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exhumaciones en cementerio la piedad


Ordenaron exhumar tumbas NN en el Cementerio La Piedad.
[José Maggi] Argentina. Buscan restos de decenas de desaparecidos. Para que puedan por fin descansar en paz. Si bien la causa data de 1984, recién tomó impulso seis años atrás. La fiscal Colalongo está al frente de la instrucción y la búsqueda está orientada a las tumbas en la tierra, gratuitas por dos años, luego de lo cual los restos son derivados al osario.

La justicia federal ordenó exhumar más de 120 tumbas del Cementerio La Piedad, en busca de los restos de militantes desaparecidos durante la última dictadura, enterrados bajo el rótulo "N.N". La causa original se había iniciado en 1984, pero recién tomó impulso serio en el año 2005. La fiscal federal Mabel Colalongo está al frente de la instrucción del expediente y en ese marco ya se decretó que desde mañana comience a trabajar el Equipo Argentino de Antropología Forense. La búsqueda está orientada a las tumbas en la tierra, que son gratuitas por el término de dos años, luego de lo cual los restos son derivados al osario. Sin embargo, en el mismo expediente figura un dato preocupante: Fruto de la negligencia, no siempre eran retirados los restos antes de sepultar al siguiente, sino que se los "apilaba". Esto va a complicar las tareas de reconocimiento, según los especialistas.
La denuncia original tuvo lugar ante una fiscalía provincial el 14 de marzo de 1984, quien le pide al juez de instrucción Martín Ayarza que se inicie una investigación a partir de diversas publicaciones periodísticas. A raíz de esta búsqueda de información sobre NN se anexa al expediente un listado donde constan las muertes violentas, por sexo, edad y motivos de muerte.
En el mismo legajo se adjuntaron las licencias y boletos de inhumación de los cuales se deduce el lugar de enterramiento, así como la comisaría que intervino en este trámite. Para el mes de diciembre 1984 se pudo establecer a través de un documento oficial la procedencia de cada cuerpo: si había intervenido la justicia, la policía o el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército.
El 15 de diciembre de 1986 la misma fiscal que instruía la causa ante las pruebas documentales que señalaban que personal militar podría estar involucrado en el caso de enterramiento de personas NN por muerte violenta, le solicitó al juez de la causa que se declare incompetente y pida la intervención del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. El magistrada así se lo hace.
En 1987 la justicia federal le pide al Consejo Supremo en el marco de la Causa Feced, que le remita este expediente, así como que se declare sobre su competencia y le informe la misma a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Eran tiempos en los que llegarían las leyes de impunidad: Punto Final y Obediencia Debida con las cuales el expediente dormiría hasta el año 2005.
La entonces fiscal federal Griselda Tessio fue quien solicitó la reapertura, merced al pedido de un miembro del Equipo Argentino de Antropología Forense. Luego de la reapertura se comenzaron a concretar las primeras pericias técnicas a efectos de lograr establecer el origen de los numerosos enterramientos de cuerpos NN en el Cementerio La Piedad.
Ya en el año 2007 se presentó el plan de trabajo del EAAF, y se concretó la declaración del entonces director de la necrópolis, el maestro mayor de obra Mario Quinteros.
En el año 2008 se concreta una de las medidas más polémicas (por su resultado) del expediente: con el listado de muertos NN enterrados en La Piedad, se solicitó a la Corte Suprema de Justicia provincial que se entreguen las autopsias correspondientes a esos casos ocurridos entre 1976 y 1983, para establecer con precisión el motivo de las muertes. Llamativamente el máximo órgano judicial santafesino, que tiene bajo su responsabilidad la documental, contestó que las necropsias de los años 1975, 1976, 1977 y 1979 no estaban en su poder.
En el año 2009 el cementerio La Piedad, entrego el listado detallado de enterramientos NN. En marzo de 2010 es nombrado Miguel Nievas del EAAF a cargo de las tareas de exhumación y se aprueba su plan de trabajo.
En abril de 2011 se dictó la medida de no innovar sobre el centenar de tumbas NN. Los solares en cuestión son los numerados como 58, 73, 74 y 75 y las sepulturas están identificadas con cartelería que recuerda la orden judicial, y están ubicados en el sector delimitado por Provincias Unidas, 27 de Febrero y avenida de Circunvalación.
Las tareas de exhumación no serán sencillas, si se tiene en cuenta un dato del mismo expediente: Del relato de viejos conocedores de la práctica en este cementerio, se advierte que "en las tumbas en tierras que son gratuitas, cada dos años se remueven los restos óseos y se los destina al osario, cuando nadie los reclama. Pero fruto de la negligencia o la desidia, muchas veces no son retirados los mismos sino que se hecha mano a una práctica macabra: Se coloca una manguera y se inunda la fosa y con la ayuda de un pisón se comienza a presionar hacia abajo hasta destrozar el féretro y logra algo de espacio, para entonces colocar encima el nuevo ataúd con otro cuerpo. Según el relevamiento inicial hay tumbas con cinco, seis y hasta siete cuerpos apilados".
