américa latina

jueza fue asesinada por policías

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Un agente de la Policía Militar es el principal sospechoso por asesinato de una jueza en Brasil. El oficial habría encabezado el ataque, el pasado 12 de agosto, contra la magistrado Patricia Acioli, quien había decretado su prisión preventiva.

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Río de Janeiro, Brasil. Un agente de la Policía Militar de Río de Janeiro es el principal sospechoso.
Según la información, el oficial del 7°. Batallón de la Policía Militar carioca estuvo en las inmediaciones del Foro de Sao Gonçalo, donde actuaba la magistrada, antes de que fuera asesinada dentro de su auto con 21 balazos provenientes de dos motos y dos automóviles que la rodearon el pasado 12 de agosto.
La información surge de escuchas telefónicas realizadas con autorización de la Justicia.
El agente sospechoso supo en la oportunidad, a través de su abogada, que Acioli había decretado su prisión preventiva y la de otros siete colegas, bajo el delito de homicidio.
La jueza, de 47 años, había sido responsable además de la prisión de cuatro cabos de la Policía Militar y una mujer, en septiembre de 2010, acusados de integrar un grupo de exterminio en Sao Gonçalo.
A raíz de esa y de otras muchas condenas contra policías integrantes de grupos de exterminio que decretó a lo largo de su carrera, el nombre de Acioli integraba una lista negra junto a otras 12 personas presuntamente marcadas para morir, que estaba en poder del presunto jefe de la cuadrilla, quien se encuentra preso.
La jueza había recibido amenazas de muerte durante los últimos cinco años.
Al contrario de trascendidos que indicaban que ella se rehusaba a contar con protección policial, documentos presentados por el abogado de su familia constataron que la magistrada se había quejado por escrito de la falta de protección y había solicitado en varias oportunidades que se le reforzara la seguridad.
28 de agosto de 2011
©la tercera

cuba introduce reformas económicas

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Los cubanos oyen una defensa de su dolorosa e incierta marcha hacia un capitalismo limitado en una manifestación en conmemoración del 58 aniversario del asalto al cuartel Moncada con que se inició la revolución comunista en Cuba. El presidente Raúl Castro asiste, pero deja los discursos a otros.

