américa latina

denuncian esclavitud de colombianos

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La denuncia la hizo el ministro de Agricultura venezolano, Juan Carlos Loyo, quien asegura que las condiciones laborales de estas personas "son terribles, con violación a los derechos humanos y a la Ley del Trabajo".

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Venezuela. El ministro venezolano de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, denunció hoy que más de medio millar de colombianos trabajaban en condiciones prácticamente de esclavitud en tierras del Lago de Maracaibo, recientemente expropiadas.
"Ha sido lo más sorprendente con lo que nos hemos conseguido: hasta ahora llevamos una cuenta de 1.150 trabajadores rurales que se han censado y más de la mitad son del vecino país de Colombia a quienes tenían como mano de obra prácticamente esclava", declaró el ministro a los periodistas.
En 27 de las 47 propiedades rurales, que involucran 21.000 de las 25.000 hectáreas expropiadas en diciembre pasado por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), detalló Loyo, se verificaron "condiciones laborales terribles, con violación a los derechos humanos y a la Ley del Trabajo".
El Ministro anunció a su vez que los campesinos organizados de la región junto con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que dirige el presidente, Hugo Chávez, han convocado a "una concentración" de apoyo a la expropiación y de repudio al incendio el fin de semana de la sede del INTI en Zulia (occidente).
El presidente el país, Hugo Chávez, responsabilizó de lo que tildó de "atentado terrorista" a los terratenientes del Zulia.
"Ya tenemos pruebas de que no fue un accidente", dijo este domingo y atribuyó el hecho a las expropiaciones en el Sur del Lago de Maracaibo, una zona que abarca a parte de los estados Zulia y Mérida, dentro de la "revolución agraria" que comenzó en 2004.
Loyo aseguró que el INTI determinó que el resto de propiedades expropiadas en diciembre corresponde a pequeños productores "que están dispuestos a involucrarse" en las políticas agrarias gubernamentales, lo mismo que campesinos de otras propiedades de la región.
Recordó que Venezuela cuenta con 30 millones de hectáreas de vocación agrícola, pecuaria y forestal, repartidas en unas 450.000 fincas de diversos tamaños, de las cuales el gobierno de Chávez "ha rescatado 3 millones de hectáreas", desde 2004.
11 de enero de 2011
10 de enero de 2011
©semana

murió carlos andrés pérez

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Ex presidente de Venezuela.

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[Simón Romero] Murió el sábado en Miami el ex presidente Carlos Andrés Pérez, que trató de convertir a Venezuela en líder del mundo en vías de desarrollo durante el boom del petróleo de los años setenta, sólo para ver su legado destruido en 1989 en el tumultuoso retorno a la presidencia, marcado por el descontento social, intentos de golpe de estado, impugnación y exilio. Tenía 88 años.
La causa fue un ataque al corazón, informó su hija María Francia Pérez a la red de noticias Globovisión.
Pérez irrumpió en el mundo político latinoamericano a mediados de los años setenta cuando el aumento repentino del precio del petróleo, que se cuadruplicó, enriqueció al gobierno de Venezuela, posibilitando un plan de desarrollo impulsado por el estado y una era de deslumbrante consumo, conocido aquí como "Venezuela Saudita".
Un dotado orador conocido por sus abultadas patillas y llamativos trajes, Pérez nacionalizó la industria venezolana del petróleo y las participaciones de las compañías de mineral de hierro estadounidenses. Al mismo tiempo se hizo con un papel importante para Venezuela en asuntos hemisféricos, augurando de cierto modo la política exterior más asertiva del presidente Chávez.
Durante su primer mandato, Pérez restableció los lazos con Cuba y donó un buque a Bolivia para apoyar la aspiración de ese país a recuperar una salida al mar. Se opuso a la dictadura de derechas de Somoza en Nicaragua y alentó a Omar Torrijos, el líder militar de izquierdas de Panamá, en sus intentos de conquistar la soberanía sobre el Canal de Panamá.
Cultivando una política independiente que a veces lo opuso a Washington, trató de fortalecer la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la que Venezuela fue uno de sus miembros fundadores. Con ese objetivo en mente, compró una página entera del New York Times en 1974 para publicar una carta dirigida al presidente Gerald R. Ford.
"La fundación de la OPEC fue la consecuencia directa de la aplicación de una política de parte de los países desarrollados de fijar precios escandalosamente bajos para nuestras materias primas como un arma de opresión económica", escribió Pérez.

