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testimonio de mercedes joloidovsky


Sobreviviente de El Vesubio. Contó que los obligaban a confeccionar listas con todos los secuestrados y que hacían cinco copias. Ubicó a la estudiante Laura Feldman, cuyos restos se identificaron el año pasado, en El Vesubio. Habló mientras el represor Durán Sáenz dormitaba abrazado a un rosario.
[Alejandra Dandan] Argentina. Pedro Durán Sáenz escuchaba sentado frente a la pantalla gigante de la sala de audiencias, con un rosario de color madera enredado a la mano. El jefe en 1977 del centro clandestino de El Vesubio estaba solo, sin la compañía habitual de los otros siete imputados de la causa. Se dormía. Cada tanto levantaba la vista. Frente a él, Mercedes Joloidovsky hablaba desde España, sobre la inmensa pantalla, acordándose de uno de sus guardias. Era uno que cantaba muy bien, dijo. Que tenía una voz maravillosa, que cada tanto les preguntaba a las detenidas si no se acordaban de ese tema de Víctor Heredia, entonces se ponía a cantar. "Era muy llamativo –explicó Mercedes–: escuchar ahí canciones nuestras, nos provocaba mucha angustia, encontrar ahí todo eso no era grato, él lo sabía."
La imagen de la declaración se emitía desde el Consulado argentino en Madrid, como en los últimos dos días. Frente a ella, en esa antesala imaginaria estaba la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py, las querellas, sólo dos defensores oficiales y en medio de la nada el represor. Detrás todo parecía más vacío todavía. En el lugar reservado para el público había una persona: la hermana de Laura Feldman, desaparecida en El Vesubio.
Mercedes es la única sobreviviente del centro clandestino que podía ubicar a Laura con vida en el lugar. Por eso, la querella pidió su declaración. Laura tenía 18 años cuando la secuestraron, estaba con un grupo de estudiantes secundarios. "Cae un grupo de chicos muy jóvenes, aunque vamos –aclaró Mercedes–, más jóvenes que nosotros, entre ellos estaba Feldman, que estaba muy asustada, decía que su papá la iba a sacar, que era un cineasta, que ella no tenía nada que ver con nada. Las otras chicas estaban más tranquilas si se quiere, pero esa noche fue un gran lío, una cosa desproporcionada de gritos, de locura, de golpes, patadas."
Laura estaba con jean, una camisa de flores, muy rubita, dijo Mercedes. La pasearon al menos por dos casas: la casa dos destinada a las torturas y la tres al alojamiento. "No la vi en el lugar de la tortura porque no podíamos", indicó Mercedes. Sí la vio en cambio en las "cuchas", las celdas divididas por aglomerados, donde con la llegada de las estudiantes empezaron a estar de a dos a la vez. "El primer día le habían destrozado la cara, que era lo que les encantaba destrozar de las mujeres, a los golpes, a las piñas." También la vio en una sala donde estaba el grupo de secundarias. Mercedes se acordó porque estaba desesperada por agua, pero no las dejaban tomar nada, una de las medidas posteriores a la tortura.
Ninguno de los represores del juicio está imputado por homicidio. El año pasado, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó el cuerpo de Laura Feldman, que había sido enterrado como NN en el cementerio de Lomas de Zamora. Las querellas están pidiendo incorporar este hecho a la causa, junto con otras cuatro identificaciones como parte de las pruebas.
Mercedes era militante de Montoneros. Estuvo diez o doce días secuestrada en El Vesubio; luego pasó al "Sheraton", en la provincia de Buenos Aires, a una comisaría de Ramos Mejía, fue juzgada por el Consejo de Guerra y quedó detenida durante tres años y cuatro meses en la Unidad 21 de Ezeiza.
La secuestraron el 23 de febrero de 1978. Primero intentaron encontrarla en la casa de los padres, como no estaba, presionaron a su padre. El terminó llevándolos a la casa de una abuela, a dos cuadras de ahí. Los militares también buscaban a Luis María Vidal, su compañero, también de Montoneros. El operativo se demoró, explicó, porque Luis María no aparecía. Finalmente lo ubicaron abajo de una cama, acababa de tragarse la pastilla de cianuro. Preguntaron por el hospital más cercano. Lo llevaron al Centro Gallego, pero al otro día ella supo durante una sesión de tortura que él había muerto.
"Me decían qué cómo nosotros que éramos cristianos habíamos hecho eso. ¿Qué cómo lo habíamos hecho si respetábamos la vida? Ipso facto –aclaró– empezaron con los golpes, ése era el respeto que tenían por la vida."
En El Vesubio, la llevaron a la sala Q, después al primer interrogatorio que duró poco. "Bah, no seamos eufemísticos –aclaró–: lo que había ahí no eran interrogatorios, era la tortura cruda y dura, todos estábamos muy lastimados, muy desquiciados porque no sabíamos en qué momento iban a empezar otra vez."
Cuando se lo preguntaron, detalló: "Me parece que con los hombres se ensañaron muchísimo, eran condiciones mucho más duras". En la sala de interrogatorios ubicó al Francés, el coronel Gustavo Adolfo Cascivio, que después de muchos años de intentar descubrir quién era quedó detenido hace dos meses. "Un tipo que iba de fajina verde, con pistola, siempre muy perfumado, muy señor, muy macho él, alto, de bigotes, fornido, con el pelo muy para atrás, con anteojos de sol, sus botas muy lustradas." Duro, dijo, malo y perverso. Detrás había otro, de más edad, con los dedos enormes. "Me decía que las piñas que había sentido eran de esas manos, que iban a hacer falta muchas manos más para ablandarme."
