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contra la ley de caducidad


Causa contra el Estado uruguayo por secuestro. Juan Gelman y su nieta Macarena declararon ante la Corte Interamericana de Justicia en Quito, ecuador. La audiencia fue por la desaparición de la madre de Macarena, María Claudia Iruretagoyena, secuestrada en Argentina y trasladada a Uruguay, donde está desaparecida. La Ley de Caducidad impide el castigo a los responsables.
[Uruguay] La desaparición de María Claudia Iruretagoyena, la nuera del poeta Juan Gelman, llegó ayer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia había sido presentada en 2006 por Macarena Gelman y su abuelo contra el Estado uruguayo por la imposibilidad de obtener justicia en ese país. Las audiencias comenzaron en Quito y finalizarán hoy con los alegatos de las partes.
Ayer los jueces de la Corte Interamericana escucharon los relatos de las víctimas, Juan Gelman y su nieta, Macarena. El escritor contó que su hijo, Marcelo, y su nuera, María Claudia Iruretagoyena fueron secuestrados en Buenos Aires en la madrugada del 24 de agosto de 1976 y fueron llevados al centro clandestino de detención Automotores Orletti, que funcionaba como sede del Plan Cóndor, la coordinación represiva que tejieron las dictaduras sudamericanas. María Claudia tenía 19 años y estaba embarazada de siete meses. Con un embarazo avanzado, la joven fue trasladada en la segunda semana de octubre al Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay. Semanas más tarde, dio a luz en el Hospital Militar. En enero de 1977, los represores uruguayos le arrebataron a Macarena y la dejaron en una canasta en la puerta de la casa del policía Angel Tauriño. Los restos de Marcelo aparecieron en 1989.
Después de años de lucha, Gelman encontró en 2000 a su nieta. En 2006, el poeta y Macarena denunciaron al Estado uruguayo por la violación de los derechos que están protegidos por instrumentos del sistema legal interamericano. "Pareciera que en nuestras sociedades existiera una especie de omertá. No sólo la militar, que niega la información, sino una mucho más amplia: una suerte de tejido civil, militar, judicial, por el que se obstaculiza el camino de la verdad y, por consiguiente, el camino de la justicia", se lamentó Juan Gelman y denunció no haber obtenido ningún apoyo de los gobiernos constitucionales uruguayos.
Más tarde, Macarena reclamó que el gobierno uruguayo dedique mayores recursos humanos y materiales para encontrar los restos de su madre. "Los eventuales responsables viven hoy en día y tienen esa información", dijo la joven. "Falta la voluntad política de hacerlo, más allá de las palabras", agregó la nieta del poeta. En la sala de Quito estaba Carlos Mata en representación del Estado uruguayo.
Por pedido de los demandantes, declaró Sara Méndez, quien compartió cautiverio con María Claudia en Automotores Orletti. Por la tarde, les tocó el turno a la fiscal Mirtha Guianze y el historiador Gerardo Caetano, en calidad de peritos. "La Ley de Caducidad subsiste y eso consagra la impunidad", sentenció Guianze, refiriéndose a la ley de amnistía a los represores uruguayos que fue aprobada en diciembre de 1986. "El hecho de que haya casos excluidos de sus alcances no modifica la situación de fondo", agregó la fiscal ante una pregunta de los representantes del gobierno uruguayo, que intentaron demostrar que hubo cambios en materia de derechos humanos desde que el centroizquierdista Frente Amplio (FA) llegó al gobierno, en 2005. Los patrocinantes de Gelman y su nieta pidieron que compareciera Guianze porque fue la fiscal que impulsó la causa por el asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, que terminó con la Corte Suprema declarando inconstitucional a la Ley de Caducidad.
Por su parte, Caetano se refirió a los archivos de la memoria y al Plan Cóndor, la coordinación represiva tejida por las dictaduras del Cono Sur. "No tengo ninguna expectativa de que se rompa el pacto de silencio entre los victimarios y sus cómplices", afirmó el historiador.
