en uruguay campea la impunidad
La Corte de Uruguay ratificó que los crímenes de la dictadura fueron "delitos comunes".
Uruguay. La Suprema Corte de Justicia ratificó por mayoría que las violaciones a los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar no son crímenes de lesa humanidad, por lo que prescribirán el 1 de noviembre próximo. El fallo considera que en 1976, fecha del delito juzgado, no existía la figura de la desaparición forzada, creada por ley en octubre de 2006, por lo cual no se puede imputar ese ilícito a hechos ocurridos en aquel entonces.
El pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) es respuesta a un pedido de aclaración presentado por la fiscal Mirtha Guianze, a raíz de una primera sentencia emitida por la SCJ, que condenó a los militares José Gavazzo y Ricardo Arab a 25 años de prisión como responsables de 28 "homicidios muy especialmente agravados". Esa sentencia descartaba la imputación solicitada por Guianze, quien había acusado a Gavazzo y a Arab de delitos de "desaparición forzada", considerados de lesa humanidad.
El fallo explica que al momento de los hechos, 1976, no existía el delito de desaparición forzada, creado por ley en octubre de 2006, por lo cual no puede imputarse ese ilícito. De acuerdo con este dictamen, los crímenes de la dictadura (1973-85) son ilícitos comunes, por lo que prescriben el 1 de noviembre próximo, considerando todas las extensiones posibles, entre ellas que no se compute el período de la dictadura.
El Frente Amplio fracasó el 19 de mayo en la Cámara de Diputados en la aprobación de un proyecto que anulaba la Ley de Caducidad, que dio impunidad a policías y militares que violaron los derechos humanos. Ese texto incorporaba la jurisprudencia internacional en materia de crímenes de lesa humanidad y no computaba el período 1986-2011, en vigencia de la Caducidad, a efectos de postergar la prescripción de la mayoría de los casos.
La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (por la que se desiste de juzgar a asesinos y torturadores) fue aprobada en 1986 durante el primer gobierno tras la restauración democrática, y ratificada en 1989 y 2009 en sendos plebiscitos. La administración de Tabaré Vázquez (2005-2010) dio una nueva interpretación a la Caducidad, lo que permitió encarcelar al ex dictador Gregorio Álvarez (1981-1985) y a otros 16 ex militares y policías por crímenes cometidos durante el régimen.
1 de junio de 2011
31 de mayo de 2011
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Honduras. Su retorno, dijo, "significa un mensaje de esperanza y optimismo para las democracias de Latinoamérica" y servirá "para fortalecer el proceso democrático y para que los golpes de Estado nunca jamás" vuelvan a ocurrir. La vuelta del ex mandatario fue la prenda de garantía para que Honduras ingrese a la OEA.
Colombia. "Estamos muy contentos de venir aquí finalmente a sellar lo que es un documento, que nos permite a nosotros poder normalizar las relaciones de Honduras con todos los países del continente americano y volver de nuevo a la OEA", sostuvo Lobo a su llegada a Cartagena.
[Luciana Bertoia] Montevideo, Uruguay. Uruguay marchó ayer en silencio. Otro 20 de mayo con la Ley de Caducidad a cuestas. Los organismos de derechos humanos aspiraban llegar a esta fecha simbólica sin la norma que impide el juzgamiento de los represores, pero ayer fracasó el intento del Frente Amplio en la Cámara de Diputados. Miles de personas volvieron a encolumnarse detrás de una única bandera: la que pedía verdad y justicia.
[Luciana Bertoia] Montevideo, Uruguay. La impunidad sigue siendo ley en Uruguay. Después de catorce horas de debate, el Frente Amplio no logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto que dejaba sin efecto la Ley de Caducidad, lo que podría abrir una crisis en la coalición centroizquierdista después de que uno de los diputados no votara junto a su bancada. Mientras los partidos tradicionales celebran por haber ganado una nueva batalla, sectores frenteamplistas ya empezaron a pensar estrategias para eliminar la norma que desde 1986 impide que los represores sean llevados a la Justicia.
[William Grimes] Murió el lunes en un hospital militar de El Salvador el líder militar salvadoreño René Emilio Ponce, que fue acusado de ordenar la comisión de una de las atrocidades más espantosas de la guerra civil salvadoreña: el asesinato de seis sacerdotes jesuitas en 1989. Tenía 64 años.
Uruguay. En medio de abucheos de cientos de manifestantes que se acercaron hasta el Congreso uruguayo y tras 14 horas de debate, la Cámara de Diputados de ese país rechazó la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, conocida como "ley de impunidad". La votación terminó empatada en 49 votos -lo que que significa la permanencia de la legislación- ante la deserción del oficialista Víctor Semproni, que argumentó no estar de acuerdo con la salida que había elegido su partido, el gobernante Frente Amplio (FA). Así, la norma interpretativa que había sido elaborada por una comisión especial del Frente Amplio, no podrá volver a ser tratada hasta el año 2015.
Uruguay. El diputado Víctor Semproni anunció que no votará el proyecto que elimina los efectos de la ley de amnistía para militares y policías que violaron los derechos humanos. Si todos los legisladores opositores se presentan a la sesión del jueves, el oficialismo no tendrá los votos necesarios para aprobar la medida. El sábado pasado un plenario del Frente Amplio había ratificado el mandato a los diputados para dar sanción a la Ley Interpretativa, pese a la posición contraria del presidente José Mujica.