el proyecto pro-huerta
Cumple 20 años y alcanza a 3,5 millones de personas. Es un proyecto agroecológico, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, implementado por el INTA. Forma y acompaña la autoproducción de alimentos de tres millones y medio de personas. Son 630 mil huertas familiares y 148 mil granjas.
Argentina. Mientras recorría un caminito de baldosas que separan variedad de canteros con verduras, especias, plantas medicinales y árboles frutales, Nora recordó la historia de su huerta familiar. Con sus hermanos, ella se crió aprendiendo a trabajar la tierra, pero en su infancia esta tarea era sólo un juego, una aventura; hoy es distinto. Con el pasar de los años fueron adquiriendo conocimientos específicos y los cinco integrantes de la familia trabajan, cada uno a su manera, la huerta heredada del abuelo. Ese pedacito de tierra no está muy alejado de la agitación de la ciudad, sino que se ubica en un barrio de la localidad de Don Torcuato, en el Norte de la provincia de Buenos Aires, y abastece a la familia de alimentos frescos, naturales y orgánicos para acompañar la dieta diaria. De esta manera, el emprendimiento se convirtió en una herramienta de producción que le da respiro a su bolsillo. Esta historia familiar es sólo una entre las 630 mil que a lo largo del país dan vida y permiten el crecimiento del programa nacional Pro-Huerta, que celebra sus 20 años de experiencia.
"A principios de la década de 1990 comenzaron las primeras experiencias que con el correr de los años se fueron expandiendo hasta llegar hoy a lugares donde no existe ninguna institución", resaltó con entusiasmo el coordinador nacional del Pro-Huerta, Roberto Cittadini. Con el objetivo de promover la autoproducción de alimentos frescos y saludables –libres del uso de agroquímicos– en aquellas poblaciones en una situación de vulnerabilidad, la iniciativa fue creciendo en el transcurso de dos décadas de trabajo. Incluso, experiencias similares fueron adquiridas en países como Guatemala, Colombia, Perú, Brasil, Venezuela, Cuba y en Haití, donde el trabajo de cuatro años, en el que se logró la implementación de 11 mil huertas, debió ser ampliado e intensificado luego del terremoto que a principios de año dejó bajo los escombros a buena parte del país caribeño.
El programa constituye "una política pública", que nació como "una iniciativa compensantoria para enfrentar los procesos de ajuste y buscando atender los procesos de exclusión y pobreza que se comenzaban a desatar a principios de los ’90. Rápidamente fue adquirido por las familias que visualizaron las huertas como una herramienta válida y estratégica para su vida", informó a este diario el coordinador nacional.
Así, el Pro-Huerta fue descubierto e incorporado en lugares de lo más recónditos del país, donde lo apropiaron y lo hicieron muy suyo. "La gente que se incorpora realmente tiene necesidad e iniciativa", aseguró Citaddini. Para el arranque no hace falta más que una capacitación de ocho encuentros y las semillas para comenzar a trabajar. Después, cada familia hace su trabajo de acuerdo con sus ganas, necesidades de consumo, tiempo disponible, y también, según las condiciones que le ofrece su terreno.
En la actualidad, este proyecto agroecológico, enmarcado dentro del Plan de Seguridad Nacional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación e implementado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), acompaña la autoproducción de alimentos de tres millones y medio de personas. Esa parte de la población sostiene 630 mil huertas familiares y 148 mil granjas repartidas en 3800 ciudades y parajes de todo el territorio. Estas cifras permiten tener una referencia de las miles de experiencias que dan cuerpo al programa. Para cada una de esas familias los emprendimientos inciden y modifican de diversas maneras su vida cotidiana, sin embargo, todas esas personas "se convierten en actores de su propio desarrollo. De sus manos surge la producción de alimentos y mejoran la calidad de su dieta. Los emprendimientos permiten, además, aumentar su autoestima, establecer un rol de reconocimiento y la posibilidad de crear vínculos".
