américa latina

murió maría esther gatti

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Profesora, junto a su esposo se dedicaron a buscar a víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras de países vecinos como Argentina, Brasil y Paraguay. Buscó, sin éxito a su hija por décadas y fundó la organización de Madres y Familiares de Desaparecidos Uruguayos.

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[Charles Newberry] Uruguay. María Ester Gatti de Islas, la profesora uruguaya que se convirtió en activista de los derechos humanos mientras ayudaba a encontrar personas desaparecidas durante la represión política en Sudamérica, murió en Montevideo. Tenía 92 años de edad. Su muerte fue confirmada por la organización que ella fundó, Madres y Familias de Prisioneros Desaparecidos Uruguayos.
Gatti inició lo que pasaría ser una búsqueda de toda una vida por su única hija y su nieta en 1976, cuando éstas desaparecieron en Argentina durante la dictadura militar de ese país que terminó en 1983. Grupos de derechos humanos estiman que 300 uruguayos desaparecieron en Argentina, Brasil y Paraguay bajo la represión de las dictaduras contra sus opositores políticos.
La hija de Gatti, María Emilia Islas, y su esposo Jorge Zaffaroni, habían ayudado a fundar en Buenos Aires el partido de izquierda Victoria del Pueblo en 1975, semanas después del nacimiento de su hija Mariana Zaffaroni. Huyeron a Argentina cuando se convirtieron en blancos de la dictadura cívico-militar de Uruguay. El 27 de septiembre de 1976, fuerzas argentinas y uruguayas secuestraron a la familia en Buenos Aires.
Gatti empezó a buscar a sus familiares con ayuda de las Abuelas de la Plaza de Mayo, una organización que luchaba por encontrar personas secuestradas por la dictadura militar argentina. Llevaba con ella una foto de los ojos de su nieta, que se convertiría en un símbolo de la búsqueda de personas desaparecidas en Uruguay en los años ’70 e inicios de los ’80. Más tarde fundó Madres y Familias de Prisioneros Desaparecidos Uruguayos.
"Nunca perdí la esperanza ni la voluntad de luchar", dijo en marzo. Nacida en 1918 en Montevideo, María Ester Gatti se recibió de profesora a los 17 años de edad. Pero su negativa a firmar documentos comprometiendo lealtad al presidente Terra, un requisito en esa época para los funcionarios públicos, la dejó fuera de la sala de clases. Trabajó como institutriz hasta que asumió un nuevo gobierno en 1938. Inició entonces una carrera que se extendió por 38 años en escuelas públicas y durante 20 como profesora de geografía en una escuela privada. Se casó con Ramón Islas en 1948 y su hija nació en 1953.
María Ester Gatti nunca encontró a su hija ni a su yerno. Las primeras pistas sobre su nieta Mariana Zaffaroni surgieron en 1983, cuando un oficial militar argentino sugirió que vivía con la familia de un oficial del servicio secreto en Buenos Aires. El proceso para recuperarla se desaceleró después de que los secuestradores huyeron a Paraguay y luego debido a complicaciones legales. En 1992, Gatti encontró a su nieta y la ayudó a recuperar su identidad.
"Tenía mucha convicción. Era firme en sus actitudes", dijo Oscar Urtasun, quien trabajó con Gatti en la organización uruguaya mientras buscaba a su hermano desaparecido en Buenos Aires en 1978. "Ella era el rostro del movimiento, a veces ella sola", agregó. "Logró lo que hizo gracias a un trabajo duro y gracias a la esperanza, y al amor de una madre por su hija". La sobrevivió su nieta.
12 de diciembre de 2010
9 de diciembre de 2010
©la nación

proyecto contra ley de caducidad

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El proyecto contra la Ley de Caducidad llegó al Senado uruguayo.

