Blogia
mQh

américa latina

cidh condena a uruguay por ddhh


Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a Uruguay y desconoce referendos que otorgaban impunidad a violadores de derechos humanos. Uruguay deberá derogar la Ley de Caducidad.
Uruguay. Uruguay fue condenado este jueves por primera vez por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que lo responsabilizó de la desaparición de María Claudia García y el secuestro de identidad de su hija Macarena Gelman, nuera y nieta respectivamente del poeta argentino Juan Gelman.
La sentencia, publicada en la página web del tribunal, que tiene sede en Costa Rica, es el resultado de la cruzada iniciada por la familia Gelman en 2006, cuando presentó su causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras constatar que no había avances en el proceso abierto en Uruguay.
En 2008, la CIDH emitió un informe en el que encontró violaciones a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, y formuló una serie de recomendaciones al Estado uruguayo que éste no cumplió, razón por laque esta causa fue elevada a la máxima instancia internacional al año siguiente.
Desde México, donde reside desde hace años, Juan Gelman dijo a Efe sentirse "un poco recompensado" por el fallo, que definió como un "gran paso".
"Es reconfortante saber que después de tanto tiempo y sufrimiento al fin se avanzará en una investigación que fue negada durante cuatro gobiernos", expresó el Premio Cervantes 2007.
Macarena Gelman, actualmente en Argentina, se pronunciará sobre la sentencia, que incluye una reparación económica de US$185 mil, este viernes en una esperada rueda de prensa.
Por su parte la abogada Liliana Tojo, que representa a los afectados, se mostró "segura" de que Uruguay va a cumplir la sentencia, "porque tiene una tradición de respeto de los derechos humanos".
Entre otras cosas, la Corte IDH obliga al Estado a anular la Ley de Caducidad, que dejó impunes los crímenes de la dictadura (1973-1985) y es vista como un obstáculo en la causa.
Para Tojo, el hecho de que esa normativa, aprobada originalmente en 1986, "haya sido ratificada por la voluntad popular" en dos referendos en 1989 y 2009 "no le concede automáticamente por sí solo legitimidad ante el derecho internacional".
La semana que viene se cumplen once años desde que Juan Gelman anunció que, gracias a una larga búsqueda, había encontrado en Uruguay a su nieta desaparecida.
Hasta entonces, Macarena creía ser la hija de un policía uruguayo y su esposa, que la adoptaron en 1977 tras recibirla de manos de los órganos represores del cono sur americano.
Ella había nacido el año anterior en cautiverio en Uruguay, a donde su madre María Claudia García, fue trasladada tras ser secuestrada en Buenos Aires junto con su esposo, Marcelo Gelman, hijo del poeta, por la dictadura militar argentina, surgida a partir de un golpe de Estado perpetrado hoy hace exactamente 35 años.
Marcelo, de 20 años, fue asesinado y sus restos mortales encontrados, pero los de María Claudia, que tenía 19, siguen en paradero desconocido.
Durante el gobierno del presidente uruguayo Tabaré Vázquez (2005-2010), del bloque izquierdista Frente Amplio como el actual, José Mujica, se hicieron sin éxito varias excavaciones en instalaciones militares para dar con los restos de María Claudia, una búsqueda los Gelman catalogaron de insuficiente.
Ahora, la sentencia de la Corte IDH obliga al Estado a realizar una investigación de los hechos y "determinar las correspondientes responsabilidades penales y administrativas", incluyendo la localización de María Claudia García o "sus restos mortales".
La causa internacional fue seguida desde el principio con atención en Uruguay, especialmente en los últimos meses, cuando Mujica, un ex guerrillero que combatió la dictadura, impulsó la anulación de la Ley de Caducidad en el Parlamento.
La iniciativa fue aprobada en Diputados y está pendiente de aprobación en el Senado, donde el oficialismo impondrá su mayoría pese a que tres senadores se oponen.
En declaraciones a Efe el senador del Frente Amplio Rafael Michelini, hijo del senador Zelmar Michelini, asesinado en Buenos Aires durante la dictadura, calificó hoy el fallo de la Corte IDH como "histórico".
"Esperemos que en el correr de los próximos días, en abril, podamos estar votando en el Parlamento la inconstitucionalidad de la ley" para quedar "con la cara bien alta en el concierto internacional", señaló.
Paradójicamente el proyecto es considerado inconstitucional por algunos expertos y podría toparse con el rechazo de la Suprema Corte de Justicia, algo que Tojo sin embargo duda.
La sentencia de la Corte IDH "va a dirigida al Estado y el Poder Judicial forma parte del Estado", advirtió la abogada, antes de recordar que en tres procesos distintos el alto tribunal ya declaró inconstitucional la Ley de Caducidad.
"Mi nieta y yo no luchamos en contra del gobierno sino del Estado, pues ellos fueron quienes al ocultar alimentaron el crimen", aclaró por su parte Juan Gelman, para quien no es momento aún de cantar victoria "pero definitivamente es una ocasión para hacer un brindis".
28 de marzo de 2011
24 de marzo de 2011
©la nación

