argentina

miedo en colombia

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El miedo ronda a defensores y líderes de víctimas. Organizaciones de derechos humanos advierten que en 15 departamentos, donde están las tierras más ricas del país, líderes de víctimas y defensores de derechos están siendo asesinados.

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Colombia. En menos de 20 días, dos defensores de derechos humanos han sido asesinados. Según varias Ongs estos crímenes están asociados a las denuncias que han realizado sobre desplazamiento forzado y reclamaciones de tierras.
"Todo el que habla de derechos humanos y representa a los que no tienen voz, lo mandan callar con la muerte. Nuestra vida está valiendo un tiro. Estamos totalmente desprotegidos".
Con estas palabras, Janeth Mosquera resume lo que los defensores de derechos humanos del país viven en carne propia. Después de resultar ilesa de un atentado el pasado 27 de julio, Mosquera siguió recibiendo amenazas telefónicas, dejó de recibir protección con escoltas y por eso, teme que su vida termine como la de Beto Ufo Pineda. "Lo conocía desde hace 11 años. Trabajamos en la Cruz Roja y nos capacitamos para ayudar a las víctimas del desplazamiento. Beto apareció muerto hace unos días. La situación es crítica", dijo.
En lo que va corrido de agosto, ya suman dos los asesinatos contra defensores de derechos humanos en el país. El pasado 24 de agosto la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) denunció el asesinato de Beto Ufo Pineda Muñoz y la agresión física contra Olga Castillo, ambos líderes de las víctimas del desplazamiento en Popayán, Cauca.
Según Codhes, Pineda Muñoz desapareció el pasado 17 de agosto cuando se disponía a trabajar en la finca El Rosal, una tierra que en 2007 el Gobierno Nacional le había entregado a 10 familias víctimas del desplazamiento. Tres días después, los medios locales reportaron que su cuerpo fue hallado sin vida en la vía a Coconuco, a 15 minutos de Popayán, con heridas provocadas por machete. Pinedo era representante de la organización de víctimas Nueva Floralia, y tenía medidas de protección debido a las múltiples amenazas que había recibido.
"El pasado 24 de agosto Olga Castillo fue agredida físicamente por un sujeto que se movilizaba en una moto. Solicitamos a las entidades del Gobierno Nacional, Regional, la Defensoría del Pueblo, se garantice el derecho a la vida y a la integridad  física de los líderes de población desplazada que se encuentran amenazados", indicó Codhes en un comunicado.
Esa misma solicitud la realiza el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Cpdh), a raíz del asesinato de Norma Irene Pérez. La mujer había desaparecido el 7 de agosto en el municipio La Macarena, y seis días después los medios locales reportaron que su cuerpo fue hallado sin vida con heridas de bala, en la localidad de La Unión.
Según la ong, Pérez fue una de las líderes  de derechos humanos que el pasado 22 de julio se movilizó a Bogotá para participar de una audiencia convocada por el Congreso Nacional. Durante el encuentro, Pérez denunció la existencia de una fosa común La Macarena, que al parecer tiene los restos de víctimas de los llamados ‘falsos positivos’.

Aumentan las Víctimas
Frente al panorama, las organizaciones de derechos humanos indican que estos hechos no son aislados y que las agresiones contra líderes aumentaron durante los últimos dos años.
Somos Defensores, el Programa no Gubernamental de Protección de Defensores de Derechos Humanos, advierte con base en estadísticas que los casos de agresiones contra defensores aumentaron de 82 casos en 2008 a 174 casos en 2009. Aunque el balance más actualizado de 2010 será publicado en septiembre, Somos Defensores señala que mayo ha sido el mes más crítico.
"Si bien el año 2009 fue el peor de los últimos cuatro años en cuanto a agresiones se refiere, el año 2010 y en particular el mes de mayo, parece superar todo pronóstico", indica el programa. Ese mes siete defensores fueron asesinados y más de 100 organizaciones de derechos humanos fueron víctimas de amenazas por parte de los actores armados ilegales, a través de panfletos, correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas intimidantes.
En relación con los líderes de organizaciones de víctimas, Codhes advierte que, con el asesinato de Beto Ufo Pineda, ya son 38 los líderes asesinados entre el 1 de marzo de 2002 y el agosto de 2010. Somos Defensores y Codhes coinciden en que estas agresiones y crímenes están asociadas a las denuncias que han realizado los defensores y líderes sobre desplazamiento forzado y reclamaciones de tierras.
"Vamos de mal en peor en términos de garantías a los líderes de víctimas. Vemos que los nuevos grupos paramilitares están desarticulando a ese movimiento social que está reclamando tierras. Los lugares donde están ocurriendo los crímenes son particularmente las tierras más ricas del país. Esto es una advertencia al Ministerio de Agricultura y al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) sobre cómo van a garantizar la restitución de tierras a las víctimas de la violencia", señaló Jorge Rojas, director ejecutivo de Codhes.
En los reportes de Somos Defensores y de Codhes coincide que los departamentos más afectados son: Antioquia, Putumayo, Caldas, Atlántico, Córdoba, La Guajira, Valle del Cauca, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Chocó, Arauca, Risaralda, Sucre y Cauca. "Los casos más graves están en el Valle, donde los grupos armados ilegales no están dispuestos a que se restituyan las tierras. Han matado a mucha gente. Esta es la nueva geografía del paramilitarismo", agregó Rojas.
En zonas críticas como el suroccidente del país, el número de víctimas de la violencia también habría aumentado. En Popayán, donde se registró el más reciente asesinato de un defensor de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo pasó de atender 94 víctimas durante el primer semestre de 2009 a 1.015 víctimas durante el primer semestre de 2010.
"Desde hace semanas la Defensoría ha solicitado a la Secretaría de Gobierno del Departamento la convocatoria de un comité técnico, para impulsar la Mesa de Garantías. Este mecanismo está congelado y no se ha podido concretar. Es urgente que se reúna el comité para buscar soluciones a estas situaciones que están sucediendo con los defensores y líderes de víctimas de la región", dijo Víctor Meléndez, defensor Regional del Pueblo.
27 de agosto de 2010
26 de agosto de 2010
©verdad abierta

