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no es alegría, es justicia


Cada condena a los represores fue festejada por los familiares y víctimas reunidos frente a tribunales. Apenas empezó a escucharse la voz del juez leyendo las penas para Astiz, Acosta y otros dieciséis represores, frente a Comodoro Py los rostros se llenaron de lágrimas y risas. "No es alegría, es justicia", repetían los sobrevivientes de la ESMA.
[Ailín Bullentini] Argentina. Varias veces el presidente del TOF 5 repitió, a través de los parlantes y la pantalla gigante apostados de espaldas a las escalinatas de Comodoro Py, los nombres de los 18 represores juzgados. A cada nombre, la multitud que esperó la sentencia del juicio por la primera etapa de la "megacausa ESMA" en la vereda de los tribunales de Retiro retrucó "asesino". Jóvenes militantes de diferentes espacios políticos, familias enteras sin banderas, familiares y amigos de desaparecidos durante la última dictadura militar, sobrevivientes del centro clandestino de detención más escalofriantemente grande que funcionó durante aquellos años de terror aguardaron a puro canto las condenas, que llegaron dos horas más tarde de lo pautado. La espera de muchos de ellos, sin embargo, duró bastante más, tanto como más de treinta años. "Justicia, esto es lo que siempre pedimos. Justicia legal, nunca por mano propia. ¡Y vamos por más!", estalló en llanto Taty Almeida, madre de Plaza de Mayo, al festejar cada perpetua.
El asfalto de Comodoro Py comenzó a poblarse pasadas las 17. Bastante antes de que llegaran los partidos políticos, militantes de HIJOS calmaban ansias apuntalando cada detalle de sonido y de imagen, acomodando las sillas del espacio inmediatamente cercano al escenario, destinado a las Madres, familiares de desaparecidos y sobrevivientes de la ESMA.
Se los podía reconocer fácilmente entre la gente, sin necesidad de que vistieran pañuelos blancos, remeras o prendedores. Llevaban la contundencia de un hecho histórico como el que estaba a punto de ocurrir estampada en sus rostros y su reencuentro, mediado por dedos en "V" desde la distancia o fuertes abrazos en la cercanía, ahí mismo, a escasos metros de los verdugos de sus hijos, hermanos o padres –o casi suyos–.
Amuchados entre tres o cuatro, abrazados en círculo o de frente a la pantalla con las manos tomadas como cerrojos, recibieron las "perpetua". Algunos gritaron. Otros apretaron los dientes o miraron al cielo anochecido. Lita Boitano rió a carcajadas con los brazos en alto junto a sus compañeros de la Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos cuando oyó la condena que el TOF impuso a Adolfo Donda. "Sentí que alguna parte de mis hijos volvía a acariciarme, a estar a mi lado", señaló. "Mi hijo pasó por la ESMA, me dijeron", apuntó. Su hija también desapareció.
"No quise estar adentro. Preferí estar junto a mis compañeros, compartir esto con ellos, como compartimos lo de aquellos años. Es demasiado grande la emoción que se siente como para poder soportarlo solo", explicó Andrés Castillo, detenido en la ESMA, sobreviviente y testigo en el juicio que culminó ayer. Para Cristina Muro, sus compañeros de militancia y detención son "el orgullo": "Sin su voluntad férrea de contar una y otra vez la historia, nada de esto podría haber sido posible", esgrimió. Con una de ellas se abrazará, deshecha y rehecha a la vez, tras ver al torturador Ricardo Cavallo hundido en la reclusión perpetua. La hermana y el hermano de Zulema Marino pasaron por la ESMA, tras haber sido secuestrados por grupos de tareas y, para ella, el mero hecho de que "los asesinos" de su "sangre" ocuparan ayer, y durante los últimos dos años, "el sector de acusados en la sala del juicio", es "motivo para estar contenta": "Es fuerte verlos entrar a ellos con esposas, cuando hace más de treinta años la situación fue al revés y ellos llevaban a nuestra gente esposada", concluyó. Más tarde, reconocerá aliviada la sensación interior: "La alegría de saber que se van a morir en la cárcel".
La multitud que rodeó la cuna en la que se acurrucaron las víctimas –directas e indirectas– de los verdugos de la ESMA creció al compás de la demora en la llegada del final de esa primera parte de la historia del centro clandestino de detención. Muchas personas llegaron bajo banderas de espacios políticos, pero otros lo hicieron bajo la propia, la del "deber ético", la "necesidad de estar, de vivir como una victoria de todos" la condena de los asesinos de muchos. Así lo hizo Luciana, que recorrió la concentración y se quedó pegada a una valla que la separaba siquiera un metro de la última fila de sobrevivientes, sentados mirando al escenario. "Me cuesta entender que se haya tardado tanto en hacer todo esto. Por eso estoy acá. Es importante aprender que esto que costó tanto conseguir es lo que debe ser, y lo que debe ser defendido por todos los argentinos", dijo.
Los "olé olá, adonde vayan los iremos a buscar", los "no nos han vencido", de la setentista "a pesar de las bombas, de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos..." y hasta los improvisados versos relacionados con la demora incomprensible de la lectura de la sentencia, se apagaron completamente cuando el escudo de la República que permaneció proyectado en la pantalla desde el inicio del acto fue reemplazado por la entrada de los represores acusados a la sala, puertas adentro de Comodoro Py, a las 20.02.
Durante la siguiente hora, el silencio sólo fue interrumpido por aplausos fervorosos y los estratégicos alaridos "hijo de puta" y "asesino". El barullo erizó la piel y aturdió incluso a quienes no quisieran escuchar cuando Astiz fue condenado a reclusión perpetua. No quedó ni una silla de la cuna frente al escenario ocupada. De un salto, todos gritaron de pie. Tampoco quedó par de ojos secos. De repente, todos lloraron, pero no de alegría. Sino por haber recibido justicia.
28 de octubre de 2011
27 de octubre de 2011
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fascistas morirán en la cárcel