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Uruguay. La iniciativa, ya aprobada en Cámara de Diputados, para anular la norma que impidió juzgar a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura, entre 1973 y 1985, deberá pasar por la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara alta antes de pasar al pleno y ser votada, lo que está previsto que suceda en los primeros meses de 2011. La aprobación del proyecto, presentado por el oficialista Frente Amplio, está en duda ya que por lo menos tres legisladores de ese espacio expresaron que no lo apoyarán.
En la sesión de hoy, los legisladores escucharon a varios catedráticos de derecho de la Universidad de la República que expusieron sus argumentos sobre las consecuencias jurídicas de la aplicación de la norma y la situación en el mundo de otras leyes de amnistía aplicadas tras la salida de una dictadura.
De ser aprobada, los tribunales uruguayos tendrán que considerar protegidas por la Constitución todas las normas internacionales de defensa de los derechos humanos suscritas por el país, lo que implica que la Ley de Caducidad será inaplicable de forma automática perderá su vigencia.
El FA presentó la iniciativa pese a que la Ley de Caducidad fue aprobada por la ciudadanía dos veces en referéndum, uno en 1989 y otro en 2009, lo que supuso un golpe muy duro para las organizaciones de defensa de los derechos humanos y sindicatos, los principales detractores de la medida.
En un principio, el FA confiaba en aprobar la ley sin mayores problemas, sin embargo la oposición de varios de sus legisladores a apoyar la medida desató una fuerte crisis interna en el seno de la organización que parece lejos de remediarse.
10 de diciembre de 2010
7 de diciembre de 2010
©página 12

zelaya niega negociación con lobo

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Golpe en Honduras. Manuel Zelaya negó cualquier "negociación" con Porfirio Lobo.

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Honduras. El derrocado ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya, aseguró que hay una "proliferación de versiones que hacen circular diferentes sectores del régimen" y afirmó: "No existe hasta la fecha ningún tipo de acercamiento o negociación entre el régimen y este servidor". Zelaya dio cuenta de su relación con el gobierno de Lobo después de una serie de reuniones que el mandatario hondureño realizó para analizar el retorno de Mel. La semana pasada, en la Cumbre Iberoamericana se exigió el regreso de todos los exiliados y el castigo a los responsables del golpe de Estado para reincorporar al país centroamericano en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Zelaya dio a conocer su postura, a través de una carta escrita desde República Dominicana, donde permanece exiliado, a raíz de una seria reuniones que el presidente Lobo mantuvo con autoridades del Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público, para que el ex mandatario pueda retornar a Honduras sin ser perseguido ni sometido a tribunales por presuntos delitos de abuso de autoridad y corrupción.
El lunes en Tegucigalpa, Lobo también se reunió con el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Latinoamérica, Arturo Valenzuela, quien dijo que la "reconciliación nacional avanzará aún más cuando Honduras sea capaz de resolver el asunto del retorno del ex presidente Zelaya para que el país pueda recobrar su lugar en la OEA".
La semana pasada, los países reunidos en la XX Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata reclamaron el regreso de todos los exiliados, en primer lugar de Zelaya, y el castigo a los responsables del golpe de Estado, muchos de ellos aún en el gobierno hondureño, para el retorno de este país a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Zelaya, coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), indicó que "cualquier cosa que se haga de parte de ellos (gobierno de Lobo) es estrictamente sus propios planes, como lo han hecho con la Comisión de la Verdad que se organizó unilateralmente sin tomarnos en cuenta".
El ex presidente, derrocado el 28 de junio de 2009 por un golpe de Estado, sostuvo que durante 11 meses "se han utilizado rumores para llamar la atención y cubrir asuntos de Estado serios que afectan al pueblo hondureño; por ahora no tenemos ningún indicio directo de que la situación sea diferente, por lo que llamamos a estar alertas ante los eventos que pudieran suscitarse".
En su carta, Mel advirtió: "Mantenemos nuestra posición y compromiso firmes porque impere la justicia y cese la impunidad contra las violaciones a los derechos humanos desde el golpe de Estado. No existe ningún grupo autorizado por este servidor para hacer ninguna negociación en mi nombre".
Además, tras la reunión de Lobo con Valenzuela apuntó que rechaza "tajantemente el manejo especulativo de la crisis y hacemos un llamado a Estados Unidos para que en esta ocasión actúe sin ambigüedad, ya que ellos con su conducta han contribuido a complicar todo en esta tragedia, que ya ha costado muchas vidas y ha provocado tanto dolor en la resistencia y el pueblo Hondureño".
9 de diciembre de 2010
7 de diciembre de 2010
©página 12

gelman contra el estado de uruguay

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El poeta Juan Gelman habla de su demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el estado uruguayo por el caso de su nuera.

