diputados en huelga de hambre

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Mapuches: Diputados desalojados continúan huelga en Temuco. Gutiérrez, Jiménez, Aguiló y Monsalve, se instalaron en sede de la CUT luego de ser expulsados a la fuerza desde cárcel.

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Temuco, Chile. Los 4 diputados opositores que anoche fueron desalojados desde la cárcel de Temuco en cuyo interior se habían quedado en huelga de hambre en apoyo a la misma medida que mantienen 34 presos mapuches, continuaban esa manifestación en la capital de La Araucanía.
Hugo Gutiérrez (PC), Tucapel Jiménez (PPD), Sergio Aguiló y Manuel Monsalve (PS), habían ingresado, pasado al mediodía, a visitar a 13 comuneros que permanecen en ese recinto y sorpresivamente anunciaron que no saldrían asumiendo la misma negativa a alimentarse.
Antes de las 21:00 horas, efectivos antimotines de Gendarmería procedieron a  sacarlos en medio de un aparatoso operativo que Gutiérrez y Aguiló intentaron resistir por lo que se registraron forcejeos en el acceso en el que finalmente fueron dejados.
Luego de denunciar la acción de seguridad como violento, señalaron que se trasladarían a la sede local de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para continuar con la huelga de hambre exigiendo la instalación de una mesa de diálogo con los mapuches.
Anoche, Gendarmería, a través de un comunicado público, justificó el desalojo apuntando a "el actuar de los diputados al negarse a abandonar el establecimiento y permanecer más allá de las horas de visita permitidas".
Indicó que esto "infringe las disposiciones básicas de nuestra legislación y reglamento penitenciario, que como se ha indicado, regulan perentoriamente las personas llamadas a permanecer en los establecimientos penitenciarios y las modalidades de visita".
Asimismo, agrega, "el actuar de los diputados altera el normal ejercicio de la función pública de Gendarmería de Chile, cual es vigilar y atender a las personas privadas de libertad".
Insiste en que "esta actitud ponen en riesgo la seguridad integral del establecimiento e infringen las normas legales y reglamentarias, las cuales no les permiten a ellos decidir por su sola voluntad el quedarse indefinidamente en dicho establecimiento".
10 de septiembre de 2010
©la nación

condenas por asesinato de agente

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Diecisiete condenados por crimen del ex químico de la DINA Eugenio Berríos.

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Santiago, Chile. El juez Alejandro Madrid dictó este viernes  la sentencia de primera instancia contra 17 procesados, entre ellos 3 militares uruguayos, por el crimen del químico de la DINA, Eugenio Berríos Sagredo, ocurrido en 1995 en Uruguay.
Tras una de las investigaciones más extensas y profundas de la historia judicial,  el dictamen sólo exculpa a 2 de los 19 encausados durante la indagatoria.
Entre los condenados aparece el ex fiscal militar, general (R) Fernando Torres Silva, condenado como autor de asociación ilícita a  3 años y un día de presidio.
Otros 2 altos oficiales condenados por el juez son el general (R) Eugenio Covarrubias Valenzuela, quien recibió una pena de 3 años y un día por secuestro y 541 días por asociación ilícita, y el general (R) Hernán Ramírez Rurange, condenado a 5 años y un día por secuestro y 3 años y un día por asociación ilícita.
También fue condenado Tomás Casella Santos, coronel en retiro del Ejército de Uruguay, sentenciado a 5 años y un día por secuestro y  3 años y un día por asociación ilícita.
En tanto, los uniformados uruguayos en servicio activo  coroneles Eduardo Radaelli Copilla y Wellington Sarli Pose, fueron condenados a 5 años y un día por secuestro y 60 días por asociación ilícita, y a 3 años y un día por secuestro y 60 días por asociación ilícita.
10 de septiembre de 2010
©la nación

acusan de cohecho a embajador

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Habría ofrecido cargos a senadores para que habiliten la reelección de Uribe. El embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt, respondió con su renuncia en el despacho del presidente Juan Manuel Santos y ante la prensa se declaró perseguido político. El presidente colombiano nombró a un reemplazante.

