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américa latina

eua amparó a banquero corrupto


Wikileaks Venezuela: las dos caras de Eligio Cedeño. La legación estadounidense en Caracas estaba al tanto de las supuestas actividades irregulares del expresidente de Bolívar Banco, un personaje desdibujado por la polarizada política venezolana.
Venezuela. La embajada de Estados Unidos en Caracas consideraba que Eligio Cedeño era un banquero corrupto, pero recomendó a Washington que evaluara su solicitud de asilo en virtud de la poca independencia de los poderes públicos venezolanos y la erosión del debido proceso en su caso.
Para la fecha que el embajador Patrick Duddy hizo esa sugerencia —17 de diciembre de 2009— el empresario estaba en libertad condicional desde el 10 de diciembre gracias a una decisión de la jueza María Lourdes Afiuni, quien consideró que podía esperar en libertad la audiencia preliminar de su caso. Antes de salir a la calle le retuvieron el pasaporte y le ordenaron presentarse cada quince días en el tribunal, pero Cedeño aprovechó para viajar a Estados Unidos, donde posteriormente solicitaría asilo.
Detenido desde febrero de 2007 en los calabozos de la policía política, este empresario estaba acusado de distracción de recursos financieros por el caso Microstar. Cedeño era el presidente del Banco Canarias. A través de esa institución, el representante del consorcio Microstar, Gustavo Arráiz, solicitó 27 millones de dólares para importar computadores con divisas preferenciales. La fiscalía descubrió irregularidades en el procedimiento y los imputó a ambos.
Cedeño estuvo preso dos años y diez meses sin que se iniciara el juicio. Su presentación en tribunales fue diferida en varias ocasiones. La defensa alegaba que él no podía estar detenido más de 24 meses sin que se celebrara la audiencia preliminar, pero el Estado aseguraba que ese plazo se podía extender hasta julio de 2010. Una corte falló a favor de la fiscalía.
 
Un Poco de Todo
Parte de la oposición venezolana consideraba que era un preso político, mientras que el gobierno opinaba que era un corrupto que debía pagar sus fechorías en la cárcel. La fuerza de ambos argumentos en la opinión pública atentaba contra la compresión global de su historia.
En realidad, para la embajada ambas versiones eran ciertas. El caso de Cedeño estaba plagado de irregularidades, sí, pero los diplomáticos habían recibido información que lo vinculaba "con actividades criminales incluyendo la compra ilícita de dos bancos". En Venezuela a muchos analistas y periodistas les extrañaba que un joven de origen humilde hiciera tan rápida fortuna.
Era larga la lista de especulaciones, todas recogidas por la misión estadounidense, que mantendrían preso a Cedeño sin juicio: el financiamiento de la fuga del líder sindical Carlos Ortega, uno de los responsables del paro de la industria petrolera en diciembre de 2002; la ayuda económica al líder estudiantil Julio César Rivas para protestar contra el gobierno y hasta la supuesta relación sentimental que Gustavo Arráiz, a quien la embajada identifica como socio del banquero, mantenía con una de las hijas del mandatario Hugo Chávez. "Ese vínculo podría contribuir a los inflexibles puntos de vista del Presidente en este caso", escribió el embajador Patrick Duddy.
La llegada de Cedeño a Miami le presentaba al gobierno venezolano una nueva oportunidad para polemizar con Washington. Los gringos estaban conscientes de ello. Además, la fuga del empresario coincidía con la intervención de varios bancos privados con problemas de liquidez. Estados Unidos creía que al menos siete banqueros relacionados con las intervenciones estaban en Estados Unidos. Por esa razón la embajada pidió al Departamento de Estado evitar declaraciones sobre las particularidades de cada caso para no darle a Venezuela la oportunidad de decir que Washington estaba "en connivencia con banqueros corruptos" y centrar sus comentarios en los asuntos medulares por los que se concedería un asilo: la politización del Poder Judicial o la falta de independencia de los poderes públicos.
"Tales declaraciones se pueden utilizar para apoyar los potenciales pedidos de asilo", agregó Duddy.
En diciembre de 2009 Venezuela solicitó la extradición de Cedeño. El presidente Chávez comparó esa gestión con la que hiciera por el anticastrista Luis Posada Carriles, acusado de volar en 1976 un avión de Cubana de Aviación. Pero el empresario no ha vuelto a Venezuela. En mayo de 2011 recibió asilo político en Estados Unidos.
25 de junio de 2011
23 de junio de 2011
©semana

chávez tenía razón, eran traidores


El diputado Ismael García, del partido Podemos, y otros dos dirigentes de la tolda opositora se reunieron con el embajador Patrick Duddy para pedir financiamiento.
Venezuela. "Este es el momento de empezar", le dijo el diputado Ismael García al embajador de Estados Unidos en Caracas, Patrick Duddy, cuando éste le comentó que Washington no intervenía en los asuntos de Venezuela.
Un cable de septiembre de 2009 reseña una reunión entre García, sus colegas Juan José Molina y Ricardo Gutiérrez, del partido Podemos, y el diplomático estadounidense.
En aquel tiempo Podemos, con seis diputados, era la única tolda de oposición en la Asamblea Nacional. Se había separado del chavismo en 2007 por diferencias acerca de la propuesta de reforma de la Constitución. Se aproximaban las elecciones para renovar al Parlamento, que definían como la última posibilidad que le quedaba a la democracia venezolana para sobrevivir, y solicitaron ayuda para el partido a través de la Nacional Endowment for Democracy (NED) u otros fondos del gobierno estadounidense.
Ismael García justificaba su petición por los posibles riesgos que enfrentaban los intereses estadounidenses con la presencia de Cuba e Irán en el país.
Según Duddy, García hizo peticiones similares en el pasado. Esta vez tenía la idea de contrarrestar, mediante la creación de una emisora de radio o televisión, el cierre de los medios de comunicación radiales –el gobierno había cerrado 32 emisoras en agosto de 2009- y la intimidación de la prensa no afín al gobierno. Podemos participaba en los esfuerzos para concretar una alianza opositora, pero comentaron en la embajada que dudaban de la efectividad de esa plataforma para contrarrestar a Chávez.
"Había un elemento de pánico en la petición de Podemos", escribió Duddy en su comentario final. "Tal urgencia podría derivarse de la certeza no sólo de que la democracia venezolana se acerca a una etapa vulnerable, sino que el partido se enfrenta al desafío de la sobrevivencia como resultado de la nueva Ley Electoral", agregó.
En las elecciones de 2010 Podemos obtuvo cuatro escaños en el Parlamento. Molina y Gutiérrez no repitieron como parlamentarios.
El trabajo periodístico de revisión de los cables de WikiLeaks sobre Venezuela, fue hecho entre SEMANA y el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Su publicación, se hace de forma simultánea en Semana.com y en Arman-do.info
25 de junio de 2011
24 de junio de 2011
©semana

