américa latina

periodistas a la cárcel por mentir

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Tres directivos y un excolumnista fueron sentenciados a prisión y US$40 millones de multa a raíz de una demanda del presidente Rafael Correa por calumnia.

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Ecuador. Un juez de Ecuador condenó a prisión y multó a tres altos ejecutivos y un excolumnista del principal periódico opositor, El Universo, por difamar al presidente del país, Rafael Correa.
Los tres principales directivos del diario -Carlos Pérez, César Pérez y Nicolás Pérez- y el exeditor de opinión, Emilio Palacio, fueron sentenciados a tres años de prisión y a una multa por un monto de US$30 millones. El Universo también fue multado con US$10 millones.
Palacio le dijo a una emisora de radio ecuatoriana que la sentencia es "una barbaridad". El periódico, por su parte, anunció que apelará la sentencia y pedirá la nulidad del proceso.
La acción judicial por difamación fue presentada por el presidente Correa después de que el periódico publicara un artículo cuestionando sus acciones durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, una jornada que concluyó con el rescate militar del mandatario de un hospital donde permaneció retenido por varias horas
El juicio, iniciado hace cuatro meses, se originó en un artículo de opinión firmado por Palacio, titulado "No a las mentiras" y publicado el 6 de febrero de 2011.
"El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente", señalaba el artículo.

"Hito Histórico"
Representantes de los medios de comunicación y el propio mandatario han señalado que el dictamen del juez Juan Paredes no sólo causa impacto en El Universo sino que es un mensaje dirigido a la prensa nacional en su conjunto.
Correa dijo que la sentencia "sienta un precedente que les va hacer pensar diez mil veces (a los medios) antes de dañar la honra de la persona".
Según él, el dictamen "marca un hito histórico porque empieza el fin de todos estos abusos de la prensa corrupta".
Correa insistió en que lo escrito por Palacio fue una "calumnia tan monstruosa como acusar a un ser humano, que por casualidad es presidente, de asesino de lesa humanidad".
El mandatario prometió que no se quedará "con 20 centavos de lo que reciba" e hizo un llamado a los ecuatorianos "a que sepan defenderse ante los abusos de la prensa".
El presidente mantiene otro juicio, esta vez por US$10 millones, contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro "El Gran Hermano", en el que se develan supuestos contratos millonarios de Fabricio Correa, hermano del mandatario, con el Estado.
Sin embargo, según el director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), Diego Cornejo, la sentencia del juez Paredes y las acciones del presidente Correa pueden llevar a que se instauren mecanismos de censura y autocensura en la labor periodística.
"Lo que está pasando es que hay en el país una judicialización del periodismo, de modo que en las redacciones podría generarse una censura previa para evitar posibles juicios por delitos de opinión, que en Ecuador aún no están despenalizados", le dijo Cornejo a BBC Mundo.
Cornejo lamentó que en el país se esté creando un clima donde "los periodistas actúen con menos libertad y la información que llegue al ciudadano sea de menor calidad".

Ley de Comunicación
La sentencia se produce cuando en la Asamblea Nacional se define la Ley de Comunicación y un Consejo de Regulación de medios y periodistas.
"Sin ley todavía, el presidente de la república comienza a lograr fallos contra la prensa, incluso sin él haberse tomado la justicia, como anunció en la campaña para la reciente consulta popular. Uno puede presumir lo que puede venir ya con la toma de la justicia a través de un Consejo de la Judicatura de transición y con una Ley de Comunicación", le dijo a la BBC el director de Ecuadoradio, Miguel Rivadeneira.
El presidente de la Comisión de Comunicación de la Asamblea, el oficialista Mauro Andino, sin embargo, responde a las preocupaciones de los periodistas con la frase: "El que nada debe, nada teme".
"Los periodistas que actúen con responsabilidad no tienen por qué temer", afirmó Andino, en declaraciones a BBC Mundo.
Según él, aparte del ámbito penal que sanciona delitos de injurias, las sanciones que abarcaría la Ley de Comunicación serían en el ámbito civil.
Sin embargo, Rivadeneira señala que las sentencias de prisión e indemnizaciones millonarias contra El Universo van más allá de una supuesta demanda oficial de un buen periodismo.
"No hay necesidad de que haya estas sentencias para que un periodista ejerza una tarea responsable", dijo.
"Este es un mensaje que envía el presidente de la república a los medios, a fin de tratar de amedrentar a los periodistas en sus investigaciones y denuncias de corrupción", concluyó el director de Ecuadoradio.
22 de julio de 2011
21 de julio de 2011
©semana

guatemala, atrapada en su laberinto

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Rehén de las mafias, los narcos, las pandillas y de las estructuras paramilitares. En 2010 se produjeron 5960 casos de muerte violenta para una población de apenas 14 millones 361 mil 666 habitantes; una tasa de 41,5 homicidios cada 100 mil habitantes. El 85 por ciento de esas muertes fueron provocadas por armas de fuego.