reconoció vuelos de la muerte

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Causa ESMA. Antonio Pernías, el ex oficial de inteligencia de la ESMA, admitió la existencia de los "traslados" de prisioneros de ese centro clandestino de detención durante la dictadura.

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Argentina. Al declarar hoy ante el Tribunal Oral Federal 5, que lo juzga junto a otros 17 represores, Pernías consideró además "un error y un horror" haber secuestrado y hecho desaparecer a las monjas francesas Leonie Duquet y Alice Domon. Sindicado como torturador por los sobrevivientes del mayor centro de detención clandestino ubicado centro de la Ciudad de Buenos Aires, el ex marino pidió ampliar su indagatoria y volver a declarar luego de haberse negado a hacerlo tras la lectura de los autos de elevación a juicio oral donde constan las imputaciones. Pernías aprovechó ese derecho para negar enfáticamente haber participado en el secuestro de las religiosas en la Iglesia de la Santa Cruz, en diciembre de 1977, junto con el grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo, algo que había sido denunciado por varios testigos del juicio.
También aludió a sus funciones como interrogador mediante la aplicación de tormentos, procedimiento al que denominó "interrogatorios reforzados" que, según dijo, eran legales en Israel e Irlanda. "Pero no había ensañamiento, porque nosotros éramos personas de bien", afirmó en otro tramo de su declaración, que levantó murmullos de indignación entre los asistentes.
El juicio se inició el 14 de diciembre del año pasado y, por las audiencias, desfilaron ya más de un centenar de testigos, algunos a través de teleconferencia, dado que viven exiliados desde que fueron liberados de la ESMA.
En el banquillo de los acusados están, entre otros, el jefe de Inteligencia de la ESMA, Jorge ‘Tigre’ Acosta; Alfredo Astiz, quien se infiltró en la Madres para marcarlas en el secuestro; Alfredo Donda Tigel, quien secuestró a su propio hermano, y hasta un ex canciller, el almirante Oscar Montes.
En el juicio oral son juzgados por 85 casos de delitos de lesa humanidad, incluisive el secuestro y la desaparición del escritor Rodolfo Walsh, de las monjas francesas y del grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo, que integraban Azucena Villaflor, Mary Bianco y María Esther de Careaga.
27 de agosto de 2010
26 de agosto de 2010
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no fueron abandonados

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"Nuestros padres no nos abandonaron".

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[Fabiana Rousseaux] Argentina. La apropiación de niños/as dejó marcas en toda una generación en la Argentina. Muestra de ello son las inusitadas consultas que hasta la actualidad se presentan en los consultorios de terapeutas. Una analista planteaba las dificultades se le presentaban a una mujer de 30 años, cuyos datos filiatorios no daban ninguna pista que pudieran hacer pensar que se trataba de una hija de desaparecidos; sin embargo, lo renegatorio funcionaba en ella llevándola a suponer que aun así podría ser hija de padres que no la habían abandonado y que tendría la oportunidad de encontrarse con el deseo de ellos.
La reactualización de esta tragedia demuestra que hay inscripción en el cuerpo biológico y social y que se trata de una nueva puesta en escena de los episodios traumáticos, aquellos que no logran inscribirse como olvido: el dolor permanente, su dimensión extrema, la falta de certeza, infinitizan la espera, la resolución, no se logra construir un tiempo pasado.
La figura de las ‘velas conmemorativas’, respecto del lugar asignado generacionalmente a los hijos de quienes han transitado por experiencias concentracionarias, da cuenta de ello en la medida que llevan en sus cuerpos el "deber" de no olvidar y sostener la memoria del horror vivido por generaciones anteriores.
Dina Wardi (Las velas conmemorativas. Niños del Holocausto) introduce esa metáfora: "Las ‘velas conmemorativas’ que deben servir como eslabón que preserve el pasado y lo una al presente y el futuro, siguiendo la tradición judía de que los hijos tienen la obligación de ‘izcor’, recordar, de continuar con la memoria de sus familiares muertos, pero en una pesada carga que compromete la propia identidad en pro de dar consuelo a sus progenitores, muchas veces a costa de la posibilidad de discriminación e individuación. Fracaso de un proceso simbólico, por lo cual las ‘velas conmemorativas’ se convierten en memoriales-vivos para los muertos, transformándose en un aspecto inseparable del ritual de duelo que no pudo llevarse a cabo por los padres" (Cristina Abal, Luba Bondnar y Rosa Zytner, ‘La sobrevivencia: una cuestión de identidad. Hijos de sobrevivientes del Holocausto’, en Revista Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica, Audepp, diciembre de 1998).
Si bien éste no es el mandato memorístico destinado a los hijos de desaparecidos en la Argentina, pareciera, sin embargo, ser asumido como propio por una generación que no puede desinscribir los efectos que lo imposible de entender dejó como marca. En cuanto a los hijos restituidos: "Nuestras madres y nuestros padres no nos abandonaron. Vivimos gracias a ellos, que soportaron las más terribles condiciones durante su cautiverio ilegal. Solamente a la fuerza pudieron separarnos de ellos" (testimonio de María Eugenia Sampallo Barragán, marzo de 2008).
26 de agosto de 2010
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en memoria de su hermano óscar

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Héctor y Yolanda Medina serán querellantes.