habla macarena gelman


Macarena Gelman analiza el fallo que obliga a terminar con la impunidad de los represores uruguayos. Después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableciera que Uruguay debe investigar y juzgar a los responsables del crimen de su madre y de la sustitución de su identidad, la joven espera que el Congreso deje sin efecto la Ley de Caducidad.
[Victoria Ginzberg] Uruguay. Macarena Gelman está satisfecha y serena. Es lo que transmite su voz durante la conversación telefónica con Página/12. El jueves, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Uruguay debe dejar sin efecto la Ley de Caducidad, norma que impide el juzgamiento a los represores de ese país. La decisión se tomó en una demanda presentada por la joven y su abuelo, el poeta Juan Gelman, con el objetivo de lograr que en Montevideo se investigue y condene a los responsables del asesinato de María Claudia García Iruretagoyena y la sustracción de su hija, Macarena, que vivió durante 26 años sin saber cuál era su verdadera identidad. El fallo del tribunal internacional debería ser la herramienta que permita terminar con la impunidad en Uruguay. "Justicia obtendremos cuando la sentencia se cumpla", señala Macarena al analizar un hecho que tiene a la vez una dimensión social e institucional y otra íntima y personal, porque habla de su historia y los crímenes de los que ella y sus padres fueron víctimas.
Macarena supo de la decisión de la Corte IDH en Buenos Aires. Había viajado para participar de la inauguración del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos Fernando Ulloa, que se realizó el 24 de marzo. Pero prefirió llegar a Montevideo para analizar el fallo. En el último tiempo, se encuentra a menudo entre una orilla y la otra, porque viene a seguir las audiencias de dos juicios que tienen a ella y a su familia como protagonistas: el de los crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti, sede del Plan Cóndor y el del plan sistemático de apropiación de menores. Sus padres, Marcelo Gelman y María Claudia García Iruretagoyena, fueron secuestrados en agosto de 1976 en Buenos Aires. El fue asesinado. Su cuerpo fue recuperado por el equipo Argentino de Antropología Forense en 1989. Ella, que estaba embarazada, fue llevada al Servicio de Información de Defensa, en Montevideo, y dio a luz en el Hospital Militar de esa ciudad. Hasta hoy sigue desaparecida. Macarena fue hallada en el año 2000 gracias a una investigación encabezada por su abuelo. Desde ese momento han batallado juntos para saber qué pasó con el cuerpo de María Claudia y condenar a los culpables.
El fallo de la Corte IDH estableció que la Ley de Caducidad uruguaya es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. También estipuló una reparación económica –a la que el poeta renunció y que la joven donará a una fundación que ayuda a niños en situación de vulnerabilidad– y convocó al estado uruguayo a realizar un acto de disculpas públicas, a instalar una placa en el SID y a abrir los archivos de la represión.
"Mi balance es muy positivo. Este es un proceso que lleva casi cinco años. Era una sentencia muy esperada y si bien teníamos una noción de que pudiera salir para esta fecha, no teníamos la absoluta seguridad así que, aun sabiendo, me tomó por sorpresa", dice la joven

¿Te tomó por sorpresa también el contenido?
Pensé que el fallo iba a tardar un poco más. Creo que no estaba lista, aunque no sé si uno alguna vez está listo. Lo que hicieron fue reconocernos lo que pudimos probar y las pruebas son contundentes. La gran mayoría de lo que plantamos fue aceptado.

Esto implica un cambio general para Uruguay, porque debería anular la Ley de Caducidad, el obstáculo para los juicios a los represores.
Sí, pero no es algo que Uruguay desconozca y lo vaya a saber ahora por la Corte. Existen desde hace mucho años recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese sentido, que hasta ahora no habían prosperado. La característica de un fallo de la Corte es que es obligatorio. Espero que sirva para que Uruguay pueda consolidar su posición en estos temas e ir haciendo un camino. El fallo da argumentación muy buena y espero que se acate. De mi parte, la semana que viene tendría una reunión con el canciller (Luis) Almagro y eso es lo que voy a esperar. El ha sido mi interlocutor todo este tiempo.

¿Se puede decir que el fallo es el primer paso para reabrir definitivamente los procesos contra los represores uruguayos, más allá de los casos puntuales que quedaron exceptuados de la Ley de Caducidad?
Debería serlo. En ese sentido la Corte dijo que la Ley de Caducidad no podía ser un obstáculo para la investigación de mi caso particular ni para otros en similar situación.

Entonces ¿qué debería hacer el estado uruguayo ahora?
Está en proceso la votación de un proyecto de Ley para dejar sin efecto la ley de Caducidad. En esto la Corte ha sido contundente y clara. Eso es lo que está en marcha.

La sentencia debería entonces allanar el camino para la aprobación de esta ley, si hubiera falta de voluntad política para votarla.
La sentencia dice que la ley de Caducidad carece de efectos. Y en el campo político el Frente Amplio ha mandatado a sus legisladores a votar la ley. Es de esperar que acaten ese mandato. Debería ocurrir una votación sin mayores inconvenientes, si bien es un tema que siempre genera discusiones, creo que la postura está clara. Ahora tiene que votar el Senado y después va a volver a la Cámara de Diputados, porque hubo modificaciones.

El fallo establece también que debe colocarse una placa en el SID, donde estuvo secuestrada tu mamá ¿Te satisface este tipo de reparaciones simbólicas? ¿Son importantes?
Son sumamente importantes. Yo expresé en ese sentido que la única reparación simbólica que para mí tendría algún valor es la relacionada con el lugar de detención de mi mamá, que en definitiva fue el único lugar en el que estuvo en Uruguay, o pensamos que es el único lugar. Para mí es muy importante lo que pasó en ese edificio, donde también estuvieron otros compañeros.

¿Qué pasa si Uruguay no cumple el fallo?
Tengo entendido que la Corte tiene mecanismos de seguimiento para el cumplimiento de las sentencias. No puedo saber qué ocurriría, pero no está en mí pensar que no lo van a cumplir. El Estado ya manifestó ante la Corte que lo va a cumplir y es de esperar que lo haga.