Mr. Pérez nació el 22 de octubre de 1922, el penúltimo de doce hermanos, como hijo de productores de café en Rubio, una ciudad cerca de la frontera occidental con Colombia. Estudió derecho en Caracas y se casó con Blanca Rodríguez, una prima carnal, en 1948, con la que tuvo seis hijos.
Fue encarcelado ese año por su oposición a un golpe militar y se marchó al exilio en 1949, deambulando entre Colombia, Cuba y Costa Rica, donde trabajó como editor del diario La República.
Con el retorno del gobierno democrático en 1958, se convirtió en la estrella ascendente del gobierno del presidente Rómulo Betancourt. Como ministro del Interior, supervisó la lucha contra las guerrillas apoyadas por Cuba. Más tarde, cuando presidía el Partido de Acción Democrática, se postuló a la presidencia en 1973.
Ese mandato de cinco años estuvo marcado por el surgimiento de nuevas fortunas en el sector privado. Se dice que los negocios se discutían en la mansión de su amante, Cecilia Matos, que llevaba una réplica en oro de una torre de petróleo en una gargantilla. Contó que "Papi", como llamaba al presidente, se lo había regalado a Fernando Coronil, un antropólogo venezolano del Graduate Center de la City University of New York.
Después de su gobierno en 1979 y la crisis de los ochenta, que sacudió a la economía venezolana, Pérez volvió al poder en 1989 después de una campaña en la que demonizó a instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Sin embargo, poco después de asumir la presidencia, Pérez implementó un plan de austeridad que incluía un préstamo de 4.5 mil millones de dólares del FMI. Anunció el recorte de los gastos y subió el precio de la gasolina, desencadenando el caótico episodio de febrero de 1989, llamado el Caracazo: protestas y su represión por las fuerzas de seguridad, en la que cayeron cientos de víctimas.
Pérez hizo frente a dos intentos de golpe en 1992, el primero de los cuales fue dirigido por Chávez, instalando al entonces desconocido teniente coronel en el centro de la atención nacional.
Pese a la turbulencia de su segundo mandato, Pérez todavía buscó un rol activo para Venezuela en la política regional. Trabó estrechos lazos con Jaime Paz Zamora, el ex presidente boliviano, y envió un avión para recoger a Jean-Bertrand Aristide, ex presidente haitiano, cuando fue derrocado en 1991.
Sin embargo, continuó el resentimiento contra Pérez, que culminó en su impugnación y destitución de la presidencia en 1993 por cargos de corrupción, en una trama que implicaba un fondo secreto utilizado en parte para pagar a los guardaespaldas de Violeta Chamorro, ex presidente de Nicaragua.
"Cuando el futuro del país parecía prometedor, su poder era inmenso; cuando la situación se deterioró, fue abandonado incluso por sus propios partidarios", dijo Coronil, el antropólogo. "Su trayectoria ilustra la naturaleza pasajera del poder".
Se declaró inocente y fue encarcelado durante diez semanas en una celda de dos por dos metros en una cárcel en una de las barriadas de la ciudad. Luego fue colocado bajo arresto domiciliario durante dos años en su hacienda en las montañas, donde recibía a sus visitantes en un salón decorado con la pluma de oro (enmarcada) con la que firmó los documentos que nacionalizaron la industria del petróleo venezolana.
Después de la elección de Chávez a la presidencia en 1998, Pérez se marchó nuevamente al exilio, a la República Dominica esta vez, donde debió hacer frente a acusaciones de que estaba conspirando para derrocar a Chávez. En 2003, Venezuela suspendió temporalmente sus exportaciones de petróleo a la República Dominicana, obligando a Pérez a mudarse a Estados Unidos, donde finalmente se asentó con la señora Matos, con la que tuvo dos hijas.
En Estados Unidos debió sufrir dos procedimientos de extradición relacionados con su represión de las protestas de 1989. La fiscalía venezolana dijeron que las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza innecesaria contra los manifestantes.
Pese al deterioro de su salud en los últimos años, Pérez siguió siendo un ruidoso crítico de Chávez, describiendo su gobierno como "ilegítimo". Reprochó al presidente lo que describió como su "conducta indecorosa" en una cumbre de mandatarios en Chile, durante la cual el Rey Juan Carlos de España dijo públicamente a Chávez: "¿Por qué no te callas?"
El domingo, Chávez se detuvo en la muerte de Pérez.
"Que descanse en paz", dijo en un discurso televisado al occidente de Venezuela, de acuerdo a la The Associated Press. "Pero ojalá que la forma de hacer política que personificaba descanse en paz y se vaya de aquí para siempre".
9 de enero de 2011
26 de diciembre de 2010
©new york times
cc traducción mQh