Dieciséis condenas en el primer juicio a los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada. El TOF 5 condenó a doce de los 18 acusados a prisión perpetua. Hubo dos absoluciones. Culpó a los represores por el homicidio de Walsh y de los secuestros y asesinatos del grupo de la Iglesia Santa Cruz.
[Alejandra Dandan] Argentina. Lilia Ferreyra empezó la mañana revisando papeles, buscando. Finalmente agarró el original de la copia mecanografiada de la Carta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh. La mujer entró a la sala Auditorium de los Tribunales de Comodoro Py con las hojas guardadas en la cartera, la letra, guardándolo a él, extendiendo en ese espacio así sacralizado su presencia: "El juicio para mí tiene un sentimiento más íntimo", dijo. "La sensación de que es una respuesta tardía al alegato que Rodolfo escribió en la Carta a la Junta Militar, por eso lo traje: es la respuesta que la Justicia le da a este escrito que tengo en mis manos 34 años más tarde."
El presidente del Tribunal Oral Federal 5, Daniel Obligado, leyó finalmente, después de dos años de juicio oral y de esperas, de pruebas, testimonios y desgarros, la sentencia del histórico primer juicio a los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada. El Tribunal condenó a 12 de los 18 represores a prisión perpetua por privación ilegal de la libertad y tormentos agravados y homicidios. Entre ellos, quedaron los nombres más emblemáticos y algunos de lo de mayor peso dentro de la estructura militar: Jorge el "Tigre" Acosta, jefe operativo del principal centro clandestino de la Marina; Antonio Pernías, Ricardo Cavallo, Jorge Radice, Oscar Montes y Alfredo Astiz, que cuando escuchó la sentencia dejó de esconder la cara, sacó pecho y una escarapela de algún lado para ponérsela en la solapa seguido fijamente por una de las cámaras de la sala. Las 12 perpetuas incluyeron las acusaciones por los homicidios de los 12 integrantes del Grupo de la Iglesia Santa Cruz, entre los que estaban Azucena Villaflor, las primeras Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Y 6 de las 12 condenas a perpetua sumaron la acusación por la privación ilegal de la libertad, tormentos, robo de bienes y el homicidio de Rodolfo Walsh, en una decisión que implica por primera vez una definición jurídica sobre el asesinato a partir de los testimonios que se recogieron en el juicio y dieron cuenta de la presencia de su cuerpo muerto en la ESMA, pese a la desaparición de sus restos. Acosta, Pernías, Astiz, Radice, Cavallo, Ernesto Weber y Juan Carlos Fotea fueron acusados por su caso.
El fallo aplaudido en el final por sobrevivientes y familiares que se congregaron en dos de las salas de Tribunales, en la calle, en un festival organizado por HIJOS, contuvo otras definiciones importantes. Los jueces Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli condenaron a la pena de prisión perpetua a Oscar Montes por el crimen de María Cristina Lennie, en una resolución que por sus características también es una bisagra: Lennie tomó una pastilla de cianuro en el momento del secuestro. El caso considerado hasta ahora como un supuesto suicidio había entrado al juicio por privación ilegal de la libertad y tormentos. La querella del CELS pidió, en su alegato, un cambio para imputar a los acusados por su homicidio, al considerar que cuando "ella opta por el suicidio no lo hace libremente ni por propia decisión, sino que lo hace forzada por las circunstancias que genera en forma dolosa e ilegal el imputado", un argumento que terminó plasmado en la sentencia.
La perpetua alcanzó también a Miguel Donda, en su caso por el homicidio de Raymundo Villaflor: una decisión que admite el cambio de calificación en el mismo sentido de Walsh: pese a la ausencia del cuerpo el Tribunal reconoció en el fallo el asesinato a partir de los testimonios de quienes lo vieron muerto en el centro clandestino de los marinos.
Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea recibieron 25 años de prisión. El médico Carlos Capdevilla recibió la pena a 20 años de prisión por 14 privaciones ilegales y tormentos agravados. Juan Antonio Azic, el apropiador de Victoria Donda, fue condenado a 18 años por 3 privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados, entre ellos el de Carlos Lordkipanidse, a quien torturó con su hijo sobre la panza. Y hubo dos absoluciones: Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco, alias Dante, acusado por las víctimas como el jefe del operativo de Rodolfo Walsh. Rolón estaba imputado como parte de la patota del operativo en la Santa Cruz. Anoche no se conocían las razones por las que el tribunal decidió absolverlo, pero seguirá detenido porque está procesado por otros casos de la megacausa. El caso de García Velazco es uno de los más cuestionados por los sobrevivientes. "Dante" tenía un hermano mellizo que está muerto y a quién él le imputa la participación en el operativo de Walsh como parte de su coartada y de la lógica de invisibilización de los represores. Quienes lo conocieron y volvieron a verlo ayer por la mañana cuando pronunció sus últimas palabras estaban furiosos, convencidos de que esa coartada podría permitirle liberarse a los ojos de los jueces. Como Rolón, tampoco saldrá en libertad: continuará detenido por otros procesamientos pendientes.
Finalmente, la sentencia avanzó sobre pedidos planteados por la fiscalía de Mirna Goransky y Pablo Ouviña y dio lugar a otros pedidos que plantearon en los alegatos las querellas integradas por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el Cels, que sumó a Abuelas de Plaza de Mayo, la agrupación Kaos, Patricia Walsh y Horacio Méndez Carrera y Luis Zamora, en representación de las monjas francesas y el grupo de la Santa Cruz. Algunas de las respuestas fueron tomadas como verdaderas sorpresas. El tribunal ordenó que se abra una investigación sobre el rol que mantuvo durante la dictadura Ramón Arrosa, el primer jefe de la Armada de la democracia. Arrosa, que hizo su carrera de ascenso durante la dictadura, declaró en el juicio como testigo y dijo aquello de que la infiltración de Astiz en el Grupo de la Santa Cruz había sido "exitosa" y que el problema de la Armada había sido no darle cobertura y enviarlo nuevamente a trabajar esta vez a París, donde lo descubrieron los sobrevivientes. Una declaración que en su momento enfureció hasta a sus camaradas de armas, que le reprocharon haberse lavado las manos. Otra decisión fue separar las acusaciones por violencia sexual en la ESMA y derivarlas al juzgado federal numero 12, donde Sergio Torres abrió una causa situándolos como delitos de lesa humanidad. Lo mismo ordenó respecto de los niños secuestrados con sus padres y el funcionamiento de la maternidad clandestina de la ESMA. El tribunal ordenó una medida de protección sobre el Campo de Deportes de la ex ESMA, que aún sigue usando la Marina y sobre el que existen sospechas de que se utilizó para la incineración o entierro de cuerpos.
Otro dato, quizá más inesperado, fue un pedido para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación promueva ante los organismos de Justicia internacional la inclusión de la figura del perseguido político en el delito internacional de Genocidio.

