argentina

violencia sexual en la esma

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La visibilización de un crimen.

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Argentina. El juicio ESMA deja marcas también desde el punto de vista jurídico. Uno de los ejes es la violencia de género, construida como prueba a lo largo del debate en un contexto que iluminó qué fue ser mujer en la ESMA. Una línea que integró la acusación por la que las querellas pidieron penas autónomas y en el último tiempo terminó habilitando en el juzgado de Sergio Torres la primera investigación abierta en paralelo sobre el delito de violencia sexual como delito de lesa humanidad.
A más de un año de su declaración, Marta Alvarez vuelve a ese momento: "Creo que es uno de los temas que venimos trabajando hace tiempo, los compañeros al principio necesitaban contar el secuestro y todo lo demás y después es como que uno va desentrañando o redescubriendo dónde estuviste: las intenciones del otro, cómo te manejabas. Ahora se escucha esto porque en el Juicio a las Juntas hubo testimonios de violaciones y se pasaban de largo como una tortura más, creo que ahora hay otra escucha, se puede escuchar otro lado de lo que pasó como en la sociedad que hoy escucha sobre la violencia y el maltrato".
El Centro de Estudios legales y Sociales (CELS) planteó la primera querella que denunció la violación de una de las víctimas por parte de Jorge "Tigre" Acosta en 2007. A lo largo de los juicios de lesa humanidad como Atlético-Bano-Olimpo y Vesubio, los abogados hicieron preguntas a los testigos cuando fue posible vinculado a ese tema. Y acusaron por eso. La abrumadora cantidad de testimonios que aparecieron en el juicio de la ESMA sobre este punto permitieron a los abogados marcar los ejes que tomó la violencia de género en la ESMA: sometimiento a esclavitud sexual de parte de oficiales del grupo de Tareas 3.3.2, abusos sexuales apelando a la vulnerabilidad psíquica y mental de las víctimas, violaciones sistemáticas a mujeres detenidas y embarazadas. Y finalmente, indicó el alegato, "una particularidad de la ESMA era la perversa actitud de feminizar a las detenidas que se encontraban allí desaparecidas: era común que las despertaran en la mitad de la noche para llevarlas a cenar o a bailar, previo obligarlas a vestirse y maquillarse".
Nilda Actis relató que solían llevarlas a cenar: "En dos o tres oportunidades me tocó ser una de las elegidas para salir a cenar", contó. "Llegaba un Pablito y decía: ‘acomódese para salir a cenar’. Eso también formaba parte del proceso de recuperación, nos convertíamos en señoras." Otro relato que recogió el alegato fue el de Miriam Lewin, que contó que una vez llevaron a Cristina Aldini, cuyo compañero había sido asesinado, a bailar a Mau Mau. Ella fue al baño y lloró desconsoladamente.
Esos datos aparecieron en declaraciones con subrayados que mostraron situaciones que en otros momentos parecían estigmatizarlas como actos de resistencia. Adriana Marcus lo planteó de esa manera al contar que pedían el plato más caro del menú de un restaurante o que alguna escribía algo con lápiz de labio en la puerta de un baño.
"A ver, subversivas –les dijeron una vez–. ¡Vístanse de mujeres!" Y ellas no sabían si tenían que vestirse para un vuelo de la muerte. A ella la llevaron a cenar a El Globo con algunos compañeros, varones y mujeres. "Era muy difícil sostener esa situación –explicó– porque se armaban debates en los que sentías que nos estaban probando para ver si pisábamos el palito, que San Agustín, que Ortega y Gasset, que el rol de las mujeres, que el feminismo. Nosotras tratábamos de intervenir lo menos posible; tampoco quedarnos calladas: era estar en el filo de la navaja entre no traicionarnos y tampoco abrir un debate para quedarnos en inferioridad y que nos volviesen a meter en Capuchita."
24 de octubre de 2011
23 de octubre de 2011
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sentencias de la esma, el miércoles

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El miércoles se conocerá la sentencia contra dieciocho represores de la ESMA. Alfredo Astiz, Jorge "El Tigre" Acosta, Ricardo Miguel Cavallo y otros quince represores recibirán su primera condena por torturas, desapariciones y asesinatos. Los hitos del juicio. Las víctimas como sujetos políticos. La violencia de género.

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[Alejandra Dandan] Argentina. Un círculo que se cierra para Martín Gras. Con los represores y con sus compañeros que no salieron de la ESMA. La certeza de Graciela Daleo de que la Justicia debe reconocer el carácter de perseguidos políticos de las víctimas. Ser mujer en la ESMA. Los relatos de quienes desnudaron situaciones de violencia sexual. La construcción de una acusación de la violencia de género. La posibilidad de pensar la ingesta de cianuro no como suicidio sino como homicidio. Rodolfo Walsh: los vecinos que hablaron por primera vez. Los cuerpos desaparecidos y, pese a que no hay cuerpos, el reclamo de que los marinos sean juzgados por homicidio. Los represores que hablaron más que otra veces. Sus mujeres. Jorge Bergoglio obligado a declarar. La individualización de cada uno de los integrantes del grupo de la Santa Cruz. El vecino que permitió probar el secuestro de Remo Berardo. Son solo algunas imágenes, algunos hitos que dejan los dos años del primer juicio oral por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, que espera la sentencia el próximo miércoles 26 de octubre.
El juicio que empezó el 11 de diciembre de 2009 es solo uno de los tramos de la megacausa: 18 represores por 86 víctimas. El proceso resultó más largo de lo imaginado, hubo demoras por el modo en el que el Tribunal Oral No 5 diseñó el juicio y por una de las singularidades de la ESMA: es uno de los pocos centros clandestinos con supervivientes que pasaron uno, dos y hasta cuatro años secuestrados. La densidad de esos relatos le dieron al juicio otra singularidad. La sala tuvo múltiples querellas, integradas por organismos de derechos humanos que multiplicaron las voces de la acusación pero también las perspectivas. Y defensores, sobre todo privados, que a través de las intervenciones hicieron un culto al "heroísmo de los mártires". Los más moderados hicieron gala de la teoría de los dos demonios y en general se calificaron como víctimas y perseguidos.
El Tribunal venía de dos antecedentes preocupantes: el juicio al prefecto Héctor Febres muerto por un aparente envenenamiento a días de la sentencia y el juicio a los jefes de área, en el que absolvió a tres de los cinco acusados. El presidente del tribunal cambió, pero los antecedentes no dejaron de operar como referencias de contexto y aumentan ahora las expectativas en el tramo final.

