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Hace un mes renunciaba el titular de defensa de Paraguay Lugo descabezó a las Fuerzas Armadas. "No hay inestabilidad en las fuerzas armadas", dijo el actual ministro de Defensa. Los organismos de derechos humanos se mostraron optimistas por el recambio y la oposición se quejó.
Paraguay. El presidente Fernando Lugo descabezó ayer a las fuerzas armadas paraguayas. Por tercera vez desde que asumió hace poco más de dos años, el mandatario destituyó a los jefes del ejército, la fuerza aérea y la armada. La salida del ministro de Defensa habría apurado la determinación de Lugo. Desde la oposición se quejaron. Organismos de derechos humanos se mostraron optimistas por el recambio.
Por decisión del mandatario, abandonaron sus cargos los jefes de las tres armas y otros cinco mandos militares. En su carácter de comandante en jefe de las fuerzas armadas, el presidente paraguayo designó como jefe del ejército al general Darío Cáceres, que reemplazará a Bartolomé Pineda, que el mes pasado fue imputado por la presunta omisión de la notificación del robo de tres fusiles M-16. El general de brigada Miguel Christ Jacobs sustituirá a Hugo Aranda en la fuerza aérea. En la armada, el contraalmirante Juan Carlos Benítez Fromherz ocupará el puesto de Egberto Orué Venegas. En un comunicado firmado por el portavoz castrense, el coronel Luis González Velázquez, se detalla que el general Waldino Acuña Lugo será el nuevo jefe del comando logístico en reemplazo del general Antenor Saiz Silvera.
La decisión del Ejecutivo paraguayo se produjo casi un mes después del relevo del ministro de Defensa, Luis Bareiro. Con su renuncia, el ex titular de la cartera de Defensa desactivó un proceso de juicio político abierto en el Congreso por mal desempeño de sus funciones. Los parlamentarios habían avanzado contra Bareiro después de que se negara a comparecer por el caso de los tres fusiles robados de la sede del comando del ejército. El ex ministro ya había sido criticado por haber permitido en mayo de 2009 que se realizara un encuentro de jóvenes sudamericanos de izquierda en el comando de ingeniería de las fuerzas armadas. En marzo de este año, la oposición lanzó críticas contra el ex militar por sus dichos contra la embajadora estadounidense en Asunción, a quien había calificado de "primeriza" y la había acusado por injerencia en asuntos internos.
El nuevo ministro de Defensa, Cecilio Pérez Bordón, minimizó las modificaciones al interior de las fuerzas militares. "Se debieron a la reorganización que se está previendo en las fuerzas armadas, que han vuelto al esquema de crear la pirámide en base a la jerarquía", explicó el funcionario. "No hay inestabilidad en las fuerzas armadas", respondió a las críticas de la oposición. En un acto público posterior a los anuncios, Pérez Bordón sostuvo que el proceso de renovación lleva ya dos años, en alusión al tiempo que Lugo está en el poder y que en 2008 terminó con 61 años de hegemonía del Partido Colorado. Apenas comenzó su administración, el ex obispo destituyó a una veintena de generales.
El analista Horacio Galeano Perrone explicó que en las fuerzas armadas paraguayas hay una gran desorganización y calificó las remociones como intempestivas. Aunque Galeano Perrone descartó que la situación pueda derivar en una conspiración o un golpe. Pero la oposición no coincidió con los diagnósticos del especialista en asuntos militares. "Es grave. Estoy seguro de que esto producirá efectos muy adversos en la institución", dijo al diario ABC Cibar Benítez, quien fue comandante de las fuerzas militares hasta noviembre de 2009. Por su parte, el senador Alfredo Luis Jaeggli adelantó a la prensa local que le pedirá en el Senado al mandatario que explique los cambios en las cúpulas militares.
Desde el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) de Asunción festejaron los anuncios del Ejecutivo paraguayo. "Nos parece que los cambios no tendrían que ser motivo de discusión porque se tiene que cumplir con las órdenes del comandante en jefe, en señal de que se está respetando la institucionalidad", declaró a Página/12 Vidal Acevedo, referente de ese organismo de derechos humanos. "Lugo hizo estos movimientos para que las fuerzas se alineen con lo que pide el poder civil", añadió. "Creemos que es bueno, pero los hechos de corrupción siguen siendo una moneda corriente, como fue el caso del robo de fusiles", apuntó el integrante del Serpaj.
"Esperamos que las reformas sean para el bien institucional y para que asuman el rol que deben y no el de la militarización en el campo. Tienen que cumplir con lo establecido en la Constitución y no ser portavoz de ningún sector partidario", reclamaron desde el Serpaj.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, descartó que el cáncer que padece el presidente Fernando Lugo vaya a afectar su administración. "El presidente Lugo tiene el apoyo de todos los presidentes del continente. Lo engañaría si le dijera que escuché en alguna parte del mundo alguna opinión respecto de la gobernabilidad en Paraguay", dijo Insulza durante una breve visita que realizó ayer por Asunción. El responsable de la OEA dijo haber conocido los casos de diez o quince gobernantes afectados por graves problemas de salud, pero que eso no influyó en sus mandatos. "Por una enfermedad no se ha parado el gobierno, ni todo el mundo se ha detenido a discutir qué hacer al respecto", agregó Insulza, quien firmó en la capital paraguaya un convenio de asistencia para la gestión pública de funcionarios. Hace cerca de un mes que le diagnosticaron al ex obispo un cáncer linfático y ya se sometió a dos sesiones de quimioterapia.
22 de septiembre de 2010
21 de septiembre de 2010
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archivo para el nunca más