La Espera
La sentencia se había anunciado para las seis de la tarde, pero se escuchó recién dos interminables horas más tarde. La demora alentó todo tipo de rumores. En los pasillos, los empleados del Tribunal organizaban las filas para acreditaciones que rebalsaban capacidades y presencias. Entre los invitados de los acusados apareció Cecilia Pando, que terminó en un momento en medio de un pasillo espalda con espalda con Myriam Lewin. Un empleado sudaba buscando formas para hacer entrar como acreditados a los cronistas de prensa que llegaron de todo los lugares. Otro decía que todo estaba bien, que iba a ver una sentencia justa. Los jueces, sin embargo, no aparecían. En la sala alguien llegaba con el dato de que no se ponían de acuerdo, que habría solo cuatro perpetuas.
El Tribunal tenía antecedentes que despertaban cierta inquietud desde el comienzo del juicio. Con sólo un integrante distinto, había absuelto a tres de los cinco acusados en el último juicio a los ex jefes de Area. Además, hace cuatro años, no pudo garantizar la seguridad del ex prefecto Héctor Febres, que murió aparentemente envenenado en prisión antes de escuchar la sentencia.
A las ocho de la noche, todos los que tenían que estar estaban ahí. Las Abuelas de Plaza de Mayo Estela Carlotto, Rosa Roisinblit, Nora Cortiñas y Laura Conte, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde y su segundo, Luis Alem; el diputado Julio Piumato, el presidente del CELS, Horacio Verbitsky. Cecilia de Vincenti, la hija de Azucena Villaflor. Ana María, Mabel y Esther, las hijas de Esther Careaga del grupo de la Santa Cruz. Lilia Ferreyra y Jorge Pinedo, el ex marido de Patricia Walsh. Los sobrevivientes: Graciela Daleo, Carlos Lordkipanidse. Las sobrinas de Léonie Duquet que llegaron por primera vez a Argentina desde Francia para escuchar la sentencia. Su prima, sor Geneviève Jeanningros, vestida de religiosa, acompañada por el embajador de Francia Jean Pierre Asvazadourian. "Mucho de emoción", decía Geneviève. "Tengo admiración por la Argentina, de su valentía de hacer estos juicios, de una democracia que puede estar fundada sobre la justicia: estuve el año pasado y presencié la manifestación del 24 de marzo, vi todos esos jóvenes que para mí es una inmensa esperanza para la Argentina y todos los 30 mil desaparecidos son como sus semillas, para el día de hoy, de mañana".
Algo de eso apareció en la sala en ese momento. Adolfo Mango, de la Santa Cruz, y María Adela Antokoletz, que estuvieron día a día ocupando las sillas de los interminables días de audiencia, repartieron unas imágenes con las fotos de los doce de la Santa Cruz. Con la cara de Walsh. Las imágenes eran como estampas. A las 20.07, cuando entraron los marinos esposados a la sala, los familiares miraban detrás de un vidrio. Con los puños en alto, la V de la victoria en las manos y las manos alzadas con las estampas hicieron de fondo de los flashes. Cuando todo terminó, y el tribunal dijo lo que dijo, la sala volvió a cantar su himno: 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre.
28 de octubre de 2011
27 de octubre de 2011
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no será el último juicio


Fueron condenados a reclusión perpetua los criminales fascistas de la ESMA. Pero todavía faltan juicios.
Argentina. Una vez que concluya el segundo tramo de la Megacausa ESMA, otros 70 procesados por casi 800 desapariciones forzadas y otros delitos de lesa humanidad cometidos en el mismo centro clandestino, seguirán esperando aún un juicio oral. Se trata de los acusados en ocho causas, por el despojo sistemático de bienes a los prisioneros, los "vuelos de la muerte", el asesinato de la joven sueca Dagmar Hagelin y la "maternidad" de la misma Escuela de Mecánica.