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[Adrián Pérez] Guatemala. Una espiral de asesinatos y crímenes envuelve a Guatemala. El asesinato del cantante Facundo Cabral el sábado es sólo el más reciente ejemplo de la crisis de seguridad de un país colonizado por los carteles del narcotráfico, amenazado por formaciones paramilitares y asolado por pandillas de jóvenes expulsados de Estados Unidos.
"Del mismo modo que ante el vidrio con azogue podemos ver nuestra imagen personal con ojos de desconsuelo o con mirada optimista, lo que estas páginas nos ofrecen podemos leerlo con la lente del pesimismo, pero igual tenemos la opción de ver la dura realidad aquí reflejada como el desafío de cuánto aún debemos enmendar, de cuánto aún debemos construir", afirma el procurador Sergio Fernando Morales Alvarez, autor del último informe publicado por la Procuraduría de Derechos Humanos guatemalteca. El documento es lapidario y exige respuestas inmediatas. Desnuda la vulnerabilidad de los derechos humanos en ese país y se presenta como espejo de la violencia que se ensaña con los sectores más postergados. En 2010 se produjeron 5960 casos de muerte violenta para una población de apenas 14 millones 361 mil 666 habitantes; una tasa de 41,5 homicidios cada 100 mil habitantes. El 85 por ciento de esas muertes fueron provocadas por armas de fuego, dice el informe. Según ese estudio, las víctimas adultas se encuentran en un rango de edad que va de los 18 a los 25 años. Muertes jóvenes y evitables.
El informe –disponible en pdh.org.gt en su versión completa– aporta algunas claves. También desnuda la falta de políticas públicas. "Si el Estado no protege a sus ciudadanos no se puede evitar la violencia; si persisten la pobreza y la desatención de sectores vulnerables como mujeres, niñez y adolescencia, no se erradica la violencia."
Sin embargo, el país centroamericano no escapa a una historia marcada por la violencia paraestatal. Marco Tulio Alvarez, director de los Archivos de la Paz de la Secretaría de la Paz de la Nación, asegura que lo que ocurre no es totalmente ajeno a la guerra civil que desgarró a su país. Afirma, además, que en ese período se sentaron las bases para el accionar de los cuerpos paralelos o aparatos clandestinos de seguridad que asuelan a Guatemala.
Alvarez considera que, durante la contrainsurgencia, se articuló una infraestructura de recursos de inteligencia que formaron el capital de aquellos oficiales que actuaban en las instituciones armadas. "Con el final de la guerra se llegó a la hipótesis de que seguía funcionando una estructura paralela al Estado", analiza el titular de Archivos por la Paz. De alguna manera, no se descarta que esos ex militares participen en el armado de las nuevas organizaciones criminales. Alvarez estima que, en algunos casos, se observa que no son delincuentes comunes quienes llevan adelante determinadas operaciones criminales, sino que existe una aceitada organización detrás de esos delitos. "Eso implica la participación de una infraestructura de alto nivel", señala.
Desde un trabajo de recuperación de la memoria histórica, Alvarez afirma que en los análisis realizados sobre el modo de operar del aparato militar en tiempos de dictadura, pudo determinarse que se habían ejercido ciertas prácticas propias de una guerra contrasubversiva; acciones que pasaron por alto normas legales y garantías constitucionales. "De alguna manera, esas prácticas crearon un sistema y una forma de funcionar de esos aparatos paraestatales, influyendo e infiltrando al propio Estado", considera Alvarez, y evalúa que es probable que algunos funcionarios de las fuerzas de seguridad colaboren con estos aparatos.
"Es bastante claro que en nuestro país funcionan este tipo de cuerpos. Esa es la razón de la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). No sólo en el asesinato de Facundo Cabral sino en muchos otros casos estamos viendo una alta capacidad para operar donde las fuerzas estatales son limitadas en su accionar", agrega. El avance de estos hechos de violencia coincide, según Alvarez, con un deterioro cada vez mayor de la seguridad. "Lo que nos está faltando es poder ubicar a esos aparatos clandestinos favorecidos por el narcotráfico, la delincuencia y ex militares", dice y admite que no es fácil llegar hasta la médula del problema porque hay una estructura que disfraza la situación. Alvarez menciona el caso del general Héctor Mario López Fuentes, uno de los generales al frente del Estado Mayor en 1982. "Siento que estos oficiales participaron en prácticas muy duras, indudablemente cobraron cuotas y pasaron a formar parte de un grupo emergente que se enriqueció. A diferencia de los argentinos, nosotros todavía no hemos podido avanzar en el juzgamiento de estos criminales, eso está bloqueando la posibilidad de que tengamos nuestro nunca más."
El informe anual de la PDH guatemalteca fue presentado en enero. Entre sus 1200 páginas, Morales Alvarez lanza un interrogante que demanda una acción inmediata de las autoridades: "Lo hemos dicho de viva voz y ahora lo ponemos por escrito: frente al pesimismo generalizado debemos preguntarnos, si Guatemala ya tocó fondo, ¿vamos a seguir saltando en ese fondo para hundirnos más? Mi respuesta es ¡No!".
15 de julio de 2011
14 de julio de 2011
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sí hubo golpe en honduras

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La comisión investigadora sobre Honduras presentó su informe. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el ex presidente de Honduras Manuel Zelaya fue depuesto por un golpe de Estado en 2009 y el gobierno de Roberto Micheletti, designado de forma ilegal por el Congreso.

