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américa latina

es un paso muy grande


Su lucha y la de su abuelo llevaron al Estado uruguayo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que el mes pasado sancionó al país por la vigencia de esa norma que impide castigar a los represores.
Uruguay. Macarena Gelman siguió de cerca la sesión en la Cámara de Senadores que el martes por la noche aprobó el proyecto interpretativo que pretende dejar sin efecto la Ley de Caducidad. Estuvo en el Senado, rodeada de caras amigas, con las que celebró este primer escalón en la eliminación de la norma aprobada en 1986. "Para mí, esto es una etapa intermedia. Si bien costó mucho llegar a esta votación y alcanzar un acuerdo en la Cámara de Senadores, no deja por eso de ser importante y representar mucho. Es un paso muy grande en el sentido de terminar definitivamente con esta ley", dijo ayer la nieta del poeta Juan Gelman a Página/12. Quizá porque sabe que todo cuesta mucho no se adelante para festejar. "No puedo evitar mencionar que falta la instancia en la Cámara de Diputados y para explayarme prefiero que esto suceda y que el proyecto interpretativo esté aprobado definitivamente", remarcó. Macarena no sabe cuándo la Cámara de Representantes de Uruguay va a tratar los cambios introducidos por los senadores. Puede ser el 4 de mayo o puede que se postergue hasta el 20, para darle una carga más simbólica, ya que ese día se recuerda el asesinato de Zelmar Michelini y otros tres dirigentes uruguayos en Buenos Aires. "A mí me parece importante que se vote cuanto antes. Creo que no pierde simbolismo porque es una decisión muy grande. Eso quedará a criterio de la Cámara. En cualquier momento que sea, conserva su importancia", agregó. "Fue una decisión muy digna de nuestros representantes y, por supuesto, celebro lo que pasó", completó la joven. Macarena no lo dice, pero sabe que ella aportó mucho para que la Ley de Caducidad tenga las horas contadas. Su lucha y la de su abuelo llevaron al Estado uruguayo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que el mes pasado sancionó al país por la vigencia de esa norma que impide castigar a los represores. Habla de emociones por el fallo, por la resolución de anteayer de los senadores y por la sentencia en el juicio por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, por donde pasaron sus padres tras ser secuestrados en Buenos Aires. "Es una época muy fuerte para mí, pero estoy bien", se ríe.
[Informe de L. B.]
15 de abril de 2011
14 de abril de 2011
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por qué derogan la amnistía


Tres artículos violan la Constitución uruguaya.
Uruguay. El proyecto interpretativo que aprobó ayer el Senado pretende dejar sin efecto la ley 15.848, más conocida como Ley de Caducidad. En concreto, como se trata de una norma interpretativa no anula a la sancionada en 1986, pero hace que algunas partes de ella dejen de estar vigentes. Según el proyecto interpretativo, los artículos de la Ley de Caducidad que violan la Constitución uruguaya son:

- Artículo 1: Allí se reconocía que prescribió la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales.

- Artículo 3: En esa parte se establecía que el juez que recibiera una denuncia debía pedir al Poder Ejecutivo que determinara si ese hecho estaba comprendido dentro del artículo 1, es decir si ya había cesado la voluntad estatal de castigar ese crimen.

- Artículo 4: El juez podía remitir al Poder Ejecutivo las denuncias presentadas hasta la fecha de promulgación de la ley (diciembre de 1986) para que dispusiera investigaciones.

En el proyecto interpretativo se deja en claro que no puede invocarse la cosa juzgada ni las prescripciones para los secuestros, desapariciones o asesinatos. También que todas las causas judiciales que quedaron suspendidas por la vigencia de la Ley de Caducidad serán reiniciadas de oficio. De acuerdo con lo que explicó a este diario el senador Oscar López Goldaracena, se le introdujeron algunas modificaciones a la iniciativa que en octubre pasado obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados. En los últimos retoques se hizo especial énfasis en la independencia del Poder Judicial. Pero además, se toman en cuenta todas las veces que la Corte Suprema de Justicia uruguaya declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad y se generalizan esos efectos. "Las modificaciones que se realizaron no hacen a la esencia del proyecto aprobado en Diputados, pero sí lo mejoran. Los cambios se hicieron obedeciendo a algunos planteos de constitucionalistas.
"Básicamente, se declara incompatible la Ley de Caducidad con respecto a la Constitución y a los tratados internacionales suscriptos por Uruguay para asegurar la total vigencia de los derechos humanos", explicó a Página/12 el diputado oficialista Luis Puig, del Partido por la Victoria del Pueblo en el Frente Amplio. Puig confirmó que el 4 de mayo se estará votando el proyecto en la Cámara de Representantes. Se espera que la ratificación de los diputados sea sólo un trámite.
[Informe de L. B.]
14 de abril de 2011
13 de abril de 2011
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derogan amnistía en uruguay


