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venezuela se retiraría de la cidh


El mandatario venezolano Hugo Chávez tildó de nefasta a esta organización y resaltó que está conformada por una mafia.
Venezuela. El presidente Hugo Chávez anunció el jueves que Venezuela saldrá de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de que ese organismo denunció la intolerancia política, hostilidad frente a la oposición y la violencia contra sindicalistas, mujeres y campesinos en ese país.
Chávez dijo en conferencia de prensa que "lo que nosotros deberíamos hacer es prepararnos para denunciar el acuerdo a través del cual Venezuela se adscribió, o como se llame a esa nefasta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y salirnos de ahí pues. "¿Pa qué No vale la pena, es una mafia lo que hay ahí".
"¿Ahora vamos nosotros a seguir ahí en esa comisión", inquirió el gobernante tras criticar el informe sobre Venezuela que emitió en la víspera la CIDH el cual consideró como "pura basura" y "ominoso".
"Es una nefasta Comisión de los Derechos Humanos, es una verdadera mafia, y eso es parte de la OEA. Por eso un día esa organización debe desaparecer", agregó.
Chávez indicó que estaba dispuesto a dialogar con el secretario general de la OEA, José Miguel Inzulza, sobre su posible reelección y otros asuntos relacionados con la organización. "Vamos a sentarnos a conversar, no a insultarnos", acotó.
El gobernante fustigó duramente el informe que emitió en la víspera la CIDH sobre Venezuela, el cual dijo que "es pura basura" y luego al secretario del organismo interamericano Santiago Cantón lo llamó "excremento puro".
Chávez señaló que Cantón otorgó reconocimiento al empresario Pedro Carmona que gobernó en Venezuela tras el golpe del 11 de abril del 2002 que sacó al mandatario venezolano del gobierno por dos días.
"Nunca se pronunció (Cantón) en relación al atropello contra la democracia en Venezuela y después sacaron unos informes", expresó el gobernante al fustigar la postura de la CIDH respecto a la intentona del 2002.
El gobernante sostuvo que la CIDH es un "cuerpo politizado" que es utilizado por "el imperio para agredir" a los gobiernos.
Chávez sostuvo que el informe de la CIDH forma parte de la "agresión permanente de tratar de aislar a Venezuela".
En su extenso informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, emitido en la víspera por la CIDH en Washington y difundido por correo electrónico, se denunció "la impunidad en la que se encuentran los casos de violaciones a los derechos humanos".
La CIDH advirtió también la existencia de "un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas de su libertad, los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres".
La comisión destacó que no pudo realizar una visita de observación a Venezuela "debido a la negativa del gobierno a otorgar su anuencia".
Ello no sólo afecta las facultades asignadas a la Comisión como órgano principal de la OEA para la protección de los derechos humanos, sino que debilita seriamente el sistema de protección colectivo, reza el informe.

26 de febrero de 2010
©diario de buenos aires
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cidh habría apoyado golpe contra chávez


