desaparecidos en primera fila
Los hijos de las víctimas en la primera fila del juicio a Luis Patti. El ex comisario volvió a entrar en camilla y permaneció acostado y con los ojos cerrados. Los peritos que lo revisaron coincidieron en que no había motivos para que el acusado no asista a las audiencias.
[Alejandra Dandan] Argentina. Dicen que cierra los ojos porque no quiere verlos. Pese a eso, los hijos de las víctimas del ex policía Luis Abelardo Patti volvieron a sentarse en las primeras filas de esa rara sala de audiencias, montada en un descampado de José León Suárez, dentro del auditorio municipal Hugo del Carril. Alguien había colocado muy temprano sobre las sillas de las tres larguísimas primeras filas imágenes de los desaparecidos y secuestrados en Campo de Mayo. Así, en el comienzo de la segunda audiencia del juicio oral contra el ex subcomisario, en esas primeras filas, en la primera silla quedó parada la foto de Diego Muñiz Barreto con su barba, al lado de la de su secretario Juan José Fernández y enseguida la de Gastón Gonçalves.
–¿Nadie se va a sentar en esas sillas? –preguntó esta cronista a una vieja integrante de los organismos de derechos humanos que dedicadamente iba enderezando las fotos. "No", explicó la mujer. "Ellos las están ocupando."
Como sucedió el lunes en la primera audiencia, al comienzo ocuparon sus asientos en el espacio destinado a los acusados Santiago Omar Riveros, Reynaldo Bignone, jefe y subjefe en 1977 del Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo y el ex comisario de Escobar Fernando Meneghini. Patti entró después, montado con los ojos cerrados sobre un camastro. Permaneció durante tres horas con el cuerpo congelado, como si buscara la forma de no estar. Once peritos lo revisaron, aseguraba temprano uno de los hermanos Muñiz Barreto. Unos de parte de los defensores, otros por las querellas y además lo revisaron los peritos del Tribunal. Todos dijeron lo mismo: que pese a aquella nueva representación de patetismo estaba completamente en condiciones de permanecer en la sala.
En la audiencia de ayer, la secretaria del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín terminó de leer las requisitorias de elevación a juicio de los organismos de derechos humanos. Luego pasó revista a la elevación a juicio en la que el juez de la primera instancia Juan Manuel Yalj dedicó un largo apartado a las "groseras" estrategias con las que el ex camarista Alfredo Bisordi, abogado de Patti, planteó, replanteó y volvió a presentar todo tipo recursos con "la única intensión de demorar el proceso de instrucción".
El juicio contra Patti forma parte de la megacausa de Campo de Mayo, con más de 400 casos. Tres de esos expedientes se desprendieron para dar inicio al debate. Son los casos de Gastón Gonçalves, secuestrado el 24 de marzo de 1976 y cuyo cuerpo apareció carbonizado y con un disparo de arma de fuego en el cráneo el 2 de abril de ese año. También Diego Muñiz Barreto y su secretario Juan José Fernández, secuestrados en una carnicería cercana a la comisaría de Escobar el 16 de febrero de 1977 y arrojados al río Paraná después de inyectarlos para adormecerlos adentro de un auto. Y los casos de Carlos Daniel Souto y Guillermo David y Luis Rodolfo D’Amico, secuestrados el 10 de agosto de 1976, todos desaparecidos. Además, los secuestros de los padres de los D’Amico y de Osvaldo Tomás Ariosti del 3 de abril de 1976.
Durante la lectura de la acusación se escucharon los detalles de cada una de esas causas y el cúmulo de pruebas que las sostienen. Bisordi no estuvo en la sala y la defensa de Patti la llevó adelante su socio Silvio Ramón Duarte. Enseguida se escucharon los reproches de Yalj sobre la actuación de Bisordi en la causa, un dato importante porque los querellantes temen que parte de esa conducta vuelva a repetirse durante el juicio.
"La conclusión a la que cabe llegar a raíz de todos y cada uno de los escritos que el doctor Bisordi interpuso –decía el escrito– no obedecen a otro fin que demorar el curso de las presentes actuaciones." En la última parte del proceso, el ex camarista interpuso siete escritos por supuesta inacción de las querellas, con excepción de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Pero no porque se haya olvidado –agregó el escrito–, sino porque ya la había cuestionado. Luego sumó otros seis escritos para pedir la nulidad de los requerimientos de las querellas, se opuso al requerimiento fiscal de elevación a juicio, pidió el sobreseimiento de Patti y expresó nuevamente en un escrito 49 medidas que a su criterio faltaron llevarse a cabo. Yalj negó todo y consideró que la presentación de esos escritos por separado para que se formen tantos incidentes como escritos, era una estrategia para suspender la elevación a juicio hasta tanto Bisordi considere que todo adquiría firmeza, "previa interposición de infinidad de revocatorias, apelaciones, quejas, etc., todo lo cual desnaturaliza el sentido de la instrucción". En ese tono, también rechazó las objeciones del abogado contra los organismos de derechos humanos "como consecuencia de su intento en demostrar que los mismos no tienen legitimidad para actuar en el carácter con el que lo vienen haciendo desde hace años". Y le objetó los excesos de lenguaje, "una reiteración continua y excesiva que más allá de desmerecer a quien los expresa, sobre todo cuando no se trata de un bisoño letrado sino de una persona que ha hecho toda una carrera en el servicio de justicia, a los referidos excesos me imponen solicitarle en aras del decoro procesal que guarde en sus futuros escritos el lenguaje que su noble ejercicio de la defensa y el decoro del proceso aconsejan".