Un dato no menor: el cementerio La Piedad ya no tiene el mismo director, aunque este dato no implique en si mismo una responsabilidad penal de aquel funcionario. Cabe remarcar que la actual directora de Cementerios, Marina Borgatello ha colaborado en esta última parte de la investigación realizada por el doctor Andrés Montefeltro, un miembro del equipo que dirige la fiscal Colalongo.
Desde hace un tiempo, otro funcionario dirige La Piedad, y sin dudas su apellido habrá sido tenido en cuenta ante la dimensión de la gestión que debe encarar: se trata de Juan Valiente.
16 de octubre de 2011
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denuncia para que no haya olvido


Ex directivos de la Biblioteca Vigil.
Argentina. Miembros de la ex Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Constancio Vigil, que fueron secuestrados, detenidos y torturados en la Jefatura de Policía de Rosario en 1977, presentaron ayer una denuncia ante el fiscal de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Gonzalo Stara, para que investigue la posible comisión de delitos de Lesa Humanidad. Los denunciantes, patrocinados por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Rosario (APDH Rosario), son Augusto Duri, presidente de la Biblioteca hasta el momento que fue intervenida el 25 de febrero de 1977; el vicepresidente, Raúl Frutos, la vocal Antonia Frutos; y Celina Duri, hija de Augusto y Antonia Frutos, quien al momento de la intervención cursaba el 7º grado en la escuela primaria de la Vigil y fue testigo de la detención de su abuelo Platón Duri y la de sus padres. "Pretendemos que esto se enmarque en lo que fue el plan genocida de la dictadura cívico-militar, y que se lo considere como un delito de Lesa Humanidad que son imprescriptibles -señaló a Rosario/12 la abogada María del Carmen Martínez-; pero a partir de allí, comenzar a desmadejar una parte del genocidio socio-cultural que también hubo en el país, porque a ellos los mantuvieron ocho meses detenidos sin causa para perpetrar el asalto a la Biblioteca que era una obra popular".
Según consta en las denuncias presentadas ayer, el 25 de febrero de 1977, una "Comisión Normalizadora" a cargo del Capitán de Corbeta César Molina, con apoyo de fuerzas armadas de la policía, ingresaron a la sede de la Biblioteca Constancio Vigil prohibiendo el acceso a los directivos. En los primeros días de marzo, la Comisión Directiva fue obligada a renunciar y en el mes de abril asumió como interventor el Coronel del Ejército retirado Sócrates Alvarado.
El 10 de mayo de ese mismo año, ocho miembros de la Comisión Directiva de la Biblioteca fueron secuestrados de sus hogares, detenidos sin orden judicial en la Jefatura de Policía de Rosario, torturados y luego puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) hasta el 24 de diciembre de 1977 sin que se les imputara en causa alguna.
Duri consideró que a la institución "le quitaron toda la posibilidad de continuidad" al ser detenido junto al vicepresidente, el tesorero, el primer vocal, y cuatro síndicos. Para Duri, el motivo alegado por la dictadura para "destrozar" la Biblioteca fue hablar del proceso de "liquidación" de la entidad, que había sufrido un gran proceso económico negativo como consecuencia del Rodrigazo en 1974. "Eso fue una falacia, porque en ese momento el capital de la institución era cuatro veces superior a la deuda que tenía", precisó Duri.
Celina, su hija, denunció que fue sometida a un interrogatorio en la escuela primaria que funcionaba en la Biblioteca por Ramón Telmo Alcides Ibarra, alias ‘Rommel’, quien fuera jefe del Servicio de Informaciones de la Policía.
16 de octubre de 2011
15 de octubre de 2011
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marino astiz a puertas de perpetua


El ex marino símbolo de la represión ilegal pronunció sus "últimas palabras" en el juicio sobre la ESMA. Como es habitual en los represores, Astiz impugnó el juicio en su contra y dijo que se sentía un perseguido.
[Laura Vales] Argentina. Llevó el discurso impreso. Lo leyó a lo largo de dos horas, en las que dijo que el juicio había sido una parodia, que los familiares de los desaparecidos habían declarado en su contra por dinero, que en la Argentina hubo una guerra contra el terrorismo y que él tenía que haber sido juzgado por un tribunal militar. "No nos perdonan que hayamos combatido con éxito a la subversión", dijo también Alfredo Astiz en la que fue una de las últimas audiencias del juicio oral por los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. El marino habló haciendo uso del derecho que tienen todos los acusados a decir sus últimas palabras en los juicios orales, antes de que los jueces deliberen para definir la sentencia. Cuando terminó las más de treinta carillas que había sacado de una carpeta de color papel madera, el represor les entregó a los jueces un ejemplar de la Constitución Nacional.
