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ya no prescriben delitos de ddhh


El Congreso de Uruguay aprobó una ley que asfixia la amnistía para los militares de la dictadura. El presidente José Mujica aseguró que promulgará la norma antes del próximo martes, fecha en la que prescribirían los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985), según lo había determinado la Corte Suprema.
[Mercedes López San Miguel] Uruguay. Expectativa, alivio, pero también cautela. Los familiares de desaparecidos y ex detenidos durante la dictadura uruguaya expresaron su satisfacción luego de que ayer el gobernante Frente Amplio sancionara una ley que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. La nueva norma asfixia la llamada Ley de Caducidad, que amnistió a los militares y policías del último régimen militar. El propio presidente José Mujica dijo que promulgará la nueva ley antes del 1º de noviembre y que la Corte Suprema tendrá la última palabra en los casos que se denuncien a partir de la entrada en vigencia de esta ley.
El oficialismo votó unido el proyecto en la madrugada de ayer, haciendo uso de su mayoría parlamentaria. Un frente que no evidenció fisuras. El presidente evitó opinar sobre la vigencia de la Ley de Caducidad. Y como era de esperar, la oposición blanca y colorada sacó a relucir los dos plebiscitos que ratificaron la amnistía en 1989 y 2009 para dejar todo como está con el pasado. Este paso de baile de los frenteamplistas se lució, muy distinto al torpe movimiento de mayo. Entonces, Mujica había expresado su discrepancia con los legisladores. "Votar el proyecto es aparecer ante el pueblo como pasándole por arriba a dos plebiscitos", había dicho. Y un par de legisladores oficialistas díscolos terminó por votar en contra.
Pero ayer el mandatario aseguró al diario local El País que promulgará la norma antes del próximo martes, fecha en la que prescribirían los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985), según lo había determinado la Corte Suprema, ya que para la Ley de Caducidad se trataría de delitos comunes y, por lo tanto, prescriptibles. "Si a usted le interesa mi opinión, usted sabe que reiteradamente yo he dicho que soy contrario al veto como instrumento. Lo vuelvo a afirmar", dijo Mujica. En cuanto a cómo observaba la solución legislativa al tema, el mandatario señaló que "los problemas jurídicos tienen varias bibliotecas" y que esta materia no era su "especialidad".
En la opinión de juristas calificados y de los propios legisladores frenteamplistas, la nueva ley responde en gran medida al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le solicitó al Estado uruguayo que investigue y juzgue a los responsables de la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena, nuera del poeta Juan Gelman. Y en ese sentido, que la Ley de Caducidad no sea un obstáculo.
La norma aprobada ayer brinda un mayor respaldo jurídico a los denunciantes para hacer sus planteos. La primera denuncia por torturas fue presentada en diciembre de 2010 por la organización Crysol a la jueza Mariana Mota por un grupo de ex presos de la base aérea de Boiso Lanza. En ese caso, los denunciantes son actualmente más de 40 personas, entre ellas Waldemar Tarocco, ex preso e integrante de Crysol. Antiguo militante de la guerrilla MLN-Tupamaros, Tarocco conversó con Página/12 sobre los alcances de la nueva ley. "Todo lo que sea avanzar para tratar de anular la Ley de Caducidad es bienvenido. El problema es los integrantes de la Corte Suprema se recibieron y trabajaron durante la dictadura. El sistema judicial nunca se tocó en Uruguay. Sólo el juez Leslie van Rompaey plantea juzgar a los delitos como de lesa humanidad, y encima a fin de año pasa a retiro. Las organizaciones de derechos humanos estamos expectantes para ver qué actitud tomarán los jueces y los fiscales."
Tarocco contó que días atrás sus compañeros presentaron una nueva acción por torturas en el Batallón Nº 6 de Caballería, y que los próximos días también acercarán una denuncia por ese delito en el establecimiento de reclusión de La Tablada y otra por la "Operación Morgan", que implicó la persecución a dirigentes comunistas en 1985.
A su vez, un grupo de 28 ex presas políticas presentarán una denuncia por las torturas y violencia sexual que sufrieron estando detenidas. La acusación apunta a oficiales, personal subalterno y médicos y enfermeros del Hospital Militar. Asimismo pondrán en conocimiento de la Justicia los ataques sexuales sufridos en al menos otros seis centros de reclusión.