La abogada Liliana Tojo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), comentó a Página/12 que la audiencia transcurrió según lo planeado. Durante la mañana de hoy, las partes deberán presentar oralmente sus alegatos. "Vamos a plantear que la vigencia de la Ley de Caducidad constituye un obstáculo insalvable e incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos", adelantó Tojo, que representa a Juan y Macarena Gelman.
El Ejecutivo uruguayo impulsa desde hace semanas una norma interpretativa que dejaría sin vigencia la amnistía aprobada durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. La iniciativa consiguió la media sanción en la Cámara de Diputados, pero no pasaría en el Senado, donde hay parlamentarios del FA que no le darán su voto. El gobierno de José Mujica apuraba la anulación de esta ley para evitar que la Corte Interamericana sancione al Uruguay. "Esperamos que haya una condena que ponga en evidencia el significado horroroso que la Ley de Caducidad tiene para la sociedad uruguaya", dijo a este diario Valentín Enseñat, referente de Hijos Uruguay.
[Informe de Luciana Bertoia.]
16 de noviembre de 2010
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atentan contra juez instructor


Atentan contra juez a cargo de insurrección en Ecuador. Se mencionan sus delitos políticos (golpe de estado fallido), pero no el intento de magnicidio.
Ecuador. Un grupo de desconocidos atentó contra la casa del juez Juan Pablo Hernández, quien trabaja en diferentes casos de la insurrección policial del pasado 30 de septiembre, entre ellos el del destituido director del Hospital policial César Carrión, informó hoy la prensa local.
Ayer por la tarde unos desconocidos quemaron el vehículo del juez y lo empotraron contra un muro al pie de la vivienda, un acto que no provocó heridos, toda vez que en ese momento no había nadie en el domicilio, informaron diferentes periódicos del país.
El ministro de justicia ecuatoriano, José Serrano, dijo que no se descarta que esta acción tenga relación con los procesos judiciales que tiene a cargo Hernández por la revuelta policial del pasado 30 de septiembre, que el ejecutivo ecuatoriano calificó como un intento de golpe de Estado.
Ese día los policías se manifestaron por reivindicaciones salariales, por lo que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, acudió al regimiento de Quito para explicar una ley que modificaba los salarios de los uniformados.
En el lugar el mandatario fue agredido físicamente y atacado con gases lacrimógenos, por lo que se dirigió al Hospital Policial para que fuera atendido por la asfixia causada por los gases y de su pierna, de la cual había sido operado recientemente.
"No se trató de un robo, sino de un atentado para intimidar a los jueces que llevan los casos críticos", apuntó Serrano respecto de los hechos contra la vivienda del jurista.
El juez Hernández lleva los cargos contra el director Hospital de la Policía, César Carrión, quien Correa acusó de no dejarlo entrar en el centro sanitario.
Además, atiende los casos contra el agente Giovanny Chancusi, acusado de intentar retirar la máscara antigás a Correa, así como de Marco Tibán, miembro de la escolta legislativa y hermano de la asambleísta del partido indígena Pachakutik, Lourdes Tibán.
Serrano anunció que a raíz de lo sucedido se dará seguridad a los jueces que lleven casos de la insurrección policial.
Por su parte, un hermano del magistrado, Mario Hernández, indicó que están "en shock" por lo sucedido y que aún no saben si la familia presentará una denuncia particular.
7 de noviembre de 2010
6 de noviembre de 2010
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a juicio torturadores de dilma rousseff


Brasil: Procesan a torturadores de presidenta electa Dilma Rousseff.
Brasil. El Ministerio Público Federal de Sao Paulo inició este jueves un proceso para depurar la presunta responsabilidad civil de cuatro militares jubilados por seis asesinatos y la tortura de 20 personas, entre ellas la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff.
Fueron acusados los militares Homero Cesar Machado, Innocencio Fabricio de Mattos Beltrão y Maurício Lopes Lima, de las Fuerzas Armadas, y João Thomaz, ex capitán de la Policía Militar de Sao Paulo, detalló la fiscalía en un comunicado.
Los cuatro acusados podrían perder sus pensiones de jubilación y ser condenados a pagar indemnizaciones a la sociedad y a contribuir a las que paga el Estado a las víctimas de la dictadura (1964-1985).