Como sucede en cada audiencia, le preguntaron por la violencia sexual. "Sí", dijo. "Cuando quedábamos desnudas en los lugares de tortura siempre había un hijo de puta que te metía una mano, que te decía: qué buenas tetas, qué buen culo. Yo no puedo hablar exactamente de violación, pero de manoseo por supuesto, no de todas, puedo hacerlo de mí y nada más."
Mercedes declaró en 1984 ante la Conadep, y años después en el juzgado de Daniel Rafecas. En ambos casos habló de unos listados que se confeccionaron en El Vesubio. Ella fue una de la que los escribieron. "Nos hacían hacer copias mecanografiadas con todos los que entraban detenidos, eran listados, cinco copias con su carbónico adentro y ellos después les ponían a mano Cuerpo 1, Cuerpo 2, Cuerpo 3... A la quinta copia no le ponían nada, la dejaban como si fuera para el archivo." Las listas se hacían diariamente, explicó, por la mañana, con los nombres de todas las personas que iban llegando. Se ponía nombre y apellido, zona de militancia y lugar de donde se lo llevaron. Había identificaciones del ERP, de Montoneros y también creyó que de Vanguardia Comunista, cuando llegaron los estudiantes. En alguna de sus viejas declaraciones, habló de otras identificaciones como de una letra y un número. Ayer no lo recordó.
"Lamentablemente la Justicia en este país tarda muchísimos años –dijo–: han pasado cuántos años desde que yo declaré por primera vez, ¡y ahora tanta minucia por saber si hay un numero o una letra! Si ustedes pretenden que yo me acuerde, pues no me acuerdo."
Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le preguntaron si creía que la saña había sido más grande porque era judía: "Yo no soy judía", explicó. "Sí, mi apellido es de origen judío, en todo caso ucraniano, pero es una confusión que también ellos tuvieron porque al principio sobre todo me lastimaban bastante mal por portación de apellido".
Al final, Durán Sáenz volvía a estar medio dormido. "Quiero saber dónde está Luis –dijo ella, probablemente sin saberlo–, dónde está Marta, dónde está Pepe: ¡por qué no tienen los huevos suficientes para decirlo!"
9 de septiembre de 2010
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represores presentan nulidades


Como era de prever, ayer se conocieron los planteos de "ilegalidad" de lo actuado "por no respetar el derecho a defensa en juicio", así como la "afectación de la garantía de juez natural". El Tribunal había rechazado estos planteos en la causa Guerrieri.
[Sonia Tessa] Argentina. Los planteos de nulidades de los abogados defensores de cinco de los seis acusados por crímenes de lesa humanidad en la causa Ramón Genaro Díaz Bessone y las respuestas de las querellas insumieron toda la jornada de ayer del juicio. El abogado del principal acusado, Gonzalo Miño, pidió la suspensión de las audiencias hasta que se acumulen todas las causas en las que está imputado quien fuera jefe del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército hasta el 12 de octubre de 1976. Incluso, Miño desempolvó un extracto de declaraciones de Arturo Larrabure, hijo de un militar que fue secuestrado por el ERP. Sin que tuviera relación con su pedido, Miño tomó como cierto lo dicho por Larrabure, quien afirmó que "los captores" de su padre, Amorosa Brunet de González, Ruth y Estrella González, así como Héctor Vitantonio murieron en un enfrentamiento, tal la versión oficial que publicaron los diarios en octubre de 1976. En ese punto, el fiscal Gonzalo Stara lo interrumpió para aclarar que era imposible acumular esas causas. Miño continuó con su teoría, desmentida por numerosas pruebas.
En realidad, aquel supuesto enfrentamiento fue fraguado. En la causa Díaz Bessone hay numerosas pruebas de los secuestros de Estrella y Héctor, el 23 de septiembre de 1976. A Ruth la habían privado de su libertad el 19 de julio, hay numerosos testigos de los tormentos que padeció. Fue asesinada. Así fue leído durante la requisitoria de elevación a juicio. Los tres cuerpos aparecieron juntos, cerca de la avenida de Circunvalación, el 5 de octubre de ese año.
En todos los casos, los abogados de la querella rechazaron los pedidos de nulidades, basados en decisiones anteriores de la Cámara Federal y del mismo Tribunal Federal Oral. El lunes será el turno de los argumentos de la fiscalía, a cargo de Gonzalo Stara, sobre esos planteos. Luego, deberá decidir el tribunal, integrado por Barabani, Otmar Paulucci y Jorge Benegas Echagüe, quien presidirá la semana próxima. En realidad, será una sola audiencia: la del lunes, porque el martes se suspenderá el proceso oral debido a que el imputado José Antonio Scortecchini, debe someterse a una cirugía.