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[Katalina Vásquez Guzmán] Medellín, Colombia. El embajador de Colombia en Italia, Sabas Pretelt, es acusado del delito de cohecho por ofrecer cargos públicos a senadores, en 2004, para conseguir la aprobación del referendo reeleccionista que permitió a Álvaro Uribe gobernar por ocho años. Ayer, el vicefiscal general, Fernando Pareja, lo llamó a juicio; Pretelt respondió con su renuncia en el despacho del presidente Juan Manuel Santos y ante la prensa se declaró perseguido político. El jefe de Estado nombró a Andrés Felipe Arias, otro ex funcionario de Uribe implicado en escándalos, nuevo embajador en Roma. También Orlando Sardi fue designado embajador en España, y el periodista Germán Santamaría, embajador en Portugal.
"El doctor Sabas Pretelt me ha insistido mucho en que le acepte su renuncia. Finalmente se la vamos a aceptar", dijo Santos a los medios, recordándole al "doctor Sabas que tiene un compromiso como presidente del Programa Mundial de Alimentos, donde a él lo eligieron no como representante de Colombia, sino a título personal, que asista a la última reunión de ese programa, que presida para que pueda despedirse como Dios manda", enfatizó el presidente, calificando de "excelente labor" el trabajo de Sabas Pretelt en el Ministerio del Interior, al que renunció al comenzar el escándalo de la llamada ‘yidispolítica’.
Yidis Medina fue congresista en 2004, cuando el gobierno de Álvaro Uribe presentó el proyecto para reformar la ley que impedía la reelección. Con la mayoría parlamentaria, Uribe consiguió la aprobación y, en elecciones de 2006, ganó su segunda presidencia. En 2009, el noticiero independiente Noticias Uno divulgó una entrevista donde Yidis denunciaba que Uribe y su entonces ministro Sabas le ofrecieron dinero y favores a cambio de votar favorablemente por la reelección. Como Uribe no le había cumplido, explicó enojada la parlamentaria, decidió denunciarlo públicamente. Esto le implicó un proceso judicial desde entonces, donde todavía purga una condena por cohecho. Ese mismo delito se le imputa hoy a Pretelt, prestigioso empresario colombiano, dirigente gremial, que llegó a la política por invitación de Uribe Vélez.
La oposición, con el representante del Polo Democrático Germán Navas Talero a la cabeza, fue la primera en denunciar ante la Procuraduría. Ayer, la Fiscalía dictó resolución de acusación en contra de Sabas. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia adelantará la actuación en contra de éste, a quien se señala de ofrecer una notaría al también ex parlamentario Teodolindo Avendaño, quien junto a Yidis confesó a la Justicia haber aceptado la oferta de boca del hasta ayer embajador en Italia y el ex ministro de Protección Social, Diego Palacio.
En el desarrollo del proceso, se ha señalado que estos funcionarios del Ejecutivo conformaron una suerte de plataforma para favorecer la reelección de Uribe ofreciendo dádivas a los congresistas a cambio de votos. Según declaraciones del vicefiscal Fernando Pareja, hay suficientes evidencias para establecer que Pretelt ofreció prebendas a cambio de la reelección.
Según divulgó el noticiero de televisión de RCN la semana del 23 de agosto, la Procuraduría emitió esos días una sentencia de 103 páginas donde Alejandro Ordóñez, procurador, define que "el ministro Sabas Pretelt de la Vega se sirvió de su cargo y actuando con desviación de poder inherente a tal comisión, formuló ofrecimientos que terminaron por sesgar, incidir o afectar de manera efectiva la intervención de los dos congresistas (Yidis Medina y Teodolindo Avendaño) en el trámite de acto legislativo sobre la reelección presidencial". Más adelante, la Procuraduría detalla que Pretelt "interfirió en el trámite legislativo que pretendía reformar la Constitución con miras a introducir la reelección del presidente Uribe" y que "desde un principio fue consciente de que estaba transgrediendo la ley, pues está demostrado que asistió a reuniones con congresistas que le dieron su voto, valiéndose de su poder de ministro del Interior (...) En su condición de ministro del Interior y de Justicia sabía que efectuar ofrecimientos, directa o indirectamente, consistentes en vincular recomendados a la administración, era un acto contrario al derecho, máxime cuando en el presente caso se trataba de una de las magistraturas más importantes dentro de la estructura del poder público del Estado colombiano".
10 de septiembre de 2010
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declaró sobreviviente adriana marcus