El director del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. Un archivo para el Nunca Más.
[Gustavo Meoño Brenner] Guatemala. En Guatemala habíamos terminado creyéndonos el cuento de que no existían archivos; que los militares los habían destruido antes de firmar la paz con la insurgencia. Por ello, en julio de 2005 resultaba increíble, casi un sueño, tener la oportunidad de salvar, organizar y abrir al acceso público cerca de 80 millones de documentos generados por la Policía Nacional a lo largo de 115 años de historia. Hoy, cinco años después, el sueño es una realidad. Ya solamente quedan fotografías de aquellos 7900 metros lineales de paquetes de documentos –casi ocho kilómetros– apilados en los múltiples recovecos, húmedos y oscuros, de un edificio casi abandonado. La mayor parte de los documentos han recibido ya una atención archivística básica y casi 12 millones de folios han sido organizados, descritos archivísticamente y digitalizados para ponerlos a disposición de víctimas sobrevivientes, de familiares de víctimas, del Ministerio Público y de la más diversa gama de personas e instituciones interesadas en la investigación.
Para el colectivo que ha llevado adelante este esfuerzo, compuesto por 150 mujeres y hombres –jóvenes en su mayoría–, la mayor satisfacción radica en haber podido entregar en año y medio cerca de 85 mil copias de documentos en respuesta a más de 4 mil solicitudes de información. En numerosos casos de familiares de víctimas, la información obtenida contiene las primeras respuestas a las interrogantes que los han mantenido en la angustia de la incertidumbre a lo largo de 25 o 30 años. Y ello tiene un evidente efecto reparador. Muchos de esos documentos han resultado de gran utilidad para los primeros juicios que se están llevando a cabo en contra de agentes y mandos de policía, acusados de delitos de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial.
Paine, un lugar para la memoria, Chile
Al valor innegable de un archivo histórico de esta naturaleza y magnitud, se agrega la importancia de estar depositado en un edificio en el que funcionó uno de los cuerpos de policía más represivos durante el gobierno militar del general Efraín Ríos Montt. Existen múltiples testimonios sobre la práctica, entre 1982 y 1983, de las detenciones clandestinas, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en ese tenebroso Sexto Cuerpo de la Policía Nacional. Resulta también muy gratificante haber logrado la recuperación de esos espacios para la causa de la memoria y la verdad, en el proceso que está convirtiendo a ese viejo edificio y al archivo histórico que alberga en un importante Sitio de Conciencia para Guatemala.
Cada día un número creciente de personas de todas las edades visita el Archivo Histórico de la Policía Nacional, para apreciar ese acervo –único e irrepetible– y conocer los procesos de trabajo que están permitiendo su recuperación. Uno de los mayores retos ahora es fortalecer la naturaleza memorial del lugar y dotarlo de los elementos museísticos necesarios. Dentro de los planes para el próximo año se ha priorizado el trabajo con jóvenes estudiantes, promoviendo el conocimiento del archivo y el edificio del ex Sexto Cuerpo de la Policía Nacional, dentro de un programa que incluye proyección de documentales, conferencias y exposiciones.
Esta es nuestra contribución para que la memoria, la verdad y la justicia tengan el lugar que les corresponde en este país donde el genocidio perpetrado por los gobiernos militares dejó el saldo espantoso de 155 mil muertos y 45 mil detenidos desaparecidos. Es el aporte de este colectivo para que en Guatemala Nunca Más se repitan esas atrocidades.
13 de septiembre de 2010
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tierra de la memoria


Con la coordinación de Memoria Abierta, por cuarta vez en los últimos cinco años se reúnen en Buenos Aires directores de museos, asociaciones y memoriales de toda América latina centrados en los derechos humanos.
[Ángel Berlanga] Argentina. Con un foro público que pondrá sobre la mesa experiencias en Rosario, Santiago (Chile), Guatemala, Perú y El Salvador, el lanzamiento de un portal común y la participación de veinticinco entidades del continente, este Seminario Regional se propone, como plantea Patricia Tappatá de Valdez, directora de Memoria Abierta, ir más allá de los militantes y llegar "a los que no saben, a los que no creen, a los que a duras penas pueden decir en voz alta que su país atravesó una dictadura".

Terrorismo de Estado, delitos de lesa humanidad, masacres, matanzas a cargo de paramilitares: ¿qué país de Latinoamérica no padeció, en las últimas tres o cuatro décadas, alguna o varias de estas gestas criminales? ¿Y cómo dar cuenta de lo ocurrido, de esas decenas de miles de asesinatos, de las organizaciones y responsables homicidas que los promovieron, de las víctimas secuestradas, torturadas, desaparecidas? En sintonía con el resurgimiento con fuerza de la noción de lo continental en lo que va de este milenio (un fenómeno muy palpable desde lo político, económico y simbólico en entidades como Mercosur o Unasur), las organizaciones dedicadas a los derechos humanos en la región, que trabajan enfrentando a la impunidad y al olvido que abona más impunidad, estrechan sus vínculos, intercambian experiencias y encaran actividades conjuntas con la idea de robustecer lo continental, también, desde lo cultural y lo social. En ese sentido, una prueba incontrastable será el IV Seminario Regional de la Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia, que se pondrá en marcha mañana, aquí, en Buenos Aires, con la coordinación de Memoria Abierta y la participación de representantes de 25 entidades (museos, archivos, asociaciones, memoriales) pertenecientes a once países.