En la audiencia de ayer se trataron lo que se conoce como preliminares. Silvio Galarza Azzoni, el defensor de Ricardo Chomicki -el civil que ingresó como secuestrado y luego colaboró con la patota de Feced-, no interpuso ningún planteo. El primero en expresar un pedido de nulidad, por supuesta afectación del derecho de defensa en juicio, fue Gritzko Gadea, defensor oficial de José Lofiego. Después expuso Germán Artola, como representante público de Scortecchini, Ramón Rito Vergara y Mario Alfredo Marcote. El planteo fue similar, pero también agregaron el rechazo de un grupo de querellantes particulares por asociación ilícita, al entender que no eran directamente ofendidos por ese delito. Este planteo fue respondido puntualmente por los abogados Alvaro Baella, de Hijos, y Jessica Pellegrini, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Daniela Asinari, en nombre de sus representados, recordó que un planteo similar se había presentado durante la causa Guerrieri, y fue respondido negativamente por resolución 519, ya que el Tribunal consideró que "la condición de ofendido debe ser interpretada de manera extensiva". Aunque integran otro Tribunal, los integrantes del que lleva adelante la causa Díaz Bessone son los mismos.
Sobre los planteos de ilegalidad de lo actuado por no respetar el derecho a defensa en juicio, así como la afectación de la garantía de juez natural, las encargadas de responder fueron la misma Asinari y Nadia Schujman, de Hijos. Las dos argumentaron que el Tribunal Federal Oral número 1 había rechazado planteos similares durante la tramitación de la causa Guerrieri, que culminó el 15 de abril pasado con las condenas de prisión perpetua a los cinco acusados.
En representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Lucas Ciarnello rechazó el pedido de unificación de las causas realizado por Miño. Recordó que el planteo había sido interpuesto por Miño en otras instancias del mismo expediente, y había sido rechazado el 31 de marzo de 2009, cuando el Tribunal consideró que "corresponde hacer una excepción a las reglas de conexión" en virtud de impedir un grave retardo en la causa.
En las sillas destinadas al público en la sala de audiencias, mientras tanto, la silente presencia de las fotos de los desaparecidos se reflejaba sobre los vidrios que separan al público, sobre las espaldas de los acusados. De ese modo estuvieron allí, presentes con sus imágenes, Carlos María Araya, Catalina Fleming, Daniel Gorosito, Oscar Medina, Adriana Tasada y Roald Montes. Muchos otros lo estuvieron en la memoria. Desde ayer, las audiencias dejaron de transmitirse por internet, y tampoco pueden ingresar a presenciarlas los testigos de la causa. Por eso, porque no había sobrevivientes que pudieran clavarle la mirada en la espalda, ni cámaras de televisión para enfocarlo, Díaz Bessone estuvo toda la jornada sentado en la sala, separado de Lofiego por un gendarme que se sienta entre ambos. Cuando escuchaba los argumentos de los defensores, Lofiego asentía con la cabeza.
Mientras las cuestiones llamadas preliminares se debatían en la sala de audiencias, en la vereda de los Tribunales Federales un grupo tomaba mates y comía una pastafrola hecha por Margarita Furno, que todos los días lleva alguna torta para compartir. Su esposo, Eduardo Marinángeli, era el encargado de cebar los mates. Yoli Medina, firme, esperaba apoyada en la reja, mientras conversaba con Olga Moyano, Silvia White y Alicia Lesgart. Marta Bertolino pasó al mediodía, justo en uno de los dos cuartos intermedios. Con el sol entibiando la primera tarde, los chistes corrían entre Héctor Medina, Félix López, Angel Ruani y Ramón Verón. Junto a los históricos había algunos más jóvenes, como María Luciana Pololla. Cuando terminó la jornada, algunos de ellos se treparon a la reja para desatar el gran cartel negro que dice "Aquí se juzga a los responsables del terrorismo de Estado", como lo hacen cada día de audiencias.
Aunque la semana próxima el juicio se suspenderá por 15 días, ayer comenzó otra instancia de un debate esperado por más de 30 años, por sobrevivientes, familiares y amplios sectores de la sociedad. Una buena parte del accionar del terrorismo de estado en la región se ventilará en esa sala.
9 de septiembre de 2010
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lo torturaron hasta matarlo


Secuestro, tortura y asesinato del esposo de Marta Bertolino. Ambos fueron torturados en el Servicio de Informaciones que manejaba Lofiego. Bertolino recordaba los gritos de su esposo desde una sala contigua: "Le escuché decir que se estaba muriendo y después no volví a oírlo". Hoy Manzur está desaparecido.
[José Maggi] Argentina. La causa Díaz Bessone tuvo ayer su segunda jornada en la semana: durante toda el día se leyó la querella presentada por Marta Bertolino, por el secuestro, tortura y asesinato de su esposo Óscar Manzur, que es a la vez el relato de su propio secuestro y tortura. Bertolino denunció ante Rosario/12 al ex juez federal Guillermo Tschopp, por haber creído en la versión oficial sobre la fuga de Manzur, a su defensora oficial (y actual camarista federal) Laura Inés Cosidoy "por aconsejarme que no denunciara las torturas".
"Siempre es muy doloroso escuchar de nuevo las propias palabras, con todos los detalles de cómo fuimos secuestrados por el Ejército y la Patota de Feced, cómo fuimos torturados en el Servicio de Informaciones, salvajemente, yo en un estado de embarazo muy avanzado, y a su vez cómo Óscar sufrió como torturas suplementarias, las torturas que me infringían a mí, y a su hija por nacer", recordó Bertolino a Rosario/12. Justamente Alejandra Manzur, hija de ambos estuvo presente en la audiencia. Por el caso Manzur están procesados Ramón Genaro Díaz Bessone y José Rubén Lofiego.