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[Tracy Wilkinson] Ciego de Ávila, Cuba. El martes las autoridades cubanas usaron una de sus fechas más importantes en el calendario revolucionario de Cuba para unir al país frente a su nueva guerra: las dolorosas pero cruciales reformas económicas.
El presidente Raúl Castro apareció en una ceremonia temprano en la mañana aquí en la exuberante Cuba central, pero no habló. Vestido con una guayabera blanca y un sombrero de paja, disfrutó de las consignas en su nombre y saludó a los invitados, pero dejó a otros los discursos.
El festejo marca el 58 aniversario del fallido asalto militar de las barracas del ejército en Moncada con que se inició la revolución que finalmente llevaría a su hermano mayor, Fidel Castro, al poder el 1 de enero de 1959.
La celebración de este año se produce en momentos en que Cuba marcha por el sendero incierto, pero firme, de las reformas económicas. Bajo la dirección de Raúl Castro, el gobierno comunista está probando con una forma limitada de capitalismo que ha conseguido que a la fecha trescientos mil cubanos hayan adquirido permisos para abrir o trabajar en nuevos negocios, desde la venta de baratijas en una esquina a la gestión de restaurantes y salones de belleza.
Pronto también se les permitirá, por primera vez durante el régimen, vender y comprar propiedades.
Pero el cambio viene con vaivenes. Miles de cubanos han perdido sus empleos mientras el estado intenta reducir su personal, funcionar con más eficiencia y trasladar a los trabajadores al incipiente sector privado. Y muchos nuevos hombres y mujeres de negocios se quejan de los impuestos y de la escasez de las provisiones que necesitan para trabajar. "Debemos romper para siempre con la mentalidad de la inercia."
Machado hizo una vigorosa defensa de las reformas como "soluciones permanentes a viejos problemas" y dijo que debían proceder y profundizar el rescate de la difícil economía de Cuba y promover la producción agrícola. Sin embargo, no dio detalles ni nuevos aspectos de la estrategia del gobierno.
Miles de cubanos y algunos invitados extranjeros llenaron el campo empapado por la lluvia para asistir a la ceremonia, que fue también transmitida en directo por radio y televisión. Ciego de Ávila, una región de caña de azúcar y piñas, está a unos cuatrocientos kilómetros al este de La Habana. Sentado en primera fila, Castro, de ochenta años, fue flanqueado por sobrevivientes del combate de 1953 o sus parientes y también familiares de los cinco cubanos encarcelados en Estados Unidos por cargos asociados con el terrorismo, la lucha por cuya libración es una causa célebre en la isla.
La manifestación tuvo lugar debajo de una gigantesca valla publicitaria que repite el lema de Castro para fomentar las reformas: Orden, disciplina y exigencia.
Ailyn Rodríguez, 19, estaba en la multitud con su grupo de "juventud revolucionaria". Reconoció que el cambio económico era un reto, pero expresó confianza en que será capaz de trabajar en su campo de estudios de psicología infantil cuando termine los estudios.
"Queremos que el mundo sepa que nosotros, la juventud, tomará las medidas necesaria para confrontar a la economía", dijo Rodríguez, vestida con una camiseta roja del Che Guevara y enormes pendientes rojos.
Algunos de los presentes expresaron decepción por el hecho de que Castro no habló, ya que esperaban una mejor explicación de los planes del gobierno. Probablemente hará algunas observaciones importantes durante la apertura de la Asamblea Nacional.
En otro signo de los cambiantes tiempos, Fidel Castro apenas si fue mencionado y ni siquiera apareció en los cuarteles. El achacoso ex presidente, que cumplirá 85 este mes que viene, cedió el poder a su hermano menor en 2006 y poco a poco se ha alejado de la mayoría de los asuntos de estado. Hace cinco años, este aniversario marcó su último discurso político público.
Los organizadores del evento también leyeron en voz alta al presidente venezolano Hugo Chávez, que ha ido a Cuba dos veces en los últimos dos meses para seguir su tratamiento de cáncer. Chávez expresó su "gratitud y admiración" por Cuba.
"Viviremos y triunfaremos", decía el mensaje de Chávez.
Como en el ataque contra el Moncada, agregó: "Hemos aprendido a convertir la derrota en victoria."
El socialista venezolano dijo esta semana que tiene la intención de postularse a la reelección este año siguiente, aunque hay muchos interrogantes sobre su verdadero estado de salud. El mes pasado le removieron un tumor maligno y la semana pasada Chávez sufrió su primera quimioterapia. No ha revelado exactamente qué tipo de cáncer tiene, aunque las especulaciones se centran en el cáncer al colon.
Su supervivencia es un asunto importante también para Cuba porque Chávez le da a la isla miles de barriles de petróleo pesadamente subvencionado así como otros beneficios. Muchos ven ese continuado respaldo como una clave para la reforma económica sustentable, medidas que fueron aprobadas por el gobernante Partido Comunista en un congreso extraordinario en abril, durante el cual fueron definidos como necesarias para "salvar al socialismo."
20 de agosto de 2011
22 de julio de 2011
©los angeles times
cc traducción c. lísperguer

policías asesinan a jueza

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Asesinaron de veintiún disparos de grueso calibre a la magistrada Patricia Ascioli en Brasil. Ascioli había ganado notoriedad tras procesar a policías acusados de integrar escuadrones de la muerte y a miembros de las milicias. Fue emboscada por hombres a bordo de dos motocicletas.

