argentina

para que lo sepa todo el mundo

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Acto por la memoria frente al Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán. Allí funcionó un centro clandestino de detención. "Empezamos a ponerle nombre a los responsables del terrorismo de estado".

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[José Maggi] Santa Fe, Argentina. El Espacio Memoria, Verdad y Justicia del cordón industrial realizó ayer un escrache frente al Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán, para denunciar que allí funcionaba un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. La militante del Espacio, María Soledad Chiodín, rescató: "Después de mucho tiempo le empezamos a poner nombre y apellido a los responsables del terrorismo de estado en el cordón". Ellos son el coronel Rubén Osvaldo Cervera, el capitán Horacio Maderna y el abogado Pedro Pili Rodríguez. Del acto participaron integrantes de la APDH Rosario, Familiares de desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Hijos, la Secretaria de derechos humanos de la provincia, abogadas querellantes y un número importante de militantes rosarinos, que siguen con su presencia a diario los juicios por terrorismo de estado en esta ciudad.
También estuvo la nueva conducción de la CGT San Lorenzo, con Walter Cabrera y Edgardo Quiroga a la cabeza. El dato sirve de contraste, ya que el anterior secretario Pablo Reguera, (aceiteros) defiende a capa y espada a uno de los denunciados en este caso: Pedro Pili Rodríguez, a quien aún hoy cobija como su abogado sindical.
"Si bien en el inconsciente de la gente del cordón estaban los datos, la justicia lo confirmó a través de la fiscal federal Mabel Colalongo, quien pidió la detención del coronel Rubén Cervera y la indagatoria al ex comandante de Segundo Cuerpo de Ejército Ramón Genaro Díaz Bessone por este tema", indicó Chiodin, una las organizadoras.
En este sentido, la militante remarcó la importancia del testimonio de Luis Lapisonde, hasta ahora el único sobreviviente de ese centro de detención, quien "había declarado en el año 2004, pero curiosamente su testimonio descansó en un cajón de algún escritorio de la justicia federal rosarina", subrayó Chiodin.
Entre los presentes estaba el hermano de Luis Lapisonde, Carlos, a quien buscaba el grupo armado en la madrugada del 21 de julio, ya que era militante de la Juventud Peronista. "Vine para rendirle homenaje a los compañeros desaparecidos, y por el respeto que me merece mi hermano, por los momentos difíciles que vivió, en una época que fue terrible para el país".
Carlos confiesa que era justamente a él a quien buscaban esa noche trágica. Y reconoce que militaba "desde los 14 años en la Juventud Peronista. Entonces queríamos llevarle agua a un barrio, o darle electricidad, servicios mínimos a la gente". Pero aclara: "Tengo 57 años y nunca me fui de Fray Luis Beltrán". El ex militante afirmó que su familia "jamás" sospechó "que Luis pudo haber estado detenido en este lugar. Fue recién con el tiempo que espasmo a pensarlo".
La presencia simbólica de Ramón Di Fiori y sus padres fue otro acto de rescate de la memoria colectiva. Di Fiori vivía a dos casas de los Lapisonde. "Cuando se llevaron a Ramón, sus padres que viven a dos cuadras del Batallón, siguieron esperando cada tarde que bajara del colectivo, parados en la esquina de su casa mirando hacia la ruta. Así lo hicieron durante años, cada día, cada Navidad, cada fin de año. Pero Ramón nunca llegó. Hace poco tiempo sus padres fallecieron, pero nos dejaron la enseñanza de la perseverancia, y de la esperanza en hallarlo. Bueno, ahora sabemos donde estuvo detenido cuando estaba vivo, a sólo dos cuadras de su casa", reflexiona Chiodin.
Al acto también llegaron Viviana Della Siega y su hijo Lisandro, fruto de su unión con Hugo Parente, "quien desapareció de este mismo batallón, mientras hacia el servicio militar, el 8 de julio de 1976. El otro conscripto desaparecido fue José Prat, el 1 de enero de 1977". A su lado, Lisandro, estaba emocionado. "Después de tanto tiempo podemos decirle a la gente que este era un centro clandestino de detención", expresó.
18 de agosto de 2010
17 de agosto de 2010
©rosario 12

capellán cómplice del terror

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Denunciarán a monseñor Eugenio Zitelli como cómplice de Feced. El antiguo capellán de la Unidad Regional II deberá explicar ante la justicia su presencia en el centro clandestino de detención del Servicio de Informaciones, documentada por varios ex detenidos.