El proceso investiga los crímenes presuntamente cometidos por los cuatro militares en la Operación Bandeirante, dirigida por el comando del segundo Ejército entre 1969 y 1970, en el auge de la represión contra opositores políticos al régimen.
El Ministerio Público cree que los acusados son responsables de seis asesinatos en el marco de esa operación, entre ellos el del disidente Virgílio Gomes da Silva, considerado como el líder de la banda armada que secuestró durante dos días al embajador estadounidense Charles Burke Elbrick, en septiembre de 1969.
Entre las víctimas de tortura citadas en el proceso se encuentra Dilma Rousseff, quien fue arrestada por más de dos años por su participación en grupos armados de resistencia a la dictadura.
Rousseff, quien fue elegida presidenta de Brasil en las elecciones del pasado domingo, integró las organizaciones clandestinas Política Operaria (Polop), Comando de Liberación Nacional (Colina) y Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares (VAR-Palmares).
La presidenta electa, que sucederá a Luiz Inácio Lula da Silva el próximo 1 de enero, reconoce haber integrado estos grupos, pero rechaza haber participado en cualquier acción armada.
La fiscalía detalló que la Operación Bandeirante sirvió a los militares como experimento para unificar en un único destacamento el trabajo de represión y tortura a disidentes, que hasta ese momento se repartía entre diferentes dependencias del Ejército y de los cuerpos de Policía.
La experiencia de esta operación dio pie al Destacamento de Operaciones de Información de los Centros de Defensa Interna (Doi-Codi), organismo que centralizó las operaciones de represión a partir de 1970 y hasta la instauración de la democracia en 1985.
5 de noviembre de 2010
4 de noviembre de 2010
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peligra reforma contra impunidad en uruguay


En torno de declarar la nulidad de la ley de caducidad en Uruguay. Mientras la Corte Suprema declaraba inconstitucionales tres artículos de la ley que impide juzgar a los uniformados, tres senadores oficialistas se negaban a votar en su contra.
Uruguay. La Corte Suprema de Uruguay por segunda vez declaró inconstitucional la Ley de Caducidad. La medida del máximo tribunal alcanza solamente a una causa en la que se le imputan veinte asesinatos al ex dictador Juan María Bordaberry. La ley que deja sin efecto la norma que otorga impunidad a los represores de la última dictadura uruguaya ya tiene la media sanción en la Cámara de Diputados. Pero peligra su aprobación en el Senado porque tres parlamentarios oficialistas se niegan a apoyarla.
Los integrantes de la Corte Suprema uruguaya decidieron ayer que eran inconstitucionales tres artículos de la ley aprobada en 1986. Según publicó el diario uruguayo El País, la declaración de los supremos habilita a que los jueces investiguen veinte homicidios cometidos durante el mandato de Bordaberry. El ex presidente uruguayo fue procesado con prisión el 10 de diciembre de 2006. Pero poco después, el 23 de enero de 2007, fue beneficiado con la prisión domiciliaria. Es la segunda vez que el máximo tribunal uruguayo declara la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. Seis días antes del frustrado plebiscito del 15 de octubre de 2009, en que se trataba de anular la amnistía, la Corte dictó un fallo similar en el caso de Nibia Sabalsagaray, una joven profesora de literatura y militante comunista que fue asesinada en 1974 por la dictadura uruguaya.
El oficialista Frente Amplio (FA) presentó semanas atrás un proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, que busca dejar sin efecto las cláusulas que ponen trabas al juzgamiento de los represores. La intención del gobierno y de sus aliados era evitar una sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando el próximo 15 de noviembre trate la denuncia de Macarena Gelman por la desaparición de su madre, María Claudia García Iruretagoyena. El 20 de octubre pasado, la Cámara de Diputados le dio media sanción a la iniciativa del Ejecutivo uruguayo. Pero ahora debe pasar por el Senado, donde el trámite promete ser más difícil.