Donde Estuvo el Horror
Como para ir presentando alguna de las vertientes y la diversidad del encuentro –que durará tres jornadas y se desarrollará en varias sedes– será útil anotar la actividad a la que el público tendrá acceso: Museos de memoria en América Latina.
Cinco experiencias en diálogo. Los que participan:

- El director del Museo de la Palabra y la Imagen de El Salvador, Carlos Henriquez Consalvi, mucho más conocido en su país como Santiago, periodista, escritor y fundador y voz de Radio Venceremos, de la insurgencia salvadoreña. El Museo, fundado por él, funciona como archivo, genera publicaciones de libros y revistas, y trabaja con comunidades indígenas.

- Germán Vargas, director de la Asociación Paz y Esperanza, una ONG peruana que trabaja sobre todo con sectores en extrema pobreza y sin acceso a la justicia, y que ha impulsado el establecimiento de dos sitios históricos en Ayacucho (Totos y Puttaca), epicentro del conflicto armado interno que duró dos décadas, con el ejército y Sendero Luminoso como protagonistas.

- Marcelino Hernández Gómez, dirigente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas en Chiapas, un organismo civil que prioriza los derechos de pueblos indígenas, en especial en lo que hace a territorio, justicia, lucha contra la represión, búsqueda de desarme. Pertenece a la etnia tzeltal.

- Romy Schmidt Crnosija, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago, Chile, autora del primer catastro de centros de detención y tortura del país y responsable de la recuperación para el Estado de varios ex centros de tortura, fue nombrada por Michelle Bachelet a comienzos de este año. La misión del Museo es dar a conocer los crímenes durante el pinochetismo, 1973-1990.

- Rubén Chababo, director del Museo de la Memoria de Rosario (que desde el próximo 10 de diciembre pasará a funcionar en el edificio de lo que fue el Segundo Cuerpo de Ejército durante la dictadura). Chababo (que escribe en estas páginas sobre el debate planteado de cara a la sociedad sobre la construcción del Museo) es uno de los primeros de América latina en trabajar sobre causas y consecuencias del accionar del Estado terrorista.

Laten la complejidad y la diversidad: entidades gubernamentales, ong, iniciativas de grupos; problemáticas actuales y/o ocurridas hace ya tiempo; países con juicios en marcha más allá de los años transcurridos (Argentina, por caso) y otros en los que se propicia impunidad: el viernes pasado, por citar un documento muy reciente, 26 entidades latinoamericanas repudiaron al gobierno peruano por decretar límites a la persecución penal de fuerzas armadas y policiales implicadas en graves violaciones a los derechos humanos. Las diferencias históricas y de contexto, sin embargo, no empañan el núcleo de la búsqueda: cómo dar cuenta de los crímenes sistemáticos. Hombres y mujeres machacados por grupos de poder. Así que cada uno cuenta cómo es su problemática y cómo la afronta. ¿Cómo se construyen esos relatos, a quiénes están dirigidos, qué sentidos se ponen en juego para entender y pensar al respecto? Las experiencias que responden a esas preguntas, planteadas para el foro, están sobre la mesa para ser compartidas. A partir de mañana estarán, además, sistematizadas: es que el encuentro servirá, también, para inaugurar el portal Sitios de Memoria en América latina, desde donde podrán intercambiar herramientas de trabajo, materiales e información sobre las tareas y recursos instrumentados por cada entidad.
Ya por fuera del foro público, en el seminario se trabajará sobre la representación de los momentos políticos claves, como transiciones a la democracia o momentos de fractura institucional, el rol del gobierno en la construcción del museo, narrativas históricas oficiales y de los museos, financiamientos, límites entre público y privado. En el encuentro confluirán también trabajos de cada entidad en torno de imágenes emblemáticas de la historia reciente. Entre los participantes también están Iván Seixas, periodista y ex preso político, que representa a Memorial da Resistência de San Pablo, y Margarita Romero, sobreviviente de un centro clandestino durante la dictadura de Pinochet y presidenta de Parque por la Paz Villa Grimaldi, instalado donde funcionaba un cuartel de la DINA en el que estuvieron secuestradas Bachelet y su madre. Es un claro rasgo de estas entidades: instalar memoriales y museos en los edificios emblemáticos de la represión. Hace seis años el ex presidente Néstor Kirchner recuperó el predio de la ESMA, donde hoy funciona el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, hecho concreto impensado poco tiempo atrás. El sitio y la hora parecen justos para hacer allí el Museo Nacional de la Memoria. Incluso, dadas las circunstancias y coordenadas, podría hablarse de cierto atraso.

