el asesinato de la familia pujadas
Treinta y cinco años después.
[Silvia Valerga] Argentina. La escalada represiva que se vivió en los meses previos al golpe militar del 24 de marzo de 1976 tuvo su pico máximo la noche del 14 de agosto de 1975, cuando varios integrantes de la familia Pujadas fueron secuestrados en medio de la noche, fusilados y sus cuerpos, tras ser arrojados a un pozo, volados con explosivos.
La provincia de Córdoba estaba intervenida y el poder cayó en manos del brigadier Raúl Lacabanne, quien a través de su secretario privado Miguel Egea proveía de dinero y logística a la versión cordobesa de la Triple A, que fue el Comando Libertadores de América, la organización formada por militares, policías y civiles que operaban bajo las órdenes de la temible dupla formada por el militar retirado del Ejército llamado Héctor Vergez, alias "Capitán Vargas", y un suboficial de la Aeronáutica, Pedro Raúl Telleldín, quien se hizo cargo del Departamento de Informaciones de la Policía.
Los padres y hermanos de Mariano Pujadas, uno de los presos fusilados en Trelew en 1972, eran una familia catalana que llegó a la Argentina en 1953, por el terror que imponía el franquismo, y aunque tanto José María Pujadas como su esposa, Josefa Badell, eran brillantes médicos, recibidos con diploma de honor, cuando se instalaron en Córdoba construyeron una cabaña avícola.
Josefa trabajaba todo el día, conocía y manejaba el funcionamiento de la cabaña, desde los galpones de las cuatro sucursales hasta la planta de incubación. José María atendía toda la parte económica y comercial de la empresa familiar. Quienes lo conocieron lo describen como una persona culta y delicada en el trato con la gente, y aseguran que en la cabaña había un ambiente de mucho trabajo, pero también de gran amistad.
De los seis hijos que tuvieron los Pujadas, Mariano era el único que hasta ese momento tenía actividad política, fue uno de los fundadores de Montoneros y había participado en la toma del destacamento militar de La Calera. Mientras estaba preso en Trelew, en la cabaña la vida de la familia transcurría entre el trabajo y el estudio.
Juan Carlos Maristany fue novio de María José Pujadas durante cuatro años. Hace un esfuerzo frente a tanto tiempo empeñado en borrar los recuerdos de aquel horror y dice que "durante ese período no había otro tipo de militancia política, salvo la preocupación por el estado de Mariano en la cárcel y las lógicas comunicaciones con los otros padres de presos políticos".
"Cada uno tenía, aparte de las responsabilidades en la cabaña, sus obligaciones de estudio. Ricardo estudiaba ingeniería electromecánica, de lo que se recibió. José María estaba dedicado de lleno al trabajo de la cabaña, Angeles estudiaba ciencias económicas, Sergio agronomía, igual que yo pero más avanzado, por lo que también se recibió antes del desastre, y María José terminó el secundario cuando estábamos de novios y empezó la carrera de Historia", recuerda.
La cabaña era un lugar donde trabajaban la familia y muchos empleados; sin embargo, la policía, el Ejército o quienes fueran, hacían allanamientos cada tanto. El ex novio de María José dice: "A mí me tocó estar en uno cuando entraron, yo pienso que sin saber realmente qué buscaban, hablaron con los padres, revolvieron el escritorio y se fueron".
Maristany explica que "luego vino la primera gran catástrofe cuando, tras el intento de fuga, lo llevan a Mariano a la base aérea Almirante Zar, de Trelew, junto con los otros chicos que habían participado, y esa noche fueron brutalmente asesinados. Pese a la advertencia por parte del Ejército de que no se podía abrir el cajón, pues ellos daban la versión de un intento de fuga con el consecuente enfrentamiento, Pujadas padre hizo, en un momento del velorio, retirar a la gente y junto con mi padre, que también era médico, y otro médico más amigo de la familia de apellido Smith, abrieron el cajón. Yo estaba presente".
Juan Carlos asegura que "Mariano tenía heridas en las piernas, los brazos y muy pocas en el tórax, pero sí tenía un brutal hueco en la nuca, lo que corroboraba que había sido fusilado y muerto con un tiro de gracia. Todo este episodio fue brutal, y sin lugar a dudas habrá generado en los Pujadas un lógico resentimiento con los militares y la policía. Así las cosas se fueron poniendo cada vez más difíciles, los padres estaban profundamente amargados, José María empezó a militar en la Juventud Peronista y María José terminó el secundario, entró en la universidad y allí se enroló en la JP. Ese fue el momento en que cortamos nuestro noviazgo. Ya mucha gente que no conocía ni la familia ni el entorno hablaba de los Pujadas como si fueran dirigentes montoneros, pero eso no era cierto".
Maristany opina que "ese chisme descabellado, que corrió de boca en boca y hasta el día de hoy se mantiene en algunos rincones de esta sociedad, más la locura de un grupo de asesinos, desembocó en una de las matanzas más brutales que tuvimos en Córdoba".
Esa noche de la masacre, en la casa estaban el matrimonio Pujadas, sus hijos José María, María José y Víctor, la esposa de José María y la hijita de ellos, María Eugenia. Los Pujadas tenían tres hijos más: Ricardo, que ya estaba casado y vivía con su mujer y su hija en el centro de la ciudad; Angeles, que estaba casada y hacía poco tiempo que se había mudado a una casa que compraron los Pujadas padres, alejada de la cabaña avícola, y Mariano, quien había sido fusilado en Trelew. Los que se sobrevivieron esa noche fueron Víctor, que tenía once años, y María Eugenia, de tres meses, porque los encerraron en un baño. De los presentes se salvó milagrosamente la esposa de José María, pero falleció a los pocos meses a causa de las secuelas de aquella noche. Los tres hermanos que quedaron (Ricardo, Angeles y Víctor) y sus respectivas familias se fueron a España con muy pocas pertenencias. Ninguno de los tres volvió a vivir a la Argentina, pero todos han estado de paso visitando a familiares o por negocios. Ricardo falleció hace algunos años a causa de un cáncer de hígado.