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[Darío Pignotti] Brasilia, Brasil. La jueza brasileña Patricia Ascioli apareció acribillada en Río de Janeiro, aparentemente asesinada por los propios escuadrones de la muerte que ella denunció. Las armas de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad halladas en los peritajes darían cuenta de eso. Un grupo de hombres le disparó a la magistrada de Río de Janeiro 21 tiros el viernes a la noche, y los peritos confirmaron que se trata de proyectiles calibre 40 y 45, correspondientes a armas que sólo pueden utilizar la policía o las fuerzas armadas de dicho estado.
En visita a Río de Janeiro, el ex candidato republicano John Mc Cain había hecho comentarios elogiosos a las políticas militaristas del gobernador Sergio Cabral, quien también contó con la bendición del presidente norteamericano Barack Obama.
Ascioli, de 47 años, había ganado notoriedad tras procesar a policías acusados de integrar escuadrones de la muerte y a miembros de las milicias, los grupos parapoliciales que ocupan ilegalmente favelas, donde combaten a las bandas de narcotraficantes. La guerra contra esos asentamientos lanzada en Río de Janeiro en 2008 instaló el principio de tire y luego pregunte, reforzada por la participación militar, y dejó decenas de muertos en la ofensiva de noviembre de 2010 en la favela Complexo do Alemao.
El titular de la Asociación de Magistrados de Brasil, Nelson Calandra, confirmó que el asesinato de la jueza Patricia Ascioli pudo haber sido perpetrado por miembros de escuadrones de la muerte, que ella había condenado. "De los 12 que perpetraron el atentado que mató a nuestra colega, muchos deben tener condenas", comentó el camarista Calandra, que se reunió con la jefa de la policía de investigaciones de Río, comisaria Marta Rocha, y el equipo que está trabajando en el caso.
"Sabemos que hay un número elevado de agresores, al menos más de uno", agregó el dirigente de la Asociación de Magistrados.
Hombres a bordo de dos motocicletas, presuntamente apoyados por otros en automóviles, fueron los responsables de la emboscada seguida de ejecución de la jueza, según declaró el comisario Felipe Ettore a cargo de la investigación. Ascioli había reconocido haber sido objeto de reiteradas amenazas, pero para desgracia les restó importancia.
La jueza no contaba con escolta en el momento de su asesinato. Hasta ahora fueron interrogadas 18 personas, entre ellos el prometido de la jueza, un policía con quien al parecer tenía una relación inestable.
La jefa de la policía de investigaciones de Río de Janeiro, comisaria Marta Rocha, observó personalmente hoy las diligencias realizadas en el Departamento de Homicidios, mientras decenas de efectivos trabajaban fuera del lugar para esclarecer el caso que conmocionó al país.
Un informe de la Naciones Unidas sobre ejecuciones sumarias, elaborado en 2007 por el especialista Philip Alston, consignó que la policía carioca es sospechada de realizar ejecuciones extrajudiciales a las que se disimula bajo el rótulo de enfrentamientos y mencionó la impunidad de los asesinos.
En 2010 la entidad elaboró un nuevo documento asegurando que casi ninguna medida fue tomada para resolver el grave problema de los asesinatos cometidos por policías en servicio o para reducir los asesinatos justificados como autos por resistencia a la autoridad, y la mayoría de esas muertes nunca es investigada de forma significativa.
Precisamente la jueza de la sala penal de San Conrado, en Río, había condenado a varios policías acusados de asesinar sospechosos, en algunos casos cuando éstos ya habían sido reducidos, o directamente fusilarlos.
Un caso de aparente ejecución sumaria ocurrió el mes pasado, cuando fue muerto y ocultado el cadáver del niño Juan Moraes, de 11 años, en Nova Iguazú, municipio ubicado en el Gran Río de Janeiro.
En un primer momento la policía insinuó que Moraes estaba junto a narcotraficantes que dispararon pero la pericia posterior, que halló el cadáver oculto lejos del lugar del crimen, constató que la víctima estaba desarmada, al igual que sus acompañantes.
La Secretaría de Seguridad Pública, que ha implementado medidas severas en las favelas, de cara al Campeonato del Mundo de 2014, reconoció que los policías actuaron fuera de la ley y los apartó de sus cargos hasta que haya un fallo de la Justicia.
La Asociación de Magistrados de Brasil cuestionó ayer la burocracia que permite a los acusados de homicidio permanecer en libertad hasta que haya una sentencia firme en su contra, lo cual habría permitido que condenados por la jueza continúen en libertad y puedan estar implicados en su muerte.
14 de agosto de 2011
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justicia uruguaya recupera la memoria

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Por primera vez un fallo tipifica como desaparición forzada a crímenes de la dictadura. Carlos Calcagno fue procesado como coautor de dos delitos de desaparición forzada en reiteración real.