Derechos Humanos y Cultura
"El desafío mayor es vincular los hechos del pasado con los contemporáneos, entendiendo que la memoria es fructífera si se establecen relaciones con los problemas más agudos que atraviesan las sociedades hoy", dice Patricia Tappatá de Valdez, directora de Memoria Abierta
desde que se fundó, diez años atrás, y cofundadora de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, que tiene 247 miembros en seis continentes y 45 países. "Porque de lo contrario –sigue– se convierte en un recuerdo que en general tiende a ser épico, o a veces nostálgico, pero no cumple el propósito de señalar luces y sombras de aquel pasado en el presente." La transmisión de la memoria y la cultura política, los comportamientos autoritarios que subsisten en las democracias, el funcionamiento de los sitios de cara al público, son temas constantes de intercambio y reflexión. "Nos interesa volver a mirar América latina hoy, porque nos parece que la región tiene una serie de posibilidades y perspectivas que no tenía hace una década –agrega–. De algún modo retomamos con mucha intensidad los lazos solidarios de los movimientos de derechos humanos que había entre distintos países a finales de los ’70 y los ’80, y a la vez buscamos nuevos vínculos. Nos interesa muchísimo la construcción horizontal."
Tappatá de Valdez subraya que todos los sitios, museos e instituciones de la Red Latinoamericana están fuertemente anclados en la defensa de los derechos humanos y moviéndose hacia el terreno de la cultura. "Esa plataforma, utilizada en sentido muy amplio, usando artefactos como el cine, video, documentos, muestras fotográficas, producción de libros, debe ser útil para cambiar muchos de los vínculos sociales y políticos que establecieron los ciudadanos con aquel pasado, para que el presente sea inclusivo, duradero, democrático –sostiene–. Por otro lado, fortalecer los lazos en la región nos interesa porque trabajar juntos nos fortalece, porque creemos de verdad que aprendemos mucho unos de otros y porque las instancias de integración política no han tenido suficiente correlato en la sociedad civil: queremos ver cómo multiplicamos eso."
La Red se plantea continuamente la ampliación de audiencias y públicos. "Si bien estamos anclados fuertemente en el núcleo duro de la defensa de los derechos humanos –concluye Tappatá de Valdez–, el objetivo es ir mucho más allá de los militantes. Nosotros les queremos hablar a aquellos que a duras penas pueden decir en voz alta que su país atravesó una dictadura. A los que no saben, a los que no creen, a aquellos que están más lejos. Porque es mucho el esfuerzo de montar y gestionar lugares que tienen que estar abiertos al público, con programas para escuelas, mantenimiento, sólo para los que ya están convencidos. En ese sentido, hemos descubierto que la cultura en general, como plataforma de representación, es muy propicia".

Museos de memoria en América Latina. Cinco experiencias en diálogo. Coordina: Diego Martínez. Manzana de las Luces (Perú 272). Mañana lunes a las 18.30 hs. Entrada libre.
13 de septiembre de 2010
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impunidad en el perú de alan garcía