dos soldados amigos del che


Entrevista con Harry Villegas y Víctor Dreke que pelearon con Guevara en Bolivia y en el Congo. Ambos estuvieron en Rosario esta semana en el marco del Coloquio Che 83, organizado por la Universidad Nacional de Rosario y el Centro de Estudios Che Guevara. Hablar con ellos es recorrer los últimos 50 años de historia.
[Coco López] "Cuando supe que el Che había muerto lloré". El General Harry Villegas, Héroe Nacional de Cuba, más conocido como Pombo, veterano de tres guerrillas, no tiene pudor en confesar su llanto cuando supo que había muerto su jefe y amigo. Horas antes, en el programa Bien Temprano de Canal 5, me sorprendió su rápida respuesta cuando le pregunté cómo había salido de Bolivia: "Peleando. Nosotros éramos seis, tres cubanos y tres bolivianos. Enfrente teníamos a cuatro mil soldados". Pombo estuvo en Rosario para participar en el Coloquio Che 83, organizado por la Universidad Nacional de Rosario y el Centro de Estudios Che Guevara. Lo acompañó en su viaje desde Cuba, el Comandante Víctor Dreke, segundo jefe del contingente cubano en la guerrilla del Congo. Cuando asesinaron al Che, Dreke estaba en Guinea Bissau junto a Amílcar Cabral, luchando por la independencia del país, entonces ocupado por el gobierno de Lisboa. Quedaron consternados por la muerte de Guevara y en su homenaje prometieron intensificar las batallas por la liberación de la colonia portuguesa. Prometieron y cumplieron.
Dialogar con ellos es pasar revista a los últimos cincuenta años de la política latinoamericana y mundial. Pombo es seguramente la fuente más importante para indagar cuestiones militares que atañen al Che. Lo acompañó en tres guerrillas: Sierra Maestra, Congo y Bolivia. A los 14 años subió a la montaña para luchar contra Batista. Cuando llegó triunfante a La Habana integrando la columna del Che, era el jefe de su escolta.
Víctor Dreke, vio al Che por primera vez en la sierra de Escambray, cuando le revisó una herida de bala en el hombro y le pronosticó un pronto restablecimiento. En Africa, años después, lucharían juntos.
"Definitivamente no estoy de acuerdo con la valoración que hace el Che". Dreke no dudó, cuando le pregunté si la lucha en el Congo fue un fracaso, como dice el Che en su diario. Me adelantó que está trabajando sobre la misión internacionalista de los cubanos en Africa. "Quiero dejarte bien en claro que el Che no fue al Congo a esconderse. El que se esconde no pelea y una de nuestras discusiones constantes, era que él, como jefe, no debía exponerse tanto en los combates".
Pombo es un buen conversador, que se destaca por el carácter analítico y la profundidad de sus conceptos. Siempre recuerda que su Jefe decía que el guerrillero no es solamente un tira tiros. Cree que es una tontería decir que el Che buscaba la muerte y está convencido que pudo salvarse, si hubiese privilegiado su situación personal, sin tener en cuenta en primer lugar a los compañeros heridos, a los enfermos y a los combatientes de otros países latinoamericanos.
Cuando le pregunto si en Bolivia era posible un rescate del Che con tropas enviadas desde Cuba, me mira extrañado y subraya que ese planteo es posible, sólo si se ignora la situación real en que combatía la guerrilla boliviana.
Pombo y Dreke coinciden que el Che ejercía su liderazgo con el ejemplo. Nunca pedía a un subalterno, nada de lo que él no estaba dispuesto hacer. No terminan allí las coincidencias. Ambos valoran altamente la consigna de crear dos, tres Vietnam, para enfrentar al imperialismo, que el Che lanzó en 1967.
Pombo, cree que la guerrilla boliviana fue el Moncada de Latinoamérica y está convencido que el objetivo final del Che, era luchar en la Argentina. "Pero hay algo más. Cuando hablas de lucha de liberación continental, hablas de la Revolución Cubana, del Che y de Fidel".
Pombo llegó por primera vez a Rosario en 1996 para presentar su libro ‘Pombo, un hombre en la guerrilla del Che’. En esa oportunidad, lo apabullaron con preguntas sobre las simpatías futbolísticas del Che. Estaba más cómodo respondiendo sobre la guerrilla. En presencia de Perico Pérez, un conocido fana canalla, Pombo me confesó que el Che nunca le había hablado de fútbol.
Hubo después varios viajes. En 2008, se impactó con el recibimiento popular a la estatua del Che, un acontecimiento que compartimos a la orilla del Paraná. Allí, por primera vez, sintió que los rosarinos habían hecho suyo al Che.
Fueron tres días de conversaciones. Nos dimos tiempo para hablar del argentino Ciro Bustos y de Regis Debray. Pombo cree que Bustos escribió ‘El Che quiere verte’ para justificarse y que Debray, no fue todo lo justo con el Che, como el Che lo había sido con él, cuando reconoció que el francés había hablado demasiado pero subrayaba "hay que ver en que condiciones habló".
Para Dreke, fue su primera visita a Rosario. El día de su partida conoció la casa natal del Che. De una jovialidad envidiable, dueños de una historia digna de escuchar, Pombo y Dreke, fueron distinguidos con un diploma en el Concejo Municipal. Se fueron de Rosario a Alta Gracia, otra de las ciudades en la ruta del Che. Allí los esperan con más preguntas sobre este rosarino ilustre, que el 14 de junio, hubiese cumplido 83 años. Ese rosarino llamado Che, que como dice Eduardo Galeano, tiene esta peligrosa costumbre de seguir naciendo.
20 de junio de 2011
19 de junio de 2011
©rosario 12