Entre sus detractores está el senador Eleuterio Fernández Huidobro, ex militante tupamaro que compartió doce años de cárceles en las peores condiciones junto con el actual presidente José "Pepe" Mujica. Fernández Huidobro afirmó que el proyecto está "muerto", porque es inconstitucional anular algunos artículos de la ley que les garantiza impunidad a quienes cometieron delitos aberrantes durante el régimen militar. "Estos apresuramientos y ponchazos no han permitido un adecuado debate", se quejó Huidobro por la premura del Ejecutivo uruguayo para evitar una condena internacional. El ex tupamaro agregó: "Esta ley es mala porque no conduce a lo que se propone".
Las críticas de Huidobro se sumaron a las de otros dos frenteamplistas en el Senado: el ex vicepresidente Rodolfo Nin Novoa y Jorge Saravia. El proyecto del Frente Amplio recogerá los votos en contra de estos tres legisladores oficialistas y de los parlamentarios blancos y los colorados, lo que impedirá que la ley quede aprobada antes de que la Corte Interamericana trate la denuncia del poeta Juan Gelman y de su nieta. "No se trata sólo de no tener los votos ahora, sino que, si los tuviera, tampoco se podría mantener. Hay que ser realistas. Es una propuesta que contiene tantas inconstitucionalidades juntas que, si lograra los votos para su aprobación, la Suprema Corte de Justicia la declararía inconstitucional de inmediato", disparó Fernández Huidobro.
Los organismos de derechos humanos se mostraron alarmados por el panorama. "Para nosotros, la Ley de Caducidad fue siempre nula e inmoral. La opinión de los senadores del FA es algo que tienen que resolver ellos. La resolución política es su problema", dijo a Página/12 Gimena Gómez, integrante de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos. La referente de ese organismo añadió: "Tenemos un buen diálogo con el Ejecutivo. Existe una voluntad política de avanzar en la búsqueda, pero ésta no se ha concretado demasiado en los hechos".
La Asociación de Ex Presos Políticos del Uruguay Crysol también llama a anular la Ley de Caducidad, a la que denominan la "vergüenza nacional". Consultado acerca de la posibilidad de que los tres senadores oficialistas no apoyen la iniciativa del canciller Luis Almagro, el integrante de esa agrupación Julio Martínez afirmó: "Si se diera de esa manera, tendrán que responder ante su propia conciencia, ya que resultaron elegidos por una organización que llevaba en su plataforma electoral la anulación de la Ley de Caducidad". Martínez reclamó: "Para nosotros, es de orden moral y ético que se juzgue a los que cometieron los delitos más aberrantes. Se tiene que anular la Ley de Caducidad por los compromisos internacionales asumidos y por nuestra dignidad como pueblo".
2 de noviembre de 2010
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perú cede zona marítima a bolivia


Argentina felicita a Perú por ceder zona marítima a Bolivia. "No sé lo que piensan en Chile, sí sé lo que pienso yo y Argentina, y es que esto muestra que en América Latina estamos por la amistad por encima de todos los conflictos", dijo el canciller argentino.
Argentina. El canciller de Argentina, Héctor Timerman, felicitó al gobierno peruano por la decisión de ceder a Bolivia durante 99 años, aunque sin soberanía, una zona marítima en el puerto sureño de Ilo.
Timerman, quien llegó hoy a Lima en visita oficial, manifestó al presidente peruano Alan García "el agrado argentino por el gesto que ha tenido Perú con Bolivia de poner a disposición un lugar más amplio de acceso al mar".
Recalcó que el protocolo suscrito la semana pasada representa "un gesto generoso que hermana y muestra el sentimiento que hay entre los países de América Latina".
Timerman dijo desconocer la reacción de Chile. "No sé lo que piensan en Chile, sí sé lo que pienso yo y Argentina, y es que esto muestra que en América Latina estamos por la amistad por encima de todos los conflictos, si podemos ayudar a otro país lo vamos a ayudar", indicó.
El canciller argentino fue recibido por García en el Palacio de Gobierno, tras lo cual realizó un recorrido a pie por la Plaza de Armas de Lima, antes de partir hacia la sede de la Cancillería, donde se reunirá con su homólogo peruano, José García Belaúnde.