El dilema que enfrenta la Justicia es si estos juicios se realizan uno a uno, lo que insumiría unos diez años hasta que el TOF5 complete su tarea, o si se unifican en un único juicio que se iniciaría el año próximo, como pidió la Unidad Fiscal de seguimiento de estos procesos, dependiente de la Procuración General de la Nación. Todos los casos integran la "Megacausa ESMA", que centraliza el juez federal Sergio Torres, a cargo de sistematizar las denuncias e investigar la multitud de delitos contra las 4500 personas que habrían pasado por este centro clandestino, uno de los mayores del país, con la sola excepción de Campo de Mayo.
Los primeros 18 integrantes del grupo de tareas 3.3.2. fueron juzgados apenas por una parte de los delitos, como el secuestro, torturas y homicidios de 85 víctimas ("casos", en la jerga judicial), entre ellos las Madres fundadoras: Mary Bianco, Esther de Careaga y Azucena Villaflor Devicenti; las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y el escritor Rodolfo Walsh.
"Los nombres de los imputados se repiten en todas las causas y los casos se entremezclan, por lo que unificar lo que resta en un único juicio es un tema de economía procesal", afirmó a la agencia oficial Télam el fiscal general Pablo Parenti. Alfredo Astiz, su jefe el "Tigre" Acosta y el resto del staff de la ESMA son figuras centrales en la mayoría de las causas, como la desaparición de Hagelin, una adolescente sueca de 17 años, baleada por Astiz en la calle y llevada a la ESMA, donde desapareció en febrero de 1977. El caso generó un escándalo internacional por el reclamo del Estado sueco, que casi llega a una ruptura de relaciones, en una actitud similar a la de Francia con las monjas Domon y Duquet.
Otras dos causas, la 1415 y la 1349, que ya fueron elevadas a juicio oral en 2010 y 2009, y reúnen a 500 y 381 víctimas, respectivamente, que en su mayoría permanecen desaparecidos, y en la que además de los integrantes del grupo de tareas están acusados dos almirantes, Julio Antonio Torti y Antonio Vañek, así como el médico militar Jorge Luis Magnacco, quien atendía los partos de las cautivas en la ESMA y quien fraguó las actas de nacimiento para cambiar la identidad de los recién nacidos y entregarlos a represores, como surge también del juicio en curso por el plan sistemático de robo de bebés.
Otras tres causas están referidas al despojo sistemático de bienes a prisioneros, y en una de ellas está imputado Eduardo Enrique Massera, hijo del entonces jefe de la Armada, lo que habla de la centralidad de estos delitos en los que además de represores hubo escribanos, inmobiliarias y un circuito del dinero robado. Una de esas causas investigó el traspaso fraguado de una finca en Chacras de Coria, Mendoza, a varios marinos, y otra la denuncia del prisionero Víctor Basterra, cuya madre vendió una vivienda en Valentín Alsina ante promesas de mantener con vida a su hijo; ambas han sido ya elevadas a juicio oral.
El represor Juan Lorenzo "Jeringa" Barrionuevo, encargado de inyectarles pentotal a los cautivos que iban a ser arrojados vivos al mar, tendrá en este esquema de juicios por goteo su propio juicio, a menos que la causa finamente se acumule con la de los aviadores ya identificados de los "vuelos de la muerte".
[Foto viene del blog Latinoamericanos.]
27 de octubre de 2011
26 de octubre de 2011
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la lucha contra el mal


Patricia Walsh: "Es la lucha más digna de la historia reciente de los argentinos".
Argentina. La hija del escritor y periodista desaparecido Rodolfo Walsh, calificó de "jornada histórica" la audiencia final de la causa ESMA en la que se conocerá el veredicto contra Alfredo Astiz y diecisiete represores más por crímenes de lesa humanidad. Además, aseguró que demuestra "el avance enorme de la lucha colectiva por los derechos humanos".

En su testimonio ante el Tribunal, Walsh reclamó a uno de los procesados, Jorge "Tigre" Acosta, por el destino del cuerpo de su padre y solicitó que se preserve el campo de deportes de la ESMA para que se realicen peritajes para confirmar o no la existencia de cadáveres calcinados en el predio ubicado entre la Avenida Cantilo y la costa del Río de la Plata.
La hija del autor de ‘Operación Masacre’ destacó que, durante el juicio iniciado hace 22 meses, "escuchar testimonios de sobrevivientes por casi dos años fue muy duro para los familiares, el juicio fue revelador porque contó con testigos que declararon por primera vez y que aportaron datos desconocidos".
En el caso de su padre, la exlegisladora puntualizó que "por primera vez hubo testimonios que contaron con más detalle lo ocurrido en la última casa en la que vivió mi padre (en San Vicente), que quedó completamente destruida, donde robaron su último cuento ‘Juan se iba por el río’ y que actualmente está ocupada por una familia de un policía retirado".
Recordó también que se pudo "reconstruir lo que pasó en el río Carapachay, en el Delta del Tigre, en la última casa que mi padre alquiló y donde pudimos probar que los hechos que ocurrieron antes de su desaparición, también involucraron a tres casas vecinas que fueron ocupadas por un grupo de tareas y sus ocupantes secuestrados y llevados a la ESMA".
Walsh defendió el pedido de la querella conformada por el colectivo Justicia Ya y la agrupación Memoria Verdad y Justicia, de "reclusión perpetua en cárcel común para todos los acusados" en el marco de "un genocidio planificado". "Son crímenes de lesa humanidad y no se puede pensar en cumplir condena en barrios privados o en los domicilios por el sólo hecho de ser mayores, cuando existen servicios médicos en las unidades carcelarias", afirmó.
Rodolfo Walsh fue baleado por un grupo de tareas de la ESMA el 25 de marzo de 1977 en el barrio porteño de San Cristóbal. El periodista, que acababa de escribir y distribuir la Carta Abierta a la Junta Militar al cumplirse un año del golpe militar, respondió al ataque y, malherido fue trasladado al centro clandestino que funcionó en la ex ESMA, donde fue visto por algunos secuestrados.
[La foto viene del blog El Estatal de Ensenada.]
27 de octubre de 2011
26 de octubre de 2011
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perpetua para genocidas