secretos de la dictadura brasileña


Los archivos de la dictadura brasileña ocultan la extensión de su participación en el Plan Cóndor. Los documentos reservados aportan claros indicios de que Brasil fue una parte nada secundaria de la red de secuestros y asesinatos tejida por los generales sudamericanos. Sarney y Collor hicieron crujir a la alianza gobernante.
[Darío Pignotti] Brasilia, Brasil. Ataquen a Dilma. Desde el inicio de su carrera hacia la presidencia, un año y medio atrás, Dilma Rousseff fue objeto de al menos tres embestidas para disuadirla de echar luz sobre los crímenes de la dictadura, la última de ellas la semana pasada.
Declaraciones de un senador y una militante de derechos humanos así como documentos secretos a los que tuvo acceso Página/12 indican que detrás de toda la alharaca desplegada para impedir la apertura de los archivos de la dictadura hay un objetivo inconfesable: ocultar la participación brasileña en el Plan Cóndor, más prolongada y comprometedora de lo que se sospecha.
En 2010, militares en retiro bramaron ante el "riesgo" que representaba para la Nación la llegada de una ex guerrillera al Palacio del Planalto; este año un general en actividad, y con rango de ministro, formuló comentarios antipáticos a cualquier averiguación sobre el pasado, presión a la que se sumaron la semana pasada dos ex presidentes civiles, ambos con simpatías cuarteleras.
José Sarney y Fernando Collor de Mello hicieron crujir la por momentos frágil alianza gobernante, en la que ellos ocupan el ala conservadora, al proponer que se sancione el secreto interno de los documentos del régimen y de otros gobiernos del pasado, exactamente en los antípodas del compromiso de trabajar por la verdad asumido por Dilma en su discurso de toma de posesión el primero de enero pasado.
Saber quién mató y torturó a disidentes de la dictadura es inconveniente pues "abrirá heridas" del pasado, dejando al país expuesto a escándalos equiparables a los causados por Wikileaks a los organismos de defensa y diplomáticos de Estados Unidos, sermoneó con voz tambaleante el octogenario Sarney.
Ventilar las historias desconocidas del régimen sería una amenaza a los altos intereses del Estado, comunicó en estilo solemne Collor de Mello, recordado por su efímero paso por el Palacio del Planalto, en el cual permaneció menos de 3 años debiendo renunciar en 1992, minutos antes de que el Congreso le abriera un juicio político por corrupción.
Dilma acusó el impacto de la estocada de Sarney y Collor, refrendada por su vicepresidente Michel Temer, tan derechista como aquéllos, e hizo saber que, en aras de la gobernabilidad iba a declinar abrir los archivos militares.
Pero luego de un par de días de vacilaciones, y sendos tirones de orejas de su compañero Luiz Inácio Lula da Silva y del Partido de los Trabajadores, la presidenta se rehizo y el viernes prometió que "en materia de derechos humanos no existe ningún documento ultra secreto" cegado a la requisa pública.
No hay una sino varias razones que explican tamaña presión para mantener lejos del ojo público los entretelones del poder de facto.
Los periódicos Estado y Folha, basados en fuentes diplomáticas y de Defensa, publicaron ayer que en los papeles hasta hoy ocultos se detallan proyectos nucleares cuya divulgación podrían resentir la relación con Argentina, así como datos sobre los sobornos pagados a la dictadura paraguaya para construir Itaipú.
Este diario consultó sobre el sacudón político de la semana pasada al senador Cristovam Buarque y Janaina Teles, de la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos. "No estoy en condiciones de afirmar todas las razones de Sarney y Collor para presionar tan fuerte como lo hicieron, pero uno sabe que ellos son sensibles ante un lobby histórico de las fuerzas armadas e Itamaraty (Cancillería) contra varios temas y el Plan Cóndor es algo que incomoda a mucha gente", responde Buarque.
"Hay mil motivos para tanta coacción contra la presidenta Dilma, pero es obvio que también quieren esconder la gravísima participación de Brasil en el Cóndor, los militares están por detrás de las presiones de Sarney, él siempre fue servil con las fuerzas armadas; ya en 1975 pronunció un discurso amenazante, diciendo que nadie tenía derecho a investigarlas", reseñó Janaina Teles.
Cientos de documentos rotulados como "secretos", "confidenciales" y "reservados", que fueron analizados por este diario refuerzan las afirmaciones del senador Buarque y la historiadora Teles. Tres de esos papeles, fechados el 3 de abril de 1978, el 5 de abril de 1973 y el 17 de junio 1971, aportan claros indicios de que Brasil fue una parte nada secundaria de la red de secuestros y asesinatos tejida por los generales sudamericanos.
El primero de esos papeles reporta el seguimiento de un grupo de miembros de la organización Montoneros que se reuniría en el interior brasileño para retornar a Argentina durante el Mundial de 1978. Se desprende de otros informes que los servicios secretos brasileños montaron un dispositivo especial para impedir el regreso guerrillero.
El segundo papel, rotulado como "secreto", demuestra el posible seguimiento realizado por los agentes brasileños, acaso abastecidos por informaciones de los servicios argentinos, de altos dirigentes políticos brasileños en Argentina y Europa, y las negociaciones que éstos mantuvieron con el general Juan Perón antes de su radicación definitiva en Buenos Aires.
El tercero, también clasificado como "secreto", fue reportado el 17 de junio de 1971 y es el más revelador de los tres documentos: describe minuciosamente el secuestro en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en un operativo con agentes de ambos países, del guerrillero brasileño Edmur Pericles Camargo, procedente de Chile. El informe fue elaborado por el agregado militar en Buenos Aires y lleva impreso el sello de la "Embajada de Brasil".
"El Cóndor brasileño trabajaba desde mucho antes de 1975, cuando se oficializó el Cóndor regional en Chile (sumando a los servicios de Argentina, Uruguay y Paraguay), estaba organizado y contó con un esquema muy profesional de diplomáticos/espías pertenecientes a la Cancillería, donde se creó especialmente para estos fines el CIEX (Centro de Informaciones en el Exterior)", explica Janaina Teles.
"Muchos militantes que habían sido detectados por los diplomáticos del CIEX estando prófugos en Argentina, Chile o Uruguay, luego fueron secuestrados y asesinados por la dictadura."
Ese modus operandi, que articularon diplomáticos y servicios de inteligencia, posiblemente fue aplicado en uno de los casos más enigmáticos que hasta hoy no fue esclarecido en la trama terrorista trazada entre Brasil y Argentina.
El cordobés Antonio Pregoni, el francés Jean Henri Raya Ribard y el brasileño Caipy Alves de Castro dejaron Buenos Aires a mediados de noviembre de 1973 y el 24 de ese mes los tres desaparecieron en el barrio carioca de Copacabana, según el informe elaborado por Teles, investigadora de la Universidad de San Pablo.
"Estas desapariciones de Río de Janeiro son como la punta de un ovillo represivo que será muy difícil reconstruir si no tenemos acceso a los archivos que siguen ocultos. Brasil está a contramano de la historia, es el país más atrasado en la lucha por la verdad y la justicia", pondera Teles.
Para ella y las organizaciones de derechos humanos "Dilma simboliza una esperanza", tal vez la última de que Brasil acabe con la amnesia.
20 de junio de 2011
19 de junio de 2011
©página
 

archivos de dictadura seguirán secretos


Dilma no abrirá los archivos de la dictadura. Impunidad seguirá campeando en Brasil.
Brasil. Contrario a lo que había propuesto en su campaña, la presidenta de Brasil desistió de autorizar, por el momento, la apertura de documentación secreta sobre casos de represión y torturas durante el último gobierno de facto en ese país. La decisión fue tomada tras las críticas que había recibido por parte de sectores de la alianza que acompaña en el gobierno al PT.
La mandataria había respaldado un proyecto de ley que proponía liberar papeles secretos después de 50 años, pero aceptó revisar su posición tras los cuestionamientos del ex mandatario José Sarney, aliado del gobierno. "Los documentos son parte de nuestra historia diplomática, no podemos abrir esos documentos, sino vamos a abrir heridas", había dicho Sarney, presidente del Senado y uno de los principales referentes del aliado Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Otros dirigentes oficialistas, como Marco Maia, presidente de la Cámara de Diputados, discrepan con el ocultamiento de esa documentación. "La sociedad tiene derecho a conocer la historia, cuando mejor divulgada mejor, no veo ningún problema en ir liberando (documentos), no veo ningún problema", sostuvo.
Así y todo, la decisión de Dilma fue tomada y su flamante ministra de Relaciones Institucionales, Ideli Salvati, puesta en funciones ayer, fue la encargada de anunciarlo, según consignó el diario Folha de San Pablo.
15 de junio de 2011
14 de junio de 2011
©página 12

entrevista con diputado gutiérrez


Hugo Gutiérrez, diputado del PC chileno y abogado de derechos humanos. El político chileno plantea la importancia de la coordinación de las acciones de derechos humanos a nivel regional para cruzar información sobre la Operación Cóndor organizada por las dictaduras militares.
[Luciana Bertoia] ¿Con qué objetivo visitó Buenos Aires?
–Junto con trabajadores de los derechos humanos estamos avanzando en una coordinación entre los que sufrieron la Operación Cóndor. La originalidad de este proceso de confluencia es que se piensa sistemático, permanente y organizado. Yo tengo la impresión de que esta coordinación, de manera tácita, ha funcionado. Por ejemplo, en todo el trabajo conjunto que hubo en los juicios de Madrid, que permitieron el juzgamiento de represores argentinos y chilenos, y el principal fue nada menos que Augusto Pinochet Ugarte.

¿Por ejemplo?
Yo creo que la brillantez que tuvieron los argentinos, con el abogado Carlos Slepoy a la cabeza, con los juicios de Madrid, fue impresionante. Los juicios de Madrid son un proceso por la dictadura argentina, que nosotros logramos instalarlo con cierto oportunismo con el tema de la Operación Cóndor. En realidad, no fue por la causa iniciada por los chilenos que fue capturado Augusto Pinochet, sino por el proceso abierto por los argentinos. Yo creo que la solidaridad judicial que ha habido entre Chile y la Argentina ha permitido que Chile tuviera un proceso interesante de ruptura de la impunidad, pero no se abrieron las puertas de esto hasta que se detuvo a Pinochet. Lo demás eran gotitas. Nosotros tuvimos un símil al Juicio de las Juntas, que fue el juicio a la DINA que mató a Orlando Letelier (N. de R: embajador de Salvador Allende en Estados Unidos). Fue nuestro show, transmitido por todos lados. Después esto se cerró hasta el año ‘98, cuando se rompe con la detención de Pinochet.