El senado uruguayo aprobó dejar sin efecto la ley que impedía juzgar las violaciones a los derechos humanos. El Frente Amplio terminó con la amnistía en Uruguay.
Uruguay. El Senado uruguayo aprobó ayer el proyecto interpretativo que deja sin efecto la Ley de Caducidad. Durante 25 años, esa norma impidió que se persiguiera y se juzgara a los responsables de secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos cometidos durante la dictadura que gobernó al país entre 1973 y 1985. Los opositores Partido Nacional y Partido Colorado votaron en contra de la iniciativa promovida por el gobernante Frente Amplio (FA). Pero también hubo discrepancias dentro de las filas de esa coalición de centroizquierda. El histórico militante tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro se encolumnó por disciplina partidaria a favor del proyecto presentado por el FA, pero anunció que renunciaba a su banca.
La sesión comenzó cerca de las 10 de la mañana y se extendió hasta bien entrada la noche, cuando el FA hizo valer sus 16 votos frente a los quince de la oposición. Sea cual fuere su color partidario, la mayoría de los senadores tenía algo que decir al respecto de la Ley de Caducidad, que desde 1986 impide que sean juzgados los represores uruguayos. Hace tiempo que la Ley de Caducidad ocupa el centro de la discusión política en la República Oriental. Un debate acalorado que divide a quienes se manifiestan a favor de extirparla del ordenamiento jurídico y entre los que quieren mantenerla, alegando que fue ratificada por la ciudadanía en dos plebiscitos.
Ese clima se respiró en el Senado. Por el oficialismo, le tocó romper el hielo al senador Oscar López Goldaracena, un conocido jurista y activista de derechos humanos. "Esta Cámara tiene la posibilidad de empezar a enmendar el error político de haber dictado una ley que ampara la impunidad de criminales de lesa humanidad, removiendo la mochila que pesa sobre la sociedad uruguaya", comenzó el abogado que representa al Movimiento Independiente por los Derechos Humanos, en el FA. López Goldaracena remarcó que era importante eliminar los efectos de la Ley de Caducidad para evitar que las atrocidades perpetradas por los militares vuelvan a repetirse.
Aunque no todo fue una postura uniforme dentro de la coalición de centroizquierda. Desde que en octubre del año pasado se aprobara en la Cámara de Diputados, el proyecto interpretativo estuvo paralizado en el Senado, donde tres senadores oficialistas se negaban a acompañar la iniciativa de su bloque. En marzo, el FA pudo destrabar la situación y alcanzó los votos necesarios para que el proyecto saliera. Sin embargo, los senadores díscolos siguieron haciendo sentir su rechazo. El ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa salió del recinto e hizo ingresar a su suplente que votó junto al FA. El legislador frenteamplista Jorge Saravia se mantuvo firme en su postura de no apoyar la iniciativa para interpretar la Ley de Caducidad y denunció que se trataba de un "disparate jurídico".
Pero la novedad del día la trajo el ex tupamaro Fernández Huidobro, que renunció a su banca porque tuvo que obedecer el mandato de votar a favor de la iniciativa. "Se dice con razón, dentro de nuestra fuerza política, que hay que acatar el mandato de la mayoría. Creemos que es así y por eso lo estamos acatando, votaremos por disciplina. Pero el pueblo también fue mayoría dos veces", disparó, refiriéndose a los plebiscitos de 1989 y 2009 en los que la mayoría de la sociedad se negó a anular la Ley de Caducidad. El presidente José Mujica fue anoche hasta el despacho de Huidobro y le expresó su solidaridad.
Desde el Partido Nacional, el primero en hacer uso de la palabra para protestar contra la iniciativa oficialista fue el senador Francisco Gallinal. "Lejos de ser interpretativa, esta ley es innovativa", se quejó. "No acompañamos porque hay dos pronunciamientos populares en este sentido. Ese es un argumento formal, que a nuestro juicio es muy importante", dijo el referente blanco a Página/12. "Entendemos que esta propuesta le genera grandes problemas a la sociedad, ya que significa trasladar toda la cuestión al Poder Judicial", agregó. Gallinal invocó nuevamente el Pacto del Club Naval de 1984, cuando las principales fuerzas políticas y los militares en el poder negociaron la apertura democrática. "Este proyecto interpretativo rompe el equilibrio que supuso la salida institucional de 1985, donde se aprobaron dos amnistías: una para los militares y otra para los presos políticos tupamaros", apuntó el político conservador.
Los organismos de derechos humanos, las organizaciones estudiantiles y de trabajadores hicieron poco caso a los dichos de los partidos tradicionales. Desde las barras del Senado, algunos siguieron de cerca a los senadores. Otros estuvieron afuera escuchando el debate por altavoces. Todos coincidieron en que el de ayer fue un día para celebrar. Pero saben que todavía falta camino para recorrer hasta que el 4 de mayo próximo la Cámara de Diputados ratifique el proyecto aprobado ayer por los senadores.
"Uruguay se va a poner en una buena posición en lo que respecta a la salvaguarda de los derechos humanos frente a la comunidad internacional. Después de casi medio siglo de existencia de esta ley, con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman y con esta resolución que hoy tomó el sistema político, nos están dando la razón. Esto también le demuestra al movimiento popular que la perseverancia y la lucha de la sociedad terminan dando resultados", resaltó Raúl Olivera, de la central obrera PIT CNT.
El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) fue más cauto a la hora de las celebraciones. "Nunca nos bajamos del caballo de la nulidad. No lo logramos. Por supuesto que apoyamos y creemos que hay que hacer todo lo necesario para acabar con la impunidad. El Estado no puede seguir sin dar respuestas a lo que dijo la Corte Interamericana, que señaló que la Ley de Caducidad es un obstáculo para la Justicia. Para nosotros, no es la mejor salida pero hay que seguir avanzando en el Nunca Más y para que estas cosas queden saneadas", afirmó Ana Aguerre.
Desde Crysol, la Asociación de Ex Presos Políticos de Uruguay, definieron la de ayer como una jornada de emociones. "Para nosotros, la anulación de la Ley de Caducidad es una de las razones fundamentales de nuestra lucha. Venimos exigiendo esto para que se investigue qué pasó con nuestros compañeros desaparecidos y para que se juzgue a los torturadores, y así se abra el camino para conocer la verdad", concluyó Julio Martínez.
[Informe de Luciana Bertoia.]
14 de abril de 2011
13 de abril de 2011
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militares uruguayos amenazan