Primera sentencia por los crímenes de la ESMA. Perpetua para Astiz, el "Tigre" Acosta, Cavallo, Donda, Pernías, Rádice y otros seis genocidas.
Argentina. Al cabo de 22 meses de debate y el testimonio de más de 250 testigos, y luego de desestimar distintos planteos de nulidad y/o prescripción presentados por la defensa de los acusados, el tribunal que integran los jueces Daniel Obligado, Ricardo Farías y Germán Castelli juzgó a 18 represores, acusados de secuestro, tortura y homicidio contra 86 víctimas, entre las cuales se encuentran el escritor y periodista Rodolfo Walsh, las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet, Azucena Villaflor, Mary Bianco y Ester de Careaga, fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. El TOF5 dictó prisión perpetua para Alfredo Astiz, Jorge "Tigre" Acosta, Ricardo Cavallo, Antonio Pernías, José Montes, Raúl Scheller, Jorge Rádice, Adolfo Donda, Alberto González, Néstor Savio, Julio César Coronel, Ernesto Weber. Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea recibieron 25 años de prisión. Carlos Capdevilla deberá cumplir 20 años de prisión, y Juan Antonio Azic 18 años. Por último, Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco fueron absueltos aunque no recuperarán la libertad por estar imputados en otras causas por delitos de lesa humanidad.
El juicio que empezó el 11 de diciembre de 2009 es uno de los tramos en que se dividió la llamada megacausa ESMA. El proceso resultó más largo de lo previsto, entre otras razones por una de las características que distinguieron este centro clandestino de detención que funcionó durante la última dictadura militar bajo la órbita de la Marina: es uno de los pocos campos de concentración con supervivientes que pasaron uno, dos y hasta cuatro años secuestrados.
La densidad de los relatos le dieron al juicio otra singularidad. La sala tuvo múltiples querellas, integradas por organismos de derechos humanos que multiplicaron las voces de la acusación pero también las perspectivas. La defensa de la mayoría de los acusados, por su parte, hizo un culto al "heroísmo de los mártires". Los más moderados esgrimieron la teoría de los dos demonios, pero todos se consideraron víctimas y "perseguidos políticos".
La Fiscalía solicitó prisión perpetua para Alfredo Astiz, Jorge "Tigre" Acosta, Julio César Coronel, Jorge Rádice, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller, Alberto González, Juan Carlos Fotea, Ernesto Weber, Ricardo Cavallo, Néstor Savio, Manuel García Tallada; y 25 años de prisión para Antonio Montes, Juan Antonio Azic, Pablo García Velazco y Carlos Capdevila.
26 de octubre de 2011
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policías presos por robo y extorsión


