reanudan pensión a ex dictador
Ordenan pagarle como ex presidente a Bignone. La jueza Alicia Braghini le requirió a la Anses que le pague la jubilación a Reynaldo Bignone, condenado por secuestros y torturas. Dos fiscales habían denunciado que el pago no correspondía.
[Raúl Kollmann] Argentina. La jueza federal de primera instancia de la Seguridad Social, Alicia Braghini, ordenó a la Anses que le pague la jubilación como ex presidente a Reynaldo Benito Antonio Bignone, el último dictador del Proceso. En su momento, los fiscales Guillermo Marijuan y Guillermo Montenegro denunciaron que no correspondía que Bignone se llevara al bolsillo los 15 mil pesos que cobraba en 2006 ya que no fue presidente elegido democráticamente, sino de facto. Y el régimen de esas pensiones constituía un reconocimiento, algo incompatible con quien llegó a la Casa Rosada a la cabeza de una dictadura y, además, terminó condenado en abril de 2010 a 25 años de prisión por privación ilegal de la libertad y torturas cometidas en Campo de Mayo. La trama del expediente 34391/2009 es asombrosa e incluye al camarista Bernabé Lino Chirinos, con quien la jueza compartió cátedra en la Universidad de Morón y, además, fue prosecretaria en su sala de la Cámara. Chirinos fue ratificado durante el gobierno de Isabel Perón, ejerció su cargo durante la dictadura y hoy sigue en su puesto en la Cámara de la Seguridad Social.
Con fecha 13 de septiembre, la jueza Braghini dispuso que "se intime nuevamente y por última vez a la Anses para que por quien corresponda, en el plazo de diez días cumpla con la medida cautelar decretada y restablezca el pago de la prestación al acto, Bignone, Reynaldo Benito Antonio". Es más, la magistrada establece una multa de 50 pesos diarios para el caso de que la Anses incumpla la orden.
En 2006, Página/12 reveló que el fiscal federal Guillermo Marijuan había recibido una denuncia anónima sobre los 15 mil pesos que cobraba Bignone como ex presidente. Se trataba de una pensión graciable que, según dictaminó el fiscal, sólo correspondía a presidentes constitucionales por cuanto el objetivo era otorgar un reconocimiento a quienes habían pasado por la Casa Rosada. Marijuan presentó una denuncia penal, con el respaldo del entonces titular de la Anses, Sergio Massa, que luego fue tramitada por Guillermo Montenegro, fiscal en aquel momento.
Sobre la base de una ley del también dictador Juan Carlos Onganía, Bignone tramitó la pensión destinada "a los presidentes y vicepresidentes de la Nación cuyo haber, para los primeros, equivale a la suma total de lo percibido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, garantizándoseles los derechos hereditarios a las viudas, hijas solteras o divorciadas por culpa del esposo" (sic).
En 2009 el Congreso sancionó la Ley 26.475 que les quita los beneficios "a todos los funcionarios del llamado Proceso de Reorganización Nacional, comprendido entre los años 1976 y 1983, declarándose extinguidos los beneficios dispuestos en reconocimientos por los cargos o funciones ejercidos". La ley vino a refrendar los dictámenes de Marijuan y Montenegro.
El expediente 34.391 –denominado Bignone Reynaldo Benito Antonio c/Anses s/inconstitucionalidades varias– recayó en manos de Braghini, que fue prosecretaria de la sala en que revista Chirinos con quien, además, compartía cátedra en la Universidad de Morón. Llamativamente, el hermano de Chirinos, Eduardo, es secretario de la Cámara, es decir que justo por sus manos pasan los sorteos por los cuales se asigna el juez a cada causa. Lo asombroso es que Bignone cobraría su jubilación de privilegio después de haber sido condenado a 25 años de prisión por 44 secuestros, 38 casos de tormentos, 11 allanamientos ilegales y seis robos. El fallo de la Cámara Federal de San Martín, que dictó la condena en abril, dispuso también que cumpla la condena en una cárcel común, revocando la prisión domiciliaria. Por otra parte, el ex dictador también aparece involucrado en el proceso en el que figura Luis Abelardo Patti como principal imputado y en el que se investigan asesinatos y secuestros en la zona de Escobar, Zárate y San Nicolás. Después de la debacle de Malvinas, Bignone terminó poniéndole la banda presidencial a Raúl Alfonsín en 1983 y se le adjudica la responsabilidad en el quemado de los archivos de las Fuerzas Armadas, precisamente para borrar las pruebas de la represión.
No faltan quienes en Tribunales consideran que la eventual restitución de la jubilación como presidente a Bignone constituye un antecedente para que otros dictadores pretendan el mismo beneficio. Frente a la consideración de que la pensión es un derecho adquirido se opuso el criterio de que esos beneficios fueron mal adjudicados, porque no puede haber reconocimiento alguno a quienes irrumpieron en la Casa Rosada en forma ilegal.
8 de noviembre de 2010
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[Horacio Verbitsky] Argentina. Entre 1979 y 1980 el Ejército negó el ascenso o pasó a retiro a treinta y tres oficiales. Todos fueron acusados por sus respectivas juntas de calificaciones de perjudicar la cohesión espiritual de los cuadros, por no compartir "la filosofía y el sentir institucional del Ejército, lo que ha lesionado decididamente su prestigio y concepto ambiente". La historia del grupo se remontaba a 1969, cuando algunos se opusieron al uso del Ejército contra movilizaciones populares como la del Cordobazo. Otros simpatizaron con el regreso de Perón a la Argentina, participaron en el Operativo Dorrego de acción social que reunió a Montoneros y el Ejército o llegaron a tener relación orgánica con alguna de las organizaciones revolucionarias. Otros mantenían nexos con la Unión Cívica Radical.