La coalición de centroizquierda en el poder logró aprobar a contrarreloj su proyecto una semana después del hallazgo de restos óseos en el Batallón Nº 14, en el marco de la causa Gelman. Tarocco lo recordó: "Pensar que hace cinco años los antropólogos habían estado trabajando allí y no habían encontrado nada. En ese batallón se realizó la famosa "Operación Zanahoria", donde los militares desenterraron cuerpos cuando volvía la democracia".
Martina Callaba, hija de desaparecidos, dijo del otro lado de la línea telefónica que mientras arma la causa de su padre, no deja de tener sentimientos encontrados. "El sábado pasado, los familiares estábamos viendo el hallazgo de un cuerpo en el Batallón 14. Allí se enterraron desaparecidos. Ya no hay peros ni argumentos para negar lo evidente: que la ‘Operación Zanahoria’ existió. Imposible evitar la ansiedad", se sinceró. "Ahora resta esperar a que identifiquen a la persona. No queda otra que esperar." Y en esa mezcla de sensaciones llegó el alivio. Palabra que usó para describir cómo recibió la noticia de la nueva ley. "Peor es llegar al 1º de noviembre con la amenaza de que los delitos prescriban."
29 de octubre de 2011
29 de octubre de 2011
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brasil crea comisión de la verdad


Brasil creó una comisión para crímenes de lesa humanidad. El cuerpo investigará las 400 desapariciones y asesinatos de la dictadura, pero una ley de amnistía protege a los culpables. La ley de la Comisión de la Verdad fue propulsada por la presidenta Dilma Rousseff.
Brasil. Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los regímenes castrenses de Brasil serán investigados, aunque no juzgados, de acuerdo con la Comisión de la Verdad creada ayer por el Congreso. Si bien el logro fue festejado por el gobierno como un importante paso en el proceso de Verdad y Justicia, algunas organizaciones de derechos humanos se quedaron con sabor a poco, pese a que el Senado votó anoche casi en su totalidad la media sanción de Diputados. Los represores cuentan con el aval de la Ley de Amnistía de 1979 del dictador Joao Baptista Figueiredo, que fuera ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal, lo que les garantiza la impunidad.
La ley de la Comisión de la Verdad fue propulsada por la presidente Dilma Rousseff y servirá para conocer el destino de los más de 400 muertos y desaparecidos de la dictadura. En un mensaje a su Partido de los Trabajadores en septiembre pasado, Rousseff dijo que sería firme en el área de derechos humanos. "Haremos la Comisión de la Verdad. No hay la menor duda de eso", había dicho en aquella oportunidad.
La comisión tendrá dos años para dar a conocer a los responsables y las víctimas de las dictaduras entre 1946 y 1988. El miembro informante del proyecto de ley, el senador opositor Aloysio Nunes, también declaró en ese sentido. "La comisión sólo se va a legitimar si mantiene su foco en los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el período de la dictadura de 1964", declaró Nunes, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), ex militante comunista e integrante de la resistencia armada a la dictadura. "En ese período de facto, la acción experimental de un grupo de energúmenos violentos acabó asumiendo una escalada hasta transformarse en una política de Estado de exterminio de adversarios", dijo.
La ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, festejó la votación en el Senado y habló de victoria histórica. "Esta comisión representa el compromiso del Estado brasileño de nunca más utilizar métodos de coerción y violencia como instrumento de política en nuestro país", comentó la ministra. La comisión fue propuesta el año pasado como parte de un plan de derechos humanos, pero el alto mando castrense sólo apoyó la creación de la comisión después de recibir garantías de que investigará los abusos cometidos tanto por los agentes del Estado como por las guerrillas de izquierda, pero que no alterará la ley de amnistía.
Por esa razón algunos militantes de los derechos humanos quedaron disconformes. "Nosotros ya sabíamos que esta aprobación sucedería. Pero lo lamentamos profundamente, porque el proyecto que fue votado en el Senado es el mismo que se aprobara en la Cámara, sin mayores modificaciones", dijo Cecilia Cohimbra a Página/12. La ex presa política, perteneciente a la ONG Tortura Nunca Más, se refirió a la media sanción que Diputados le dio en septiembre. "Tenemos una posición muy crítica con este proyecto presentado por el gobierno. La infraestructura y los plazos de la comisión son pocos. Son sólo siete miembros para investigar un período muy amplio. Se desfigura el tiempo de la dictadura", acusó Cohimbra. Integrantes de organizaciones de derechos humanos quieren que la investigación se circunscriba más específicamente al período del golpe de Estado militar entre 1964 y 1985, año en que se creó el primer gobierno civil de la dictadura.