Patti todavía estaba en la sala. A las 12.10, Duarte pidió permiso para llevarlo a la ambulancia presentada pomposamente como sala contigua al Tribunal. Lucila Larrandart, presidenta del Tribunal, aceptó. Un cuerpo de hombres del Servicio Penitenciario Federal pertrechados con chalecos antibalas y hasta algunos escudos lo sacaron en andas. En la sala se oyó algún rumor de protesta. Los lugares destinados a las huestes del ex subcomisario siguieron vacías como lo estaban el lunes porque sus hombres nunca llegaron.
Enseguida se pasó a la última parte de la audiencia, los planteos preliminares de nulidades y revocatorias de pruebas presentadas por la defensa, y durante las cuales se escuchó a Duarte vociferar con tonos exaltados. "¿Pero qué dice?", preguntó una y otra vez Larrandart, que acababa de escuchar, como todos, las reprimendas del juzgado de instrucción a Bisordi. "¡No le entiendo!" "¡Por favor, por qué no es más claro!" ¿A dónde quiere llegar? ¿Esto no estaba ya planteado? ¿Porque no dice, entonces, qué guarda la reserva? ¿Pero va a pedir alguna medida?
Pero Duarte insistió. Pidió la nulidad de los requerimientos de las querellas, cuestionó el dictamen del fiscal y se despachó con pedidos de pruebas que las querellas y hasta el mismo tribunal luego consideraron improcedentes o tardíos. Entre otras cosas, quería el acta de cremación del cuerpo de Gonçalves o el certificado de muerte de Fernández, el compañero de Muñiz Barreto, sobreviviente del atentado, testigo ante la Conadep pero muerto efectivamente en 1985. Todo con palabras complicadas o con medias palabras, lo mismo que hizo poco más tarde. Esta vez, se sumó a un pedido del defensor de Bignone que quería la nulidad de la incorporación de la declaración de Juan Scarpati, secuestrado y fugado de Campo de Mayo, testigo clave de la causa y muerto hace dos años.
La resolución del planteo llevó más de una hora de tiempo. Luego de idas y de vueltas, Duarte llegó a argumentar invocando hasta a la Revolución Francesa y dijo que "los derechos humanos no nacieron con este juicio, sino que existen hace 200 años". Nada prosperó finalmente. Para las defensas no tenían valor las ampliaciones del testimonio de Scarpati porque, dijeron, no habían sido comunicados. Como el testigo está muerto, buscaron desecharlo. Pero los fiscales aprovecharon la ocasión para abrir una puerta para más adelante. El equipo integrado por Marcelo García Berro, Javier de Luca y Juan Patricio Murray aseguró que iba a revisar el testimonio de Scarpati sorprendidos porque a la defensa de Patti le interesaba anular el testimonio. Scarpati no vinculó a Patti a Campo de Mayo, no lo situó en el centro clandestino, pese a que existen sospechas de que estuvo ahí. Y ahora eso puede abrir una puerta para investigarlo.
Larrandart, que está apurada con el juicio, abrió además las indagatorias. Le preguntó a Riveros si quería declarar. El condenado militar se negó y se dio lectura a sus declaraciones anteriores en las que dice que sólo detenían a los que estaban infragrantes por 48 horas, les daban la misma comida que a la tropa, que no tenía injerencia porque los detenidos pasaban a manos de inteligencia. El lunes tendrá la palabra Bignone, Meneghini y Patti, que a última hora volvió a la clínica Fleni de Escobar.
1 de octubre de 2010
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Argentina. Las abogadas querellantes de un grupo de víctimas del terrorismo de estado solicitó la elevación a juicio oral de dos casos de represores, un ex jefe de inteligencia militar y un PCI (Personal Civil de Inteligencia). Se trata de Joaquín Gurrera y de Ariel López, cuyos
Argentina / Chile. La Comisión Nacional de Refugiados (Conare) le otorgó asilo político a Galvarino Sergio Apablaza Guerra, como lo solicitaron los organismos de derechos humanos. Su extradición era reclamada por el gobierno chileno de Sebastián Piñera por ser el presunto autor intelectual del secuestro de un empresario y del asesinato de un senador chileno. Ayer, tanto el titular de la Corte Suprema chilena como el gobierno se habían pronunciado en contra de que le dieran la condición de refugiado político. El presidente del Senado chileno se reunió con el vicepresidente Julio Cobos y dijo que esa decisión iba a "atentar contra las relaciones" entre Chile y la Argentina.