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Adriana Marcus, sobreviviente de la ESMA, declaro ayer ante el TOF 5. El trabajo esclavo en la ESMA. Las salidas a comer. Un viaje a México con dos represores. Los pequeños gestos de resistencia, como hacer menos audibles o modificar escuchas telefónicas que les hacían desgrabar.

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[Alejandra Dandan] Argentina. "Surrealismo", "condiciones fuera de lo normal", pronunció en la audiencia. Todo estaba ahí dentro, en la Escuela de Mecánica de la Armada. Eran surrealistas, dijo, las rosas negras que el Tigre Acosta mandó una madrugada a la casa de su madre. Fue surrealista subirse en un avión y hospedarse en un hotel pituco de México con dos represores. Fue extraño ver la cara del portero de Mau Mau cuando saludó a Jorge "Tigre" Acosta como al dueño de casa, o pensar que así como otras secuestradas pintaban con lápiz labial las puertas de un baño del Globo para rebelarse, ella pedía calamaretis fritos porque era el plato más caro. Seguir siendo secuestrada a pesar de la falta de grilletes. O seguir sintiendo la presencia de Ricardo Cavallo cuando su tiempo en la ESMA terminó.
Adriana Marcus habló casi tres horas en la audiencia de ayer del juicio por los crímenes de la ESMA. Frente a ella, a unos cinco metros, estaba sentado Ricardo Cavallo con su computadora personal y sus dos abogados. Cavallo, "Marcelo" en el centro clandestino, parecía un joven profesional que podría haber pasado por estudiante de cualquier carrera. Cavallo fue su último guardia personal.
A Adriana la secuestraron el 26 de agosto de 1978; tenía 22 años, hacía el quinto año de Medicina, trabajaba de enfermera en el Hospital Finochietto por la tarde y por la mañana en el Castex. Cuando iba a poner la llave en la cerradura de su departamento, la puerta se abrió. "Adentro estaba oscuro, sentí un grito –dijo–. Después me di cuenta de que había sido yo." Le pusieron esposas, una venda, y la tiraron en la parte de atrás de un auto. En la ESMA, sobre un camastro de metal, con el cuerpo desnudo, brazos y piernas abiertas, "me revisaron todos los orificios posibles en busca de una presunta pastilla de cianuro". La manosearon, la toquetearon, le pellizcaron los pezones amenazándola, preguntándole por personas que supuestamente conocía.
Pasó dos meses en el suelo de gomaespuma de Capuchita. La hicieron bajar varias veces. Verónica Freier, su compañera de celda, estaba segura de que la iban a matar. Le dijo que si a ella le daban alguna tarea, había que aceptarla porque tenía que salvarse para poder contar lo que estaba pasando: "A mí me parecía un horror –dijo Adriana–. Pero me decía que ella era del Partido Obrero y entonces no tenía posibilidad de sobrevivir y que nosotros hiciéramos todo lo posible para sobrevivir".
El 15 de septiembre la dejaron hablar con su familia. La pasaron a Capucha y luego a un "camarote", un cuarto con tres camas, una arriba de la otra. Un día llegó la tarea: la llamaron para preguntarle si podía traducir al alemán un dossier sobre la formación de las distintas organizaciones políticas y militares en la Argentina. Les dijo que sí, pidió un diccionario, no tenían, y ella les pidió permiso para consultar las dudas por teléfono con su padre.
La traducción la hacía en el Dorado, donde había una fotocopiadora y compartía una mesa de trabajo con Cristina, otra detenida. Además desgrababan escuchas telefónicas "poco audibles, a las que hacíamos menos audibles todavía". Omitieron datos o transcribieron fragmentos insignificantes. Un día la llevaron a la "huevera", una habitación tapizada de envases de huevo para disminuir el ruido. Hicieron que se vistiera bien, que se diera vuelta y mirara a un punto fijo. Los represores Emilio Massera y Armando Lambruschini estaban haciendo el cambio de mando, dijo ella, y probablemente reconociendo lo que había.
