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empezó estudio de las muestras


La fiscal Rita Molina, que tiene a su cargo la causa sobre la filiación de Felipe y Marcela Noble Herrera, se mostró optimista sobre la resolución del caso. Ayer se abrieron los sobres con las muestras de ADN, que serán estudiadas para determinar si pueden ser utilizadas.
Argentina. "Está la ley para aplicarla y ésta fiscal para luchar para que la verdad se sepa, y yo le aseguro que la verdad se va a conocer", dijo la fiscal. Reconoció, sin embargo, que "es difícil determinar en cuánto tiempo se sabrá la verdad" porque, explicó, "la defensa utilizará todos los medios legales a su alcance para impedir la pericia".
Los sobres que contienen las muestras hemáticas y el exudado bucal de Felipe y Marcela Noble Herrera, hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, se abrieron ayer ante la presencia de testigos y perito en el Hospital Durand, donde funciona el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
"La parte cobertora de los sobres estaba perfectamente", señaló la fiscal en declaraciones formuladas a radio Rivadavia, ante las dudas que existían respecto al estado de estos sobres cuyas muestras se tomaron hace diez meses. Según dijo Molina, las muestras "se volvieron a ensobrar" y ahora están en poder del Banco Genético, que el 18 de octubre dará comienzo a las pericias.
A través de estas pericias, explicó, "se va a determinar el ADN de los jóvenes", y luego "se comparará con todo el banco genético". Agregó que, de todas formas, el primer paso es "determinar la idoneidad de las muestras, si están contaminadas o no" y dijo que "una vez que se determine se va a guardar la muestra".
El estudio sobre el estado del material biológico disponible, preliminar a la determinación de un perfil genético de los jóvenes, estará disponible el 28 de octubre luego de que ayer el BNDG pidieran una prorroga del inicio hasta el 18 del corriente. La pericia estaba programa en principio para el jueves próximo, pero las directora del BNDG y responsable de las pericias ante el juzgado, María Belén Rodríguez Cardozo, pidió posponerla debido a un viaje al exterior.
6 de octubre de 2010
5 de octubre de 2010
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declaró díaz bessone


Declaró el ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército ante el Tribunal Federal. Díaz Bessone repitió "que en la Argentina se había vivido una guerra ya que un gobierno constitucional había ordenado aniquilar a la subversión". E insistió con que debería ser juzgado por un tribunal militar. Desmintió a Feced.
[José Maggi] Argentina. El ex Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército Ramón Genaro Díaz Bessone declaró ayer ante el Tribunal Oral Federal Nº 2, en el marco de la causa por terrorismo de estado que lleva su nombre. En un larga exposición les recordó a los presentes que "que en la Argentina se había vivido una guerra ya que un gobierno constitucional había ordenado aniquilar a la subversión, y que por ende no cabía un juicio de un tribunal federal, sino de uno militar, porque no se habían cometido delitos penales, sino que se habían aplicados políticas de estado que no pueden ser sujetas a revisión judicial". Y aclaró por si había dudas que "al derrotar a la subversión salvamos al país de un régimen castrista". Díaz Bessone negó que hubiese tenido bajo su mando a la policía santafesina, con cuyos integrantes comparte el banquillo de esta causa. Y no dudó en desmentir al fallecido comandante de Gendarmería e interventor de la policía Agustín Feced "quien incurrió en falsedades al decir que yo le había dado una orden verbal para disponer de esa fuerza".
Al anciano militar que exhibe dificultades para hablar, para escuchar y para ver, se lo pudo ver en todo momento consultando un escrito especialmente preparado con resaltadores. Sus palabras fueron seguidas con atención por Gonzalo Miño, su abogado defensor. "En una guerra al enemigo no se lo asesina, sino que se lo mata, no se lo priva ilegalmente de su libertad y se lo tortura, se lo captura y se lo interroga", prosiguió Bessone.
Se resguardó en "los decretos de un gobierno democrático que dio libertad de acción para operar contra el enemigo y sus apoyos clandestinos". "En una guerra no se le pide una orden a un juez para actuar, como no se le pidieron para tirar bombas en Hiroshima y Nagasaki", dijo sin inmutarse el veterano represor.
Después trató de refutar el concepto usado por la fiscalía que lo acusa de participar en "un plan sistemático ilegal", "no fue tal sino un plan legítimo de un gobierno democrático", apuntó. "Si voy a ser juzgado por delitos militares que cometí como Comandante del Segundo Cuerpo, pido ser juzgado por el Código de Justicia Militar", agregó.
Para el militar "este es un juicio político y no un juicio penal, en donde se toman como ciertas, por ejemplo, las denuncias de la Conadep
(Comisión Nacional por la Desaparición de Personas) ante quien solo bastaban las simples denuncias sin investigación alguna" dijo para desmerecer al organismo que enumeró las atrocidades cometidas por el gobierno militar.
Después se enfrascó en explicar que "hubo decretos como el 2770/ 75 del gobierno de Isabel Perón que creó el Consejo de Seguridad Interior presidido por ella y fijó las competencias del Consejo de Defensa presidido por el ministro de Defensa que coordinaba la ejecución de las medidas contra la subversión. Entre ellos los gobernadores, que disponían de sus policías provinciales. Si yo tuve dominio del hecho, podría hablar de la figura del partícipe necesario, pero cuánto más lo son los miembros del Poder Ejecutivo y los gobernadores de provincia".
Se detuvo en recordar el decreto 2772/75 que establecía "que las fuerzas armadas bajo el Comando Superior del presidente de la nación ejecutará las operaciones necesarias para aniquilar a la subversión, y por más que se quiera distorsionar el sentido es reducir a la nada, matar al enemigo. En tiempos de paz se ordena detener, poner a disposición de autoridad, en tiempos de guerra no. Obtener información, no es una actividad ilícita y hoy tan menospreciada" remarcó.
Aseguró que "jamás requerí el control operacional de las fuerzas policiales de la provincia". Y concluyó "todo lo que pueda declarar el comandante Feced no goza de ninguna garantía porque está viciada de falsedades. La falsedad de Feced surge claramente porque fue designado interventor de la UR II el 8 de abril de 1976 por decreto y puesto en funciones después, jamás pudo estar en reunión conmigo en marzo".
6 de octubre de 2010
5 de octubre de 2010
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sin derecho a querella