Venezuela arremete contra la CIDH y pide la sustitución del Secretario Ejecutivo Santiago Canton.
Venezuela. Venezuela arremetió hoy de nuevo contra la CIDH, a la que acusó de ser un instrumento de determinados sectores para desestabilizar y desacreditar al gobierno, y pidió la sustitución de su Secretario Ejecutivo, Santiago Canton. En una audiencia solicitada por el Estado venezolano, el delegado del gobierno del presidente Hugo Chávez para los Derechos Humanos, Germán Saltrón, al igual que ya lo hiciera en marzo en la última sesión de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusó al organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) de actuar con parcialidad. Este ente, afirmó, "no respeta la obligación que tienen los sistemas de protección de los derechos humanos internacionales y regionales de ser complementarios y subsidiarios a la función del estado". El estado venezolano considera que la CIDH "se extralimita" de sus funciones en cuanto al papel que le corresponde desempeñar dentro del sistema, al pretender "imponerse por encima de la legislación interna de los Estados".
De acuerdo al delegado venezolano, el gobierno de Chávez ha demostrado la parcialidad de la comisión, la cual ha admitido casos y ha dictado medidas cautelares con una inusual diligencia, como el caso de Globovisión. Venezuela reiteró, además, su preocupación por los señalamientos que continúa efectuando la comisión en sus informes anuales contra el país suramericano, los cuales "carecen de metodología fundada en la objetividad y transparencia".
El gobierno, agregó Saltrón, sigue sin entender los criterios que usa la CIDH para incluir a Venezuela, por sexto año y junto a Cuba, Haití y Colombia, en el capítulo IV de su informe anual sobre los países que necesitan mejorar en materia de derechos humanos.
La relación de Venezuela con la CIDH se ha deteriorado de manera drástica desde el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 contra Chávez, y desde entonces, las críticas y acusaciones contra el ente, y sobre todo contra Cantón, son constantes.
Venezuela entiende que la CIDH, mediante su secretario Ejecutivo, reconoció entonces al gobierno de facto encabezado por el empresario Pedro Carmona.
El gobierno reiteró que el 12 de abril de 2002, Cantón recibió una solicitud de medidas cautelares a favor del presidente, pero en lugar de otorgarlas, este se limitó a solicitar al canciller de facto, José Iturbe Rodríguez, información sobre el "señor" Chávez reconociéndolo, además, como un "excelentísimo canciller", según Saltrón.
"La comisión ha abandonado su condición de organismo internacional imparcial encargado de velar por el respeto de los derechos humanos en la región, para convertirse en un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales interesados en desacreditar y desestabilizar al gobierno", dijo.
La CIDH ha pedido en varias ocasiones verificar la situación de los derechos humanos en Venezuela, pero hasta ahora el gobierno de Chávez le ha negado esta posibilidad.
En cuanto a esta disputa, Saltrón afirmó que su país ha manifestado repetidas veces que Chávez únicamente autorizará una visita de la CIDH si se cumplen tres condiciones.
La primera: Que la comisión reconozca públicamente su "error al reconocer al golpe de estado", la segunda: Que se sustituya a Cantón y se asigne un nuevo relator para Venezuelay la tercera: Que se reforme su reglamento para garantizar la transparencia, independencia y pluralidad de pensamiento en su seno.
En referencia al secretario Ejecutivo, que lleva siete años al frente de la CIDH, el delegado venezolano expresó su esperanza de que su posición no sea "vitalicia".
Esta fue la primera vez que Venezuela pidió en una audiencia de la CIDH la sustitución de Cantón, aunque ya lo hizo anteriormente en público a través de medios de comunicación.
El relator para Venezuela es el brasileño Paulo Sérgio Pinheiro.

25 de febrero de 2010
©informe 21 
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venezuela rechaza informe de la cidh