¿Cómo viviste la decisión del tribunal en lo personal? Porque más allá de que esta sentencia abra un camino para Uruguay, también habla de la búsqueda de la verdad y de los responsables sobre el asesinato de tu mamá.
Obviamente conmociona mucho. En realidad tengo una sensación extraña y me cuesta expresarme al respecto. Es muy reciente. Estaba en Buenos Aires cuando me enteré y viajé casi en seguida para acá. Creo que esas cosas uno las analiza o se da la oportunidad de sentirlas realmente cuando tiene un poco de soledad y tranquilidad. Hasta ahora no me ha pasado. Por un lado es alentador, es satisfactorio lo que pasó y por otro habrá que ver cómo se siente uno respecto a esto.

¿Pudiste hablar con tu abuelo?
Hablamos por teléfono casi en seguida de que nos enteramos.

¿Y cómo fue?
Obviamente satisfactorio para los dos. Contentos... no sé si contentos es la palabra, pero sí satisfechos de que un camino tan costoso hubiese dado resultados.

¿Qué fue lo más importante del fallo para vos o lo que más te sorprendió?
Hubo muchas cosas importantes, entre ellas el reconocimiento de mi desaparición forzada por los 23 años que no conocí mi identidad. La determinación de la responsabilidad del Estado es algo muy significativo, el reconocimiento de la violación a todos los derechos que habíamos invocado... realmente tiene muchísimas aspectos para destacar y no creo poder abarcarlos a todos. Capta lo que nosotros planteamos. Sentí que tanto yo, como mi abuelo, como los testigos, fuimos escuchados. Sobre la causa judicial (sobre el asesinato de su madre), por ejemplo, dice que ya había excedido todos los plazos de razonabilidad y que aunque aparentemente la ley de Caducidad no era supuestamente un obstáculo, porque el caso estaba excluido, todos los problemas de la investigación residían en la ley de Caducidad. Es algo que, aunque parece muy fácil de entender, a veces es difícil de transmitir.

¿Qué puede o debe hacer el estado uruguayo sobre la búsqueda del cuerpo de tu madre?
Si yo fui encontrada por una investigación particular, sin todas las herramientas que tiene el Estado, el Estado debería hacerlo. Me planteaban hoy que cómo se podía hacer si los responsables no hablaban. Ese argumento es absurdo. Si resolver crímenes dependiera de que los culpables se declararan como tales, no se resolvería ningún crimen. Lo que hace falta es una investigación, si los responsables hablaran no haría falta. Lo principal acá es vencer la cultura del ‘no se puede’ antes de ver si se puede.

En ese sentido el fallo habla de la necesidad de abrir archivos, esa sería una punta para investigar.
Por supuesto. En realidad hay archivos a los que supuestamente se ha tenido acceso. La Corte decía en su sentencia que no está demostrado que en este caso eso haya sido un beneficio y que no está demostrado que se haya accedido efectivamente a la información, que si bien existe una ley de acceso a la información pública, si la información no está sistematizada y no está ordenada es muy difícil de encontrar, entonces no alcanza con abrir los archivos, tiene que haber un tratamiento de la información y hay que profundizar en ese tema porque es lo que sirve para las investigaciones.

Este fallo, que abre la posibilidad de hacer Justicia en Uruguay, se junta con los dos procesos que se están realizando en la Argentina que tratan sobre el secuestro y asesinato de tus padres y tu apropiación...
Respecto de la justicia en Uruguay, la podríamos obtener cuando la sentencia esté cumplida, ahí será la satisfacción absoluta. Pero por supuesto es una semana muy movida, muy fuerte: tenemos la sentencia del juicio de Orletti en Buenos Aires la semana que viene y que además ocurra en torno a estas fechas tan significativas realmente es una movida muy fuerte. Ayer (por el 24 de marzo) viajé a Buenos Aires para la inauguración del centro Fernando Ulloa, de asistencia a testigos víctimas y es toda otra dimensión que acá no existe. Uno no puede evitar hacer la comparación, sobre todo en mi caso, que voy de un lado a otro todas las semanas. Es muy satisfactorio el proceso que se está dando en la Argentina. Obviamente puede ser mejorado, como todo, pero creo que la apuesta es muy fuerte y se nota que hay una voluntad política y que se trata el tema como política de Estado.

¿Y cómo tomaste que el presidente José Mujica visitara a un militar preso que fue operado?
No me parece ni bien ni mal, no lo entiendo. Me gustaría poder entenderlo. Las señales son confusas. No termino de entender...o lo que entiendo quisiera no entenderlo, pero para mí esta situación es incomprensible. Me cuesta creer que haya sido solamente para comprobar su estado de salud. Si es así, hay muchos otros enfermos que también merecen que su estado de salud sea verificado.
27 de marzo de 2011
26 de marzo de 2011
©página 12