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Rosario, Argentina. La agrupación de derechos humanos Unidos por la Memoria Ante el Olvido (UMANO), de Casilda, y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Rosario preparan una presentación judicial contra monseñor Eugenio Zitelli, capellán de la Unidad Regional 2 de la policía provincial durante la vigencia del terrorismo de estado y sindicado por varios sobrevivientes como un defensor de la tortura. Zitelli será acusado por su participación en la estructura de la represión ilegal, ya que distintos testimonios relatan que se movía en el centro clandestino de detención que funcionaba en San Lorenzo y Dorrego, en el Servicio de Informaciones. Una de las declaraciones que lo inculpan pertenece a la ex presa política, María Inés Luchetti de Bettanín, quien relató que Zitelli en plena confesión le había asegurado: "Usar la picana está bien porque estamos en guerra y es un método para obtener información política". De este modo, la causa conocida como Feced sumaría la acusación a cómplices civiles del accionar de la patota.
Zitelli reapareció el 25 de mayo pasado en un acto público por el Bicentenario de la Revolución de Mayo en su ciudad, Casilda, una presencia que fue repudiada por las organizaciones de derechos humanos. De hecho, el vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario, Juan José Noste, se bajó del palco por la presencia del sacerdote. Noste integra también la agrupación Umano, que lleva años activando por la memoria en Casilda.
Zitelli fue capellán de la policía provincial desde mediados de la década del 60 hasta el fin de la dictadura, en 1984, cuando volvió a su ciudad natal, Casilda. Su presencia en el Servicio de Informaciones, fue relatada por varios sobrevivientes. La recurrente mención a Zitelli por parte de los ex detenidos por razones políticas llevó a los integrantes de Umanos y a Familiares a elaborar una denuncia que será presentada ante la Justicia, con el aval de distintas organizaciones y personalidades.
"Vamos a presentar una denuncia frente al Tribunal por su participación. Zitelli estuvo como capellán, ha sido visto por varios detenidos. Una de ellas fue María Inés Luraschi de Bettanín, otro fue un compañero de Casilda que ya está muerto. Hay registros de varios sobrevivientes de la presencia de él, o sea que estaba al tanto de lo que acontecía. El mismo en algunos programas televisivos de Casilda relató que tenía el registro de que los detenidos no estaban mucho tiempo ahí sino que eran trasladados a otros lugares. El sabía que había movimiento de detenidos, no tenemos registro de que él haya estado en el momento de la tortura, pero los detenidos hacían mención a que estaba el cura real y el cura falso, que era Mario Alfredo Marcote", indicó Noste, uno de los impulsores de la acción legal contra el obispo de Casilda.
Cuando se produjo la presencia de Zitelli en un acto oficial en su localidad, junto al senador provincial Eduardo Rosconi, la agrupación Umano puso el grito en el cielo. "La misma ciudad que agasajó hace unos días atrás a la señora Estela de Carlotto, presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, y la declaró Visitante Ilustre toleró con muestras de un olvido imperdonable, que un personero de la hoja más negra de nuestra historia contemporánea, ocupara un lugar destacado en un acto histórico cívico popular", señaló el organismo casildense. Los integrantes de la agrupación lamentaron que "Casilda pasará a la historia bicentenaria, como apañadora de figuras emblemáticas de dictaduras sanguinarias".
16 de agosto de 2010
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nuevos testimonios del horror

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"Mataban a la gente a mi lado para meterme miedo". El que habla -por primera vez- es Luis Lapisonde, ex detenido que declaró ante la fiscal Mabel Colalongo en el marco de la causa abierta por el funcionamiento del Batallón de Arsenales de Beltrán, como centro clandestino de detención.