Óscar Manzur era delegado gremial de los trabajadores del Sanatorio Británico, donde se desempeñaba como técnico en hemoterapia. Había sido también candidato a secretario general del gremio de la Sanidad por una lista opositora a la oficialista en las elecciones realizadas en 1975. El mismo día del golpe fueron a detenerlo en su lugar de trabajo. Como era su día franco no lo encontraron, pero ya no pudo volver a trabajar. Finalmente fue secuestrado el 10 de agosto de 1976 del departamento de calle España 344 de Rosario, junto con su esposa, que en ese momento estaba embarazada de 8 meses y fue llevado al Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía donde lo torturaron al mismo tiempo que torturaban a su mujer.
Del relato de Bertolino surge que escuchó los gritos de su esposo, que desde una sala contigua lo escuchó decir que se estaba muriendo y que después no volvió a oírlo y tampoco volvió a saber nada de él.
La misma Bertolino dijo: "Permaneció siempre desaparecido y los informes policiales dirán con un cinismo impune que ’se escapó, que nunca pudieron detenerlo’". Aunque "hay varios testigos que dan cuenta que Óscar estuvo en el Servicio de Informaciones y fue salvajemente torturado en ese lugar", según remarcaron sus abogadas patrocinantes Daniela Asinari y Jessica Pellegrini.
En su relato Bertolino, recordó un episodio más que particular: "En una ocasión el Pollo José Baravalle (un colaborador que se suicidó en Italia hace dos años) vino a ofrecerme mi salvación si colaboraba brindando nombres y domicilios de mis compañeros. Y también me pidió que brindara una conferencia de prensa televisiva como jefa montonera en el que debía llamar a los jóvenes a ayudar a los militares en el Proceso de Reorganización Nacional. Ese ofrecimiento me lo hizo el Pollo en persona y la contrapartida era un pasaporte al extranjero y la salida inmediata del país para salvar la vida de mi hija. También hubo un comandante, que fue presentado en esos términos, quien me alertó sobre las torturas que iba a padecer, tras lo cual me ofreció llevarme a un hospital y legalizarme como presa si daba ciertas informaciones que suponía que tenía. Y finalmente me encontré con un juez federal como Guillermo Tschopp, ante quien denuncié mi secuestro y el de mi marido, pero nunca figuré en el expediente, ya que tomó el relato policial que decía que Óscar se había fugado. Supongo que cuando termine esta causa y quede probado que a mi esposo lo torturaron hasta matarlo, alguien le preguntara a este juez jubilado algo al respecto".
Marta recordó otro capítulo de su detención -que este diario publicó hace varios años- cuando su defensora oficial Laura Inés Cosidoy se presentó para aconsejarle que "sobre los hecho acontecidos a mi marido no dijera nada, porque no me convenía. La doctora Cosidoy me aconsejó también que no dijera nada sobre mis torturas, porque tampoco me convenía. De resultas de las entrevistas mi familia resolvió ponerme un abogado particular, que fue Óscar Borgonovo".
8 de septiembre de 2010
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policías vuelven a matar


Diez policías detenidos en Corrientes tras matar a un chico de catorce. Un chico de un barrio humilde de la capital provincial fue baleado en el cuello. Primero dijeron que fue una persecución por un hurto. Después, el gobierno reconoció que fue un error, un "desafortunado episodio". La Justicia detuvo a diez policías.
[Horacio Cecchi] Argentina. Un chico de 14 años murió baleado por un policía en el humilde Barrio Pío X, de la capital correntina. Diez uniformados fueron detenidos e incomunicados para ser investigados por el procedimiento que realizaron el lunes pasado a plena luz del día. El chico, Ezequiel Riquelme, recibió un disparo en el cuello. Fue intervenido quirúrgicamente pero falleció a la noche. La familia denunció que lo confundieron con otro y lo fusilaron. La escuela donde cursaba suspendió las clases y dio asueto por duelo. Ayer, el ministro de Gobierno y Justicia, Gustavo Valdés, reconoció el "error" policial como un "desafortunado episodio". A confesión de parte. De todos modos, el error no hizo referencia al método sino al objetivo. Ezequiel "era un chico bueno".
El curioso caso de Ezequiel Riquelme deja de ser curioso a medida que se despeina la versión policial. Las primeras informaciones surgieron más de medio día después de fallecido el chico y un día después de baleado. Los primeros datos desparramados en las noticias afirmaban que una mujer había denunciado en la comisaría 12ª el arrebato de su cartera. Policías de esa comisaría habían salido en "rastrillaje", hasta que detectaron a dos jóvenes en "presunta actitud sospechosa en una motocicleta a la altura de las calles Las Heras y San Lorenzo". Cuando los uniformados dijeron dar la voz de alto, los dos jóvenes, según el runrún policial, desobedecieron y huyeron. Se inició entonces una persecución en la que participaron patrulleros de las comisarías 2ª, 3ª y de la Brigada de Investigaciones. Durante la fuga, los dos jóvenes parece que decidieron abandonar la moto y seguir a la carrera. Uno de ellos perdió en el camino una zapatilla. Finalmente, fueron detenidos en el Barrio Pío X. Uno de ellos, Ezequiel, recibió un disparo de bala de goma en el cuello, "probablemente al forcejear el arma" del uniformado, señalaba la información. Desde la jefatura policial se informó, pero en off, que los policías fueron recibidos a pedradas por los vecinos del barrio. "Un barrio conflictivo", fue la descripción que dio del vecindario la fuente oficial oficiosa.