Las Marcas
El juicio que termina dejó marcas simbólicas y jurídicas, algunas de las cuales se terminarán de entender con el tiempo. Una se refiere a lo que se está diciendo ahora de nuevo sobre la ESMA: qué pasó en estos años con los relatos de los sobrevivientes. ¿Es la misma ESMA la que están contando ahora que la que contaron en los primeros años de libertad? ¿Qué dicen que no decían? ¿Cómo actúa el contexto?
Durante el juicio hubo dos clases de testigos históricos: unos vienen declarando en distintos estrados desde los ’80 y otros son históricos pero dieron su testimonio por primera vez públicamente en este debate. Además, cobraron espacio voces de los llamados "testigos de contexto", entre ellos vecinos que presenciaron operativos y hasta ahora no habían hablado, como en el caso de Rodolfo Walsh, entre los que hubo alguno que hasta ahora no sabe quién era la víctima.
Los que vienen declarando desde antes de la Conadep dicen que entonces necesitaban probar la existencia de los centros clandestinos, de los desaparecidos o reconstruir sobre la nada los apodos y nombres de los represores. Eran prioridades. Con el paso del tiempo, muchas de estas cuestiones quedaron fuera de duda, aunque se siguen buscando víctimas e intentando identificar represores. Pero, liberados de los mandatos de la prueba, algunos parecen haber hablado de otras cosas.
Miriam Lewin, Martín Gras, Lila Pastoriza o Graciela Daleo, por ejemplo, ya habían sido "casos testigo" en el juicio a los ex comandantes. Llegaron aquí, aparentemente, después de haberlo dicho todo. ¿Fue así? Uno de los datos que cruzaron a todos es que por primera vez hablaron frente a sus represores. Y cada uno buscó entradas diferentes.
La declaración de Martín Gras fue una de las más extensas, duró cuatro o cinco horas y permitió sistematizar la lógica de la ESMA. Cuando terminó de responder preguntas, le preguntaron si todavía quería decir algo. Iba a decir que no, pero levantó la cara y se encontró con la mirada de Juan Carlos Rolon. Ahora está convencido de que en ese momento, 32 años después, cerró el círculo que había empezado en la ESMA.
"Para ir a declarar intenté actualizar algún dato o nombre, pero no fue una preparación –dice–. Cuando llegué me senté, empecé a hablar y seguí hablando y sentí que no paraba. La sala desapareció, y le miraba la cara a ellos. Ver una cosa vacía, opaca... fue tremendo y al final me sentí en la obligación de contar una anécdota." Hace 32 años –contó–, cuando lo estaban por poner en libertad, un oficial le trajo un diario en cuya tapa había una foto de un oficial de policía del gobierno del Sha en Irán que se estaba cayendo. El oficial trataba de escapar de la multitud que le arrancaba el uniforme a pedazos. "Me lo tira en el camastro. ‘¿Y eso?’, le pregunto. El me pregunta si yo pensaba si algún día podía pasar eso en Argentina. ‘No sé’, le dije, porque son avatares históricos, pero le dije además que si la pregunta era si yo pensaba que en algún momento él iba a tener que rendir cuentas, yo pensaba que sí." El oficial le preguntó si estaba pensando en Nuremberg. Gras le contestó que no sabía qué forma iba a tener la rendición de cuentas en Argentina:

-Pero si hubiera un juicio, ¿vos testimoniarías? –me preguntó–. Le dije que sí.
–¿Y vos dirías que yo te torturo? –insistió.

–Usted tortura –le dije.
–Pero vos sabés que a mí no me gusta torturar.

–Es cierto.
–Sabés que cuando estoy de oficial de Inteligencia de turno, muchas veces me encierro en el camarote, apago la luz, cierro la puerta y no contesto las llamadas para no tener que torturar.

–Es cierto, pero también es cierto que a veces te encontraron y torturaste.
–¿Pero vos dirías eso, que a mí no me gusta torturar?

–Sí, lo diría, pero también diría que llegado el caso torturaste.
–Bueno, me parece bien porque entonces dirías la verdad.