"Ocurrían cosas extrañas", dijo Adriana cuando la idea de lo surrealista se apoderó de la declaración. Los llevaron a una quinta en Del Viso, en una suerte de paseo de amigos, donde convivían represores y víctimas.
"A ver, subversivas –les dijeron una vez–. ¡Vístanse de mujeres!" Y ellas no sabían si tenían que vestirse para un vuelo de la muerte. La llevaron a cenar al Globo con un algunos compañeros, varones y mujeres. "Era muy difícil sostener esa situación –explicó– porque se armaban debates en los que sentías que nos estaban probando para ver si pisábamos el palito, que San Agustín, que Ortega y Gasset, que el rol de las mujeres, que el feminismo." "Nosotras –añadió– tratábamos de intervenir lo menos posible; tampoco quedarnos calladas: era estar en el filo de la navaja entre no traicionarnos y tampoco abrir un debate para quedarnos en inferioridad y que nos volviesen a meter en Capuchita."
Otra noche la llevaron a Mau Mau. "Sé que estaba Astiz y era muy desagradable porque, si bien no teníamos las capuchas, estábamos presas, y había que estar."
"Acosta nos dijo que se habían equivocado con nosotras –contó–, que nos tenían que haber matado porque íbamos a ser tan hijas de puta de acusarlos en alguno de los Nüremberg, pero nos aseguró que para entonces, él iba a estar muy lejos, que se iba a ir Sudáfrica." Lenta. Calmada. Después de pedir un vaso de agua al tribunal, Adriana continuaba hablando, incluso sobre la posibilidad de ese juicio que les parecía tan lejano. "Teníamos la sensación de que ese estado de cosas eran para siempre, que no iban a terminar."
El 24 de abril de 1979 entró en un período de trabajo forzado en un departamento de Jaramillo y Zapiola en el que funcionaba una oficina de prensa al servicio del proyecto político de Massera, donde clasificaban información. En el garaje había una biblioteca donde habían puesto, "evidentemente", los libros que se habían robado de la casa de los secuestrados. Ellos poco a poco los fueron "recuperando".
Adriana hizo un viaje a México con Adolfo Miguel Donda y Alberto Eduardo "el Gato" González. Le dieron un pasaporte falso. "No sé qué iban a hacer; tal vez el ser tres les era más creíble que ser dos hombres solos." Una primera idea era que iban porque estaba Jaime Dri. Con alguna de sus compañeras, Adriana pensó que quizás iban a ir a buscarlo para mostrarlo como trofeo en la ESMA. Una noche entró en su cuarto el Gato con un intento de empezar un manoseo. "Se ligó un rodillazo y se fue a las puteadas; evidentemente no había conciencia del costo que podría tener, pero no lo tuvo."
En el DF fueron a la iglesia, a comer, vieron El huevo de la serpiente en el cine, anduvieron en el metro y, por el parque de la Universidad Autónoma, Donda le dijo que tenía un hermano que era "subversivo" como ellos, que no había podido hacer nada por él, pero que había "salvado" a su sobrina. (Donda se quedó con la hija mayor de su hermano. La menor, Victoria Donda, nació en la ESMA y fue apropiada luego de la desaparición de sus padres.)
El padre de Adriana pidió por ella en el Ministerio del Interior, en la Embajada de Israel y, como son alemanes, en la Embajada de Alemania. El cónsul o embajador lo puso en contacto con alguien que tiempo después reconocieron como Carlos Españadero, del Servicio de Inteligencia del Ejército. Lejos de ser alguien dispuesto a ayudar, a su padre le pareció que buscaba información. Tiempo después, la embajada aseguró ante el colectivo de exiliados y familiares que le habían salvado la vida. Adriana le dijo al responsable de ese momento que no era así, que más bien había habido complicidad.
10 de septiembre de 2010
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retos inminentes de justicia y paz