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[Adrián Pérez] Argentina. En un fallo sin precedentes, la Justicia de Uruguay utilizó la figura de desaparición forzada para tipificar los delitos cometidos por un ex militar durante la dictadura. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno ratificó la semana pasada la pena de prisión dictada por la jueza Mariana Mota Cutinella contra Carlos Calcagno, procesado como coautor de dos delitos de desaparición forzada en reiteración real. El ex coronel está acusado por el secuestro y la desaparición de dos integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo detenidos en Paraguay en el marco del Plan Cóndor. Se trata de los uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana, militantes del PVP que el 28 de marzo de 1977 fueron secuestrados en Asunción.
Desde 1975, Santana e Inzaurralde desarrollaron una intensa actividad opositora en Uruguay como miembros fundacionales del PVP. Con la llegada del golpe de Estado, en 1976, y según declaró Inzaurralde ante las fuerzas paraguayas, se produjo la desintegración de ese grupo en Argentina. Fue entonces cuando ambos militantes decidieron abandonar el país con la intención de llegar hasta Brasil, donde esperaban conseguir visas en una oficina de la ONU para viajar a Europa como exiliados políticos. Ese objetivo los llevó a ingresar clandestinamente en Paraguay, en marzo de 1977, donde fueron detenidos por la policía paraguaya en una pensión de Asunción.
Los dos militantes fueron interrogados y torturados en el Departamento de Investigaciones paraguayo. Calcagno, que comandaba la Compañía de Contrainformación uruguaya desde 1976, viajó expresamente a Asunción en misión de inteligencia. Un documento rescatado de los Archivos del Terror confeccionado por autoridades paraguayas lo ubican como miembro de un grupo de tareas encargado de los interrogatorios a los integrantes del PVP. El 16 de mayo de ese año, los dos uruguayos fueron trasladados en un avión militar argentino rumbo a Buenos Aires.
Un parte del comisario paraguayo Alberto B. Cantero elevado a Pastor M. Coronel, jefe del III Departamento de Investigaciones, detallaba las funciones de un "equipo de trabajo" que interrogó a Inzaurralde y Santana entre el 5 y el 7 de abril de 1977. Según ese documento, el "equipo" lo integraban el coronel Benito Guanes, el teniente coronel Galo Escobar, el teniente primero Angel Spada y el sargento Juan Carlos Camicha, de Paraguay; los agentes José Montenegro y Alejandro Strada del SIDE argentino; y el mayor Carlos Calcagno, de Uruguay.
"Interrogados minuciosamente cada uno de los detenidos, no aportaron mayormente datos nuevos a los ya conocidos y que en su oportunidad esa jefatura ya elevara a la superioridad", concluyó el informe, que calificó como "anodino" el resultado de la indagatoria. Ese documento, además, adjuntaba antecedentes históricos sobre los movimientos de la Federación Anarquista del Uruguay (FAU), la Resistencia Obrera Estudiantil (ROE) y la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR 33), sobre Inzaurralde y Santana. También acerca de las acciones del PVP antes de mayo de 1976 y después de esa fecha. El fallo menciona que la prueba documental elaborada por las autoridades paraguayas, que involucra a Calcagno, fue rescatada de archivos llevados por la dictadura de Alfredo Stroesner.
"Esta es una medida esperanzadora porque da la impresión de que nuestra jurisprudencia comienza a abrirse a la legislación internacional", le dijo a Página/12 Mirtha Guianze, fiscal nacional en lo Penal de Segundo Turno. También sostuvo que el criterio de desaparición forzada citado por el TAP uruguayo remite a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre un caso de lesa humanidad en Uruguay. En este sentido, Diego García–Sayán, presidente de la CIDH, afirmó en una entrevista publicada el 8 de julio en el diario Brecha: "La aplicación de la figura de la desaparición forzada bajo ninguna circunstancia se interpreta como una aplicación retroactiva de la ley penal, sino como aplicación inmediata en base a un delito que todavía se prolonga. Por ello, de aplicarse la figura de desaparición forzada, la discusión de si se trata o no de crímenes de lesa humanidad –y por tanto imprescriptibles– pasa a un segundo plano, porque el delito debe sancionarse al estar cometiéndose ahora mismo".
Esta es la primera vez que un tribunal de segunda instancia reconoce la figura de desaparición forzada para crímenes cometidos durante la dictadura militar en Uruguay. "De aquí en adelante tenemos que dar batalla para que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura no prescriban –alertó Guianze–, porque en caso de que no sean considerados como delitos de lesa humanidad pueden prescribir en noviembre."
4 de agosto de 2011
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militares condenados a doce mil años

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Cuatro uniformados fueron condenados por atroces crímenes contra la población civil realizados en diciembre de 1982, cuando hicieron desaparecer a un pueblo de campesinos.