"La prueba de que esta comisión no funcionará es que los militares la apoyan. Esta comisión no esclarecerá ni siquiera la verdad", dijo recientemente Elizabet Silveira, dirigente de Tortura Nunca Más.
Un reciente estudio del gobierno brasileño indicó que 475 personas fueron asesinadas o desaparecidas por agentes del régimen militar. Además de Rousseff, varios altos dirigentes políticos sufrieron persecución durante la dictadura, incluyendo a los ex presidentes Luiz In-ácio Lula da Silva (2003-2010) y Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Brasil por abusos de derechos humanos cometidos durante la dictadura y declaró sin efectos jurídicos la amnistía de 1979.
[Informe de Juan Nicenboim.]
29 de octubre de 2011
28 de octubre de 2011
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jaque a la ley de caducidad


Luego de un largo debate, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la norma que declara que los delitos cometidos durante la dictadura militar son de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles.
Uruguay. Su sanción es el primer paso para suprimir la ley uruguaya que amnistiaba a los militares y policías acusados por crímenes durante la dictadura de 1973 a 1985, puesto que restablece la pretensión punitiva del Estado, permite que el Poder Judicial siga adelante con los casos de violaciones a los derechos humanos y responde a la sentencia de la CIDH contra el Estado uruguayo en el caso de la nuera del poeta argentino Juan Gelman.

La iniciativa había sido aprobada anteanoche en el Senado, también tras un arduo debate. La Cámara de Diputados la convirtió en ley anoche por 50 votos a favor, sobre un total de 91 legisladores presentes, y la envió al Poder Ejecutivo, para su promulgación. En los hechos, significa el primer paso para dejar sin efecto la Ley de Caducidad, vigente desde marzo de 1985 y cuya derogación fue impulsada sin éxito en dos consultas populares: en 1989 y 2009.
Con esta ley sustitutiva, el gobierno uruguayo busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sostuvo, en el caso Gelman, la obligación del Estado uruguayo de juzgar a los responsables de la desaparición de María Claudia Iruretagoyena García, nuera de Gelman.
La sesión se condujo por carriles normales de argumentos y réplicas, tal como los coordinadores del debate habían acordado para evitar confrontaciones. No obstante hubo encontronazos entre el Partido Nacional y el gobernante Frente Amplio, no por el contenido del proyecto, sino por los contactos con los militares en los meses de 1983 previos a la apertura democrática, en lo que se conoce como pacto del Club Naval.
En uno de esos momentos, el nacionalista Jorge Gandini sostuvo que en esas conversaciones, a la que asistieron todos los partidos menos el suyo, "se pactó la impunidad". Su colega nacionalista Pablo Iturralde añadió que la ley de Caducidad "es producto" del pacto del Club Naval, lo que irritó al oficialismo. Por su parte, el diputado frenteamplista José Bayardi advirtió al Partido Nacional que no ingresaría en una revisión histórica para evitar discusiones mayores.
"Eso es tergiversar la historia", dijo. Luego, y antes de que tomara la palabra Gustavo Borsari para leer un editorial de 1973 del diario El Popular, el presidente de la Cámara, Luis Lacalle Pou, decidió suspender la sesión por cinco minutos para "calmar los ánimos". Minutos más tarde, el debate volvió pero se dirigió directamente a la votación y sanción de la imprescriptibilidad de los delios de lesa humanidad.
[Foto viene de este blog.]
28 de octubre de 2011
27 de octubre de 2011
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frente amplio contra la impunidad


El oficialismo uruguayo se disponía a aprobar una ley que establece que los delitos de la dictadura son imprescriptibles. La coalición de centroizquierda contaba con los votos necesarios para dar luz verde a una ley a la que rechazaban los diputados de la oposición.
[Mercedes López San Miguel] Uruguay. En el Congreso uruguayo algunos oradores se animaban a decir que la sesión era histórica. Tras una tarde y una noche de debate, la coalición gobernante Frente Amplio se aprestaba esta madrugada a sacar una ley que evita la prescripción de los crímenes de la dictadura (1973-1985) y, en los hechos, deja agonizante a la Ley de Caducidad, suerte de amnistía que impide que se juzgue a militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante esos años.