maniobras a favor de la verdad

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La flamante mandataria buscará que los militares den información. Según el diario Folha de Sao Paulo, Rousseff intentará ensayar una respuesta oficial a los familiares de las víctimas de la pasada dictadura brasileña. La estrategia podría incluir un mea culpa de los militares y del Ejecutivo.

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Brasil. La flamante presidenta Dilma Rousseff podría impulsar un acuerdo entre organismos de derechos humanos y los militares para que los agentes aporten información acerca de los cientos de desaparecidos brasileños. Según publicó el diario opositor Folha de Sao Paulo, la estrategia podría incluir un mea culpa por parte de los uniformados y del Ejecutivo por no haber desandado el camino de la Justicia, como reclamó hace poco más de dos semanas la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
De acuerdo con lo publicado por el diario paulista, Rousseff intentará durante su mandato ensayar una respuesta oficial a los familiares de los muertos y desaparecidos durante la dictadura militar que se extendió desde 1964 a 1985. Para ello, la economista de 63 años impulsaría un acuerdo entre el Congreso, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las mismas fuerzas armadas, que durante décadas guardaron silencio acerca de los más de 400 asesinados y los cerca de 160 opositores desaparecidos en esos años. La idea sería en un plazo no mayor a dos años consensuar una explicación a lo ocurrido durante los años de plomo en Brasil.
Según Folha, la parte más difícil del plan será el mea culpa voluntario por parte de los uniformados, pero Rousseff ya habría tratado este tema con sus asesores más cercanos. La flamante gobernante podría forzarlos, pero habrá que ver hasta dónde quiere llegar. El ministro de Defensa, Nelson Jobim, sería visto por la mandataria como su principal aliado a la hora de buscar el acuerdo. También, durante su gestión tendrá que poner en marcha la Comisión de Verdad, que fue una iniciativa del gobierno de Luiz Inácio Lula de Silva que no llegó a ponerse en práctica.
Uno de los debates que podrían imponerse es el de la pertinencia de la Ley de Amnistía de 1979, que impide el juzgamiento de los represores de ese país. En abril de este año, la Suprema Corte brasileña mantuvo la interpretación de que los delitos perpetrados por los militares eran actos políticos y que, por ende, estaban comprendidos dentro de la ley de perdón. La organización Amnistía Internacional (AI) calificó el pasado 15 de diciembre de nula e inválida a la norma que mantiene impunes a quienes cometieron crímenes durante el régimen dictatorial.
Por esos días, la Corte IDH sancionó a Brasil por la permanencia de la Ley de Amnistía. El organismo interamericano trató la denuncia por la represión sufrida por la Guerrilla de Araguaia, un movimiento de resistencia que operaba en el centro de Brasil y que estaba compuesto por algunos miembros del nuevo Partido Comunista (PC) de ese país. En el período que va desde 1972 a 1975, entre tres mil y diez mil integrantes de las fuerzas armadas fueron desplegados para secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer a los miembros del grupo. Más de 30 años después de esos crímenes, nadie fue llevado al banquillo de los acusados. Semanas atrás, Lula trató de aplacar la presión internacional y afirmó que había pedido un informe para saber cómo iba la búsqueda de los cuerpos de esos militantes y que con ese material, Rousseff podría continuar la investigación.
2 de enero de 2011
©página 12

extraña muerte de un testigo

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El caso de un ex soldado uruguayo que dio información sobre la dictadura. Allegados a Julio Ruperto Ramírez, de 60 años, afirmaron a Página/12 que al ex soldado lo mataron. Habría aportado datos y hasta un croquis sobre enterramientos de desaparecidos.