Ante la probable anulación de la amnistía en Uruguay. El comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, admitió que hay uniformados veteranos furiosos porque se podrían reactivar causas vinculadas con las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Uruguay. El comandante en jefe del Ejército uruguayo, Jorge Rosales, admitió ayer que hay militares retirados nerviosos por la intención del Parlamento de anular la Ley de Caducidad. Según explicó el militar, los ex uniformados están furiosos porque entienden que les cambiaron las reglas del juego, ya que a partir de la anulación de esa norma se reactivarían por completo las causas contra quienes cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura uruguaya (1973-1985).
En una entrevista a la emisora Radio Carve, el general Rosales confirmó que los ex militares le hicieron llegar una serie de preocupaciones por los cambios que podría implicar el fin de la Ley de Caducidad. "Hay un nerviosismo muy grande", explicó el jefe del Ejército. Aunque no dio más explicaciones, Rosales afirmó: "Yo tengo la plena convicción de que hoy en día la Ley de Caducidad es un tema estrictamente político, pero indudablemente las consecuencias o alguna consecuencia sobre lo que eventualmente pase, sin duda, va a afectar el factor militar".
El jefe militar se refirió así a la posibilidad de que el Parlamento uruguayo vote, de una vez por todas, el proyecto interpretativo que dejaría sin efecto la Ley de Caducidad. El proyecto obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados, en octubre del año pasado. Desde entonces, estuvo trabado en el Senado porque había tres legisladores oficialistas que se negaban a acompañar la iniciativa del Frente Amplio (FA). Después de varias negociaciones, la coalición oficialista logró llegar a un acuerdo y se prevé que para la semana que viene se esté votando la propuesta en la Cámara alta. Después, tendrá que volver a Diputados, porque el proyecto que había aprobado esa Cámara sufrió modificaciones. Desde el FA esperan que la norma deje de estar vigente antes del 20 de mayo, cuando Uruguay realiza su mayor movilización por verdad y justicia.
Es lógico que los ex uniformados estén preocupados porque el gobierno está interesado en terminar con esa ley sancionada en 1986 porque su vigencia le valió, días atrás, una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del caso Gelman.
Por otra parte, Rosales se refirió al video difundido por el semanario Búsqueda, en el que se veía a tres encapuchados que prometían acciones armadas para liberar a sus compañeros de armas presos por haber cometido crímenes aberrantes durante la dictadura. "Es un tema repudiable y que me preocupa mucho", dijo el militar. "Lo vivimos no sólo con sorpresa, sino con muchísimo dolor", agregó.
En los últimos meses proliferaron en Uruguay las agrupaciones de ex personal castrense con una retórica golpista. Por ejemplo, el Foro Libertad y Concordia que pide que se termine con lo que denuncian como una "persecución". Ayer, Mujica se reunió con varios representantes de centros de militares retirados, que volvieron a quejarse por la posible anulación de la Ley de Caducidad. Según Guillermo Cedrés, presidente del Centro Militar, Mujica se mostró inquieto por la aprobación del proyecto interpretativo. Por su parte, Carlos Magliocca, presidente del Club Naval, amenazó con presentar un recurso de inconstitucionalidad o recurrir a los organismos internacionales.
8 de abril de 2011
7 de abril de 2011
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macarena gelman sobre orletti


