cura demoníaco no quiere comer
Etchecolatz y von Wernich no comen, para llamar la atención. Cura venido del infierno está condenado a reclusión perpetua por secuestros, extorsión, torturas y asesinatos. Cobraba rescate y asesinaba a los detenidos.
[Nora Veiras] Argentina. El comisario Miguel Etchecolatz y el ex capellán policial Christian von Wernich, condenados a reclusión perpetua por crímenes de lesa humanidad, iniciaron una huelga de hambre en el Penal de Marcos Paz. Los represores se sumaron a la protesta que empezaron dieciocho procesados por torturas, asesinatos y desapariciones en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata. A través de su Facebook, Cecilia Pando había anticipado la medida por "todas las violaciones que se les hacen a los que están ilegalmente detenidos por haber combatido al terrorismo, que generan un precedente para que el día de mañana le suceda a cualquier argentino". En la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en la Unidad Fiscal Especial aseguraron a Página/12 que no recibieron ningún reclamo por las condiciones de detención y desestimaron el planteo. Al contrario, lamentaron que muchos se hayan muerto impunes por la lentitud de los procesos. En Justicia estimaron que "buscan victimizarse para que los jueces les den la prisión domiciliaria". El último informe de la Unidad Fiscal, que encabeza Jorge Auat y coordina Pablo Parenti, data de junio pasado y precisa que "hay 464 detenidos en todo el país. El 55 por ciento en unidades penitenciarias, el 39 por ciento con prisión domiciliaria, el 4 por ciento en dependencias de fuerzas de seguridad y el 3 por ciento en hospitales y en el extranjero" y destaca que ya no hay represores presos en unidades militares a partir de sendas resoluciones tomadas en 2008 por la ministra de Defensa, Nilda Garré, avaladas por la cartera de Justicia. El relevamiento nacional señala que "se han juzgado 123 personas, de las cuales 110 fueron condenadas y 13 absueltas" y "hay 654 procesados, de los cuales 325 están imputados al menos en una causa en etapa de juicio y 140 que serán procesados".
Teniendo en cuenta el despliegue operacional de la represión, la cantidad de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad alcanzados por la Justicia es más que escasa. En ese marco apareció como desmesurada la denuncia de la esposa del mayor retirado Rafael Mercado y titular de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de la Argentina, sobre la muerte de acusados en las cárceles. "Más de cien efectivos de las instituciones castrenses han muerto en cautiverio por falta de atención médica en los penales, dejándolos en total abandono. Los derechos humanos son para todos los argentinos y no para un sector privilegiado que lucra con ellos", escribió Pando en su Facebook. En Justicia descreen de esa cifra y apelan a la lógica: pasaron treinta y cuatro años del último golpe militar, en consecuencia se van muriendo porque son viejos.
Hace un mes, Pando y sus mujeres habían actuado como cabecera de playa de la nueva batalla mediática al encadenarse en el Edificio Libertador. Reclamaban una entrevista con Garré para denunciar las "condiciones de detención infrahumanas" de sus maridos, amigos o parientes. La hermana del ex marino Alfredo Astiz y la esposa de Ernesto el "Nabo" Barreiro, el jefe de los torturadores de La Perla en Córdoba, fueron algunas de las abanderadas de la lucha. En Justicia explican que en Marcos Paz hay médicos permanentes cuya responsabilidad es la atención de los internos y destacan que "el tema es que ellos quieren irse a sus casas y se quejan porque no les dan el beneficio porque no están acusados por delitos comunes sino por crímenes de lesa humanidad".
Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la policía de Ramón Camps, fue condenado a reclusión perpetua en septiembre de 2006 por seis asesinatos y ocho secuestros y torturas, "delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio". El ex comisario manejó veintiún centros clandestinos de detención, fue el responsable del operativo de La Noche de los Lápices. En el ’86, la Cámara Federal lo había condenado a 23 años de prisión, quedó libre por la aplicación de la ley de obediencia debida. En el ’97, escribió La otra campana del Nunca Más, en el que aseguró: "Nunca tuve, ni pensé, ni me acomplejó culpa alguna ¿por haber matado? Fui ejecutor de una ley hecha por los hombres. Fui guardador de preceptos divinos. Por ambos fundamentos volvería a hacerlo". En 2001, Etchecolatz fue detenido por robo de bebés, estuvo en la cárcel de Devoto y consiguió la prisión domiciliaria en su casa en el bosque Peralta Ramos de Mar del Plata hasta que le encontraron una pistola 9 milímetros. En 2006 recaló en Marcos Paz y poco después fue condenado. "No sé rendirme y después de muertos tendremos mucho que hablar", le advirtió al tribunal, presidido por Carlos Rozanski, que lo juzgó, y luego de presentarse como "prisionero de guerra y detenido político".