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[Adrián Pérez] Honduras. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) arribó a dos conclusiones: que el 28 de junio de 2009, el ex presidente de Honduras Manuel Zelaya fue depuesto por un golpe de Estado y que el gobierno de Roberto Micheletti, designado de forma ilegal por el Congreso. Un extenso informe señaló que la decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de acompañar la consulta popular que Zelaya impulsaba el día que fue derrocado –con la intención de que se celebrara una Asamblea Constituyente que discutiera su reelección–, socavó la confianza de diferentes sectores hondureños en el organismo internacional.
La CVR fue puesta en funciones el 5 de mayo de 2010 por una iniciativa de Porfirio Lobo, actual presidente hondureño. Sus conclusiones fueron desconocidas ayer por Zelaya, quien poco antes de conocerse los fundamentos del informe aseguró no tener una opinión favorable, ni esperaba que el texto revelara nada nuevo. De los 20 muertos causados por la violencia política desatada a partir de la destitución del ex presidente, la comisión determinó que al menos 12 personas fueron asesinadas por la acción de la policía y las fuerzas de seguridad.
"Se observa una progresiva erosión del proceso democrático del país –concluyó el documento–. El golpe de Estado demuestra que en Honduras la democracia continúa manteniendo un orden político-institucional, con un sistema de partidos políticos en el que tienen un gran peso los privilegios y el ejercicio de un poder discrecional y hasta arbitrario", subraya el dossier de once páginas difundido ayer por la CVR, al que accedió Página/12. "Debe aprovecharse esta profunda crisis como una oportunidad extraordinaria para retomar el proceso de transición democrática que se desnaturalizó y se fracturó", recomienda en su segunda página, como adelanto del informe completo de 1200 páginas que será publicado hoy en el sitio web de la comisión (cvr.hn).
A catorce meses de su primera intervención, Eduardo Stein, coordinador de la CVR, afirma que el trabajo del comité se apoyó en tres elementos: intentar esclarecer cómo se produjeron los sucesos del 28 de junio de 2009; identificar aquellos actos que condujeron a una situación de crisis y proponer elementos para evitar que esos hechos no se repitan en el futuro. Esa tarea demandó un análisis de los hechos en la capital hondureña y en el interior del país. "Entendimos que no teníamos que quedarnos sólo con lo que había pasado en Tegucigalpa. Por eso visitamos los 18 departamentos del país para recoger testimonios y escuchar de primera mano la experiencia de la gente durante la crisis", explica Stein. "Sólo así podíamos desentrañar aquellas insuficiencias que desembocaron en el golpe de Estado", agrega.
La posibilidad de determinar si se había tratado o no de un golpe de Estado fue uno de los interrogantes surgidos a la luz de ese trabajo. "No fue fácil encontrar una respuesta inmediata porque estábamos ante una situación muy sui generis", considera Stein. Finalmente, se llegó a la conclusión de que sí se había tratado de un golpe contra el Poder Ejecutivo, encarnado en Zelaya, pero que el asalto al poder no había perjudicado a los otros poderes. El abordaje de la CVR no desestimó la participación de ex presidente hondureño y ubicó la génesis del conflicto en los meses que precedieron a su caída, cuando se realizó la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia. Esto último, sumado a la aprobación de Zelaya de un aumento al salario mínimo de los trabajadores, tanto del sector público como del privado, enfrentó al gobierno con un sector de empresarios locales y extranjeros.
"La expulsión de Zelaya es injustificable desde todo punto de vista, pero fue tanto responsabilidad de él como de quienes lo sacaron del poder", asegura el ex vicepresidente de Guatemala. La comisión señaló que, al momento de su destitución, el Congreso no contaba con atribuciones para apartar al presidente hondureño ni para nombrar a su sustituto. También concluyó que el nombramiento de Micheletti como presidente interino fue ilegal y que el mandato que se desarrolló entre el 28 de junio de 2009 y el 26 de enero de 2010 se corresponde con un gobierno de facto.
Stein considera que uno de los principales inconvenientes se encuentra en el corazón de la Constitución hondureña, porque carece de un procedimiento claro para resolver conflictos entre los diferentes poderes del Estado, y que esa indefinición provocó que el Congreso nacional se extralimitara en sus funciones.
En sus recomendaciones, el CVR propone una transformación del Estado hondureño, en la que se llenen esos vacíos en su Constitución y se resuelvan esas imprecisiones. El capítulo más extenso del informe refiere a violaciones de los derechos humanos. Allí se reportaron delitos contra la vida, la integridad de las personas y la libertad; también contra los medios de comunicación. "Encontramos hechos de represión contra la población sólo por considerarla opositora. Pedimos que se investigue con mayor profundidad, se deduzcan las responsabilidades y se sometan a la Justicia." Asimismo se identificaron más de 20 muertes en las semanas sucesivas al derrocamiento de Zelaya. Esos asesinatos fueron identificados como de dos tipos: por enfrentamientos callejeros con las fuerzas de seguridad, donde se utilizó un exceso de fuerza; y otras más importantes tienen que ver con ocho personas que podrían haber sido asesinadas selectivamente por agentes del Estado.
8 de julio de 2011
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embajada pidió fondos para oposición

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Un cable enviado desde la legación de Caracas en marzo de 2009 solicita un aumento del presupuesto destinado a la Oficina de Iniciativas para la Transición en Caracas. El objetivo era ayudar a los nuevos gobiernos regionales adversos a Chávez.

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Venezuela. Desde el arribo al poder de Hugo Chávez, las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han sido tensas. De un lado, el mandatario venezolano acusa al "imperio" de ser responsable de los males de su país y del otro Chávez es visto como antidemocrático.