Por actuar con "parcialidad", Venezuela arremete contra la CIDH.
Venezuela. El gobierno de Venezuela criticó este martes duramente a la CIDH, a la que acusó de actuar con "parcialidad" desde 2002, con motivo del golpe de estado en abril de ese año, y arremetió directamente contra su secretario ejecutivo, Santiago Cantón.
Estas acusaciones fueron realizadas en una audiencia solicitada por el estado venezolano en el marco del 134 periodo de sesiones que celebra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El delegado del gobierno venezolano para los Derechos Humanos, Germán Saltrón, criticó a la CIDH tras destacar el nombramiento de la venezolana Luz Patricia Mejía como nueva presidenta de turno del organismo, la cual, dijo, contribuirá "a poner fin a la actitud de parcialidad y selectividad con la que ha actuado la comisión desde 2002".
Venezuela, dijo "no busca desprestigiar a la comisión, sino que quiere que el organismo reconozca sus errores y democratice sus reglamentos y actuaciones para mejorar el funcionamiento y el respeto a los derechos humanos de sus estados miembros".
El representante del gobierno venezolano atacó directamente al titular de la CIDH, el argentino Santiago Cantón, quien, sostuvo, "ha demostrado una actitud totalmente parcial en contra de las políticas económicas, sociales y culturales" de Chávez.
La relación entre Venezuela y la CIDH es tensa desde hace años, dado que el gobierno del presidente Hugo Chávez está molesto con el organismo y especialmente con Cantón desde el golpe de estado.
De acuerdo con Saltrón, los comisionados "sabían lo que había pasado en el golpe", pero en lugar de condenarlo "lo justificaron" en un comunicado oficial.
En aquel momento, la comisión "asumió una actitud ambigua y complaciente con los sectores que atentaron contra la democracia y los derechos humanos", afirmó.
Saltrón destacó que Cantón (la CIDH) dirigió una carta a Pedro Carmona, quien asumió la presidencia transitoria durante el golpe, y se refirió a Chávez como "Señor", y pidió información sobre la situación en Venezuela en vez de otorgar las medidas cautelares.
A juicio de Venezuela, la CIDH "ha abandonado su condición de organismo internacional imparcial encargado de velar por el respeto de los derechos humanos para convertirse en un instrumento político de los sectores nacionales e internacionales interesados en desacreditar y desestabilizar al gobierno" de Chávez.
En el turno de réplica durante la audiencia, los comisionados de la CIDH defendieron su trabajo y a su secretario ejecutivo.
El salvadoreño Víctor Abramovich destacó que "los comisionados" actúan "como expertos independientes".
"Cantón goza de la máxima confianza de la comisión y es ella la que puede sustituirle y no corresponde a los estados" hacerlo, afirmó.
Por su parte, el brasileño Paulo Sérgio Pinheiro subrayó que "cuanto más independientes pueden ser los comisionados mejor para el país", mientras que el también comisionado Clare Roberts insistió en que "no hay ninguna conspiración" por parte de la CIDH contra Venezuela.
El chileno Felipe González también enfatizó en el hecho de que los comisionados actúan "a título personal y no en representación de (algún) estado".
Dijo que eso no significa que la CIDH no cometa errores, pero subrayó que "otra cosa es pensar que esos errores que ocasionalmente se cometen respondan a un acto de imparcialidad".
González aseguró que Cantón "cuenta con la confianza de la comisión y es ésta que evalúa permanentemente su trabajo".
En su discurso, Saltrón destacó que Venezuela no entiende cómo la CIDH incluye año tras año a ese país en el Capítulo IV de su Informe Anual, tradicionalmente junto a Colombia, Haití y Cuba, que se refiere a Estados que han requerido la atención especial de la Comisión y necesitan mejorar el respeto a los derechos humanos.
Al respecto, González destacó que la CIDH hace un estudio detenido de cada uno de los países incluidos en el Capítulo IV, y destacó que para ello es "muy importante" que la comisión pueda visitar a los países miembros y disponer así información de primera mano de lo que ocurre", algo que Venezuela le ha negado a la comisión.

25 de febrero de 2010
©diario crítico
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cidh publica informe sobre venezuela


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy el informe ‘Democracia y Derechos Humanos en Venezuela’.
La CIDH identifica una serie de aspectos que restringen el pleno goce de los derechos humanos. Entre otros, la CIDH analiza una serie de condiciones que evidencian la falta de una efectiva separación e independencia de los poderes públicos en Venezuela. El informe hace referencia a que no se ha garantizado a todas las personas el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del gobierno. La comisión encuentra además que se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política. La comisión considera que no existen las condiciones para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor. Asimismo, la CIDH determina la existencia de un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en manifestaciones públicas, las personas privadas de su libertad, los campesinos, los pueblos indígenas y las mujeres. 
En relación con los derechos económicos, sociales y culturales, la CIDH reconoce los logros del Estado relacionados con la progresiva vigencia de estos derechos, entre los que se destacan la erradicación del analfabetismo, la reducción de la pobreza, y el incremento en el acceso de los sectores más vulnerables a servicios básicos como la salud.   Asimismo, la comisión señala que existen serias falencias en materia de derechos  sindicales así como también en relación con el derecho de los pueblos indígenas a su territorio.
La comisión resalta que en aras de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela no puede sacrificarse la vigencia de otros derechos fundamentales. Los derechos humanos constituyen un todo indisoluble y, conforme señala la Convención Americana en su preámbulo, "sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos".
Al concluir el Informe, la comisión considera que la intolerancia política, la falta de independencia de los poderes del Estado frente al ejecutivo, las restricciones a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, la existencia de un ambiente hostil para el libre ejercicio de la participación política en disenso y para la actividad de monitoreo por parte de las organizaciones de derechos humanos, la inseguridad ciudadana, la violencia que afecta a las personas privadas de su libertad, a sindicalistas, a mujeres y a campesinos, y sobre todo la impunidad en la que se encuentran los casos de violaciones a los derechos humanos, son factores que contribuyen al debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela y han tenido como consecuencia serias restricciones al pleno goce de los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana.
La CIDH considera que, el Estado debe aumentar sus esfuerzos para combatir estos desafíos y alcanzar una mejor y más efectiva protección de los derechos garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La CIDH elaboró este informe sin haber podido realizar una visita de observación a Venezuela debido a la negativa del gobierno a otorgar su anuencia.  La última visita de la comisión a Venezuela se llevó a cabo en mayo de 2002. Las observaciones realizadas durante la visita fueron reflejadas en el informe que la CIDH publicó en diciembre de 2003. A partir de entonces la comisión ha realizado múltiples gestiones en búsqueda de la anuencia del Estado para realizar una visita de observación. El hecho de que hasta la fecha el Estado se haya negado a permitir una visita de la CIDH no sólo afecta las facultades asignadas a la comisión como órgano principal de la OEA para la promoción y protección de los derechos humanos, sino que debilita seriamente el sistema de protección colectivo creado por los estados miembros de la organización.
La comisión analiza en el informe la evolución de los derechos humanos en Venezuela a partir de información recibida a través de sus diversos mecanismos de protección.  Asimismo, la comisión fundamenta su análisis en información enviada por el Estado de Venezuela en atención a solicitudes de la comisión.
La Comisión Interamericana reitera su ofrecimiento de colaborar con el gobierno, así como con la sociedad venezolana en su conjunto, a fin de dar cumplimiento efectivo a las recomendaciones contenidas en su informe y contribuir así con el fortalecimiento de la defensa y protección de los derechos humanos en un contexto democrático en Venezuela.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