Quería que se la dieran, dijo, al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Se supone que porque Astiz se considera víctima de una persecución política y espera que la Argentina "vuelva a ser una República" y se declaren prescriptos los delitos que se le imputan.
Todo lo que pasó en la audiencia estuvo dentro de lo previsible. Se sabía que era el turno de que hablara Astiz porque el día anterior el Tribunal Oral Federal número 5 había comenzado a ofrecer la palabra a los acusados, que en este tramo de la causa ESMA son dieciocho. En el pullman de la sala –el sector reservado al público de familiares y amigos de los militares– se juntó el también habitual grupo de mujeres de los represores y sus allegados. Las mujeres, entre los 50 y 60 años, todas con pelo largo y el flequillo sobre la frente, calzadas con botas, vestidas con sacos ajustados al cuerpo, con un cierto festivo, como de estar en un evento social. Cecilia Pando, la esposa del ex mayor Pedro Mercado y defensora de la dictadura, apareció unos minutos antes de la apertura de la audiencia. Tras ingresar al pullman, buscó a Astiz y le mandó un beso a través del vidrio. "¡Nunca vine tan temprano!", comentó. Tres octogenarios, dos de ellos con bastón, se entretuvieron pasándose un ejemplar de Página/12. Otros integrantes del público contaban con copias del discurso que Astiz leyó.
Durante su larga exposición, el ex capitán de la Armada aludió sólo una vez a las pruebas reunidas en su contra. Fue para cuestionar los exámenes de ADN realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (Astiz los atribuyó al Banco Nacional de Datos Genéticos) que permitieron reconocer los cuerpos enterrados en el cementerio de General Lavalle, entre ellos los de la monja francesa Leonie Duquet, y los de las madres Azucena Villaflor de Devincenti y María Esther Ballestrino de Careaga, y que son parte de los elementos que sostienen la acusación por el delito de homicidio.

Power Point
En el sector para el público ubicado en la planta baja de la sala de audiencias lo escuchaban integrantes de los organismos de derechos humanos, ex detenidos desaparecidos y familiares de las víctimas, algunos de ellos sobrevivientes de los secuestros en la iglesia de la Santa Cruz.
Astiz y los otros 17 imputados que actuaron en la ESMA están siendo juzgados por 85 hechos que configuran delitos de lesa humanidad, entre ellos los secuestros del periodista Rodolfo Walsh y del grupo de madres y familiares que se reunían en aquella iglesia y en el que Astiz se infiltró con la falsa identidad de Gustavo Niño, haciéndose pasar por el hermano de un desaparecido. La fiscalía y los querellantes pidieron para el ex capitán de la Armada la pena de prisión perpetua.
Como la causa ESMA fue reabierta después de que la Corte Suprema de Justicia declarara imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad, Astiz dedicó gran parte de su exposición a cuestionar a sus integrantes.
"Esta Corte está subordinada al Poder Ejecutivo", sostuvo el marino en esa dirección. Durante más de media hora cargó contra Carmen Argibay, Eugenio Zaffaroni y el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti. Con la conocida línea argumental de la defensa de los represores, Astiz aseguró que el gobierno nacional maneja a la Corte y que "el Gobierno usa a la Justicia como un arma".
El represor también habló sobre el reciente pedido de extradición que presentó Francia por el secuestro de las monjas francesas, tema sobre el que repitió varias veces que "los países exitosos" (sic) no extraditan a sus nacionales. En varias partes de su exposición se apoyó en la proyección de un punteo que pidió que proyectaran en la pantalla del tribunal a la manera de Power Point.
Ayer, algunos de los abogados de las querellas se mostraron molestos con el despliegue que hizo el represor. "Además de ser una provocación, lo de Astiz fue posible porque se lo permitieron. El presidente del tribunal desconoce cuál es la diferencia entre un alegato y las últimas palabras de un acusado. Me parece que lo peor es que se dejó faltar el respeto en más de una ocasión, sin llamarle la atención, como fue el momento en que le entregó un ejemplar de la Constitución Nacional", opinó Rodolfo Yanzón. Para el abogado, el episodio dejó en claro que (el presidente del tribunal, Daniel) "Obligado no está en condiciones de dirigir estos juicios. Debió haberlo llamado a silencio y darle sólo dos minutos".
El tribunal que preside el juez Daniel Obligado está integrado además por Germán Castelli y Ricardo Farías. Entre el miércoles y el viernes de la semana próxima será el turno de que hagan uso de la palabra los ex marinos Antonio Pernías y Jorge ‘Tigre’ Acosta.
Este primer juicio oral en el que se condenarán a los represores de la ESMA se inició hace dos años y, si bien está por concluir, los acusados han probado todo tipo de recursos para demorar el dictado de la sentencia.