En marzo de 2009 la embajada de Estados Unidos en Caracas solicitó un incremento del 42% en el presupuesto asignado al programa de la Oficina de Iniciativas para la Transición (OTI, por sus siglas en inglés) en Venezuela, que forma parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El encargado de Negocios, John Caufield, justificó la petición debido a la reconfiguración del mapa político local. Poco antes, el 15 de febrero de 2009, el Gobierno había logrado imponerse en un referéndum que eliminó los límites para aspirar a la reelección en cualquier cargo elegido mediante comicios. Y en noviembre de 2008 la oposición había logrado un ligero avance frente al chavismo al conquistar 7 de las 23 gobernaciones de Venezuela. Hasta aquel mes sólo había dos gobernadores no afectos al proyecto de Chávez ejerciendo como autoridades estatales.
La embajada consideraba que la victoria de Chávez en febrero de 2009 significaba "un aumento de centralización del poder y un estímulo para socavar a las autoridades electas en los estados y municipios. Ambas tendencias van en contra de nuestro principal objetivo estratégico de fortalecer la democracia en Venezuela".
"Es una necesidad mayor a la luz de los recientes acontecimientos", agregó.
Aunque Washington asegura que estos programas ayudan a fortalecer a la sociedad civil en sus demandas por un mejor gobierno y a reforzar a las restantes instituciones democráticas, Caracas considera que ese financiamiento es parte de los intentos de Washington por derrocar al presidente Hugo Chávez. Ese programa y sus objetivos son un asunto de Estado. Tanto así que meses después, en agosto de 2009, en un hecho no revelado hasta ahora, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas citó a un contratista de la OTI para interrogarlo sobre el financiamiento y su trabajo.
La Policía Judicial seguía instrucciones de la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN), que había detectado transferencias de dinero en efectivo "inusualmente elevadas" en 2007 y 2008. Según contó la fuente a la embajada, esos movimientos coincidieron con el referéndum para modificar la Constitución de diciembre de 2007 y las elecciones regionales de noviembre de 2008. El gobierno quería establecer los objetivos de esa empresa contratista de la OTI, sus objetivos y el destino de los fondos del proyecto.

"Necesidad Mayor"
Caufield hizo una amplia exposición de motivos que justificarían el aumento del presupuesto de 7 millones de dólares a 10 millones de dólares.
"Hasta la fecha nuestros programas han tenido éxito en el aumento de pluralismo político en Venezuela. Es necesario redoblar nuestro esfuerzo para contrarrestar el creciente el autoritarismo del gobierno de Chávez", escribió el encargado de Negocios.
De ser aprobado, asunto que no está confirmado en los cables entregados por Wikileaks, el dinero se repartiría de la siguiente forma: 5 millones de dólares se entregarían a individualidades o a gobiernos para que concretaran la oferta electoral de la campaña; 4 millones de dólares irían a parar a las arcas de las ONG del área de derechos humanos y la promoción de democracia "con el objetivo de proteger los derechos de los venezolanos", así como a los partidos políticos interesados en el desarrollo de líderes jóvenes; el millón de dólares restante incentivaría al voto en las elecciones de la Asamblea Nacional que se celebrarían en septiembre de 2010.
La Oficina de Iniciativas para la Transición trabajó en Venezuela entre 2002 y febrero de 2011, cuando canceló el programa.
30 de junio de 2011
29 de junio de 2011
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murió el che, no la causa

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Pombo Villegas Tamayo, compañero de ruta de Ernesto Guevara. De la savia que componía la esencia del hombre nuevo bebió Pombo durante las tres campañas que compartió con Guevara: en la Sierra Maestra, el Congo y Bolivia. Dice que percibe un "interés distinto" por la figura del Che en la Argentina.

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[Gustavo Veiga] Argentina. Cuando revaloriza el concepto de instrucción guerrillera del que hablaba el Che, Harry Villegas Tamayo hace inevitable la comparación con los ejércitos que combatió. Por instrucción entiende "no ser analfabeto" más que saber manejar un arma sofisticada. De esa savia que componía la esencia del hombre nuevo bebió durante las tres campañas que compartió con Guevara: en la Sierra Maestra, el Congo y Bolivia. Pombo, el mote por el que se conoce a este cubano de 71 años, cálido y locuaz como la mayoría de los cubanos, es además un sencillo general de brigada condecorado como héroe de la Revolución. Acaba de hacer su cuarto viaje a la Argentina y durante media hora de su comprimida agenda que repartió entre Rosario y Buenos Aires, recibió a Página/12 en la residencia del embajador Jorge Lamadrid Mascaró.

¿Cuál es la impresión que se lleva de esta visita donde participó en nuevos homenajes al Che por su natalicio?
Me voy satisfecho. He visto en los jóvenes argentinos, en la población argentina en general, un interés por el Che distinto. Y no un interés solamente intelectual, sino más bien un interés por conocer su obra, su vida, y eso es un aliciente. Yo siempre había visto que a ustedes el Che les quedaba un poco distante. Pero en esta oportunidad vi que es más argentino y ustedes lo van sintiendo más importante, como la figura universal que es.

Los manuales de historia, la bibliografía oficial han omitido enseñar la verdadera dimensión del Che. Varias generaciones se formaron sin leer una sola línea ni palabra sobre él...
Quizás justamente sean ésas las razones y la diferencia que yo he ido notando en cuanto a cómo se proyecta la figura del Che en la Argentina. Pienso que cuando hablamos de él estamos hablando de la Revolución Cubana y también de Belgrano. Lo he visto en esta oportunidad, porque no me había interiorizado antes con todo el detalle con que lo hice ahora, cuando fui al Monumento a la Bandera en Rosario. El soñaba con una América latina integrada, como una gran nación. Ese pensamiento que está en Bolívar, en su carta de Jamaica y está en Martí.

