ecuador a un año del golpe
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, fue rehén durante diez horas. Lo salvaron el apoyo manifiesto de cientos de personas que se dirigieron al centro médico para respaldarlo, así como la lealtad de los altos mandos militares, que se enfrentaron con los policías insurrectos para rescatarlo.
[Mercedes López San Miguel] Ecuador. "Mátenme si les da la gana", dijo un Rafael Correa visiblemente exaltado, conmovido, poniendo literalmente el pecho en las horas de incertidumbre que se vivían hace un año en Ecuador, cuando un levantamiento policial apoyado por un sector del ejército hacía peligrar la democracia del país. Correa afirma haber sido rehén de los uniformados en el hospital de la policía durante diez horas. Lo salvó el apoyo manifiesto de cientos de personas que se dirigieron al centro médico para respaldarlo, así como la lealtad de los altos mandos militares que se enfrentaron con los policías insurrectos para rescatarlo, no sin poder evitar que hubiera víctimas.
Lo que empezó en la mañana del 30 de septiembre como una protesta de un grupo de policías por la quita de unas condecoraciones derivó en una jornada trágica que quedará en la memoria colectiva, con un saldo de diez muertes, aún por esclarecer. Mientras que el gobierno sostiene que ese día ocurrió un intento de golpe de Estado con riesgo de magnicidio, la oposición afirma que se trató de una insubordinación policial por un cambio en los salarios.
Jorge Muñoz Sánchez, subdirector de la Academia Nacional de Historia de Ecuador, adscribe a la versión del oficialismo. "El 30-S fue un intento de golpe de Estado. Lo curioso es que se buscó aprovechar una tradición que en Ecuador se dio en los años ’90: la caída de los gobiernos por la presión del pueblo en la calle. Sucedió con Abdalá Bucaram, con Jamil Mahuad, con Lucio Gutiérrez. Los golpistas creyeron que la población iba a reaccionar en contra de Correa. Pero ocurrió lo contrario: la gente salió espontáneamente a brindarle su apoyo. La reacción popular descalabró el golpe", dijo Muñoz a Página/12 en Buenos Aires, en donde participó de las II Jornadas de Historia en el Centro Cultural de la Cooperación.
Muñoz señala que otro de los factores que impidió que prosperase la asonada fue que hubiera imágenes que registraran en vivo los acontecimientos. "A las 9 de la mañana, el presidente se dio cuenta de que había un golpe en marcha, entonces ordenó la cadena nacional para que las radios y las emisoras de televisión transmitieran lo que estaba pasando. A los golpistas les falló el control de la información."
Jenny Londoño López, socióloga de la Universidad Central de Ecuador, agrega un elemento que –dice– no mencionan los diarios opositores. "Correa les quitó a los policías el manejo que tenían del tránsito, allí donde ganaban más dinero por el cobro de coimas. Ese es el descontento más grande. En el tiempo que pasó se ha ido destejiendo una serie de mentiras sobre lo sucedido. La mayoría de la prensa decía que no había habido ningún intento de golpe, hasta se llegó a decir que el gobierno había montado todo esto para asegurarse en el poder."
Un año después de la jornada trágica, los familiares de las víctimas expresan su frustración por la falta de avances en el esclarecimiento de lo sucedido. Cinco civiles murieron en Guayaquil por la violencia desatada porque la policía no salió a patrullar, mientras que en Quito murieron un civil, dos policías y dos militares en los enfrentamientos entre los uniformados sublevados y los militares leales al gobierno. Aquel 30 de septiembre, el estudiante universitario Juan Pablo Bolaños, al igual que cientos de personas, acudió al centro médico bajo la consigna de salvar al presidente. Olga Fernández criticó la lentitud de la investigación sobre la muerte de su hijo. "Me siento disconforme porque no han hecho nada", dijo a la televisión pública local. En la reconstrucción de los hechos la semana pasada, en la que participaron el fiscal y testigos, se concluyó que las balas que alcanzaron a Bolaños provenían de la sede del regimiento de Quito, contiguo al hospital y epicentro del levantamiento. Bolaños murió en medio del enfrentamiento entre policías y militares.
Por lo sucedido el 30-S fueron condenados nueve policías, seis de ellos miembros de la escolta legislativa que impidieron que los asambleístas celebraran un pleno y otros tres que estuvieron presentes en el regimiento de Quito durante la revuelta. La Justicia absolvió al entonces director del hospital policial, César Carrión, y al ex coronel Fidel Araujo, considerado por el gobierno uno de los instigadores del levantamiento. Otro de los instigadores, según Correa, habría sido el ex presidente Lucio Gutiérrez. Pero Gutiérrez no tuvo que presentarse ante un tribunal.
El asambleísta opositor César Montúfar denunció que mientras que se procesó a los policías que estuvieron implicados en la sublevación, no hay "un solo acusado o detenido por los muertos" del 30-S. En ese sentido apostó para que una instancia internacional como el Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realice una investigación que permita esclarecer los hechos. El presidente afirmó a la cadena Telesur que no se opondría. "No tengo ningún problema que venga una comisión internacional a investigar los hechos del 30 de septiembre, molesta la hipocresía de la oposición."