El diputado frenteamplista Jorge Orrico rompió el hielo al inicio de una sesión en la que había 62 anotados para hablar. Orrico presentó el proyecto que restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por el aparato estatal hasta el 1º marzo de 1985, cuando se recuperó la democracia. El diputado explicó que el texto que fuera aprobado el martes en el Senado determina que esos delitos son crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman. Asimismo, determina que no podrán prescribir las causas abiertas contra uniformados entre el 22 de diciembre de 1986 (cuando se sancionó la Caducidad) y la vigencia de la nueva ley.
Como en una película que se ve por segunda vez, diputados oficialistas y de la oposición se enfrentaron con similares argumentos que los senadores el día anterior. Fieles a su electorado de derecha, nacionalistas y colorados levantaron la voz para decir que el proyecto violaba la Constitución y la voluntad popular expresada en dos plebiscitos. Así lo expresó uno de ellos, el nacionalista Javier García: "El Frente Amplio ha decidido llevarse por delante la voluntad popular y pisotear la decisión de la gente".
García hacía alusión a los referendos de 1989 y 2009, en los que una mayoría de uruguayos apoyó la vigencia de la Ley de Caducidad. Tan solo cinco meses atrás, el Frente Amplio impulsó un proyecto legislativo que anulaba la Caducidad, pero que generó fisuras al interior del oficialismo. Esta vez, los frenteamplistas se aseguraron de que no emergieran voces disidentes. Les alcanzaba con que voten sus 50 diputados.
Con esta ley sustitutiva, el gobierno uruguayo busca dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sostuvo, en el caso Gelman, la obligación del Estado uruguayo de juzgar a los responsables de la desaparición de María Claudia Iruretagoyena García, nuera del poeta argentino Juan Gelman.
A su turno, el dirigente frenteamplista Luis Puig tomó la palabra. "Aquí se protegieron los actos del terrorismo de Estado, se impidió investigar, se dio la espalda a las víctimas. Todo eso bajo el amparo de una ley aprobada por amenaza militar", dijo. Y agregó: "Tanto la Suprema Corte de Justicia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos catalogaron a la Ley de Caducidad como un ‘obstáculo para el desarrollo de la justicia en el país’. Lo interrumpió la secretaria del diputado colorado Aníbal Gloodtdofsky, que se encontraba presenciando la sesión. "Justicia para todos, incluso para los que mataron ustedes", dijo la señora al dirigirse a Puig, para luego retirarse del recinto. Mientras hablaba el diputado, la noticia sobre la condena a los represores de la ESMA aparecía en las páginas digitales de los diarios. Puig precisamente elogió los pasos dados por Argentina en materia de derechos humanos.
En la misma línea, el diputado Carlos Varela destacó en diálogo telefónico con Página/12 que el proyecto establece que los delitos cometidos durante la dictadura son imprescriptibles y que queda en el campo de la Justicia avanzar en la investigación. "La ley deja vigentes todos los delitos para que puedan ser sancionados. El Ejecutivo ya no interviene para decidir si se abre o no un caso. Los denunciantes son los mismos afectados."
Tras la sentencia de la CIDH, el actual gobierno de José Mujica desarchivó en forma conjunta unos 88 casos que se habían incluido en la caducidad y sobre los cuales no se podía avanzar en la investigación. Tanto su gobierno como el anterior de Tabaré Vázquez habían excluido casos aislados de homicidios y los "vuelos de la muerte", lo que llevó a prisión a 20 ex militares y policías, entre ellos al ex dictador Gregorio Alvarez (1981-1985), condenado a 25 años de cárcel.
Se le pregunta a Varela si pudiera haber una reacción del sector militar similar a la que hubo con los jefes de las Fuerzas Armadas en Brasil cuando el gobierno de Lula da Silva propuso crear una Comisión de la Verdad. "Es un sector minoritario. No hay indicios de que vaya a suceder ninguna reacción de la cúpula militar. Pasamos por dos plebiscitos, pasamos por la votación de otra ley que fracasó a último momento. No hubo pronunciamientos ni inquietud de los militares", dijo el diputado. Y agregó un dato no menor. "La Corte Suprema probablemente reciba recursos de inconstitucionalidad. Pero ésa, ésa será otra batalla."
28 de octubre de 2011
27 de octubre de 2011
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ley evita prescripción en uruguay


El oficialismo dio media sanción a una ley que evita la prescripción de los delitos de lesa humanidad. El proyecto, que fue votado por el Frente Amplio en solitario, declara que los delitos de la dictadura son imprescriptibles de conformidad a los tratados internacionales. Hoy el debate sigue en Diputados.