¿Qué opinión tiene de toda la iconografía vinculada con el Che, esa especie de culto en remeras, llaveros y fotografías que también existe con un sentido comercial?
No nos gusta. Ahora hay que ser objetivo. El mundo donde vivimos es un mundo netamente comercial, en donde todo simboliza mercancía, ¿me entiende? El mundo atraviesa una crisis, no sólo climática y económica, sino una crisis moral. No puede uno negar que traten de comercializar con el Che. Porque hubo un momento en que surgió como una figura de mucha fuerza, fundamentalmente en Europa, y por lo tanto les empezó a interesar. Usted sabe cómo es la moda. La gente sigue la moda de los europeos. Yo personalmente pienso que deberíamos ubicarlo en su magnitud moral, en su magnitud revolucionaria. Que la gente se pregunte: ¿Y éste quién es? Y que se cuestionen por el Che. Si eso los lleva a tratar de conocer el interior del Che, estaremos ganando.

¿La búsqueda del hombre nuevo del que hablaba Guevara?
Tratar de buscarlo, sí. Yo pienso que quizá no lleguemos al hombre nuevo, pero sí debemos tratar de buscarlo de forma mediata, un hombre distinto. Un hombre con más valores, con más autoestima, un hombre que respete como ser humano que es. Eso gradualmente lo iremos alcanzando.

¿Es posible en el sistema capitalista estimular moralmente a alguien para desarrollar aquel pensamiento? ¿Cómo sería en la producción?
Los mecanismos del capitalismo son otros, buscan crear otros valores, como en el trabajo. Fundamentalmente con el desarrollo tecnológico en los sistemas de producción y cada vez están más pendientes de desplazar al hombre y crear la máquina. Ya tú has visto que en la guerra, que es una de las vías donde los nuevos experimentos se emplean, se está utilizando ampliamente el robot. Todos los aviones sin piloto se dirigen a distancia y muchos de ellos se dirigen desde Washington. Vamos a tener que luchar un poco más para crear una conciencia en la gente. La lucha va a ser por preservar la humanidad, por preservar el planeta Tierra. Algo que no entienden los capitalistas, que no entienden las transnacionales, independientemente de toda la mano que nos está dando la propia naturaleza, con todos estos cataclismos y la deformación absoluta que hay del clima. Va a ser muy complejo que se puedan utilizar los valores del Che en el sistema capitalista.

Usted dijo en varios reportajes que el Che era más que un guerrillero tira tiros. ¿A qué se refiere?
La gente considera que el guerrillero es un tira tiros, pero el Che considera que el guerrillero no es un tira tiros, que es un transformador social, que tiene un objetivo estratégico a alcanzar: que es el poder revolucionario para reformar la sociedad. Entonces no es un tira tiros y, partiendo de ese concepto, consideraba que en las condiciones de Cuba, el ejército rebelde lo primero que debía dar era la instrucción. Porque no es factible que quien lucha en la guerrilla no tenga instrucción, sea analfabeto. Ahí empieza realmente el proceso de alfabetización en Cuba. Con los soldados.

¿Es consciente de que en Bolivia escribieron con el Che una página de la épica revolucionaria?
Todo eso es circunstancial, todo eso es casuístico, coyuntural. Nuestro primer objetivo era continuar la Revolución. ¿Por qué? Porque no habían muerto las razones. Murió el Che, pero las razones por las cuales comenzamos esa lucha no habían desaparecido. Están ahí, son las mismas. Hoy en Bolivia se ha producido un cambio con Evo, que está en un proceso evolutivo, de formación, que hay que ver en dónde culmina. Avanza en una línea ascendente positiva donde las clases humildes van participando cada vez más de modo directo en el gobierno, en el proceso de dirección, en donde por primera vez en la historia los pueblos originarios tienen una representación y hay que decir que Bolivia es un país plurinacional.

¿Cómo es posible entender la ética revolucionaria en el combate y el respeto por el enemigo que ustedes practicaron, si en las guerras de este tiempo se bombardean civiles todo el tiempo o se fotografían sin pudor prisioneros desnudos e inermes?
Esa ética forma parte de nuestra concepción. A nosotros nos educaron en no maltratar a ningún prisionero, a respetarlos dignamente. A los oficiales les manteníamos su arma corta. Nos dio muy buenos resultados. Nosotros tomábamos a los soldados prisioneros y se los mandábamos al otro punto que íbamos a atacar. Les dábamos un buen tratamiento y ellos llegaban antes que nosotros. Y lo primero que decían era que no les habíamos dado ni una bofetada. Que los habíamos respetado, que les habíamos dado comida, que los habíamos curado. Entonces eso iba limando la capacidad de resistencia de los soldados y les quitaba el temor a caer prisioneros. Era una estrategia que aplicábamos.