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[Victoria Ginzberg] Uruguay. Durante las audiencias en el tribunal internacional, Uruguay reconoció que hubo una violación a los derechos humanos en este caso. Pero la causa judicial sobre el destino de María Claudia Iruretagoyena no tiene avances y la Ley de Caducidad sigue vigente. "Por eso iniciamos una demanda contra el Estado uruguayo, no sólo contra el Ejecutivo, sino contra todas las instituciones", explica Gelman.
El reclamo del poeta sigue siendo el mismo: Verdad y Justicia. Saber qué pasó con su nuera, María Claudia Iruretagoyena, que fue secuestrada en la Argentina y asesinada en Uruguay luego de que le quitaran a su hija recién nacida. La semana pasada repitió su pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde él y su nieta Macarena recurrieron luego de agotar las instancias judiciales en Uruguay. En diálogo con Página/12, Juan Gelman repasa el camino que lo llevó al tribunal internacional, responde a quienes quieren reducir el tema a un asunto de dinero y busca contestar la pregunta acerca de las contradicciones que en el Frente Amplio impiden que se apruebe un proyecto que acabaría con los efectos de la Ley de Caducidad y así permitiría poner en prisión a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

¿Cuál es el balance de las audiencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Durante las audiencias en la Corte Interamericana el representante del Estado uruguayo reconoció que en este caso hubo una violación a los derechos humanos, como si eso arreglara la situación. Con eso no hacemos nada. Mi nieta logró que se reabriera ante la Justicia el caso de su madre en el año 2008 y después de dos años el caso no pasó de la etapa presumarial, es decir, no se investigó nada, no se citó a ningún testigo. Por eso la querella que presentamos es contra el Estado uruguayo.

Ustedes demandan por la imposibilidad de hacer justicia en Uruguay.
Mi nieta y yo y iniciamos una demanda contra el Estado uruguayo, entendido no sólo como el Ejecutivo, sino como el Parlamento, la Justicia, todas las instituciones de un Estado. Golpeé la puerta de cuatro gobiernos uruguayos sucesivos para ver si el contenido de nuestra demanda ante la Corte se podía llevar a la práctica, es decir, investigar a fondo qué había sucedió con mi nuera María Claudia y eventualmente encontrar sus restos para darle descanso. (El ex presidente Julio María) Sanguinetti sabía perfectamente quién tenía a mi nieta y se quejó porque según él yo le había dado solamente cuatro meses para averiguarlo. El, que era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Sanguinetti no habló de dinero ni de humillación. Dijo que yo lo hacía porque quería entorpecer la campaña electoral del Partido Colorado. Después llegó (Jorge) Batlle. Nosotros habíamos encontrado a nuestra nieta a fines de 1999 y a través de un intermediario nos pusimos en contacto con la señora que la crió –el señor había muerto–, nos encontramos y nuestro deseo era hacerlo en secreto porque tanto Mara como yo sabíamos qué tipo de trauma podía provocar en una mujer de 23 años enterarse que sus padres no eran sus padres y que, en cambio, sus padres habían sido asesinados por las dos dictaduras militares. El presidente Batlle en febrero del año 2000 dijo que era imposible que esto ocurriera en Uruguay, porque Sanguinetti siempre insistía que nunca habían nacido niños en cautiverio, que nunca había habido ejecuciones. Pero cuando nosotros llegamos a fin de marzo nos quiso ver inmediatamente porque alguien le había dicho que habíamos encontrado a mi nieta y él entonces hizo la investigación con un militar y quería hacer el anuncio público. Mi nieta acordó en que se podía hacer, claro que Batlle lo hizo con un fin político. Yo le escribí a Néstor Kirchner, quien me convocó inmediatamente para ir a Buenos Aires y me dijo que para él ésta era una cuestión de Estado. Empezó a hablar con Batlle, que le hizo no sé cuántas promesas que nunca cumplió. Cuando habían pasado dos años y no había novedad abrí una causa en Uruguay, que fue clausurada por el fiscal (Enrique) Moler aduciendo la vigencia de la Ley de Caducidad. Después de eso, en el año 2003 fue clausurada la causa. Batlle consideró que efectivamente el caso estaba incluido en la Ley de Caducidad y en consecuencia no había que seguir averiguando. Mi abogado pidió el pronunciamiento de la Corte Suprema de Uruguay declarando la inconstitucionalidad de esa ley en este caso y se desestimó este pedido. En el año 2005 hubo un cambio cuando asumió Tabaré Vázquez. En su discurso de asunción sacó expresamente de la ley el caso de mi nuera y el del senador Zelmar Michelini y el ex diputado Héctor Gutiérrez Ruiz. Entonces reabrí la causa, que fue nuevamente clausurada por el mismo fiscal. Apelamos y el tribunal de apelaciones desautorizó la acción del juez y hasta lo regañó y ordenó archivar el caso. Ya habían pasado seis años de reclamo sin respuesta.