Alan García y el presidente boliviano Evo Morales se reunieron el martes pasado en el puerto de Ilo, donde suscribieron un protocolo complementario a un acuerdo de 1992, por el que Perú otorga a Bolivia por 99 años facilidades portuarias y de libre tránsito para sus exportaciones y abre la posibilidad de instalar industrias en la Zona Franca y Económica Especial en Ilo.
22 de octubre de 2010
21 de octubre de 2010
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quieren enjuiciar a general uruguayo


Por el crimen de Nibia Sabalsagaray, un caso emblemático de la pasada dictadura. Una fiscal uruguaya solicitó el procesamiento con prisión del militar en actividad Miguel Dalmao y del coronel retirado José Nelson Chialanza, acusados de ser coautores del homicidio de una militante comunista.
[Mercedes López San Miguel] Uruguay. Por primera vez, la Justicia uruguaya recibió el pedido de procesar y encarcelar a un militar en actividad, Miguel Dalmao, hoy jefe de la División de Ejército IV. Dalmao está acusado de ser coautor del "homicidio muy especialmente agravado" de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. La fiscal Mirtha Guianze también solicitó el procesamiento en base a la misma figura jurídica de José Nelson Chialanza, un coronel retirado.
Como un hecho histórico, la Corte Suprema determinó en octubre de 2009 que la Ley de Caducidad era inconstitucional para el caso de Nibia Sabalsagaray. Los jueces basaron su argumento en que la norma viola la separación de poderes y no puede ser entendida como amnistía, porque no fue aprobada por los principios constitucionales. La Ley de Caducidad ampara a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), no así a los civiles. En 2005, el presidente de centroizquierda Tabaré Vázquez había excluido la muerte de Sabalsagaray de la norma "en virtud de que habría sido detenida por dos militares y dos civiles".
Uno de los abogados de la familia Sabalsagaray, Juan Errandonea, confirmó a Página/12 que la fiscal presentó la demanda en el despacho del juez Rolando Vomero. Errandonea señaló que a ambos oficiales se los acusa de "coautores" del homicidio de la joven, lo que significa que no pudo probarse que sean los autores materiales, pero sí que participaron del delito. Chialanza era jefe del Batallón de Transmisiones Nº1 cuando se produjo la muerte supuestamente por torturas de Sabalsagaray, en 1974. Dalmao era entonces alférez –el grado más bajo de oficial–.
La versión oficial de la época señala que Sabalsagaray se ahorcó con un pañuelo en el calabozo donde estaba detenida, en 1974. Los militares entregaron el cuerpo sin vida de la joven de 23 años en un ataúd cerrado y con la prohibición de abrirlo. La indagatoria judicial, reactivada a partir del fallo de la Corte, permitió deslegitimar la teoría del suicidio. El abogado dijo a este diario que de las pericias que se incluyen en el expediente se desprende que Nibia fue víctima de torturas. "La versión militar es insostenible científicamente según pudo constatar una junta de médicos forenses y psicólogos. Los testigos declararon que la tortura era sistemática en ese cuartel. Y a esto se sumó el testimonio de Marcos Carámbula, el intendente de Canelones, que por entonces era estudiante de medicina y como amigo de la familia constató que la joven Sabalsagaray presentaba múltiples lesiones."
El hoy coronel retirado Chialanza declaró ante la Justicia que los integrantes de la Inteligencia militar eran los únicos con potestades en la unidad para interrogar a los detenidos. Dalmao admitió ser integrante del "S2" (Inteligencia militar) de ese cuartel. Para el abogado Errandonea, Dalmao se contradijo en sus comparecencias ante la Justicia. El diario La República publicó la declaración de marzo de este año, cuando el general negó cualquier implicancia en la muerte de la joven, manteniendo la versión que aportó en 1974 ante el Supremo Tribunal Militar durante la indagatoria del caso en plena dictadura. "Siendo aproximadamente la hora 12.10, el suscripto (Dalmao) recorrió los calabozos en los que se encuentran los detenidos por actividades subversivas, ya que pensaba hablar con la detenida Nibia Sabalsagaray, y al asomarse a la celda número tres notó que la mencionada se encontraba arrodillada en el piso y colgando de un pañuelo anudado al cuello y a un hierro saliente de la pared que da a la cabecera de la tarima." "Una vez adentro de la celda constató que la prisionera estaba aparentemente muerta, solicitando de inmediato la presencia del enfermero de servicio y procediendo a comunicar el hecho" (declaración Dalmao al Supremo Tribunal Militar).