uruguay debe derogar ley de caducidad


La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado uruguayo debe juzgar a los responsables de la desaparición de la nuera de Juan Gelman y de la sustitución de la identidad de su nieta Macarena. "Me siento un poco recompensado", dijo el poeta.
Uruguay. Juan Gelman y su nieta Macarena le ganaron una nueva batalla a la impunidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a Uruguay por la vigencia de la Ley de Caducidad, que impide que se investiguen, juzguen y castiguen los crímenes cometidos durante la dictadura militar (1973-1985). "Me siento un poco recompensado, pues es reconfortante saber que después de tanto tiempo y sufrimiento al fin se avanzará en una investigación que fue negada durante cuatro gobiernos", dijo Gelman. Los organismos de derechos humanos celebraron la noticia y esperan que, en las próximas semanas, el Congreso uruguayo deje sin efecto la cuestionada ley.
En agosto de 1976, un grupo de tareas secuestró a Marcelo Gelman y a su compañera, María Claudia García Iruretagoyena, en Buenos Aires. Hacía poco que se habían casado y esperaban a Macarena. Al momento del secuestro, Marcelo tenía 20 años y María Claudia, 19 y siete meses de embarazo. Por los testimonios de los sobrevivientes se supo que la pareja estuvo secuestrada en el centro clandestino de detención conocido como Automotores Orletti, que funcionó como sede del Plan Cóndor, la coordinación represiva pergeñada por las dictaduras del Cono Sur. En octubre de ese año, María Claudia fue trasladada hasta el Servicio de Información de Defensa (SID) de Montevideo, Uruguay. Días o semanas después, los represores la llevaron hasta el Hospital Militar para que diera a luz a su hija. María Claudia está desaparecida. En 1989, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de Marcelo. El poeta Juan Gelman buscó a su nieta desde 1976 y tuvo que esperar 23 años para recuperarla. Desde su reencuentro, en el año 2000, los dos transitaron el camino de la Justicia.
La vigencia de la Ley de Caducidad uruguaya, aprobada en 1986 para detener el avance de las causas judiciales contra los represores, impidió que los responsables de la desaparición de María Claudia y del robo de Macarena se sentaran en el banquillo de los acusados. Como en Uruguay no había posibilidades de buscar justicia, el poeta y su nieta presentaron en 2006 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que decidió remitir la causa a la Corte Interamericana. En noviembre del año pasado se celebraron las audiencias en la instancia judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA). Y finalmente llegó el fallo que condena a Uruguay, conocido ayer, pero que data del mes pasado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado uruguayo debe investigar los hechos, identificar y juzgar a los responsables de la desaparición forzada de María Claudia y de la sustracción de Macarena, así como de la sustitución de su identidad. Pero además establece que la Ley de Caducidad es incompatible con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. "El Estado deberá asegurar que la Ley de Caducidad no vuelva a representar un obstáculo para la investigación del presente caso ni para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de estos hechos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas en Uruguay", consideraron los magistrados.
Liliana Tojo, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que representó a Macarena y a su abuelo, comentó a Página/12 que estaban satisfechos con la decisión de la CIDH. "La sentencia marca el camino a Uruguay respecto de cómo tienen que ser las acciones que tome en esta materia", dijo Tojo. Según explicó la abogada, el fallo no sólo declara la incompatibilidad de la Ley de Caducidad con otros instrumentos legales internacionales, también dice que estos crímenes de lesa humanidad no están prescriptos. Asimismo, la CIDH estipula una reparación para la familia Gelman de 185 mil dólares y convoca al Estado uruguayo a realizar un acto de disculpas públicas y a instalar una placa en el SID, donde estuvo detenida ilegalmente María Claudia. Además, hace un llamamiento para que el gobierno de Uruguay abra los archivos de la represión. "Tienen que poner la información al servicio de las víctimas. No hay obstáculo legal para que esto ocurra", señaló Tojo.
El gobierno uruguayo todavía no habló sobre la condena. Probablemente quien se refiera al caso sea el canciller, Luis Almagro, según comentaron a este diario. A Macarena el anunció la tomó en Buenos Aires, pero prefirió no hacer declaraciones y anunció que hoy brindará una conferencia de prensa en Montevideo. Los que sí se expresaron fueron los organismos de derechos humanos. Valentín Enseñat, de Hijos Uruguay, dijo a Página/12 que los integrantes de su agrupación celebraban la decisión de la CIDH. "En primer lugar, estamos contentos por Macarena. Estimábamos que el fallo iba a ser favorable, como ocurrió con el caso de Brasil, que lo condenaron por la vigencia de la Ley de Amnistía", declaró. "Es muy importante que aparezca una opinión tan calificada como ésta, porque hay muchos que quieren hacer creer que el pueblo uruguayo está favor de la impunidad y nosotros sabemos que no es así", resaltó el compañero de militancia de Macarena.
Baldemar Taroco, de la Asociación de Ex Presos Políticos Crysol, también se sumó a la celebración. "Es muy bueno. Estábamos esperando que saliera", dijo a este diario. Taroco recordó que esta semana el Plenario del gobernante Frente Amplio decidió que se aprobara el proyecto que interpreta la Ley de Caducidad para dejarla sin efecto. La iniciativa está desde octubre del año pasado trabada en el Senado, donde tres parlamentarios frenteamplistas se negaban a aportar su voto para que prosperara la iniciativa. Finalmente, dos de los senadores acordaron acompañar el proyecto, que se espera que esté aprobado para mayo, según confirmó a este diario el diputado Luis Puig.
Óscar Urtasun, de Madres y Familiares de Uruguay, agregó: "Este fallo trasciende al caso Gelman. Es un tirón de orejas para los países que, como Uruguay, no están haciendo todo lo necesario para que los responsables vayan a la cárcel, para que sepan que todo el mundo los está mirando".
[Informe de Luciana Bertoia.]
26 de marzo de 2011
25 de marzo de 2011
©página 12

proyecto para derogar ley de caducidad


Un plenario de la gobernante coalición Frente Amplio (FA) aprobó impulsar un anteproyecto de ley para dejar sin efecto la norma legal que amnistió a los violadores de los derechos humanos durante la última dictadura militar uruguaya, entre 1973 y 1985.
Colombia. El acuerdo, aprobado por unanimidad de los delegados presentes, fuerza a legisladores del FA a dar su voto en el Parlamento uruguayo a esa iniciativa, ante sectores que se abstuvieron de votar y otros que no asistieron al plenario en Montevideo, informó DPA.
La denominada "Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado" fue aprobada en 1986 y perdonó a militares y policías que participaron u ordenaron torturas, secuestros y asesinatos de opositores a la dictadura.
La norma sigue vigente, pero hay sectores de la izquierda de ese país y organizaciones de familiares de personas desaparecidas que reclaman su eliminación y años atrás fue sometida a dos consultas populares, en la que, sin embargo, resultó ratificada.
20 de marzo de 2011
19 de marzo de 2011
©página 12