[Irina Hauser] Argentina. Los camaristas federales de Mendoza Otilio Romano y Julio Demetrio Petra Fernández, investigados por su complicidad con los crímenes de la última dictadura militar, fueron citados a declarar por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura como sospechosos de "mal desempeño" y quedaron más cerca de un posible juicio político. A Romano, en este caso, se lo acusa de haber promovido y conseguido un amparo ilegal para frenar todas la actuaciones en su contra en el Consejo por su posible responsabilidad en delitos de lesa humanidad. Un conjuez amigo suyo que hizo lugar a la medida cautelar, el abogado Carlos Parellada, también será indagado por los consejeros. A Petra Fernández se le agregaron imputaciones a las que ya tenía por la liberación irregular de represores y por falta de imparcialidad. Una de las nuevas es haber sustraído el expediente de la apelación al amparo de su colega Romano y anular –aunque estaba excusado– la designación de jueces suplentes que debían resolverlo, y que no son de su círculo de confianza.
[Alejandra Dandan] Argentina. El aún es médico especialista en obstetricia. La persona que en 1977 atendió en el Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes a una parturienta secuestrada en el Pozo de Quilmes. El hombre que le impidió a un grupo de tareas entrar a la sala de parto, que logró saber que se llamaba Silvia Mabel Isabella Valenzi y las condiciones del secuestro. Que ayudó a nacer a una niña, que denunció lo que sucedió y luego sufrió las consecuencias con la explosión de una bomba en la puerta de su casa. Es el doctor Justo Horacio Blanco. Durante su relato en los Tribunales de Comodoro Py lloró, y les arrancó lágrimas hasta a los guardias.
[Sonia Tessa] Argentina. Cecilia Nazabal dejó un recuerdo indeleble en todos los que compartieron alguna parte de su vida con ella. Su sonrisa, su calidez, eran lo más notorio para quienes la conocían poco. En la noche del 5 de noviembre del año pasado, su vida se extinguió después de años de lidiar con una enfermedad que le provocaba intenso dolor. En ese momento, el juicio oral y público contra Óscar Pascual Guerrieri y otros cinco represores estaba en pleno desarrollo. Ella llegó a ver el comienzo del proceso, por el que tanto batalló y al que tanto aportó. Tenía ganas de dar testimonio de todo lo que había averiguado durante más de 20 años sobre el circuito represivo en la zona, pero la salud no la dejó. "Fue una luchadora incansable para que se hiciera justicia, no sólo con su compañero sino con todos los compañeros. Me dejó muchísimas cosas porque ella pertenecía a una generación que creía en el hombre nuevo y ella nunca dejó de practicar eso de la construcción de una mujer nueva en su propia vida", la recuerda Nadia Schujman, abogada de Hijos, la agrupación a la que pertenece también Fernando Dussex, hijo de Cecilia. En 1977, Fernando Dussex padre fue secuestrado, y ella -con su bebe de 45 días- comenzó a deambular un largo exilio interno que duró hasta 1980, cuando volvió a radicarse en Rosario.
[Ernesto Laclau] A medida que los días vayan pasando, el país comprenderá crecientemente las verdaderas dimensiones de la tragedia que representa para los argentinos la súbita desaparición de Néstor Kirchner. Con él hemos perdido al estadista de mayor envergadura que nuestro país haya producido en los últimos cincuenta años. A él estará siempre ligada la transformación profunda del Estado que la Argentina experimentara a partir de 2003.
[José Maggi] Argentina. Uno de los dos testigos que declararon en la tarde de ayer aseguró haber estado detenido en la Fábrica Militar de Armas de Fray Luis Beltrán. Roberto ‘Chino’ Hyon llegó a esa conclusión por datos comunes que tiene con quien fuera uno de sus compañeros de encierro: el contador Eduardo Azum. "Me llevaron a un lugar del que en principio no tenía precisión. Era en el campo, donde escuchaba los gallos, ruidos de animales, creía que estaba en la zona de Ibarlucea porque cuando me largaron me dejaron en ese lugar. Pensé primero en La Calamita porque me liberaron en la zona noroeste. Pero después, por personas que estuvieron secuestradas conmigo, pude saber que era la Fábrica de Armas de Beltrán. Estuve allí la primera quincena del mes de agosto de 1976, escuchaba las torturas, aparecía mucha gente que la traían de San Lorenzo, de esa zona".
[Sonia Tessa] Argentina. Eduardo Seminara llegó rodeado de afectos a los Tribunales Federales de Rosario, donde ayer relató los delitos de los que fue víctima hace 34 años. El vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario salió de las oficinas de Rectorado, en Italia y Córdoba, con una pequeña multitud que caminó junto a él las cinco cuadras de distancia. Los aplausos lo acompañaron al entrar y salir. En julio de 1976, cuando cumplía el servicio militar en Azul, fue secuestrado por el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, que lo trasladó en avioneta hasta Rosario, donde lo llevaron al Servicio de Informaciones, el centro clandestino de detención que funcionaba en San Lorenzo y Dorrego. Apenas llegó, a los golpes, lo obligaron a sacarse la ropa de soldado que vestía. "No sos digno de llevar el uniforme de la patria", le dijeron. Seminara era militante de la JUP. Sin dramatizar, detalló las torturas que sufrió, que resultan inimaginables para alguien que no haya padecido la picana eléctrica, a quien no le hayan hecho el submarino, a quien no lo hayan quemado con cigarrillos, que no haya sido tomado de las manos y las piernas para ser empujado hacia arriba y lo hayan dejado caer -con el peso muerto de su cuerpo al piso.