¿Cuáles fueron los efectos concretos que tuvieron esos procesos en España hacia el interior de Chile?
Esos juicios permitieron la apertura de la Justicia en Chile, como ocurre el día de hoy con unos 1300 juicios que hay allí en contra de violadores de los derechos humanos y cerca de 700 represores que están siendo enjuiciados, más de 70 ya en prisión. Son números importantes que demuestran la coordinación que hemos tenido. Claro, esa coordinación no ha sido sistemática ni cotidiana, pero sí concurrente entre los trabajadores por los derechos humanos de Argentina y de Chile.

¿En qué innovaría esa coordinación hoy por hoy?
Pero yo creo que lo novedoso es que hoy en día somos ciudadanos que tenemos poder estatal, es decir que somos diputados de la República, y que podemos ser parte de esta coordinación. Ya no somos estos "marginales" que hacen la política desde la puerta del Parlamento. Hoy en día, estamos instalados en el Parlamento, tenemos cierto poder e influencia y queremos utilizarlos para crear condiciones reales de coordinación entre los distintos grupos sociales que se puedan entrelazar para hacer justicia en nuestros países. Yo creo que la Operación Cóndor puede resultar una muy buena excusa para reunirnos, dialogar y traspasarnos experiencias. Pero también estos encuentros nos tienen que servir para estar atentos y que la Operación Cóndor no vuelva a pasar nunca más. Tenemos la sabiduría incorporada dramáticamente en nuestros genes para saber cuándo se avecina una nueva coordinación de la muerte, como fue la Operación Cóndor, y si no la usamos, estaremos fallando a nuestro deber de evitar que nuestro pueblo sea víctima nuevamente, el día de mañana, de un genocidio.

¿Cuál es la importancia de juzgar la Operación Cóndor como tal, como una coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur y los Estados Unidos?
Por una de esas curiosidades de la vida, yo presenté el 11 de septiembre de 2001 la querella en Chile. Me acuerdo que la estaba presentando con el fallecido diputado Juan Bustos y justo me avisan que se estaban cayendo las Torres Gemelas. Esa querella estaba direccionada en contra de Henry Kissinger y era la primera vez que se lo trataba como el imputado de un delito, como el autor mediato de toda la Operación Cóndor. Nosotros lo responsabilizábamos de crímenes contra la paz. Logramos que saliera una petición de interrogatorio desde los tribunales chilenos al Departamento de Estado norteamericano, pero que hasta el día de hoy nunca tuvimos respuesta porque Estados Unidos ampara a Kissinger. Justamente, unos días atrás, me preguntaban mi opinión sobre la muerte de Osama bin Laden y respondí que el presidente estadounidense dio la orden de ir a matarlo por los crímenes que había cometido y con eso lo que estaba justificando es que el día de mañana un presidente chileno diera la orden de ir a matar a Kissinger porque hizo lo mismo que Bin Laden en Latinoamérica. Si vamos a justificar el ojo por ojo, nosotros todavía tenemos mucha sangre en el ojo por los crímenes que cometió Kissinger.

¿Por qué usaron la figura de crímenes contra la paz?
Lo que hicieron la Operación Cóndor y los golpes de Estado en América latina fue interrumpir procesos populares democráticos por una decisión norteamericana, y allí se atentó contra la paz. Los crímenes de guerra son con posterioridad a los golpes. Este tipo penal lo utilizamos nuevamente cuando nos querellamos por el caso de Salvador Allende y que es una de las figuras que surgen después de los tribunales de Nurenberg.

¿Cree que el no haber sido parte de los juicios de Madrid influye para que Uruguay siga teniendo problemas a la hora de juzgar a los represores?
Yo creo que Uruguay es un poquito más lerdo, va un paso más atrás. Aceptó con mucha propiedad ese veredicto popular que convalidó la Ley de Caducidad, a diferencia de los argentinos y de nosotros. En Chile, veníamos con la amnistía de la dictadura. En Argentina, tenían la amnistía que les diseñaron Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Uruguay está en el medio porque fue el pueblo el que la aprobó. Ahí tenemos las tres variantes, pero la chilena es la más claramente ilegítima.

¿Qué pasa con la amnistía en Chile?
Sin haber derogado esa ley, hoy en día no se aplica, lo que es muy interesante. Nosotros hemos batallado contra toda una institucionalidad, que luego de la dictadura no ha cambiado nada. La construcción política que diseñó Pinochet es la misma que está hoy vigente en Chile: el modelo económico, los jueces, los tribunales militares, que se terminaron el año pasado.

¿A qué cree que se debe la insistencia del gobierno de Sebastián Piñera para poner en el debate la posibilidad de indultar a los represores condenados?
Estamos en un gobierno de derecha y este gobierno, sin duda, tiene un compromiso con todos aquellos que "salvaron al país del cáncer marxista". Como dijo Salvador Allende en su último discurso en La Moneda, esta derecha gobernante recuperó con mano ajena, con las fuerzas armadas chilenas, el control del Estado. En consecuencia, yo creo que hay una "deuda" que este gobierno de derecha tiene que pagar con los "salvadores de la patria", que hoy en día están encarcelados por violar los derechos humanos. Por eso, todo lo que vemos en cuanto a indultos, libertades condicionales, restricciones de los plazos de investigación de la Justicia son una concesión de favores a esos con los que comulga.

Pero el año pasado, una encuesta mostró que la población estaba mayoritariamente en contra de indultar a los represores y Piñera dio marcha atrás. ¿Eso no muestra que está tratando de evitar el costo político?
Yo creo que si hay algo que está impidiendo que Piñera indulte a los violadores de derechos humanos en Chile es justamente una opinión pública que es renuente a que eso ocurra. Pero si hubiese una encuesta que dijese que no se ve mal indultarlos, Piñera lo haría.

Los procesos abiertos por el juez Baltasar Garzón fueron un puntapié para que chilenos y argentinos empezaran a llevar a los criminales ante la Justicia. ¿Cómo percibe el proceso que tiene que afrontar actualmente ese mismo magistrado cuando pretende investigar los propios crímenes del franquismo?
El auto de apertura del juicio contra el franquismo dictado por Garzón es un enjuiciamiento de la transición democrática española y de la institucionalidad vigente. En ese instrumento jurídico, Garzón señala de manera clara y en varias oportunidades que la institucionalidad existente en España es producto de un acto criminal. Es decir, surge de un terrorismo y de un acto de insubordinación de las fuerzas armadas. Es una institucionalidad que nace de la fuerza más violenta y descarada contra el pueblo español. Garzón se encarga de demostrarlo y señala los casos de mujeres embarazadas privadas de la libertad que eran fusiladas después de tener a sus hijos; de la unidad que crearon para ir a traer e introducir en orfelinatos a los niños, hijos de republicanos, que habían huido a Francia. La persecución que se direcciona en contra de Garzón es producto de haber evidenciado una verdad que todos ocultan o niegan en España. Además, él enjuicia la transición cuando desvirtúa la aplicación de la Ley de Amnistía, aludiendo a la doctrina de derechos humanos, aunque sea una norma que surgió cuando Francisco Franco estaba muerto. La transición española está basada en una ley de amnistía. Es tan fuerte la crítica que hace Garzón, que provocó una sobrerreacción del Estado español, que hizo que le inventaran todos estos juicios por prevaricato. La idea era enlodarlo para que lo que estaba diciendo en su auto de apertura no tuviese influencia en la gente. Pero la verdad está dicha en ese auto y el día de mañana, ése va a ser considerado como un documento histórico y vital en lo que se refiere a la historia reciente en España.

¿No es paradójico que grandes sectores sociales españoles hayan apoyado los juicios a los represores latinoamericanos pero no estén interesados en llevar a los represores franquistas al banquillo de los acusados?
Yo todavía no dejo de repudiar la postura que tuvieron los partidos populares en España. Sigo sin entender cómo los partidos de izquierda, entre ellos el Partido Comunista Español (PCE), juraron lealtad a la monarquía. La otra cosa es que hayan sido parte de los acuerdos de La Moncloa y hayan aceptado la amnistía. Son cosas que son intolerables.