Von Wernich, el capellán de la Policía Bonaerense, se reencontró en prisión con Etchecolatz. En octubre de 2007 fue condenado a reclusión perpetua como partícipe necesario de privación ilegal de la libertad agravada de 34 personas y coautor de la aplicación de tormentos agravados de 31 personas. Fue el primer y único miembro de la Iglesia Católica condenado por delitos de lesa humanidad.
El policía y el cura se convirtieron esta semana en los huelguistas de hambre más notorios de los veinte que decidieron llamar la atención de las autoridades judiciales. En el pabellón de lesa humanidad conviven un total de 89 reclusos. Los detenidos por la Unidad 9 de La Plata que en breve recibirán la sentencia del tribunal encabezaron la medida que se extendería por pocos días más. Por ahora no corren riesgo de vida.
5 de septiembre de 2010
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[Alejandra Dandan] Argentina. Un día subieron a Ana Quadros a la parte más alta de Automotores Orletti, donde iba a ser su peor sesión de torturas. Manuel Cordero, un represor uruguayo, primero le preguntó si lo conocía. "¿Cómo que no sabés de mí?", le dijo. "Si yo conozco a tantos otros." Con un organigrama colgado en la pared le preguntó por los cuadros del Partido de la Victoria del Pueblo, una organización creada por un grupo de uruguayos en el exilio para derrotar a la dictadura de su país. Ana respondió siempre negativamente. Otros cuatro o cinco represores la colgaron entonces en la sala de al lado, con las muñecas para atrás, le enroscaron un cable en el cuerpo y pusieron agua y sal en el piso. Cuando el peso de la cuerda cedía, sus pies tocaban la sal y le daban golpes de electricidad. Cordero volvió más tarde. La cargó en andas desnuda hasta el cuarto de al lado, le puso un trapo en la cabeza y la violó. Ella declaró en la audiencia de ayer por los crímenes en el centro clandestino: "Sentí un dolor y una vergüenza tan grande –explicó– que demoré veinte años en poder testimoniarlo; al rato me agarró de nuevo y me llevó donde estaban los otros detenidos".
[Alejandra Dandan] Argentina. Sara Méndez tenía un nombre falso. La secuestraron el 13 de julio de 1976 en la calle Juana Azurduy, del barrio de Belgrano, en un operativo en el que le sacaron a su hijo. Recuperó a Simón en 2002, después de la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo. Sara, que es uruguaya, fue llevada al centro clandestino Automotores Orletti, durante una operación conjunta del denominado Plan Cóndor. Volvió a Uruguay en un vuelo clandestino organizado por los militares. En la audiencia de ayer, durante el juicio oral por los crímenes de Orletti, habló de su convicción de la existencia de un segundo vuelo de "compañeros uruguayos" que no sobrevivieron y desaparecieron en ese país. También advirtió sobre la posibilidad de que existan, dijo, "muchos más niños" hijos de ex detenidos argentinos en su país "como acá –agregó– muchos más uruguayos".
[Sonia Tessa] Argentina. Con lluvia torrencial empezó ayer la jornada del juicio oral contra Ramón Genaro Díaz Bessone en la sala del Tribunal Federal Oral número 2, esta semana presidido por Otmar Paulucci. La secretaria Silvina Andalaf siguió leyendo las requisitorias de elevación a juicio presentadas por el Ministerio Público Fiscal respecto de la privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios de Estrella González, Héctor Vitantonio, Antonio Angel López y Óscar Manzur, así como la privación de la libertad y tormentos de Laura Torresetti, que fueron elevados a juicio oral después de la parte que contiene el mayor número de víctimas. La secretaria del Tribunal leyó la descripción de los hechos durante más de una hora, así como las acusaciones al máximo responsable del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército hasta octubre de 1976, Díaz Bessone, y a José Rubén Lofiego, oficial principal de la policía provincial. A las 12 se decidió un intermedio de 15 minutos, que se extendió durante casi una hora. Al retomar la audiencia, lo único que se hizo fue informar que el conjuez José María Escobar Cello debía retirarse para participar de un proceso en la ciudad de Santa Fe, de modo que este juicio se retomará el lunes próximo.