conspiración contra venezuela


Denuncian que María del Pilar Hurtado planea acciones antichavistas. El exvicepresidente venezolano José Vicente Rangel habló de los presuntos planes de la exdirectora del DAS.
Colombia. La exdirectora del DAS en Colombia, María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá, ha recibido en ese país a prófugos venezolanos para definir acciones desestabilizadoras contra el presidente Hugo Chávez, según denunció este domingo el exvicepresidente venezolano José Vicente Rangel.
Sin identificar a esos prófugos, Rangel dijo en un programa de televisión que dirige que quien fuera jefa del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante parte del gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) instaló en Panamá "una oficina para prestar servicios de seguridad portuaria e investigaciones internacionales".
Para tal efecto, según Rangel, que aseveró que la información se la confirmó "un almirante colombiano que trabaja en labores de inteligencia", Hurtado cuenta con el "apoyo" de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Las reuniones con los venezolanos se han celebrado, añadió, "en una propiedad de un emigrado de Venezuela, ubicada en las afueras de Colón, en la referida nación centroamericana".
De acuerdo con su versión, la Cancillería colombiana instruyó a los funcionarios de su embajada en Venezuela para que se abstengan de prestar apoyos a colombianos que trabajen con documentación panameña en el país ante la eventualidad de que estén conectados a Hurtado.
15 de marzo de 2011
©el espectador

plan secreto contra chávez


Plan secreto estadounidense para derribar a Chávez. Embajadores norteamericanos propusieron planes más decididos para intervenir en la política y en las fuerzas armadas latinoamericana.
América Latina. Craig Kelly, embajador de Estados Unidos en Chile, hizo una lista secreta de planes para socavar a Hugo Chávez, el presidente venezolano. Su memorando -fechado el 15 de junio de 2007- fue uno más de toda una serie de memorandos enviados por varias embajadas de Estados Unidos en la región del Cono Sur.
Kelly resumió como sigue su punto de vista: "Conocer al enemigo: Tenemos que entender mejor cómo piensa Chávez y qué es lo que quiere hacer. Actuar directamente: Tenemos que reafirmar nuestra presencia en la región, y actuar ampliamente, especialmente con grupos aparte de las elites. Cambiar el paisaje político: Deberíamos ofrecer una visión de esperanza y respaldarla con programas adecuadamente financiados. Mejorar las relaciones militares: Debemos continuar fortaleciendo los lazos con esos jefes militares en la región que comparten nuestra preocupación sobre Chávez."
Específicamente, Kelly propuso fortalecer las operaciones de la inteligencia estadounidense en América Latina para entender mejor los objetivos a largo plazo de Chávez y extorsionar a los países vecinos para que se vuelvan contra Chávez, por ejemplo excluyendo a Venezuela de los acuerdos regionales de libre comercio.
Kelly, que se retiró después de haber desempeñado la segunda función más importante en la sección de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, reconoció en su memorando que "Chávez ha hecho significativos avances, especialmente con poblaciones locales, entregando programas para los más pobres".
Pese a admitir que Chávez ha tenido éxito, Kelly también describió la opinión del presidente venezolano como "distorsionada" y se burló de sus "tiradas y payasadas", reclamando que "Chávez a menudo abre la boca antes de que su cerebro se entere". Kelly recomendó contar "la verdad sobre Chávez: su plan, sus promesas vacías, sus peligrosas relaciones internacionales, empezando con Irán".
Sin embargo, el cable también advierte que Chávez debe ser tomado en serio, observando que "sería un error desdeñar a Hugo Chávez como simplemente un payaso o un caudillo de la vieja escuela. Tiene un objetivo, por distorsionado que nos parezca, y está tomando medidas calculadas para lograrlo".
Kelly observó que pocos países en la región se han mostrado capaces de resistir el atractivo de los paquetes de ayuda e inversión de Venezuela. "Los países pobres, como Uruguay, son vulnerables no tanto ante la ideología de Chávez, sino ante sus petrodólares", escribió.
Otro ejemplo ofrecido por Kelly para ilustrar este punto fueron los lazos de Argentina con Venezuela. Debido a la incapacidad de Argentina de acceder a los mercados de capital, Kelly observó que "el contrapeso más obvio contra la influencia que ha comprado en Argentina con su ayuda financiera, es ayudar al gobierno de Argentina a recuperar el acceso directo a los mercados financieros internacionales".
Para reducir la influencia de Venezuela en asuntos regionales, Kelly también propuso apoyar a Brasil y Chile como "estudios de caso" de países "que tienen gobiernos de izquierda pero que son democráticos y responsables fiscalmente".
Reconociendo el éxito de Chávez en la creación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) -un grupo de doce países modelado sobre la Unión Europea- que excluyó deliberadamente a Estados Unidos, Kelly sugirió que Estados Unidos podría bloquear todavía más la integración de la región si se le permitiera a Venezuela integrar el MERCOSUR, una zona de libre comercio compuesta por Argentina,  Brasil, Paraguay y Uruguay.
El cable muestra, además, las intenciones de Estados Unidos de desestabilizar la autoridad de Chávez. Kelly recomendó utilizar la "diplomacia pública" para librar "una guerra de ideas y proyectos". Una sugerencia fue que la embajada trace "los apetitos de corrupción de la elite local" y cualquier ejemplo en que el gobierno de Chávez haya "fracasado en cumplir con sus promesas".
También recomendó explotar los temores de los líderes políticos y de opinión anti-chavistas que "aprecian la importancia de las relaciones con Estados Unidos".
Kelly afirma que la visita de Bush a cinco países en marzo de 2007 fue un importante logro diplomático contra Chávez, de modo que alentó otras visitas de alto nivel para alejar a otros países latinoamericanos de la influencia venezolana.
"Cuando hacemos esas visitas, es importante que se nos vea no solamente con funcionarios y miembros de la elite, sino también con aquellos que han sido marginados y están en los márgenes de la sociedad. Tenemos que visitar no solamente esos países cuyos dirigentes nos alaban, sino más importantemente esos países cuyos gobiernos se han distanciado de nosotros. En esos lugares, mostrar la bandera y explicar directamente a la gente nuestra visión de la democracia y el progreso puede cambiar ideas sobre Estados Unidos que se pueden haber distorsionado o que son anticuadas".
Finalmente Kelly recomendó mayor financiamiento para "programas de fundamental importancia, como el de Adiestramiento y Educación Militar Internacional (International Military Education and Training, IMET) y las Actividades Tradicionales del Comando Sur (Traditional Commander Activities, TCA) y la eliminación de otros importantes programas, como el de Financiamiento Militar Extranjero (Foreign Military Financing, FMF) y el de Artículos de Defensa Excesivos (Excess Defense  Articles, EDA).
Gran parte de estos fondos han sido eliminados en los últimos años como castigo a los países que se niegan a otorgar inmunidad a ciudadanos estadounidenses ante la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, en el pasado Estados Unidos ha estado implicado profundamente en el adiestramiento de fuerzas paramilitares en América Latina, muchas de las cuales estuvieron asociados a regímenes de extrema derecha, especialmente en la
Escuela de las Américas (School of the Americas, SOA) en Fort Benning, Georgia, que fue rebautizada como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad (Western  Hemisphere Institute for Security Cooperation) en 2001.
8 de marzo de 2011
9 de diciembre de 2010
©wikileaks
cc traducción mQh