Uruguay. El Senado uruguayo dio ayer media sanción a un proyecto de ley para evitar la prescripción el 1º de noviembre de los crímenes de la dictadura (1973-1985), considerados "comunes" por la Justicia. La iniciativa, presentada por el Frente Amplio (FA), coalición de centroizquierda en el gobierno, fue aprobada con los 16 votos oficialistas (de un total de 31) ante la negativa de los partidos opositores Nacional y Colorado.
El proyecto, que será hoy debatido en Diputados, no anula formalmente la Ley de Caducidad (sancionada en 1986 y ratificada en dos plebiscitos), aunque convierte en "letra muerta" su esencia que, salvo excepciones, impide juzgar las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. El texto "restablece la pretensión punitiva del Estado para todos los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985", al tiempo que a los efectos de la prescripción no computa el período entre el 22 de diciembre de 1986, en que se sancionó la Ley de Caducidad, y la vigencia de la nueva ley.
Por otra parte, declara que los delitos de la dictadura "son crímenes contra la humanidad de conformidad a los tratados internacionales de los que la República es parte". El pasado 24 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó a Uruguay de la supresión de identidad de Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman e hija de desaparecidos, por lo que instó al país a tomar las medidas necesarias para que la Ley de Caducidad "deje de representar un obstáculo para la investigación" de la causa.
El apremio por la sanción de la ley se debe a que el 1º de noviembre prescribirán los crímenes de la dictadura de acuerdo con un fallo de la Corte Suprema que los considera ilícitos comunes. El senador Rafael Michelini fue el encargado por el oficialismo de presentar la propuesta con carácter de urgente. Comenzó su alocución recordando una conversación que mantuvo con el nacionalista Luis Alberto Heber. Heber resolvió votar en contra del proyecto para acompañar la resolución de su partido, pese a que el proyecto permitiría que se siga investigando el asesinato de su madre, Cecilia Fontana de Heber, muerta tras ingerir un vino envenenado a finales de los ’70. Michelini exhortó a la oposición a acompañar el plan, a fin de no ir en contra de los tratados internacionales. "El Parlamento tiene que tomar una decisión para el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. No van a prescribir los delitos porque son de lesa humanidad", dijo, explicando que el Frente Amplio se pone del lado de las víctimas.
A su turno el senador nacionalista Jorge Saravia, que estando en el oficialismo votó en contra de la anulación de la Ley de Caducidad en mayo pasado, calificó la intención de la bancada frenteamplista como "un golpe de Estado", afirmando que "siempre nos va a encontrar enfrente". Aquel voto de Saravia hizo fracasar el proyecto de dejar sin efecto la Ley de Caducidad, un compromiso que asumió el Frente Amplio en su congreso partidario.
El debate propició un fuerte cruce entre el senador comunista Eduardo Lorier y el nacionalista –y ex candidato presidencial– Luis Alberto Lacalle, iniciado tras la exposición del primero. "Quienes defienden la impunidad defienden a los asesinos, torturadores, violadores y desaparecedores de seres humanos", dijo Lorier. Y planteó que "decían que no había niños desaparecidos y ahí están Mariana, Simón y Macarena". El dirigente comunista se refería a Mariana Zaffaroni, Simón Riquelo y Macarena Gelman.
Sus palabras generaron el inmediato malestar de Lacalle, quien pidió una interrupción para responder al legislador frenteamplista: "Lorier ha agraviado a todos los senadores que no votan como él y no le vamos a permitir venir a insultar de esa forma". El argumento de los legisladores colorados y nacionalistas fue uno mismo repetido por distintos oradores: que el proyecto es inconstitucional porque el pueblo ya se expidió en los dos plebiscitos sobre la caducidad, uno en el año 1989, el último en el 2009.
Sea como fuere el tenor del debate, ayer el Frente Amplio en solitario dio un pasito en contra de la impunidad.
27 de octubre de 2011
26 de octubre de 2011
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bloqueo es intento de genocidio


Cuba presenta su informe en la Asamblea General de la ONU. Para el gobierno cubano, el embargo no sólo se mantiene, sino que además se ha intensificado. Y la autorización de viajes de norteamericanos a Cuba no cambia la política exterior de la administración Obama con la isla.