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[José Maggi] Santa Fe, Argentina. Han pasado 34 años para Luis Lapisonde de aquel julio de 1976 cuando un grupo armado lo fue a buscar de madrugada a su casa de Fray Luis Beltrán, para luego llevarlo al Batallón de Arsenales donde fue torturado durante más de cuatro semanas. Sin embargo es la primera vez que accede a contarlo frente a un medio de prensa, luego de que el máximo responsable de esa unidad militar, el coronel Rubén Osvaldo Cervera, fuera arrestado e investigado por el secuestro, las torturas y la desaparición de un numeroso grupo de militantes políticos, entre otros de la columna ‘Sabino Navarro’.
El segundo a cargo de la unidad militar era el capitán Horacio Maderna, quien acompañó a Cervera a la intendencia de San Lorenzo el día posterior al golpe del 24 de marzo. El trío de impresentables se completaba por Pedro ‘Pili’ Rodríguez, quien oficiaba de abogado de la intendencia. Es decir que los dos militares tuvieron un poder plenipotenciario desde el día del golpe: Ocuparon por la fuerza el gobierno del principal municipio del cordón industrial y condujeron los destinos del Batallón de Arsenales de Fray Luis Beltrán. Lo curioso es que se sospecha que dentro de la unidad militar estuvo detenido y torturado hasta morir Roberto ‘Potongo’ Camuglia, un reconocido dirigente sindical del gremio de los aceiteros, desaparecido durante la última dictadura. Un gremio que tuvo y tiene como abogado a Pedro ‘Pili’ Rodríguez y que fuera recientemente defendido por el secretario de los aceiteros Pablo Reguera cuando el ‘Espacio Memoria, Verdad y Justicia’ del cordón industrial, logró que el cuerpo de ediles de San Lorenzo rechazara su asunción en el cuerpo deliberativo. De ese grupo participa María Soledad Chiodín.
Pero más curioso aún en esta historia es que el mismo juez federal que investiga las desapariciones del Batallón de Arsenales Fray Luis Beltrán, es decir Marcelo Bailaque, se haya tomado el tiempo suficiente para instruir un voluminoso expediente en el que el capitan Maderna acusara por falso testimonio a Edilio ‘Didi’ Quiroga. Maderna adujo que Quiroga mintió cuando dijo que lo habían despedido de su cargo en el municipio de San Lorenzo después del golpe, cuando su contrato fue renovado por dos o tres meses más para después finalmente decir que no era indispensable.
Resulta más que curioso además que la testigo haya sido en esta causa María Soledad Chiodín, quien por orden de Bailaque fue llevada a declarar por la fuerza pública el mismo día en que comenzara el juicio a Díaz Bessone en Rosario.
El expediente por falso testimonio ha insumido tiempo y fondos públicos, distraídos de la causas por las desapariciones en el Batallón. Sin embargo hace dos semanas la fiscal federal Mabel Colalongo fue designada para instruir los casos de terrorismo de Estado donde esté involucrado personal militar y se produjo entonces la indagatoria y detención de Cervera. Días después tuvo lugar la declaración del General Ramón Genaro Díaz Bessone, como máximo jefe militar en el Segundo Cuerpo de Ejército por entonces.
La declaración de Díaz Bessone incluyó capítulos históricos, como el haberlo alojado en un pequeño calabazo de un metro cuadrado, ubicado en la planta baja de los tribunales federales, ante el reclamo airado del anciano militar, quien le reprochó en voz alta a Bailaque que fuera "la última vez" que le hicieran eso. En su diatriba, el ex jefe militar usó una frase más que emblemática: "Nunca más, nunca más" gritaba Díaz Bessone, al tiempo que el juez federal trataba de calmarlo.
El viernes último Luis Lapisonde se sentó frente a la fiscal Mabel Colalongo y profundizó sus dichos acerca del lugar y las condiciones en las que estuvo detenido.
Luis tiene 54 años y sigue viviendo en la misma casa que habitaba el 21 de julio de 1976, a solo tres cuadras del Batallón de Fray Luis Beltrán, y es el único sobreviviente conocido de ese clandestino de detención. "Estoy acá por Chiquito Camuglia para que pueda tener un lugar donde rendirle homenaje a su padre, un lugar donde pueda llevarle flores con sus nietos. Vine por Potongo y por el pibe Di Fiore, con los que estuve detenido", dijo.
La historia de Luis es similar a la de tantos. A los 19 años tenía un hermano que militaba en la Juventud Peronista. "Gracias a Dios me llevaron mí, porque seguro que mi hermano no hubiese vuelto", dice paradójicamente Luis asumiendo su terrible cautiverio como el precio por la vida de su hermano.
Luis era un obrero tal como lo sigue siendo ahora. Sin dudas el trío que asoló el cordón (Cervera Maderna Rodríguez) tendrá la posibilidad de explicar ante la justicia por qué decidieron que eran peligrosos un obrero con una pala en su manos, con su overol manchado y mucha de la liturgia peronista encima. Y podrán explicar entonces porqué desataron el terror sobre ellos y sus líderes sindicales.
En plena madrugada el grupo armado primero cortó la luz de todo el barrio, y violentamente ingresaron con linternas y armas en su manos. La familia de Luis, su padre, sus hermanos y su madre, y vieron cómo se lo llevaban. "Primero me llevan a San Lorenzo donde buscaban a una chica, y después me llevaron al Batallón de Arsenales, estoy seguro, donde me tuvieron cuatro o cinco semanas, y es donde me torturaron. Mataban a la gente al lado mío para meterme miedo, es algo que no puedo describir todas las torturas que nos hicieron. Había gente conocida, como Ramón Di Fiori, como Carroza, como Lina Funes y Potongo Camuglia estaba en el mismo lugar que yo, y sentí cómo los torturaban".
Según Luis "en ese lugar escuché hablar sobre el Comandante" se supone que el jefe militar de la unidad que no es otro que Cervera. Luis confiesa que al declarar "me saqué una mochila enorme de encima, Cristina Carnovale me insistió que lo hiciera, para tener un poco de justicia por lo que me hicieron. Nunca hablé del tema ni con mi familia. Era una carga muy pesada que la va alivianando cuando vas hablando. Dios quiera que se haga justicia. Hoy estoy más convencido después de hablar con la fiscal (Colalongo)".
A su lado está escuchando muy atento, Rodolfo Camuglia, el hijo de Potongo, líder sindical de los aceiteros. "Hasta el día de hoy no comprendo lo que le hicieron a mi viejo, que le hagan pagar con la vida a alguien que sólo defendía los derechos del trabajador".
Rodolfo tenía 20 años y jugaba al fútbol en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Por esas raras gambetas del destino pudo pasar la última noche con su padre que vivía en Puerto General San Martín, en una humilde vivienda de una sola habitación, donde dormían todos juntos en distintas camas. "Yo estaba visitando a mi familia el martes 20 de julio a las 3 de la mañana, cuando me despertaron los ruidos. Me levanto y me ponen una ametralladora en el pecho y me iluminan la cara con linternas. Eran como diez personas todas armadas. Cuando pregunto qué pasaba me dicen que lo llevaban a la unidad 2 de Rosario, pero nunca me dieron ninguna información. Antes de irse me tiraron en la cama boca abajo y sobre la espalda me pusieron un ropero. Me dijeron que no me moviera porque tenía una bomba encima", relata el hijo de Potongo. "Esa misma noche fui a la comisaría de Puerto General San Martín pero no me quisieron tomar la denuncia", recuerda. "No entiendo por qué le hicieron esto a mi viejo se pregunta si era un tipo incorruptible, era buena persona, peleaba por sus compañeros. Era delegado de Indo, una aceitera que ahora tiene otro nombre -La Plata Cereal".
Sin dudas la respuesta la tiene el ex coronel Ruben Osvaldo Cervera, el ex capitán Horacio Maderna, y el ex asesor juridico Pedro Pili Rodríguez. La historia golpea desde hace años en sus puertas. Y ahora también la justicia.
15 de agosto de 2010
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a 23 años condenan a facino