¿Y así decidieron presentarse ante la Comisión Interamericana?
En 2006 mi nieta y yo decidimos presentarnos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representados por el Cejii (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional). Vázquez no hizo nada para que la investigación continúe, a pesar de que el Poder Ejecutivo tenía esa facultad. La Ley de Caducidad en su artículo tercero faculta al Poder Ejecutivo a ordenar que una investigación continúe o se clausure. Batlle dijo que se clausura, Tabaré no dijo nada y ordenó una excavación en la que se produjo una escena terrible. En el Batallón 14 el comandante en jefe del Ejército, el general (Angel) Bertolotti, le dijo a mi nieta que en un círculo de un radio de cinco metros estaban con un 99,9 por ciento de probabilidad los restos de su madre. No encontraron nada, el gobierno cesó las excavaciones. En el mejor de los casos hubo una ingenuidad de Tabaré que supuso que el Ejército, al cual ordenó la investigación, iba a denunciarse a sí mismo, cosa que no sucede en ninguna parte. Hay una suerte de tejido cívico militar que incluye a jueces, políticos, que impide el conocimiento de la verdad, como si hubiera sectores en los que continua en el plano civil el pensamiento militar en lo que hace a impedir el conocimiento de la verdad y a castigar a los victimarios. Después de cuatro años la Comisión Interamericana pasó el caso a la Corte Interamericana y ahí vinieron las audiencias. Yo golpeé las puertas de cuatro gobiernos uruguayos. Ahora el de (José) Mujica.

En ese sentido parece contradictoria la posición en el Frente Amplio sobre la posibilidad de hacer cesar los efectos de la Ley de Caducidad.
Hay un proyecto de ley que se aprobó en Diputados por la mayoría del Frente Amplio. Acataron una resolución de la última asamblea del Frente Amplio en el sentido de que había que terminar con los efectos de la Ley de Caducidad. Es un proyecto que no es de anulación, es de interpretación de la ley, pero que de todos modos hacer cesar los efectos de la Ley de Caducidad. El tema es que en el Senado, que recién lo va considerar a principios de diciembre, después del Presupuesto, ya cuenta con una decisión desfavorable. Hay tres senadores del Frente Amplio que ya han dicho que van a votar contra ese proyecto de ley. Como la mayoría del Frente Amplio es muy tenue, son 17 senadores y necesita por lo menos 16 votos, si tres senadores se niegan no se va a poder aprobar. Me sorprende mucho la posición de gente como el senador (Eleuterio) Fernández Huidobro, que padeció once años en un pozo durante la última dictadura militar, donde como decía Mauricio Rosencof, que también estuvo en la misma situación, lo tenían a media ración, no les daban agua, a veces tenían que beber sus orines. No entiendo por qué este senador se niega a que se levante esta prohibición de saber la verdad y llegar a la Justicia. No sé qué ha hecho con su pasado, es un problema de él. Pero me pregunto por qué tiene esta posición. En 1985 hubo una ley, la 15.737, que proclamaba una amnistía general que incluía a los tupamaros. Inmediatamente después salió la Ley de Caducidad que tiene un nombre bastante increíble. Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, como si el Estado, al castigar los crímenes, fuera un pretencioso. Probablemente eso forma parte del pacto de los militares con los políticos.