Del relato policial, la posterior detención de los diez uniformados suena a injusticia por aquello de las piedras, la cartera, la peligrosidad, dos jóvenes en moto, la ola de inseguridad y demás.
Desde otro punto de vista, la versión oficial cruje porque más que oficial es oficiosa, la mujer de la denuncia no aparece, los jóvenes no sólo no tenían moto, tampoco cartera, apenas pantalones cortos y zapatillas porque jugaban al fútbol, y cuando vieron a la policía huyeron porque los barrios humildes tiene la acendrada costumbre de la supervivencia. Una bala (perdigón) de goma, en el cuello, no es indicio de persecución sino de proximidad. Y, como en Bariloche, habrá que ver si era goma.
El jefe policial, Juan Antonio Ojeda, se reunió ayer por la mañana con el gobernador, Ricardo Colombi, para ofrecerle un informe sobre los hechos. Luego, el ministro Valdés dijo a los medios que se trataba de un "desafortunado episodio". El momento en que lo dijo, cuando el caso saltó críticamente a la escena pública, y la calificación de "desafortunado" dejan suponer que el error fue el chico bueno y no el fusilamiento.
"Es un asesinato –dijo a este diario Rafael, tío de Ezequiel–. Pidió permiso para ir a jugar a la pelota, se juntó con unos muchachos y fue a jugar al club Libertad. Pero cuando llegó la policía corrieron. ¿Qué iban a hacer? Ya están acostumbrados y cuando los detienen les dan una paliza siempre. Ezequiel llegó hasta la puerta de una casa, a treinta metros de la suya, y pidió que le abrieran para protegerlo. Pero los policías lo agarraron. Estaba tirado en el piso, ya estaba detenido. Ahí le tiraron con una escopeta."
Anoche, la fiscal Graciela Fernández Contarde tomaba declaración al único testigo y a los familiares del chico.
8 de septiembre de 2010
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buscan corral para gallino


Los fiscales reiteraron un pedido de detención para el represor Óscar Gallino. Fue el encargado de "investigar" e "interrogar" a los Graiver durante la dictadura. Su captura ya había sido reclamada en 2008 por 69 casos de secuestros y torturas. Ahora solicitaron un "pronto despacho" que incluye a veinte represores. En la foto, el juez Corazza.
[Irina Hauser] Argentina. El general del Ejército Oscar Gallino, poco conocido hasta ahora, comenzó a perder el anonimato en los últimos días. Gallino fue el hombre a quien la dictadura militar le encomendó "investigar" económicamente a los Graiver y fue su interrogador mientras estuvieron en cautiverio entre marzo y abril de 1977. Los fiscales de La Plata que investigan las violaciones a los derechos humanos cometidas en el "circuito Camps" pidieron su detención e indagatoria como medida urgente ante el juez Arnaldo Corazza. En rigor fue un reclamo: ya habían requerido la captura en abril de 2008 por 69 casos de secuestros y torturas, entre ellos los de todos los Graiver, sus empleados y Rafael Ianover (su testaferro), y por el homicidio de Jorge Rubinstein (el abogado que fue mano derecha de David Graiver en sus negocios).
Gallino, presumen en la fiscalía, podría convertirse en una figura central en la causa sobre la venta de Papel Prensa. El reclamo de su detención en otra investigación conexa –la de los crímenes en el centro clandestino Puesto Vasco– intenta ser un reaseguro para evitar, por ejemplo, que se fugue.
En los últimos días se difundieron documentos del Ejército de los días 7 y 9 de abril de 1977. En uno de ellos Gallino asentaba que se había reunido con "el secretario de Industria, Raymundo Podestá, los presidentes de los directorios de La Nación, Clarín y La Razón, que son los adquirentes del paquete accionario del ‘Grupo Fundador’ de Papel Prensa, que representa el 26 por ciento del total del paquete accionario". Es decir que hay actas firmadas por el propio Gallino que dan cuenta de reuniones que mantenía con los directivos de los tres diarios mientras los Graiver estaban detenidos y eran sometidos al Consejo de Guerra Especial 2 donde él mismo interrogaba. Gallino, en la jerga castrense, hacía una "prevención sumarial", un expediente militar que pretendía dar aspecto de legalidad a las privaciones ilegales de la libertad de muchos desaparecidos, después de ser torturados. Las declaraciones eran giradas a un juzgado.
Para la Unidad Fiscal de Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos de La Plata, las actividades de Gallino tenían un alcance mucho mayor. Ya en 2008, en la causa sobre Puesto Vasco, los fiscales decían: "No sólo tenía conocimiento de la existencia de los centros clandestinos de detención, sino que concurría a ellos, ostentaba poder de mando sobre los represores de cada uno de esos lugares y procedía a interrogar a personas que habían sido vejadas y torturadas previamente". Pedían su indagatoria "en virtud del alto cargo jerárquico que ostentaba en el Ejército y el poder de hecho que realmente tenía y la libertad con la que desplegaba su accionar sobre personas secuestradas y torturadas". El dictamen incluye testimonios que señalan a Gallino como interrogador no sólo en Puesto Vasco sino en el Pozo de Banfield, por donde se paseaba con Ramón Camps. También fue subdirector del centro de detención El Tolueno, en Campo de Mayo.