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[Mercedes López San Miguel] Uruguay. El cadáver de un ex soldado uruguayo apareció en las aguas del río Uruguay con el rostro desfigurado, un brazo mutilado y el pecho abierto. Allegados de Julio Ruperto Ramírez, de 60 años, afirmaron a Página/12 que están convencidos de que fue un asesinato y que ocurrió del lado argentino. Según publicó ayer el diario La República, la razón de su muerte sería el haber aportado información sobre enterramientos de desaparecidos en Uruguay.
El asesinato se habría producido el 12 o 13 de diciembre y el cuerpo se habría encontrado el martes 21 de diciembre. El hermano de Julio Ramírez, Luis Ramírez, aportó información en diálogo telefónico con este diario. "A Julio lo asesinaron. El capitán Montenegro, de Prefectura Argentina, me dijo que no viera el cadáver porque tenía la cara desfigurada y el pecho abierto y entonces me iba a impresionar demasiado. El cuerpo estaba en Paranacito y lo llevaron a Gualeguaychú. Dijeron que tenía más de una puñalada. Me dijeron también que hasta el 15 de enero no iban a suministrar más datos, ni me podían entregar el cuerpo."
Se le preguntó si alguien había denunciado que estaba desaparecido. Luis Ramírez contestó: "Desaparecido no estaba. El iba y venía todas las semanas. Un amigo de nombre Carlos Ferreyra hizo la denuncia de que se había caído al agua".
Ramírez trabajaba en la isla El Sauce, frente a la ciudad uruguaya de Nueva Palmira. Página/12 contactó a Diego Gómez, el dueño de la quinta en la que vivía Ramírez. Se le preguntó qué sabía de la aparición sin vida de su empleado. "Yo no era su patrón. El me pidió de quedarse en mi casa y hacía changas. Trabajaba a destajo. Vivía en su casa prefabricada desde hace unos cinco años. El mismo día que él desaparece yo tengo un accidente, así que hablé por teléfono con su hermano Luis. Por lo que sé, Julio venía de trabajar en el pantano y se cayó al agua."
Gómez aseguró que Julio Ramírez no le dijo nada que hiciera sospechar que le podía pasar algo. "Julio no se metía con nadie, era tranquilo. La gente de la isla lo quería. Me parece raro todo. Nadie, ni siquiera su hermano, me dijo que el cadáver tenía heridas. Mañana mismo le pido autorización a mi médica y voy a ir a preguntar."
Según el diario La República, el ex soldado habría aportado datos y hasta un croquis que aún se conserva sobre enterramientos de desaparecidos en la cancha de fútbol del Batallón N° 13, conocido como "el Infierno" (para los presos) o el "300 Carlos" (según la jerga militar).
En el Batallón Nº 13 funcionó a mediados de los ’70 un centro de torturas de las Fuerzas Armadas. No fue el único. Pero sí el más grande y conocido, por el que pasó la mayoría de los detenidos políticos de la dictadura uruguaya (1973-1985).
Ramírez también prestó servicios como soldado en el Batallón N° 14 de Toledo, donde hay pistas sobre la existencia de un cementerio clandestino de desaparecidos, llamado "Arlington", y donde próximamente se reanudarán las excavaciones para intentar encontrar cuerpos.
Un amigo vinculó la muerte del ex soldado con el hecho de que haya aportado información en causas de derechos humanos. Roberto Martínez dijo en conversación con este diario que la vida de su amigo estaba en peligro desde el momento en que habló. "No me cierra lo que pasó. El sabía muchas cosas importantes de la dictadura. Su vida corría peligro desde que habló de muchas cosas. En agosto unas personas fueron a hablar con él. El les dijo todo lo que sabía."

¿Le comentó que se sintiera amenazado?
No. Alguien lo mató o lo mandó matar. La gente de la isla no tenía motivos.

¿Se había arrepentido?
El estaba muy arrepentido de haber participado en el ejército. De lo que le hicieron personalmente. El se negaba a participar de las torturas y el ejército primero lo cambió de batallón. Después lo echó.