¿Cómo se construyó memoria de lo que significó la dictadura en Chile?
Siento que en mi país, la historia alternativa o no oficial ha sido muy potente. No logró instalarse una verdad sobre el poder. Nosotros hemos instalado una historia no oficial, que es un gran logro en Chile. No obstante, la transición democrática en los términos en que se hizo fue llevada a cabo con mucha cobardía política. Yo creo que si algo hay que repudiarles a las autoridades que redireccionaron la transición política chilena es que fueron abiertamente unos cobardes, que no quisieron enfrentar a las fuerzas armadas sino que, por el contrario, respetaron toda la institucionalidad dejada por Pinochet y que fueron incapaces de cambiarla por dentro, como ellos querían hacerlo. Es por eso que hasta el día de hoy tenemos la Constitución, el modelo económico, una doctrina de seguridad pública y la cultura represiva diseñados por Pinochet. En lo único que logramos romper los esquemas fue en la mantención de la impunidad que había dejado Pinochet y que, por supuesto, la clase política instalada durante la transición también estaba dispuesta a respetarle. Pero fueron las organizaciones sociales y los partidos populares los que lograron romper con eso.

¿Sólo por cobardía entiende que se mantuvieron las estructuras?
Muchos integrantes de la clase política que gobernó hasta hace un año atrás la transición están cooptados por el modelo neoliberal, y eso lo puedo ver día a día en el Parlamento. ¿Por qué no se puede construir oposición en Chile? Porque los partidos de la Concertación nunca tuvieron un proyecto político contrario a la dictadura, su proyecto político siempre fue subalterno a las políticas públicas diseñadas por la dictadura. Entonces, la pregunta es cómo pueden ser ellos oposición a algo que ellos mismos administraron.

¿Un ejemplo de ello sería la Ley Antiterrorista, un legado de la dictadura pinochetista que se mantuvo durante los años de gobierno de la Concertación?
Efectivamente, la Ley Antiterrorista es una ley de Pinochet, pero quien la hizo más perjudicial para las fuerzas sociales y políticas fue la Concertación. Porque agregó tipos penales como los incendios. Durante la presidencia de Ricardo Lagos, hubo una modificación que permite que el Ministerio Público por sí solo califique tus hechos como terroristas y te aplique toda la legislación antiterrorista, sin tener que mediar un juez. Ahora vamos a presentar un proyecto para que vuelvan a ser los tribunales de garantías los que señalen si una conducta es o no conducta terrorista.

¿Qué involucra su aplicación?
Significa aumentar los plazos de detención extrajudicial, los plazos de incomunicación, que pueden aplicarse los testigos sin rostro, es decir, los que declaran en estas causas que son anónimos desde que se presentan hasta después. La legislación antiterrorista fue agravada por los gobiernos de la Concertación y que hoy la utiliza muy bien el gobierno de derecha.

¿Qué opina de la reapertura del caso por el asesinato del senador pinochetista Jaime Guzmán y el consecuente reclamo a la Argentina de que extradite a Galvarino Apablaza?
Yo creo que lo que ha pasado con el caso Guzmán es una evidencia de la necesidad que tiene la derecha de construirse una agenda de derechos humanos, que se pueda oponer a la agenda de derechos humanos que tenían los gobiernos de la Concertación, que –con todas las críticas que uno les puede hacer– tuvieron la deferencia de no instar por la impunidad. Ese es el gran logro que tuvo la Concertación en sus 20 años de gobierno. La derecha igual tiene necesidad de instalar una agenda de derechos humanos y no sólo involucra el caso Guzmán sino también el caso Manuel Olate, el caso "Bombas" (que es un caso contra los anarquistas), el caso del paquistaní que detuvieron supuestamente entrando con explosivos a la embajada norteamericana, el caso de los mapuches. Con todos esos temas, le salió el tiro por la culata.

En el juicio por la extradición de Olate a Colombia por supuestos nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lo involucraron a usted también. ¿Cómo responde a esa acusación?
Trajeron a un agente antisubversivo colombiano a declarar y él determinó una cadena de mandos al interior de esta estructura terrorista y por supuesto me pone dentro de ella. Me han acusado de tantas cosas que una más... (bromea). Yo creo que lo que busca Colombia es internacionalizar la lucha contra las FARC y básicamente involucrar a todos los países latinoamericanos para quitarles cualquier tipo de apoyo. Nosotros, como Partido Comunista Chileno (PCCh), seguimos reivindicando nuestro derecho a solidarizarnos con todas las organizaciones que luchan por la justicia social y reivindicamos lo que ha hecho Olate, que no fue nada ilegal. Nosotros somos partidarios de un entendimiento en Colombia, que el Estado inicie el diálogo con las FARC para encontrar una solución a un proceso larguísimo de violencia que nosotros también queremos que termine.

¿Cómo tomó la noticia del asesinato del ex agente Enrique Arancibia Clavel, ocurrido días atrás en Buenos Aires?
Fue una noticia que impactó. Porque creo que haber condenado a Arancibia Clavel por la Justicia argentina y después haber permitido un juicio en Chile sobre el asesinato del general Carlos Prats y su señora rompió un mito: el que decía que los crímenes cometidos por la dictadura eran excesos y que no había una institución comprometida con las violaciones a los derechos humanos, es decir que las fuerzas armadas –fundamentalmente el ejército– estaban ajenas a esos crímenes. Con el asesinato del general Prats lo que se demuestra es el compromiso de la dictadura encabezada por Pinochet y del ejército, que se atrevió a nada más y nada menos matar a un comandante en jefe de esa fuerza. Yo creo que fue muy determinante que en estos juicios, tanto en Argentina como en Chile, el primer condenado haya sido Arancibia Clavel.

¿Qué expectativas tiene con la exhumación del cuerpo de Allende?
Unos meses atrás estuve hablando con Joan Garcés (N. de R.: Jurista, fue asesor del presidente socialista) y me decía: "Si a un vecino cualquiera se lo encuentra muerto en una ciudad cualquiera de Chile, su muerte se va a investigar en un proceso penal. ¿Por qué en el caso de Salvador Allende, él no ha tenido proceso penal? Después llegué a Chile y justamente una de las motivaciones que llevé de vuelta era que el tema de Salvador Allende no podía quedar en la penumbra. Yo creo que se están llevando a cabo investigaciones que pueden ser relevantes. De hecho, el próximo 23 será la autopsia.