"Quiero decirle al oficial con el que tuve ese diálogo que está presente en la sala –explicó–, que he cumplido escrupulosamente con el compromiso que asumí con él en el año 1978." Gras lo miró a la cara, pero el ex oficial bajó los ojos. "Yo sentí que estaba cerrando el círculo: había cumplido con mi palabra, contaba que esa persona no sentía placer, era torturador, no sádico, porque son cosas diferentes y, fundamentalmente, declaré la verdad con absoluta rigurosidad, que era el mandato de los compañeros."
Martín declaró por primera vez en 1980 en Ginebra. En la línea de relatos constantes, dice que lo que contó desde entonces –incluso algunos hechos que la prensa española no creía y sobre los que le decían que dejaran huecos vacíos porque parecían locuras que ponían en duda toda la historia– se probó: "No varió nada", señala. "No hubo contradicciones, lo que parecía fantástico quedó confirmado por todas las investigaciones y todo se ha podido probar." Por otro lado, lo sorprendió la "absoluta incapacidad de reflexión de los represores: no te digo algo así como un pedido de perdón, sino un atisbo de reflexión sobre los resultados que los dejaron con el rechazo de la sociedad, en un camino ciego".
Lila Pastoriza llegó al juicio después de mucho declarar, probar, reconstruir y con la sensación de que esta vez "no tenía que probar nada". En ese contexto, se encontró hablando largo de los compañeros menos conocidos: "Mi intervención inicial, la que dije sin preguntas, fue sobre lo que había vivido fundamentalmente en Capuchita, las cosas, la gente que había conocido. Fue larga pero ni siquiera muy pensada, sí quería hablar de toda la gente en una etapa donde no son los casos más conocidos porque estaban relatados por otros compañeros, me dediqué a hablar sobre eso en una descripción de cómo era cada uno. Los que me escucharon me dijeron que era como si ellos vivieran en mí".
Lila y Graciela Daleo subrayan un eje que aparece como otra de las estructuras del juicio: la posibilidad de recuperar sus historias en términos de identidades políticas, en un escenario no sólo de época, sino y especialmente en el espacio de la Justicia.
"En el juicio a las Juntas uno sentía que lo fundamental era dejar constancia, probar eso que había ocurrido –dice Lila–. Había que dar un primer paso y lo fundamental era decir que se habían cometido esos delitos, qué había pasado en la ESMA, quiénes habían estado implicados. Y contar: los sobrevivientes sentíamos la necesidad de contar lo que nos había ocurrido, los nombres, pero dominado por la prueba en una situación donde no se podía hablar de militancia política, había que disimularla, había una zozobra grande y situación de cierto temor porque temías que los abogados de las defensas te impugnaran por la presencia la teoría de los dos demonios." En lo sustancial, asegura, "en este juicio no pasó y hubo una fuerte legitimación de la participación política: cada cual lo hizo a su manera, algunos orgullosamente, otros lo dijeron pero no lo levantaron, otros lo dimos como algo natural sin hacer demasiado hincapié".
Se notó, entre otros, en el testimonio de Daniel Cabezas, el hijo de Thelma Jara de Cabezas, que hizo hincapié en la vida de militantes políticos de la familia. Los almuerzos de los domingos atravesados por lo que cada uno hacía en sus campos de trabajo. En esa línea, Graciela Daleo está convencida de que hay algo nuevo en la lógica del perseguido político, que las querellas están haciendo hincapié en la instalación de esa situación como agravante. "Decir que hubo una persecución política y destruir la idea de que a los individuos se los llevaban aisladamente porque los nombres estaban anotados en una agenda: militantes políticos no necesariamente vinculados a una organización, hoy lo podemos decir, en el ’85 todos decíamos a lo sumo que habíamos estado en la JP porque si no íbamos en cana. Así como las compañeras pueden decir que sufrieron agresiones sexuales, también tenemos hoy una plataforma para asumir la militancia en el ámbito judicial."

Ministaff
Otra característica del juicio es que por primera vez se oyeron a varios secuestrados del ministaff, uno de los espacios de supervivencia más estigmatizados. "Hablé del ministaff, de que lo creó El Tigre Acosta, del uso que le dio para reinar mientras imponía la desconfianza entre nosotros y eso le permitía mantener el poder para seguir con su proyecto. Yo, por lo menos, no elegí ocupar ese lugar", asegura Marta Alvarez. Hay hoy una escucha distinta que habilita esos relatos.
La fiscalía pidió, por ejemplo, el testimonio de Miguel Angel Lauletta, que, entre otras cosas, habló del operativo de secuestro de Rodolfo Walsh. Lauletta declaró varias veces en instrucción, trabaja hace años con el Equipo Argentino de Antropología Forense pero no había declarado en un juicio oral. En línea con el carácter reparatorio, poco después de empezar, dijo que para salvar a su mujer y su hijo dio los datos de una cita en la que cayeron cinco de sus compañeros. En ese momento, lloró. Cuatro de esos cinco compañeros, contó, están desaparecidos.
Pese a todo, muchos sobrevivientes no estuvieron en esos momentos en la sala. Algunos no logran todavía escuchar estos relatos, otros los escucharon cuando desgrabaron los testimonios para los alegatos. "Fue tremendo, dice una de las históricas, siento que uno puede evaluar ahora el rol del ministaff no tan pegada a la experiencia propia, más distante y menos amenazante, que también puede ver que fueron víctimas en una situación muy difícil, anterior a la nuestra. Además, veíamos todo lo que nos había pasado a nosotros que no sabíamos en ese momento, a partir de las declaraciones de otra gente ves más en conjunto la cuestión."

Ellos
La espalda de Miriam Lewin es tal vez una de las imágenes más reproducidas del Juicio a las Juntas. Ese proceso fue trasmitido sin voz ni caras, con los protagonistas de espaldas. El juicio del Tribunal Oral No 5 que terminará el miércoles tuvo imagen y voz pública solo en el comienzo y en el final, porque los jueces, amparados por una acordada de la Corte Suprema, quitaron la posibilidad de la trasmisión completa en vivo.
La disposición de la sala auditorio de los tribunales de Comodoro Py reformó el espacio para el público presente: el testigo habla de frente a los acusados y al público. "Pasan los años y en lugar de ser más fácil, la declaración se vuelve más dolorosa, por lo menos en mi caso", dice Miriam. "La presencia de los verdugos en la sala es una presión que no existió en el Juicio a las Juntas, nunca habíamos tenido contacto con ninguno salvo Massera que aparecía en su rol más político, no de represor. Pero verles las caras enfrentando a un tribunal fue reparador, sin embargo. A casi todos los volví a ver por primera vez en ese momento, salvo a Acosta, con quien me había cruzado en la calle varias veces. De todos modos, ellos decidieron no estar presentes en la mayor parte de las jornadas."
24 de octubre de 2011
23 de octubre de 2011
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orden de detención contra harguindeguy

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Albano Harguindeguy, señalado como responsable en 34 homicidios y más de 200 secuestros y torturas. El arresto del ex ministro del Interior de la dictadura, quien cumple prisión domiciliaria por otra causa, lo dictó el juez Daniel Rafecas.