¿Por qué no llegó a declarar a la Justicia?
Estaba decidido a hacerlo. Hay personas que se mantienen en silencio. Otras un día hablan.

Luis Ramírez afirmó que su hermano no le contó nada, pero que a él le parecía raro que no quisiera vivir en Uruguay. "El no me dijo si habló o no. Nunca se abrió con esos temas. Nos pareció raro que viviera allá y que no quería vivir de este lado de la costa."
28 de diciembre de 2010
27 de diciembre de 2010
©página 12

mataron a testigo clave

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Hallan muerto a testigo clave en entierros de desparecidos en Uruguay. El ex soldado había aportado datos precisos y hasta un croquis de los cementerios clandestinos utilizados durante la última dictadura militar uruguaya.

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Uruguay. Un ex soldado uruguayo que aportó información sobre el entierro clandestino de personas durante la última dictadura militar en Uruguay (1973-1985) fue hallado muerto y su cuerpo mutilado, informó hoy la prensa de Montevideo.
Julio Ramírez, de unos 60 años de edad, era un "testigo clave" en la investigación que lleva adelante la Justicia uruguaya en torno al entierro de cuerpos en los Batallones números 13 y 14, ubicados en poblaciones cercanas a Montevideo, indicó La República.
El ex soldado había aportado datos precisos y hasta un croquis de los cementerios clandestinos, agregó. Un equipo de arqueólogos y antropólogos prevé próximamente realizar excavaciones en uno de esos Batallones procurando hallar restos de desaparecidos.
Según sus hermanos, Ramírez habría sido asesinado entre el 12 y 13 de diciembre y su cuerpo fue encontrado mutilado el día 21 en el río Uruguay. El hombre trabajaba en un establecimiento agropecuario de la zona.
Fuentes no identificadas citadas por el diario aseguraron que el ex soldado habría sido asesinado por militares argentinos que fueron informados por militares uruguayos de las declaraciones de Ramírez, renovando el "Plan Cóndor" de coordinación represiva que operó en los años setenta entre las dictaduras en el Río de la Plata.
26 de diciembre de 2010
©la tercera

brasil encubre crímenes de la dictadura

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Condenan a Brasil por no investigar los crímenes de la dictadura militar.

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Río de Janeiro, Brasil. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Brasil por la "desaparición" forzada de 62 supuestos militantes de izquierda durante su dictadura militar, y dijo que el país debería permitir que se procesen los abusos cometidos durante esa época. El fallo podría generar un complejo problema para la presidenta electa, Dilma Rousseff, una ex guerrillera torturada durante la dictadura que asumirá el cargo el 1º de enero.
Brasil nunca ha condenado a nadie por los abusos cometidos durante su dictadura de 1964 a 1985, y la Corte Suprema del país dictó este año que una ley de amnistía aprobada en 1979 protege a los torturadores de procesos judiciales.
Sin embargo, la Corte Interamericana de DDHH con base en Costa Rica, parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo en su evaluación que esa ley de amnistía es incompatible con los compromisos internacionales de Brasil bajo la Convención Americana sobre DDHH firmada por la mayoría de los miembros de la OEA.
"Es responsable". La corte afirmó que Brasil "es responsable" por los supuestos asesinatos en la región amazónica de Araguaia, escenario de un sanguinario enfrentamiento entre soldados y opositores a la dictadura en los inicios de la década del setenta.
A diferencia de otros países sudamericanos con una historia de dictaduras derechistas, como Argentina y Chile, Brasil siempre se mostró reacio a arriesgarse a molestar a su influyente ejército, que es respetado por amplios sectores de la sociedad. Por eso nunca procesó a antiguos soldados por los abusos.
El saliente presidente Luiz Inacio Lula da Silva, así como su ex jefa de gabinete Dilma Rousseff, ha enfatizado la idea de la reconciliación por sobre los procesos judiciales contra militares.
Sin embargo, el ministro brasileño de Derechos Humanos, Paulo Vannuchi, llamó ayer a su país a acatar el fallo de la Corte Interamericana. "El fallo tiene que ser acatado por políticos, legisladores y jueces. Brasil no puede tener ninguna duda de que debe cumplir cada uno de los aspectos de esa decisión", afirmó Vannuchi en una entrevista para la radio estatal.
Grupos de apoyo a los familiares de las víctimas de Araguaia dijeron que la decisión de la Corte Interamericana significa que Brasil debe ahora abrir sus archivos militares y permitir que se procese a los supuestos perpetradores. "Nosotros esperamos que la administración de Dilma Rousseff muestre que los gobiernos democráticos no pueden cerrar sus ojos ante los crímenes del pasado, y que intente resolver la histórica división del país", dijo Beatriz Affonso, directora del brazo brasileño del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
Guerrilla en la selva. El movimiento Guerrilla Araguaia comenzó con la llegada en 1966 de activistas del Partido Comunista a la aislada región amazónica. Los comunistas buscaban sumar el respaldo de la población local para una revolución contra el régimen, pero fueron descubiertos y se convirtieron en blanco de operaciones militares entre 1972 y 1975, según el Ministerio de Justicia.
Residentes sospechosos de haber participado o incluso de haber apoyado tácitamente a la guerrilla fueron víctimas de abusos sexuales, tortura o trabajo esclavo, o se les arrebataron sus propiedades.
En esa operación cerca de 70 personas "desaparecieron", una táctica que caracterizó a la dictadura argentina, pero que fue relativamente inusual en la dictadura brasileña. Brasil reconoce un total de 400 muertos y desaparecidos durante los años de plomo.
17 de diciembre de 2010
16 de diciembre de 2010
©la capital