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Argentina. Héctor (Chinche) y Yolanda Medina se presentarán hoy como querellantes en la causa que investiga el secuestro de su hermano Óscar, el 20 de octubre de 1976, que se encuentra en etapa de instrucción. En tanto, ayer se realizó una nueva audiencia de la causa Díaz Bessone, después de dos semanas. La lectura de los requerimientos de las querellas por el delito de asociación ilícita contra José Antonio Scortecchini (Archi) llevó toda la jornada.
Ramón Genaro Díaz Bessone, José Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Scortechini, Ramón Rito Vergara y Ricardo Chomicki están acusados por privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita. En tanto, Díaz Bessone y Lofiego también lo están por asesinato. Durante la jornada de ayer, Marcote leyó y subrayó una revista, que luego dejó en el maletín.
El inicio de la jornada se demoró por un pedido del presidente del Tribunal, Jorge Benegas Echagüe, para obviar la repetición de los argumentos jurídicos en la lectura de las distintas querellas. El defensor oficial de Scortecchini, Germán Artola, pidió un cuarto intermedio para analizar la situación, y finalmente rechazó la solicitud.
Cuando se terminó la lectura del requerimiento de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, continuó la de Hijos, y luego la de los querellantes particulares representados por Gabriela Durruty y Daniela Asinari. Los argumentos jurídicos se repiten en cada una de las acusaciones, que resaltan la participación de Scortecchini en la asociación ilícita agravada que ejecutó el plan sistemático de represión ilegal en la zona.
Al mismo tiempo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Rosario se presentará hoy, a las 11, junto a Héctor Y Yolanda Medina, para presentar la querella por la desaparición de Óscar. "Tenía apenas 23 años, dos pequeñas hijas y fue llevado de su hogar de Villa Gobernador Gálvez, en horas de la madrugada, ante la desesperación de su esposa", relataron desde Familiares. Según contó la compañera de Óscar, los integrantes de la patota "irrumpieron vestidos de civil, a los gritos y golpeándolo, mientras exigían a Óscar que nombre a los compañeros. Ante su negativa, le ataron las manos y los pies para atrás, le vendaron los ojos y lo sacaron, arrastrándolo hacia uno de los 4 autos en los que habían llegado". Los miembros del grupo de tareas lo metieron en el baúl y le gritaron: "Te vamos a matar, guerrillero sucio, pensaste que ibas a cambiar la historia, negro sucio. Y ahora nosotros decidiremos que hacer con vos". Desde entonces, Elisa Medina (madre de la Plaza 25 de Mayo y presidenta honoraria de Familiares hasta su fallecimiento), junto a su hija Yolanda, comenzaron un largo peregrinar para conocer el destino del joven. "Todavía no sabemos cuál fue su destino. Pero debemos decir que la historia se cambia con lucha, con compromiso y con voluntad política", dijeron los familiares que hoy se presentarán como querellantes.
26 de agosto de 2010
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bebés robados por la dictadura

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"En el encuentro con una verdad como la de saberse ligado afectivamente con quienes fueron cómplices de la muerte de los padres, ¿con qué responde el sujeto? ¿A qué significantes apela ante la pregunta ‘quién soy’?", plantea la autora y, al emprender el camino hacia una respuesta, advierte que "las apropiaciones dejaron marcas en toda una generación".

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[Fabiana Rousseaux] Argentina. "Entra en el orden de lo inhumano asistir a la experiencia del campo de concentración y exterminio, donde además nacen niños. Creo que lo escribo, pero no entiendo lo que estoy escribiendo." Alejandro Kaufman,
‘Nacidos en la ESMA’.
Gracias a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, la desaparición de sus hijas e hijos –real, imposible de significar– dio lugar a la producción de un nuevo discurso en la Argentina. La experiencia que atravesaron, fuera de todo lenguaje, estuvo marcada por el encuentro con el horror de saber que los bebés que habían nacido mientras sus hijas estaban detenidas-desaparecidas eran literalmente apropiados por los genocidas; que, como mecanismo sistemático, esos bebés eran ocultados de la vista de sus familiares, anotados como propios, cambiadas sus identidades y ubicados en el lugar de trofeos. El pasaje de esa frontera da cuenta de una de las marcas actuales, que no cesan de interrogarnos cada vez que se restituye un/a nuevo/a nieto/a a la sociedad.
Si la filiación se sostiene en la transmisión de tres generaciones y en la articulación del deseo de la madre y el nombre-del-padre, ¿qué tipo de transmisión puede darse en la apropiación? En la transmisión se juega un nombre y una imagen; se trasmite un enigma a descifrar. Aquí, al imponerse una verdadera supresión genealógica, que –bajo coordenadas muy particulares– trastrueca el impacto estructurante de la filiación simbólica, el efecto de la transmisión falla. La literalidad trágica de esa supresión dificulta la construcción del enigma, quedando más del lado de la certeza con su consecuente renegación.
El derecho a la identidad emana de una necesidad básica del hombre, la de tener un nombre, una historia y una lengua. La lengua es esa voz de la familia que, al transmitirse, nos humaniza como sujetos y nos da un lugar en un linaje. Estos/as niños/as fueron inscriptos/as con un falso nombre que oculta el verdadero, y, aunque el aparato jurídico haya estado al servicio de utilizar la letra de la ley para imponer una falsa identidad que arrase la historia, no ha logrado garantizar el olvido. Hay un saber sobre esa historia que estos/as niños/as han tenido, un secreto que produjo efectos en sus subjetividades. Existen modos de inscripción que ninguna ley puede borrar.
Por eso, cada vez que se concreta una restitución, el efecto de verdad tranquiliza, pues lo que fundamentalmente se restituye es un sentido, un nombre, una historia. Este momento no puede darse sin dolor, porque lo que verdaderamente causó ese dolor inenarrable es lo que nunca debió haber sucedido: la apropiación de niños/as. Allí se quebrantó el límite de lo humano y por lo tanto el límite del lenguaje. La restitución de niños/as desaparecidos/as se sostiene en un deseo, el de los familiares que los buscan; y también hay un sostén social de ese deseo.
Esto indica que el reclamo no se agota en la exclusiva legitimidad de los lazos de sangre. Sin embargo, la obligatoriedad de las pruebas de ADN puede constituirse en la antesala del acto necesario para el advenimiento de una reescritura de estas historias; y es, por otra parte, la única vía probatoria para el Estado, que debe restituir la identidad jurídica a estas personas. Pero, además de ser una obligación, es también la necesidad de un gesto reparatorio que otorgue a esta tragedia social toda su dimensión, ya que fue provocada por el terror de Estado. Lo que se restituye en estos casos es la transmisión de un deseo que no fue anónimo.