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A dos años de cumplirse el fin de la ley de Justicia y Paz, el Vicefiscal General de la Nación, un abogado de la Corte Penal Internacional  y el movimiento para la paz IKV Pax Christi, analizaron los logros y las dificultades que tiene este proceso de justicia transicional.

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Colombia. El pasado lunes, el Tribunal Superior de Popayán, la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca y el movimiento para la paz IKV Pax Christi, realizaron el seminario ‘Avances y limitaciones de Justicia y Paz en Colombia, frente al derecho penal internacional y los derechos de las víctimas’.
En este evento, Héctor Olásolo Alonso, docente de derecho penal y procesal internacional de la universidad holandesa de Utrecht y letrado de la División de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, y  el Vicefisacal (e) General de la Nación, Fernando Pareja y el movimiento de paz IKV Pax Christi hicieron sus respectivos análisis de lo que ha sido Justicia y Paz.  
Héctor Olásolo destacó que el proceso de paz implementado en Colombia es un paso adelante frente a procesos anteriores como los de España y Sudáfrica, en los que se terminaron indultando a los victimarios y no se conocieron las verdades dimensiones de sus crímenes.
Considera que es un paso adelante porque no exime a los postulados de sus responsabilidades, sino que los somete a una pena alternativa, a la que se hace acreedores en caso de que cumplan con los requisitos de verdad y reparación. "El valor fundamental es la paz, pero no puede realizarse a costa de la justicia", señaló.
Olásolo ha seguido muy de cerca el proceso de Justicia y Paz. Por eso ha asistido a diferentes versiones libres, al juicio a ‘Diego Vecino’ y ‘Juancho Dique’ y al incidente de reparación de ‘El Iguano’, y tiene un gran conocimiento sobre cómo se ha desarrollado este proceso y cuáles son las grandes respuestas que debe dar.
Considera que Justicia y Paz no lo es todo, que tan sólo es una parte que está ligada a la parapolítica y a los nexos de terceras personas que permitieron el auge y la expansión de los grupos paramilitares.
Por eso sostiene que el gran reto de este proceso es establecer la verdad. Saber cómo se crearon estos grupos, conocer quiénes fueron los políticos y militares que los apoyaron, cómo conseguían las armas e identificar todos los elementos que permitieron su accionar.

