el eje del genocidio
Comenzaron los alegatos en el juicio de la Unidad 9. Los abogados querellantes iniciaron la lectura de las acusaciones contra los catorce agentes penitenciarios. Piden las penas máximas para torturadores y asesinos.
[María Laura D’Amico] Argentina. La importancia de referirse a los hechos como un "genocidio" fue el eje del planteo de los abogados querellantes al presentar el alegato en el juicio por la represión ilegal en la Unidad 9 de La Plata. Catorce agentes penitenciarios están siendo juzgados por las torturas y fusilamientos de presos políticos.
Ante una nutrida audiencia, el representante de la Central de Trabajadores Argentinos, Marcelo Ponce Núñez, inauguró con contundencia la rueda de alegatos: "El 24 de marzo de 1976 hubo un rompimiento de las reglas constitucionales con un fin predeterminado, que fue la constitución de un genocidio en Argentina", señaló. Añadió que, para que esto se produzca, "es necesaria la consolidación de un grupo que, en este caso, estuvo formado por personas que estaban por fuera del Estado, que tenían como objetivo reorganizar un país que a ellos no les gustaba y atacaron a otro grupo predeterminado, que era el grupo que se oponía al sistema de la reorganización nacional".
Durante dos horas, el abogado desgranó las "abrumadoras pruebas" en las que fundamentó su discurso y destacó que "existen elementos más que sobrados para demostrar la culpabilidad de los imputados". Asimismo, resaltó el valor de los testimonios de las víctimas y negó que existiera una "connivencia entre los testigos", tal como adujeron algunos imputados al momento de su declaración, "sino un análisis de cosas que pasaron y vivieron".
En cuanto al ex director del penal Abel Dupuy, dijo que "fue puesto al frente de la Unidad 9, que era la cárcel modelo de la provincia de Buenos Aires, por cuanto coincidía y coincide con los fines que desde el gobierno se pretendían llevar adelante, que era la ejecución de un grupo tras una acción genocida".
Ponce Núñez se explayó también sobre la requisa del 13 de diciembre de 1976 –día en que Dupuy asumió la dirección–, dijo que "fue un claro mensaje de ‘ahora cambia el régimen y es más duro’". Ejemplificando cada afirmación con citas de relatos de los testigos, dijo que desde esa fecha "comenzaron a aplicarse torturas sobre los detenidos" y recordó que "todas las noches, al finalizar la transmisión de radio, pasaban la canción de Roberto Carlos ‘Te agradezco, Señor, un día más’, lo que se constituye como un ejemplo de tortura psicológica que estuvo vigente hasta que Dupuy abandonó la dirección de la Unidad 9".
Agregó que "se realizó una clasificación de detenidos en forma ilegal, según la ideología política" y que "comenzó la desaparición física de detenidos". Allí se refirió al caso de Rufino Pirles y Dardo Cabo, asesinados en un supuesto intento de fuga, donde "vemos cómo las manos de Dupuy y de sus ayudantes, Vega y Ríos, comienzan a mancharse de sangre".
Otro de los puntos centrales del alegato de Ponce Núñez fue la referencia a los calabozos de castigo. Dijo que tras la llegada de Dupuy "el sistema cambió y se institucionalizó el ingreso a los chanchos por el motivo que fuese", donde los detenidos recibían un trato "degradante, inhumano y torturante". Sobre el caso de Alberto Pinto –el interno que falleció a causa de las torturas recibidas allí– dijo que "en el registro de atención médica el doctor Ferrer asienta que la persona padece gran mal epiléptico y dolor abdominal agudo, por lo que le da una aspirina. Preavisa de la gravedad de la situación y que esa persona no puede estar en los calabozos". Y, complicando la situación de los tres médicos que están siendo juzgados, afirmó que "todos los profesionales que atendieron a Pinto leyeron ese informe", por lo que "el tratamiento recibido por Pinto fue inadecuado e insuficiente".
Luego del discurso de Ponce Núñez, Oscar Rodríguez, abogado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, leyó las calificaciones de los delitos para cada imputado y, en función de ellos, las penas correspondientes. Así, el abogado pidió prisión perpetua para Dupuy, Isabelino Vega, Víctor Ríos y Raúl Aníbal Rebaynera; veinticinco años de prisión para Elvio Cosso y Ramón Fernández; veintidós para José Luis Peratta; diecinueve para Valentín Romero; dieciocho para Catalino Morel y los médicos Leandro Corsi, Carlos Jurio y Luis Domingo Favole; dieciséis para Segundo Andrés Basualdo y quince para Héctor Acuña.
Respecto de las penas, la abogada que representa a Justicia YA!, Guadalupe Godoy, indicó, poco antes de leer sus alegatos, que "vamos a pedir las penas máximas que correspondan a cada uno". En cuanto al pedido formal, dijo que estaría enfocado en que "se reconozca que hubo un genocidio como tal y no que los hechos sucedieron en el marco de un genocidio", figura que enmarcó la condena que este mismo tribunal dictó sobre Miguel Etchecolatz y Cristian von Wernich.
28 de septiembre de 2010
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Argentina. Luis Abelardo Patti. Oficial subinspector de la comisaría de Escobar entre el 1º de enero de 1972 hasta el 7 de marzo de 1977. Está acusado de nueve privaciones ilegales de la libertad agravadas por abuso funcional, amenazas y violencia: las de Gastón Gonçalves, Diego Muniz Barreto y Juan José Fernández, Carlos Souto, Guillermo David D’Amico; Luis Rodolfo D’Amico, Luis D’Amico, Josefa Elsa Molina y Tomás Ariosti. En tres casos agravadas porque se prolongaron por más de treinta días. Además, se lo acusa por seis tormentos agravados porque las víctimas eran perseguidos políticos, por homicidio de Gonçalves agravado por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas y por dos violaciones a domicilio.