¿Una estrategia que en la era de la guerra tecnológica dominada por los Estados Unidos y la OTAN parece inconcebible?
Hoy ya no vamos al enfrentamiento tecnológico con los norteamericanos. Tenemos nuestros aviones, nuestros cohetes, los hemos modernizado y además vamos siguiendo qué es lo que hay en el mundo. Pero no pensamos hacer una guerra aérea con ellos porque sería imposible. Con la cantidad de aviones que contamos no podemos desarrollar un combate frontal contra la aviación norteamericana porque nos destruyen en tres días. Entonces tenemos que pensar con habilidad. El muerde y huye. Cómo le aplicamos los principios de la guerra irregular a esta guerra y los combinamos con los principios de la guerra moderna. No tendríamos en principio una división de 200 tanques, pero podríamos tener un pequeñito grupo de cinco tanques y con ese pequeñito grupo tirarle a un carro blindado y escondernos. Tenemos que luchar también contra los medios de localización modernos. Saber cuándo se usa el láser y que es débil a las pantallas verdes. Entonces tenemos que crear pantallas verdes. Cosas de esa naturaleza. O el problema del calor, los cohetes que buscan el calor, como hacerle maquetas falsas para que tiren y fallen, como crearles focos de calor. De esta forma hay que ir aprovechando y aplicando la inteligencia. No hay nadie en el mundo, ni los rusos –que tienen un desarrollo tecnológico igual–, que pueda desarrollar esa guerra frontal contra el poderío de los norteamericanos.

¿En 52 años de revolución nunca pudieron bajar la guardia?
Hay un principio marxista que dice: aquel que olvida la defensa no sobrevive a la guerra. Y otro que señala: una revolución vale cuando es capaz de defenderse. Esas cosas para nosotros son vitales. Vemos que tenemos un enemigo ahí cerquita. Sabemos que ellos van a dar un zarpazo cuando crean que están en condiciones favorables y nosotros tenemos que prepararnos. Para que piensen que si nos agreden les va a costar caro. Y que si ponen un pie en la tierra no salen.
29 de junio de 2011
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reabren en uruguay 88 casos de ddhh

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El presidente habilitará la reapertura de ochenta y ocho casos de violaciones a los derechos humanos. El decreto anulará los actos administrativos que impedían investigar decenas de casos amparados en la Ley de Caducidad. La sentencia de la CIDH en el caso Gelman dio sustento a la medida.

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[Mercedes López San Miguel] Uruguay. José Mujica eligió una fecha simbólica para dar un paso en materia de derechos humanos: el 27 de junio de hace 38 años comenzó el capítulo más oprobioso en la historia de Uruguay. Ayer, 27 de junio, el mandatario anunció que firmará un decreto que habilitará la investigación de 88 casos de violaciones a los derechos humanos. Es una medida concreta entre otras que le reclaman agrupaciones como Hijos, que ayer le entregó un petitorio al presidente. Esta decisión llega un mes después de que la coalición gobernante Frente Amplio fracasara en el intento de anular la Ley de Caducidad, una norma que permite la impunidad de militares y policías acusados de crímenes de lesa humanidad.
El decreto anulará los actos administrativos dictados por otros gobiernos, que impedían investigar 88 casos de violaciones a los derechos humanos bajo el amparo de la Ley de Caducidad. La norma, aprobada en 1986 y ratificada en dos referéndum, en 1989 y 2009, concede al Ejecutivo de turno la potestad de decidir si un caso se archiva o no. Mujica y su antecesor inmediato, Tabaré Vázquez, reabrieron varios procesos.
Ayer al mediodía, representantes de Hijos le hicieron llegar al presidente un petitorio. Valentín Enseñat, de esa agrupación, sostuvo en diálogo con Página/12 que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman es "el argumento perfecto" para que el Estado uruguayo derogue esos actos administrativos. "Lo planteamos como un paso jurídico, una medida que el presidente puede aplicar, pero no es una solución. A partir de la condena de la CIDH en el caso Gelman, el Ejecutivo había manifestado su voluntad de revocar los actos administrativos. La sentencia es ilustrativa, es un argumento perfecto para que el Estado no delegue su responsabilidad", dijo Enseñat, cuyo padre, el activista Miguel Angel Ríos Casa, está desaparecido desde 1977.
El 24 de marzo pasado, el tribunal que depende de la Organización de Estados Americanos estableció que Uruguay debe investigar y juzgar a los responsables del crimen de María Claudia García Iruretagoyena, nuera del poeta argentino Juan Gelman. En aquel dictamen, la CIDH responsabilizó a Uruguay de la supresión de identidad de la hija de María Claudia, Macarena Gelman, e instó al Estado a "tomar las medidas necesarias" para que la Ley de Caducidad "deje de representar un obstáculo para la investigación" de las causas.
La decisión del Ejecutivo se sustenta en la condena del organismo internacional. Así lo explicó el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia. "Hemos estado trabajando en un análisis exhaustivo de la sentencia de la Corte Interamericana a los efectos de ir cumpliendo con lo que ésta dispone y en ese sentido estamos previendo tomar algunas decisiones que van en el sentido con respecto a incrementar las competencias de la Comisión de Seguimiento", señaló Breccia. El funcionario también destacó que se trabaja en el resarcimiento económico a la familia Gelman, tal como determina la sentencia.
La revocatoria de los actos administrativos en 88 causas permitirá la continuidad de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Pero será el Poder Judicial el que determine cómo seguirán las acciones para cada caso o si corresponde o no desarchivar los expedientes, explicó Breccia. El funcionario precisó que el decreto será emitido recién el jueves o el viernes "debido a que pueden existir situaciones particulares en las que los denunciantes prefieran no excluir sus casos".
El pedido de Hijos no se limita a lo administrativo. Enseñat afirmó que reclaman el acceso a los archivos de los servicios secretos del Ministerio de Defensa. "Suponemos que hay una información valiosa sobre la verdad." El joven subrayó que de ningún modo se eliminan los efectos de la Caducidad con el decreto. "Esta medida actúa sobre 88 causas que no son todas las que deberían ser. Hablamos de 200 casos de desaparecidos, sin entrar a especificar la tortura, la prisión prolongada, los homicidios. La mayoría de los familiares nunca presentaron una denuncia penal porque la Caducidad ha actuado como desestímulo."
Enseñat señaló sus próximos pasos: "Tenemos pensado presentar a la Corte Suprema un petitorio para que declare que la norma es inconstitucional en forma general". El máximo tribunal falló de inconstitucional la ley en octubre de 2009 para el caso de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. Una semana después, una mayoría de uruguayos votaba por la continuidad de la amnistía. Una mayoría votaba por un nuevo gobierno del Frente Amplio.
La alianza gobernante intentó en mayo pasado anular los efectos de la Caducidad mediante una "ley interpretativa" que pudo ser aprobada en el Senado, pero fracasó en Diputados. Generó una crisis en la coalición oficialista que aún persiste.
28 de junio de 2011
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mujica acataría fallo de cidh