La Visión de la Fiscalía
El Vicefiscal (e) Fernando Pareja destacó los logros que ha tenido la Unidad de Justicia y Paz y habló de las dificultades con las que se ha enfrentado la Fiscalía para abordar este proceso.
El fiscal indicó que desde que empezó a funcionar la Unidad de Justicia y Paz se han documentado los siguientes delitos cometidos por grupos paramilitares durante 21 años: 1.332 masacres, 32.682 desapariciones, 3.587 reclutamientos de menores, 166.677 homicidios, 69.510 desplazamientos por comunidades, 1.742.000 desplazamientos individuales, 589 casos de violencia sexual, 3.017 secuestros, 3.278 extorsiones y 61 casos de narcotráfico.  
El Vicefiscal también destacó que a través de estos últimos años se ha logrado establecer la historia de los 34 bloques y frentes paramilitares que se desmovilizaron, e identificaron las zonas en las que delinquieron, los nexos que crearon con políticos y militares y las diferentes maneras en las que cometieron sus crímenes.
Como ejemplo de los anteriores logros, Pareja mencionó que a raíz de Justicia y Paz se han procesado 352 militares y 412 políticos.
No obstante, Pareja también habló sobre las dificultades que ha tenido el proceso de Justicia y Paz.
La primera dificultad que señaló el Vicefiscal (e) es que no todos los grupos paramilitares se desmovilizaron, como las Autodefensas Campesinas de Casanare de ‘Martín Llanos’ y el Frente Cacique Pipintá de ‘Ernesto Báez’. A esto también se suma la aparición de nuevas bandas criminales. Según Pareja, en el país llegaron a existir 22 bandas criminales, pero actualmente sólo hay seis.
Otra dificultad que mencionó Pareja está relacionada con el número de desmovilizados. Uno de los mayores problemas que se presentan en este sentido es que muchos paramilitares e incluso guerrilleros se desmovilizaron después de julio de 2005, que fue establecida como fecha límite para acceder a los beneficios jurídicos de Justicia y Paz. El fiscal asegura que 14 mil personas se desmovilizaron después de esta fecha.
También se han presentado inconvenientes con el número de combatientes que fueron postulados para acceder a los beneficios de Justicia y Paz. Pareja explicó que de los 41 mil combatientes que se desmovilizaron, tan solo 4.200 fueron postulados y hay más de 14 mil que están buscando que se les aplique un principio de oportunidad para resolver su situación jurídica.
Y por si fuera poco, el Vicefiscal (e) explicó que dentro de muy poco se podría presentar un nuevo problema con ex paramilitares que se desmovilizaron en 2002 y aún no han recibido sentencia, ya que la ley establece penas entre cinco y ocho años para quienes cumplan con sus requisitos. El problema consiste que no se sabe si los desmovilizados deberían quedar en libertad, continuar en la cárcel o ser procesados por la justicia ordinaria.
Otro problema que tiene Justicia y Paz está relacionado con su presupuesto y la cantidad de personal que tiene para investigar las verdaderas dimensiones del paramilitarismo. Para afrontar sus tareas del próximo año, la Fiscalía solicitó un presupuesto de 14.800 millones de pesos, pero el Gobierno le ofreció 6.100 millones.

La Apreciación de Pax Christi
Al terminar el evento Pax Christi hizo la siguiente declaración sobre el proceso de Justicia y Paz:
La aplicación de de la ley después de cinco años y faltando tan sólo dos para su finalización exige abrir una evaluación rigurosa de sus resultados para formular nuevas propuestas que subsanen los vacíos y den continuidad a un proceso político judicial que está muy lejos de finalizar.
Una apreciación con perspectiva futura requiere resolver interrogantes tales como: ¿la ley de Justicia y Paz debe ser ampliada en sus postulaciones a otros sectores involucrados en la actividad paramilitar o no? ¿Qué otro mecanismo legal complementario se debe aplicar para completar todo el cuadro de verdad y justicia? ¿La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ha sido un instrumento viable para lograr que la verdad histórica sea un instrumento de justicia de paz y reconciliación? ¿Es la ley de Justicia y Paz el marco jurídico apropiado para futuros procesos de negociación y paz?
Sin embargo las expectativas y la ansiedad justificadas de las víctimas exigen más resultados, no solamente en el campo de la reparación donde los resultados han sido muy pobres, sino en el mismo campo de la verdad. Mientras en departamentos como Antioquia o Sucre las investigaciones y procedimientos logaron muy importantes resultados, en departamentos como Caquetá y Putumayo ellos brillan por su ausencia, siendo una región debió haber tenido una mayor atención por su aporte significativo a la violencia social y política.  
IKV Pax Christi considera que el proceso de Justicia y Paz debe continuar no solo como un procedimiento judicial que subsane los factores de impunidad que justificaría la intervención de la Corte Penal Internacional o una mayor presencia del sistema interamericano que ya está actuando en algunos casos, sino porque se requiere un aparato judicial que repare lo que está pendiente y disuada la acción de quienes han hecho de la guerra un instrumento para defender intereses individuales y ganar poder político local.
Ha faltado cooperación de algunos postulados-desmovilizados para el esclarecimiento de crímenes y hechos delictivos, que han aprovechado este estatus de para evadir la extradición y ganar los beneficios jurídicos, sin mayor colaboración ni compromiso.
Existe también un déficit en la atención de las víctimas del conflicto  en cuanto a la restitución de tierras para quienes fueron despojados en forma violenta y desalojados de sus hogares. La gran aspiración es que los proyectos de ley que está preparando el Estado para atender estas demandas debe estar acordes y complementarse con las reformas a la Ley 975 que están exigiendo grandes sectores de la sociedad.
10 de septiembre de 2010
9 de septiembre de 2010
©verdad abierta