16 de octubre de 2011
15 de octubre de 2011
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agentes acusados de torturas


El caso ocurrió en marzo. Pedido de detención para nueve policías acusados de torturas.
Argentina. El titular del Ministerio Público de Tierra del Fuego, Guillermo Quadrini, pidió a la Justicia Federal de esa provincia que dicte prisión preventiva para nueve agentes de la comisaría tercera sindicados como autores de apremios ilegales y torturas contra dos jóvenes, uno de los cuales es hijo del director de la Escuela Superior de Policía provincial y recibió 16 puntadas con picana eléctrica, según determinaron peritajes de la Corte Suprema.

El hecho ocurrió el 27 de marzo cuando fueron detenidos y llevados a esa comisaría Federico Sosa y Franco Torres, el joven que sufrió las torturas y es hijo del comisario Alberto Torres, cabeza del centro de formación policial en Tierra del Fuego y quien en su momento había solicitado a la Jefatura de la Policía que se investigara a fondo este hecho.
El pedido de prisión obedece a que el delito analizado no es excarcelable e intenta, además, que otros oficiales al parecer involucrados en el maltrato sean indagados por "omisión de acción". Según el fiscal Quadrini el método de tortura "permite trazar un paralelismo con lo ocurrido durante la última dictadura militar, la aplicación de un tormento con la utilización de picanas eléctricas, agravado además por ser utilizado por una institución oficial". A
El fiscal reconoció que resta determinar a los responsables de los hechos denunciados porque "así analizamos la cadena de custodia, es decir quién lo detuvo, dónde lo tuvieron, dónde lo llevaron y cómo". "Como ninguna de las víctimas puede identificar a los policías, la documentación y libros de guardia nos permite establecer a numerosas personas en calidad de co-autores, todos participaron de forma activa en la consecución de esa conducta", añadió.
Por eso "solicitamos detenciones e indagatorias, porque la calificación legal de estos hechos impide una excarcelación, con el agravante de haber sido cometidos por funcionarios policiales". Las detenciones alcanzan a personal de la comisaría Tercera y dos funcionarios policiales de la comisaría Primera, con los que se cruzaron en la guardia.
[La foto viene de sur54.]
15 de octubre de 2011
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otra denuncia contra la novena


Denuncia por una muerte en la comisaría del caso Bru. Cinco policías están acusados por una muerte en la comisaría 9ª de La Plata. Los familiares dicen que hay más implicados. Aseguran que no se trató de un suicidio, como dijo la policía.
[Carlos Rodríguez] Argentina. En noviembre se cumplirán seis años del crimen de Daniel Oscar Migone (38), ocurrido en un calabozo de la comisaría novena de La Plata, la misma en donde fue torturado, asesinado y desaparecido, en 1993, el estudiante de periodismo Miguel Bru. En la causa Migone, que cambió una vez de fiscal y otra de juez por recusaciones presentadas por la familia de la víctima, hay cinco policías imputados. Tres están presos, una mujer que pertenece a la fuerza está con prisión domiciliaria y un quinto sigue libre. Según la versión policial, Migone había sido detenido por robar pasacasetes en tres automóviles y se había suicidado ahorcándose "con su campera de jeans". El informe policial fue desestimado por una autopsia en la que se comprobó que Migone "había sido golpeado en los testículos y que presentaba un traumatismo craneano propio de alguien cuya cabeza es golpeada contra una pared", explicó a Página/12 el abogado de la familia, Fabio Villarruel. Los familiares, patrocinados por la Asociación Miguel Bru, esperan ahora que "se profundice la investigación", dado que habría "otros implicados que hasta ahora no fueron tenidos en cuenta".
Villarruel, en diálogo con este diario, dijo que la causa ahora está en manos de la jueza platense Marcela Garmendia, quien reemplaza al juez anterior, Néstor de Aspro, quien fuera recusado por los padres de Migone, que ahora –acompañados por más de diez organismos oficiales, de DD.HH., sociales y estudiantiles– solicitaron a la Justicia que "profundice la investigación y garantice a la familia de la víctima el acceso al derecho a la verdad". Para ello piden que el caso pase a la jurisdicción de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas.
En este momento, los fiscales son Marcelo Martini y Javier Berlingieri, quienes reemplazaron hace más de dos años a la fiscal Leila Aguilar, que también fue recusada por la familia luego de "tres años de dilaciones". Fue sucedida en el caso por Martini y Berlingieri, quienes ahora fueron recusados por la querella, "dado que pretenden elevar el caso a juicio oral sin profundizar la investigación", explicó Villarruel.