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Sin derogar la caducidad, Uruguay busca justicia. Mujica anula las resoluciones que avalaron la impunidad.

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Uruguay. El presidente uruguayo revocará esta semana con un decreto todos los actos administrativos de sus antecesores dictados al amparo de la Ley de Caducidad y que impidieron juzgar los crímenes de Estado cometidos durante la dictadura. La decisión permitirá la reapertura de casos vinculados a la violación de derechos humanos. El anuncio fue realizado por el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, al cumplirse 38 años del golpe.

"El señor presidente ha decidido se dicte un decreto por el cual se revoca por razones de ilegitimidad todos los actos administrativos dictados por el Poder Ejecutivo" que consideraron los hechos denunciados "estaban contemplados" en el artículo tres de la Ley de Caducidad, indicó Breccia en una rueda de prensa. Según ese artículo la Justicia "requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de treinta días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido" en la ley que dejó impunes a los represores. La norma fue aprobada en 1986 y ratificada en dos referendos en 1989 y 2009.
Breccia explicó que con el decreto "estamos cumpliendo primero con el mandato ético pero además con lo que establece la sentencia de la Corte de Interamericana de Derechos Humanos". Fue en referencia a la sentencia en la que el 24 de marzo pasado la CIDH responsabilizó a Uruguay de la desaparición de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y de la supresión de identidad de la hija de ésta, Macarena Gelman. La Corte instó al Estado uruguayo a "tomar las medidas necesarias para que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado deje de representar un obstáculo para la investigación de las causas".
El funcionario explicó que el decreto no se ha firmado todavía para dar tiempo a todos los familiares de las víctimas a que decidan si quieren que su caso sea incluido dentro de esta medida, que puede derivar en la reapertura de unos ochenta procesos. Asimismo, aclaró que con su postura el Gobierno no está violando la separación de poderes. "No estamos ingresando para nada en la competencia que el Poder Judicial va a tener de disponer o no del desarchivo de esos casos por considerar que existe o no en cada uno de esos casos cosa juzgada", argumentó.
27 de junio de 2011
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espiaban a perón

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Los archivos de la dictadura que los militares brasileños quieren ocultar. Documentos de la dictadura brasileña obtenidos por este diario aportan detalles inéditos del archivo que la presidenta Dilma quiere hacer público, pero los militares se resisten.