Alan aprobó una ley de impunidad. Veinte miembros del escuadrón de la muerte Colina podrían quedar libres gracias a García. El gobierno peruano sacó adelante una norma que organismos de derechos humanos nacionales e internacionales calificaron de "amnistía encubierta" para los represores. García sería uno de los beneficiados por la masacre El Frontón.
[Carlos Noriega] Lima, Perú. Más de veinte miembros del escuadrón de la muerte Colina, juzgados por secuestros y asesinatos cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), podrían quedar libres. Y no son los únicos. Amparados en una ley recientemente dictada por el gobierno de Alan García, gracias a las facultades legislativas que le dio el Congreso controlado por el oficialismo y el fujimorismo, los integrantes del grupo Colina, por cuyos crímenes Fujimori ha sido condenado a 25 años como autor intelectual, han pedido que el proceso en su contra, que está cerca de culminar, sea archivado, con lo cual quedarían libres. El pedido será resuelto por el tribunal en los próximos días.
La cuestionada ley de Alan García invocada por los agentes de Colina para salir libres señala que los delitos de violaciones a los derechos humanos ocurridos antes de noviembre de 2003 no son considerados crímenes de lesa humanidad y tienen el beneficio de la prescripción. Además establece que si el proceso de investigación judicial por estos delitos excede el plazo de 36 meses, el caso queda archivado y los inculpados, libres de responsabilidad. El abogado de Fujimori, que también patrocina a militares juzgados por violaciones a los derechos humanos, habría jugado un papel clave en la redacción de esta ley.
Esta norma colisiona con la legislación internacional en materia de derechos humanos que el Perú se ha comprometido a cumplir, que declara la imprescriptibilidad de los delitos de violaciones a los derechos humanos sin importar en qué fecha se cometieron, y contradice la jurisprudencia de los últimos años en el país en ese mismo sentido. Pero eso no ha detenido al gobierno para sacar adelante esta ley, calificada por los organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales como una amnistía encubierta para los violadores de los derechos humanos, que ahora podrán acogerse a la prescripción de sus crímenes o alegar que la investigación judicial ha excedido el plazo límite de 36 meses.
El primer fallo judicial amparado en la llamada ley de amnistía encubierta ha beneficiado a un ex ministro de Alan García: Agustín Mantilla, quien fuera ministro del Interior en el primer gobierno de García (1985-1990) y que estaba siendo juzgado como organizador y jefe del Comando Rodrigo Franco, el escuadrón de la muerte que operó durante la primera presidencia de García. Un juez ha resuelto archivar el juicio en su contra citando la ley de Alan García. Pero la fiscalía ha apelado esa decisión.
El propio García sería uno de los beneficiados con la ley que él ha dictado. En los tribunales está abierto un proceso por la ejecución de más de cien presos de Sendero Luminoso en la isla penal El Frontón en 1986. García ha sido sindicado como autor intelectual de la matanza. Los marinos procesados por las ejecuciones de El Frontón han pedido que se aplique esta ley para archivar el juicio.
La llamada amnistía encubierta, o ley de impunidad, ha merecido un amplio rechazo. Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, la Conferencia Episcopal, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y diversas organizaciones políticas han expresado su condena a la ley y exigido su derogatoria. Incluso el ministro de Justicia, Víctor García Toma, se sumó a las críticas a la ley, pero a pesar de eso se mantiene en el gobierno. El futuro de la norma queda en manos del Legislativo, que puede derogarla o no.
El opositor Partido Nacionalista, encabezado por el ex candidato presidencial Ollanta Humala, ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra esta ley. El relator de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Martin Sheinin, ha señalado que en el Perú se vive "un clima de impunidad". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado en contra de la ley y le ha recordado al gobierno peruano que ha suscripto tratados internacionales que declaran imprescriptibles los delitos de violaciones a los derechos humanos y que está obligado a cumplirlos.
El impulsor de esta ley favorable a los violadores de derechos humanos ha sido el ministro de Defensa, Rafael Rey, miembro del Opus Dei y cercano al fujimorismo. Como congresista en 1995, Rey votó a favor de la ley de amnistía para violadores a los derechos humanos que dictó Fujimori y que a la caída de su gobierno fue derogada. Rey ha calificado los juicios por violaciones a los derechos humanos como "una persecución política" contra los militares, y ha dicho que no le preocupan las reacciones internacionales contra la ley de impunidad que ha promovido. Para dar esta ley, Rey buscó la asesoría del abogado de Fujimori, César Nakasaki, quien participó en su redacción. Aunque el gobierno lo niega, los organismos de derechos humanos han denunciado que esta ley puede favorecer a Fujimori, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad.
Según la Comisión de la Verdad, la guerra interna entre los años ’80 y ’90 dejó 69 mil muertos. Cerca de la mitad de esas muertes fue causada por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, los condenados por violaciones a los derechos humanos no llegan a veinte. Los procesos avanzan lentamente y más del 80 por ciento de los militares juzgados ha sido absuelto. La ley de Alan García terminaría de consagrar la impunidad.
13 de septiembre de 2010
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ortega, figura de culto


El culto a la personalidad que se rinde a Daniel Ortega está a vista de todo el mundo en el Museo de la Victoria Sandinista. Los críticos lo acusan de dejar al margen a movimiento colectivo y sostiene, según informa el periodista, que pueblo nicargüense merece su liderazgo.
[Tracy Wilkinson] Managua, Nicaragua. En el Museo de la Victoria Sandinista, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega está en todas partes. Está en el frente norte de la guerra revolucionaria, y también en el frente sur y en el frente occidental.
Ortega se ha introducido en todas las batallas más importantes de la lucha que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979, llevó al movimiento sandinista al poder y cambió radicalmente la historia de Nicaragua.
¿Dónde están los otros comandantes y figuras importantes que estuvieron en esos acontecimientos en funciones igual o incluso más importantes?
"Nos borraron", dice Sergio Ramírez, el renombrado escritor y miembro del gobierno sandinista, que fue vicepresidente durante el primer mandato de Ortega como presidente, de 1985 a 1990.
Ortega perdió en 1990 -en la primera elección democrática después de la revolución- y perdió tres veces más antes de volver finalmente al poder al ganar las elecciones presidenciales de 2006.
El museo, un proyecto oficial que empezó hace un año, es una exhibición al aire libre que pretende ilustrar la histórica lucha del pueblo nicaragüense para proteger a su país de décadas de "invasiones gringas" y otros pesados grilletes (como dice el joven guía turístico).
Es también un ejemplo más de lo que aquí muchos ven como el culto a la personalidad de Ortega.
En la antigua tradición de dictadores como Kim Jong Il y Saddam Hussein (para no mencionar a Somoza, al que Ortega ayudó a deponer), el presidente nicaragüense se ha construido un homenaje nacional a sí mismo. Vallas publicitarias salpican esta extensa y desordenada capital con una gigantesca fotografía junto a héroes nacionales como Rubén Darío y Augusto Sandino. Los nicaragüenses hablan menos de sandinismo, y más de danielismo.
"Si inviertes lo suficiente en un mito, empezarás a creer que es verdad", dijo Ramírez sobre Ortega, del que se distanció hace unos años.
Dora María Tellez, otra líder de la revolución sandinista, que se hizo famosa cuando participó en el asalto al Palacio Nacional de 1978, cuando el Congreso estaba sesionando, regañó a Ortega y sus partidarios por minimizar la participación de los numerosos combatientes que perdieron sus vidas. También quedó fuera del museo.
"Pronto Ortega será el único líder de su facción, el único combatiente, el único revolucionario, el único gobernador, el único libertador, el único indispensable", dijo al Nuevo Diario poco después de la inauguración del museo el año pasado.
Los críticos acusan a Ortega de dejar al margen a lo que fue un movimiento colectivo, el Frente Sandinista, para reemplazarlo con la glorificación de su propio papel y actual omnipresencia.
Esto ocurre en momentos en que Ortega intenta reformar la Constitución de Nicaragua de modo que pueda hacerse reelegir como presidente y, sospechan muchos, aferrarse indefinidamente a un poder cada vez más autocrático. Es parte de una tendencia en toda América Latina, donde varios presidentes elegidos, la mayoría de izquierda, pero también de derechas, han intentado utilizar instituciones democráticas para minar la democracia y consolidar su posición.
Las acciones de Ortega causan el horror de muchos en Nicaragua, especialmente entre sus primeros aliados y compañeros. Pero la mayor parte de la población no nació durante los cruciales acontecimientos de la revolución sandinista. Muchos jóvenes han sido atraídos por la actual encarnación de un líder populista que se describe a sí mismo, incongruentemente, como revolucionario y cristiano protestante.
Ortega en general no habla con la prensa internacional, pero ha defendido su presidencia argumentando que trabaja por los pobres. Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre del hemisferio.
En las celebraciones del 31 aniversario de la revolución el mes pasado, Ortega llenó una plaza con partidarios voceando su nombre -"¡Daniel! ¡Daniel!"- y les dijo que el pueblo nicaragüense "merecía" su continuado liderazgo.
30 de agosto de 2010
9 de agosto de 2010
©los angeles times
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otro periodista asesinado en honduras