¿Y qué opina de la apertura de la causa por el asesinato del presidente Eduardo Frei Montalva?
Fue el primer presidente de la República que ha sido asesinado en Chile. Al margen de que se logre acreditar quién ha sido su autor, lo grave es que la dictadura no tembló ante nada, que incluso le cortó la vida a un ex mandatario. Esas son las dimensiones que tuvo la dictadura en mi país, que llegó a matar a un ex presidente, también salió fuera de las fronteras a matar gente. Fue una dictadura con gran vocación internacionalista.
13 de junio de 2011
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uruguay debe juzgar crímenes de dictadura


Uruguay debe juzgar los abusos de la dictadura. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.
Washington, D.C., Estados Unidos. Uruguay debe juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, cometidas durante la dictadura militar, señaló hoy Human Rights Watch.
El 6 de mayo de 2011, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay determinó que no podía imputársele el delito de desaparición forzada a dos militares por hechos ocurridos durante la dictadura en Uruguay (1973-1985), debido a que el delito recién había sido incorporado al derecho interno uruguayo en 2006, mucho tiempo después de que se produjeron los supuestos crímenes. Los dos militares fueron condenados a 25 años de prisión por el "homicidio muy especialmente agravado" de 28 personas. El 31 de mayo, la Corte rechazó un recurso de aclaratoria sobre el alcance de su sentencia del 6 de mayo.
"Uruguay debe adoptar medidas inmediatas para juzgar a quienes han perpetrado desapariciones forzadas, independientemente de que el delito existiera formalmente como tal en el derecho uruguayo a fines de la década de 1970", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Las víctimas y sus familiares ya han esperado demasiado tiempo para obtener justicia".
La Suprema Corte sostuvo que debido al "principio de legalidad" -que prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes penales en perjuicio del acusado-, la ley de 2006 que incluye el delito de desaparición forzada en el derecho interno no resulta aplicable a casos de la dictadura. Si los abusos cometidos durante ese período se consideran delitos comunes (en vez de delitos de lesa humanidad), la prescripción resultaría aplicable a estos casos.
Esta cuestión fue analizada por la Corte Interamericana de Derecho Humanos en febrero de 2011. En un caso contra Uruguay, la Corte determinó que los casos de presuntas desapariciones forzadas debían ser investigados como tales. Según la Corte, dado que las desapariciones forzadas son delitos permanentes, encuadrar estos casos en la ley de 2006 no constituye una aplicación retroactiva del derecho penal. La Corte también exhortó a Uruguay a que no aplicara las normas sobre prescripción ni "cualquier excluyente similar de responsabilidad" penal y a que "las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo".
Como parte en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por Uruguay en 2009, el país también tiene obligaciones específicas de asegurar que, siempre que se produzca un delito, este sea investigado y juzgado de manera efectiva, y la víctima cuente con un recurso adecuado. Al ratificar el tratado, Uruguay no presentó ninguna reserva relativa a la aplicación de la Convención a casos de desapariciones permanentes que no hayan sido resueltos.
Asimismo, la prohibición de la aplicación retroactiva de las leyes penales no tiene por objeto evitar el castigo de actos que ya eran reconocidos como delitos por el derecho internacional al momento de su comisión, señaló Human Rights Watch. El artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que Uruguay ratificó en 1970, dispone específicamente que "[n]ada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional".
El delito de desaparición forzada ha sido reconocido como tal por el derecho internacional al menos desde principios de la década de 1980, y aun desde antes sus elementos constitutivos eran reconocidos universalmente como violaciones del derecho internacional:

    * El proceso de codificación de la prohibición de la desaparición forzada en los instrumentos internacionales de derechos humanos comenzó con una resolución de la Asamblea General de 1978, que reconoce que las desapariciones involuntarias o forzadas constituyen violaciones de las protecciones ya existentes respecto del derecho a la vida, a no sufrir torturas y a no ser objeto de detención o prisión arbitrarias.
    * Como resultado de la resolución de la Asamblea General de 1978, en febrero de 1980 se creó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Más tarde, durante la década de 1980, los Estados, a nivel regional y en la ONU, pusieron en marcha negociaciones con el objeto de confeccionar un instrumento específico que permitiera abordar el delito de desaparición forzada. En ningún momento se objetó que las desapariciones forzadas fueran ilegales conforme al derecho internacional; sólo se discutió si era necesario contar con un instrumento que lo estableciera expresamente, dado que los actos en cuestión ya estaban prohibidos.
    * En el caso Velásquez Rodríguez, sobre una desaparición ocurrida en 1981, la Corte Interamericana aclaró el alcance del delito para el derecho internacional en ese entonces, las violaciones de derechos humanos que se habían producido y la obligación de investigar y juzgar conforme al derecho interno.
    * En diciembre de 1992, la Asamblea General adoptó la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas de Desapariciones Forzadas, donde se establece explícitamente que los actos que involucran desapariciones forzadas constituyen, de por sí, una violación grave y flagrante de las prohibiciones establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el PIDCP y la Convención contra la Tortura sobre el derecho a la vida, el derecho a la libertad y a la seguridad de las personas, el derecho a no ser objeto de torturas y el derecho a ser reconocido como persona ante la ley.
    * El delito de desaparición forzada también tiene una larga historia en el ámbito del derecho internacional, como crimen de guerra y delito de lesa humanidad. Cabe señalar que el Comité Internacional de la Cruz Roja ha incluido la prohibición de la desaparición forzada en su codificación más reciente del derecho consuetudinario, tanto para conflictos internos como internacionales.

A su vez, no debería interpretarse que la prescripción excluye el juzgamiento de delitos de lesa humanidad. En septiembre de 2001, Uruguay ratificó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que, "son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".
El 20 de mayo, la Cámara de Representantes rechazó un proyecto para derogar la ley de amnistía uruguaya de 1986 -la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado- que protege a policías y militares de la posibilidad de ser juzgados por delitos cometidos durante la dictadura militar. En dos plebiscitos realizados en 1989 y 2009, más del 50 por ciento de los votantes uruguayos se pronunció en contra de que se derogue la ley de amnistía.
"Dado que el Parlamento uruguayo ha decidido no anular la ley de amnistía, serán los fiscales y los tribunales quienes deberán asegurar que Uruguay cumpla con su obligación jurídica internacional de llevar a los responsables de estos graves abusos ante la justicia", afirmó Vivanco.
10 de junio de 2011
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honduras, el golpe perfecto


La resolución de retorno de Honduras de la OEA dejó el precedente de que los golpes de Estado sólo necesitan el cansancio que provoca el paso del tiempo, y el pragmatismo de países clave para salir airosos e incólumes.
[Patricio Zamorano] Honduras. ¿Qué pasó en la OEA esta última semana? No analicemos los hechos, a los cuales se les ha dado cobertura periodística, sino las consecuencias, y empecemos por las negativas. Al fin y al cabo éstas serán las que impactarán la vida de los hondureños. Entre las consecuencias delicadas directas del Acuerdo de Cartagena firmado el 22 de mayo, y en especial la resolución AG/RES.1(XLI-E/11) de la OEA del 1 de junio que reintegró a Honduras, se dejó un vacío significativo en el tema de los derechos humanos, lo que puede derivar en la profundización de la impunidad de los represores que han venido actuando desde el golpe de Estado de junio de 2009.
Un costo tremendo para una reintegración que debió haber sido una fiesta democrática, pues el Acuerdo de Cartagena, firmado por el propio Zelaya, no menciona ni una sola vez la palabra "juicio" aplicada a esas violaciones a los derechos humanos ni discute bajo ninguna forma la situación legal de quienes rompieron el orden constitucional. Tampoco menciona frases aconsejables que expresaran que quienes promovieron el golpe y quienes tomaron las armas del Estado para expulsar al Presidente legítimo y exiliarlo inconstitucionalmente (la Carta Magna prohíbe el exilio), deben ser expulsados a su vez del gobierno del Presidente Lobo, partiendo por el líder militar del golpe, el general Romeo Vásquez, quien fue incluso premiado al nombrarlo presidente de Hondutel, la empresa estatal de telecomunicaciones. Hay otros ex militares de alto rango también ocupando cargos en el gobierno, como por ejemplo en las áreas de aviación civil, aduanas y migración, marina mercante y en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola.
El Acuerdo de Cartagena también tuvo la omisión de no haber señalado que el ex Presidente Zelaya no volvería a Honduras si los golpistas estaban aún incrustados en el gobierno del Presidente Lobo. Nadie en la OEA ni entre quienes se apresuraron en gestionar la vuelta de Zelaya han notado que se produce una situación ad-hoc extraordinaria: mientras el Presidente constitucional pisa las calles de Tegucigalpa despojado del poder institucional que los votos le dieron, quienes lo expulsaron del poder ocupan cargos en el Ejecutivo…

Ni un Solo Arresto
En el país de Morazán aún no se ha procesado a un solo agente del Estado responsable de las centenares de violaciones a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales desde el golpe de 2009. Haber puesto el énfasis en el retorno de Zelaya, especialmente luego que las acusaciones judiciales contra el ex Presidente fueron anuladas (aunque no sobreseídas), el Acuerdo de Cartagena de Santos y Chávez generó inmediatamente las condiciones para volver a la OEA. Los derechos humanos quedaron fuera de la ecuación ese mismo minuto.
Desde hace meses quedó claro que la solución del tema hondureño no pasaría por el tema de los derechos humanos. La OEA no lo consideraba como precondición, señalando siempre que creía que podría ayudar más a los derechos humanos con Honduras dentro de la organización. Las agrupaciones defensoras de esos derechos advirtieron incansablemente que integrar a Honduras en esas condiciones daría una señal poderosa de impunidad a los represores protegidos en el gobierno.
También quedó claro en esa primera reunión Chávez-Santos-Zelaya-Lobo el 9 de abril, que la solución de la crisis no se resolvería en las calles de Tegucigalpa, sino en el triángulo Caracas-Cartagena-Bogotá.