No excarcelarán a ocho policías acusados de robo y extorsión. La jueza analizará los videos. Raquel Cosgaya verá cómo ingresaron los efectivos a la vivienda de un ciudadano chino. El fiscal critica a la provincia.
[Lorena Panzerini] Argentina. La jueza de Instrucción de la 6º nominación, Raquel Cosgaya, denegó la excarcelación de los ocho policías detenidos por extorsión y supuesto robo de casi 60 mil pesos a un supermercadista chino, luego que la semana pasada el denunciante no los identificara en rueda de reconocimiento. Al mismo tiempo, el fiscal de la causa, Donato Trotta, apuntó a una "falla" en la fuerza policial y los controles del Ejecutivo provincial, ya que tres de los ocho efectivos, pese a las causas que tenían abiertas desde 2006, no fueron separados del cargo. "Vamos a solicitar los sumarios administrativos de estos oficiales. Las causas están en un juzgado de Sentencia, ante un procesamiento firme (por vejaciones y severidades) de estos oficiales, que pese a ello seguían trabajando en la fuerza", dijo el fiscal. Por su parte, el secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad provincial, Facundo Paschetto, solicitó los antecedentes judiciales del caso, para proceder administrativamente con sanciones, en el marco del hecho suscitado hace casi seis años. "Estamos analizando la cuestión: si hubo irregularidades o se actuó conforme las pautas que determinan un pase a disponibilidad, para saber si fue acertada la determinación que se tomó en aquel momento", dijo el funcionario.
Tras los resultados de la rueda de reconocimiento, la investigación continuará con el análisis de una serie de imágenes de cámaras de seguridad y videovigilancia ubicadas en la zona de Avellaneda al 1600, donde sucedió el hecho. Estos videos serán una prueba "importante" para avanzar, ante la falta de un motivo concreto para que los efectivos del Comando Radioelétrico ingresaran sin orden de allanamiento a la vivienda donde se encontraban los ciudadanos de origen chino, en la noche del 29 de septiembre pasado.
Oscar Gatti, Diego Leguizamón y Gustavo González son tres de los oficiales detenidos por el caso de robo a un grupo de ciudadanos chinos, pero ya antes estuvieron implicados en situaciones ilegales, por lo que cuentan con un procesamiento por severidades y vejaciones. Ante esa situación, surge la pregunta de por qué los oficiales continuaban en servicio. Para Trotta, la respuesta debería darla el Ejecutivo. Por eso, aconsejó a la jueza solicitar los sumarios administrativos de los implicados. Al mismo tiempo, Paschetto solicitó a la Justicia los antecedentes de estos tres oficiales.
La semana pasada, la jueza Cosgaya recibió a Li Ching, el ciudadano chino que acusó a los efectivos, para que reconociera los rostros de los hombres que ingresaron a su vivienda --donde al parecer había dinero de por medio, en una mesa de juego-- y, según denunció, le arrebataron unos 53 mil pesos. Sin embargo, el oriental no los identificó cuando la jueza lo puso frente a ellos. "Que haya dado negativo no significa que los detenidos tengan que ser liberados", dijo ayer la magistrada.
Trotta puntualizó que la situación es complicada en cuanto a que una pareja de ciudadanos chinos que estuvo en el lugar del hecho y fue víctima del robo viajó a China y no se presentaron a testimoniar, por lo que ahora se esperan las grabaciones de las cámaras de seguridad de una estación de servicio cercana a la vivienda y una de videovigilancia perteneciente a la Municipalidad. "Falta analizar una serie de pruebas que se incorporarán entre esta semana y la próxima, que nos permitirán avanzar en este delito que es grave", apuntó el fiscal.
En tanto, tras la negativa de la jueza para excarcelar a los oficiales, los abogados de los detenidos apelaron la resolución. Mientras tanto, los efectivos del comando continúan detenidos, aunque se declararon inocentes.
Esa madrugada el Comando llegó al lugar alertado por el servicio de emergencias 911, alrededor de las 2.30, sobre una riña entre orientales en Avellaneda 1669. Al lugar llegaron cuatro patrulleros, con dos oficiales en cada móvil, que según denunció Li Ching, ingresaron a la vivienda del comerciante y se alzaron con la suma de dinero. Sin embargo, no contaban con orden de allanamiento. Por este motivo, el jefe de la Unidad Regional II, Cristian Sola, decidió el pase a disponibilidad, y horas después los policías fueron detenidos por orden de la magistrada.
25 de octubre de 2011
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testimonio de macarena gelman


Macarena Gelman declaró por teleconferencia desde Montevideo en el juicio por robo de bebés. La nieta del poeta Juan Gelman detalló ante el tribunal que nunca había sospechado que no fuera hija del policía que la crió. Recién en 2000 conoció su historia. Desde entonces reconstruyó el cautiverio de su madre y su nacimiento.
[Alejandra Dandan] Argentina. Uno de los jueces le preguntó en algún momento por sus apropiadores, pero Macarena Gelman volvió a nombrarlos como los llamó una y otra vez hasta ese momento: padres adoptivos. Antes o después, otra integrante del Tribunal Oral Federal 6 volvió a preguntarle sobre el momento en el que desde el presente de su restitución, ella hizo memoria sobre lo que habían sido las últimas palabras de una de esas personas. Un hombre de la policía uruguaya, masón, retirado en el año ’75 y luego jefe de policía de su distrito en la democracia de la mano del Partido Colorado. Macarena dijo que cuatro días antes de su muerte, en la cama del hospital, entendió que le estaba dejando un mensaje. Primero le dijo que fuera a buscar a la biblioteca de su casa un libro en el que "si mal no recuerdo hablaban de la dictadura argentina y mencionaban nombres como el de Aníbal Gordon. Lo otro que hizo mi papá antes de morirse es que lloraba y me pedía perdón".

–¿Cómo era el nombre del libro? –le preguntó la presidenta del Tribunal, María del Carmen Roqueta.
–La ira del Leviatán –dijo ella–, de un militar uruguayo, me dijo que lo busque en su casa y se lo lleve.

–¿Y usted qué hizo?
–No, no supe más nada: no presté atención en ese momento, recapacité y es todo cuanto me acuerdo: cuando me entero de todo y recuerdo ese episodio y veo que el libro era referido a ese tema.

–¿Cómo se lo dijo?
–Fue cuatro días antes de morir, en una conversación que tuvimos sobre una serie de operaciones que podían no tener fin y él tenía miedo, me pidió perdón porque no quería dejarme con problemas. Lloraba y me pedía perdón una y otra vez.

–¿Le preguntó cuáles podían ser esos problemas?
–Yo lo que me imaginaba obviamente era sobre lo que podía generar su muerte. Yo no sabía nada de que no era hija biológica de ellos. El era una persona que solía hacerse cargo absolutamente de todo, mi mamá y yo siempre fuimos muy dependientes.