[Alejandra Dandan] Argentina. Gonzalo Conte está convencido de que todo debería ser de otra forma. De que los juicios orales sobre los crímenes en los centros clandestinos de detención deberían empezar por partes como ésta: la topografía de la memoria, una disciplina de la arquitectura que intenta con distintas fuentes orales pero también con imágenes y croquis rearmar las formas vivenciales de los centros clandestinos. Conte aportó su trabajo en la declaración de ayer en la causa del Vesubio. El terreno de casi trescientos metros de fondo, a poco más de doscientos metros del cruce entre Camino de Cintura y la Riccheri, contenía tres chalets donde funcionaban la jefatura de oficiales, el centro de torturas y las cuchas de alojamiento para los detenidos. La materialización con diapositivas y proyecciones del centro de detención que la represión intentó borrar aceleradamente con una demolición, cuyos tiempos también pueden medirse, acaba de trasformarse en otra prueba. "Creo que es importante empezar por los hechos físicos –dijo Conte–, que nos ayudan a conocer las otras instancias más subjetivas."
[Sonia Tessa] Argentina. Sólo las tortas y los mates que todas las jornadas del juicio, con paciencia militante, lleva Margarita, mitigan las largas esperas en la vereda de los Tribunales Federales, en Oroño al 900, donde un puñado de militantes históricos y algunas de las más jóvenes aguantan el frío y el viento sin chistar. La audiencia de la causa Díaz Bessone empezó ayer a las 10.40, y en menos de una hora la secretaria Silvina Andalaz terminó de leer las requisitorias de elevación a juicio de la acusación contra José Antonio Scortecchini por asociación ilícita. Esta semana, el tribunal es presidido por Otmar Paulucci. Tras un cuarto intermedio que duró otra media hora, se retomó la audiencia con la acusación por la desaparición de Sonia Beatriz González, una militante que fue secuestrada en su casa -en la calle Centeno, de Rosario el 15 de julio de 1976. Trabajaba en el frigorífico Swift. Su madre, Teresa Patrón Avalos de González, relató en el expediente que la joven estaba enferma cuando se la llevaron, y que la buscó incansablemente, pero sólo obtuvo respuestas negativas de las autoridades militares de entonces. Entre el público está sentado Félix López, uno de los testigos de la causa. Ojos claros, cara colorada, de gringo, López lleva puesto sobre su buzo azul un prendedor con la cara de Teresa Soria de Sklate, una de las desaparecidas que pasó por el Servicio de Informaciones y de allí fue trasladada a la Quinta de Funes.
Argentina. El primer juicio por delitos de lesa humanidad de la dictadura en La Rioja comenzó ayer de manera accidentada, ya que no bien empezó el proceso por el homicidio del soldado Roberto Villafañe, ocurrido el 30 de agosto de 1976, debió suspenderse por una descompensación de uno de los jueces. La muerte de Villafañe, que cumplía el servicio militar, está relacionada con el previo secuestro, tortura y homicidio de los sacerdotes de Chamical Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, hechos conectados a su vez con el asesinato del laico Wenceslao Pedernera en Chilecito y del obispo Enrique Angelelli. El Tribunal Oral Federal de La Rioja está presidido por Sergio Grimaux e integrado además por José Quiroga Uriburu y Alejandro Piña, pero Grimaux no se sintió bien y el proceso quedó suspendido, en principio, hasta hoy cuando se reanudará la audiencia.
[Alejandra Dandan] Argentina. Juana Sapire intentó regresar a Buenos Aires con el retorno de la democracia. Estuvo dos años, pero entonces decidió volverse a Estados Unidos. Es sonidista, ahora retirada. Era la mujer de Raymundo Gleyzer. Nunca declaró. Nunca hasta ayer, en la audiencia por los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención El Vesubio, donde estuvo secuestrado el cineasta. Juana llegó al departamento de Raymundo poco después de la desaparición. "Se llevaron todo, arrasaron, hasta la cucharita de la azucarera se llevaron, todo se afanaron, pero como eran incultos e ignorantes se robaron el televisor, pero la obra de Raymundo no la tocaron." Y dijo: "La obra perdura, la obra se ve y Raymundo va a seguir honrando la vida". Y miró a los represores: "A ellos habría que preguntarles –dijo–: me gustaría mucho que ellos me digan a mí qué pasó con Raymundo, ellos lo sabrán".