Macarena Gelman destacó la condena a los represores de Orletti. "Para nosotros, este es el fallo mas significativo".
Argentina. Para la nieta recuperada del poeta Juan Gelman, la condena a cuatro represores en la causa Automotores Orletti "es muy importante" tanto para su familia como para los uruguayos que pasaron por ese centro clandestino de detención durante la última dictadura militar argentina. "Para nosotros, éste fallo es el más significativo respecto de mi familia", ya que sus padres habían estado detenidos allí, destacó.
"Creo que son muy importantes estas sentencias que se están dando en la Argentina", declaró a Télam la joven cuya madre, María Claudia García, estuvo desaparecida en Orletti, mientras estaba embarazada. También su padre, Marcelo Gelman, fue detenido-desparecido allí y asesinado en la Argentina, la base operativa del Plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono sur.
"Para nosotros, éste fallo es el más significativo respecto de mi familia. También está el juicio del Plan Cóndor, pero es posterior", señaló la joven, quien subrayó la contemporaneidad de esta sentencia en la Argentina con "la discusión en el Parlamento uruguayo de la ley Interpretativa, con un proyecto que aparentemente se votaría en el Senado este mes y después en Diputados", a favor de la inaplicabilidad de cuatro artículos de la ley de Caducidad, que deja impunes a los represores en Uruguay.
Según Macarena, "está retrocediendo la impunidad, pero subsisten serias trabas en Uruguay, como el hecho de que muchas veces, en alguna instancia de los juicios, deba consultarse al Poder Ejecutivo si se puede o no continuar".
No obstante, sostuvo que "con el proyecto para modificar la ley Interpretativa, si se sanciona, muchos casos archivados van a poder reabrirse". Por eso, agregó, "es una época bastante fuerte. Yo creo que toda esta movida en varios frentes refuerza la esperanza y muchas cosas que parecían imposibles, son cada vez más posibles", afirmó.
Además, calificó como "reparadora" la labor que la Secretaría de Derechos Humanos argentina desarrolla también en Uruguay: "Realmente, a mí me gratifica mi trabajo. Creo que colaborar siempre nos repara también a todos en todo esto que tanto daño nos ha hecho", concluyó.
2 de abril de 2011
1 de abril de 2011
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diálogo con chile es pérdida de tiempo