Resolución del Tribunal Federal Oral de Rosario.
[Sonia Tessa] Argentina. Aunque recién ayer por la tarde comenzaron las indagatorias, por la mañana se reanudaron las audiencias de la causa Díaz Bessone. Después de un cuarto intermedio para terminar de definir las cuestiones preliminares, la secretaria Silvana Andalaf leyó la resolución del Tribunal Federal Oral que -con voto dividido hizo lugar a algunos de los planteos de la defensa, ninguno de los cuales impidió el inicio del debate propiamente dicho. Por un lado, declararon la nulidad parcial de algunos procesamientos por tormentos a casi todos los acusados, por considerar que no habían sido incluidos en tiempo y forma en la acusación. Pero el punto crucial fue el rechazo de la participación como querellantes por el delito específico de asociación ilícita de aquellos casos que no se ventilan en este juicio oral, dado que aún se encuentran en etapa de instrucción. Las caras largas de las abogadas y los abogados querellantes eran elocuentes, no esperaban esa resolución, que impide querellar a un grupo importante de víctimas y familiares por este delito, ya que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Es decir, algunas víctimas podrán acusar a estos cinco imputados por asociación ilícita, y otras tendrán vedado ese derecho.
Así lo entendió Beatriz Barabani, autora del único voto que rechazaba la nulidad planteada por el abogado defensor Germán Artola. "Adoptar tal temperamento, significaría privar la posibilidad de querellar por tal delito", expresó con toda claridad la magistrada -que esta semana preside el Tribunal en su voto. En cambio, Jorge Benegas Echagüe consideró que se debía "diferenciar entre quienes acusan y aquellos que aún no han superado la etapa de instrucción". A esa postura adhirió Otmar Paulucci. Es decir que Esperanza Labrador, cuyo esposo Víctor y su hijo Palmiro fueron asesinados, mientras Miguel Angel se encuentra desaparecido, no tiene derecho a querellar a estos cinco acusados por haber formado una banda con el fin de secuestrar, torturar y asesinar a personas por razones políticas. En la misma situación están, entre otros, Elida Luna, esposa del desaparecido Daniel Gorosito y Marcelo Jalil, hermano de Sergio, desaparecido.
Al salir de la audiencia, Gabriela Durruty, abogada de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, afirmó que estudiarán la resolución, con la que adelantó que no estaba de acuerdo, para discutirla, ya que reservaron derechos. Para Nadia Schujman, de Hijos, la decisión del Tribunal significa "un certificado de defunción a la posibilidad de estos querellantes de acusar por asociación ilícita" y consideró que "debido a una decisión judicial de elevar algunos casos y dejar otros en instrucción, ahora se toma esta medida, sin tener presentes todas las expectativas que se generan en los querellantes".
La audiencia propiamente dicha comenzó después de las 12. En el banquillo, en el extremo izquierdo de la sala, el principal acusado estaba vestido con un traje gris. Homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y asociación ilícita son los cuatro cargos por los que deberá responder, al igual que José Lofiego, del que lo separaba un gendarme, en la misma hilera de sillas. José Scortecchini, Mario Marcote, Ramón Rito Vergara, así como el civil Ricardo Chomicki, seguían sentados en el orden habitual. Ellos no están acusados de homicidio, pero sí del resto de los delitos. Del otro lado del vidrio, la mayoría de los asientos estaban ocupados. Cada uno de los asistentes mostró la foto de algún desaparecido. La memoria de Estrella Augusta González, Sergio Abdo Jalil, Susana María Busaniche, Nora Larrosa, Norma Valentinuzzi de Maggio, Gustavo Ramón Bruzzoni Godone, Oscar Medina, Daniel Gorosito, Graciela María y Susana María Busaniche, así como de Cristina Bettanín fue recuperada por sus compañeros de antes y de ahora en el lugar donde esperan encontrar justicia.