Pero si alguien quisiera reabrir alguna causa contra un dirigente tupamaro, los eventuales delitos estarían prescriptos, a diferencia de lo que pasa con los delitos cometidos desde el poder estatal.
Yo soy lego, tengo que pensar que los senadores son muy cumplidores de su palabra. El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, en una campaña perversa dice que lo único que se trata es de dinero. El primero que lo dijo fue Fernández Huidobro. De eso se hizo eco el diario de derecha El País, por ahí también se habló de que queríamos humillar a Uruguay como si eso fuera el propósito. Son cosas de guerra sucia que los que se oponen ahora a la aprobación del proyecto de ley sufrieron en carne propia. Deben haber aprendido mucho. Breccia utiliza el argumento de que hubo dos consultas populares que no lograron la anulación de la Ley de Caducidad. La última fue el año pasado. Pero la primera se hizo poco después de que los militares se fueran y todavía imperaba mucho miedo en la sociedad uruguaya y se ignoraba bastante lo que había ocurrido, no como en Argentina. Y según fuentes confiables, la que se hizo el año pasado fue también saboteada por miembros de este sector del Frente Amplio. Por otro lado, como planteó el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, Santiago Cantón, que es un gran jurista, hay temas que no son plebiscitarios porque son responsabilidad del Estado. Castigar los crímenes es una responsabilidad del Estado. A nadie se le ocurriría plebiscitar si tiene que haber libertad de prensa o no, si tiene que haber pobreza o no o si tiene que haber justicia o no, son responsabilidades institucionales del Estado que se deben cumplir.

¿Cuál es en concreto el reclamo que usted y Macarena le hacen al Estado uruguayo?
Lo que nosotros pedimos es que la Corte Interamericana conmine a Uruguay a cumplir los tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada, que declaran que no son prescriptibles los crímenes de lesa humanidad. El Estado uruguayo ha adherido y ratificado esos pactos. Pedimos lo que pedimos toda la vida, que se investigue a fondo la surte de mi nuera y eventualmente que se encuentren los restos.

¿Confían en que finalmente se pueda hacer justicia en Uruguay?
Estoy esperando la decisión del Senado, pero aparentemente esta ley no va a salir.

¿Y que se reabran las causas a partir de decisión de la Corte Interamericana? Los fallos de ese organismo, como las decisiones de la Comisión, fueron un precedente importante para los jueces argentinos.
Una de las cosas que dicen quienes se oponen es que las decisiones de la Corte no son vinculantes. Pero reírse de las decisiones de la Corte Interamericana es políticamente muy negativo. Eso sí que colocaría al Estado uruguayo en una posición humillante.

Su abogada señaló que ese caso no debería llamarse Gelman contra Uruguay, sino Gelman con Uruguay, porque están ayudando a que el país pueda hacer justicia.
Sí. Porque hay muchos otros casos en los que tampoco hay justicia.
8 de diciembre de 2010
24 de noviembre de 2010
©página 12

fosas en el batallón 14

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Próxima reanudación de excavaciones.

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Uruguay. Uruguay reanudará el año que viene las excavaciones en el Batallón 14 y otras unidades militares donde se presume que puede haber restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura (1973-1985). El secretario de la presidencia, Alberto Breccia, informó que los trabajos comenzarán en el Batallón 14, en una zona conocida como ‘Arlington’, para cumplir con una orden del juez penal Pedro Salazar. El magistrado dispuso medidas de no innovar en esa unidad militar ubicada en Canelones, en la que se supone que hubo enterramientos clandestinos durante el gobierno militar.
En tal sentido, el gobierno uruguayo se apresta a suscribir un nuevo convenio con el equipo de antropólogos de la Universidad de la República para reanudar los trabajos en predios que se encuentran a 45 kilómetros al norte de Montevideo. "No estamos frente a una omisión porque el gobierno uruguayo ha dejado en claro su voluntad de seguir adelante con las investigaciones, excluyendo casos de la Ley de Caducidad que dieron lugar al procesamiento de militares y ex presidentes de facto", dijo Breccia.
8 de diciembre de 2010
16 de noviembre de 2010
©página 12

uruguayos reclaman verdad y justicia

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Miles de uruguayos reclaman "verdad y justicia" para crímenes de la dictadura.