Técnicos y promotores son partes estratégicas que permiten el funcionamiento orgánico del programa. Entre las diversas tareas que tienen a su cargo, se encuentran las de detectar demandas, brindar capacitaciones, distribuir las semillas, y dar asistencia y acompañamiento a los huerteros. Claudio Leverato es técnico del Pro-Huerta y está encargado de la región Norte de la provincia de Buenos Aires. Con la experiencia que les otorgan sus doce años de trabajo dentro de la iniciativa, Leverato sostuvo que lejos de ser un programa asistencialista, el Pro-Huerta se convierte en una herramienta "que capacita a la gente y le brinda lo mínimo y necesario para que puedan obtener y mejorar sus recursos, permitiéndoles autonomía".
Los vínculos sociales no son una característica menor en este proyecto y la tarea de campo de los promotores es afianzar esos lazos y promover el contacto para conocer las necesidades e inquietudes que surgen. La mayoría de los promotores son voluntarios, y este compromiso los convierte en referentes barriales; algunos son docentes, enfermeros, vecinos y pueden tener o no sus huertas. Además, más de 10 mil instituciones, entre ellas escuelas, sociedades de fomento, servicios penitenciarios y agentes sanitarios, se han vinculado de alguna manera con el proyecto, informó Cittadini. En el partido de Tigre, por ejemplo, alrededor de "70 escuelas han incorporado la actividad de la huerta como materia, de esta manera no sólo los chicos aprenden, sino que llevan las semillas a sus casas y junto a la familia acceden a insumos y capacitación para generar parte de su alimento", señaló Leverato. Por otra parte, las ferias de la economía social en los barrios y pueblos se convierten en canales para intercambiar información, semillas y, para los que tienen una buena racha, productos excedentes.
Informe de Rocío Ilama.
30 de agosto de 2010
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Argentina. "Si no hubiéramos esperado 27 años para aparecer con nuestra verdad, no estaríamos vivos." Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, el dueño de la empresa Papel Prensa, aludió así a los años que decidió mantenerse en silencio hasta la reciente presentación del informe "Papel Prensa: La Verdad", que realizó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada. "Estaba amenazada desde que volví al país en septiembre de 1976", agregó ayer Papaleo, en la primera entrevista que concedió para la televisión, y recordó que "el 9 de marzo (de 1977) firmé los papeles ante un juez para que reconociera la venta (de la empresa) y el 14 me desaparecieron" los militares, recalcando la idea de que había sido forzada a vender la empresa.
[Alicia Simeoni] Argentina. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que se reunió en Nueva York en julio pasado elaboró una serie de recomendaciones al Estado argentino, entre ellas las que tienen que ver con la violencia sexual cometida contra las mujeres durante la última dictadura. El comité de la Convención lamentó que los delitos que tienen que ver con el género no hayan recibido castigo y señaló la necesidad de visibilizar esa violencia, enjuiciarla con entidad propia y buscar la reparación de las víctimas. Sobre los enormes escollos que se presentan en todo el país y por lo tanto en la provincia de Santa Fe -en Rosario hubo denuncias de mujeres pero no represores imputados , para el juzgamiento y castigo de los delitos sexuales durante la dictadura militar, reflexionan la defensora federal y presidenta del Centro de Derechos Humanos Juan Carlos Gardella de la Facultad de Derecho de la UNR, Matilde Bruera, la integrante del equipo jurídico de la organización Abuelas y patrocinante de familiares y víctimas en los juicios por delitos de lesa humanidad, Ana Oberlin, y las también abogadas Susana Chiarotti del Instituto de Derecho, Género y Desarrollo (Insgenar) y Analía Aucía del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). Las negativas de los magistrados de Instrucción a imputar por estos delitos, la falta de sensibilización de los operadores judiciales para recepcionar todo lo que tiene que ver con la temática y las dificultades de las mujeres para incluir en sus declaraciones las violaciones y abusos que soportaron, componen un escenario en el que, tal vez, las recomendaciones del comité de la CEDAW, colaboren a visibilizar y destrabar. Insgenar y CLADEM llevan adelante una investigación para determinar las características y la extensión de la violencia sexual, sistematizada y perpetrada por los represores en el proceso abierto en 1976.