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Guatemala. Un tribunal guatemalteco condenó este martes a 12.060 años de prisión a cada uno de los cuatro ex militares acusados de una masacre de 201 campesinos perpetrada entre el 6 y 8 de diciembre de 1982 durante la guerra civil que vivió este país (1960-1996).
Sin embargo, la pena máxima en Guatemala son 50 años, de acuerdo con el código penal.
"Este tribunal por unanimidad declara a los sindicados como autores de los delitos de asesinato. Por tal delito debe de imponer la pena de 30 años de prisión inconmutable (por) cada una de las personas (asesinadas) haciendo un total de 6.030 años", indica la resolución de los magistrados.
Además, la corte condenó a cada uno a otros 30 años por cada delito "contra la humanidad cometidos contra la seguridad del Estado".
La resolución resalta que en la matanza hubo "perversidad", porque "desaparecieron del mapa" a la aldea Dos Erres, municipio de La Libertad, departamento de Petén, unos 600 kilómetros al norte de la capital.
Esta es la primera condena contra ex militares por una masacre en Guatemala.
Los condenados son Carlos Antonio Carías, Manuel Pop, Reyes Collin y Daniel Martínez, quienes formaban parte de la fuerza élite "Kaibil" del Ejército.
El Tribunal agregó además otros 30 años de prisión por el delito de hurto agravado a Carías, quien era el teniente y oficial de la tropa.
El fallo indica que, según testigos y pruebas científicas, entre las víctimas había mujeres en estado de gestación, niños, ancianos y hombres, y que los únicos sobrevivientes fueron varios menores.
En relación con este caso están también detenidos los ex kaibiles Pedro Pimentel, deportado desde Estados Unidos el 12 de julio; Gilberto Jordán y Santos López, detenidos en ese país, y Jorge Vinicio Sosa, arrestado en Canadá.
3 de agosto de 2011
2 de agosto de 2011
©la nación

murió ex dictador bordaberry

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Ex dictador uruguayo.

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Murió el domingo, mientras se encontraba bajo arresto domiciliario en el país por dirigir una campaña para exterminar a los disidentes de izquierda en los años setenta, el ex presidente y ex dictador Juan María Bordaberry, cuyo golpe de estado inició más de una década de gobierno militar en Uruguay. Tenía 83 años.
Los problemas respiratorios y otros achaques habían impedido que Bordaberry cumpliera en prisión su sentencia de treinta años. Su muerte en Montevideo, Uruguay, fue confirmada por su hijo Pedro Bordaberry, que ocupa un escaño en el Senado del país.
Un adinerado hacendado conservador, Bordaberry fue elegido democráticamente en 1971 durante una caótica época en Uruguay, cuando tanto las acaudaladas elites como las guerrillas de izquierda del movimiento Tupamaro veían la lucha armada como la única ruta hacia el poder. El país estaba entonces sumido en la ruina económica.
Los Tupamaros ya habían sido aplastados cuando los uruguayos despertaron con el ruido de los tanques rodeando el palacio legislativo un frío día de invierno el 27 de junio de 1937. Los militares eran entonces tan poderosos que Bordaberry tuvo que entregarles el control para sobrevivir políticamente.
Como resultado del golpe, Bordaberry suspendió la Constitución, echó los tanques a la calle y gobernó por decreto.
Sus años como presidente estuvieron marcados por una ola de desapariciones, torturas y asesinatos con el objetivo de eliminar lo que quedaba de las guerrillas de izquierda.
Las fuerzas armadas lo derrocaron en 1976, pero la democracia no se restauró sino en 1985.
Entretanto, Bordaberry llevaba una vida tranquila, alejado de la vida pública. Cuando terminó la dictadura, el Congreso de Uruguay aprobó una amnistía que protegía tanto a militares como antiguos guerrilleros.
Pero en 2006, él y su ex ministro de Relaciones Exteriores, Juan C. Blanco, fueron acusados de uno de los crímenes más notorios del gobierno de Bordaberry: el secuestro y asesinato de dos parlamentarios que se habían exiliado en la vecina Argentina.
Esto marcó un nuevo capítulo en los intentos del pequeño país sudamericano de 3.5 millones de habitantes de lidiar con la dictadura y su legado de violaciones a los derechos humanos. En 2003, una comisión de paz determinó que la dictadura había asesinado a 175 activistas de izquierda.
Finalmente, en 2010, Bordaberry fue sentenciado a la pena máxima de treinta años de prisión por violar la Constitución cuando dirigió el golpe de estado.
Sigue siendo el segundo y único civil en ser encarcelado en Uruguay por los crímenes de la dictadura, después de que su ministro de Relaciones Exteriores, que fuera condenado por el asesinato de una mujer que se había refugiado en la embajada de Venezuela.
La familia de Bordaberry consideraba que el ex dictador fue víctima de presiones políticas de parte del Frente Amplio, una coalición de partidos de centro-izquierda, sindicatos y movimientos sociales que gobierna Uruguay desde 2005.