Los familiares de Migone creen que su detención se debió a que él "mantenía una relación sentimental con una mujer que, a su vez, tenía un vínculo similar con un agente de la novena", sostuvo el abogado Villarruel. Los argumentos de la policía, en el sentido de que Migone habría sido autor de tres robos de pasacasetes, "han sido desvirtuados por las pruebas reunidas. La clave estaría en que se incorpore a la causa el resultado del análisis de los llamados que se habrían hecho desde un teléfono Nextel (que pertenece a la mujer en cuestión) y que podría llevar al policía que sería el autor ideológico de la detención, que más que detención habría tenido el carácter de un secuestro", sostuvo Villarruel.
La familia no quiere que la causa se limite a cinco imputados, como ocurre hoy. Hasta ahora, sus dos primeros planteos de recusación fueron aceptados por los tribunales superiores. La Sala III del Tribunal de Casación bonaerense hizo lugar al pedido de la querella de que se profundice la investigación y la Sala V de la Cámara de Apelación y Garantías apartó del caso al juez De Aspro. Ahora, lo que pretende la querella es que se cambie a los fiscales Martini y Berlingieri.
Hasta ahora, los imputados son el jefe de turno de la comisaría novena capitán Marcelo Fabián Falcón, el teniente Luis Díaz Zapata y el imaginaria de calabozos Carlos Ariel Toloza, quienes se encuentran detenidos; la oficial de servicio María Valeria Maciel, a quien se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria, y el policía Daniel Guillermo Espósito, quien estuvo prófugo y que ahora sigue en libertad porque presentó un pedido de excarcelación sobre el cual debe expedirse la nueva jueza Marcela Garmendia.
El abogado Fabio Villarruel consideró "irrisoria" la acusación que se le hizo a Migone del supuesto robo de pasacasetes. "Dicen que rompió los vidrios de tres autos, pero la imputación es insostenible. En uno de los vehículos encontraron sangre, pero Migone no tenía ninguna herida en sus manos ni en sus brazos, de manera que no fue él quien rompió esos vidrios", puntualizó el abogado.
Recordó que "también dijeron que hallaron su celular en uno de los coches, pero el hallazgo se produjo luego de la muerte de Migone en el calabozo. Y en cuanto al supuesto suicidio, es ridículo lo que se dice: que ató su campera de jeans a la cucheta de cemento en la que dormía y que luego la amarró a su cuello para quitarse la vida. Es difícil ahorcarse con una campera de jeans y mucho menos si la cama estaba a 30 centímetros del suelo", resaltó Villarruel.
Insistió en que "la única salida en la causa es profundizar la investigación porque es evidente que le armaron una causa para vengarse porque él salía con la misma chica que tenía una relación con un policía de la novena que no está por ahora en el expediente".
14 de octubre de 2011
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últimas palabras de acusados de la esma


Adolfo Donda (en la foto) dijo que se sentía un "judío perseguido", que había jefes que no estaban siendo juzgados y que no quería que la condena se diera a conocer antes de las elecciones.
[Alejandra Dandan] Argentina. El espacio en los Tribunales de Retiro determina a esta altura territorios políticos. Con el correr de los meses, el hall de entrada al subsuelo donde se llevan a cabo las últimas audiencias del juicio por la ESMA se convirtió en el lugar de encuentro de las mujeres de los represores y de los viejos camaradas a los que ayer se sumó Cecilia Pando. Mientras una sobreviviente de los campos de concentración buscaba la forma de atravesar el pasillo lo más rápidamente posible para llegar al subsuelo, aliviada, los camaradas se prepararon a entrar a la parte superior de la sala, el balcón desde donde las mujeres se paran a aplaudir el ingreso de los marinos detenidos. Ellos entraron a la sala esposados, a días de escuchar la sentencia. Y ayer empezaron a pronunciar las últimas palabras. Como si el tiempo no hubiese pasado, las mujeres levantaron las manos, saludaron e hicieron un gesto de aguante con el pulgar para arriba, como en los desfiles militares de antaño.
El juicio por los crímenes de la ESMA entró así en la etapa final. Ayer pronunciaron las últimas palabras cuatro de los dieciocho acusados. Entre otros habló Adolfo Donda quien, como lo había hecho en la última ampliación de su indagatoria, en una suerte de pase de facturas interno, apuntó a las responsabilidades de los marinos de mayor jerarquía: "Me siento perseguido porque tengo que estar en el juicio cuando los jefes de la Armada negociaron con el poder político de entonces y lamentablemente nosotros fuimos elegidos. ¿Alguien me puede dar otra explicación? –preguntó–. Aquí radica la verdadera injusticia". Pero no fue lo único que declaró. Se dijo "víctima" ante "victimarios", habló de "tribunales populares" o lógica "stalinista" y en el final puso en escena una estrategia que desde hace tiempo esgrimen los amigos de los represores, aquellos ubicados en el balcón de arriba, para seguir dilatando el final: "Solicito que las sentencias sean conocidas después de la elección –pidió–, aunque sea una hora después, porque no quiero ser parte de esta cargosa campaña".