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Condenaron a 23 años en cárcel común a Mario Facino por homicidio. Facino deberá cumplir su condena en una institución carcelaria, y no en su quinta de Rincón, como hasta ahora. Para familiares y compañeros de la docente, y militante de las Ligas Agrarias, se trató de "una reivindicación histórica".

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[Juan Carlos Tizziani]  Argentina. El Tribunal Oral Federal condenó ayer a 23 años de prisión al ex jefe de la comisaría 4ª, Mario Facino, por el secuestro, torturas y asesinato de la militante de las Ligas Agrarias, Alicia López, desaparecida en 1976 y ordenó que cumpla la pena en una cárcel común y no en su quinta de San José del Rincón, como ocurre hasta ahora. Ya en diciembre Facino había sido sentenciado a 20 años de prisión por delitos de lesa humanidad a otros detenidos políticos, pero esta es la primera condena por homicidio en Santa Fe y la segunda en la provincia. Ambas serán unificadas cuando queden firmes. La lectura del veredicto desató emociones contenidas. El esposo, los hijos y los nietos de Alicia se unieron en un abrazo interminable en la sala de audiencias, lloraban en silencio, mientras en la calle una pequeña multitud aplaudía y cantaba. "Para nosotros es un reivindicación histórica que después de 34 años haya un juicio donde se ventile lo que pasó con Alicia. Nuestro corazón y nuestro sufrimiento de tantos años se ven reconocidos por este fallo. Se hizo justicia", dijo el marido de Alicia, Luis Juan Rodríguez.
La sentencia a Facino se conoció al mediodía. Tres horas antes, el Tribunal le ofreció la posibilidad de decir sus últimas palabras, pero éste desistió. "No voy a hablar", dijo el ex comisario y jefe de uno de los centros clandestinos más brutales del circuito represivo de Santa Fe. La querella -a cargo de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre le había pedido "prisión perpetua" y el Ministerio Público Fiscal 25 años de cárcel. El Tribunal lo condenó a 23 años por "privación ilegal de la libertad", "tormentos agravados" y "homicidio" de Alicia López, "todos en concurso real entre sí". Lo que significa que el fallo ratificó la acusación de los fiscales Martín Suárez Faisal y Patricio Longo. Con un agregado: "La pena será cumplida una vez que esté firme en el establecimiento carcelario que corresponda", dijo la presidenta del Tribunal, María Ivón Vella, a quien secundaron sus colegas José María Escobar Cello y Ricardo Moisés Vázquez. Hoy, Facino cumple prisión domiciliaria en las afueras de San José del Rincón, su pueblo natal -cercano a Santa Fe donde se recicló en democracia y fue presidente comunal en tres períodos por el Partido Justicialista. La semana próxima, el viernes 20, el Tribunal de Disciplina del PJ se expedirá sobre un pedido para expulsarlo de sus filas (a él y a otro represor también condenado por delitos de lesa humanidad, Eduardo Ramos, preso en la cárcel de Las Flores). Y el lunes 23, a las 12, se conocerán los fundamentos de su segunda condena.
Las primeras en salir de la sala de audiencia fueron las Madres de Plaza de Mayo. Muy cerca, uno de los compañeros de cautiverio de Alicia, Alejandro Faustino Córdoba lloraba desconsolado. "Esperamos 34 años para este momento", dijo. Córdoba y otros sobrevivientes de la comisaría 4ª: José Schulman (secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre), Graciela Roselló y Raúl Pinto rescataron el martirio de Alicia López de la desmemoria y la impunidad. Ellos dieron testimonio en el juicio para la condena de ayer.
Schulman aplaudió la sentencia como "un triunfo enorme. Un caso que se intentó que no llegara a juicio, trataron todo el tiempo de que Alicia siguiera invisible. Pero el valor de los sobrevivientes y de los que defendieron su memoria en estos años gestó este triunfo que es muy importante".
A Graciela Roselló el llanto también le pidió una pausa. "Son juicios interminables, pero valen la pena. Poder abrazarse con los hijos de Alicia, con la hermana, con el marido, los nietos. Valió la pena el esfuerzo, el dolor infinito que es una y otra vez venir a testimoniar, una y otra vez reconocer la comisaría 4ª".
Graciela coincidió que a la desaparición de su ex compañera de celda se sumó el tiempo de la impunidad. "Alicia estuvo mucho tiempo invisible. El recuerdo de los compañeros que la hemos visto en la comisaría 4ª sirvió para sacarla de esa oscuridad del olvido. Sirvió y mucho. Y hoy, pudimos reencontrarnos con su familia y que su familia se haya reencontrado con la historia y acompañe el juicio y festeje con nosotros los 23 años de cárcel común para Facino, que habrá que estar atentos para que se cumpla. De todas maneras, sabemos que no fue sólo Facino, faltan otros culpables. Pero hoy, Alicia está presente".
En su pecho, Graciela portaba una vieja foto de Alicia López, conocida por sus ojos tristes. Y asumió un compromiso. "En la próxima, vamos a tener otra foto de Alicia, donde se está riendo y mucho", prometió.
14 de agosto de 2010
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en busca de una prueba concreta