[Alejandra Dandan] Argentina. La requisitoria de Jorge Sica de elevación al juicio tiene el carácter de provisoria, será una de las bases del juicio oral. Esa acusación reúne datos que aportaron en la instrucción distintos testigos, entre ellos muchos de los que fueron recogidos en la causa de Gastón Gonçalves, militante de la Juventud Peronista, secuestrado el 24 de marzo de 1976. Varios de esos tramos fueron leídos en la audiencia. Entre otros, los relatos de sus compañeros de militancia que dan pruebas de la persecución de Patti. Y el de una empleada del cementerio de Escobar a la que Patti le prohibió hablar de los entierros clandestinos en 1996 cuando era intendente.
[Argentina] [Alejandra Dandan] El condenado Reynaldo Bignone subió las escaleras primero. Lo siguió Santiago Omar Riveros, y al lado se sentó el ex policía Fernando Meneghini. El escenario del auditorio municipal Hugo del Carril en José León Suárez estaba listo. Se habían acomodado a un lado los integrantes del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín; abajo, en las butacas, estaban familiares, testigos y representantes de los organismos de derechos humanos. Pero en la sala todavía faltaba el policía Luis Abelardo Patti. "Ni a mi novia esperé tanto en mi vida", se oía entre el público. "A ver... A ver... ¿qué pasa?", murmuró la misma voz delante de unas cartulinas con las caras y los nombres de otros asesinados en Escobar levantados como estandarte entre el público. "Ahí viene el bicho", dijo la voz cuando un enfermero se abrió paso con la camilla en andas desde la puerta de emergencia ubicada a un costado. Rodeado por un impresionante cuerpo de hombres del Servicio Penitenciario pertrechados con chalecos antibalas, el ex subcomisario llegó acostado sobre el camastro, el cuerpo inerte, los ojos cerrados y un par de zapatillas deportivas. Así estuvo durante la primera jornada del juicio oral por los crímenes imprescriptibles de la última dictadura militar al que es sometido junto a los otros tres represores.
[Graciela Rosenblum, Iris Avellaneda y José Schulman] Argentina. Para los que luchamos desde hace años contra la impunidad de los genocidas, los días que vivimos son días históricos. Días de juicio y castigo. Condenas que ni siquiera soñábamos en los duros años de la dictadura, cuando algunos abríamos las puertas de los locales de la Liga para organizar la lucha, y otros estábamos tras las rejas o secuestrados, como Teresa Israel y Baldomero Valera que continúan desaparecidos.
Santa Fe, Argentina. El robo de los mellizos de Raquel Negro, desaparecida en la Quinta de Funes, está más cerca del juicio oral y público. Los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candioti presentaron al juez federal de Paraná, Gustavo Zonis, el requerimiento de elevación a juicio de la causa que investiga el nacimiento de los dos niños -una nena y un varón en el hospital Militar de Paraná, que operaba como maternidad clandestina del Segundo Cuerpo de Ejército. La niña es Sabrina Gullino, que recuperó su nombre en diciembre de 2008, pero aún se desconoce qué sucedió con su hermano. "Hay otra causa que investiga el paradero del niño que está avanzando", dijo una fuente judicial consultada por Rosario/12. Por la supresión de identidad de los hijos de Raquel y su pareja, Tulio Valenzuela, están imputados cuatro de los condenados a perpetua por los desaparecidos en el centro clandestino de Funes: Pascual Guerrieri, Jorge Alberto Fariña, Juan Daniel Amelong y Walter Pagano, más otro oficial del Destacamento de Inteligencia 121, Marino Héctor González y un médico de Paraná: Juan Antonio Zaccaría.
[Alejandra Dandan] Argentina. "Por algo no prescriben estos crímenes", dice Juana Muniz Barreto, sentada en torno de una mesa familiar. "A cada uno le lleva mucho tiempo poder hablar, resolver; empezar a recolectar las pruebas es una tarea muy ardua, difícil y a veces hasta azarosa." Al lado están sus hermanos Diego y Antonio, que llegó especialmente de España. Son hijos del ex diputado Diego Muniz Barreto, secuestrado por Luis Abelardo Patti el 16 de febrero de 1977 a las seis de la tarde, en una carnicería de Escobar. La causa Muniz Barreto es una de las que empezarán a ventilarse a partir de hoy en el auditorio Hugo del Carril de José León Suárez, en un juicio histórico. El Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín comienza a juzgar a los ya condenados generales Santiago Omar Riveros, ex director del Comando de Instituto Militares Zona 4 de Campo de Mayo, y Reynaldo Bignone, por entonces su segundo. También a Fernando Meneghini, jefe de la comisaría de Escobar, y al inefable Luis Abelardo Patti por nueve víctimas. Patti, en 1977, era oficial de la comisaría de Escobar y hoy será juzgado por nueve privaciones ilegales de la libertad, la aplicación de tormentos a seis víctimas y el asesinato de Gastón Gonçalves. Pese a los requerimientos, dilaciones y supuestos problemas de salud, el ex subcomisario y ex intendente de Escobar –patrocinado por Alfredo Bisoridi– se sentará ahora sí en el banco de acusados.
Santa Fe, Argentina. Hoy a las 18, desde el Cine Belgrano y hasta la Recova Rippamontti, en la ciudad de Rafaela; se desarrollará la marcha convocada por el Espacio Verdad y Justicia, que sigue luchando por "el esclarecimiento del asesinato de Silvia Suppo".