6 de octubre de 2010
5 de octubre de 2010
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veinticuatro cadáveres


El ex comisario Meneghini declaró en el juicio en San Martín y buscó despegarse de Patti. La presidenta del Tribunal Oral obligó a Patti a sentarse y responder a la invitación a declarar. Lo colocaron en una silla de ruedas, pero avisó que no hablaría. Quien sí lo hizo fue Meneghini, ex jefe de la comisaría de Escobar.
[Alejandra Dandan] Argentina. Desde temprano había corrido la voz de lo que podía pasar. La presidenta del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín iba a pedirle a Luis Abelardo Patti que abandonara la escenificación de enfermo, se incorporara y respondiera sentado a la invitación a la indagatoria. Horas después del comienzo del debate, el momento llegó. Tras un pedido en vano de sus abogados, el represor enfrentó al tribunal sobre una silla de ruedas. "¿Desea hacer alguna declaración?", preguntó la jueza Lucila Larrandart. El ex subcomisario giró la cabeza súbitamente hacia la izquierda para mirar a los abogados querellantes. Luego de levantar el dedo pulgar, respondió a la jueza con un no.
La tercera jornada de audiencias del juicio oral y público en San Martín contra el ex policía entraba así en el tramo final. El ex dictador Reynaldo Bignone se negó a declarar y, antes de Patti, declaró durante unas cuatro horas el ex comisario Fernando Meneghini, jefe de la comisaría de Escobar desde enero de 1976, con prisión domiciliaria. Con la voz carrasposa y 74 años, Meneghini habló por primera vez. Intentó despegarse de Patti, al que, como iba vestido de civil, obligó "al menos a llevar saco y corbata" y a quien le levantó un sumario por tareas de inteligencia ilegal. En su defensa, habló de una relación todopoderosa de los militares de Campo de Mayo sobre la comisaría.
"La comisaría de Escobar tenía mil jefes", dijo. "Yo parecía el hijo de la pavota, perdóneme la expresión, pero alguna vez me tiraron 24 cadáveres siendo que no me correspondían porque eran Pilar." Durante uno de los intervalos, esos minutos para ganar algo de aire, los sobrevivientes, amigos y familiares de las víctimas intentaban decodificarlo. Diego Muniz Barreto, el hijo de una de las víctimas, sospechaba que como buen policía el hombre era muy verticalista, hasta que algo entraba en desgracia. Por otras, alguien suponía en cambio que "a lo mejor empezó a romperse el pacto de silencio y se produce un quiebre entre los militares y quienes tenían cargos intermedios como la policía". En la declaración dejó además otras impresiones: la chance de que alguno de los datos podrían ser, además, el resultado de cierto enfrentamiento con Patti.
Meneghini llegó a la comisaría de Escobar en enero de 1976. Conoció a Patti "en la puerta", aseguró, y aclaró que durante ese año el ahora ex intendente de Escobar estuvo en la delegación de Garín. Pese a que la delegación dependía de la comisaría de Escobar, Meneghini intentó despegarlo: "A mí no me constaba lo que había hecho en Garín, yo no lo conocía, no sabía qué mentalidad tenía y los corrillos públicos hablaban" del accionar ilegal desde que las comisarías habían entrado en la órbita del Ejército, tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. "No podía saber si hacía bien los deberes o transgredía la ley", aseguró sobre lo que sucedía en Garín. Aun así, a partir de las preguntas de la querella tuvo que reconocer que Garín enviaba partes con operativos y novedades, él visitaba la delegación una vez a la semana y controlaba los libros.
De espaldas al público, enfrentado al tribunal, el ex comisario leyó artículos de diarios y las actas de resoluciones que determinaron entre 1975 y 1976 la subordinación de la policía a la órbita militar. Entre otros datos, se refirió además a un testigo de la instrucción para volver a Patti. Era el hijo del jefe de la Delegación municipal de Garín, la persona que además entregaba vales de nafta e impuestos a la comisaría. "Era Patti el que retiraba los vales", dijo. "Además se puede presuponer que los vales de nafta eran para Garín, situación que nos lleva a sostener que Patti en dicha fecha con la jerarquía que ostentaba estaba en Garín y no en Escobar, porque la jerarquía reglamentariamente no le permitía estar al frente de una comisaría propiamente dicha."
Meneghini dijo que Patti se sumó a Escobar en 1977, como oficial de calle. Que él no lo pidió, que fue una orden de la Unidad Regional de Tigre. "Yo nunca le dije a Patti, tal como se me adjudica, que no aplique tormentos sin mi autorización. Sí lo que le dije es que si él iba a prestar servicios en mi comisaría, porque lo había dispuesto la superioridad, que lleve al menos saco y corbata porque no llevaba uniforme y que a mi seccional no trajera ninguna persona ilegal porque yo inmediatamente la iba a documentar".
Una de las sospechas es que Patti era personal de inteligencia, con funciones en y fuera de Escobar. La querella preguntó a Meneghini por la Dipba, el área de inteligencia de la Policía de Buenos Aires y el ex comisario dijo por ejemplo que había una delegación de la Dipba en la Unidad Regional de Tigre, de donde salió –según sus dichos– el nombramiento de Patti en Escobar.
A mediados de agosto de 1977, explicó, ordenó a Patti una investigación por el supuesto robo en una fábrica de madera. "Participe pero cuidado –le dijo–: usted ya sabe cuál es mi temática". Al cabo de unos días, lo llamaron de Campo de Mayo porque el sobrino de un general se había quejado de Patti. "Acosamiento –intentó aclarar Meneghini–, pararlo en la calle, incursionar en el núcleo de amistades y familiares de la víctima".