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Se realizaron nuevas pericias por el crimen de Suppo. Se cotejaron los restos de sangre de la remera de Silvia con las muestras de sangre de los dos imputados, "sin resultado alguno", precisó la abogada de la familia de la víctima. "Sólo tenemos la autoincriminación" de los jóvenes, remarcó.

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[José Maggi] Santa Fe, Argentina. Las últimas pericias realizadas en la causa del asesinato de Silvia Suppo no arrojaron ningún dato concreto que ligue a los confesos asesinos con el hecho. La abogada Lucila Puyol confirmó ayer que "se cotejaron los restos de sangre de la remera de Silvia con las muestras de sangre de los dos imputados, sin resultado alguno". También se analizaron los restos levantados de los cuchillos de los que la Gendarmería extrajo rastros de sangre, "pero no fueron suficientes". "De ninguna de las pericias se han podido extraer pruebas que confirmen que los dos detenidos por el crimen lo haya cometido. Sólo queda su confesión", señaló la abogada.
El juez de Instrucción Nº 2 de los Tribunales de Rafaela, Alejandro Mognaschi, tiene en su poder desde hace unos días el resultado de los estudios de las muestras de ADN de Rodrigo Sosa, y su primo, Rodolfo Cóceres, procesados por el asesinato de Suppo, testigo clave en causas de lesa humanidad. Las conclusiones presentadas por los especialistas del CERIDE de Santa Fe, encargados de efectuar los análisis, no agregan elementos determinantes a la causa, por lo que la investigación continúa su curso sin giros importantes.
Para Puyol, que patrocina a los hijos de Suppo junto a Guillermo Munné, "es más que curioso que dos jóvenes muy poco preparados puedan haber dejado un escena del crimen tal que es imposible encontrar una prueba concreta que los ligue con el homicidio, más allá de su confesión".
"Sosa es semianalfabeto y Cóceres no tiene capacitación alguna, y este crimen está bastante bien planeado. Hasta el día de hoy no se ha encontrado ni una sola huella de ellos en el lugar del crimen, ni en las ropas ni en los cuchillos. Es más que lamentable que sigamos en la misma situación en que estábamos en los primeros días del crimen. Sólo tenemos la autoincriminación".
La otra novedad es que es que el juez Mognaschi habilitó el cruzamiento de las llamadas de los teléfonos celulares y fijos, de los detenidos y la familia Suppo, y ordenó que fuera Gendarmería la que haga el análisis y que releve los casettes con las llamadas al mismo teléfono fijo que está intervenido. En este sentido, será la Policía Científica de Gendarmería Nacional la que recibió el pedido y que deberá entregar antes de que termine el mes un informe sobre el tema. Los querellantes también pidieron el ADN sobre los restos de las uñas de la víctima.
Además Puyol y Munné pidieron la reconstrucción del hecho, pero el juez se la negó sin volver a repetir el pedido a Sosa y Cóceres, con el argumento que los detenidos ya se habían negado antes a realizarla. De todos modos, la querella confía en que el entrecruzamiento de llamadas y la segunda autopsia brinden detalles que terminen de consolidar los reales motivos de la muerte de Suppo. Los peritos del Instituto Médico Legal de Rosario efectuaron el 30 de junio la nueva autopsia pero aún no remitieron los resultados a Mognaschi.
13 de agosto de 2010
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documental sobre sandra cabrera

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Estrenan en El Cairo un documental sobre Sandra Cabrera. La película dirigida por Lucrecia Mastrángelo recoge testimonios sobre la militancia gremial de la dirigente de Ammar Rosario asesinada en 2003 y la causa judicial. También apela a la ficción para mostrar su dimensión humana.