[Adrián Pérez] Cuba. El tablero se completaba a medida que las fichas rojas y azules se iban repartiendo sobre el más realista de los juegos de estrategia. Mientras tanto, un ex obrero metalúrgico nacido en Klushino, Rusia (desconocido para propios y extraños), arañaba la gloria al convertirse en el primer hombre en viajar al espacio. Uno de los jugadores levantaba al año siguiente una muralla sin ladrillos, alrededor de una isla del Caribe, con el único fin de asfixiar económicamente al gobierno que allí daba sus primeros pasos. El canciller Jorge Lamadrid Mascaró calificó al cerco que Estados Unidos mantiene en Cuba como un acto de genocidio. "Se buscó generar hambre y desesperación en nuestro pueblo desde un principio, sólo por destruir a un grupo nacional. Estados Unidos ha venido manifestándose brutalmente a lo largo de cincuenta años", recordó el embajador cubano en Buenos Aires. La Asamblea General de Naciones Unidas deberá pronunciarse hoy sobre la política exterior que Barack Obama sostiene frente al país caribeño. Cuba no duda de que el repudio en la ONU será unánime.
Irracional, soberbio e insensato. Así caracterizó Lamadrid Mascaró al gobierno norteamericano por su decisión de continuar acosando a su país. "Están obsesionados con destruir la Revolución. El bloqueo económico, comercial y financiero es el símbolo de una política anticubana que le hizo mucho daño a mi país, pero demostró no tener mayores perspectivas", sentenció durante una rueda de prensa organizada la semana pasada en la embajada. Durante la presentación del informe "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba", el embajador recordó que en los dos últimos años fueron 187 naciones las que respaldaron el proyecto de resolución que será votado en la ONU.
Para Lamadrid Mascaró, el embargo no sólo se mantiene, sino que además se ha intensificado. Según su análisis, los anuncios hechos en enero por Obama –esto es, autorización de viajes de norteamericanos a Cuba con fines académicos, educacionales, culturales y religiosos y autorización a los aeropuertos internacionales de Estados Unidos para solicitar permiso y operar vuelos charter directos a la isla– forman parte de medidas limitadas que no flexibilizan el asedio.
Su afirmación cobra fuerza en el impacto que el hostigamiento de Estados Unidos genera sobre el sistema de salud cubano. El documento asegura que para practicar estudios de compatibilidad el Programa Nacional de Trasplante Renal necesita utilizar reactivos serológicos de alta calidad. Si bien esas drogas fueron compradas durante años a la firma One Lamda, a través de terceros países, el informe sostiene que "el recrudecimiento del bloqueo incidió negativamente en la adquisición" de los fármacos. En ese sentido, advierte sobre el riesgo de una paralización del programa. Los efectos provocados por el cerco también alcanzan a los niños. El servicio de Oncopediatría del Instituto de Oncología y Radiobiología de La Habana se encuentra imposibilitado de obtener prótesis extensibles para sustituir partes óseas en la cirugía de tumores malignos, debido a que es comercializado por empresas norteamericanas.
A pesar del balance desalentador, Lamadrid Mascaró mostró su optimismo y aseguró que el bloqueo cosechará un rechazo unánime en la ONU. "Vamos a lograr que la comunidad internacional nos siga acompañando en contra de la política de asedio y destrucción que Estados Unidos continúa manteniendo", remarcó. "Argentina ha mantenido una posición inalterable de condena que reconocemos y agradecemos. Confiamos en que, con apoyos como éste, prevalecerá la sensatez, honradez, moral y ética. Más temprano que tarde la política de aislamiento va a terminar", presagió el diplomático.
El embajador señaló a su vez que el anuncio del presidente norteamericano de terminar con la cárcel de Guantánamo representa un claro ejemplo de inconsistencia relevante. "Es una promesa electoral que (Obama) es incapaz de cumplir, máxime cuando se trata de un centro de detención y tortura. Estamos ante un campo de concentración que ha sido condenado por la humanidad. Habría que ver si actitudes como ésas animaron al comité noruego a otorgarle el premio", cuestionó el diplomático la distinción de Obama con el Nobel de la Paz.
A medida que los periodistas abandonan la embajada, al finalizar la presentación del informe, el lugar se parece más a una galería fotográfica que a un salón de conferencias. Cada una de las instantáneas que tapiza las paredes hace referencia a la educación, la salud y el deporte de la isla. A espaldas del canciller, una foto tomada al líder cubano, Fidel Castro, clama: "La Revolución pujante y victoriosa sigue adelante".
25 de octubre de 2011
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declaró macarena gelman


Macarena Gelman declaró como testigo en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés.