Juan María Bordaberry Arocena nació en 1928 en Montevideo en el seno de una familia de ganaderos.
Entró a la política en 1962, siguiendo a su padre en el Senado del país.
Bordaberry fue nombrado ministro de Agricultura en 1969 y elegido presidente dos años después.
De acuerdo a informes de prensa, era casado y el padre de nueve hijos.
29 de julio de 2011
18 de julio de 2011
©los angeles times
cc traducción mQh

los desaparecidos de uruguay

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Gabriel Gatti, sociólogo uruguayo, hijo y hermano de víctimas del Plan Cóndor. Gatti sostiene que mientras en la Argentina la figura de los familiares de desaparecidos forma parte de la escena pública, en Uruguay sigue siendo una figura molesta para gran parte de la sociedad. Mujica y la Ley de Caducidad.

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[Luciana Bertoia] Uruguay. Gabriel Gatti es uruguayo. En 1975, tenía ocho años cuando escapando de la dictadura oriental vino a vivir con su familia a Buenos Aires. En junio del año siguiente, los militares secuestraron y desaparecieron a su padre, Gerardo Gatti, un importante dirigente obrero uruguayo que fue visto en Automotores Orletti, un centro clandestino que funcionaba como sede del Plan Cóndor. Su hermana Adriana fue secuestrada embarazada meses después. Los restos de la chica aparecieron recién en 1983. Gabriel, su madre y su hermano se exiliaron en Francia. Después, viajaron a España. En Madrid, estudió Sociología. En 1993 se fue al País Vasco, donde todavía vive y trabaja como investigador universitario. "Euskadi era un lugar con un nivel de agitación política muy excitante en ese momento, no sólo por ETA sino por lo que estaba alrededor. Era muy atractivo para cualquier joven de izquierda, recién salido de una carrera de Sociales y en particular con una historia detrás de padres estupendos vinculados a un proyecto revolucionario", contó a Página/12.
Como otras veces, volvió a Buenos Aires. En esta oportunidad, lo hizo para participar del Tercer Congreso Internacional de Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas organizado por la Universidad de Tres de Febrero (Untref) y dialogó con este diario sobre las diferentes formas de asimilar la figura del detenido-desaparecido a cada orilla del Río de la Plata.

¿Qué diferencias hay entre Argentina y Uruguay en lo que respecta a la elaboración del pasado?
En la Argentina, la figura del desaparecido está totalmente institucionalizada como parte de la escena pública. Los familiares de desaparecidos existen no sólo como un personaje doliente sino como un personaje político de primer orden. A diferencia, la figura del desaparecido es sumamente molesta para el imaginario colectivo del Uruguay, que tiende a valorar las cosas tranquilas. En parte, se explica por una cuestión de números, allí hay muy pocos. En Uruguay, antes de 2005, era muy difícil que te hablasen de desaparecidos. Te hablaban de otra cosa, de presos.

¿A qué se debe de que hoy esté más presente en Uruguay la figura del desaparecido?
Desde ese año hasta hoy, han pasado muchísimas cosas, no sólo la constatación del Segundo Vuelo (N. de R: que trasladó en 1976 detenidos desde Argentina a Uruguay). Hubo un importantísimo intento de anular la Ley de Caducidad. No se puede decir que fue negativo el resultado: el 48 por ciento de la gente votó a favor de anularla, el resto de la gente no votó. Y hubo una movilización colectiva que indica que está aflorando, en cierto grado, una figura que era invisible y muy vinculada al mundo muy chiquito de los familiares. Pero la sensibilidad de los líderes políticos más renombrados, incluido el propio presidente, no es la misma que la que tienen los argentinos en esta materia.

¿Cómo tomó la actuación del presidente José Mujica frente al proyecto interpretativo que pretendía dejar sin efecto la Ley de Caducidad?
Me generó profundo desagrado. Entre otras cosas, porque el presidente y su actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, son parte de la misma generación de mi padre. Eran colegas de sensibilidad, aunque no eran de la misma línea política y, sin embargo, tienen una lectura tan militarista que es insensible con lo que ocurrió a una buena parte de su propia generación. Es desagradable por una cosa muy uruguaya (como científico social no lo debería decir porque es una generalización barata) que es la sobrevaloración de la institucionalidad, de los acuerdos, de lo que votó el pueblo. Eso los torna insensibles ante las cosas excepcionales, como es la figura del desaparecido.

¿Esa "insensibilidad" podría explicarse por una cuestión de números, porque allí hubo menos desaparecidos que en la Argentina?
Sí, en parte. La dictadura uruguaya fue diferente de la argentina. Tuvo un "plan institucional" de exterminio. O sea, se pasaba por las cárceles y por el exilio, hasta eso era legal. La desaparición no entró en el registro de prácticas represivas de modo tan extensivo como ocurrió aquí. La sensibilidad uruguaya tan extrema por lo que es compartido y tan nula por lo que se sale de la norma hace que sea difícil pensar la figura.