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[Sonia Tessa] Argentina. Sexo, dignidad y muerte. ‘Sandra Cabrera, el crimen impune’, es el nombre del documental dirigido por Lucrecia Mastrángelo que se estrena hoy, a las 20.30, en el cine El Cairo. En la película se escucha al fiscal de la causa Ismael Manfrín concluir que el asesinato de la dirigente de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) Rosario ocurrido el 27 de enero de 2003 no será esclarecido. "Nada hace suponer que exista alguna derivación nueva para la investigación", expresa el funcionario judicial. También habla Carlos Varela, el abogado defensor de Sergio Parvluczyc, el único imputado que tuvo la causa, que coincide con el diagnóstico de Manfrín. En cambio, el juez Carlos Carbone, que tuvo a su cargo la primera investigación, recuerda que a raíz de los centenares de declaraciones que recogió pudo encontrar indicios suficientes para procesar al policía federal que mantenía una relación sentimental con Sandra. Pero la Cámara de Apelaciones en lo Penal consideró que esos testimonios carecían de validez por provenir de mujeres en situación de prostitución. El argumento lo había acercado el propio Varela.
En la película, el periodista Carlos del Frade asegura que se trató de un crimen estructural, destinado a proteger la estructura de recaudación ilegal de las policías provincial y federal, vinculada con la venta de drogas.
Además de trazar un certero rompecabezas sobre la investigación judicial, la trayectoria política de la dirigente asesinada y los aciertos de su accionar gremial (expresadas por sus compañeras), la película opta por ficcionalizar algunas anécdotas de la vida de la dirigente social. De hecho, su imagen recién puede verse al final del film. Durante los 60 minutos anteriores, es encarnada por la actriz Alejandra Codina. Parvluzyc lo encarna Gustavo Guirado. También actúan Quico Saggini, Mario Vidoletti, Haydée Calzone, Gabriela Parodi, Lucía Martínez Alarcón y la participación especial de Ana María Giunta.
"A mí me impactó mucho el crimen, que la causa siguiera naufragando. Después me empezó a impactar cuál era la lucha que ella tenía, cuál era la realidad de Sandra Cabrera, la madre, que llevaba a su hija a la escuela. Y esto de sindicalizar el trabajo sexual me sorprendió, ese empoderamiento como trabajadora -relata Mastrángelo-. Después, me acerqué a conocer a las militantes de Ammar en Ate y me encontré con mujeres que no tienen nada que ver con el imaginario. Eso me obligó a tomar el recurso de la ficción".
Justamente, la ficción "apela a la emoción". Por eso, Mastrángelo trabajó el guión con la dirigente nacional de Ammar Elena Reynaga, y con la dirigente local, Claudia Lucero, que era también la comadre de Sandra, y su entrañable amiga. "Cuando rodaba la ficción invité a Claudia a ver si realmente lo que estábamos rodando era lo que ellas contaban. Y cambiamos algunas cosas", relató la directora.
La acertada mixtura entre testimonios y ficción empieza y termina con un cross a la mandíbula. A Macarena, la hija de Sandra, que tenía 9 años cuando asesinaron a su madre, le corresponde la frase que cierra la película. "No mataron a cualquier mujer, mataron a mi mamá", dice la adolescente. Luego, pueden verse unas pocas imágenes reales de la dirigente asesinada. "El documentalista se enamora de los personajes", admitió Mastrángelo. Y por eso, la canción del final deja en claro cuál es la estela que dejó Sandra Cabrera. Los derechos del tema fueron cedidos por su autora, la argentina radicada en México Liliana Felipe, cuando supo de qué se trataba. "Nos tienen miedo porque no tenemos miedo", dice la canción de Felipe, y eso pasó con Sandra. La mataron porque se animó a enfrentar a los poderosos.
12 de agosto de 2010
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enjuiciar o no a los colaboradores

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Posición de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Por qué desistir de enjuiciar a colaboradores.

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Santa Fe, Argentina. La causa Díaz Bessone tuvo ayer su última jornada antes de un receso que se extenderá hasta el 25 de agosto. En la audiencia se cerró la primera parte de las distintas elevaciones que es la más voluminosa dado que comprende el mayor número de víctimas y de imputados.
Ayer se leyó el desistimiento que interpusiera la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación respecto de la acusación formulada en un primer momento donde requieren la elevación a juicio por los seis imputados que tiene esta causa, desistiendo luego respecto de dos de ellos: los colaboradores civiles Ricardo Chomicki y Nilda Folch, esta última actualmente prófuga.
El desistimiento del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde se basó en un escrito de la Procuración, que señalaba el modo en que debían ser tratados jurídicamente quienes habían colaborado con el aparato represivo:

- "En los centros de detención argentinos así como en otras experiencias de campos de concentración, la utilización de personas detenidas para cumplir tareas propias del campo y, entre ellas, también tareas que implicaban violencia contra otros detenidos, ha sido una práctica constante".