desapariciones en norte de santander

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Una década de desapariciones forzadas en Norte de Santander. La investigación ’Tantas vidas arrebatadas’ realizada por la Fundación Progresar revela cómo entre 2000 y 2009, los grupos ilegales armados fueron responsables de la desaparición de casi mil personas en Norte de Santander.

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Colombia. Esto revela el estudio ‘Tantas vidas arrebatadas’, realizado por la Fundación Progresar, líder de derechos humanos en esa región del país, que documenta la desaparición forzada en este departamento durante los últimos 20 años y que realiza recomendaciones al gobierno para buscar soluciones a esta tragedia.  
Según la investigación, entre 2000 y 2009 en Norte de Santander fueron denunciados 947 casos de desaparición, de los cuales 345 fueron mediante la modalidad forzada. Es decir, cada año en promedio fueron desaparecidos unas 100 personas.
Pese a que la mayoría de estos casos se registraron justo después de la desmovilización del Bloque Catatumbo de las Auc el 10 de diciembre de 2004, el estudio advierte que el año pasado fueron reportadas otras 21 desapariciones y que el delito de la desaparición es aún recurrente en siete municipios del departamento, principalmente, en Cúcuta, Villa del Rosario, Ocaña y Tibú.
La investigación atribuye esta situación al rearme de los grupos paramilitares, bandas al servicio del narcotráfico y otros grupos dedicados a las actividades ilícitas. "En Villa del Rosario y Cúcuta ni siquiera ha llegado a disminuirse la práctica de la desaparición forzada de personas, por lo que puede afirmarse que a mediados de 2010 una cantidad importante de casos permanecen aún en completo desconocimiento de las autoridades y de la opinión pública", señala la investigación.

El Horror Paramilitar
Norte de Santander fue azotado por los paramilitares, cuando Vicente y Carlos Castaño crearon en 1999 el Bloque Catatumbo para perseguir al Comando Central del Eln pero sobre todo, para controlar los cultivos ilícitos de la región. El bloque luego fue comandado por Salvatore Mancuso que ordenó cientos de asesinatos y desplazamientos. Según el estudio, entre ese año y 2004, los grupos armados ilegales cometieron 5.700 homicidios y desplazaron a 40.000 personas en el departamento.
Durante cinco años los paramilitares cometieron al menos 60 masacres en la zona, entre otro lugares en La Gabarra y en Tibú. De muchas de las víctimas no se tiene rastro porque fueron mutiladas y luego arrojadas a los ríos Catatumbo, río de Oro, río Tarra o al río Zulia. "Esta práctica tenía como objetivo borrar toda posibilidad de encontrar rastros o huellas de los crímenes cometidos. Un habitante de la región dijo a los investigadores "que si se drenara el río Catatumbo, se encontrarían en su fondo cientos, miles de muertos".
Por eso, la cifra de desaparecidos es incierta así como la de cementerios clandestinos. La Fundación Progresar asegura que ha obtenido información sobre 39 posibles fosas en 11 de los 40 municipios del departamento. Por su parte, la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha encontrado 117 cadáveres en 110 fosas, y ha identificado y entregado 10 cuerpos a los familiares de los desaparecidos.
En su último capítulo, el estudio hace un llamado al gobierno regional y nacional, así como a la Defensoría y la Fiscalía, para que se oriente a las víctimas y se cumpla la Ley de Justicia Paz. El estudio puede leerse completo haciendo clic aquí.
10 de septiembre de 2010
9 de septiembre de 2010
©verdad abierta

no hay indicios de fosa

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Asombroso desarrollo: comisión ONU no encuentra huellas de la fosa común denunciada, pero reconoce cientos de víctimas no identificadas de las fuerzas armadas.