25 de febrero de 2010
©cidh
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se insolentan militares bolivianos


Militares impiden acceso a archivos de dictaduras. La negativa se da luego de que en 2009, el gobierno de Evo Morales autorizara su apertura.
Bolivia. Las Fuerzas Armadas de Bolivia, impidieron hoy a un fiscal de Ministerio Público acceder a los archivos referidos a las dictaduras que sufrió el país para investigar la desaparición de personas, pese a que el presidente Evo Morales autorizó su apertura. 
"Esto es una obstaculización al proceso de investigación", informó el fiscal Milton Mendoza al abandonar una hora más tarde el alto mando de las Fuerzas Armadas.
Según Mendoza, la cúpula militar explicó que la documentación desclasificada sobre esos casos de desaparecidos se entregará a un juez a finales de febrero, pero no a la Fiscalía.
"No se ha permitido el acceso a las partes. Por lo tanto, vamos a suspender este acto, tomando en cuenta esa decisión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que será  valorada por la fiscalía, y tomaremos también decisiones posteriores", añadió el fiscal, que calificó la negativa castrense como "un despropósito", ya que contaba con una decisión judicial basada en una autorización del gobierno, de mayo de 2009, para abrir los archivos.
Mendoza, encabeza una comisión del Ministerio Público que investiga la muerte y desaparición de personas en la década de los 80, en especial durante la dictadura de Luís García Meza (1980-1981).
Rielma Mencías, Defensora del Pueblo que esperaba al fiscal junto a familiares de las víctimas de las dictaduras, condenó la negativa.
"Estoy muy molesta, esta comisión está dirigida por el fiscal y no tienen por qué negar que el representante del Ministerio Público pueda abrir los archivos. No quiero pensar que se trata  de un mensaje obstaculizador", dijo Mencías.
Antes de que no se le autorizara el acceso a Mendoza a los archivos militares, el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, había dicho que las Fuerzas Armadas habían recibido la orden judicial, "y con el espíritu democrático", no iban a poner objeción a que se cumpliera la norma.

17 de febrero de 2010
©la tercera
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comisión de la verdad es una farsa