Juan Carlos Maristany destaca que "había en esa familia mucha honestidad, mucha sensibilidad social y muchas ganas de hacer. Todo esto fue truncado espantosamente por un grupo de ‘animales’". María José se mantiene en su recuerdo como "una hermosa mujercita que a simple vista parecía sumamente frágil pero, en realidad, era fuerte y apasionada en todos sus actos. Reía con pasión, lloraba con pasión. Toda su existencia fue un homenaje a la vida y al compromiso".
21 de agosto de 2010
20 de agosto de 2010
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Argentina. El juez federal Alejandro Sánchez Freytes, que lleva adelante juicios contra represores de la última dictadura militar en Córdoba, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por "mal desempeño de sus funciones" debido a que ordenó el pago de una jubilación extraordinaria a un imputado por la incapacidad que sus actividades represivas le produjeron. La acusación fue realizada por el titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, y apoyada por la representante de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida.
[José Maggi] Argentina. El juez federal Marcelo Bailaque procesó ayer al ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone por cinco casos de secuestros, torturas y homicidio de militantes del cordón industrial pero le dictó la "falta de mérito" por los mismos casos al ex coronel Rubén Cervera, quien era responsable del Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán donde se cometieron los hechos. La fiscal federal Mabel Colalongo consideró la resolución como "incomprensible" y adelantó que va a apelar la medida.
[Diego Martínez] Argentina. La lentitud de la Cámara Nacional de Casación Penal para confirmar las sentencias de los juicios por crímenes de lesa humanidad derivó ayer en la obtención del beneficio del arresto domiciliario para Luciano Benjamín Menéndez, quien suma cuatro condenas a prisión perpetua en el haber. El mayor asesino del norte argentino durante la última dictadura fue condenado en julio de 2008 a cumplir su sentencia en el penal de Bouwer, pero se benefició días después con una resolución de la Sala III de Casación, que ordenó postergar el cumplimiento efectivo de la medida hasta que el fallo quedara firme, paso que no dio durante los 25 meses posteriores. El retorno del ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército a su chalet del barrio Bajo Palermo se produce mientras recrudecen las amenazas a querellantes, fiscales y militantes de derechos humanos.
[Raúl Kollmann e Irina Hauser] Argentina. La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado rechazó ayer la impugnación contra el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) presentada por Gabriel Cavallo, el abogado de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble. El planteo está relacionado con los estudios de ADN respecto de los hijos adoptivos de la mujer, Marcela y Felipe Noble Herrera. La jueza sostuvo que, al menos por ahora, la actuación del BNDG no generó ningún perjuicio a Ernestina ya que no existen todavía resultados de estudios que afecten a la empresaria. En caso de existir esos resultados, siempre quedan muestras como para reproducir los análisis, de manera que en ese momento Herrera de Noble estará legitimada para hacer las impugnaciones que correspondan.
Argentina. A un tercio de siglo de los crímenes y a un lustro de la reapertura de las causas, comenzó ayer en Mar del Plata el primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad en la Base Naval de esa ciudad. En el banquillo, escucharon la lectura de la acusación sólo tres oficiales retirados: el general Alfredo Manuel Arrillaga, el contraalmirante Roberto Luis Pertusio y el capitán de navío Justo Ignacio Ortiz. El contraalmirante Juan Carlos Malugani y el coronel Pedro Barda, condenado en 2008 como jefe de la subzona 15 y máximo responsable de la represión ilegal en Mar del Plata, fueron excluidos del juicio, afectados por una enfermedad mental degenerativa.
Argentina. Según confirmaron fuentes de la justicia federal de Córdoba, el juez federal subrogante del juzgado número 3 de la capital provincial, resolvió, a pesar del planteo realizado por la fiscal federal Graciela López de Filoñuk contrario al otorgamiento de la prisión domiciliaria, concederle el beneficio.
[Pedro Lipcovich] Argentina. La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) abrió el debate sobre un proyecto de ley que castigaría con prisión "al que entregare dinero por el uso sexual de una persona". La entidad gremial –afiliada a la CTA– sostiene que "la penalización de clientes criminaliza indirectamente el trabajo sexual mediante la criminalización de una de sus partes necesarias". Como el proyecto se basa parcialmente en una ley sueca, Ammar presentó un trabajo de legislación comparada, según el cual "la persecución del cliente sólo logra el ocultamiento del trabajo sexual" y "genera el crecimiento de redes mafiosas, amparadas por la dudosa ética de las fuerzas de seguridad"; en esas condiciones, "las trabajadoras sexuales están expuestas a más violencia". Al mismo tiempo, Ammar reclamó "una real reinserción social y laboral de las víctimas de trata". Por su parte, el titular de la Dirección de Sida del Ministerio de Salud de la Nación –en sintonía con criterios internacionales de prevención del VIH– manifestó "preocupación", ya que "este tipo de medidas punitivas dificulta la prevención, ya que la población implicada tiende a esconderse". La diputada nacional Marcela Rodríguez (Coalición Cívica), autora del proyecto, destacó que su propuesta "incluye el acceso de estas mujeres a sus derechos, de modo que no tengan que caer en situación de prostitución".