Sin embargo, cuando compareció en 2006, Dalmao dijo haberse enterado de la muerte de Sabalsagaray "por información que circuló en el batallón apenas constatado su deceso". Cuando se le preguntó sobre las contradicciones existentes entre sus testimonios de 1974 y 2006, el oficial afirmó que en el último caso dijo lo que dijo porque "lo tenía en el alma, sin asesoramiento jurídico y sin haber analizado la documentación sobre el tema".
Ahora la decisión queda en manos del juez Vomero. Si acepta el criterio de la fiscal, procesará al general Dalmao y al coronel retirado Chialanza, quienes podrán apelar, pero en prisión. Si el magistrado discrepa con el pedido de la fiscal, Guianze tendrá la posibilidad de recurrir a un Tribunal de Apelaciones.
15 de octubre de 2010
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no habrá amnistía para conspiradores


Un reclamo que había hecho el opositor partido Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez en Ecuador. Mientras el gobierno acumula datos sobre la "conspiración", anuncia que se incorporó una cláusula democrática para los países de la Unasur. Sigue rigiendo el estado de excepción y hoy podría entrar en rigor la Ley de Servicios Públicos.
Ecuador. El gobierno de Ecuador negó que vaya a haber una amnistía a los responsables del intento de golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa, que reclaman sectores de la oposición. Y anunció la incorporación de una cláusula democrática para los países que integran la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).
La tensión bajó en Ecuador pero sigue en vigencia el estado de excepción que decretó el jueves el Ejecutivo ecuatoriano y que habilita a los militares a realizar tareas de seguridad. Aun así las clases se reanudarán hoy pero ayer no hubo prohibición que pudiera parar la fecha del torneo nacional de fútbol. Mientras tanto, la dirigencia política no dejó de hacer balances. El ministro del Interior, Gustavo Jalkh, aseguró ayer que el Ejecutivo cuenta con bastante información sobre la "conspiración" contra el gobierno de Correa. "Debe haber justicia, no venganza; reconciliación, no resentimiento. Es duro que un grupo de desquiciados haya afectado tanto la imagen de la policía, haya atentado contra la democracia, contra la vida del presidente", sostuvo el titular de la cartera del Interior.
"Se están haciendo las investigaciones pertinentes y hay bastante información relacionada con cómo se fue articulando todo este asunto conspirativo", añadió en referencia a la sublevación de policías en rechazo a la aprobación a la Ley de Servicios Públicos, la que podría entrar en vigencia hoy. Esa norma habilitaba la eliminación de incentivos salariales y fue lo que levantó polvareda entre los uniformados, que retuvieron el jueves por más de nueve horas al presidente Correa en el hospital de la Policía.
Lo que desde el gobierno calificaron como un intento de golpe de Estado dejó ocho muertos y decenas de heridos, de acuerdo con lo que informó el Ministerio de Salud. Correa y su ministro Jalkh reiteraron en varias oportunidades que el levantamiento fue sólo ejecutado por una porción de la fuerza policial y que no representó a la totalidad de los 40 mil efectivos de esa institución. Asimismo, el ministro del Interior dijo que la única forma para evitar que acciones como las del jueves se repitan es no queden impunes. Según Jalkh, las investigaciones apuntan a comprobar la participación del Partido Sociedad Patriótica (PSP) en la intentona contra Correa. El líder máximo de PSP, el ex presidente Lucio Gutiérrez, fue señalado por el oficialismo como uno de los instigadores del intento de golpe. Actualmente, la fiscalía ecuatoriana investiga a los coroneles responsables de los cuarteles que se levantaron.
