les enseñaron a torturar
29 de julio de 2010
Un ex militar reveló que hizo un curso antiguerrilla en Tartagal en 1967. Lo contó un testigo en el juicio a represores en Mendoza. Dijo que "unos 200" efectivos argentinos acudieron al curso, dictado por rangers que "habían estado en Vietnam". "Terminaron aprendiendo de nosotros", señaló.
[Nicolás Lantos] Argentina. "Hice un curso antiguerrilla en Tartagal, Salta, en 1967, con los yanquis. Allí yo aprendí a matar. Nos enseñaron técnicas de interrogatorio. El interrogatorio a través de la tortura. Cómo se debía torturar. La finalidad era extraer información." El testimonio del policía y ex militar Roberto Reyes, testigo en el juicio que se lleva a cabo en Mendoza contra cuatro represores por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura, es el primero que da cuenta de la presencia de especialistas norteamericanos para entrenar a las tropas en las técnicas ilegales que se utilizarían de forma sistemática casi una década más tarde, después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Según el relato de Reyes, "unos 200" efectivos argentinos, entre oficiales y suboficiales, acudieron al curso, dictado por alrededor de veinte rangers que "habían estado en Vietnam". Finalmente, relató, los veteranos estadounidenses "pasaron vergüenza" ante la ferocidad de sus alumnos. "Terminaron aprendiendo de nosotros", señaló el testigo.
"Yo me anoté para hacer el curso porque me dijo mi padre, que era militar, todos los cursos que puedas hacer, hacelos." Reyes llegó a ser cabo primero aunque siempre –asegura– se desempeñó en el Ejército como parte de la banda de música, hasta que, tras un accidente en 1970, fue dado de baja y se incorporó a la policía. El golpe del ’76 lo encontró cumpliendo un rol de guardiacárcel, primero en la zona llamada Sierra Pintada, luego en la Casa Departamental de San Rafael, adonde funcionó un centro clandestino de detención, motivo por el que fue citado como testigo. Sin embargo, sorprendió a todos los presentes en la audiencia cuando relató cómo, mientras revistaba en las Fuerzas Armadas, participó de este "curso antiguerrilla" que duró cuatro meses, en 1967, "cuando estaba el Che Guevara en Bolivia". Argentina era gobernada por el régimen de facto de Juan Carlos Onganía.
Según narró ante los jueces del Tribunal Federal Nº 2 de San Rafael y una nutrida asistencia (en su mayoría familiares de desaparecidos), en el curso les enseñaron "como se debía torturar, distintos tipos de tortura". Incluso detalló algunas de las técnicas adquiridas. "Por ejemplo, estaquearlos con correas mojadas y a medida que se secaban, cortarles los párpados, y llegado el momento se volvían locos porque no podían cerrar los ojos, les tiraban sal, estaban al rayo del sol –detalló–. Otra tortura era el submarino, había métodos de tortura como colgarlos de las manos, llegando al momento se descoyuntaban". Sin embargo, para Reyes, las técnicas que traían los rangers "las conocía todo el mundo, no venían con nada nuevo: picana, sumergir a las personas, les colocaban bolsas en la cabeza, inyectables para que se desesperen, griten, pedían que los mataran". El objetivo era inequívoco: "La finalidad de esa tortura era extraer información", confirmó Reyes, que aseguró que "en esa situación límite dicen cualquier cosa con tal de salvarse". Durante el entrenamiento, además, recibieron "reglamentos o especie de manuales en inglés" y, al finalizar, "hasta un diploma".
Aunque su testimonio no dejó nuevos detalles sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Mendoza durante la última dictadura, sí "demuestra que efectivamente hubo un plan sistemático de terrorismo de Estado que se comenzó a preparar en los años sesenta para ponerse en marcha en los setenta", apreció el abogado querellante Pablo Salinas en declaraciones al diario local Mendoza Online. Reyes también reconoció haber visto a los imputados en el centro de detención y, aunque asegura que nunca vio a nadie allí con señales de tortura, reconoció que tener a alguien encerrado en una celda sin luz e incomunicado es una forma de tormento.
El primer juicio oral avanza contra los responsables del terrorismo de Estado en la provincia de Mendoza luego de que los camaristas Luis Francisco Miret y Otilio Romano, que frenaban su desarrollo (también bloquearon la aplicación de la nueva ley de medios), fueran denunciados por su complicidad con la dictadura. Ahora están siendo juzgados el ex teniente coronel Aníbal Alberto Guevara y los policías Raúl Alberto Ruiz Soppe (por entonces jefe de la Unidad Regional II), José Martín Mussere (oficial que funcionaba como enlace con el Ejército), Juan Manuel Labarta (que revistaba en la Policía de Investigaciones, o D2, de San Rafael) y Raúl Egea (abogado). El médico de la policía Cristóbal Ruiz Pozo, en tanto, quedó relevado por encontrarse internado y con una enfermedad terminal. El jefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, ya condenado cuatro veces a cadena perpetua, fue separado de esta causa para afrontar otro juicio en Córdoba.