–¿Eran tareas de inteligencia? –preguntó la querella.
–En la policía no se hacía inteligencia, sí averiguaciones, puede ser que en algún momento lo haya interpelado a este muchacho, que este muchacho le contó al tío, y así hasta que lo dijeron a mí.

Cuando supo que la Justicia iniciaba un juicio en su contra, el ex comisario regresó a la comisaría de Escobar para buscar los libros. Dijo que rescató una sola hoja del libro de sumarios de la comisaría, porque el resto había sido incinerado. Leyó la hoja. Eran datos de presuntas víctimas de la dictadura, con fecha, lugar, nombres o la identificación de NN con hipótesis de las causas de las muertes como privación ilegal de la libertad. La hoja incluía datos sobre los juzgados, a modo de cubrir sus responsabilidades pero a la vez señalar la de los juzgados.
Dijo que "en Escobar no se trabajaba subrepticiamente ni se ocultaba nada". Y aunque no cuantificó los casos aseguró que "en el caso de los muertos que aparecían, había que identificarlos y nunca había autor. El autor de los hechos de lesa humanidad no iba a estar en el lugar esperando que vayamos noso-tros. Dejaban el paquete y se iban". Los cuerpos, dijo, "eran NN con disparos de bala, semicarbonizados, cuyas inhumaciones y ataúdes para ser sepultados pagaba la intendencia de Escobar sin que nunca se llegara a identificar a los culpables de los crímenes".
Meneghini dijo que a partir del 24 de marzo de 1976 la situación de la comisaría cambió: "La comisaría de Escobar parecía que tenía miles de dueños. El capitán que vino con su tropa me dijo que se hacía cargo de la comisaría por orden de la Junta Militar, se aposentó en la casa habitación, y me dijo: ‘Yo me hago cargo de la jurisdicción’ y que yo tenía la obligación de alojarlo". El capitán era Eduardo Francisco Stigliano. "Compartí ese lugar como un náufrago de un barco pero sin saber lo que hacían porque no me daban ninguna explicación".
6 de octubre de 2010

5 de octubre de 2010
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qué digan dónde están