Un año después quedan interrogantes sin responder. Como, por ejemplo, por qué una parte de los indígenas, base electoral del gobierno, apoyó el levantamiento. O por qué el ejército no intervino antes. "El rescate al presidente demoró. Debió haberse hecho antes. Los militares dicen que esperaron que cayera la noche para actuar y operar de mejor manera. Yo creo que especularon un poco a ver bien para dónde se inclinaban", señala Muñoz. Si hay por lo menos dos versiones de lo ocurrido, también son dos los modos de recordar la fecha. El oficialismo convocó a un acto por el "Día en que triunfó la democracia"; la oposición no se va a manifestar.
1 de octubre de 2011
30 de septiembre de 2011
©página 12
[Darío Pignotti] Brasilia, Brasil. Presiones cuarteleras, cuándo no. La Comisión de la Verdad sobre los crímenes perpetrados por la dictadura brasileña, aprobada el miércoles pasado en Diputados, merced al empeño político de la presidenta Dilma Rousseff, fue poco menos que mutilada por la presión discreta de las Fuerzas Armadas, o parte de ellas, cuyo brazo ejecutor fueron "sus aliados de siempre, los políticos de la derecha y la prensa conservadora", resume Luiza Erundina. Ex alcaldesa de San Pablo por el Partido de los Trabajadores y en la actualidad una de las diputadas que expresan las reivindicaciones de los organismos de derechos humanos, Erundina presiente que los mismos engranajes capaces de hacer que Brasil esté "a la cola de la verdad histórica en América latina siguen conspirando" para perpetrar su último servicio a la impunidad: sabotear la labor de la Comisión que aún espera el voto de la Cámara de Senadores.
[Eric Nepomuceno] Río de Janeiro, Brasil. Hasta el último instante hubo peligro. Irritada por las exigencias del derechista Partido de los Demócratas, el DEM (una contradicción de raíz: es el nuevo nombre del mismo partido que, en tiempos de la dictadura, apoyó al régimen), poco después de las diez de la noche del miércoles la presidenta Dilma Rousseff rechazó cualquier nueva concesión a los que se oponían al decreto que instaura una Comisión de la Verdad para investigar los responsables (sin punirlos) por actos de terrorismo de Estado durante la dictadura militar que duró de 1964 a 1985 en Brasil.
[Gustavo Veiga] ¿Por qué tuvo que exiliarse en la Argentina después de resistir durante un año en Honduras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya?
[Gustavo Veiga] Honduras. El crimen político avanza en Honduras con la precisión quirúrgica de un cirujano. La última semana asesinaron a un referente social cercano al ex presidente Manuel Zelaya en la capital, Tegucigalpa, y a un periodista en Puerto Cortés, al norte del país. Los dos tenían en común que integraban el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Los dos también terminaron agujereados a balazos. "Es una declaración de guerra, éste es un asesinato político que trae un mensaje para mí, para los que están alrededor mío con el fin de detenernos", dijo Mel Zelaya sobre la muerte de Mahadeo Roopchano Sadloo, un ciudadano de Surinam nacionalizado hondureño y al que se conocía popularmente como Emo. Había acompañado al mandatario depuesto desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 e incluso se refugió con él en la Embajada de Brasil durante su asilo de cuatro meses. Medardo Flores trabajaba en la radio Uno de San Pedro Sula y administraba las finanzas del FNRP. Es el decimosexto periodista que pierde la vida desde febrero del año pasado.
[Adrián Pérez] Uruguay. Por sus características épicas y de ribetes cinematográficos, fue considerada la fuga de presos políticos más grande de Uruguay y del mundo, y hasta ocupó un lugar en el Guinness. Mientras se organizaba un levantamiento en la Teja, con el propósito de distraer a las fuerzas de seguridad, en la madrugada del 6 de septiembre de 1971 la "Operación Abuso" ponía fin al encierro de 111 militantes políticos –entre ellos, la cúpula del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros– y cinco presos comunes detenidos en la prisión de Punta Carretas. El gobierno de Jorge Pacheco Areco, que se sobreponía al mal trago provocado por la huida de 38 prisioneras de la cárcel de mujeres, recibía un nuevo golpe. A cuarenta años de aquella jornada, Página/12 habló con dos protagonistas de la masiva fuga.
Honduras. Emmo Sadloo, un reconocido referente del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que encabezó las demandas contra el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en junio de 2009, murió tras haber recibido seis balazos disparados por un hombre que viajaba en moto. La hipótesis del "sicario" comenzó a rodar. El propio ex presidente calificó al hecho como un "crimen político" y anticipó que regresaría a Tegucigalpa para mantener una reunión con dirigentes y encabezar las protestas, que ya se están haciendo oír en esa capital.
[Emilio Ruchansky] Brasil. El instituto que dirige Malaguti Batista es independiente del gobierno y hace un seguimiento del aumento de la violencia en las barriadas populares a partir de la llamada "guerra contra la droga" y las políticas denominadas de "pacificación".