Uruguay. La nieta recuperada del poeta argentino Juan Gelman afirmó que conocer su identidad le permitió sentirse "más completa". "Puedo decir que entendí muchas cosas que antes no entendía y vacíos que no sabía de dónde salían", reflexionó Macarena al final de la videoconferencia desde la sede del MERCOSUR, en Montevideo.

La joven que recuperó su identidad en 2000, gracias a una investigación de su abuelo, quien la encontró apropiada por un policía retirado uruguayo -ya fallecido- y su esposa, reconstruyó lo ocurrido con sus padres biológicos, secuestrados en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti". Su madre, pese a ser argentina, fue llevada a Uruguay en el segundo vuelo que transportó detenidos desaparecidos desde Buenos Aires a Montevideo -donde nació Macarena- en el marco del Plan Cóndor.
Macarena declaró, ante el Tribunal Oral Federal 6, que juzga al dictador Jorge Videla, entre otros, por el plan sistemático de sustracción de bebés, y que analiza lo ocurrido con los niños víctimas del Cóndor, que su madre, María Claudia García Iruretagoyena, "estuvo detenida clandestinamente en el Servicio de Información de Defensa, en Montevideo, y mi nacimiento fue a fines de octubre o principios de noviembre del 76. (...) La última vez que ella fue vista con vida conmigo fue el 22 de diciembre de 1976, cuando -según declaró un exsoldado que cumplía tareas allí- vio que se la llevaron dos funcionarios militares con rumbo desconocido y conmigo en una canastita", precisó.
La joven, quien vive en Uruguay, recordó que el soldado "escuchó el comentario de un oficial que me llevaba diciendo ’a veces hay que hacer cosas embromadas’". La nieta de Gelman creció como hija biológica del policía retirado y expresidente de la Asociación Nacional de Policías retirados de Uruguay, Ángel Tauriño, quien en democracia llegó a ser jefe de la fuerza en un municipio por decisión del partido Colorado.
"Cuatro días antes de morir, internado, me pedía perdón, una y otra vez, llorando. Yo no me imaginé en ese momento porqué", recordó Macarena, quien sigue refiriéndose a Tauriño y a su esposa, Esmeralda, como sus padres. Ante el tribunal declaró que fue criada con mucho cariño, que siempre la trataron bien y que la mujer nunca supo de dónde provenía y por eso nunca quedó imputada en las causas judiciales abiertas por su caso.
El 31 de marzo de 2000 Macarena conoció personalmente a su abuelo Juan, quien le dio los detalles de lo ocurrido con ella. Hasta entonces había pensado que era hija biológica del matrimonio que la crió y sólo a mediados del 2000 su presunta madre le reveló que fue dejada en la puerta de la casa de Tauriño en 1977, con una nota en la que su mamá biológica decía que no podía cuidarla. Dos estudios de ADN confirmaron que es hija de Marcelo Gelman y María Claudia .
Macarena aludió también a las referencias acerca de las visitas de varios represores argentinos al centro de detención de Montevideo, entre ellos, Honorio Martínez Ruiz y el fallecido Aníbal Gordon. "Como había habido un primer vuelo de uruguayos trasladados, que habían sobrevivido y no los habían matado en Uruguay, se decía que había desconfianza y viajaron para verificar que los del segundo vuelo fueran asesinados. Permanecen todos desaparecidos", añadió. Macarena, por último, sostuvo que sus padres "eran de la Unión de Estudiantes Secundarios y no se habían ido de la Argentina porque querían que yo naciera ahí, esperaban mi nacimiento".
El Tribunal escuchó además a Anatole Larrabeti Manis, quien a los cuatro años compartió el lugar de cautiverio con la nuera de Gelman, su hermana de un año y medio y presumiblemente Macarena. Los dos hermanos fueron llevados en un taxi desde Buenos Aires a Montevideo tras la detención de sus padres, estuvieron en el SID y luego se los trasladó a Chile, donde quedaron abandonados en una plaza antes de ser adoptados por la familia que los crió. En 1979 fueron hallados por una de sus abuelas y desde entonces vivieron en contacto con su familia biológica en Uruguay.
24 de octubre de 2011
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venezuela aprueba ley de ddhh


Venezuela aprobó una ley para investigar sus crímenes de lesa humanidad. La ley contempla la creación de una Comisión de la Verdad y enseñanza en los colegios primarios y secundarios. Se calcula que durante el período de 1958-1998 hubo más de 3000 casos de desapariciones forzosas en Venezuela.