De esa manera, el Tribunal Oral Federal Nº 5 dio por comenzada la última etapa formal del juicio por los crímenes de la ESMA. Desde ahora hasta el final, los acusados tendrán la ocasión de hacer uso de uno de los derechos considerados más importantes en estos procesos: las últimas palabras. Se sabe que hoy hablará Alfredo Astiz, y que Antonio Pernías y Jorge "El Tigre" Acosta pidieron hablar en último lugar. Y se sabe desde hace semanas que una de las preocupaciones más importantes del TOF 5 es entender cómo acotar los tiempos. El Tigre Acosta habló tres días seguidos la última vez en la ampliación de su indagatoria, un tiempo que haría saltar por los aires el calendario imaginado por el Tribunal, que espera poder llegar al veredicto el viernes 21 o el 28 octubre.
La fecha está anclada a un atribulado proceso de dos años. Y en un contexto donde los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura tienen, tuvieron y seguirán teniendo condenas esta semana, la anterior o la próxima. "Los juicios están y se siguen haciendo", dijo Ana María Careaga ayer, una de las sobrevivientes, querellante de la causa. "No tienen que ver con esta fecha, siguen y ya forman parte de lo que el presidente de la Corte Suprema mencionó como el ‘contrato social’ de los argentinos, no tienen marcha atrás: esta semana hubo condenas en Salta, en Mendoza, empieza el juicio por los crímenes del Hospital Posadas la semana que viene, y estas personas lo que quieren hacer es seguir manejando el cuándo, cuando no es materia opinable sino una atribución del Tribunal."
Carolina Varsky, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), estuvo temprano en la audiencia. Al comienzo del día, y a pedido de las defensas, volvió a explicar por qué pidió un cambio en el caso de María Cristina Lennie, de privación ilegal a homicidio. "Con relación a las elecciones –señaló Varsky–, me parece de lo más desubicado el planteo de Donda, porque hay sentencias y juicios todo el tiempo, y la fecha en la que se dicta el veredicto es anecdótica: llevamos dos años de juicio y cuanto antes se termine, mejor, porque necesitamos la sentencia para avanzar con los casos que están en cola, con otros hechos, y estos y otros imputados."
Además de lo dicho, Donda se situó como víctima. "Yo soy una víctima de hoy y ustedes son mis victimarios", dijo. "No tengo nada que ver con los nazis, me siento más bien un judío perseguido." Habló de la fiscalía: "En el debate he declarado a todos y todo, pero me hacen sentir como en el stalinismo: responsable de no aportar y de no explicar hechos que no son de mi conocimiento". Se quejó del juez español Baltasar Garzón por "la apoyatura a jueces de ultramar" que "engrosan (sic) y contaminan las causas de nuestro país". Habló de los "ejecutores de la venganza". Y de la continuidad en el presente de los "montoneros que mandan las acciones emprendidas" como la concreción de las voluntades, "cuya esencia fue y seguirá siendo violenta". Pese a la polución de frases, las querellas ayer volvieron a mirar o subrayar el primer párrafo. El momento del pase de facturas, un momento que se repite y que fue singular durante el juicio porque lo planteó por primera vez inmediatamente después del testimonio del ex jefe de la Armada, Ramón Arosa, jefe durante el alfonsinismo, quien declaró como testigo en la causa y negó todo lo que pudo negar, aunque hizo toda su carrera durante la dictadura.
Después de Donda declaró el médico Juan Carlos Capdevilla. Dijo que su rol estuvo amparado por el Tratado de Ginebra. Y antes había hablado Julio Coronel. "Estoy convencido, y lo diré mil veces, de que soy inocente", reclamó papel en mano. "Me permito decir que soy un hombre de fe. Por eso me permito decir al señor presidente del honorable Tribunal que creo profundamente en tres cosas: en la Justicia, creo que en el distinguido tribunal que hoy me tiene que juzgar y en Dios, fuente de toda razón y justicia, porque soy inocente."
14 de octubre de 2011
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hija de la guerra sucia


Fue criada por el hombre que asesinó a sus padres.
[Alexei Barrionuevo] Buenos Aires, Argentina. Victoria Montenegro recuerda una niñez llena de escalofriantes discusiones durante la cena. El teniente coronel Hernán Tetzlaff, jefe de familia, contaba sobre operaciones militares en las que había tomado parte en las que los "subversivos" habían sido torturados o asesinados. Las discusiones terminaban a menudo cuando él "golpeaba la mesa con su arma", contó.
Costó una incesante búsqueda de parte de una organización de derechos humanos, un análisis de ADN y casi una década para superar la negación para Montenegro y darse cuenta de que el coronel Tetzlaff de hecho no era su padre ni el héroe que pretendía ser.
En lugar de eso, era el hombre responsable del asesinato de sus padres biológicos y quien se había apropiado de ella ilegalmente.