Impunidad: Demasiado Tarde
Todas las partes que firmaron el Acuerdo de Cartagena sabían que el retorno de Zelaya en las actuales condiciones tenía el riesgo potencial de generar impunidad. Venezuela también lo sabía, pero lamentablemente su intento de reparar esa falencia a última hora fue totalmente a destiempo. Reportes de prensa señalan que el atraso de varias horas de la sesión extraordinaria de la OEA el 1 de junio que votó el reingreso de Honduras se habría debido a que el canciller venezolano Nicolás Maduro intentó que se agregara un párrafo a la resolución que diera por lo menos un impulso más institucional a la necesidad de expulsar a los golpistas del gobierno o procesarlos judicialmente. Los que estábamos en el Salón de las Américas ese histórico 1 de junio fuimos testigos del tenso y constante ir y venir de Maduro, Insulza y la canciller colombiana María Ángela Olguín entre las oficinas a uno y otro lado del espectro político y del pasillo. La negociación fue infructuosa, con Maduro dando su voto al reintegro de Honduras hablando de esas reservaciones, pero que no llegaron al papel del documento aprobado a la 1:30 pm.
Honduras vuelve con el apoyo de la OEA en medio de otro escenario paradójico: de entre todos los actores institucionales y no institucionales que rompieron la Constitución y la ley en torno al golpe de 2009, el único que ha sufrido procesamiento judicial es el propio Zelaya, el Presidente derrocado, junto a los cientos de activistas, opositores y defensores de derechos humanos que han sido arrestados y procesados por la Fiscalía Nacional. Ni un solo soldado o policía sospechoso de abusos o asesinatos extrajudiciales ha sufrido ese tratamiento.

Los Pasos Perdidos
Asimismo, el Acuerdo de Cartagena y la resolución de retorno de Honduras de la OEA dejaron el precedente de que los golpes de Estado sólo necesitan el cansancio que provoca el paso del tiempo, y el pragmatismo de países clave de uno u otro lado del espectro ideológico, para al final de una historia de un par de años salir airosos e incólumes.
Hubo una fuerte crisis en la izquierda venezolano-hondureña cuando Chávez se reunió sorpresivamente con Lobo el 9 de abril en suelo colombiano. Esto, más la presencia telefónica de Zelaya, rompió intempestivamente con la acción política de dos años del Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, que fue el grupo que enfrentó en la calle y bajo represión el costo de no reconocer la legitimidad de Lobo y sus instituciones. EL FNRP ratificó estos valores incluso en su Asamblea Nacional de febrero, por lo que la acción del presidente Chávez y Zelaya envió olas de enorme confusión a los cerros de Tegucigalpa. Fue tanto el desconcierto, que no pasó una semana antes de que Chávez invitara al sub-coordinador del FNRP, Juan Barahona, para reunirse con él y Zelaya para poder recuperar lo irrecuperable. El FNRP exigió ser parte de la negociación y logró que se incluyera en el Acuerdo de Cartagena su reconocimiento político. Este gesto dejó en claro que la agenda del FNRP ni siquiera fue considerada en la primera ola de negociaciones impulsada por el presidente Santos. El análisis de fuentes diplomáticas confirman esto: en el fondo, el bolivarianismo de Caracas veía el avance del zelayismo, o la resistencia dentro de Honduras en punto muerto. Querían a Zelaya dentro del país, para potenciar la lucha interna, y no a distancia, con todo el costo que implica el intentar desarrollar una estrategia de recuperación del poder desde el exilio en República Dominicana.  Zelaya debía volver, ya. Se especula que al ex presidente no se le ofrecieron más opciones, en un escenario donde el apoyo venezolano ya estaba convencido sobre la necesidad del retorno. Con la presión Venezuela-ALBA, y su influencia entre algunos de los países del caribe insular, que el bloque de aliados estadounidenses que siempre reconocieron a Lobo lograra los 21 votos para aprobar el reingreso era ya cosa prácticamente asegurada.
Asimismo, cabe preguntarse si el camino elegido por el FRNP en su Asamblea también era visto con incredulidad en Caracas: no participar en la lucha electoral, no ser partido político, no crear un frente amplio de acción política con otras fuerzas de la resistencia. Imposible no relacionar esta especulación con el discurso constante del presidente Chávez llamando, por ejemplo, a las FARC también a convertirse en partido y luchar por el cambio dentro de las reglas de la democracia electoral (por favor, no estamos comparando a las FARC con el FNRP). Chávez tiene, sin duda, muchos resultados de real avance político gracias al voto, y no resultaría extraño pensar que para el presidente venezolano aislarse de las elecciones como decidió el FNRP no permitiría nunca el desarrollo político de ese movimiento popular, ni el acceso sustentable al poder.

La Gran Paradoja
Independiente de las razones estratégicas discutidas en privado, lo cierto es que Venezuela apareció en el plano público concretando una rotación de 180 grados en el discurso mantenido férreo por más de 20 meses, donde Miraflores y el grupo ALBA, más Argentina, Brasil y otros gobiernos progresistas, no aceptaron consistentemente la legitimidad de Lobo por considerar que las elecciones que dieron origen a su Presidencia habían sido generadas bajo el gobierno de facto de Micheletti (nombrado Presidente a dedo), bajo ley marcial, con varios candidatos retirando sus candidaturas, y sin observación electoral internacional. Varios países incluso amenazaron en algunas reuniones internacionales con boicotearlas y no asistir si se invitaba a Lobo. Mantuvieron, por tanto, una posición de solidaridad política sólida con la resistencia hondureña del FNRP. Se criticó enormemente a Estados Unidos por haber evolucionado rápidamente desde repudiar el golpe, apoyar a Zelaya y quitarle las vacaciones en Miami y Houston a la elite golpista, cancelando sus visas, para luego cuadrarse con Lobo y apresurarse a señalar insistentemente cada mes que el país ya estaba en condiciones de volver, que no había impedimentos.
Por su parte, el gobierno de Lobo comenzó una lenta y desesperada campaña de reconocimiento. Pronto, Colombia, Perú, Panamá, Chile y otros países de gobiernos conservadores reanudarían vínculos diplomáticos, mientras Estados Unidos lideraba los esfuerzos para que Honduras volviera a la OEA sin considerar la solución a la grave crisis de derechos humanos en el país como pre-condición, como lo declaró oficialmente el gobierno de Obama a través de sus portavoces.
Pero en rigor, fueron los países aliados del mandatario derrocado los que terminaron ratificando la legitimidad de la Presidencia de Lobo, y en dos meses, abril y mayo, modificaron el discurso, comenzaron a llamarlo "Presidente", y destrabaron, con el beneplácito de Estados Unidos (que no tuvo que abrir la boca), el retorno de Honduras a la OEA. La elite conservadora, quienes participaron en el golpe, y quienes lo apoyaron, tampoco tuvieron que hacer absolutamente nada para que Honduras volviera a la OEA. Ninguna concesión de importancia.