- "El tipo de actividad que cumplía cada detenido dependía de sus habilidades o conocimientos, de las necesidades específicas del campo o del mero azar. Esta ’colaboración’ se obtenía por medio de la amenaza constante de muerte y de las torturas que ’quebraban’ la voluntad del detenido. Al ’colaborador’ se le concedían ciertos ’privilegios’ que ayudaban a vencer la resistencia: mayores comodidades de alojamiento, permisos de salidas para visitar a familiares, comunicación telefónica con familiares y especialmente el cese de las torturas, y la esperanza -que sin embargo en numerosas ocasiones no se concretó en los hechos-, de recuperar la libertad y sobrevivir. Estos privilegios significaban, al menos temporalmente, no estar sujeto al régimen ’normal’ de crueles vejámenes y torturas psíquicas y físicas del centro clandestino de detención".

- "La dinámica de los centros de detención, cuyo efecto puede sintetizarse con el lema omnipresencia del terror, configuraba un sistema que permitía conducir a los detenidos a efectuar comportamientos típicos en contra de otros también en situación de cautiverio, sin necesidad de que las órdenes ni las amenazas que los generaban y apoyaban se explicitasen o actualizasen a cada momento. El terror constante hacía funcionar un sistema perverso en el cual muchos detenidos pasaban a ser victimarios, a la manera de engranajes de una maquinaria de aniquilación en la que se los obligaba a insertarse y de la que debían participar prestando colaboración para proteger su propia existencia".

- "He aquí un punto neurálgico de los casos analizados: la realización de una conducta bajo una presión psíquica insoportable, guiada por el instinto de supervivencia. La alternativa de no colaborar o de dejar de colaborar implicaba asumir el riesgo cierto de costos altísimos, que se pagaban con nuevas torturas e inclusive con la vida misma. Cumplir con las órdenes, colaborar con los captores, era, así, un modo de auto conservación".
12 de agosto de 2010
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no hay marcha atrás en los juicios

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Informe de la Corte Suprema sobre los procesos por crímenes de lesa humanidad. El presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, destacó que "la decisión de llevar adelante los juicios de lesa humanidad es de toda la sociedad". Informó que "hay más de cien causas en trámite", pero advirtió que "no podemos decir que se haya hecho todo".

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[Irina Hauser] Argentina. Hubo un tiempo, allá por los noventa y aun a comienzos de este siglo, en que varios jueces de la Corte Suprema maquinaban estrategias para dejar en libertad al dictador Jorge Rafael Videla, diseñaban teorías para poner en duda la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y abrían las puertas de par en par al obispo castrense, entre otros que pugnaban por la supervivencia de las leyes de impunidad. Pero los vientos cambiaron, y parece que bastante. Según el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, si esto ocurre no es por obra exclusiva de la Corte actual ni de ningún juez en especial. "La decisión de llevar adelante los juicios de lesa humanidad es una decisión de toda la sociedad y no hay marcha atrás. Porque es una idea que ha madurado y no hay nada más poderoso que una idea a la cual le llega su tiempo", celebró ayer al presentar un informe que da cuenta de la evolución de las causas contra represores por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. Estos juicios, afirmó, "no dependen de una coyuntura", ni de "una elección", ni "de la decisión de una persona que esté en el gobierno o de otra que no lo esté". "Están hoy dentro del contrato social de los argentinos, forman parte del consenso básico que tiene la sociedad", aseguró.
El carácter del evento organizado ayer por la Corte, la heterogénea lista de invitados –desde el juez español Baltasar Garzón hasta el diputado Francisco de Narváez– y el contenido del discurso de Lorenzetti intentaron poner en evidencia que el avance de los juicios contra los crímenes dictatoriales es parte de un proceso colectivo, que no tiene dueño, o que si algo lo distingue –dijo– es la impronta y la lucha de los organismos de derechos humanos, a los que mencionó uno por uno. Esta definición, tratándose del presidente supremo, es también un mensaje hacia todos los tribunales, donde el propio Lorenzetti señaló ayer la subsistencia de "resistencias básicamente culturales ante la transformación". "Nosotros tuvimos como principio que esto se hiciera con las normas vigentes, sin leyes especiales" y "sin jueces especiales, con los jueces que ya estaban", añadió.
"Hemos visto a las Madres de Plaza de Mayo, a las Abuelas, a la agrupación de Hijos, a todos los organismos de derechos humanos pedir justicia cuando no la había, en el mismo momento en el que los derechos fundamentales eran violados y siempre pidieron justicia, nunca ajusticiamiento", destacó. Como parte del "proceso social y cultural" que ahora tiene a los juicios "como reflejo institucional", el juez habló de la "ayuda" de otros países, en particular del juez Baltasar Garzón, cuando en Argentina persistía la barrera de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y de los indultos. La sola mención del invitado estelar, sentado en la primera fila de la majestuosa sala de audiencia, desató una ola de aplausos. Al reanudar el discurso, Lorenzetti aludió también a "dirigentes políticos, dirigentes gremiales, periodistas, escritores, artistas, toda una comunidad que empezó a hablar de este tema y lo instaló en la sociedad culturalmente".
El informe que presentó, elaborado en la Corte, sistematiza datos recogidos desde 2006 sobre los juicios que se hicieron, los que están en danza y los que faltan. "Podemos decir luego de este informe que estamos en presencia de uno de los procesos de investigación en materia de delitos de lesa humanidad más importante del mundo", dijo Lorenzetti. "Hay más de cien causas en trámite, y están radicadas en todo el país (...) están muy difundidas, están muy avanzadas (...) pero lo que no podemos decir es que se haya hecho todo", advirtió.
El informe recuerda que fue el máximo tribunal el autor de las sentencias que "removieron los obstáculos para que estas investigaciones se lleven adelante" y permitió la "reapertura de todos los procesos": declaró que los delitos de lesa humanidad no prescriben, dictó la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad e invalidó los indultos. "No hay prescripción, ni amnistía ni indulto posible", refresca el documento. Luego, dice, vinieron los problemas materiales para implementar los enjuiciamientos: "no había suficientes jueces, ni empleados, tampoco espacios físicos ni elementos técnicos". Para hacer un diagnóstico y buscar salidas se creó, dice, una unidad para Delitos de Lesa Humanidad –que depende del secretario general Alfredo Kraut– y se reunió a una comisión para agilizar las causas con la participación de los tres poderes del Estado.
El informe señala que aún persisten dificultades derivadas de la falta de jueces. Se queja, por ejemplo, de que no terminó el concurso para cubrir vacantes en la nueva Cámara de Casación creada en 2008; que una serie de concursos demorados mantienen vacantes juzgados clave en varias provincias; dice que desde abril de 2009 hay proyectos parlamentarios para crear nuevos tribunales orales en Capital, Córdoba, La Plata, Rosario y Salta que aún no se aprobaron. La falta de espacio físico para los juicios es advertida como drama persistente. También señala falta de agilización en algunas investigaciones y coordinación entre las distintas instancias judiciales. Y recuerda, contra la resistencia de algunos tribunales, que la publicidad de los juicios a través de los medios de comunicación es esencial a los ojos de la Corte.
El documento supremo incluye datos sobre:

- Veintiséis juicios concluidos. Entre los sentenciados a 25 años de cárcel figuran: el ex policía Julio Simón, alias ‘el Turco Julián’; el dictador Reynaldo Benito Bignone; el ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides; el ex brigadier César Comes; el ex gobernador de facto de Formosa Juan Carlos Colombo. El ex comisario Miguel Etchecolatz recibió pena de reclusión perpetua. Prisión perpetua les tocó, por ejemplo, al ex capellán de la Policía Bonaerense Christian Von Wernich, al ex general Luciano Benjamín Menéndez, al genocida Antonio Domingo Bussi, al ex general Santiago Omar Riveros, al ex general del Primer Cuerpo Jorge Olivera Róvere, al ex teniente coronel Pascual Guerrieri y al ex jefe de Inteligencia de la Policía tucumana Roberto Heberto Albornoz. El ex juez federal Víctor Brusa fue condenado a 21 años de prisión.

- Trece juicios en curso. Uno es la megacausa sobre los crímenes cometidos en la ESMA. Otros juicios en Capital abarcan los crímenes en los centros clandestinos Club Atlético, Banco y Olimpo; los crímenes en El Vesubio y los de Automotores Orletti. En La Plata transcurre el juicio por los crímenes vinculados a la Unidad 9. En Chaco se juzgan los secuestros y desapariciones en la Dirección de Investigaciones de la Policía y la Masacre de Margarita Belén. En Córdoba hay dos juicios y en ambos Luciano Benjamín Menéndez es protagonista, en uno junto con Jorge Rafael Videla. Otros en Mendoza, en Santa Fe empezó el juicio contra el ex jefe del Segundo Cuerpo Ramón Díaz Bessone y cinco ex policías y en La Pampa acaba de iniciarse el proceso contra el coronel retirado Fabio Iriart.

- Cinco juicios en camino. El juicio contra el ex subcomisario Luis Patti empieza, en teoría, el 30 de agosto. Está acusado, junto con Reynaldo Bignone y Santiago Omar Riveros, por cinco secuestros y desapariciones. En Santiago del Estero serán juzgados Bussi y Menéndez desde el 14 de septiembre. En Mendoza, Mar del Plata y La Rioja hay juicios sin fecha cierta.

Frente a organismos, Madres de Plaza de Mayo, familiares de desaparecidos, diputados variopintos, jueces y funcionarios, Lorenzetti concluyó que los juicios por los crímenes de la dictadura ya forman parte de "los principios que nos unen hoy a todos los argentinos: el decir que no queremos nunca más que nuestros hijos y nuestros nietos tengan persecuciones del propio Estado, que los debió proteger, por tener diferentes ideas. La enseñanza más importante que nosotros podemos rescatar a esta altura del proceso es que no hay marcha atrás".
12 de agosto de 2010
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