Lo que le presentaron ayer al juez Corazza los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Carlos Dalau Dumm es un "pedido de pronto despacho". Reclamaron no sólo la detención de Gallino sino de otros represores. Algunos ya están presos por otras causas, como el comisario Miguel Etchecolatz, el ex capellán Cristian Von Wernich, el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart, el ex gobernador bonaerense Ibérico Saint Jean y el coronel Alejandro Arias Duval. Los imputados señalados son veinte. A la mayoría de ellos se los responsabiliza por 69 casos de secuestros y torturas, entre los que figuran: Lidia Papaleo (viuda de David Graiver), Juan Graiver y Eva Gitnacht (padres de David), Isidoro Graiver, Silvia Fanjul (tesorera), Lidia Gesualdi (secretaria), Ianover, Orlando Reinoso (directivo de Galería Da Vinci, de los Graiver), Osvaldo Papaleo, Omar A. Espósito (del Banco Comercial del Plata, de los Graiver), Jacobo Timerman y Gustavo Caraballo (secretario legal y técnico de Perón y abogado de José Ber Gelbard). Algunos casos ya fueron juzgados como crímenes de lesa humanidad en el juicio a Von Wernich.
Tras el Consejo de Guerra, los Graiver y Ianover, entre otros, fueron sancionados por la Junta Militar (el 19 de abril de 1977) que les quitó sus derechos políticos o gremiales, los inhabilitó para ejercer cargos públicos y les prohibió administrar y disponer de sus bienes. A esa altura, Papel Prensa ya estaba en manos de los diarios (en sociedad con el Estado, la Junta Militar), afuera de la "interdicción". Todo el proceso fue revocado más adelante por la Justicia federal.
Los fiscales abrieron un expediente específico sobre la venta de Papel Prensa, donde en principio se contempla el delito de extorsión y su posible vinculación con el terrorismo de Estado en función de una resolución que giró el juez porteño Daniel Rafecas, que plantea como "inescindible" el traspaso accionario de los secuestros.
8 de septiembre de 2010
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víctima del ciego lofiego


Laura Torresetti, sobreviviente del Servicio de Informaciones. La mujer fue secuestrada el 12 de mayo de 1976 y trasladada al sótano de la ex Jefatura de Policía. Allí procedieron "a torturarla física y psicológicamente" según relataron sus abogadas. Torresetti identificó a Lofiego como uno de sus torturadores.
[José Maggi] Argentina. El juicio por la causa Díaz Bessone tuvo ayer un nueva jornada al concretarse la lectura de la requisitoria de elevación a juicio presentada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre por el caso de Laura Torresetti, una sobreviviente del Servicio de Informaciones donde fue brutalmente torturada por José Rubén ‘el Ciego’ Lofiego. En tanto el Tribunal Oral Federal Nº 2 resolvió suspender las audiencias entre el 14 y el 27 de setiembre, por pedido del abogado defensor del represor José Scortecchini, quien va a ser sometido a una operación quirúrgica.
Torresetti fue secuestrada el 12 de mayo de 1976, con Hugo Méndez y su padre José Méndez, en la vivienda de éstos últimos, ubicada en calle Dorrego y Riobamba de Rosario, por un grupo de personas pertenecientes al Ejército y a la Policía de la Provincia de Santa Fe. En un primer momento es llevada a la comisaría Quinta, donde le tomaron los datos de identidad y le vendaron los ojos. De allí fue trasladada al sótano del Servicio de Informaciones, en la Jefatura de Policía. En un momento la subieron a otro nivel y allí procedieron "a torturarla física y psicológicamente" según relataron las abogadas Jessica Pellegrini y Daniela Asinari.
No sólo identifificó a Lofiego sino también a otros miembros de la Patota como ‘La Pirincha’, que es César Peralta; Guzmán Alfaro; Pedro Traba (Travagliante); Marcelo ‘el Rengo’; Norberto ‘el Piojo’; ‘Caramelo’ o ‘Chaqueño’ Carlos Ulpiano Altamirano; Garcilazo, a quién le faltaba un ojo; Jorge; ‘el Mono’ Alcides Ibarra ‘Rommel’; Saichuk ‘el Gato’, y a Carlos Agustín Feced, que un día bajó al sótano".
Según consta en la presentación Laura permaneció allí hasta mediados de junio, cuando fue trasladada a la Alcaidía, donde conoce a Rut González.
También compartió cautiverio con Cristina Rinaldi, Delia Ferrarese, Susana Fernández, Laura Vera, Ana Dornet, Liliana Gómez, Cristina Magnani, entre otras.
Por este caso se encuentran procesados los imputados Ramón Genaro Díaz Bessone y Lofiego, sindicado este último en el testimonio de Torresetti "como uno de quienes participaban más activamente en la tortura de la que fue víctima Laura", apuntó Asinari.
Entre los testimonios de terceros sumados a la causa figuran el de Hugo Rubén Méndez, quien ratificó su secuestro junto con su padre José Méndez y Laura Torresetti. También corroboraron el cautiverio en el Servicio de Informaciones, donde pudo verla con visibles signos de haber sido torturada. De igual modo Marcelo Mario De la Torre señaló que estuvo cautivo en Jefatura con Torresetti y Hugo Méndez.
Esta semana habrá audiencias hasta mañana pero el Tribunal Oral Federal Nº decidió suspenderlas la semana próxima por pedido de Germán Artola, abogado defensor de Scortecchini, quien argumentó la excepción en una necesaria operación quirúrgica a la que debe ser sometido su cliente en los próximos días. Las audiencias se suspenderán hasta el 27 de setiembre.