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Argentina. A los 84 años, aún sin condena, arrestado en un lujoso chalet en calle Eva Perón 1331 de Los Polvorines gracias a sus problemas de salud, el ex ministro del Interior de la dictadura Albano Eduardo Harguindeguy sumó ayer una nueva orden de detención, esta vez como máximo responsable político-militar de la Policía Federal. El juez federal Daniel Rafecas, que instruye la megacausa por delitos de lesa humanidad en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, responsabilizó al ex general de división por secuestros, torturas y homicidios en los centros clandestinos Coordinación Federal y Garage Azopardo. La resolución abarca también a los ex comisarios Juan Carlos Lapuyole y Carlos Enrique Gallone, ambos condenados a prisión perpetua por la Masacre de Fátima, y a los menos conocidos Antonio Doval y Eduardo Norberto Comesaña, quienes ya están presos en el penal de Marcos Paz.
Jefe de la Policía Federal designado en 1975 por la presidenta María Estela Martínez de Perón, Harguindeguy tuvo un rol central en la planificación del golpe y la toma del Estado y fue el ministro político durante cinco de los siete años de la dictadura. En 2003 admitió los secuestros, torturas y asesinatos de detenidos cometidos por las Fuerzas Armadas durante una entrevista con la periodista francesa Marie-Monique Robin. "Empezamos bajo un gobierno constitucional y seguimos en un gobierno de facto", recordó. Contó que los militares argentinos aprendieron los métodos a partir de la experiencia francesa en Argelia e Indochina y consideró que las violaciones masivas a los derechos humanos constituyeron "un error político". Su consecuencia fue que "ganamos la guerra pero perdimos la paz", dijo.
El ex ministro de Videla & Massera tiene arresto domiciliario desde julio de 2004 por su actuación en el Plan Cóndor. La causa se elevó en 2007, pero el proceso oral aún no comenzó. También está en condiciones de ser juzgado en una causa de Entre Ríos conocida como Area Concordia, que se elevó en octubre de 2010 y todavía no tiene fecha de inicio. Tiene procesamientos confirmados en segunda instancia por las cámaras federales de Córdoba (causa Roselli), de San Martín, por el secuestro y la desaparición de Roberto Quieto en diciembre de 1975, y de Buenos Aires, por el secuestro extorsivo de los empresarios Gutheim en 1977, causa en la que fue indultado por el ex presidente Carlos Menem. En La Rioja fue indagado por el asesinato del obispo Enrique Angelelli.
El juez Rafecas responsabilizó a Harguindeguy en 34 homicidios y más de doscientos casos de secuestros y torturas en Coordinación Federal, cuyo centro de detención funcionó en el tercer piso de Moreno 1417, y Garage Azopardo, en el edificio de Chile y Huergo, donde hasta hace meses se tramitaban los pasaportes. El ex miembro del gabinete de la primera junta militar será indagado entre otros casos por la Masacre de Fátima, como pasó a la historia el homicidio de treinta cautivos de Coordinación Federal que fueron trasladados, fusilados y dinamitados en Pilar en agosto de 1976.
Por los delitos en Coordinación Federal, el juez también indagará al Francés Lapuyole –quien cumple condena en su casa–, a Gallone, Doval y Comesaña. Antonio Doval fue uno de los guardias de los secuestrados en los calabozos del tercer piso, donde utilizaba el alias de Gato. Comesaña era auxiliar de inteligencia y su nombre de cobertura para no ser identificado por sus víctimas era Esteban Cruces. De su legajo surge que fue ascendido por su actuación en un "procedimiento antisubversivo" en junio de 1977.
Harguindeguy y Comesaña serán indagados, entre otros crímenes, por la fabricación de un falso "operativo antisubversivo", seis días antes del golpe de Estado, en el que fueron ametrallados dos hombres y dos mujeres previamente secuestrados. El montaje, que se publicitó en la prensa como un "enfrentamiento armado", ocurrió en calle Labardén al 300 y las víctimas, masacradas con más de cien disparos de ametralladoras adentro de un auto, fueron Norberto Gómez, Elena Kalaidjian, Julio Enzo Panebianco y Ana Teresa del Valle Aguilar. El juez considera probado que los cuatro habían sido secuestrados en las semanas previas. Por testimonios de sobrevivientes de Garage Azopardo, pudo saber también que el médico Gómez fue obligado a atender a otros secuestrados luego de las sesiones de tortura, y que Kalaidjian, de 22 años y origen armenio, debió auxiliarlo en las curaciones precarias que hicieron en cautiverio. Panebianco había sido secuestrado junto con su pareja, María Fernández Martínez Suárez, sobrina de la octogenaria animadora Mirta Legrand. Por los cuatro asesinatos también será indagado Raúl Antonio Guglielminetti, ex agente del Batallón de Inteligencia 601, condenado el año pasado por su actuación en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo.
22 de octubre de 2011
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piden cárcel común para díaz bessone

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Piden perpetua para Díaz Bessone y la patota, y que vayan a una cárcel común.