Él le confesó lo que había hecho en 2000, dijo Montenegro. Pero no fue sino cuando ella declaró en un tribunal aquí la primavera pasada que finalmente arregló cuentas con su pasado, desprendiéndose para siempre del nombre que le dieron el coronel Tetzlaff y su esposa -María Sol- después de falsificar su certificado de nacimiento.
El juicio, en la última fase de la audiencia oral, podría probar por primera vez que los más altos jefes militares del país participaron en un plan sistemático para robar los bebés a personas que percibían como enemigas del gobierno.
Jorge Rafael Videla, que dirigió a los militares durante la dictadura argentina, está acusado de dirigir la campaña para apropiarse de los bebés de las madres en centros clandestinos de detención y entregarlos a militares o funcionarios de seguridad, o incluso a terceros, a condición de que los nuevos padres ocultaran su verdadera identidad. Videla es uno de los once oficiales que están siendo juzgados por 35 actos de apropiación ilegal de menores.
El juicio también reveló la complicidad de civiles, incluyendo jueces y funcionarios de la Iglesia Católica Romana.
El rapto de cerca de quinientos bebés fue uno de los capítulos más dramáticos de la dictadura militar que gobernó Argentina de 1976 a 1983. La frenética campaña de madres y abuelas por encontrar a sus hijos desaparecidos no ha flaqueado nunca. Fue uno de los temas que los presidentes civiles elegidos después de 1983 no perdonaron a los militares, aunque se concedió amnistía por otros crímenes de la "guerra sucia."
"Incluso los numerosos argentinos que consideraron la amnistía como un mal necesario no estuvieron dispuestos a perdonar esto a los militares", dijo José Miguel Vivanco, director de la sección Américas de Human Rights Watch.
En América Latina, los robos de bebés fueron en gran parte exclusivos de la dictadura argentina, dijo Vivanco. Nada semejante ocurrió durante la dictadura de diecisiete años en el vecino Chile.
Una notable diferencia fue el rol de la Iglesia Católica. En Argentina, la iglesia apoyó en gran parte al gobierno militar, mientras que en Chile se enfrentó al gobierno del general Augusto Pinochet y trató de denunciar las violaciones a los derechos humanos, dijo Vivanco.
En Argentina, sacerdotes y obispos justificaron su apoyo al gobierno por preocupaciones por la seguridad nacional, y defendieron la apropiación de los hijos (de desaparecidos) como un modo de asegurarse de que no fueran "contaminados" por los enemigos izquierdistas de las fuerzas armadas, dijo Adolfo Pérez Esquivel, un activista de los derechos humanos y Premio Nobel de la Paz que ha investigado decenas de desapariciones y declarado en un juicio el mes pasado.
Montenegro dijo: "Pensaban que estaban haciendo algo cristiano bautizándonos y dándonos la oportunidad de ser mejores personas que nuestros padres. Pensaban que nos estaban salvando la vida."
Funcionarios de la iglesia en Argentina y en el Vaticano se negaron a responder preguntas sobre su conocimiento o participación en adopciones ilegales.
Durante muchos años, la búsqueda de niños desaparecidos fue en gran parte fútil. Pero eso ha cambiado en los últimos diez años gracias al mayor apoyo del gobierno, a la avanzada tecnología forense y el creciente banco de datos genéticos después de años de pruebas. La última adoptada en recuperar su verdadera identidad, Laura Reinhold Siver, llevó el número total de recuperaciones a 105, en agosto.
Sin embargo, el proceso de aceptación de la verdad puede ser largo y tortuoso. Durante años, Montenegro rechazó los intentos de funcionarios y abogados de descubrir su verdadera identidad. Desde joven recibió una "fuerte educación ideológica" del coronel Tetzlaff, oficial del ejército en un centro clandestino de detención.
Si recogía un volante de los izquierdistas en la calle, "me sentaba frente a él para contarme durante horas lo que le habían hecho los subversivos a Argentina", dijo.
La llevó a un centro de detención donde pasó horas hablando sobre operaciones militares con sus colegas oficiales, "sobre cómo habían torturado y asesinado a personas."
"Crecí pensando que en Argentina había habido una guerra, y que nuestros soldados habían ido a la guerra para defender la democracia’", dijo. "Y que no había desaparecidos, que eso era una mentira."
Dijo que no le permitían ver películas sobre la "guerra sucia", incluyendo ‘La historia oficial’ [The Official Story], una película de 1985 sobre una pareja de clase media alta que adopta a una niña de una familia que estaba desaparecida.
En 1992, cuando tenía quince, el coronel Tetzlaff fue detenido brevemente por sospechas de robo de bebés. Cinco años después, un tribunal informó a Montenegro que ella no era la hija biológica del coronel y su esposa, dijo.
"Yo todavía estaba convencida de que era una mentira", dijo.