"Que digan dónde están los compañeros". Retoman las audiencias en San Martín con la expectativa de que los acusados hagan uso de la palabra. Los represores, incluido Patti, podrán declarar si lo desean. Las querellas creen que el ex dictador Bignone podría hacerlo, aunque meramente para reivindicar el genocidio. Riveros ya se negó.
[Alejandra Dandan] Argentina. Hoy comienza una nueva audiencia del juicio oral en San Martín. Los represores, entre ellos el ex policía Luis Abelardo Patti, tendrán ocasión de declarar si lo desean. Los organismos de derechos humanos que integran las querellas reiteraron ayer lo que vienen repitiendo en cada uno de los juicios de todo el país: "Lo único que queremos escuchar de los genocidas es que digan dónde están los compañeros desaparecidos y qué es lo que pasó con ellos en los últimos momentos, todo lo demás no nos interesa".
A una semana del comienzo de las audiencias orales que se llevan a cabo en el auditorio Hugo del Carril, en medio de un descampado en José León Suárez, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín abrirá la posibilidad de que los acusados hagan sus descargos o declaraciones antes del comienzo de los debates. El jueves pasado, la audiencia terminó con la invitación a declarar para el primero de los cuatro acusados, el condenado Santiago Omar Riveros, entonces jefe del Comando de Institutos Militares con sede en Campo de Mayo. Riveros se negó a declarar y en su lugar se escuchó uno de los testimonios que brindó durante la instrucción del juicio.
Se espera que durante la audiencia de hoy las cosas sean distintas. Las querellas creen que, tal como lo hizo en el último juicio, Reynaldo Bignone hará uso de la palabra. Del hombre que fue el último presidente de facto de la dictadura militar, y a quien se lo juzga en este caso por su rol de segundo jefe del Comando de Institutos Militares, se espera que vuelva a reivindicar el genocidio.
Juan Meneghini, en cambio, fue comisario de Escobar durante el período en el que se produjeron los hechos. Se supone que en la audiencia de hoy repetirá las explicaciones que dio durante la instrucción para despegarse de los crímenes. Esto es, que no tenía responsabilidad sobre lo que ocurría en la comisaría una vez que el poder militar se hizo cargo de la zona. Y sobre su relación con Patti siempre dijo que el ex policía se manejaba por las suyas. Pero su explicación no coincide con lo que dicen las pruebas acumuladas de la causa, entre otras razones porque a esta altura está probado que Gastón Gonçalves, secuestrado el 24 de marzo de 1976 y cuyo cuerpo apareció carbonizado con una perforación en el cráneo el 2 de abril de ese año, estuvo secuestrado y sometido a tormentos en un celular de la policía ubicado en el mismo predio de la comisaría. En ese sentido, Ana Oberlin, que representa a una parte de la querella, indicó que Meneghini "no puede pretender desligarse de las situaciones que ocurrieron en el lugar porque siendo comisario tenía responsabilidades".
Por último, es incierto aún lo que suceda con Patti. Desde hace una semana, el ex policía llega a las audiencias en una camilla y permanece unas horas recostado, rodeado de hombres del Servicio Penitenciario y asistido por un enfermero que controla su presión. Se supone que hoy ingresará en esas mismas condiciones a la sala. "No creemos que hable porque iría en contra de la estrategia que está desarrollando en estos días –dijo Oberlin–, que es que está ahí, y que no puede hacer nada, pero no descartamos que presente algún escrito a través de sus abogados."
Sus abogados son Silvio Ramón Duarte y el ex camarista Alfredo Bisordi, que intentó a través de todo tipo de presentaciones dilatar el comienzo del juicio. De lo que pueda contener ese escrito también anoche corrían especulaciones. A esta altura del juicio, los querellantes creen que la estrategia de Patti será continuar en camilla para lograr finalmente conseguir la prisión domiciliaria.
La causa es un desprendimiento de la llamada causa Riveros, con más de 400 casos. Tres de esos expedientes son el sustento de este juicio oral. Se trata de Gastón Gonçalves, el único homicidio hasta el momento imputado a Patti; el de Muniz Barreto y su secretario Juan José Fernández, secuestrados el 16 de febrero de 1977 de una comisaría cercana a la comisaría de Escobar, en un hecho que sus familiares adjudican a Patti. Ambos fueron arrojados al Paraná, pero Fernández sobrevivió. El último expediente reúne el secuestro y desaparición de Carlos Souto y los hermanos Guillermo y Luis Rodolfo D’Amico.
4 de octubre de 2010
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se reactiva caso noble


