen también correos internos del DAS en los que la ex subdirectora de operaciones Marta Leal le reportaba a Hurtado unas actividades irregulares contra el abogado Ramiro Bejarano y el ex presidente de la Corte César Julio Valencia. "Me enteré por palabras de Leal que Hurtado le había ordenado esas diligencias en cumplimiento de instrucciones de la Casa de Nariño con el fin de apoyar la labor que realizaban los abogados defensores del Presidente...", dijo Tabares a la Fiscalía al referirse a ese hecho específicamente.
De acuerdo con los correos internos cruzados entre la cúpula del DAS, es claro que, al menos durante las tres primeras semanas de abril del 2008, un numeroso grupo de detectives estuvo dedicado a escarbar en todas las notarías existentes en Bogotá con el único fin de buscar información sobre César Julio Valencia Copete, quien era en ese entonces el presidente de la Corte Suprema de Justicia, e hicieron lo mismo con su abogado, Ramiro Bejarano. "Los funcionarios encargados de la tarea continúan haciendo descartes, especialmente en las notarías del norte, pero a la fecha no han encontrado nada. Mañana continúan", dice un correo enviado por un detective el martes 1° de abril del 2008 a la subdirectora de operaciones, Martha Leal. Al día siguiente, esta funcionaria le envió a las 12:15 un correo electrónico a la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, en donde le reporta los primeros hallazgos cumpliendo su orden: "Doctora, en relación con su requerimiento me permito informarle que el señor Ramiro Bejarano Guzmán c.c. (...) registra en catastro un inmueble en la carrera (...). Así mismo el señor Valencia Copete Cesar Julio c.c. (...) registra un inmueble en la calle (...). Continuamos con las labores de verificación en las diferentes notarías ya que son más de ochenta en toda la ciudad".
Para las fechas de las pesquisas ilegales emprendidas por el DAS, el magistrado y su defensor estaban en el momento más difícil por cuenta del enfrentamiento con el presidente Álvaro Uribe, a raíz de la demanda por injuria y calumnia que el mandatario adelantaba contra Valencia. Esos correos demuestran además que, a diferencia de lo que ha argumentado Hurtado en su defensa, el espionaje contra miembros de la Corte no se había limitado al episodio de indagar sobre el viaje de unos magistrados a Neiva. Sobre este último hecho, Hurtado también aparece seriamente comprometida en la investigación de la Fiscalía, ya que no sólo participó activamente como directora del DAS en esos seguimientos al ordenar a sus subalternos ejecutarlos, sino que, como ella lo ha reconocido, participó en reuniones para recibir y cruzar información sobre ese caso con la UIAF.

Defensa:
Hurtado ha dicho que ella es "un chivo expiatorio" y en su defensa ha sostenido insistentemente que nunca siguió a magistrados o miembros de la Corte. Afirma que simplemente cumplió un requerimiento hecho por Bernardo Moreno encaminado a saber si un polémico abogado, presuntamente relacionado con la mafia, estaba infiltrando a la Corte Suprema. Sin embargo, más allá, Hurtado deberá explicarle a la justicia también por qué y para qué aceptó infiltrar funcionarios del DAS al interior de la Corte con el fin de grabar las reuniones privadas de los magistrados, hechos que ya han sido confesados por quienes fueron sus jefes de inteligencia y contrainteligencia y por aquellos que participaron en la infiltración.

Andrés Peñate
Ex director del DAS
(Octubre del 2005 a agosto del 2007)
Está a la espera que la Fiscalía General diseñe el programa metodológico para iniciar investigación en su contra.
La Procuraduría General abrió el año pasado una investigación contra él, al considerar que: "de acuerdo con los resultados de la investigación, el señor Peñate Giraldo, al parecer, pudo haber incurrido en falta disciplinaria por haber omitido su deber de poner en conocimiento de las autoridades competentes, las presuntas irregularidades cometidas por funcionarios adscritos al DAS, consistentes en interceptación de comunicaciones y correos electrónicos, así como el seguimiento a diversas personas, sin el lleno de los requisitos legales, lo cual pudo ser constitutivo de conductas delictivas, disciplinarias y fiscales por parte de dichos funcionarios.", dice el pliego de cargos en contra de Peñate.
Andrés Peñate fue quien nombró como jefes de inteligencia y contrainteligencia a Fernando Tabares y Jorge Lagos, respectivamente, funcionarios que aceptaron y confesaron (incluso Lagos aceptó condena) haber participado en el espionaje ilegal del DAS. Aunque la Fiscalía, por su parte, también abrió desde el año pasado una investigación en su contra, después de 18 meses ésta aún se encuentra en la etapa de diseño de programa metodológico para adelantar las investigaciones.

Defensa:
Peñate siempre ha negado que durante su administración se adelantara algún tipo de actividad ilegal de espionaje o seguimientos. Sin embargo, como testigo en el juicio que la Corte Suprema adelanta contra Jorge Noguera y en una declaración ante la Fiscalía, Peñate reconoció que cuando asumió la dirección del DAS encontró serias y graves irregularidades adelantadas por esa entidad antes de su llegada. Estas incluían el espionaje por parte del DAS a diversas personalidades del país, de las cuales él mismo y su familia fueron víctimas cuando se desempeñó como viceministro de defensa.