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[Darío Pignotti] Argentina / Brasil. "El ex presidente Juan Perón estuvo en la mira de los servicios de Inteligencia brasileños, eso es casi un hecho, participé en reuniones con él, se presentía que nos vigilaban, si se abren los archivos de la dictadura, como quiere la presidenta Dilma, habría más pruebas de eso."
Lo afirma João Vicente Goulart, hijo del ex mandatario Joao Melchior Goulart, Jango, amigo del general argentino por más de dos décadas.
Transcurridos 47 años del derrocamiento de Jango y 38 de sus últimos encuentros con Perón, probablemente espiados por agentes brasileños, "es hora de terminar con este largo silencio, todavía vivimos de espaldas a la historia de los ‘70, debido a las presiones de grupos ligados al terrorismo de Estado", lamenta João Vicente.
Dilma Rousseff parece compartir esa preocupación y la semana pasada instruyó a sus ministros, en particular a la titular de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, para que persuadan al Congreso de aprobar de inmediato el proyecto sobre la Comisión de la Verdad, contra la que se insubordinaron los jefes de las fuerzas armadas en diciembre de 2009.
"Un día estando en un hotel de Madrid con papá, atiendo el teléfono y alguien me dice: ‘Quiero hablar con Janguito, dígale que soy el general Juan Perón’. Yo no podía creerlo, pero era verdad, Perón estaba del otro lado de la línea para convidar a Jango a charlar en la residencia de Puerta de Hierro, creo que era a principio del ’73", cuenta Goulart a Página/12.
"En una ocasión se habló de la posibilidad de hacer un acuerdo, mi padre (estanciero) vendería carnes en el marco de un plan trienal que iba a implementar el gobierno peronista, pero eso fracasó por influencias del brujo", menciona Goulart, aludiendo al mote con que era conocido José López Rega. "Hubo más reuniones con Perón, otra se hizo en Buenos Aires, recuerdo que algunas personas nos decían que los servicios estaban rondando por allí."
Documentos del régimen brasileño obtenidos por este diario corroboran las sospechas de Goulart. "La conversación (Perón-Goulart) giró en torno de la situación brasileña y sobre las ideas de Juan Perón para la creación de un amplio movimiento latinoamericano de liberación cuyo epicentro se localizaría en Argentina", dice un despacho de marzo de 1973, rotulado como "secreto" y en cuyo margen izquierdo se lee la sigla CIEX, Centro de Informaciones del Exterior, organismo dependiente de la Cancillería brasileña.
"Era lógico que la dictadura quisiera seguirle los pasos a Perón, él le propuso a mi padre radicarse en Argentina, desde donde iba a tener una plataforma para organizar su regreso a Brasil y forzar la apertura democrática, que los militares querían atrasar", sostiene Goulart.
No todos los miembros del Servicio Exterior integraban el CIEX, donde sólo se admitía a quienes hacían del anticomunismo una profesión de fe. Su creador fue el diplomático Pio Correa, uno de los primeros embajadores que representaron a la dictadura en Buenos Aires, y a quien algunos investigadores sindican como doble agente, por sus vínculos con la CIA.
Además de buscar exiliados brasileños, algunos de los cuales luego serían secuestrados en Argentina y asesinados en Brasil, el CIEX también habría seguido los pasos de líderes extranjeros antipáticos al proyecto de poder regional de la Revolución Brasileña, implantada el 31 de marzo de 1964.
Perón era tipificado como un "cómplice" de Goulart y del "comunismo-brizolista (Leonel Brizola, dirigente nacionalista y cuñado de Goulart)" según palabras del general y superministro de la dictadura Golbery do Couto e Silva, otro que cargaba con el mote de "brujo".
Dicen que a Golbery, considerado el intelectual de más brillo del régimen que imperó entre 1964 y 1985, se le erizaba la piel de sólo oír el nombre del fundado del movimiento justicialista.
Algo parecido ocurría con el dictador Ernesto Geisel, quien se refería al argentino como la "Momia" y lo excluyó de su ceremonia de asunción, a comienzos de 1974, donde sí estuvieron el chileno Augusto Pinochet, el boliviano Hugo Banzer y el uruguayo Juan María Bordaberry.
Geisel inició un período de cambios en la política externa conocido como del "pragmatismo responsable", caracterizado por la apertura de relaciones con países del Tercer Mundo y menor alineamiento con Estados Unidos.
Ese giro no implicaba el fin de la estrategia de contención al comunismo y otra de las marcas de su política externa fue la intensa, a veces contradictoria, relación con el secretario de Estado Henry Kissinger.
Ningún canciller tuvo más sintonía con Kissinger que Francisco Azeredo da Silveira, quien se desempeñó en el cargo durante el quinquenio de Geisel.
Antes de ello Azeredo comandó la embajada en Argentina, "donde fue un pionero del terrorismo de Estado regionalizado porque en 1970 fue el responsable del secuestro en Buenos Aires y traslado ilegal a Brasil del coronel
Jefferson Cardin, un militar nacionalista y brizolista, que fue mi compañero en la cárcel de Río", dice Jarbas Silva Marques, prisionero político entre 1967 y 1977.
"Jefferson Cardin me dijo en la cárcel de Río que Azeredo da Silveira siendo canciller sabía todo sobre Argentina, seguro que él sabía de ese posible espionaje sobre Perón y mandaba a la Embajada a colaborar con los golpistas."
"Esta es una historia pesada, estamos hablando del jefe de la diplomacia entre 1974 y 1979. De una política de Estado. Hasta hoy hay gente queriendo esconder esa historia debajo de la alfombra, hay mucha presión, vemos al presidente del Senado José Sarney haciendo lobby a favor de los militares para impedir que Dilma abra los archivos", aseguró a Página/12 Silva Marques.
Es imposible hacer una reconstrucción acabada de todos los movimientos de la diplomacia brasileña y sus pactos con los sediciosos argentinos, debido a la falta de documentación suficiente.
De la lectura de centenas de papeles en poder de este diario surge que eran frecuentes los contactos, y la afinidad, con quienes perpetrarían el golpe de 1976 y aprobaban la guerra sucia ya lanzada por entonces contra la "subversión".
El telegrama "secreto" enviado por la Embajada brasileña el 3 de setiembre de 1975 da cuenta de una "larga conversación" con los "comandantes Jorge Videla y Eduardo Massera", quienes expresaron su interés en "estimular por todos los medios el acercamiento de las Fuerzas Armadas" de ambos países.
En otro mensaje "confidencial", del 19 de febrero de 1975, se habla sin eufemismos sobre la coordinación represiva.
La nota relata un encuentro oficial de diplomáticos brasileños con el ministro de Defensa argentino Adolfo Savino, cuando se trató con "total franqueza sobre la necesidad de un profundo entendimiento de nuestros países frente a los enemigos comunes de la subversión".
Durante su diálogo con Página/12, João Goulart hijo y Jarbas Silva Marques lamentan el "atraso" histórico de Brasil frente a la Argentina, Chile y Uruguay, donde "hubo un arreglo de cuentas con la historia y la verdad", pero estiman que esa situación podrá revertirse.
Ellos, así como varios organismos de derechos humanos, confían en el compromiso con la verdad asumido por Rousseff, víctima de prisión y torturas durante el régimen, así como de la presión internacional, y citan el ejemplo del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado brasileño por desentenderse de los delitos de la dictadura.
26 de junio de 2011
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