La ministra de política, Doris Soliz, salió con un mensaje similar al de Jalkh. Soliz repudió la propuesta de amnistía para los uniformados rebeldes que piden desde la oposición. "Los pronunciamientos apresurados de ciertos grupos para tratar de aglutinar fuerzas opositoras, si bien no tuvieron mayores ecos, develan la naturaleza mezquina de la oposición. El silencio cómplice de otros sectores es un signo elocuente de complicidad", dijo la ministra a través de un comunicado. Soliz recalcó, como había hecho Correa, que no habrá perdón para los responsables. "Se trata de reparar, por medio de la Justicia, no sólo la autoridad presidencial que trató de ser mancillada, sino de desagraviar a las familias de los muertos y heridos en esta nefasta jornada", concluyó.
La ministra no especificó a qué grupos se refería. Consultado por este diario, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Fernando Alvarado, incluyó entre los que querían el borrón y cuenta nueva al PSP, al Movimiento Popular Democrático y algunos integrantes del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik.
Entre tanto, informaron que se incorporó una cláusula democrática a la constitución de la Unasur. El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, explicó que la medida dispone que aquel país que haya padecido un golpe de Estado sería excluido del bloque. Además, la cláusula exige que los países limítrofes a la nación afectada cierren sus fronteras, como hicieron el jueves Colombia y Perú después del levantamiento policial en Quito. Las restricciones también incluirán la suspensión del comercio, del tráfico aéreo así como la provisión de cualquier suministro.
4 de octubre de 2010
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testimonio virtual sobre operación cóndor


Operación Cóndor: Mercosur acoge audiencia virtual en juicio. Testigos podrán declarar por videoconferencia.
Montevideo, Uruguay. La sede principal del Mercosur, bloque económico compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, facilitó hoy por primera vez en su historia un testimonio virtual en un caso relacionado con la Operación Cóndor, la represión coordinada de las dictaduras del Cono Sur sudamericano en los 70 y 80.
En una sala del edificio principal del organismo, ubicado en Montevideo, la uruguaya Pilar Nores declaró por videoconferencia en el juicio abierto en junio pasado en Buenos Aires por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención Automóviles Orletti, símbolo de esa época.
Nores fue trasladada en 1976 por los órganos represivos a ese recinto de la capital argentina, donde fue torturada.
En Orletti estuvieron también Marcelo Gelman y María Claudia García, padres de Macarena Gelman, nieta del poeta Juan Gelman.
Hace 10 años Macarena descubrió su verdadera identidad, tras revelarse que había nacido en cautiverio en Argentina a fines de 1976 y había sido entregada a un policía y su esposa en Montevideo, que la criaron hasta los 23 años.
Marcelo fue asesinado y sus restos encontrados, no así los de María Claudia, que siguen en paradero desconocido.
Fuentes del Mercosur indicaron que en los próximos días declarará de forma virtual en Montevideo por la misma causa el senador uruguayo Rafael Michelini, hijo del legislador Zelmar Michelini, asesinado en Buenos Aires en 1976 junto con su colega Héctor Gutiérrez Ríos.
La ex vicecanciller uruguaya Belela Herrera (2005-2008) y el periodista uruguayo Samuel Blixen, entre otros testigos y víctimas, también ofrecerán declaraciones por videoconferencia con un juzgado de Buenos Aires durante las audiencias virtuales fijadas para los días 29 y 30 de septiembre, y 1 y 7 de octubre.
El contenido de los testimonios será reservado pero está prevista una conferencia de prensa cuando concluya el ciclo de declaraciones.
El director de la Secretaría del Mercosur, Agustín Colombo Sierra, explicó hoy a Efe que la iniciativa "es un hito" para la región en materia de derechos humanos, además de ser "un valor agregado gigantesco" para el organismo.
"30 después del Plan Cóndor, de que las fuerzas represivas de las dictaduras se coordinaran para reprimir a sus detractores, las fuerzas civiles y democráticas se unen para hacer andar un juicio en Argentina" sobre lo sucedido entonces, subrayó.
Consultado sobre las posibles connotaciones políticas de la iniciativa, Colombo aclaró también que Mercosur "no es solamente un bloque económico", pese a que "lo más importante es el Código Aduanero" que rige las relaciones comerciales entre sus socios, pues incluye un foro de concertación política.
Además, recordó que el año pasado fue creado en el seno del Mercosur el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos, con sede en Argentina.
25 de septiembre de 2010
24 de septiembre de 2010
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