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Montevideo, Uruguay. Más de 10.000 uruguayos marcharon hoy en silencio por el centro de Montevideo para reclamar "verdad y justicia" para los crímenes cometidos durante la dictadura militar (1973-1985) como paso imprescindible para la "reconciliación".
Ciudadanos de toda edad y condición, entre ellos el presidente del país, José Mujica, participaron en esta décimo quinta Marcha del Silencio, con la que cada 20 de mayo desde 1995 se recuerda a los detenidos desaparecidos y a las personas asesinadas a manos de las Fuerzas Armadas y la Policía bajo el gobierno militar.
La marcha recorrió la principal arteria de la capital presidida por el lema "Sin la verdad ni la justicia no hay reconciliación".
En medio de un silencio solo roto por la lectura de los nombres de las víctimas de la represión, cuyas fotografías acompañaron la marcha, los manifestantes también pidieron el fin de la Ley de Caducidad, que impide juzgar a los militares y policías acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura.
Esta ley, aprobada tras el regreso de la democracia al país en 1985, fue sometida a referéndum en Uruguay el año pasado, pero pese a la intensa campaña dirigida por el sindicato Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y las asociaciones de víctimas, la propuesta de anularla no recibió los votos suficientes.
Aun así, tanto desde el oficialista Frente Amplio como desde las organizaciones sociales se sigue exigiendo su eliminación, al ser una norma que impide hacer justicia "sobre unos crímenes imprescriptibles", explicó a Efe el diputado Luis Puig.
Marta Passelle, de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, organización que convocó la manifestación, señaló a Efe que el objetivo de esta edición sigue siendo el mismo que hace 15 años: "reclamar la verdad" a aquellos que la siguen ocultando.
"Estamos en la búsqueda de la verdad, y solo puede haber reconciliación hasta que ésta se conozca. Ya lo dijimos en otras marchas y lo seguimos diciendo ahora: la verdad sigue secuestrada mientras no se conozcan los hechos y mientras nuestros familiares sigan desaparecidos", afirmó Passelle.
La dirigente de la organización apuntó que son los militares "los que saben lo que ocurrió", y que si no lo cuentan es por una decisión de sus dirigentes.
"Ellos sabrán lo que hacen, pero está claro que tendrán que cambiar esa postura si quieren que la sociedad uruguaya los acepte de una vez por todas", señaló.
La marcha de este año fue precedida anoche por un mensaje de la Asociación de Familiares de Desaparecidos que fue transmitido en cadena de televisión nacional, un hecho sin precedentes en la historia del país.
En la transmisión la organización pidió a los ciudadanos que acudieran a la manifestación para seguir luchando por "encontrar la verdad que perversamente" aún se oculta a manos de las Fuerzas Armadas.
Ese mensaje había despertado gran interés en Uruguay, tanto por ser el primero que se realizaba por televisión como por la polémica desatada entre la organización y el presidente del país, José Mujica, por las intenciones del mandatario de acercar posturas con los militares en aras de la reconciliación nacional.
La polémica, sin embargo, no tuvo lugar en la marcha, a la que Mujica, quien hoy cumplió 75 años, acudió acompañado de su esposa, la senadora Lucía Topolansky, y en la que caminó entre la multitud como un ciudadano más.
La Marcha del Silencio recuerda el asesinato el 20 de mayo de 1976 de los legisladores Zelmar Michelini, del izquierdista Frente Amplio, de Héctor Gutiérrez Ruiz, del Partido Nacional, y de los militantes de la guerrilla tupamara Rosario Barredo y William Whitelaw.
Los cuatro fueron secuestrados en Buenos Aires antes de ser asesinados, un crimen por el que ya fueron procesados y condenados el ex dictador Juan María Bordaberry y su entonces ministro de Asuntos Exteriores, Juan Carlos Blanco.
Cifras oficiales sitúan en 37 las personas desaparecidas en la dictadura, mientras que organizaciones de defensa de los derechos humanos apuntan que son más de 200.
1 de diciembre de 2010
©noticias 123

golpe hondureño injustificado

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En un cable, Estados Unidos admite que hubo un golpe en Honduras. El depuesto presidente Manuel Zelaya fue "sin duda" víctima de una conspiración de los militares, el Congreso y la Corte Suprema de Honduras y Roberto Micheletti fue un mandatario "ilegítimo", afirmó un cable diplomático de Estados Unidos revelado por Wikileaks.