Genealogía
El padre de la filiación es el que, desde el psicoanálisis, definimos como el padre simbólico. En el derecho romano, el pater se autodesigna como padre de un hijo por adopción, al alzarlo en sus brazos; la filiación biológica (genitor) apenas es considerada si no es seguida por un gesto o una palabra que demuestre que el padre consiente públicamente en tomar a ese hijo como tal. De ese ritual se deriva la posibilidad de mando del padre en la familia y la sucesión, donde se juega una doble transmisión: sangre (semejanza) y nombre.
La Ley, como organizador institucional-social, impacta también en la legalidad constitutiva de lo psíquico. El efecto de realidad que instaura la letra de la ley, lo escrito, es insoslayable. Algo es sólo a partir de que recibe algún modo de inscripción. Los latinos llamaban Genius al dios al cual todo hombre es confiado en tutela en el momento de su nacimiento. Y consagrado a Genius era el día del nacimiento. Los regalos y los banquetes con los cuales celebramos el cumpleaños son un recuerdo de la fiesta y de los sacrificios que las familias romanas ofrecían al Genius en el natalicio de sus integrantes. Vemos cómo aquello que constituye la paternidad debe estar ligado a algún modo de ritualidad que haga público ese acto y, además, donde el padre y la familia puedan ofrendar un sacrificio, es decir, entregar algo como gesto de renuncia. Se trata de una renuncia a la pulsión de apoderamiento –tal como planteaba Fernando Ulloa, precisamente con relación con estos casos–. La clandestinidad que atraviesa las apropiaciones deja por fuera esta condición de la paternidad.
El padre simbólico es el que ordena las filiaciones, ofrece el linaje, transmite una herencia. El padre, como función, significa que hay en juego una lógica y un lugar donde el sujeto está enlazado al Otro. Por esa misma razón, no es lo mismo transmitir que suceder. Sucedere, en latín, significa "entrar bajo", "entrar en", "someterse a", "sustituir". En la transmisión existe una ligazón entre generaciones. La herencia y la transmisión se juegan en dos órdenes distintos. Lo que se hereda es del orden de un objeto calculable, imaginario-simbólico. En cambio, en la transmisión se juega un objeto inestimable, escondido, enigmático, real. De allí, de la función del equívoco, la transmisión extrae su eficacia. Sin equívoco no hay transmisión. Lo que el padre transmite es la posibilidad de que el hijo pueda ir más allá de él, sirviéndose de lo que él inscribió como marca.
Ahora bien, las fisuras filiatorias, presentes –de muy diverso modo– en las apropiaciones de niños y niñas, ¿pueden suturarse? "Ser hijo" es entrar en el linaje. En una entrevista, Macarena Gelman refería: "La identidad no es una u otra. Nadie puede ‘resetearte’ para volver de cero. Vas incorporando un montón de cosas y te acomodás de acuerdo a cómo se van dando. El contacto con la familia biológica, con los amigos, me parece súper importante. Al principio estaba toda la historia de mis padres, el bebé... yo cuento esto y en realidad me pasó a mí. Eso es lo que más cuesta. Cómo sentirse identificado. Más porque yo tenía dos meses y medio cuando me dejaron en la casa de mis padres. Es toda tu vida. No tenés ningún recuerdo de nada. Me pasó de contarlo y hablar del bebé. Y el bebé del que hablan soy yo, el bebé era yo". El principio formal de la identidad, la certidumbre del yo soy yo de la pura autoconciencia se ve profundamente conmovida frente a la irrupción de esta verdad. El sujeto comienza a transcurrir en ese entre-dos.
La identidad del sujeto es su particular división y sus síntomas. Ese es el derecho que se recupera. Derecho a tomar la palabra. La identificación del sujeto es al significante, advierte Lacan en el Seminario 9. En el encuentro con una verdad trágica e inapelable como es la de saberse ligado afectivamente con quienes fueron cómplices de la muerte de los padres para luego ocupar ese lugar, ¿con qué responde el sujeto? ¿A qué significantes apela para dar respuesta a la pregunta "quién soy"? "¿Soy éste o soy otro?" En esta disyunción alienante, se trata de una elección indecidible. Un tránsito inevitable por la destitución subjetiva que podemos pensar en términos de excripción de los significantes que lo determinaron, expulsión de una inscripción perversa, para poder hacer lugar a una reinscripción de la novela familiar. Este revelamiento de una verdad insoportable toca no sólo la identidad del sujeto apropiado, sino también la de sus padres.