Evo Morales: "Chile sólo buscó perder el tiempo" con diálogo bilateral.
Bolivia. El presidente boliviano Evo Morales aseguró ayer que el gobierno de Chile sólo buscó "perder el tiempo" en los cinco años de diálogo bilateral para solucionar la demanda marítima de Bolivia.
"Quiero ser muy sincero con ustedes. En los cinco años de diálogo, me he dado cuenta que Chile sólo quiere perder el tiempo", afirmó en una reunión con alcaldes de la provincia sureña de Potosí según consignan agencias de prensa internacionales.
"Son 132 años de diálogo, sin resultados", dijo a líderes de esa región a quienes aseguró que la decisión de su gobierno de demandar a Chile ante tribunales internacionales "es un paso más para retornar al (océano) Pacífico con soberanía".
Bolivia reclama una salida al mar desde que perdió su costa tras la Guerra del Pacífico en 1879.
Por la mañana, el canciller boliviano, David Choquehuanca, instó a las autoridades y legisladores a tener cautela con las declaraciones públicas que emitan sobre el conflicto con Chile al tratarse de un asunto delicado que compromete los intereses del país.
Las palabras del mandatario altiplánico contradicen las señaladas por su canciller, David Choquehuanca, quien llamó a todos los sectores de la sociedad boliviana a la "prudencia" a la hora de emitir expresiones que puedan perjudicar las conversaciones con Chile.
Desde que el Presidente Evo Morales afirmara que acudirá a tribunales internacionales para que Chile restituya a Bolivia costas sobre el océano Pacífico, La Moneda ha seguido atenta la situación en el país vecino, pues se pone en jaque el entendimiento bilateral que ambos gobiernos desarrollaban con fuerza desde 2010, cuando el Presidente Sebastián Piñera ratificó la agenda de 13 puntos que Morales había sellado en junio de 2006 con su antecesora, Michelle Bachelet, y que incluía, por primera vez, la centenaria aspiración marítima del país andino.
El Presidente Sebastián Piñera aseveró en su momento que "las declaraciones del Presidente Morales incluyendo su intención de acudir ante tribunales u organismos internacionales para su aspiración reivindicatoria territorial y marítima constituyen un serio obstáculo para las relaciones entre ambos países y no se condicen ni con la letra ni con el espíritu del Tratado de 1904.
31 de marzo de 2011
30 de marzo de 2011
©la nación

brutal represión en honduras


Honduras debe investigar denuncias de brutalidad policial. Se informó que se produjeron golpizas y otros abusos contra manifestaciones del magisterio.
Washington, Estados Unidos / Honduras. Las autoridades hondureñas deberían realizar una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de las denuncias que indican que la policía habría apelado a un uso excesivo de la fuerza para dispersar manifestaciones organizadas por el magisterio de Honduras, afirmó hoy Human Rights Watch.
Desde mediados de marzo de 2011, las manifestaciones del magisterio que se opone a las reformas propuestas al sistema de educación pública han culminado en violentos enfrentamientos con la policía. Human Rights Watch ha recibido denuncias creíbles que miembros de la policía nacional han recurrido a un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, y han lanzado gases lacrimógenos indiscriminadamente y golpeado a participantes. Algunos manifestantes habrían atacado a la policía con botellas, piedras y bombas Molotov, y al menos cuatro agentes habrían sufrido lesiones.
"Human Rights Watch reconoce que la policía hondureña tiene el deber de responder ante manifestantes que recurren a la violencia y de investigar casos en que transgredan la ley", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Pero también tiene la obligación de respetar los derechos fundamentales de los manifestantes".
Sandra Ponce, titular de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, dijo a Human Rights Watch que habían "constatado un patrón de uso excesivo de la fuerza" por parte de policías. Según versiones de la prensa, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Ramón Custodio y la Ministra de Derechos Humanos Ana Pineda también han cuestionado las medidas de fuerza empleadas por la policía contra los manifestantes.
Organizaciones locales de derechos humanos informaron que agentes de policía golpearon a manifestantes y lanzaron gases lacrimógenos "indiscriminadamente" contra estos, incluidos los siguientes casos:

- El 18 de marzo, Ilse Velázquez Rodríguez, maestra e integrante de una organización de derechos humanos, habría perdido el conocimiento luego de ser golpeada en la frente por una bomba de gas lacrimógeno. Pocos minutos después, falleció al ser arrollada por un automóvil.

- El 18 de marzo, el dirigente magisterial Adalid Romero habría sido aporreado en la cabeza por policías. Sufrió graves heridas a causa del ataque.