8 de septiembre de 2010
7 de septiembre de 2010
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perder el juicio


Acusan a jueces de parcialidad por haber jurado defender los derechos humanos y los valores democráticos.
[Horacio Verbitsky] El tribunal oral que juzga en Córdoba los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unidad Penitenciaria I debe resolver hoy la recusación presentada por el mayor Gustavo Adolfo Alsina y su defensor Osvaldo Viola contra el juez subrogante José Pérez Villalobos. Los motivos alegados son que el magistrado habría jurado "por los héroes de Trelew" y que el 24 de marzo último fue visto junto con su familia frente al Archivo de la Memoria de Córdoba, que funciona donde tuvo sus instalaciones el departamento de Inteligencia policial durante la última dictadura.
Esto implicaría una infracción al principio de imparcialidad, lo que haría sospechosa su valoración de los hechos. Algo similar intentaron sin éxito algunos represores mendocinos contra los jueces Juan González Macías, Héctor Cortés y el fiscal Omar Palermo, por haber asistido a una conferencia en la que un orador cuestionó la lentitud de los procesos por violaciones a los derechos humanos.
Pérez Villalobos negó haber jurado por las víctimas de la masacre de Trelew, de lo cual Alsina y su abogado no aportaron prueba alguna, y no negó haber asistido al acto frente al Museo. Pero éstos son detalles secundarios. La lógica subyacente en estas recusaciones es que para cumplir con el requisito de imparcialidad un juez no debe tener opinión formada sobre el terrorismo de Estado, al que podría considerar una forma de gobierno más, tan válida como la monarquía o la República.
Nada avala este desatino. Los requisitos para llegar a la magistratura incluyen el "compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos", según consigna el decreto que dispone el procedimiento de selección. Y al jurar su cargo los designados deben asumir el compromiso de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, es decir el marco institucional y axiológico que el terrorismo de Estado arrasó en aquellos años. Lo que está en juicio es el desempeño de determinadas personas en los cargos que ocuparon entonces. De hecho, un 10 por ciento de los imputados en estos procesos desde que se anularon las leyes de impunidad fueron absueltos, no porque los jueces avalaran la barbarie sino porque las pruebas de que hubieran participado en los delitos denunciados eran insuficientes.
Durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, el mayor Alsina fue detenido por el asesinato del médico José René Moukarzel, a quien ordenó estaquear a la intemperie en una cruda noche de invierno y arrojarle baldes de agua sobre el cuerpo desnudo hasta que muriera. Pero ya antes fue arrestado por uno de sus actuales compañeros de causa, el entonces Comandante del Cuerpo de Ejército III, general Luciano Menéndez, cuando un suboficial lo acusó de robar un cuadro durante un procedimiento. Menéndez citó al coronel Juan Carlos Alsina, a quien llamaban El Brilloso, para comunicarle la conducta de su hijo. Después de recibir la noticia murió de un infarto en el hotel de Córdoba en el que se alojó entonces. En 1987, Alsina y sus camaradas Enrique Pedro Mones Ruiz, Enrique Venturino y Ernesto Barreiro (a) Nabo fueron los activistas principales en la agitación que condujo a la rebelión de Semana Santa. Su problema es que sólo con jueces cómplices podría aspirar a un fallo favorable. Pero más allá del caso, lo que los colegas de Pérez Villalobos decidirán hoy es si el fango sangriento de la dictadura puede o no seguir manchando al Poder Judicial cordobés.
8 de septiembre de 2010
7 de septiembre de 2010
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los financistas de la represión


Demandarán a dos bancos por su eventual complicidad con la última dictadura. Martín Garramone, hijo de un desaparecido de Necochea, presentará una demanda civil por daños y perjuicios contra los bancos Citibank y Bank of America National Association. Ya hubo una audiencia de mediación y los bancos rechazaron el planteo.
Argentina. Los bancos Citibank y Bank of America National Association serán los primeros bancos privados en ser demandados en los tribunales locales por su supuesta complicidad en el financiamiento de la última dictadura. La acción civil, impulsada por el hijo de un desaparecido en la ciudad de Necochea, se apoya en la responsabilidad que tuvo la banca comercial privada en el sostenimiento financiero del aparato represivo de la Junta Militar, a sabiendas de que se cometían delitos de lesa humanidad. En la audiencia preliminar de mediación, las entidades bancarias rechazaron el planteo y se mostraron preocupadas en que esta demanda piloto pudiera llegar a convertirse en un aluvión de pedidos de resarcimiento de otras víctimas del terrorismo de Estado. En el transcurso de este mes, se presentará la demanda, que buscará incluir además a otros bancos extranjeros de primer nivel que les facilitaron fondos a las autoridades de la dictadura.
Martín Andrés Garramone tenía cinco años cuando su padre, Daniel Garramone, fue secuestrado y desaparecido en Necochea por un grupo de tareas del GADA 601, el 31 de mayo de 1977. Mientras esto sucedía, la dictadura comenzaba a atravesar una situación deficitaria de las cuentas públicas. Sin el apoyo explícito de los Estados Unidos, y con la recomendación del entonces presidente Jimmy Carter de que ningún organismo multilateral de crédito otorgase financiamiento a regímenes acusados de violar los derechos humanos, la Junta Militar abrió sus puertas a la banca privada extranjera. Varias entidades vieron entonces la oportunidad de prestar a altas tasas de interés. El registro de esos bancos que facilitaron fondos y los montos está en poder del Banco Central a la espera de que algún juez ordene su análisis.