Identidad
"Jamás podrá ser conquistada una identidad plena ni por la reflexión de la conciencia, ni por el dominio del yo, ni por el ‘autocontrol’. La existencia siempre construye su casa o refugio desde el temblor de las huellas de lo imposible."
Jorge Alemán

La identidad remite fundamentalmente a la diferencia. Si la identidad se sostiene en aquello que instaura la diferencia entre un sujeto y otro, aquello que lo ubica en una alteridad radical respecto de otro, ¿qué sería sino lo que se presenta como lo más propio del sujeto? Pensar las consecuencias de la apropiación en la particularidad de este contexto es intentar ubicar qué pasa cuando lo que constituyó nuestra propia identidad se nos presenta como siniestro, y el cuerpo, convertido en territorio testimonial, emerge como prueba.
La apelación a las pruebas genéticas es en muchos casos la única vía posible para el acceso al develamiento de una verdad biológica e histórica del sujeto apropiado. Esa verdad hallada, la genética, se podrá inscribir efectivamente como significante del nombre de los padres. De estas madres y padres que –como declaró María Eugenia en el juicio contra sus apropiadores– sólo a la fuerza pudieron ser separados de sus hijos. Unos pocos días atrás, en una audiencia en Comodoro Py, en el marco del juicio por la megacausa ESMA, una sobreviviente relataba que le había tocado asistir a varias embarazadas y relató que una de ellas, médica, había pedido a sus verdugos que no le cortaran el cordón umbilical, que ella lo quería cortar para de ese modo seguir ligada a su hijo un poco más, sabiendo que se lo iban a sacar y que a ella la iban a matar.

¿Hay Desinscripción Posible del Feroz Acto de Apropiación?
Si bien sabemos que el acceso a la identidad no está garantizado por el dictamen jurídico, sabemos también que ese dictamen puede ser el punto de partida para el reconocimiento de ese acontecimiento trágico de la vida de una persona, que además contribuye a la cancelación del delito y produce incidencias reales en el cuerpo. Todo esto puede abrir las vías para comenzar un proceso de reescritura de la historia.
Aquí es insoslayable la responsabilidad que le compete al Estado: esa responsabilidad no recae ni en los jóvenes que fueron apropiados ni en las familias que reclaman su restitución. De lo contrario se cae en una falsa discusión respecto de quién porta la verdad sobre lo ocurrido: si los familiares que reclaman o los jóvenes que no pueden o no quieren hacerse los estudios y aceptar la restitución. No se trata de una verdad u otra, sino de la posibilidad de encontrar una salida que corra el eje imaginario de ese saber, desde donde construir un acceso a la verdad. La negativa de algunos jóvenes a realizarse las pruebas de ADN para acreditar su verdadera filiación, según lo indica la norma jurídica que nos atraviesa a todos, debe ser interpretada en términos sintomáticos: como negación.
La autora es psicoanalista. Coordinadora del programa ‘Consecuencias Actuales del Terrorismo de Estado en Salud Mental’ y del Centro de Asistencia a Víctimas del Terrorismo de Estado Fernando Ulloa, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Extractado del trabajo ‘Identidad: ¿una justa medida?’
26 de agosto de 2010
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monopolio papelero es robado

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La presidenta anunció denuncias judiciales y el envío de un proyecto al Congreso por papel prensa. Con fuerte tono crítico, revelando detalles de extorsión contra los Graiver, Cristina Kirchner instruyó para que se eleve a la Justicia la denuncia por la apropiación de Papel Prensa.