[Nicenboim Juan] Venezuela. Antes de que Hugo Chávez asumiera la presidencia de Venezuela en 1999, durante el período conocido como la IV República, los sucesivos gobiernos cometieron crímenes de lesa humanidad. La Asamblea Nacional de ese país aprobó esta semana la creación de la Ley Contra el Olvido, que investigará las atrocidades cometidas durante las dictaduras civiles.
La ley contempla la creación de una Comisión de la Verdad para promover la desclasificación de documentos de la antigua Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).
Se calcula que durante el período de 1958-1998 hubo más de 3000 casos de desapariciones forzosas en Venezuela. Durante el lapso de tres años, la Comisión de la Verdad intentará establecer las responsabilidades intelectuales y materiales, y compensar de forma moral a las víctimas y familiares. Una de las propulsoras del proyecto, la diputada del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), Marelis Pérez, explicó que se promoverán sanciones de carácter moral y no de indemnización, ya que la mayoría de los culpables pueden estar muertos. "La comisión la va a conformar una parte institucional del Estado y otra con revolucionarios, familiares de víctimas y organizaciones ligadas a esos movimientos", dijo a Página/12 Humberto Vargas Medina, ex combatiente del Frente Guerrillero José Leonardo Chino. La oposición al chavismo, agrupada en torno de la Mesa de la Unidad Democrática, votó en contra de la normativa por considerar que sólo se circunscribe a una etapa determinada.
La ley también prevé incluir los acontecimientos de ese período como material de estudio obligatorio en la currícula de los colegios primarios y secundarios de todo el país. El proyecto se aprobó un día después de conmemorarse la desaparición del profesor y secretario general del Partido Comunista de Venezuela, Alberto Lovera. Su caso fue emblemático, ya que fue secuestrado en Caracas el 17 de octubre de 1965, y nueve días más tarde su cadáver fue encontrado en una playa del estado de Anzoátegui, con una cadena al cuerpo y signos de torturas. En diálogo con Página/12, su hijo celebró que Venezuela entre en esta nueva etapa. "El período de Raúl Leoni (1964-1969), cuando asesinaron a mi padre, fue el más sangriento con la utilización de la figura de la desaparición forzosa. Allí se instituyó el método", dijo Alberto Lovera. El gobernante Acción Democrática (socialdemócrata) aplicó el macarthismo contra intelectuales de izquierda. Entre las víctimas de la represión estatal están el hermano de Fernando Soto Rojas, presidente de la Asamblea Nacional y ex guerrillero.
"El gobierno tenía la legitimidad alcanzada por el voto. Pero la maquinaria política de los partidos que detentaban el poder (AD y Copei) tenían el control sobre otros poderes del Estado. El poder del voto estaba cooptado", recuerda Lovera. Según él, la investigación de los crímenes cometidos por las dictaduras de la IV República no había sido una demanda prioritaria de la sociedad venezolana. Existía una voluntad de algunas organizaciones pero no de carácter mayoritario.
Los medios de comunicación privados tampoco pusieron el tema en su agenda. "La mayoría invisibilizan la situación. El sistema de medios públicos y el canal 8 venezolano sí lo cubrió, así como La Radio del Sur", agregó Lovera. Vargas Medina, autor de ‘Remembranzas de un guerrillero de los años sesenta’, explicó que la ley no se pudo hacer aprobar antes porque no hubo voluntad política. "Los medios fundamentales privados son representantes de los represores de esos años", dice Vargas Medina.
Para ambos, el presidente Hugo Chávez siempre denunció las atrocidades cometidas y su PSUV fue un impulsor fundamental para la aprobación del proyecto.
"En la época del Puntofijo (pacto entre AD y Copei que en 1958 instaló la democracia representativa) era imposible pretender cualquier investigación, ya que ellos fueron los torturadores. Se intentó con la asamblea pasada pero no hubo voluntad política. El presidente desde un principio recordó la historia reciente. Con el caso particular de mi padre, que marcó la diferencia, él denunció todas las barbaridades a las que fue sometido. La situación particular que él vivió le dio una preponderancia sobre la izquierda. Chávez tiene una sensibilidad grande con ese tema desde el principio de su gobierno." Los casos más simbólicos de la represión estatal además de los de Soto Rojas y Lovera fueron las masacres de Cantaura y Yumaré, en la década del ochenta.
24 de octubre de 2011
23 de octubre de 2011
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