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Argentina. El fiscal federal Gonzalo Stara -que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de Rosario- pidió ayer condenas de prisión perpetua para el ex comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, y para el ex oficial de policía José Rubén Lofiego acusados por 91 casos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y 17 casos de homicidio de personas secuestradas durante la última dictadura. En tanto solicitó la pena de 25 años de prisión e inhibición absoluta para los otros tres ex policías Mario Marcote, José Scortecchini y Ramon Vergara, así como la absolución de Ricardo Chomicki, el sexto acusado en ese expediente, un civil señalado por su presunta complicidad con los represores de la última dictadura.
Stara pidió que los imputados cumplan la pena de prisión en cárcel común bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo a lo establecido por la Resolución 444 del Ministerio de Defensa de la Nación. El fiscal solicitó en relación a Díaz Bessone que se le revoque la prisión domiciliaria de la que goza, y reclamó al Tribunal que al dictar la sentencia se ordene la inmediata detención de los imputados.
El representante de la Unidad Fiscal solicitó que se remitan copias de las declaraciones de algunos de los testigos del juicio oral al Juzgado Federal Nº4 de esta ciudad, a los fines de que se investigue el posible delito de tormento contra menores que estuvieron detenidos en el SI mientras sus padres permanecieron allí. "Entendemos que esas condiciones de detención configuran el delito de tormentos", dijo. Entre otros, mencionó los casos de los hijos de Nelly de Larrosa, María Luchetti, Estela Bernal y Francisca de Espinoza, quienes estuvieron en cautiverio en el SI durante las detenciones de sus progenitores.
Stara también solicitó las copias pertinentes para que se tome indagatoria a todos los integrantes del Centro de Operaciones Tácticas del Comando del II Cuerpo, "cuya ineludible responsabilidad surge de la descripción de la cadena de mandos que transmitía las órdenes que permitían la implementación del plan genocida". El Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el 2 de noviembre próximo, cuando comiencen los alegatos de las defensas de los imputados.
21 de octubre de 2011
20 de octubre de 2011
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bignone se negó a declarar

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El último dictador está procesado por delitos de lesa humanidad.

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Argentina. El Tribunal Oral en lo Federal 2 (TOF2) inició la primera jornada del juicio por secuestros, torturas y desapariciones en el Hospital Posadas ocurridas durante la dictadura y por el que están acusados los civiles Luis Muiña y Argentino Ríos, el ex brigadier Hipólito Rafael Mariani y el último dictador Reynaldo Bignone, quien a sus 83 años enfrenta el cuarto proceso en su contra por delitos de lesa humanidad.
Los cuatro acusados son enjuiciados por 22 casos de privaciones ilegales de la libertad, desapariciones y tormentos ejecutados por una patota represiva autodenominada "Swat", que operó dentro del hospital de Haedo, el más grande de la zona oeste del Conurbano bonaerense. Por entonces, Bignone era delegado de la Junta Militar en el área de Bienestar Social; Mariani ocupaba la jefatura de la Brigada Aérea del Palomar, mientras Muiña era integrante de los Swat", y Ríos trabajaba de portero del Posadas.
Al expresidente de facto se lo imputa como responsable del operativo ocurrido la madrugada del 28 de marzo de 1976, en el que fue tomado el centro asistencial con tanques y helicópteros, con la excusa de que allí funcionaban "postas sanitarias de la guerrilla". Esa misma noche fueron secuestrados el director médico, Julio César Rodríguez Otero, junto con otros colegas.
Durante el juicio se debatirán 22 casos de secuestros y torturas. A la audiencia de hoy concurrió la sobreviviente y querellante Gladys Cuervo, quien era enfermera del área de traumatología y pasó 58 días secuestrada en ‘El Chalet’ y la Base Aérea de Morón.
21 de octubre de 2011
20 de octubre de 2011
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víctimas del terrorismo de estado

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Reparación del daño. Integrantes del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa reexaminan el concepto de "daño", y nociones como la de "estrés postraumático", a partir de su experiencia de trabajo en la reparación y acompañamiento a víctimas del terrorismo de Estado.