Para 2000, Montenegro todavía creía que su misión era mantener al coronel Tetzlaff fuera de la cárcel. Pero cedió y permitió que le sacaran una muestra de ADN. Entonces un juez entregó la discordante noticia: la prueba confirmaba que era la hija biológica de Hilda y Roque Montenegro, que habían sido miembros de la resistencia. Se enteró que ella y los Montenegro habían sido secuestrados cuando ella tenía trece días.
En la sobremesa en un restaurante, el coronel Tetzlaff confesó a Montenegro y su marido que él había dirigido la operación en la que los Montenegro fueron torturados y asesinados, y la había apropiado en mayo de 1976, cuando tenía cuatro meses.
"No puedo decir nada más", dijo, ahogándose con el recuerdo de esa cena.
En 2001, un tribunal condenó al coronel Tetzlaff por la apropiación ilegal de Montenegro. Fue enviado a prisión, y Montenegro, todavía creyendo que sus acciones durante la dictadura habían sido justificadas, lo visitó semanalmente hasta su muerte en 2003.
Poco a poco empezó a conocer a la familia de sus padres biológicos.
"Eso fue un proceso; no fue un momento o un día en que borras todo y empiezas de nuevo", dijo. "No eres una máquina que puede ser reiniciada una y otra vez."
Le tocó a ella contarle a sus tres hijos que el coronel Tetzlaff no era el hombre que pensaban que era.
"Les había contando que su abuelo era un valiente soldado, y yo tuve que contarles que su abuelo era un asesino", dijo.
Cuando declaró en el juico, utilizó su nombre original, Victoria, por primera vez. "Fue muy liberador", dijo.
Dice que no odia a los Tetzlaff. Pero "el corazón no te secuestra, no te oculta, no te agrede, no te miente toda la vida", dijo. "El amor es otra cosa."
[Charles Newbery contribuyó al reportaje.]
14 de octubre de 2011
9 de octubre de 2011
©new york times
cc traducción c. lísperguer

documentación contra díaz bessone


El fiscal Stara pidió una nueva indagatoria.
Argentina. El fiscal federal Gonzalo Stara presentó ayer documentación que demuestra que el general Ramón Genaro Díaz Bessone mantuvo su cargo de Comandante del II Cuerpo de Ejército hasta el 29 de diciembre de 1976, cuando asumió como Ministro de Planeamiento de la dictadura. "Esto da por tierra con lo que sostiene el imputado, quien viene sosteniendo que el 11 de octubre de 1976 dejó definitivamente el cargo", remarcó Stara en el marco del alegato de la causa que lleva el nombre del militar. En consecuencia la fiscalía solicitará ante el juez de instrucción que se amplíen las imputaciones por el tiempo en que realmente actuó como comandante del II Cuerpo. El fiscal culminó con el desarrollo de los casos y comenzó con la responsabilidad que les cabe a los imputados por todos los delitos objeto del juicio. Para Stara, los restantes acusados "Lofiego, Marcote, Vergara y Scortechini conformaban un equipo".
Sobre Díaz Bessone, el fiscal aseguró que fue el engranaje central en la decisión, transmisión y retransmisión de las órdenes ilícitas y verbales que sostuvieron el plan represivo en nuestra zona. "Las actividades desplegadas (secuestros, torturas y asesinatos) solo revelan el cumplimiento a rajatabla de estas órdenes que Díaz Bessone transmitía, controlaba. Garantizaba su cumplimiento y la impunidad de los ejecutores, parte de los cuales están aquí sentados".
Además señaló que prueba de ello es la ley 21.267 que sometió a las fuerzas policiales al fuero militar en lo concerniente a órdenes relativas a la denominada lucha antisubversiva. "La justicia militar se encargaría de juzgar a los ejecutores de sus órdenes. Esta irrisoria situación patentiza la impunidad prometida".
Respecto a las órdenes impartidas el fiscal citó al propio Gazzari Barroso, en su momento jefe del Servicio de Informaciones, quien manifestara que las órdenes que recibía provenían directamente de comandante. Stara recordó frases de Díaz Bessone como "si eran del ERP o de Montoneros, teníamos órdenes de eliminarlos". Para el fiscal esto es directamente una confesión.
Con respecto a la responsabilidad de Lofiego, Marcote, Vergara y Scortechini, el fiscal señaló que "los imputados conformaban un equipo, no actuaban individualmente, hacían todo y de todo persiguiendo un objetivo común en base a una división de las tareas. Es tan torturador el que picanea como el que se acerca a decirle a la víctima que hable y no se haga torturar más".
En el caso de Lofiego, señaló su responsabilidad por los homicidios de Oscar Manzur y Alberto Tion, más allá de los casos de privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y asociación ilícita por los que se encuentra procesado. "Él mismo reconoció haber estado a la fecha de los hechos en el SI, por supuesto negando las acusaciones, pero no caben dudas".
13 de octubre de 2011
©rosario 12