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[Sebastián Premici] Argentina. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó en sociedad el informe Papel Prensa: La Verdad. A partir de una investigación que consta de 26.000 fojas, realizada por una comisión investigadora constituida al efecto, la mandataria denunció la apropiación ilegal de la papelera, en 1976, por parte de los accionistas privados Clarín, La Nación y La Razón en connivencia con los responsables de la última dictadura militar. Fernández de Kirchner instruyó al procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, a presentar las demandas judiciales que correspondan. "Después de leer este informe, me quedó un sabor amargo y la certeza de que existe un poder que está por encima de la primera magistratura. Desde hace décadas que existe un poder que intenta subordinar al Estado a sus intereses. Esto lo pude ver en todo el expediente. Lamento decirle a ese poder que no seré funcional a sus intereses", manifestó la Presidenta, en un claro mensaje hacia las empresas involucradas dentro del informe. Por otro lado, la mandataria anunció que enviará al Parlamento un proyecto de ley para crear un nuevo marco regulatorio para la producción, distribución y comercialización del papel para diarios, declarando esta actividad como un servicio público.
Antes de que comenzara el acto, el clima que se vivía dentro de la Casa Rosada era de euforia, pero con la "conciencia de que algo relevante estaba por suceder", tal como graficó a este diario el diputado Mariano West (FpV). "Es un día de gloria", se le escuchó decir a Gabriel Mariotto, titular la autoridad de aplicación de la nueva Ley de Servicios Audiovisuales. En las paredes del Salón de los Patriotas Latinoamericanos se colocaron recortes de los diarios Clarín y La Nación del año 1977, los cuales hacían mención a la operación de Papel Prensa. Sobre el escenario podían verse las 26.000 fojas de la investigación.
En primera fila estuvieron sentados los principales testigos del caso, los cuales ya prestaron declaración testimonial ante la Secretaría de Derechos Humanos: Lidia Papaleo, viuda de David Graiver; y Rafael Ianover, ex vicepresidente de Papel Prensa y testaferro de Graiver. Junto a ellos estaba el diputado y titular del PJ, Néstor Kirchner, Guillermo Moreno, que encabezó la investigación, y Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia. Del encuentro también participaron todos los ministros del gabinete, gobernadores y empresarios.
"En un editorial del domingo pasado, Clarín publicó que ‘el Gobierno avanza en Papel Prensa para controlar la palabra impresa’. En abogacía tenemos un dicho, a confesión de partes, relevo de pruebas. O lo que en psicología se llama proyección. Uno infiere que quien controla el papel, controla la palabra. Papel Prensa (cuyos accionistas mayoritarios son Clarín y La Nación) es una empresa monopólica. Por eso coincido con lo que dice el multimedio", afirmó, con ironía, Fernández de Kirchner.
Según denunció la Presidenta, Lidia Papaleo, viuda de David Graiver, ex dueño de Papel Prensa y signado como banquero de los Montoneros, fue obligada a vender las acciones de la papelera (las que le correspondía por la sucesión) el 2 de noviembre de 1976. "Lidia debía presentar un escrito ante el juez de menores, en representación de su hija, que era menor de edad. Pero el magistrado nunca aprobó la venta. Sin embargo, a los cinco días de firmar el último papel, la detienen", contó Fernández de Kirchner. Eso fue en marzo de 1977.
"¿Por qué tuvieron que mantener en libertad a Papaleo de Graiver hasta firmar la venta?", se autopreguntó la Presidenta. "Para evitar que la compañía cayera en manos de la Comisión Nacional de Reparación Patrimonial (Conarepa), que era el órgano que se quedaba con los bienes de ex funcionarios y otras personas investigadas. Todo el patrimonio de los Graiver quedó en la Conarepa, salvo Papel Prensa", se respondió Fernández de Kirchner.
Los accionistas privados de Papel Prensa argumentan que Papaleo de Graiver y Ianover vendieron sus acciones por propia voluntad y que su secuestro nunca estuvo relacionado con Papel Prensa. Para realizar esta argumentación se basan en una investigación realizada en 1986 por el fiscal nacional de investigaciones administrativas, Ricardo Molina. Incluso afirman que "nunca se relacionó la compra de Papel Prensa con la dictadura militar, salvo hasta ahora, donde el Gobierno mantiene una clara puja con los diarios", indicaron a Página/12 voceros de los accionistas privados.
Sin embargo, el tema no es nuevo. Durante el acto de ayer, Beatriz Paglieri, directora por el Estado de Papel Prensa, mencionó como antecedente el libro "Los cerrojos a la prensa", del fallecido Julio Ramos, ex dueño de Ambito Financiero.
Según dejó trascender Alberto González Arzac, encargado de redactar el informe, la causa que tramitarán Da Rocha y Duhalde estará enmarcada en los crímenes de lesa humanidad, ocurridos durante la última dictadura militar.
La segunda denuncia de la Presidenta estuvo relacionada con un pacto de sindicalización, firmado por Héctor Magnetto, BartoloméMitre y Patricio Peralta Ramos. "Era el corazón de la toma de decisiones dentro de Papel Prensa. Se comprometían a actuar en conjunto, a tener siempre la misma posición y lo más grave de todo, no podían adoptar medidas que perjudicaran a ninguna de las empresas controlantes", argumentó Fernández de Kirchner.
A partir de este "pacto de sindicalización", el Estado denunció que Papel Prensa le cobraba un precio diferencial a sus accionistas privados, en detrimento de los diarios del interior. Este pacto fue comunicado a la CNV recién este año. De todas maneras, el Ejecutivo encontró pruebas de su existencia en la Inspección General de Justicia, dentro del expediente sobre la quiebra de La Razón. Esta información aparece en el informe presentado ayer.
Para evitar un nuevo "pacto", el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para declarar como servicio público la producción, distribución y comercialización del papel para diarios. El objetivo central de esta normativa buscará darle un trato igualitario a todos los diarios del país. A su vez, buscará ampliar la capacidad de producción de Papel Prensa para que no haya más importación. Con esta jugada, la Presidenta obligará a todo el arco opositor a discutir sobre un proyecto esencial "para la libertad de prensa", tal como fue definido por la propia mandataria. También se propondrá la creación de una comisión bicameral de control.
"Con la Justicia por un lado, y el Parlamento por el otro, estamos confiados en que la democracia pueda pasar esta prueba. Queremos una democracia sin tutelaje y una sociedad sin miedo", concluyó la mandataria.
25 de agosto de 2010
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faceta económica de la dictadura

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Los alcances económicos del plan represivo empezaron a salir a la luz en años recientes. La investigación de secuestros y desaparición de empresarios llevó a descubrir una trama de encubrimiento de operaciones con fines de acumulación de poder.