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Colombia. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó la observación y el análisis de la situación del municipio de La Macarena, Meta, ante las graves denuncias sobre la existencia de una posible "fosa común" que podría albergar hasta 2.000 cuerpos.
Aunque la Oficina no encontró indicios de la existencia de dicha fosa, sí constató la presencia de por lo menos 446 personas inhumadas individualmente en el cementerio de La Macarena sin identificar, y que fueron reportadas como muertas en combate por la fuerza pública, desde 2002.
Para la Oficina es preocupante la falta de controles efectivos y registros adecuados frente a los reportes de personas muertas en combate, lo que plantea interrogantes sobre las circunstancias de su muerte. Por lo que advierte sobre la urgencia de resolver estos interrogantes, teniendo en cuenta los indicios sobre posibles casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones en La Macarena y municipios aledaños.
Además, considera que es necesario comparar la información sobre las personas enterradas como no identificadas en el cementerio de La Macarena con los datos de las por lo menos 588 personas registradas como desaparecidas por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en la zona, entre 2002 y 2010.
9 de septiembre de 2010
7 de septiembre de 2010
©semana

piden aprobar convención de ddhh

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ONU pide al Congreso aprobar convención de desaparición forzada. La Convención contra la Desaparición Forzada fue negociada durante tres años por representantes de 60 países miembros de la ONU y organizaciones no gubernamentales.

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Colombia. La ONU le pidió al Congeso ratificar la adhesión del país a la Convención de Desaparición Forzada, pero con una adición que le permita a las víctimas ir directamente a Naciones Unidas para exponer sus casos en ese foro.
La petición la hizo el director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Christian Salazar, al presidente del Congreso de Colombia, Armando Benedetti, en una fecha que no se precisa.
"Sería excelente si el Congreso aprobara pronto o ratificara la convención de Naciones Unidas contra la desaparición forzada con una declaración especial que pueda permitir a las víctimas colombianas ir directamente a Ginebra, a las Naciones Unidas, para traer sus casos, porque la impunidad que rodea la desaparición forzada en el país, todavía es muy alta", dijo Salazar.
Para el representante de OACNUDH en Colombia, siempre debe primar la justicia nacional, pero como ésta ha sido en este tema un "poco lenta" es importante que el Estado y el Congreso, "como representantes del pueblo, abra todos los canales para que las víctimas de la desaparición forzada puedan reclamar justicia".
El pasado 31 de agosto la presidenta de la comisión de paz del Senado de Colombia, la congresista Piedad Córdoba, y varias organizaciones humanitarias entregaron al Gobierno más de 10.000 firmas que recolectaron para que se ratifique una convención internacional sobre la desaparición forzada.
Desde 2002 en Colombia está tipificado en el Código Penal el delito de desaparición forzada, aunque no se ha ratificado esa convención internacional.
En el caso de Colombia la ratificación está pendiente de que el Congreso gestione y apruebe el proyecto de ley que debe incorporar la Convención Internacional a la legislación nacional, y dicha iniciativa fue presentada al Parlamento en abril de 2009 por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Convención contra la Desaparición Forzada fue negociada durante tres años por representantes de 60 países miembros de la ONU y organizaciones no gubernamentales.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU la aprobó por consenso en junio de 2006, y seis meses más tarde fue votada de manera favorable y unánime por la 61 Asamblea General de Naciones Unidas.
9 de septiembre de 2010
©semana