agentes parias vuelven a golpear

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Golpearon y retuvieron en la Seccional 3ª a un reportero gráfico. Policías de civil con los métodos malditos.

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Argentina. El fotógrafo del diario El Ciudadano, Alejandro Guerrero, fue brutalmente golpeado por personal policial en el interior de la comisaría 3º, de Dorrego y Salta, luego de ser detenido en forma irregular. Los efectivos lo abordaron después de que presenciara un violento desalojo en la vía publica, protagonizado por la Guardia Urbana Municipal y la policía provincial. "Así que vos querés copar la parada" le dijo un grueso agente de civil, que lo subió a los golpes a un auto particular sin identificación y, luego de encerrarlo en una habitación de la seccional, lo golpeó sin parar durante largos minutos ante la pasividad de sus pares. Después de más de seis horas de encierro en las que no se le permitió hacer llamada alguna, se identificó como reportero gráfico. "Si hablas, sos boleta", fue la respuesta.
Según relató Guerrero a Rosario/12, "en horas de la mañana estaba caminando por Presidente Roca y Wheellright, cuando vi un procedimiento de la Municipalidad con varios móviles, una camioneta, un auto, que estaba desalojando a un grupo de chicos que dormían en esa esquina. Les retiraban los colchones y las pertenencias y se produce entonces un tironeo de una chica con personal policial, porque la chica pidió que no le llevaran el colchón, que era lo único que tenía. ’No tengo familia, no tengo dónde ir, esta son mis únicas pertenencias, no me lo lleven’ rogaba la joven. A pesar de todo, se llevaron las cosas de todos, y la policía y el personal municipal se retiraron. Yo me voy caminando hacia España y los chicos hacia Paraguay. Fue entonces que apareció un auto sin identificación, del que se bajaron al menos dos hombres de civil, que detuvieron a dos de los chicos que estaban antes en Roca y el río. Yo pregunté adonde los llevaban. Me empujaron fuerte, y me gritaron: ’Tomátelas de acá’. Como me quedé parado, me subieron por la fuerza al auto y me llevaron a la comisaría, me metieron en una pieza, y me pegaron como en bolsa".
Desde la Comisión de Libertad de Expresión del Sindicato de Prensa de Rosario, expresaron su "más enérgico repudio a estas prácticas". "Hemos comprobado una vez más, que la fuerza policial aparece con actitudes más propias de cómo se comportó en la dictaduras que de una fuerza democrática", dijeron. Alicia Simeoni, titular de esa comisión, se comunicó con el secretario de Seguridad Horacio Ghirardi y acompañó a Guerrero para profundizar su denuncia en tribunales.
Por su parte, Horacio Ghirardi aseguró a Rosario/12 se comunicó "con el secretario de redacción del diario El Ciudadano, David Narciso y con el propio Guerrero, y les comunicó que el jefe policía Osvaldo Toledo tenía órdenes precisas de encabezar la investigación". En este sentido, el funcionario aseguró que la división Judiciales está tomando las medidas de rigor. "Vamos a actuar con toda la dureza del caso", afirmó el funcionario.
16 de diciembre de 2010
©rosario 12