- El 28 de marzo, un grupo de policías y militares habrían golpeado a Mirian Miranda, defensora de derechos humanos y presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras. Los agentes la habrían encerrado en la paila de una patrulla policial durante varias horas, para luego trasladarla hasta una comisaría. Fue liberada 12 horas después.

A su vez, según informó C-Libre, una organización local que monitorea la libertad de prensa en Honduras, la policía habría agredido a cinco periodistas que cubrían las protestas. Según señaló esta organización, el 21 de marzo un grupo de policías habrían disparado con balas de corcho contra Uriel Rodríguez, camarógrafo de Globo TV, e intentaron confiscar la cámara de Sandra Maribel Sánchez, directora de Radio Galcho. El 22 de marzo, agentes de policía habrían lanzado bombas de gas lacrimógeno contra el automóvil de dos periodistas que entrevistaban a manifestantes: David Romero, director de Radio Globo, y Lidieth Díaz, reportera de Canal 36. El 25 de marzo, Richard Cásula de Canal 36 sufrió lesiones cuando fue alcanzado por una bomba lacrimógena.
Human Rights Watch exhortó al presidente Porfirio Lobo a que informe claramente a las fuerzas de seguridad del Estado que en ningún caso se tolerarán tratos abusivos, y que advierta claramente que los oficiales de cualquier rango que intervengan en este tipo de prácticas serán objeto de sanciones disciplinarias, incluida la pérdida del cargo y acciones penales. Asimismo, debe asegurarse de que los policías que sean juzgados por su presunta participación en delitos sean suspendidos inmediatamente.
"Si el presidente Lobo tiene interés en mantener la legalidad y el orden público, debe adoptar medidas para asegurar que se investiguen exhaustivamente los hechos de brutalidad policial y que los responsables sean juzgados y respondan por sus actos", señaló Vivanco.
30 de marzo de 2011
©hrw

militares fascistas vuelven a conspirar


Amenazas, infidencias y videos en la Banda Oriental. El Senado acordó citar a los ministros de Defensa, Luis Rosadilla, e Interior, Eduardo Bonomi, para que expliquen el caso del video en el que encapuchados amenazan con liberar por la fuerza a militares detenidos por violaciones a los ddhh cometidos fuera de Uruguay.
Uruguay. El vídeo, cuya existencia ha sido puesta en duda, muestra a supuestos militares encapuchados y con ropa de fajina advirtiendo a la Justicia y amenazando con realizar acciones militares para liberar a los uniformados presos, acusados de delitos de lesa humanidad cometidos fuera de Uruguay y, por lo tanto, excluidos de la amnistía contemplada en la ley de caducidad sancionada en 1986, que evitó que los militares comparecieran ante la Justicia por los crímenes cometidos durante el régimen de facto.
La llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue refrendada en dos plebiscitos en 1989 y 2009, pero varios militares retirados fueron enjuiciados luego de que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional esa norma en pronunciamientos individuales.
Mujica, en su programa en la emisora M24, reconoció el jueves pasado que el video pretendía amedrentarlo y acusó a la oposición política por dudar de su autenticidad y contenido. "Cometimos el error, si se quiere de buena fe, de informar a cuatro ciudadanos representativos de cada uno de los partidos políticos que operan en el Parlamento. Lo que no podíamos saber es que la oposición había decidido hacernos la guerra y como tal se iba a comportar", señaló el mandatario.
En el mismo programa agregó que "es obvio que cuando apenas se tiene una alarma, lo primero que hay que hacer es investigar y al investigar la Policía se pone en contacto, como me consta, con el Poder Judicial... Pero lo que menos se debe hacer es contribuir a crear un clima que perjudica cualquier investigación".
La interpelación votada ahora por la oposición se produce después de que ambos ministros comparecieran voluntariamente ante el Parlamento y negaran la existencia del video en cuestión. Rosadilla y Bonomi quedan expuestos de esta manera a sortear un voto de confianza.
El gobierno en su momento informó del caso tanto a los líderes de la oposición como a la Suprema Corte de Justicia, pero no se presentó ninguna denuncia penal al respecto y, cuando los Tribunales comenzaron su investigación, nadie dio razón del documento, lo que despertó dudas e incertidumbre acerca de la veracidad de las amenazas.
29 de marzo de 2011
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