Comienzan mañana las pericias en el Caso Noble. Los procedimientos intentarán determinar si las muestras de sangre y saliva tomadas a los hijos adoptivos de la dueña del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, se encuentran aun en condiciones de brindar un perfil genético que establezca si sus padres biológicos fueron desaparecidos durante la última dictadura.
Argentina. Las medidas, ordenadas por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, comenzarán con una verificación de los tres juegos de muestras conteniendo saliva y sangre a disposición de la justicia.
Para este trámite ya fueron citados al Banco Nacional de Datos Genétios que funciona en el Hospital Durand de Buenos Aires los abogados y peritos de la dueña del diario Clarin, las Abuelas de Plaza de Mayo y dos familias de desaparecidos que son las partes de la causa.
El examen propiamente dicho para determinar el estado de las muestras se lo realizarán recién el jueves los peritos del Banco, pero sin avanzar aun sobre la determinación de los perfiles genéticos.
Si las muestras están en buen estado la jueza deberá ordenar que se establezcan los perfiles para su posterior cotejo con las muestra depositadas en ese organismo por familiares de desaparecidos.
Dos de las muestras de sangre y saliva a peritar se encuentran depositados en el BNDG y la restante el Cuerpo Médico Forense, pero mañana se concentrarán en el BNDG para realizar los estudios.
Felipe y Marcela Noble Herrera accedieron a entregar las muestras, pero con reserva de que no se cotejen con las totalidad de las que se hallan en el Banco sino sólo con las de dos familias. La jueza ordenó avanzar en estas nuevas pericias luego de que otras muestras tomadas en un allanamiento posterior no pudieran usarse dada su "contaminación", presuntamente adrede, por diferente personas que habrían usado o tocado la ropa.
La magistrada fijó el cronograma luego de rechazar el viernes un pedido suspensivo realizado por el abogado defensor de la dueña del diario Clarin, el ex juez federal Gabriel Cavallo.
Además de la saliva y sangre, el jueves también se periciará para saber si está en condiciones de brindar un perfil genético otro material biológico tomado en el domicilio de los jóvenes Noble Herrara en sus domicilios durante un anterior allanamiento.
4 de octubre de 2010
3 de octubre de 2010
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rescatados del olvido


Otro homenaje en Ingeniería.
Argentina. El martes 5 de octubre a las 18 en la Facultad de Ingeniería (Av. Pellegrini 250) se descubrirá una nueva placa en homenaje a quienes pasaron por esa casa de estudios y están desaparecidos. Además se proyectará el documental ‘Liliana y Eduardo... Las luces de la memoria’. "Recordar, del Latín re cordis, volver a pasar por el corazón", de Eduardo Galeano, tal es la frase que rinde homenaje, en la placa ubicada en el hall de aquella Facultad, a quienes después de haber pasado por esos claustros fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos por el terrorismo de Estado. "La memoria es una tarea permanente, ardua, necesaria. Nos permite posicionarnos, nos da armas para luchar contra la impunidad y nos previene de viejos y nuevos sofismas. Esos nombres nos apelan cada vez que ingresamos a la Facultad, pese a que muchas veces, por descuido o ignorancia, queden velados tras algún cartel", dice el texto de prensa convocando al acto. "Entre esos nombres hay uno que ya no será más desaparecido: recientemente se identificaron los restos de Yves Domergue y su compañera Cristina Cialceta, secuestrados en Rosario, asesinados y enterrados como NN en Melincué en 1976. Fue el trabajo de docentes y alumnos de la escuela pública Nº 425, Pablo Pizzurno, de Melincué, lo que permitió erradicar el silencio que durante 33 años encerró la verdad sobre la pareja asesinada, y logrando la identificación gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Otro de estos compañeros, Eduardo Pasquini, fue docente del Departamento de Física, al igual que Julia Huarque".
La realización de Sergio Daniel Monserrat, Daniel de San Benito y Nestor Sapietro de Octaedro Producciones Liliana y Eduardo... las luces de la memoria, lo recuerda junto a su compañera Liliana Mizraji, psicóloga y docente de la Facultad de Psicología de la UNR, quienes fueron secuestrados de su domicilio en la zona sur de la ciudad de Rosario, en la madrugada del 10 de junio de 1976 y nunca más se supo de ellos. El documental presenta los testimonios de sus hijas como así también de docentes de nuestra Facultad. "Hoy, en un nuevo ejercicio de Memoria, homenajeamos a otros seis compañeros que, por falta de información, no fueron incluidos en la placa colocada en 1996. Ellos son Mario Oreste Galuppo, Rodolfo Usinger, Raúl Milito, Daniel Garrera, Eduardo Cigliuti y Ana María Ciancio, estudiantes que militaban en nuestra Facultad. Luego de mucho tiempo, la impunidad comienza a ceder. La anulación de las leyes de punto final y obediencia debida abrió la puerta para llevar a juicio a los responsables militares y civiles del terrorismo de estado. Sin embargo, las causas avanzan lentamente, con no pocos palos en la rueda. Este año se dictaron en Rosario las primeras 5 condenas perpetuas en cárcel común por delitos de lesa humanidad", dicen los realizadores sobre el sentido que adquiere el homenaje.
Actualmente se está llevando adelante el juicio oral por la causa Díaz Bessone, en la cual son querellantes dos docentes de Ingeniería Laura Ferrer Varela y Liliana Gómez. "En este momento muchos de los asesinos están excarcelados y pueden circular por las calles mientras no se dicte sentencia. Las intimidaciones y amenazas están a la orden del día. Es fundamental nuestro compromiso para apoyar a nuestras compañeras, la mejor protección es la contención de todos", concluye el texto de la invitación al descubrimiento de la placa y la proyección.
3 de octubre de 2010
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infierno de nené