La Campaña de Estados Unidos
Ahora bien, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha sido bombardeado desde el primer día, y especialmente en los últimos meses, con información detallada de cientos de casos de violaciones fragantes de derechos humanos, ha sido informado de cada golpiza, represión desmedida, secuestro, asesinato, exilio, tortura, que se ha cometido bajo el gobierno de Lobo.
Existe una amplia red de ONG y grupos de defensa de derechos humanos en Washington que ha organizado decenas de sesiones informativas con funcionarios del gobierno de Obama, que les han denunciado insistentemente que hasta ahora todas las instituciones estatales que han surgido bajo la Presidencia de Lobo para lidiar con el tema de los derechos humanos no han generado ni un solo arresto, ni una condena. Tanto la oficina presidencial de derechos humanos, como la fiscalía de derechos humanos. Ni un solo arresto. Los campesinos del Bajo Aguán han sido masacrados, existen todos los testimonios, las fotos terribles de los cuerpos acribillados, y ni un solo agente privado o del Estado ha sido condenado. Los congresistas progresistas del Capitolio le han enviado varias cartas al Departamento de Estado denunciando los abusos.
Pese a todo este cúmulo de información, la Secretaría de Estado de EE.UU. entregó una declaración de prensa donde señala, tras el voto de retorno de Honduras, que "el gobierno y el pueblo de Honduras tienen las herramientas para mejorar la gobernabilidad, fortalecer las instituciones democráticas y salvaguardar los derechos humanos". El portavoz suplente del Departamento de Estado también señaló que "creemos que Honduras ha hecho mucho progreso en los últimos meses en ubicarse a sí mismo en un sólido camino democrático".

Especulando las Razones
En este último mes, la confusión política ha reinado. Luego de una fuerte lucha de posiciones políticas antagónicas entre Venezuela y Estados Unidos, y sus respectivos aliados continentales, el voto final del 1 de junio los hermanó. Después de años de denuncia de la elite empresarial conservadora de Honduras contra el chavismo, ahora varios de sus dirigentes, incluidos importantes miembros de la familia Facussé, dan la bienvenida al apoyo venezolano y la reactivación del programa de ese gobierno, PetroCaribe. Sin duda para Venezuela tiene un gusto dulce aunque paradojal volver con la influencia del crudo de PetroCaribe al mismo país cuya elite conservadora y militar repudiaba cualquier cosa que viniera de Caracas un par de años atrás.
Otras fuentes diplomáticas consultadas señalan que también hay una relación entre el cumplimiento del compromiso del gobierno de Colombia de deportar al supuesto narcotraficante Makled a Venezuela y no a Estados Unidos, lo que explica la facilidad con que Santos convenció a Chávez de impulsar lo que sería el Acuerdo de Cartagena, y saludar a Lobo por primera vez en dos años. Makled y sus denuncias sobre el supuesto involucramiento de autoridades estatales en acciones ilegales eran una bomba sumamente compleja de desactivar, y Santos ofreció entonces una salida segura. Por supuesto, todo esto es especulación…

Nuevo Pacto Social
Sin duda, hay un fondo aún más profundo en el análisis de los últimos hechos coyunturales. El voto de la OEA puso término a la crisis de legitimidad internacional del gobierno de Porfirio Lobo, pero bajo ningún punto de vista puso fin a la crisis política y social de Honduras que se potenció aún más luego del golpe de Estado de junio de 2009. El golpe contra Zelaya es el síntoma de una carencia profunda e histórica de inclusión política y social en el país centroamericano. En el reporte "Honduras: la urgente necesidad de un nuevo pacto social" se plantea la necesaria voluntad que debe existir de todos los sectores, especialmente de parte de las elites empresariales, políticas y militares, de ceder cuotas de poder y privilegios para integrar a los sectores tradicionalmente excluidos, y a nuevos grupo emergentes. Una nueva Asamblea Constituyente que democratice a la Constitución hondureña podría ser el primer paso. El golpe de Estado de 2009 es consecuencia de esta exclusión, y Honduras no podrá escapar del fantasma de la inestabilidad mientras los actores internos y la comunidad internacional no se comprometan a generar un nuevo pacto social basado en la no violencia, en el diálogo y en la voluntad de una verdadera democratización. Honduras mantiene una alternancia constante en la presidencia entre dos partidos, el Nacional y Liberal, que extienden su poder de influencia en todas las instituciones y poderes, y sobre el uso de los fondos estatales. Los sectores populares no están representados ni en la clase política tradicional ni en el Congreso. En ese sentido, el cambio de política de Venezuela al potenciar el retorno de Zelaya a Honduras podría tener consecuencias al fin y al cabo positivas si el FNRP es capaz de institucionalizar en el plano legislativo a los sectores históricamente excluidos.
Pero lo peor del drama hondureño no es lo que pasa en las calles de Tegucigalpa, ya suficiente para haber mantenido al país suspendido de la OEA por casi dos años: la falta crónica de conocimiento en la opinión pública internacional de la cadena de hechos políticos que se han venido desarrollando desde que el ex Presidente Zelaya fuera expulsado del gobierno es, quizás, protagonista central de esta historia. Informar a la comunidad latinoamericana sobre Honduras es fundamental, pues representa un precedente histórico muy delicado para el futuro de la Carta Democrática y el militarismo intervencionista.

Ecuador, Antigolpista hasta el Final
Ahora bien, el único que mantuvo el discurso anterior de la ALBA sobre Honduras fue Ecuador, que votó en contra del retorno. En la reunión del 24 de mayo donde se fijó el 1 de junio para votar la reintegración, la representante de Ecuador en la OEA no dio el brazo a torcer luego de que varios embajadores de uno u otro bloque pidieran que ese país diera el voto para el consenso (la OEA tiene una cultura interna que siempre busca el consenso, y que evita el voto al máximo). Ecuador fijó su posición señalando que el retorno de Honduras era prematuro, que la situación de los derechos humanos es aún grave, que el país no ha llegado a las condiciones de democratización necesarias para levantar la suspensión, que los golpistas aún están en el poder.
Muchos diplomáticos decían en los pasillos de la OEA que lograrían el cambio del voto de Ecuador, que el bloque ALBA sufragaría así, en bloque, que habría decisión por consenso y unánime. Ecuador dio la gran sorpresa cuando el 1 de junio no cambió ni un ápice de las razones dejadas en el registro de la OEA para siempre. Cerrando este análisis, llega a través de los cables la noticia de que el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, no asistirá a la Asamblea General de la OEA en El Salvador como muestra de rechazo al reintegro de Honduras en las actuales condiciones de impunidad del golpismo y la crisis de derechos humanos. Seguramente pesó en todas estas decisiones históricas el cuasi-golpe que sufrió el propio Ecuador durante 2010. Razón suficiente para no concordar con un voto que dejaba al golpismo hondureño prácticamente ileso. Un golpe que se organizó con eficiencia, expulsó a un presidente legítimamente elegido, en pijamas y a fuerza de fusiles. Un golpe cuyos organizadores dirigen ahora la empresa estatal de comunicaciones (general Vásquez) o gozan de la calidad de diputado vitalicio (Micheletti). Un golpe que, pese a provocar la expulsión de su país de la Organización de Estados Americanos vuelve triunfante a ver el reintegro sin pisar la cárcel ni la condena internacional. Un golpe modelo. Un golpe perfecto.

Informe ‘Honduras: la urgente necesidad de un nuevo pacto social’.

9 de junio de 2011
8 de junio de 2011
©la nación