Argentina. María Inés Luchetti de Bettanín fue presentada ayer ante el juez federal Marcelo Bailaque como querellante en la causa Feced por los hechos padecidos durante la dictadura militar junto a su esposo asesinado Leonardo Bettanín, quien fuera Diputado Nacional del PJ y periodista en ese momento. Está patrocinada por las abogadas Gabriela Durruty, Daniela Asinari, Leticia Faccendini, Jessica Pellegrini e Isabel Fernández Acevedo.
[Irina Hauser] Argentina. Por donde se la mire, la Justicia mendocina está atravesada por la complicidad de muchos de sus integrantes con la última dictadura. Los camaristas Luis Miret y Otilio Romano ya no son los únicos investigados penalmente por favorecer la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado: la semana pasada se abrió una causa contra otro juez de la misma Cámara Federal, Julio Petra Fernández, por haber beneficiado al teniente coronel Luis Stuhldreher, intendente de facto en 1976, con una falta de mérito extendida a expedientes que nunca habían llegado a su tribunal, donde se le imputaban 18 desapariciones. También firmaba aquel fallo Carlos Pereyra González, quien renunció en 2009, cuando el Tribunal Oral Federal de San Luis lo denunció por encubrir torturas siendo secretario. Gracias a ellos, Stuhldreher -–que fue funcionario del Ministerio de Seguridad provincial cuando gobernaba Julio Cobos– no está sentado en el juicio por violaciones a los derechos humanos que se realiza en San Rafael, mientras que sí lo está uno de sus subalternos.
[Juan Carlos Tizziani] Argentina. Otro represor de la dictadura murió impune en la provincia. El ex jefe de Policía de Rafaela, Italo Falchini falleció sin ser molestado por la justicia, a pesar de que la ex fiscal Griselda Tessio solicitó su indagatoria hace cinco años por delitos de lesa humanidad, insistió cuatro veces -sin éxito para llevarlo al banquillo en 2005 y 2006 y hace diez días la unidad fiscal de investigación de crímenes del terrorismo de estado reclamó su detención como autor mediato de los homicidios de dos militantes políticos: Reinaldo Hattemer y Rubén Luis Carignano y el secuestro y torturas de otros seis, entre ellos Silvia Suppo y su esposo, Jorge Destéfani, ambos fallecidos. "Cuando dicen que la justicia lenta no es justicia tienen razón", admitió no hace mucho el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, oriundo también de Rafaela. Ayer, la organización Hijos de Santa Fe lo corrigió: "Esto no es justicia lenta, es complicidad con los genocidas".
[José Maggi] Argentina. La justicia federal llevó adelante ayer una inspección ocular sobre el predio que ocupa la Fábrica Militar de Armas Fray Luis Beltrán, ubicada en esa localidad, luego que un escrito anónimo alertara sobre el funcionamiento de un centro clandestino de detención en esas instalaciones militares. "Se olvidaron de un centro de detención y muerte", rezaba el texto que alguien dejó en el edificio de Oroño 940 y que motivó el pedido de la fiscal Mabel Colalongo para preservar el sitio, para luego inspeccionarlo, en un operativo encabezado por el juez federal Marcelo Bailaque. El texto hablaba de un sector donde había chatarra, otro con carretes grandes de madera como los usados para el cableado, y también de pozos tapados con basura."Todo lo que dice el anónimo estaba, pero el trámite fue anticipado: nadie compra kilos de masas por las dudas para recibir visitas. Todo parecía muy amigable, si hasta le dejaron una copia del acta de inspección al subdirector de la fábrica", reveló indignada una fuente de la investigación. La misma fuente remarcó a este diario que "se pudo verificar la existencia de los tres sectores señalados en el anónimo, que se identificaron claramente. Lo llamativo es que la comitiva fue recibida con masas y café, con lo cual estaban advertidos con anterioridad del procedimiento, que debió ser sorpresivo".
[Sonia Tessa] Argentina. La audiencia de la causa Díaz Bessone duró ayer menos de 15 minutos. Ese tiempo bastó para que la secretaria del Tribunal Federal Oral número 2, Silvina Andalaf, leyera los informes médicos que recomendaban reposo absoluto hasta el 1º de octubre a uno de los imputados, José Antonio Scortecchini, y el presidente del Tribunal, Otmar Paulucci, comunicara el levantamiento de la audiencia hasta el lunes próximo. Junto a sus colegas Beatriz Barabani y Jorge Benegas Echagüe, recién ese día resolverán las cuestiones preliminares planteadas en las últimas audiencias antes del receso por la cirugía de Scortecchini, que ayer concurrió en ambulancia a los Tribunales. De este modo, se postergó el comienzo de la etapa de indagatorias. Ante la dilación, los militantes que habían concurrido a hacer el aguante se llenaron de bronca. No era un día común: ayer se cumplieron 34 años de los secuestros de Miriam Moro, Antonio López, Roberto de Vicenzo y Oscar Bouvier. Y la radio abierta que se realizó en el cantero central de Oroño se convirtió en un visceral homenaje en el mediodía frío y gris.