¿Y qué diferencias ve entre el movimiento de derechos humanos argentino y el uruguayo?
Las sensibilidades históricas son tan distintas que no sé si es justo hacer una comparación, porque entre otras cosas lleva a considerar lo evidente: Argentina está muy por delante en esa materia con respecto a Uruguay. Si hago la comparación, tendría que plantear una evolución en esta línea que no se va a dar.

¿Por qué dice que las políticas de la memoria son tramposas?
Construyen unanimidades y construyen la convicción de que la verdad es cierta. Eso es tramposo, si lo miro desde el ojo clínico del sociólogo. Y no lo digo por aquello de que las memorias son múltiples sino porque éste es un campo precario, móvil, difuso. Si lo valoro como ciudadano implicado, no puede estar más que contento en el caso argentino, de una construcción de una narrativa oficial en el tema de los derechos humanos que ha permitido elaborar a medio plazo una figura internacionalmente consensuada de lo que es un desaparecido y que se está aplicando por doquier y con dosis crecientes de eficacia.

¿Por qué afirma que no es correcto hablar de "desaparecidos" en el caso de la represión franquista?
Estamos hablando de un fenómeno que empezó a finales de los años ‘30 y hasta ahora no se nombraba. Se los denominaba "fantasmas", los "paseados". Sólo hace cinco años, y ahora está especialmente el asunto hirviendo, empieza a usarse el término desaparecido.
24 de julio de 2011
©página 12

habla abogado de presidente correa

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BBC Mundo conversó con el Dr. Alembert Vera, quien representó al presidente Rafael Correa en la demanda por injurias en contra del diario El Universo.

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Ecuador. La publicación de una columna de opinión en la que se acusaba al presidente ecuatoriano Rafael Correa de crímenes de lesa humanidad y de haber ordenado disparar contra civiles indefensos se saldó con penas de cárcel y millonarias multas para el diario El Universo, tres de sus directivos y el autor de la columna.
BBC Mundo conversó sobre el caso con el Dr. Alambert Vera Rivera, jefe del equipo legal que representó al presidente Rafael Correa.

El presidente Correa celebró el fallo como un hito, como un hecho histórico. Pero otros medios ecuatorianos piensan que sienta un referente peligroso en materia de libertad de expresión...
Hay que comprender que en Ecuador desde hace muchos años ha existido y efectivamente existió un poder de facto que eran los medios de comunicación, que estaban acostumbrados a tener contratos con el Estado, eran un poder de facto económico que manejaban grandes contratos con el Estado, y al este gobierno suprimir ese tipo de contratos empezó un ataque mediático.

¿Pero no está respondiendo el gobierno a un ataque con otro ataque, en lugar de crear las condiciones para un ejercicio más responsable de la libertad de expresión?
No, en lo absoluto, porque el tema aquí es que el día 6 de febrero del 2011 se publicó un artículo en el que se acusa al economista Correa de haber ordenado asesinatos, de haber ordenado abrir fuego en contra de un hospital lleno de civiles, de haber ordenado abrir fuego en contra gente inocente, y finalmente se acusa al economista Correa de haber cometido delitos de lesa humanidad. Es decir no estamos hablando de expresiones respecto al ejercicio de su cargo, acusaciones de corrupción o delitos de envergadura menor, se está hablando de que se hizo una imputación de delitos de lesa humanidad, de que él ordenó asesinar.

Pero incluso si se asume que había que rectificar, que el artículo contenía calumnias injuriosas, ¿no le parece que la sentencia es excesiva? US$40 millones son mucho dinero…
La cuantificación de daños obedece en este caso, como en la inmensa mayoría de delitos contra el honor, obedece a la calidad de la injuria. En este caso hay que recordar, y tal vez no se ha difundido a nivel internacional, es que la calumnia, la acusación que se le hace al economista Correa es muy seria y refiere a un tema sumamente delicado… Y a nivel internacional tampoco se conoce que este artículo era parte de un ataque mediático ya desde hace varios años. En el proceso hemos entregado más de 250 escrituras públicas con artículos íntegros ante notario público que tenían un contenido injurioso, noticias falsas, editoriales centrales del propio diario, artículos de otros columnistas, etc., que demuestran se trataba de un ataque dirigido. No era un acto aislado.