bruta interpretación del mercosur


Según los embajadores de EE.UU. En países del Cono Sur: El Mercosur es "antinorteamericano". Un documento secreto del Departamento de Estado al que tuvo acceso Página/12 por filtración de Wikileaks revela el temor estadounidense ante la consolidación de un bloque regional que incluya también a Venezuela.
[Martín Granovsky] Argentina. Por primera vez sale a la luz un documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos que califica al Mercosur como un organismo "antinorteamericano". No consta en los archivos públicos ninguna mención en ese sentido por parte de una autoridad del Departamento de Estado. El documento al que tuvo acceso Página/12 por filtración de Wikileaks revela el contenido de una reunión de embajadores estadounidenses en el Cono Sur realizada en Río de Janeiro.
Según el texto final del encuentro, la clave que según los Estados Unidos cambia la naturaleza del Mercosur es la decisión de incorporar a Venezuela a los cuatro miembros originales: la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
"La entrada de Venezuela en el Mercosur altera claramente el balance y la dinámica de la organización", dice el texto. "Mercosur gradualmente fue transformándose de una unión aduanera imperfecta en una organización más restrictiva y antinorteamericana."
La reunión se realizó durante dos días, el 8 y el 9 de mayo de 2007 en Río de Janeiro. El cable con el resumen fue clasificado como secreto el 17 de mayo por el número dos de la embajada en Paraguay, Michael J. Fitzpatrick. Su título original es "Conferencia: una perspectiva del Cono Sur sobre la influencia de Chávez". Participaron los embajadores norteamericanos en Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile, y el cable agradece los aportes de la embajada en Bolivia.
Casi cuatro años después del encuentro cobra aún más importancia que haya sido un diplomático destinado en Paraguay el encargado de calificar el grado de confidencialidad de la reunión. El protocolo de adhesión de Venezuela fue firmado en marzo de 2006. Pero hasta hoy no entró en pleno vigor porque un país solo pasa de ser asociado a miembro pleno cuando los Parlamentos de los países que ya son miembros ratifican la decisión de los poderes ejecutivos. Lo único que falta para la entrada de Venezuela es, hoy, la ratificación del Senado paraguayo.
En la última reunión de Mercosur (Foz do Iguaçú en 2010) la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que "la incorporación de Venezuela al Mercosur, además de aportar su generosidad, va a ayudar estratégicamente a consolidarnos en uno de los frentes más importantes de este siglo, el energético". Cristina dijo confiar "en los hermanos de Paraguay", destacó el Mercosur como un bloque que permitió dejar "atrás una hipótesis absurda como el enfrentamiento entre la Argentina y Brasil" y añadió que el peso de los mercados internos de los países permitió "superar la crisis global más importante desde 1930".