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[Raúl Dellatorre] Argentina. El argumento de defensa de los grupos editoriales hoy accionistas mayoritarios de Papel Prensa, frente a las graves acusaciones que se les formulan con respecto a la adquisición del paquete accionario de la misma, es que Lidia Papaleo, viuda de Graiver, habría vendido por propia voluntad dichas tenencias en noviembre de 1976. El bloque principal de la oposición, representado por Oscar Aguad (radical), Felipe Solá (Peronismo Federal) y Elisa Carrió (Coalición Cívica), tomó como propios dichos argumentos y puso en duda el relato tanto de Papaleo de Graiver como de la presidenta Cristina Fernández, restándole verosimilitud por lo tardío de la denuncia. Sin embargo, vale recordar que el saqueo de bienes empresarios; la extorsión, chantajes, secuestros o desapariciones, y la utilización de empresas fantasma para disimular estas operaciones, han sido una práctica habitual de la dictadura militar, que poco a poco fue saliendo a la luz, particularmente en los últimos años por el descongelamiento de causas y el punto final a la impunidad. Repasamos aquí algunos hechos investigados y ya publicados, que dan una muestra de esta práctica extendida.

Los Hermanos Iaccarino
Rodolfo, Alejandro y Carlos Ia-ccarino estuvieron detenidos-de-saparecidos durante 22 meses entre 1976 y 1978. Los tres hermanos eran empresarios platenses y la dictadura los despojó de bienes valuados en nueve millones y medio de dólares mediante una compleja trama donde intervinieron militares, servicios de inteligencia, testaferros y escribanos. Bajo la amenaza de que sus tres hijos serían arrojados al Río de la Plata, Rodolfo Genaro Valentín Iaccarino firmó la cesión de 25 mil hectáreas de producción agropecuaria en Santiago del Estero y un avión ejecutivo. A Alejandro, el segundo de los Iaccarino, lo secuestraron el 4 de noviembre de 1976 y pasó por catorce centros clandestinos de detención, donde sufrió todo tipo de vejámenes.
Toda la familia fue secuestrada por la dictadura: el padre y sus hijos Rodolfo y Carlos en Santiago del Estero; Alejandro y la madre, Dora Emma Venturino de Iaccarino, en La Plata. "Nosotros estuvimos los primeros dieciséis meses con detenidos comunes. No sabíamos cómo venía la mano. No estábamos en el mundo político, estábamos en el mundo de los negocios. Hasta que vino un italiano de apellido Chezzi, un testaferro de los militares, que nos dijo: ‘Si quieren salir, lo que deben hacer es entregar el campo de Santiago del Estero y el avión’." Una escritura firmada el 24 de agosto de 1979 confirma su aseveración. La protocolizó el escribano Adolfo Barceló en Alta Gracia.
(Publicado en Página/12, 8 de junio de 2009, por Gustavo Veiga.)

El Terror Mercantilizado
En relación a los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura, el fiscal Federico Delgado analizó la utilización de una decena de empresas de seguridad manejadas por represores para el robo de bienes de desaparecidos, el lavado del dinero que les robaban y el secuestro extorsivo de empresarios. También detectó la posible apropiación de un inmueble que pertenecía a un grupo de militantes uruguayos secuestrados en el centro clandestino Automotores Orletti y la compra, con plata de los detenidos, de otros dos edificios. Ejemplos de lo que Delgado llamó, en un dictamen preliminar, "la mercantilización del terror" o "la dimensión económica" del plan represivo. Como ejemplos, cita el secuestro en 1981 del banquero Carlos Koldobsky, que era dueño del Banco de San Miguel y administrador de Cambio América SA, con un pedido de rescate millonario a depositar en una cuenta en Suiza. También señala el secuestro de Fernando Combal, que era dueño de la financiera Finsur.
Delgado advierte que, con este escenario de fondo, se creó la Conarepa, una especie de entidad de facto destinada a hacer investigaciones patrimoniales de los funcionarios del segundo gobierno peronista. Funcionaba por fuera del Poder Judicial, pero con facultades similares (como allanar), y basaba su accionar en la ley de subversión económica.
Estaba a cargo de representantes de las tres Fuerzas Armadas. Fue disuelta antes de entregar el mando en 1983, después de haber confiscado bienes de todo tipo.
(Publicado en Página/12, 3 de abril de 2007, por Irina Hauser.)

Las Chacras de Massera
El hijo del ex almirante Emilio Eduardo Massera, Enrique Eduardo, fue procesado y detenido por su participación en el secuestro, desapoderamiento y muerte de empresarios. "La tragedia que se investiga en los tribunales de Comodoro Py comenzó en enero de 1977 con los secuestros concatenados del abogado Conrado Gómez, el contador Horacio Palma, Victorio Cerruti y su yerno Omar Masera Pincolini. Todos eran propietarios de los restos de una pequeña bodega y de la sociedad Cerro Largo, dueña de los terrenos de Chacras de Coria. Los cuatro hombres fueron conducidos a la ESMA. Allí, bajo tortura y coacción moral, se sometieron a las exigencias navales y fueron entregando sus bienes. Los marinos, con falsa documentación, se constituyeron entonces en los nuevos socios, accionistas y directores de las sucesivas sociedades constituidas al efecto."
(Publicado en Página/12, 10 de agosto de 2005.)
25 de agosto de 2010
©página 12

el comisario jubilado

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Jorge Abero integra la lista de Alberto Maguid. Hijos de Santa Fe difundió la participación de Abero en el Departamento de Informaciones (D2) durante la última dictadura. Es candidato a la Caja de Seguro Mutual.