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[Juliana Serritella *, Sabrina Balaña **, Federico Kaski Fullone *** y Javier Rodríguez ****] Argentina. La representación de trabajo que defendemos desde el Centro Ulloa se basa en una mirada fundamentalmente reparatoria. Debe bregar por la presunción del daño que provocaron los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado terrorista, por la no revictimización de la persona asistida y por el rol protagónico del Estado en el reconocimiento de lo ocurrido, de sus consecuencias y en la responsabilidad de aportar las pruebas.
Desde una perspectiva objetiva, el daño se define como el menoscabo que, a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado, sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad, ya en su patrimonio. En la década de 1960, se introduce el concepto de daño a la persona: la persona es un proyecto de vida y todo lo que afecte a ese proyecto configura un daño a la persona. Se lo denomina también "daño no patrimonial", "biológico", "a la salud", "extraeconómico", "a la vida de relación", "inmaterial", "a la integridad psicosomática", "no material".
El ensayo de Fernández Sessarego "Daño moral y daño al proyecto de vida" advierte que éste constituye un daño radical en tanto lesiona "nada menos que la libertad del sujeto en cuanto se traduce objetivamente en la realización personal. El daño incide en el proyecto existencial por el cual optó la persona en tanto ser libre".
En resumen, inicialmente el sistema clásico fue armado sobre la noción de patrimonio. Las normas jurídicas se preocuparon por su inviolabilidad. Pero en los últimos tiempos la noción de persona se ha situado en el eje del sistema de responsabilidad civil, considerándola por lo que ella es. Los estándares internacionales definen la reparación de un modo integral, poniendo el acento no sólo en el aspecto pecuniario, sino fundamentalmente en el aspecto simbólico. La reparación simbólica incluye las garantías de no repetición, la atención médica, psicológica, jurídica y social.
En este marco puede ubicarse el cuadro de "trastorno por estrés postraumático (TEPT). Ya en la Grecia clásica se registran descripciones compatibles con éste: Hipócrates menciona pesadillas relacionadas con los combates, en soldados sobrevivientes de batallas. Pero no fue sino hasta el siglo XIX cuando el trauma psíquico comenzó a atraer intensamente el interés científico. Las primeras descripciones en la literatura médica sobre las consecuencias de exposición a situaciones traumáticas datan de mediados del siglo XIX en Francia e Inglaterra, en el período posterior a la Primera Revolución Industrial, principalmente ligadas a accidentes ferroviarios.
Una constante, en la historia de la caracterización de este cuadro, ha sido su aparición asociada a diferentes conflictos bélicos. Alrededor de 1870 se describe lo que dio en llamarse "corazón de soldado" o "corazón irritable". Pocos años después, en 1884, H. Oppenheim describe, en Alemania, un estado que llamó neurosis traumática, en víctimas de accidentes ferroviarios. Con la Primera Guerra Mundial, este cuadro se vuelve claramente visible, recibiendo la denominación de "neurosis de combate" o "fatiga de combate". Luego de la Segunda Guerra Mundial, se creó el término "grave reacción al estrés de los veteranos de guerra". Tras la guerra de Vietnam, esta problemática se hace aún más visible a través de la militancia de los ex combatientes, que motiva un nuevo impulso en la investigación médica sobre las consecuencias traumáticas de los conflictos bélicos. Esto terminará configurando, en 1980, el Trastorno por Estrés Postraumático.
Uno de los peligros que conlleva la falta de discriminación de las condiciones traumáticas es la tendencia a culpabilizar a la víctima: en lugar de interpretar las manifestaciones psicológicas de la persona afectada como respuesta a una situación traumática, frecuentemente se las atribuye a una presunta psicopatología subyacente, que la llevaría a buscar el encuentro con el hecho traumático: diagnósticos de personalidad dependiente, masoquista o autodestructiva llegan así a estigmatizar a quienes, en realidad, padecen las consecuencias de este tipo de hechos traumáticos.
Habría que señalar, primero, que el carácter traumático no es efecto sólo del hecho objetivo, sino del sentido que el mismo tiene para los sujetos. Por ejemplo, en su estudio sobre las condiciones subjetivas de los prisioneros de los campos de concentración alemanes, Bruno Bettelheim señala las distintas respuestas de los mismos según fueran militantes políticos, personas que habían estado detenidas previamente por actos delictivos, a simples ciudadanos de clase media. Dice: "...la gran mayoría de los prisioneros de clase media sin militancia política fueron menos capaces de resistir el choque inicial. Se sentían profundamente incapaces de comprender qué les había sucedido" ("Conducta individual y social en situaciones extremas". En Psicología del torturador, Buenos Aires, Rodolfo Alonso Editor, 1973).
Segundo, a diferencia de la idea original de trauma, que refiere a un hecho o acontecimiento disruptivo, las situaciones padecidas por las víctimas de terror de Estado se han prolongado en el tiempo y contienen muchos episodios puntuales disruptivos. En el caso de los procesos de restitución de identidad de jóvenes que fueron niños apropiados durante la dictadura, el "episodio traumático" es en realidad un proceso en el cual ha transcurrido buena parte de su vida. En el caso de familiares de desaparecidos, o de familiares que buscan a los niños apropiados, el hecho tiene continuidad en el presente y no cesa de ocurrir; de allí que, en el ámbito jurídico, se los considere delitos imprescriptibles. Así como para la Justicia estos crímenes son imprescriptibles, también lo son para la salud mental, dado que el hecho traumático no cesa de ocurrir y que el padecimiento no se limita al hecho traumático.
En consonancia con el planteo anterior, vemos que el trastorno por estrés postraumático no da cuenta de las múltiples manifestaciones sintomatológicas del trauma prolongado ni de las profundas y persistentes alteraciones en la personalidad que éste provoca.
El concepto de trastorno por estrés postraumático, cuya historia está ligada principalmente a situaciones bélicas y de traumas puntuales, no parece suficiente para dar cuenta del daño sufrido por una persona víctima del terrorismo de Estado, entre otros motivos por las características de permanencia y continuidad en el tiempo de este trauma. Y una limitación de este concepto es su falta de consideración por el sentido que los hechos traumáticos tienen para la víctima. En el caso particular de los crímenes de lesa humanidad, afectan intensa y directamente la dignidad de la persona y su proyecto de vida, siendo de esta manera sus efectos duraderos en el tiempo.
La conceptualización de TEPT tiende a concebir al trauma como un evento único, siendo sus principales características clínicas la presencia del evento traumático, su reexperimentación, las conductas evitativas y los síntomas de activación. En cambio, aquí nos estamos refiriendo a situaciones de enorme intensidad y repercusión, que permanecen operando en el tiempo y que, pensamos, más que ser reexperimentadas, resultan cada vez en nuevas consecuencias.
Por último, en un dato que nos resulta importante destacar, el trauma desde la concepción del TEPT elude el contexto de producción del mismo, al tiempo que lo sitúa en un plano exclusivamente individual. Resulta fundamental, para una mirada que contemple el trauma, pero sobre todo el daño con fines reparatorios, el poder contextualizar su acaecimiento y los sentidos tanto individuales como sociales que tiene para las víctimas.
En este contexto cobra importancia el efecto reparatorio simbólico de las políticas que, desde el Estado, corran la problemática del plano puramente individual.