Israel Zelaya Díaz, viejo y destacado periodista de San Pedro Sula, conocido también como ‘Chacatay’, apareció muerto la tarde de ayer, en unos cañaverales, cercanos a esta ciudad, víctima de tres heridas de bala.
Villanueva, Honduras. El ahora occiso estaba boca abajo a la orilla de la carretera que conduce hacía la aldea San Ramón, hasta done fue llevado, supuestamente sin vida, por varios desconocidos que se transportaban en un taxi sampedrano.
Esa hipótesis la manejan, las autoridades,  porque en la escena del crimen, no encontraron casquillos u otros indicios.
Zelaya Díaz, presentaba dos heridas de bala en la cabeza y una en el dorso derecho, que le quitaron la vida de inmediato.
Al momento del reconocimiento de ley, le encontraron entre su ropa, la billetera y otros pertenecías incluido el carné del gremio al que pertenecía.
Conocido popularmente como ‘Chacatay’, se inició como cronista deportivo a finales de la década de los años 60, habiendo laborado por muchos años como entrevistador y comentarista para radioemisoras de Emisoras Unidas y del sistema Audio Vídeo y un asiduo colaborador del programa Tele-Diario que dirige Gabriel García Ardón, quien fue su protector.
Posteriormente pasó a ser reportero de noticias generales, habiendo laborado ocasionalmente en periódicos y luego en programas de noticias y comentarios en varias estaciones de radio, en las que acostumbraba hacer fuertes denuncias, con un peculiar estilo combativo y coloquial.
Últimamente colaboraba en el programa ‘Claro y Pelado’ que bajo la dirección del periodista Carlos Rodríguez Panting, que se transmite por radio Internacional, de 7:00 a 8:00 de la noche.
Igual lo hizo, en el programa ‘Comentando la Noticia’, que dirige Jesús Vélez Banegas.
Siendo un autodidacta comunicador social, era miembro del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), bajo el registro C-0232. Participó recientemente, en una de sus asambleas, donde denunció que había sido objeto de un atentado criminal, cuando desconocidos prendieron fuego a su casa, en horas de la noche, pero no entró en más detalles.
Tras reconocimiento de ley, el cuerpo fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula.
Tras reconocimiento de ley, el cuerpo fue trasladado a la morgue de San Pedro Sula.
En esa oportunidad, logró salvar su vida, gracias a los ladridos de un perro. Todas sus pertenencias fueron pasto de las llamas.    
Rodríguez Panting, visiblemente conmocionado, dijo que el pasado lunes a eso de las 6:00 de la tarde, este lo llamó para decirle que no llegaría al programa, porque se sentía fatigado debido a algunas actividades personales que había realizado.
Indicó que pese a ser controversial en algunos temas, era querido por el público, ya que nunca recibió llamadas de algún oyente para amenazarlo, por sus posiciones periodísticas.
Con este suman ocho los comunicadores sociales que han perdido la vida de forma violenta, en distintas partes del país.
Hace unos años, Zelaya Díaz sufrió un atentando, cuando unos desconocidos le tirotearon el vehículo en San Pedro Sula.
También  había sufrido otro revés cuando sujetos armados le quitaron la vida a uno de sus hijos en el barrio Medina.
Los restos de Zelaya Díaz, son velados en la sede del sindicato municipal, del barrio La Guardia.
El pasado 20 de abril, en  horas de la noche, fue asesinado el periodista Jorge ‘Georgino’ Orellana, en el barrio, Los Andes, cuando acaba de salir del canal Televisión Honduras TVH, donde dirigía el programa ‘En vivo con Georgino’. Al momento de su muerte también era miembro activo del CPH.
Por ese caso, el Juzgado de Letras de lo Penal dictó auto de prisión contra Johnathan Joseph Cockborn Delgado, quién está detenido en el Centro Penal Sampedrano.
Durante el año, han sido asesinados en Honduras los periodistas Luis Mondragón (14 de junio), ‘Georgino’ Orellana (20 de abril), Luis Chévez Hernández (11 de abril), Bayardo Mairena y Manuel Juárez (26 de marzo), Nahum Palacios (14 de marzo), Joseph Ochoa (1 de marzo), David Meza (11 marzo) y Nicolás Asfura (18 de febrero).
25 de agosto de 2010
©la tribuna
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recrudecen homicidios en venezuela