¿Y no se podían haber considerado otros mecanismos, una rectificación? Porque la cifra de la demanda (US$80 millones) parece calculada para acabar económicamente con un diario.
No, bajo ninguna circunstancia. También se ha probado en el proceso una capacidad plena de pago. Y otras modalidades de solucionar este percance existieron de nuestra parte. El mismo que el economista Correa llegó a reconocer su querella públicamente él dijo: "si los señores del diario rectifican su error esta querella se acaba". Durante los seis meses que ha durado esto en reiteradas ocasiones ha dicho "rectifiquen, y una vez que ustedes rectifiquen, que digan que yo no cometí ningún delito, que yo no ordené el asesinato de nadie, acabamos este proceso".

Pero el señor Nicolás Pérez, de El Universo, me dijo que si bien se dieron declaraciones públicas del presidente Correa en este sentido, ellos nunca recibieron una propuesta formal. Y que sí hicieron una propuesta de conciliación cuando correspondía, que era durante la audiencia…
Eso es también es falso. Yo estuve en la audiencia, yo practiqué esa audiencia de juzgamiento, y eso es falso. La carta que ellos presentaron, supuestamente para conciliar, en primer lugar tenía dos mentiras grandes. Decían que lo hacían para precautelar el trabajo de las personas que trabajan en el medio. Eso es falso, nuestra legislación es extremadamente garantista con los derechos laborales de los trabajadores. Las últimas personas que van a ser perjudicadas en el caso de que se llegue a ejecutoriar esa sentencia, porque faltan muchas instancias, van a ser los trabajadores. Y esa supuesta carta de rectificación también decía que ellos no habían cometido ningún delito, que ellos no habían dicho nada, que todo era obra de Emilio Palacio y que era un invento del economista Correa, y que ellos lo que ofrecían, si él quería, era hacer una carta en las condiciones que él quiera y que ellos le hacían el favor de publicarla. Eso no puede ser considerada una rectificación seria, no muestra ánimo de conciliación.

¿Y por qué eligieron el fuero penal y no el civil?
Porque que la magnitud de la acusación era terrible. Y porque en el Ecuador vivimos durante muchos años supeditados a ese tipo de poderes fácticos. El 30 de septiembre fue un tema muy sensible para la historia del Ecuador, hubo una confrontación terrible entre las fuerzas públicas y la magnitud de las acusaciones merecía un reproche penal.

Pero, ¿en realidad no cree que esto pueda impactar negativamente la libertad de expresión? Si cualquier persona puede demandar a los medios por la vía penal por injurias y calumnias, y buscar indemnizaciones millonarias, ¿no podría eso convertirse en un mecanismo para disuadir a la prensa de denunciar intereses poderosos?
Bajo ninguna circunstancia, por dos situaciones. Lo primero es que las acusaciones vertidas no son en el ejercicio del cargo… Y la supuesta opinión no tiene nada que ver con una investigación seria ni mucho menos. Y sienta un buen precedente porque por primera vez en el Ecuador se consigue equiparar nuestra legislación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque por primera vez va a existir la responsabilidad ulterior. Aquí nunca ha existido, aquí siempre que lo medios han cometidos excesos en contra de los ciudadanos no había una voz, una forma de rectificar…
Y también hay que decirlo: el único medio que ha sido demandado de todos los grandes grupos de medios que existen en el Ecuador, el único ha sido El Universo. No es un ataque en contra de la libertad de expresión, ni de la libertad de prensa. Es una demanda que se presentó en contra de unas personas que cometieron un delito, y que se han adjudicado el nombre de la prensa.

¿Y se puede equiparar la responsabilidad de la persona que emite una opinión con la del medio que le da la oportunidad de publicarla?
Dada las circunstancias, en este caso en específico, sí. Nuestro código penal, como el código español y otros códigos europeos, establece el principio de la cooperación necesaria, que en Ecuador se llama autoridad coadyuvante. En el caso de El Universo, quien escribe el artículo es el señor Emilio Palacios, pero quien facilita la única posibilidad de cometer el delito es el diario El Universo. E insisto, no es un acto aislado, si bien el delito se configura y se consuma con el artículo "No a las mentiras", está demostrado en todo el proceso que se trató de un ataque sistemático…
Es muy difícil que se den las circunstancias que se dieron en el caso del diario El Universo en otros medios. Porque en Ecuador sí existe prensa responsable, si existe prensa que hace bien su trabajo, que critica, que se opone… Pero nunca en la historia del Ecuador ha existido un despliegue de medios tan grande (como el de El Universo) para atacar a un presidente, a una persona… Y desde ahora si usted injuria o calumnia, si excede los límites de la tolerancia, ya hay un precedente de que puede ser condenado.
23 de julio de 2011
21 de julio de 2011
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