ffaa peruanas implicadas en drogas

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General peruano amenaza denunciar al hoy embajador de EE.UU. en Colombia. Se trata del general Paul Da Silva, jefe del Ejército peruano, quien en rueda de prensa rechazó el informe revelado por Wikileaks en el que Michael McKinley vincula a la institución con el narcotráfico.

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Colombia. El general Paul Da Silva, jefe del Ejército peruano, amenazó este lunes con denunciar ante los tribunales al hoy embajador de Estados Unidos en Colombia, Michael McKinley, haber vinculado a su institución con el narcotráfico mientras se desempeñó como representante de ese país en Lima (2007-2010), según se lee en uno de los documentos filtrados por Wikileaks.
Da Silva convocó a una rueda de prensa en la que calificó como "cable de la infamia" el informe del diplomático, que fue publicado este fin de semana por el diario español El País.
El general acusó a McKinley de "pretender desprestigiar el honor del Ejército" peruano y solicitó al Ministerio Público que inicie una investigación sobre el contenido del documento norteamericano.
Remarcó, además, que se reserva "el derecho de denunciar penalmente al autor de este cable", en alusión al diplomático.
La información publicada por El País fue ampliamente reseñada por la prensa peruana, ya que señala que Estados Unidos cree que la red de corrupción relacionada con la droga tejida en Perú por Vladimiro Montesinos, el ex asesor de Alberto Fujimori, no está eliminada y advierte que incluso puede resurgir.
Según el documento de la embajada, los carteles del narcotráfico siguen teniendo influencia en el Ejército de Perú y se mencionan los presuntos vínculos de Da Silva con el empresario pesquero Rolando Velasco Heysen, detenido en el 2007 por tratar de sacar 840 kilos de cocaína que escondía en pescado congelado.
Al respecto, el general peruano, que asumió la jefatura del Ejército a inicios de este mes, aseguró "descartar totalmente esa posibilidad" y señaló que en 2007 se reunió con Velasco Heysen por orden del entonces jefe del Ejército Edwin Donayre cuando se buscaba comprar la cuota de alimentos para las tropas.
En su informe, la embajada norteamericana en Lima también señala que ha contactado con altos jefes militares peruanos, quienes denunciaron que algunos de sus compañeros de armas todavía "reciben lucrativos pagos de los traficantes de droga que actúan en el valle de los ríos Apurímac y Ene", una zona conocida en Perú como Vrae.
Los estadounidenses pidieron opinión a otros informantes, que dieron por buena esta denuncia sobre las actividades en una zona que es, además, uno de los últimos reductos de la agrupación guerrillera Sendero Luminoso.
Sin embargo, Da Silva descartó hoy "totalmente" la posibilidad de que jefes militares mantengan vínculos con Montesinos y con el narcotráfico en el Vrae.
"No existe actualmente ningún indicativo de que un oficial, técnico o suboficial del Ejército esté recibiendo dinero del narcotráfico. Esto (el cable) se ha hecho con la finalidad de dañar la imagen de las instituciones armadas y en particular del Ejército y no lo van a lograr", reiteró.
El general añadió que habría que preguntarle al embajador McKinley "qué fuentes militares" le han dado esos datos y anunció que va a ordenar una investigación para descubrir a los informantes.
"Yo me voy a asesorar en la parte legal de la institución para iniciar, previa autorización del Ministerio de Defensa, una acción legal contra el embajador de Estados Unidos que ha sido el promotor de esta infamia", concluyó.
Según otra información de Wikileaks publicada por El País, Estados Unidos también prestará asistencia militar a Perú para acabar con Sendero Luminoso, que causó buena parte de los más de 69.000 muertos registrados en las décadas de los ochenta y noventa.
Da Silva dijo que ese tema es visto por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y declinó también comentar si es cierto que se ha contratado a un asesor israelí para implementar la nueva estrategia antisubversiva.
13 de diciembre de 2010
©semana