El Atractivo de Chávez
La conclusión final de los embajadores es que "la campaña de Chávez para expandir su influencia en el Cono Sur es multifacética, y descansa en buena medida pero no totalmente en una generosa asistencia energética y en acuerdos de inversión". Concede que la figura de Chávez puede ser "atractiva para muchos de los desposeídos de la región, que todavía esperan que la globalización les aporte los beneficios del libre comercio y el gobierno verdaderamente democrático".
Según el cable, "al integrar a Venezuela a las instituciones existentes y al crear nuevos organismos regionales, Chávez busca que el Cono Sur siga esa idea". ¿Qué resultados habría producido la supuesta campaña del presidente venezolano? "Pocos países han probado ser capaces de resistir el atractivo de la ayuda venezolana y de sus paquetes de inversión." Para fortuna de los críticos de la integración venezolana, "a la vez que la influencia de Chávez en la región se expandió significativamente, los líderes regionales sospechan de sus motivos y objetivos". Muchos de esos líderes "coinciden con su mensaje de que el Cono Sur, y sobre todo Sudamérica, deben establecer una identidad separada respecto de la hegemonía norteamericana, pero no se sienten cómodos si son usados".
Una frase de los embajadores indica el estado del diagnóstico estadounidense: "Los Estados Unidos no pueden esperar que los líderes de la región acudan en nuestra defensa".
Y después del diagnóstico viene la recomendación: "Necesitamos convencernos de la necesidad de implementar una estrategia transparente para la región". Sigue así el texto: "Nuestra idea de comunidad de naciones democrática e inclusiva que asegura la perspectiva de un futuro más próspero para sus ciudadanos es la respuesta correcta a Chávez". Los participantes también pidieron "más herramientas y recursos" para contrarrestar lo que define como "esfuerzos políticos de fisurar la democracia, diseñar estrategias económicas para estrangular el comercio libre, la politización del Mercosur, la expansión de lazos en el área de Defensa y la campaña en los medios de comunicación masivos".

País por País
Los diplomáticos congregados en Río de Janeiro se manifestaron convencidos de que existe una campaña pública de Chávez y otra clandestina, de suministro de fondos, y analizaron la posición de los gobiernos de Sudamérica en detalle.
En el caso argentino, un dato clave es el hecho de que, según los participantes, "una encuesta realizada en diciembre de 2006 arrojaba que Chávez era popular para el 52 por ciento de los argentinos" y que la imagen de los Estados Unidos no era popular. Al mencionar a Néstor Kirchner, presidente de la Argentina al momento de la reunión, el cable dice que "Kirchner intentó distanciarse públicamente de la posición antinorteamericana de Chávez y trató de mantener la percepción de una línea más independiente para resultar potable al votante medio, pero su estrategia económica claramente busca lazos más estrechos con Chávez en comercio y finanzas y procura posicionarse a sí mismo entre Lula y Chávez en el espectro regional". En la visión estadounidense, Kirchner intentaba balancear la relación con Chávez. "Esto es evidente en el apoyo de Kirchner y su esposa hacia la comunidad judía de Venezuela y, simultáneamente, que se hayan abstenido de cualquier llamado en favor de la libertad de prensa en el caso de RCTV, por ejemplo."
"Aunque Kirchner comparte alguna de las posturas izquierdistas de Chávez, es más bien un pragmático", dice el texto. Y nombra los préstamos por 4200 millones de dólares concedidos a la Argentina.
El cable consigna que "lo que llevó a Brasil a apoyar la admisión de Venezuela en el Mercosur fue la creencia de que Chávez podría ser controlado más fácilmente si estaba dentro del organismo que si se lo dejaba a su propia inspiración fuera de él". El documento pone en cuestión esa idea con dos ejemplos. Uno, que Chávez alentó a Evo Morales a nacionalizar Petrobras en Bolivia. Otro, que Chávez le disputa protagonismo a Lula en las reuniones de Mercosur.
"Esa fricción brinda una oportunidad", analiza (y parece esperanzarse) el texto que clasificó Fitzpatrick en 2007. Obviamente se refiere a una oportunidad para los Estados Unidos de erosionar las relaciones del bloque sudamericano.
Sin embargo, cuando Morales nacionalizó el petróleo, nacionalizó también Petrobras, y no solo Petrobras. Brasil se irritó por la ocupación militar de las plantas pero un diálogo entre los dos países solucionó el diferendo.
Tampoco hubo, finalmente, una disputa de protagonismo entre Lula y Chávez, a tal punto que el entonces presidente brasileño siguió impulsando la entrada de Venezuela al Mercosur. El Senado brasileño la ratificó en 2009, con Lula presidente. Y su sucesora, Dilma Rousseff, dijo en enero último en una entrevista con medios argentinos, entre ellos Página/12, que "Venezuela es un gran productor de petróleo y gas". Opinó que "tiene mucho que ganar entrando al Mercosur, y nosotros con su presencia". También tocó la cuestión del liderazgo, pero la despersonalizó mientras ponía la cabeza de la región en un plano binacional argentino-brasileño por tamaño y desarrollo económico. "Hasta para los otros países es absolutamente importante que Brasil y la Argentina estén juntos porque no es una relación de hegemonía la que Brasil y la Argentina se proponen en relación con el resto de América latina", declaró.
En la visión norteamericana de aquel momento, otro tema a seguir de cerca eran los contactos militares venezolanos, y en el caso de Bolivia, los presuntos contactos en el área de Inteligencia.
Incluso Uruguay aparece sospechado, porque según el cable los temas de Seguridad del entonces presidente Tabaré Vázquez los llevaba día a día su hermano Jorge, "un ex miembro de la guerrilla OPR-33". Vázquez, subsecretario del Interior, habría trabajado según los Estados Unidos con "agentes del servicio secreto reclutados bajo el paraguas de la (central sindical) PIT-CNT, dominada por el Partido Comunista, y entrenados en Caracas y La Habana".
En verdad, la OPR-33 fue más libertaria que comunista y en la PIT-CNT hay también peso de socialistas y del Movimiento de Participación Popular del ex tupamaro Pepe Mujica. Jorge Vázquez es el mismo que denunció en Uruguay una campaña en su contra. Dijo que había sido falsamente acusado de almacenar armas para Irán en combinación con Venezuela.
7 de marzo de 2011
©página 12