La Dignidad del Sujeto
El nacimiento de los derechos humanos se da en el contexto del final de la Segunda Guerra Mundial, a partir del genocidio provocado por el Holocausto nazi. Hasta ese momento, el derecho internacional reconocía derechos a los prisioneros de guerra (por ejemplo, a ser protegidos contra la tortura y a un trato digno), pero no así a los habitantes de cada Estado. Es a partir de este momento, entonces, que el derecho internacional comienza a regular las relaciones entre los Estados y sus ciudadanos y entre los ciudadanos entre sí. Si bien, en relación con su origen en el contexto del derecho internacional, el discurso de derechos humanos aparece ligado al discurso jurídico, pensamos que lo excede.
En la historia de nuestro país y en Latinoamérica, el concepto de derechos humanos ha cambiado su significación luego de las dictaduras militares, quedando ligado al terrorismo de Estado y los crímenes perpetrados durante ese período. En el caso particular de los delitos de lesa humanidad, la valoración del daño padecido por las víctimas de estos delitos implica una práctica subjetivante, que apunte a restablecer la dignidad del sujeto, como parte fundamental del proceso de reparación integral.
Uno de los instrumentos que la ONU ha recomendado para el abordaje de la evaluación de las víctimas de tortura es el Protocolo de Estambul. Este documento, en el apartado referido a la evaluación psicológica, afirma que las consecuencias psicológicas de la tortura hacen su aparición en el contexto del significado que personalmente se le dé, del desarrollo de la personalidad y de los factores sociales, políticos y culturales.
Se trata de ampliar la perspectiva de la evaluación a una posición ética fundamentada en el significado y sentido del vivir, quebrantado por efecto de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado. El sufrimiento es componente esencial en el cambio experimentado en la esfera de la existencia; luego del evento violento adviene el sinsentido y la carga que representa vivir de acuerdo con ese nuevo sentido, dejando al sujeto librado a una sensación de vulnerabilidad, abandono, culpabilidad, impotencia, negación, miedo y falta de control de la situación (Díaz Colorado, F.: "Peritaje forense en delitos de lesa humanidad", en http://www.psicologiacientifica.com; 2007). El crimen de lesa humanidad atenta contra la dignidad y el proyecto de vida, lo cual conduce a una existencia de dolor y sufrimiento, con efectos sobre las generaciones futuras. Se desprende la obligación del Estado de asumir la responsabilidad de lo ocurrido a través de una política pública reparatoria.
[* Coordinadora del Área de Terrorismo de Estado del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.]
[** Médica generalista.]
[*** Médico psiquiatra.]
[**** Médico psiquiatra.]
[Texto extractado del trabajo ‘Evolución y utilización del concepto de daño.’
21 de octubre de 2011
20 de octubre de 2011
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chomicki no será acusado

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El fiscal señaló las responsabilidades en la causa Díaz Bessone. El ministerio público acusó por homicidios agravados al principal acusado y a Lofiego, mientras Marcote, Vergara y Scortecchini fueron señalados por las privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y asociación ilícita.

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[José Maggi] Argentina. El fiscal federal Gonzalo Stara continuó ayer con su alegato en el marco de la Causa Díaz Bessone, señalando la responsabilidad de cada uno de los imputados. Para Stara, Rubén Lofiego cometió dos homicidios agravados por alevosía, concurso premeditado de más de tres personas y criminis causa, mientras a Ramón Genaro Díaz Bessone lo responsabilizó por la misma figura en los restantes homicidios cometidos en el marco de genocidio. Mientras señaló a los cinco imputados por privación ilegítima de la libertad agravada, tormento agravado y asociación ilícita calificada, figuras en las que incluyó a Mario Marcote, Ramón Vergara, y José Scortechini como autores directos. Díaz Bessone también debe responder como autor mediato por dominio de un aparato organizado de poder. El dato más saliente fue que Stara no acusó a Ricardo Chomicki, el ex militante señalado por sus propios pares por haber formado parte de aparato represivo. Encuadrado en la postura marcada por la Procuración, el fiscal apuntó que "la reducción de la libertad de Chomicki impide a este ministerio público formular el reproche penal por el modo en el que actuó".
En su alegato, Stara comenzó señalando la responsabilidad que le cabe a Mario Alfredo Marcote (el Cura), a quien Stella Hernández no solo reconoció en rueda de personas en el año 1984 sino que lo hizo en la propia sala. "Es el que está atrás a mi izquierda", dijo la testigo cuando lo denunció por violación. A Marcote lo ubicaron los sobrevivientes "tanto en los procedimientos, como en la sala de tormentos" y en los grupos que llevaban adelante las ejecuciones como el caso de la Masacre de Los Surgentes: secuestraba, torturaba, asesinaba y era uno de los principales protagonistas de los delitos sexuales.
Luego fue el turno de José Carlos Scortecchini alias Archie quien "fue ubicado por los testigos en la sala de tormentos, conduciendo víctimas desde y hasta el SI, participando de secuestros y en las desapariciones como en el caso de Los Surgentes.
En cuanto a Ramón Vergara, Stara entendió que está probada su pertenencia al grupo y permanencia en el SI, particularmente por el testigo Marcos Alcides Olivera, quien lo conocía previamente por lo que pudo inmediatamente identificarlo.
La ronda de responsabilidades culminó con el caso de Ricardo Chomicki, alias Cady quien según sus dichos fue secuestrado el 1º de diciembre de 1976, con Nilda Folch y sometidos ambos a tormentos. También esgrimió en su favor el procesamiento del juzgado federal 4 y la confirmación de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Stara también recordó el documento emanado de la Procuración General de la Nación donde se mencionan los casos de eximentes de culpabilidad para aquellos que ingresaron como víctimas a los centros clandestinos de detención. En este sentido el fiscal consideró "configurado la eximente del Artículo 34 del Código Procesal, estado de necesidad exculpante".
En el mismo sentido, Stara analizó los requisitos de la figura considerando que se dan todos en el caso de Chomicki: "puede entenderse que la reducción de la libertad de Chomicki impide a este Ministerio Público formular el reproche penal por el modo en el que actuó".
Para Stara, la privación ilegítima de la libertad está probada ya que "la normativa vigente no fue aplicada y en su lugar se llevó adelante un plan criminal sin sujeción a normas ni procedimiento alguno". Para explicitarlo, recordó un pedido del Ronco Nast (uno de los integrantes de la patota), acusado de pirata del asfalto, quien solicitó que se considere al hecho como parte de la lucha antisubversiva intentando contar de esa manera la impunidad prometida para estos casos, donde se operaba por fuera del estado de derecho". En el mismo sentido el fiscal
recordó la testimonial del ex policía Adolfo Salman (quien fuera jefe del servicio de informaciones de Las Rosas) quien manifestó en esta audiencia que todas las operaciones se hacían por izquierda y que esas eran las órdenes en todo el país". Para Stara "no se trató de detenciones sino de verdaderos secuestros".
De igual manera, el fiscal analizó el delito de tormentos, "encuadrado por sí solo considerando las condiciones inhumanas de detención. Los autores son quienes tuvieron poder de hecho sobre las víctimas y lo utilizaron para infligir tormentos. En todos los casos se da la agravante de cometerse contra perseguidos políticos".
En cuanto al homicidio calificado, el fiscal refirió al modo "como se fraguaban distintos asesinatos mediante pretendidos enfrentamientos o presuntos hechos de fuga, como en el caso de Pedro Galeano, o con falsas libertades como los episodios de Rut González y Daniel Gorosito".
19 de octubre de 2011
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sin verdad no hay justicia