Entre el presente y el pasado de esas dos historias, Macarena declaró conectada a la sala auditorio de los Tribunales de Comodoro Py desde la sede del Mercosur uruguayo. Su nombre es uno de los 35 expedientes que se investigan en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés de la dictadura. Esta vez, parte del tramo de los robos de niños que comenzaron en el centro clandestino de Automotores Orletti, base del Plan Cóndor en Argentina y el espacio donde pasaron sus padres Marcelo Gelman y María Claudia Iruretagoyena que llegó embarazada a ese lugar. Macarena inició una causa en Uruguay para encontrar el cuerpo de su madre y para que sean juzgados los responsables de su desaparición.
"A principios del año 2000 un obispo de Uruguay se contacta con mi mamá adoptiva para trasmitirle que se había puesto en contacto mi abuelo Juan Gelman, y le había transmitido su presunción de que podía ser su nieta", explicó, en el comienzo. "Diez días después, mi mamá adoptiva me dice que yo no soy hija biológica de ellos, me dice que yo había sido dejada en la puerta de su casa en enero del ’77 en una canastita, con un cartelito que decía como que nací el 1º de noviembre: ‘Soy la madre y no puedo cuidarla’. Hasta ese momento, yo no había tenido conocimiento de mi origen, hasta que monseñor Galimberti le transmite esta presunción de mi abuelo y le dice que si yo quería podía hablar de eso con él."
Su abuelo había llevado adelante durante todos esos años la investigación por su búsqueda, con su mujer e integrantes de los organismos de derechos humanos. A través de un dato que un intermediario obtuvo del represor Alfredo Ruffo supieron que ella podía estar en Uruguay. El 31 de marzo del año 2000 se reunió por primera vez con el poeta Juan Gelman: "Me encuentro con él, me da detalles", dijo. Los análisis genéticos confirmaron más tarde los datos.
"Los restos de mi papá fueron hallados en 1989, estaba secuestrado en Orletti y en el año ’76 lo asesinan, en septiembre u octubre y sus restos son encontrados por el Equipo Argentino de Antropología Forense." A su madre la trasladaron de Orletti a Montevideo, donde quedó secuestrada en el Servicio de Informaciones y Defensa. Las referencias indican que Macarena nació a fines de octubre o principios de noviembre del ’76. "La última vez que es vista con vida es el 22 de diciembre de 1976, cuando un soldado ve que se la llevan dos funcionarios militares, con rumbo desconocido y conmigo en una canastita y hace alusión a eso con un comentario, diciendo: ‘A veces hay que hacer cosas embromadas’."
A esta altura, se sabe que María Claudia estuvo con un grupo de uruguayos que habían sido trasladados antes desde Buenos Aires. "Ellos dicen que alguien ve a una mujer embarazada que no conocían y una noche sienten a un guardia pedir una ambulancia." En ese momento, en la sala uruguaya, del otro lado de la pantalla, Macarena dejó de hablar. "Aparentemente eso lo deducen porque escuchan que se piden indicaciones como para atender a una mujer que estaba en trabajo de parto. Pocos días después, relatan que se empezó a escuchar el llanto de un bebé. Y como algunas detenidas eran madres recientes, lo identificaron con el llanto de un bebé recién nacido."
En esa trama de fuentes directas e indirectas, pero siempre ancladas en algún lugar fuera de sí misma, ella reconstruyó detalles apuntalados con la lógica de las referencias que le exige el discurso de las pruebas penales. Datos que sí sabía, datos que no.
"¿Sabe dónde nació?", le preguntó el fiscal Martín Niklison. "No tengo precisión exacta, se supone que en el Hospital Militar Central, por estas referencias que se hicieron cuando piden la ambulancia."
Las personas que la criaron la anotaron como hija propia. Alguien le preguntó por la partida de nacimiento. Ella no sabe aún si estuvo falsificada. Le preguntaron por los nombres de los testigos, quiénes eran. Macarena dijo que fueron dos, amigos del policía Angel Tauriño: uno llamado Alberto López, dueño de una automotora, su padrino y muerto en 1995, y una persona llamada Fiori. Macarena no tiene certezas de que hayan tenido vínculos con la dictadura. O por qué su madre terminó en Uruguay.
"Si bien se manejaron distintas hipótesis, desde una confusión con el apellido –porque había otro uruguayo con ese nombre– o hasta el traslado para quedarse conmigo, no he podido confirmar ni descartar nada: lo que sé es que estuvo en el lugar de los uruguayos, que a un grupo los trasladaron previamente. Y que tengo referencias de que los que integraban ese primer vuelo habían sobrevivido, los del segundo vuelo hasta ahora permanecen todos desaparecidos, no han sobrevivido y mi mamá tampoco."
Tauriño tenía grado de comisario inspector. En 1975 inició el trámite de retiro, una de las hipótesis en las que cree Macarena es que tuvo problemas con el "régimen". Hizo un reclamo al Ministerio del Interior por hostigamiento. En 1976 estaba retirado. Estuvo en la Asociación de Policías en Retiro y después de 1995 lo nombraron jefe de policía del Departamento de San José por su vinculación con el Partido Colorado. Los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, pero sobre todo la fiscalía, hicieron preguntas por Tauriño. En Abuelas admiten que todavía no hay demasiados datos, pero su integración a la policía y aquellas últimas palabras alientan una investigación. A tientas, trabado, intentando dejar a un lado los datos para entender acaso otros procesos, el fiscal Niklison le preguntó a Macarena qué le pasó a ella con la restitución: "Y bueno –dijo ella–, qué decir: que me sentí más completa y entiendo lo que antes no entendía y los vacíos que no sabía de dónde salían".
En ese momento, habló del libro y el pedido de perdón.
25 de octubre de 2011
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fin de una causa alucinante