Testimonio clave de la querellante María Inés Luchetti de Bettanín. Secuestrada junto a gran parte de su familia, es una de las pocas sobrevivientes. Esta semana se presentó en Tribunales contra los responsables del centro clandestino de detención. Denunció desde 1984 que el cura Zitelli avaló las torturas.
[José Maggi] Argentina. María Inés Lucchetti de Bettanín, Nené, es una de las pocas sobrevivientes de su familia, que fue diezmada por la última dictadura. Esta semana se presentó como querellante en la justicia federal, y tal como lo viene haciendo desde 1984, repitió sus denuncias contra civiles, militares y eclesiásticos que participaron del aparato represivo en el Servicio de Informaciones. Su testimonio es pilar fundamental en la acusación contra el entonces capellán de la policía Eugenio Zitelli quien luego de saber que habían existido numerosas violaciones a mujeres le respondió: "Momentito, que apliquen la picana está bien porque estamos en guerra y es una forma de obtener información, pero las violaciones atañen a la moral y nos prometieron que no iban a pasar". Nené Bettanin también exige que los civiles que colaboraron, como Ricardo Chomicki sean juzgados por los delitos que cometieron contra sus ex compañeros.
"Mi historia comienza el 2 de enero de 1977 en un operativo que hacen en mi casa del barrio Gráfico de Rosario, en el que nos rodea un grupo de policías que matan a mi marido Leonardo Bettanín, secuestran a mi cuñado Jaime Colmenares, matan a Clotilde Tozzi y a Roque Maggio y nos llevan secuestradas a mí, a mi suegra y a las cuatro nenas que estaban en mi casa: dos de mis hijas, la hija de Maggio y la de Tozzi, y nos llevan al Servicio de Informaciones", comienza relatando a este cronista Nené, representada por las abogadas Isabel Fernández Acevedo y Gabriela Durruty.

¿Cuál es tu testimonio sobre ese centro de detención?
Lo que voy a testimoniar es largo, mi declaración y la de mi suegra las hicimos en el inicio de la Causa Feced en el año 83. Era paradigmático porque en ese edificio funcionaba la Jefatura de la policía, la alcaidía donde había presos legales, y distintas dependencias policiales donde la gente podía ir a hacer trámites normales mientras nosotros estábamos en un sótano esposados, amordazados y desaparecidos. Siempre me pareció muy enigmático ese edificio, enclavado en el centro de Rosario, muy simbólico de lo que fue la dictadura. El proceso como desaparecidos no fue ni mejor ni peor que el del resto: entramos en una dimensión diferente de todo, de tiempo, de espacio, de identidad, fuimos torturadas, mi suegra fue violada. Yo estaba a punto de parir, me llevaron a una camilla para torturarme hasta que dije que tenía contracciones, tras lo cual vino un médico y me revisa y les dice que tenía cuatro centímetros de dilatación y que me dejen. Y después eran horas en las que no sabías si avanzabas hacia la muerte o hacia la vida. Lo importante fue compartir con muchos compañeros en solidaridad el inmenso dolor que eso producía.

Los represores que están siendo juzgados en la Causa Díaz Bessone pasaron por el Servicio de Informaciones. ¿Recuerda puntualmente un episodio con alguno de ellos en particular?
Sí, recuerdo muchos: a mi suegra la viola Carlitos Gómez que está fallecido, y le controla la tortura el Ciego Lofiego, la revisa el médico Sylvestre Begnis para corroborar si podían seguir torturándola, a mí me hace tacto vaginal el doctor Gentile para saber si podía continuar en la tortura. Después, recuerdo las guardias sucesivas en las que estaban los de la Patota a los que incriminamos con nuestras denuncias con todos los nombres que recordaba en aquel momento, y que recuerdo hoy porque he hecho un ejercicio de memoria en estos cuarenta años para no olvidarme. Y después todo el personal civil y eclesiástico que también colaboró con ellos, formando parte del aparato represivo del Servicio de Informaciones, por elección.