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Comenzó la exhumación de tumbas NN en el Cementerio La Piedad. Se trata de una de las más importantes investigaciones judiciales que se están llevando adelante en el proceso de identificación de NN, cuyos restos pueden ser de desaparecidos en Rosario durante la última dictadura militar.

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[José Maggi] Argentina. Como lo adelantó Rosario/12, el Equipo Argentino de Antropología Forense comenzó ayer a exhumar un centenar tumbas del cementerio La Piedad que guardan restos de personas que murieron en forma violenta durante la última dictadura, con el objetivo de identificar si entre los NN hay militantes desaparecidos. La fiscal federal Mabel Colalongo siguió las tareas del equipo encabezado por Miguel Nievas, quien trabajó junto a cinco voluntarios sobre dos tumbas, y exhumó restos óseos de al menos seis personas distintas. "Sin verdad no hay justicia", indicó la fiscal al destacar las tareas de identificación en el marco de una causa que comenzó en 1984 y que recién ayer tuvo su primera excavación.
La fiscal Colalongo destacó que "esta es una de las más importantes investigaciones que se están llevando adelante en el proceso de identificación, y en la búsqueda de la verdad que como siempre digo es más importante aún que la justicia relativa que nos puede dar los juicios, considerando que la gente espera la verdad desde hace mucho tiempo".
"Es muy importante La Piedad considerando que tenemos 120 tumbas que pueden tener restos de desaparecidos de la dictadura", agregó Colalongo, quien remarcó que "el criterio para la selección de las tumbas fue buscar los enterramientos NN de aquel momento, identificar entre ellos las muertes violentas, sumado a que en muchas casos en el registro había intervención en esa disposición del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército o de la policía. Esta combinación de muerte violenta durante la dictadura, y sabiendo quién había ordenado esa inhumación, nos ayudó a identificar esta cantidad de tumbas".

¿Por qué esta causa comenzó en 1984 y recién ahora comienzan las exhumaciones? -preguntó este diario.
En este lugar no se siguió con el proceso de identificación de desaparecidos cuando entraron en vigencia las leyes de impunidad. Cabe aclarar que la Obediencia Debida y el Punto Final no impedían identificar restos. En verdad, nunca se interrumpió la posibilidad de identificación, pero en Rosario se tomó ese criterio: frenar todo ese proceso. Por eso están atrasadas esas causas, pero como pienso que no hay justicia sin verdad, es que desde hace un año, cuando tomé contacto con esta causa desde la Unidad Fiscal, decidimos impulsarla".

En el mismo sentido se expresó Nievas del EAAF -quien ayer estuvo acompañado por la militante santafesina Beatriz Pfeiffer-: "Tenemos bastante trabajo preliminar hecho, porque hace muchos años que venimos trabajando con la hipótesis de que pueda haber personas desaparecidas inhumadas como NN y de todos los relevamientos que veníamos haciendo tenemos más o menos en claro qué podría haber en cada una de las tumbas, y ya hemos trabajado en forma preliminar profunda sobre la documental, y en algunos de los casos ya tenemos hipótesis de identidad".
Según Nievas, "nuestros trabajo se basa también en otra causa federal, en la que hicimos dos exhumaciones en este mismo cementerio en las que nos encontramos con una gran cantidad de restos que no condecían con lo que señalaban los libros oficiales. Supuestamente debía haber una sola inhumación y nos hemos encontrado con dos inhumaciones regulares, y después varios conjuntos, que son restos desasociados no relacionados anatómicamente que son de inhumaciones previas que han sido removidas pero nunca exhumadas. Por eso encontramos gran cantidad de restos que esperamos se puedan corresponder con las personas que estamos buscando".
El referente del EAAF remarcó que si bien se han hecho otras exhumaciones, sí se trata del mayor trabajo por la cantidad de tumbas a trabajar. En ese sentido para llegar a una identificación plena, Nievas explicó: "Recopilamos información documental, como registros, boletos de inhumación, sumado al listado de quienes desaparecieron en esa época. La identificación puede darse finalmente por el cotejo de huellas dactilares de los prontuarios de cadáveres que se hicieron en su momento, otra forma puede ser a través de la comparación de datos posmorten con los premorten, y finalmente el estudio de ADN".
Nievas destacó que el período 1976 y 1977 es el que más inhumaciones hubo, "lo que marca que ésta era entonces una de las formas de deshacerse de la gente detenida".
19 de octubre de 2011
18 de octubre de 2011
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