Se cometen más asesinatos en Venezuela que en Iraq. Algunos dicen que Bagdad es más seguro. Los números les dan la razón. Según las cifras, en Caracas mueren asesinadas dos personas por hora.

[Simón Romero] Caracas, Venezuela. En Iraq, un país con casi la misma población que Venezuela, en 2009 hubo 4.644 muertes de civiles por causas violentas, de acuerdo a Iraq Body Count; en Venezuela, ese año, las víctimas de homicidio se elevaron por encima de los 16 mil.
Los venezolanos han absorbido esas lúgubres estadísticas durante años. Aquellos que tienen recursos, han ocultado sus casas detrás de murallas y contratado a expertos en seguridad extranjeros para que les ayuden a evitar secuestros y asesinatos. Y ricos y pobres por igual se han resignado a vivir con una tasa de homicidios que la oposición dice que sigue estando muy abajo en la lista de prioridades del gobierno.
Entonces, una fotografía en la primera plana de un importante diario independiente -y la reacción del gobierno- consternaron al país y volvieron a encender el debate sobre los crímenes violentos.
La foto en el diario El Nacional es incuestionablemente macabra. Deja ver una docena de víctimas de homicidio desparramadas en la morgue más grande de la ciudad, simplemente una muestra de un periodo de dos días inusualmente violento en este lugar de por sí peligroso.
Mientras muchos venezolanos vieron la foto como un sombrío recordatorio de su vulnerabilidad y la posibilidad de cambiar el estado de cosas, el gobierno adoptó una posición diferente.
Un tribunal ordenó que el diario dejara de publicar imágenes violentas, como si eso fuera a reducir las crecientes interrogantes sobre por qué el gobierno -pese a proclamar una revolución de valores socialistas- no ha sido capaz de abreviar la peligrosa brecha entre ricos y pobres ni de hacer más seguras las calles.
"Olvídese de los cientos de niños que mueren a causa de las balas perdidas, o de los niños que sufren el horror de ver a sus padres o hermanos mayores asesinados ante sus ojos", dice Teodoro Petkoff, editor de otro diario aquí, burlándose de la decisión del tribunal en un editorial en primera plana. "Su problema es la fotografía".
Venezuela libra una guerra de décadas contra el homicidio, cuyas víctimas suman 118.541 desde que el presidente Hugo Chávez asumiera la presidencia en 1999, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, una organización que compila cifras basadas en informes policiales. (El gobierno ha dejado de publicar sus propias, detalladas estadísticas de homicidios, pero no ha cuestionado las cifras de la organización, y los informes de prensa que mencionan cifras oficiales no publicadas sugieren que las organizaciones de derechos humanos podrían en realidad estar subestimando los homicidios).
Desde 2007 se han cometido en Venezuela 43.792 homicidios, de acuerdo al observatorio de la violencia, en comparación con las 28 mil muertes relacionadas con la violencia de las drogas en México desde que ese país empezara su asalto contra los carteles de la droga a fines de 2006.
Caracas misma casi no tiene paralelos entre las grandes ciudades de las Américas en lo que se refiere a su tasa de homicidio, que actualmente es de cerca de 200 por cada cien mil habitantes, de acuerdo a Roberto Briceño-León, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, que dirige el observatorio de la violencia.
Las cifras se comparan con recientes mediciones de 22.7 por cada cien mil personas en Bogotá, la capital colombiana, y 14 por cada cien mil en Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil. Como señala a menudo el gobierno de Chávez, el problema de Venezuela con la delincuencia no empezó de un día para otro, y la preocupación por la tasa de homicidios precede su elección como presidente.
Pero los estudiosos aquí describen el recrudecimiento de los homicidios en la última década como sin paralelos en la historia de Venezuela; la cifra de homicidios el año pasado fue tres veces más alta que cuando Chávez fue elegido en 1998.
Las razones que explican el aumento de la criminalidad son complejas y variadas, dicen los expertos. Mientras muchas economías latinoamericanas están creciendo aceleradamente, la de Venezuela continúa encogiéndose. La brecha entre ricos y podres sigue siendo ancha, pese al gasto en programas contra la pobreza, lo que alimenta el resentimiento. En adición a eso, el país está inundado por millones de armas de fuego ilegales.
Los salarios de la policía son bajos, socavando la motivación. Y en un país con la tasa de inflación más alta del hemisferio, de más de treinta por ciento al año, algunos agentes han empezado a complementar sus ingresos con delitos como secuestros.
Pero algunos criminólogos dicen que se debe considerar otro factor: el gobierno de Chávez mismo. El poder judicial está cada vez más politizado, está perdiendo sus jueces independientes y se está alineando más estrechamente con el movimiento político de Chávez. Muchos funcionarios de experiencia han dejado el servicio público, y algunos incluso el país.
Más del noventa por ciento de los homicidios no son resueltos nunca, sin haber detenido a nadie, dice Briceño-León. Pero las acusaciones contra críticos de Chávez -incluyendo jueces, generales disidentes y ejecutivos de medios- son cada vez más comunes.
Henrique Capriles, gobernador de Miranda, un estado que abarca partes de Caracas, dijo a periodistas la semana pasada que Chávez había empeorado el problema con la tasa de homicidios al recortar el presupuesto de los gobiernos municipales y de estados dirigidos por opositores y luego retirando miles de armas de las fuerzas policiales, después de perder las elecciones regionales.
Pero el gobierno dice que está tratando de resolver el problema. Creó hace poco una fuerza de seguridad, la Policía Nacional Boliviariana, y una nueva Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, donde los reclutas reciben clases de asesores de Cuba y Nicaragua, dos aliados que históricamente han mantenido algunas de las tasas de homicidios más bajas de América Latina.
La principal prioridad de la policía nacional, dijo Víctor Díaz, funcionario de la fuerza y administrador de la nueva universidad, es "el respeto irrestricto de los derechos humanos".
"Eso no quiere decir que seamos débiles", dijo. "La idea es usar el diálogo y la disuasión como métodos de control verbal cuando surgen problemas".
Altos funcionarios del gobierno de Chávez dicen que el despliegue de la policía nacional, cuyas filas cuentan con menos de 2.500 efectivos, ha logrado reducir los homicidios en al menos una zona violenta en Caracas, donde empezaron a patrullar este año.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos sugieren que los esfuerzos de la policía han sido demasiado tímidos. Incosec, un centro de estudios que se especializa en problemas de seguridad, contó 5.962 homicidios en apenas diez por los 23 estados de Venezuela en el primer semestre de este año.
Entretanto, el debate sobre la foto de la morgue publicada por El Nacional se está intensificando, evolucionando hacia una discusión más amplia sobre los esfuerzos oficiales por controlar los medios que no controla.
El gobierno dice que la fotografía tenía por objeto apesadumbrar, antes que informar al público. Las autoridades también han amenazado con investigar ‘Rotten Town’, un video de un cantante de reggae venezolano que muestra a un niño que es impactado por una bala perdida. Pese a las protestas del gobierno, el video se difundió rápidamente en la red desde su publicación este mes.
Dada la posición del gobierno en estos casos, mucho aquí temen que se esté concentrando en el mensajero, antes que en el mensaje.
Héctor Olivares, 47, estaba esperando en las afueras de la morgue una mañana este mes para recobrar el cuerpo de su hijo, llamado también Héctor, de 21. Dijo que su hijo estaba en una fiesta en la barriada de El Cercado, en las afueras de Caracas, cuando unos hombres abrieron fuego.
Olivares dijo que Héctor era el segundo hijo que perdía en un absurdo asesinato, después de que otro hijo muriera asesinado hace cuatro años, a los 22. Dijo que no culpaba a Chávez de los asesinatos, pero suplicó al presidente que convirtiera la lucha contra el crimen en una prioridad.
"Lo elegimos para solucionar los problemas que tenemos", dijo. "Pero nadie controla a los delincuentes en la calle, nadie controla nada".
María Eugenia Díaz contribuyó al reportaje.
23 de agosto de 2010
22 de agosto de 2010
©new york times
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españa vuelve a meter la pata