En el período 1979-1981, se autorizó la entrada de quince bancos extranjeros. En doce casos se trató del ingreso de nuevos bancos, mientras que en tres fueron compras de bancos existentes. El informe de la Cepal sobre la deuda externa detalla los montos desagregados que facilitó cada banco, como los principales deudores, entre los que se encontraban además del BCRA varias empresas del Estado. Es más que llamativo que, entre los que más deuda acumularon, estuvieran el Estado Mayor General de la Armada y del Ejército. Pero el caso paradigmático es el de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), que aunque contrajo sus operaciones por aquellos años, fue obligada por los dictadores a endeudarse más allá de sus necesidades en un intento por engrosar las arcas públicas, lo que terminó por dar oxígeno al régimen.
Según pudo saber Página/12, la demanda civil por daños y perjuicios se presentará en los tribunales federales antes de fin de mes. El sustento jurídico para una acción civil de este tipo se relaciona con una demanda penal imprescriptible: Garramone fue secuestrado y desaparecido por la dictadura militar, que utilizó un aparato represivo financiado por los préstamos que la banca privada otorgó al país. A partir de la investigación realizada por el reconocido jurista Juan Pablo Bohoslavsky, de la Universidad de Río Negro, el nexo entre estos préstamos y la responsabilidad de la banca privada quedó al descubierto. De acuerdo con lo analizado, las entidades actuaron con complicidad porque debieron haber sabido, tras las denuncias de organismos internacionales y con el veto norteamericano, que ayudaban a financiar a un Estado dictatorial que reprimía, torturaba y asesinaba a su población. A los abogados demandantes solo les resta terminar de delinear los fundamentos que sostienen la demanda. Hace más de un año y medio, una causa afín (el caso Ibáñez) deambula entre juzgados que se hacen los desentendidos a la hora de agarrar la brasa caliente de la complicidad corporativa.

Los Bancos
El Bank of America NA fue una entidad de peso en nuestro país desde la década del ’70. Progresivamente fue liquidando sus activos en Argentina y hoy conserva solamente una oficina residual, en un exclusivo complejo de Puerto Madero. La grabación que atiende el teléfono anuncia que esa sucursal pertenece al desaparecido Bank Boston, entidad que fue vendida por el Bank of America hace unos años al sudafricano Standard Bank. El Boston también figura en el listado de los bancos privados que aportaron fondos entre 1976 y 1983. Desde el departamento de legales del Bank of America se mostraron más preocupados porque la información sobre la mediación hubiera trascendido que por la demanda en sí misma. Un representante que prefirió no ser identificado aseguró que no podía dar información del tema sin consultar antes al directorio de la entidad, pero quiso dejar en claro que aún no hay ninguna acción judicial en contra de la empresa. Por lo demás, se negaron a sentar posición sobre el reclamo. Algo similar sucedió con el Citibank que concurrió por ser también el continuador del Citicorp, que realizó los préstamos en aquella época. Fuentes de la compañía subrayaron que no iban a hacer comentarios al respecto, pero no negaron que sus apoderados hubiesen asistido a la reunión. Ninguna de las fuentes consultadas en ambos bancos quiso explayarse en si sostuvieron una política empresarial con un doble standard, que los habilitó a proveer de fondos a un gobierno dictatorial.
Los abogados del demandante confirmaron a este diario que durante las audiencias, los representantes de las entidades no esperaban un planteo de este tipo. Acostumbrados a demandas de tipo comercial, se sorprendieron y se preocuparon cuando se enfrentaron con un reclamo relacionado con su actuación durante la dictadura. Desde el Citibank aseguraron que la acción judicial "era una locura" que no tenía futuro, y se negaron de plano a cualquier instancia de negociación. Ninguna de las entidades fue indiferente a la audiencia de mediación. La posibilidad de que este reclamo pudiera convertirse en la punta de lanza para nuevas presentaciones de las miles de víctimas del terrorismo de Estado inquietó a sus representantes.
Este martes le tocará el turno al Standard Bank, por haber sido el comprador del Boston. Existe la posibilidad de que jurídicamente no se logre establecer el nexo de responsabilidad entre los bancos que terminaron comprando a los que por entonces eran prestamistas de la dictadura. Treinta y tres años después, las fusiones y las ventas de los activos fueron diluyendo el vínculo que serviría para poder tomar acciones contra sus actuales controlantes.
Daniel Garramone tenía 26 años, había salido con amigos la madrugada del 31 de mayo de 1977, pero nunca regresó a la casa que compartía con su mujer y su hijo de cinco años. No tenía militancia conocida y se dedicaba a la pesca con la lancha que poseía. Mientras tanto, un grupo de tareas del Ejército irrumpió en el domicilio, maltrataron a la mujer, revolvieron todo y le pidieron una foto de su marido. Acto seguido salieron a la calle con la fotografía y luego se la devolvieron. El comisario de Necochea Héctor Bicarelli se negó a tomar la denuncia y, de alguna manera, reconoció que había dejado la zona liberada para un operativo militar que esa noche llevó a cabo el GADA 601 de Mar del Plata. A pesar de que su esposa movió cielo y tierra, e incluso escribió cartas a organismos internacionales, el cuerpo de Daniel Garramone nunca apareció y al día de hoy sus familiares se inclinan por la teoría de que pudo haber sido víctima de uno de los vuelos de la muerte.
Informe de Gabriel Morini.
6 de septiembre de 2010
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