El Centro para Justicia y Ley Internacional (Cejil) puso en duda  la efectividad de instancia que busca indagar golpe de Estado. Comisión podría ser una farsa.
Honduras / Washington, Estados Unidos. Algunos pasos recientes de las autoridades hondureñas "sugieren que una comisión de la verdad planificada por ese gobierno podría ser una farsa", afirmó hoy el Centro para Justicia y Ley Internacional (Cejil, por su sigla en inglés).
El grupo envió una carta a la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, en la que aseguró que los acontecimientos en Honduras indican que "hay fuerzas poderosas que se oponen a cualquier rendimiento de cuentas por el golpe (de Estado contra Manuel Zelaya) y sus consecuencias".
En este sentido, el Cejil hizo referencia a "una ley de amnistía para los participantes en un golpe que derrocó al gobierno elegido del presidente Manuel Zelaya en junio".
"La designación de Roberto Micheletti, quien encabezó el gobierno de facto establecido después del golpe, como legislador vitalicio también parece encaminada a protegerlo de un enjuiciamiento", añadió la misiva.
"El presidente (Porfirio) Lobo ha prometido la creación de una comisión de la verdad que estudie el golpe", continuó.
"Pero el hecho de que él no ha reconocido que los acontecimientos de junio pasado constituyeron un golpe da razones para dudar de que la comisión hará un esfuerzo para decir la verdad", advirtió.
Según esta organización de derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos "tiene una oportunidad única para insistir en que la comisión restaure la dignidad de las víctimas y los sobrevivientes de las violaciones de los derechos humanos, y de sacar a luz la información que sustente el enjuiciamiento de los perpetradores".
La directora ejecutiva del Cejil, Viviana Krsticevic, sostuvo que, tras el derrocamiento de Zelaya, la fiscalía general y el Tribunal Supremo de Justicia de Honduras desecharon las denuncias de asesinatos, torturas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias "sin siquiera conducir investigaciones".
"En algunos casos las instituciones brindaron apoyo activo a los cabecillas del golpe", añadió.
"La necesidad del establecimiento de la verdad y la administración de justicia para las víctimas del golpe es urgente en Honduras", dijo Krsticevic. "Mientras continúa la persecución política generalizada, muchos hondureños tienen buenas razones para creer que su país se ha tornado más represivo y menos democrático que lo que era antes del golpe".

17 de febrero de 2010
©la tercera
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condenan a ex dictador uruguayo


Celebran júbilo condena contra ex dictador Bordaberry.
Montevideo, Uruguay. La Justicia uruguaya condenó el miércoles a 30 años de prisión al ex presidente Juan María Bordaberry por varios delitos cometidos durante el gobierno militar (1973-1985), entre ellos el homicidio de dos desaparecidos cuyos restos fueron hallados pocos años atrás.
Bordaberry, de 81 años, fue acusado de atentado contra la Constitución, nueve delitos de desaparición forzada y los dos homicidios especialmente agravados, ambos en calidad de coautor.
Bordaberry, quien llegó a la presidencia tras las elecciones de 1971 y disolvió el Congreso en junio de 1973, fue procesado por la justicia en el 2006, pero permanece bajo arresto domiciliario por enfermedad.
A la pena de prisión, la jueza Mariana Mota añadió otros 15 años de medidas de seguridad eliminativas, según el fallo divulgado por la Suprema Corte de Justicia.
Una decena de ex militares y policías se encuentran en prisión acusados de homicidios y desapariciones durante la dictadura, pese a que en el país existe una ley que prohíbe los juicios en su contra.
El gobierno del socialista Tabaré Vázquez, quien en el 2005 llevó a la izquierda por primera vez al poder, permitió los juicios alegando que los delitos fueron cometidos fuera de Uruguay por lo que no estaban cubiertos por la ley de caducidad.
Unos 200 uruguayos desaparecieron durante la dictadura, en su mayoría en Argentina, donde habían buscado refugio de la brutal represión contra los militantes izquierdistas.
Además, Vázquez permitió la búsqueda en terrenos militares y ordenó a las Fuerzas Armadas a entregar informes sobre lo sucedido con los prisioneros de la época.
En un terreno militar fueron hallados en diciembre del 2005 los restos de Fernando Miranda, secuestrado en noviembre de 1975, y dos meses después se encontraron en otro lugar los restos de Ubagésner Chávez Sosa, desaparecido en mayo de 1976, tras el informe de la Fuerza Aérea.
En octubre, la justicia había condenado a 25 años de prisión a otro ex dictador, Gregorio Álvarez, por 37 homicidios cometidos durante el gobierno militar.
Álvarez, de 83 años, también se encontraba detenido desde diciembre del 2007. Fue presidente del gobierno militar entre 1981 y 1985, cuando se restauró la democracia.

Reporte de Patricia ávila; editado por Ricardo Figueroa.