Embajador Isaías Rodríguez: ¿Qué pasaría si la justicia venezolana expresara preocupación por la suspensión del juez Garzón?
Madrid, España. El embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante el reino de España, Julián Isaías Rodríguez, se mostró sorprendido por el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España acordara "interesarse por las razones y condiciones" de la detención de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni e incluso expresara "preocupación" por el caso.
"El órgano competente para dar respuesta al Consejo General del Poder Judicial es el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, sin embargo, nos preguntamos qué pasaría si el máximo tribunal venezolano acordara ‘interesarse por las razones y condiciones’ o bien ‘expresar su preocupación’ ante la justicia española, por haber decidido suspender al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por presunta prevaricación al ordenar una investigación por los crímenes del franquismo", dijo Rodríguez.
Sobre los detalles en los que se basó el acuerdo del CGPJ, el embajador quiso insistir: "No sólo en mi condición de diplomático, sino de abogado especialista en derecho procesal, docente universitario y autor de un texto reconocido sobre la materia, me pregunto qué pasaría si la justicia venezolana manifestara su preocupación por la referida decisión del Consejo General, de modo tal que la decisión contra el juez Garzón ‘sea compatible con los textos internacionales que garantizan la independencia judicial’. Todo ello con el debido y cortés acatamiento a la posición de pleno respeto a la soberanía nacional del Reino de España y a la independencia intachable e irreprochable del poder judicial del Reino de España".
19 de agosto de 2010
18 de agosto de 2010
©aporrea
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