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Argentina. La organización Hijos de la ciudad de Santa Fe denunció a un comisario jubilado, Jorge Alberto Abero, como uno de los oficiales que operó durante la dictadura en el servicio de inteligencia de la Policía santafesina, más conocido como Departamento Informaciones (D2). Jorge Alberto Abero es candidato por los pasivos en la lista Azul y Blanca, que responde al histórico dirigente de UPCN, Alberto Maguid, para las elecciones de la Caja de Seguro Mutual que se realizarán mañana. Ante la denuncia de Hijos, Rosario/12 al querellante de la causa Brusa, Jorge Pedraza, quien ratificó lo denunciado en el marco de esa causa: "A mí y a otro muchacho, Abero nos hizo detener en marzo de 1983, con el argumento de que habíamos violado la prisión domiciliaria. El fue del D2 en la peor época, a partir del año 1975". El documento de Hijos que ventila el pasado del policía dice: "Decime quién es Jorge Alberto Abero". El policía que revistó en el D2 en dos etapas, "desde 21 de noviembre de 1975 hasta el 29 de marzo de 1976 y luego desde el 14 de mayo de 1977 hasta el 29 de abril de 1983" y hasta "realizó un curso de Formación Contrarrevolucionaria, en 1979".
La pertenencia de Abero al D2 está probada en el expediente de Brusa, donde está adjuntado su legajo. Por eso, Hijos denunció su participación en la represión ilegal. "Hoy, una vez más, un genocida camina entre nosotros por las mismas calles, saluda a los vecinos, compra en los mismos negocios y se presenta a elecciones porque su rostro y su nombre están ocultos bajo el manto de impunidad que durante años nos ensombreció a todos en este país -dice el comunicado de Hijos Santa Fe-. Pero tantos años de impunidad y de poder los convierte en soberbios, y cometen errores y de pronto se asoman a la luz y descubrimos sus rostros y sus nombres como el de Jorge Alberto Abero".
La agrupación Hijos recordó: "Cuando en 1998 decidimos hacer el primer escrache a Mario José Facino nadie lo conocía. Claro, nadie salvo sus víctimas que habían tenido el coraje de denunciarlo aún antes de que volviera la democracia y se creara la Conadep. Y nadie conocía a Facino porque era un genocida, torturador y represor que, como tantos otros, se ocultó a la sombra de las leyes de obediencia debida y punto final, a pesar de los reclamos de las víctimas, de los organismos de derechos humanos y militantes sobrevivientes que lo denunciamos una y otra vez".
Al mismo tiempo, Hijos recordó el testimonio judicial de un subomisario ya fallecido, Juan Rafael Loréfice, quien mencionó a Abero entre los oficiales de inteligencia de la Policía de la provincia. "A los del D2 los conocía a todos", dijo Loréfice cuando declaró ante el juez federal Reinaldo Rodríguez, el 22 de abril de 2003, en la causa que terminó con la condena al ex juez Víctor Brusa y compañía. Y señaló "a Jorge Alberto Abero, Carlos Omar Rebechi, Héctor Romeo Colombini, a quien le decían "el Pollo", Ernesto Luis Cappato, el inspector mayor Indalecio Cucco, que era el jefe; Miguel Anacleto Suárez, al que le decían "Pasto Seco"; Rubén Oscar Insauralde", entre otros.
En otra declaración testimonial tres años después, el 28 de julio de 2006, Loréfice relató el rol que cumplía el D2 en la maquinaria represiva de la dictadura. "La máxima autoridad del Ejército en la zona era el coronel (Juan Orlando) Rolón, que estaba a cargo del Area 212 e impartía todas las órdenes, aún a la propia Policía, ya bajo el mando (operacional) de los militares. El D2 que se ubicaba en Tucumán y Primero de Mayo era el servicio de Inteligencia de la policía que actuaba en conjunto con el Ejército. El Ejército chupaba a los terroristas y se los entregaba al D2. Y cuando digo chupaba hago referencia a que eran detenciones ilegales. Luego, entregaban a las personas al D2 y allí se obtenía la información en forma forzada mediante tormentos", explicó Loréfice.
"Durante años, desde la recuperación de la democracia, los organismos de derechos humanos hemos exigido el desmantelamiento del aparato represivo", dice el documento de Hijos.
Y además de Abero, Hijos señaló a otros represores:

-Nicolás Correa: "operó (en el Destacamento de Inteligencia Militar 122) durante la dictadura y fue funcionario en la Subsecretaría de Seguridad Pública durante la democracia", en el gobierno de Jorge Obeid.

-Mario Facino: "era jefe de la comisaría 4ª, un centro de detención y torturas y fue presidente de la comuna de San José del Rincón".

-Eduardo Ramos: "ex oficial de policía del D2, infiltrado en ámbitos estudiantes, fue un activo militante del peronismo durante la democracia".

-Héctor Colombini: "oficial del D2, integraba las patotas que salían a secuestrar y torturar militantes, fue reciclado como jefe de Drogas Peligrosas en la democracia".

"¡Basta ya de lobos disfrazados de corderos! Exigimos el aceleramiento de los juicios y la imputación y llamado a indagatorias de todos los represores denunciados por los testigos que infatigablemente han tenido que relatar una y otra vez su secuestro y tortura", dijo Hijos Santa Fe. "No tenga miedo, tenga memoria. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Cárcel común perpetua y efectiva. Ni un solo genocida por las calles argentinas. Juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices", dice también el documento elaborado para denunciar el accionar del represor.
23 de agosto de 2010
©rosario 12