Absuelven a un procesado por cultivar plantas alucinógenas. Un hombre cultivaba y vendía cactus considerados sagrados. Fue detenido, liberado y mientras duró el proceso iba a la comisaría a regar las plantas. Ahora fue absuelto por una cámara penal.
[Emilio Ruchansky] Argentina. Durante dos años y medio, lo que duró el litigio legal en principio por "comercializar alucinógenos", Cocho fue a regar y cuidar a la subdelegación de la Policía Federal en Olavarría, provincia de Buenos Aires, las 500 plantas sagradas y exóticas que le secuestraron. Aunque él colocó varias lámparas, la mayoría murió por falta de luz. Sólo quedaron 200 cactus San Pedro, que crecen en Catamarca y La Rioja. "Es una especie rústica y fuerte, por eso sobrevive, el resto eran ipomeas, efedras y lo que más lamento: los peyotes y otros cactus sagrados, de colección, de los que sacaba semillas", recuerda Cocho. El caso, relatado ya en este diario, acaba de ser resuelto por la Cámara Penal de Azul a favor del imputado, quien pidió desde un principio autorización para vender semillas y plantas en su tienda web, pero se encontró con un vacío legal. Si los tiempos judiciales se cumplen, esta semana podrá llevarse las plantas a su vivero.
La causa se inició en marzo de 2009, con dos allanamientos, uno en la casa de Cocho y otro en la tienda que había montado en el centro de Olavarría. Durante un año, la fiscalía sostuvo la acusación de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, con penas de cuatro a doce años. Luego la imputación derivó en "tenencia simple", una figura muy criticada de la actual ley de drogas porque castiga la posesión de una sustancia ilícita con prisión, de uno a seis años, sin distinguir si hay un fin delictivo o no, es decir, vulnera el principio de inocencia. Cocho estuvo demorado dos días. "Nunca oculté lo que hacía", dice.
Entre las plantas secuestradas, la Justicia determinó la existencia de cuatro sustancias prescriptas por la ley 23.737: efedrina (planta de efedra), mezcalina (cactus), harmina (planta de yagé) y triptaminas (semillas de cebil). Sin embargo, a los investigadores se les escapó un detalle enorme: ninguna de esas plantas contiene la dosis umbral necesaria para causar algún tipo de efecto psíquico o físico. Así lo estableció el 12 de julio pasado el juez subrogante de primera instancia, Carlos Villamarín, tras evaluar las pericias químicas.
"Si bien quedó demostrada la existencia de sustancias prohibidas, luego de un análisis químico de la parte vegetativa del follaje y de las flores, así como también de las semillas incautadas, ello también deja traslucir que para que una persona pueda hacerse de las sustancias prohibidas (efedrina, mezcalina, harmina y triptaminas) debe realizar un proceso de refinación, transformación, procesamiento y/o mutación, que requiere no sólo de cierta idoneidad, sino también tecnificación. Ejemplo de ello es el proceso de síntesis de la cocaína", señala Villamarín. Una cosa es la planta, otra las sustancias que se pueden extraer de ella.
Este magistrado del juzgado de Garantías N0 1 de Olavarría se extiende, a través de varias citas de otros fallos, en el ejemplo que el gobierno de Bolivia usa ante las Naciones Unidas para sacar la hoja de coca de la lista de sustancias prohibidas: "Las hojas de coca en su estado natural no pueden ser consideradas estupefacientes". La diferencia es que las plantas que tenía Cocho ni siquiera están prohibidas en las convenciones internacionales y de hecho se encuentran en los paisajes argentinos, como en el caso del cebil o los cactus de San Pedro.
"Entiendo que punir la acción de tener vegetales por la transformación que de ellos puedan hacer terceras personas con fines de experimentar determinados efectos, bajo el tipo legal que nos convoca, resulta a todas luces arbitrarios", sentencia Villamarín, al evaluar la acusación del fiscal Luis Surget. En el escrito también señala que en este caso no se debe punir un delito de peligro abstracto, tal como dictaminó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Arriola, que declara inconstitucional penar la tenencia de estupefacientes para uso personal.
El fiscal apeló el fallo, pero hace poco más de un mes la Cámara Penal de Azul consideró "inadmisible" el recurso porque los agravios que deben motivarlo no se encuentran fundamentados. De esta manera queda firme la sentencia del juzgado de Garantías que, además de sobreseer a Cocho, ordena "disponer la entrega definitiva del material incautado". Esto último es lo que aún aguarda Cocho. "Y también la policía, porque quieren disponer de ese cuarto donde están todas encimadas. Lo usan para alojar menores de edad", señala este paciente cultivador. "Perdí cactus que tardan 15 años en crecer 10 centímetros", lamenta.
Mientras duró el proceso, Cocho nunca cerró su tienda cahuinadencul.net, "la primera y mayor tienda de venta de productos etnobotánicos de Latinoamérica", según puede leerse en la web. Allí se ofrecen plantas visionarias usadas en rituales ancestrales. Entre ellas está la ayahuasca, preparada y dispensada por chamanes del Santo Daime o el Camino Rojo, agrupaciones que plantean en Uruguay y Brasil su regulación, amparados en la libertad de culto. Hace siete años que Cocho plantea lo mismo ante la Justicia argentina, cuando envió una acción declarativa a un tribunal federal, donde inquiere una postura respecto de estas plantas.
"Hasta ahora no me respondieron", dice Cocho. Mejor le fue con los policías de la Subdelegación Olavarría que con el tiempo se interesaron en esas plantas raras, al punto de que algunos se hicieron clientes. "Me compraron especies afrodisíacas", comenta. Esta semana, si llega el oficio judicial a esa comisaría, le devolverán la prueba que él se encargó de conservar, como pudo, durante estos años.
24 de octubre de 2011
23 de octubre de 2011
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