[Irina Hauser] Argentina. "Me da mucha bronca que ahora los diarios (por La Nación y Clarín) digan que el fiscal (Ricardo) Molinas, mi papá, concluyó que no hubo irregularidades en la transferencia de acciones de Papel Prensa. Eso no es así, el dictamen de la fiscalía señalaba numerosas irregularidades. Fue evidente que ese traspaso se hizo rápido, que incluso hubo situaciones y cruces dentro de la propia junta militar que lo precipitaron y que se procuró que Papel Prensa quedara fuera de los bienes que iban a parar a la Conarepa. Por eso la detención de los Graiver es posterior", dijo Fernando Molinas a Página/12.
[Irina Hauser] Argentina. "Como surge de lo expuesto, al conocerse la muerte de David Graiver (el 9 de octubre de 1976) y la quiebra del grupo, las máximas autoridades nacionales del momento tomaron la determinación de liquidar el grupo; para ello decidieron obligar a los herederos a transferir las empresas. En nuestro caso, la Junta de Comandantes decidió que el Grupo Graiver debía transferir el paquete accionario clase A de Papel Prensa S.A. Esto surge claramente, no sólo de las dichos de los integrantes del Grupo Graiver, sino de todas las declaraciones informativas o testimoniales reunidas." La cita textual es de hace veintidós años y forma parte del dictamen que firmó el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas cuando concluyó el expediente que ya entonces había puesto la lupa sobre la transferencia de acciones de los Graiver en Papel Prensa a Clarín, La Nación y La Razón. La investigación, iniciada en 1984, daba por hecho que la venta se hizo en un contexto de sucesivas presiones, que se montaban a la situación de ahogo financiero del grupo, y también que fue previa a los secuestros de varios de sus integrantes para evitar que la empresa terminara en poder de la Comisión Nacional de Reparación Patrimonial (Conarepa), que se quedaba con los bienes de los detenidos.
Argentina. El ex oficial de Inteligencia Antonio Pernías volvió a hablar en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA y reconoció que el grupo de tareas que integró en ese centro clandestino tenía como práctica realizar "interrogatorios reforzados" a los detenidos. El represor justificó las sesiones de tortura –"aún hoy se los sigue aplicando en países como Irlanda o Israel", sostuvo–. También argumentó que las condiciones de detención en Capucha, donde permanecían los secuestrados por el grupo de tareas de la ESMA, "no se diferenciaban demasiado de las cárceles del pueblo".
Argentina. El hermano de Lidia, la viuda de David Graiver, ratificó que tanto ella como Rafael Ianover estaban en libertad cuando firmaron la venta de las acciones, y aclaró que "Cristina nunca dijo que mi hermana estuviera presa cuando vendió las acciones de Papel Prensa".
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. La llaman la masacre del camino de Las Moras por el lugar en cercanías de Coronda donde cuatro mujeres jóvenes fueron ejecutadas y sepultadas en una fosa común, en febrero de 1976. Una investigación del juez federal Reinaldo Rodríguez, ya le había devuelto el nombre a tres de ellas en una causa que se inició hace once años. Esta semana, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificar a la cuarta víctima: Gladys Lucía Gómez (‘Luci’), una militante de la Juventud Peronista de 24 años, oriunda de Formosa, que estudiaba Ciencias Exactas en Resistencia y se había refugiado en Santa Fe, a fines de 1975, perseguida por el terrorismo de estado. No pudo escapar. Ella y otras tres compañeras de militancia en la JP: Olga Teresita Sánchez, María Cristina Mattioli y Graciela Cristina Siryi, fueron secuestradas entre el 27 y 28 de febrero de 1976, asesinadas con disparos en la cabeza y las manos atadas a la espalda y enterradas en una fosa común, a mil metros de la autopista a Rosario. Estuvieron como NN más de 30 años, hasta que la justicia comenzó a devolverles la identidad, recuperó las pruebas del crimen y ahora avanza en el juzgamiento de los ejecutores. En diciembre de 2009, el juez Rodríguez procesó al ex jefe del Area 212, coronel José María González, y al ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, teniente coronel Roberto José Diab, a quienes imputó 22 y 46 homicidios, respectivamente, entre ellos los de Sánchez, Siryi y Mattioli, a los que deberá agregar el de ‘Luci’ Gómez.