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Honduras / Estados Unidos. "Sean cuales sean los méritos de un caso contra Zelaya, su remoción forzada por los militares fue claramente ilegal y la asunción de Micheletti como "presidente interino" fue totalmente ilegítima", señaló el cable de fecha 24 de julio de 2009, hecho público este lunes por el diario The New York Times.
En el cable, redactado a menos de un mes del derrocamiento de Zelaya, el embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens resume los hechos: "no hay duda de que los militares, la Corte Suprema y el Congreso conspiraron el 28 de junio en lo que constituyó un golpe inconstitucional e ilegal".
"De igual forma, -continúa Llorens- no hay duda desde nuestra perspectiva de que fue ilegítima la asunción de Roberto Micheletti", quien ocupó la presidencia tras el golpe.
El embajador afirma que Zelaya "pudo haber cometido hechos ilegales e inclusive pudo haber violado la Constitución", pero dice que esto no es claro y que las acusaciones contra el presidente para justificar el golpe fueron "suposiciones" o incluso algunas fueron "abiertamente falsas".
"Nunca hubo un debate público y formal sobre la evidencia (contra Zelaya) ni ninguna apariencia de debido proceso", dijo Llorens, quien afirmó que la embajada estadounidense consultó con varios expertos y revisó la Constitución hondureña antes de emitir su análisis de los hechos.
"Hasta los más fervientes defensores del golpe han sido incapaces de emitir argumentos convincentes que despejen el vacío argumentativo entre "Zelaya violó la ley" y "por lo tanto fue enviado a Costa Rica por los militares sin un juicio", indicó el cable, catalogado como confidencial.
Si se asume como correcto el argumento de que Zelaya violó la Constitución al proponer modificarla, Micheletti debió también se destituido porque como presidente del Congreso lo sugirió y Porfirio Lobo, actual presidente, debió ser inhabilitado por también avalar esa posibilidad, señaló el cable.
Washington denunció rápidamente el golpe de Estado en Honduras, aunque luego respaldó las elecciones de noviembre de 2009 en las que fue electo Porfirio Lobo y es un firme defensor de la normalización del país internacionalmente y su readmisión en la Organización de Estados Americanos (OEA).
30 de noviembre de 2010
29 de noviembre de 2010
©página 12

dictador estúpido y desmemoriado

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Desde la cárcel, el dictador uruguayo Gregorio Álvarez afirmó que no se arrepiente de nada de lo hecho durante el gobierno de facto, apeló a la teoría de los dos demonios al considerar que en el país vecino hubo "un estado de guerra interno" y negó la existencia de desaparecidos.

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Uruguay. En declaraciones publicadas hoy por el diario Últimas Noticias, Álvarez afirmó en una entrevista desde la cárcel que se siente un "preso convicto" y que no se arrepiente de nada. "Déjeme pensar de qué me puedo arrepentir. Que yo recuerde, de nada", declaró el hombre que gobernó el país durante cuatro años en la última etapa de la dictadura que se instauró en 1973, tras un golpe de Estado.
Álvarez está acusado de 37 homicidios y a sus 85 años de edad cree que se va a morir en la cárcel, aunque deslizó alguna esperanza de "reconciliación" al comentar los pronunciamientos que, en ese sentido, ha hecho el actual presidente del país, José Mujica. "Yo quiero colaborar con la paz de este país y por eso me mantengo callado. Lo que me importa es colaborar con la paz y la concordia", agregó Álvarez.
Aseguró que no tiene ninguna información sobre los casos de desaparición forzada ocurridos durante la dictadura, cuando fue un influyente jefe militar hasta acceder a la presidencia.
"Nunca protegí delitos vulgares. Aquí hubo un estado de guerra interno, no fue estado de guerra, pero hubo estado de guerra interno. La diferencia es que la guerra supone la oposición entre dos países y en la guerra interna no se reconoce en los oponentes la condición de Estado", dijo.
Según Álvarez "aquí se planteó la guerra interna por eso. O eso decían. Aquí se decretó la guerra interna mediante una serie de medidas que aprobó el parlamento democrático de la época para tratar de solucionar la situación que se vivía".
La periodista que lo entrevistó le recordó que tras ese "estado de guerra interno" "hubo torturas, secuestros, asesinatos y desaparecidos". "Usted estuvo en el más alto cargo, ¿cómo puede no tener información?", le preguntó. La respuesta de Álvarez fue breve: "¿Quién dice que hubo desaparecidos?" Y agregó: "Oí decir eso. Algo leí en la prensa".
El dictador se quejó de que le adjudicaron 37 muertos y que ha pedido pruebas y testigos "cuatro o cinco veces" pero no ha tenido respuestas. "Aparte, cuando desaparecieron esos 37 yo no estaba en Montevideo ni tenía mando, yo estaba en Minas, al frente de la División Ejército IV y sin embargo, me los adjudicaron", dijo, en su defensa. La periodista destacó hoy en declaraciones radiales que en esta respuesta Álvarez reconoce tácitamente la existencia de desaparecidos.
30 de noviembre de 2010
29 de noviembre de 2010
©página 12