11 de febrero de 2010
©lta reuters 
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la conspiración de rctv


Detrás de la ‘guerra’ de RCTV y Chávez
[Modesto Emilio Guerrero] Venezuela. De lo que no cabe duda, es de que en la Venezuela bolivariana hay una batalla (también podría llamarse sin remilgos ‘guerra’) entre Radio Caracas Televisión (RCTV) y el gobierno de Hugo Chávez. No es la única, pues el gobierno ha ingresado en una zona de turbulencias en lo económico, social, político e internacional. Pero ésa es clave. El asunto es por qué: qué la motiva, cuáles sus fuerzas motrices, quiénes son los protagonistas, por qué RCTV es el hilo conductor de esta "guerra".
El solo hecho de que esta empresa televisiva desaparezca y reaparezca multiplicada por otros canales, y que el gobierno le pise los talones desde 2002, no sólo cierra la discusión sobre su libertad de expresión (mayor mientras más desaparece), también obliga a pensar sobre dos derechos iguales, el de RCTV a atacar con métodos conspirativos al gobierno de Chávez y el de derecho de éste a defenderse.
Vista la cosa en estos términos, no habría nada de que sorprenderse cuando se registra en la prensa mundial que el canal salió del aire por segunda vez desde 2007. Ya había salido cuatro veces entre 1976 y 1984 por violar cinco leyes y dos reglamentos. (Libro Blanco sobre RCTV, pág. 11, Ccs. 2007.)
Esta vez fue igual, y su presidente, Marcel Granier, respondió como jefe político: "Buscan callar la voz de protesta del pueblo venezolano ante el fracaso de la gestión gubernamental, no nos vamos a someter a una tiranía" (http://notidiariooscar.blogspot.com).
Entonces, el asunto no es jurídico ni mediático. RCTV cumple la ley y ejerce sus derechos cuando quiere y no lo hace cuando no quiere. Acudió a la ley en 2008 para legalizarse como canal internacional, y dejó de hacerlo este año para ser bandera y consigna de la oposición con dos fechas a la vista: elecciones legislativas 2010 y presidenciales 2012. El canal es funcional e instrumental al objetivo político de sus dueños, de la misma manera que los diarios partidarios lo son respecto a sus jefaturas o Comités Centrales.
El secreto hay que buscarlo en el desplazamiento tectónico vivido por los dueños del canal. RCTV y Venevisión controlaron desde 1958 hasta 1998 los ministerios de Comunicaciones, de Turismo y Departamentos del Ministerio de Educación, Conatel, la Corporación Venezolana de Fomento, además del Instituto Nacional de Hipódromos de Venezuela. Allí nacía el 74 por ciento de la facturación publicitaria de ambos (Fuentes: revistas Resumen y Dinero, Libro Blanco sobre RCTV, 2007; Prof. Franz J. Lee, Investigación, Universidad de los Andes; Tomás Eloy Martínez, Radio, prensa y TV, entre el desequilibrio y el estancamiento, en el libro: ‘Venezuela una Ilusión de Armonía’, Cedice Ccs. 1982).
Detrás de RCTV están tres familias de la burguesía venezolana y un grupo político clave, los Phelps, Granier/Sapene y Arria, tres sectores muy favorecidos por cuatro de los seis gobiernos de AD desde 1958. Carlos Andrés Pérez fue (y es) el presidente más asociado económica y políticamente al canal de Granier. El golpe de 2002 sirvió para verlos juntos en Miraflores y en la pantalla.
Desde el punto de vista comunicacional, RCTV es el partido político de derecha más beligerante del país, y quizá el más fuerte. Alta audiencia hasta 2007, el primero entre los de cable hasta enero de 2010. Mantiene motivada a la mayoría de la base social opositora. Se ve en las calles. Este canal es un hilo conductor de la vida política y mediática venezolana desde su nacimiento, pero desde 2002 es otra cosa.
Ocupa, de facto, junto a otros medios, el lugar protagonista que Acción Democrática y Copey tuvieron desde 1958. AD no convoca a más del 5,6 por ciento y Copey ya es un dato histórico (Encuesta IVAD, Caracas, 6 de febrero de 2010).
El joven Marx, que no podía conocer a Chávez ni a Granier, descubrió un detalle que los invoca, en sus estudios sobre el Derecho en la historia: "Entre dos derechos iguales, la única solución es la guerra". En Venezuela, uno de los dos bandos actúa bajo un nombre: RCTV.

El autor es periodista y escritor venezolano de ‘Quién inventó a Chávez’; ‘Venezuela 10 años después’, ‘Tres sistemas de medios en la Venezuela Bolivariana’, entre otros.

9 de febrero de 2010
©página 12 
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