Según su declaración anterior usted tuvo contacto con el capellán de la policía Eugenio Zitelli, sobre quien pesa un pedido del fiscal federal Gonzalo Stara para que sea citado a declarar. ¿Cómo conoció a Zitelli?
A Eugenio Zitelli lo vengo denunciando desde el año 1984. Cuando el entonces arzobispo de Rosario, Vicente Mirás lo nombra Monseñor Honorífico, en 1999, vine a Rosario y volví a declarar porque Mirás nos dijo que teníamos que ir a la justicia, tras lo cual le contesté que fuera a tribunales y mire el expediente porque Zitelli ya estaba denunciado desde hacía muchos años. A Zitelli lo conozco en la Alcaidía, porque teníamos pocas visitas, sin contacto con el exterior. Un día una celadora nos dice que las que éramos católicas si queríamos podíamos ir a confesarnos. Acordamos con las compañeras quiénes iríamos, no todas, a hablar con el cura. Las primeras veces confesión no había, pero había rezos y estampitas. Hasta que un día llegan compañeras muy jovencitas que habían sido violadas, y ahí hablo con él y le pido secreto de confesión por lo que le iba a decir. Entonces le digo: "Mire Padre acá además de gente torturada llega gente violada y no hay límite de edad. Mi suegra de 54 años fue violada y hay chicas de 16 años violadas". El cura se asombró y me contestó: "Momentito, que apliquen la picana está bien porque estamos en guerra y es una forma de obtener información, pero las violaciones atañen a la moral y nos prometieron que no iban a pasar". Me quedé helada, empecé a temblar, me aterré y el cura me preguntó: ¿Usted me autoriza a que le cuente esto al obispo?. Yo le respondí: "No le autorizo, le exijo que le diga al obispo, que es nuestro pastor, lo que está pasando, pero no se lo diga al Servicio de Informaciones porque mañana me encuentra muerta". Ahí terminó la charla, y por supuesto nunca más salí a hablar con Zitelli, a quien volví a ver el 11 de mayo de 1977, porque estando detenida pedí autorización para bautizar a mi hija. A esta ceremonia venía un sacerdote de Buenos Aires que era profesor mío en la escuela de la parroquia donde iba. Como no llegaba vino Zitelli al hall de la Alcaidía y me ofreció bautizar a mi nena sino llegaba. Mi mamá no lo conocía, y mis familiares tampoco. Yo me abrazo a mi cuñado y le digo: "De ninguna manera voy a permitir que bautice a mi hija quien bendijo la muerte de su padre". Por suerte, llegó el sacerdote que esperábamos y a Zitelli no lo vi nunca más. Lo de este hombre fue espantoso, porque como cristiana y católica era el único recurso espiritual al que podíamos recurrir y escuchar que dijera "nos prometieron que esto no iba a pasar" implicaba un acuerdo con los militares para aplicar la picana para obtener información. Con lo cual avalaba la tortura.

 ¿Contra quien va dirigida la querella que presentó esta semana?
Querello a todos los que participaron del Servicio de Informaciones, civiles y militares, y esto implica a Ricardo Chomicki, a (Virginia) Folch, a (José) Brunato (alias Tu Sam) y a Graciela Porta (la Corcho). El restante está muerto (Pollo Baravalle). Con el Caddy Chomicki y con la Victoria (Folch) tuve experiencias que voy a relatar en el juicio, pero lo que quiero decir es que el punto que a mí determina a seguir sosteniendo esta acusación que hice por primera vez en el año 84 es que no estoy dispuesta a que se tienda un manto de sospecha sobre todos los que salimos de los campos de detención. No todos colaboramos, de los dos mil detenidos que pasaron por el Servicio siempre se habla de los mismos cinco, y todos tuvimos el mismo nivel de no libertad. Una vez entrados allí, no era que uno tenía más libertad que otro, y en ese margen de no libertad unos eligieron una cosa y otros eligieron otra. Los que eligieron libremente pasar a ser parte del aparato represivo, torturar compañeros, delatar compañeros, y matar compañeros, tienen que ser juzgados y el Estado se tiene que hacer cargo de lo mismo por lo que están juzgando a los militares. Porque sino es tender sobre ellos el manto de obediencia debida que no quisimos tender sobre los militares. Había libertad para elegir, depende de donde uno se parara, era como terminaba su vida. Si ellos eligieron eso, que sean juzgados por eso. Yo exijo que sean juzgados porque nos deben vidas de compañeros.
3 de octubre de 2010
©rosario12
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