Jorge Noguera
Ex director del DAS
(Agosto 2002-octubre 2005)
Noguera tiene varias investigaciones en la Fiscalía y Procuraduría por presuntos nexos con paramilitarismo. En el caso que tiene que ver concretamente con el espionaje del DAS durante su administración, la Fiscalía ha encontrado abundante documentación sobre interceptaciones ilegales, seguimientos y amenazas por parte del miembros de ese organismo de inteligencia contra ONG, políticos de oposición, periodistas y sindicalistas.

Defensa:
Esas actividades ilegales fueron adelantadas por un polémico grupo conocido al interior del DAS como G-3. Aunque esos hechos ocurrieron cuando Noguera fue director el ex funcionario ha sido enfático en afirmar que el siniestro grupo G-3 operó sin su autorización o conocimiento y las actividades estuvieron coordinadas y orientadas de manera clandestina y paralela por quien fue su asesor y subdirector, José Miguel Narváez.
4 de octubre de 2010
©semana
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la prostitución es un trabajo


Según un fallo del alto Tribunal, las personas que ejercen la prostitución dentro de la legalidad tienen los mismos derechos de cualquier trabajador.
Colombia. La Corte Constitucional amparó los derechos de las trabajadoras sexuales, después de revisar el caso de una mujer que fue despedida del establecimiento en el que prestaba sus servicios sexuales por haber quedado en embarazo.
El alto Tribunal amparó los derechos al trabajo, a la igualdad, a la seguridad, al fuero materno y al mínimo vital de la demandante.
Ahora, el establecimiento en el que trabajaba deberá indemnizarla y pagarle las 12 semanas de salario por la licencia de maternidad, pues la Corte consideró que aunque no había un contrato formal, sí había un contrato laboral que se rompió abruptamente.
No obstante, el alto Tribunal no ordenó el reintegro a la demandante por considerar que aunque el trabajo es legal, va contra principios liberales del derecho.
El fallo establece que en los casos en los que la prostitución es ejercida voluntariamente, la trabajadora sexual cumple un horario, depende de esa actividad, está subordinada a un jefe y recibe una remuneración periódica, hay un contrato de trabajo.
Además, reconoció que la prostitución no es un trabajo ilícito. ¿La razón? La prostitución es una actividad económica, que se rige por el derecho comercial, tributario, y ahora, en este caso, laboral.
En la sustentación de este argumento, la Corte Constitucional adujo que "ni la moral ni las buenas costumbres" eran razones para justificar la discriminación. El argumento fue el producto del análisis de los derechos laborales consagrados en la Constitución y en la legislación.
La sentencia T-629 de 2010, resultado de la demanda que instauró la trabajadora sexual, invocó el principio constitucional que garantiza la protección de los derechos de las personas que pertenecen a un grupo tradicionalmente discriminado.
Según la Corte, es "deber de considerar al trabajador o trabajadora sexual como sujeto de especial protección, por ser la parte débil del contrato y sobre todo por las condiciones propias del trabajo y la discriminación histórica y actual de la que suele ser víctima por la actividad que ejerce".
Agrega: "esta situación merecerá, como ocurriría con cualquier otro sujeto en condiciones similares, la más decidida protección por parte del Derecho para que sean cubiertas todas las obligaciones no pagadas por el empleador durante el tiempo en que hubiese tenido lugar la relación de trabajo".
La acción judicial llegó a la Corte, después de haber pasado por un juzgado y un tribunal, en primera y segunda instancia. Los dos despachos habían negado la protección de los derechos demandados.
En primera instancia el juez reconoció que efectivamente la protección de derechos fundamentales estaba en juego, pues la demandante estaba en embarazo y pertenece a un grupo social discriminado. Sin embargo, negó la solicitud porque "el contrato que tenga como objeto de prestación actividades sexuales se encuentra afectado por un objeto ilícito toda vez que dicho ejercicio es contrario a las buenas costumbres, razón que impide su protección por parte de este Despacho".
En la segunda instancia el juez confirmó los argumentos del primer juez. Argumentó que el tipo de contrato no permite establecer la retribución para la trabajadora sexual, pues se basa en porcentajes por los servicios.

Los Efectos Jurídicos
El fallo seguramente facilitará el trabajo de las asociaciones de las trabajadoras sexuales que reivindican sus derechos, así como la creación de sindicatos, cooperativas y cualquier figura relacionada con los derechos laborales.
La Corte también instó a las autoridades a proteger "de manera efectiva, los derechos de las personas que ejercen la prostitución, tanto en lo que tiene que ver con sus derechos individuales, a la salud y a la rehabilitación, como respecto de sus derechos a un trato igualitario frente al trabajo".
El fallo con ponencia del magistrado Juan Carlos Henao, dice que "los trabajadores sexuales siguen siendo sólo cifras y datos en las estadísticas y encuestas, sujetos discriminados y sometidos a la indignidad de no merecer la protección del Estado, víctimas por regla, de una invisibilización en sus derechos económicos y sociales fundamentales, estimada en esta providencia inadmisible e ilegítima. Actuación ésta que, estima la Sala, no se puede posponer y cuya realización debe operar irremediablemente, de modo paralelo a las políticas y acciones de rehabilitación y prevención existentes".
4 de octubre de 2010
©semana
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