el problema de la caducidad


Uruguay y el plebiscito de 2009. El senador del Frente Amplio Jorge Saravia se opone a las iniciativas que buscan dejar sin efecto la ley que impide castigar los crímenes de la dictadura militar uruguaya. Y lo hace, pese al inminente fallo de la CIDH, por una cuestión problemática: el rango constitucional del plebiscito.
[Luciana Bertoia] Uruguay. El gobernante Frente Amplio (FA) sigue buscándole la vuelta a la anulación de la Ley de Caducidad. Hay tres senadores oficialistas que se niegan a apoyar una propuesta para dejar sin efecto la ley que impide el enjuiciamiento de los represores de la dictadura. Mientras tanto, circulan dentro del oficialismo propuestas para derogarla y hasta la alternativa de modificar el Código Penal para evitar que los crímenes cometidos durante el régimen militar estén prescriptos.
El apuro y la proliferación de propuestas tienen una lógica. El gobierno de José Mujica no quiere que la Corte interamericana de Derechos Humanos sancione al país por la vigencia de esta ley aprobada en 1986. El órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene que dictar sentencia en los próximos días por la desaparición impune de María Claudia Irureta Goyena, la nuera del poeta Juan Gelman. Página/12 dialogó con Jorge Saravia, uno de los senadores frenteamplistas que no quieren anular la norma, para conocer el porqué de su negativa.

¿Por qué no quiere acompañar el proyecto interpretativo que pretende dejar sin efecto la Ley de Caducidad?
Nuestra posición es muy clara y ya la hemos manifestado al Frente Amplio y a las comisiones. Entendemos que nuestro concepto de democracia republicana nos impide pasar una decisión popular como fue la del plebiscito de 2009 con una ley interpretativa que viola flagrantemente la Constitución. El artículo 82 de la Constitución establece como normas superiores a las plebiscitarias y las convocatorias populares. Por lo tanto, son de segundo grado las normas parlamentarias de democracia representativa. En ese sentido, interpretar por vía parlamentaria la decisión del soberano viola el artículo 82 y nosotros no vamos a acompañar eso. Además, el proyecto tiene grandes deficiencias. También viola el artículo 17 de la Constitución, que es el que prevé la no retroactividad de las leyes. Sólo puede modificarse cuando se trata de una ley más benigna.

¿Cuál es su opinión sobre la vigencia de la Ley de Caducidad?
En los dos plebiscitos que hubo, nosotros votamos a favor de la anulación de la Ley de Caducidad. En el plebiscito de 1989, integrábamos el Partido Nacional y, sin embargo, no acompañamos la norma por su inconstitucionalidad. Pero, en esas dos oportunidades, el pueblo se expresó en contra de nuestra opinión y nosotros respetamos su opinión. Pero entendemos que es una norma inconstitucional y muchas veces la Suprema Corte de Justicia, en casos individuales, la ha declarado así.

¿Entonces cuál es la salida para eliminarla del ordenamiento jurídico?
A esta altura, para cambiar una decisión soberana hay que ir a una consulta popular. El que entienda que el tema no se cerró en el plebiscito de 2009 tiene que recoger firmas y convocar a un referéndum.

¿Usted apoyaría la propuesta de derogación que maneja el diputado frenteamplista Víctor Semproni?
No. La Constitución prohíbe tajantemente las leyes interpretativas. Derogar o anular la Ley de Caducidad no es posible si no es por la vía plebiscitaria. Es como si una mayoría circunstancial de los partidos de la oposición se hubiese juntado en el momento en que estaban gobernando para interpretar o derogar la ley de empresas públicas o la que declara el agua patrimonio nacional. Si eso hubiese ocurrido, habría sido una violación a la Constitución. Además, el FA habría estado hasta el día de hoy quemando cubiertas en la calle.

¿Y qué opina de la alternativa de modificar el Código Penal para impedir que los crímenes cometidos durante la dictadura no estén prescriptos y así no tener necesidad de tocar la Ley de Caducidad?
Hay una propuesta que se está elaborando pero que todavía no ha sido presentada claramente para saber de qué se trata. Pero está dentro del marco del debate para la modificación del Código Penal, que se está analizando en la Comisión de Constitución y Código del parlamento.

¿No hay temor a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancione al Uruguay, cuando en los próximos días se pronuncie acerca de la desaparición impune de la nuera del poeta Juan Gelman?
Es un tema que nos preocupa. Pero decimos claramente que el Uruguay tiene sus normas constitucionales y que hay que respetarlas. Por lo tanto, nos amparamos en nuestro derecho a obedecer las normas consagradas por el soberano. Hay un plebiscito que ya fue hecho y que nos prohíbe modificar esto por otra vía. Si hay una sanción, habrá que convocar a una nueva consulta o ver la forma para que el pueblo se exprese, como ya lo ha hecho en otras dos oportunidades.

¿Estaría a favor de hacerlo?
Yo no estoy de acuerdo con convocar a mi pueblo a otro plebiscito, pero hay compañeros que entienden que habrá que hacerlo.

¿No cree que la vigencia de la Ley de Caducidad es una deuda del FA, que llevó en su plataforma la propuesta de anularla?
Sí, lógicamente que está en el programa de gobierno del FA, pero hay tantas cosas en el programa de gobierno que no se han cumplido y quizás no se cumplan, que no pasa por ahí la discusión. Los programas de gobierno y los partidos no están por arriba de la Constitución de la República. Hay que hacer como dijo el ex presidente Tabaré Vázquez: "Yo voy a gobernar con la Constitución en una mano y con el programa de gobierno en la otra".
6 de marzo de 2011
©página 12