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Argentina. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciará hoy en la Casa Rosada la identificación de un joven francés y de su pareja mexicana, militantes políticos desaparecidos durante la última dictadura militar y exhumados el año pasado de una tumba NN en la localidad santafesina de Melincué por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). La identificación de Yves Marie Alaini Domergue, de 22 años, y de Cristina Cialceta Marull, de 20, secuestrados el 26 de septiembre de 1976 en Rosario, se concretó en el marco del proyecto Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos. La ceremonia, de la que participará Eric Domergue, hermano de Yves, comenzará a las 19 en el Salón de los Científicos Argentinos del Bicentenario.
[Silvina Friera] Argentina. "Los diarios argentinos fueron cómplices de la dictadura. El Herald no." Lo dice Robert Cox en el prólogo del libro que no pudo escribir, ‘Guerra sucia, secretos sucios’ (Sudamericana), la historia de un pequeño diario en inglés que informó lo que la prensa argentina silenciaba: los secuestros, torturas y desapariciones. Su hijo David es el encargado de contar la historia que había que contar. La de su padre, ese periodista que siempre creyó en el periodismo impersonal, en el cronista de impermeable raído que pasa inadvertido y no firma sus artículos. Por trillado que parezca, Robert repite una y cientos de veces que se limitaba a hacer su trabajo. Escribía artículos sobre los desaparecidos –quiénes eran, dónde vivían, cuándo los habían visto por última vez–; publicaba las listas con los nombres. A pesar del riesgo personal que corría, sabía que la prensa podía desempeñar un papel clave a la hora de salvar vidas. Los familiares hacían colas en la redacción del Herald; Robert –que vivió veinte años en la Argentina– entrevistaba la mayor cantidad de gente que humanamente podía. Desde las páginas del diario lanzó una campaña para salvar a Jacobo Timerman. También presionó para que liberaran a Alfredo Bravo. Fue el primero en publicar una nota sobre las Abuelas de Plaza de Mayo. Y enfrentó a los militares con un halo de inocencia que –bajo el prisma de la distancia– se parece mucho al coraje.
[Carlos Rodríguez] Argentina. El jefe de la Policía de Río Negro, comisario Jorge Villanova, estuvo el 17 de junio pasado, al mediodía, en la sede de la Comisaría 28ª de Bariloche, en la zona del Alto, horas después del asesinato del joven Diego Bonnefoi, de 15 años, y cuando estaban comenzando las movilizaciones populares que luego fueron reprimidas en forma violenta por la policía, lo que provocó dos nuevas muertes, las de Nicolás Carrasco (16) y Sergio Cárdenas (29). El dato es importante, en el marco de la investigación de las muertes de Carrasco y Cárdenas, porque los abogados de las familias solicitaron al juez de la causa, Martín Lozada, que investigue "a la cadena de mandos" ya que "las responsabilidades no pueden terminar en los jefes de la Unidad Regional III (ya separados de sus cargos) sino que deben seguir hacia el jefe de policía y los responsables políticos". Todo indica que Villanova será llamado a prestar declaración, al igual que el ministro de Gobierno, Diego Larreguy, y el secretario de Seguridad y ex jefe de la fuerza, Víctor Cufré, quienes también estuvieron en Bariloche el 17 de junio, aunque no se sabe si en la misma Comisaría 28ª. En el libro de novedades de la seccional quedó asentada la visita de Villanova.
[Carlos Rodríguez] Argentina. "Son nueve los policías pasados a disponibilidad, entre ellos una mujer. La acusación es grave: apremios ilegales contra tres menores de edad. Por eso, apenas se conoció la denuncia, los separaron del cargo de inmediato." Una fuente de la Policía Federal, consultada por Página/12, confirmó que el jefe de la fuerza, Néstor Valleca, tomó la determinación luego de conocer la denuncia y dar intervención a la División Asuntos Internos. El caso ocurrió el miércoles de la semana pasada en la Comisaría 23ª, ubicada en Santa Fe 4000, en el barrio porteño de Palermo, pero se conoció recién ayer. Los tres chicos, que ya recuperaron la libertad, denunciaron ante la Justicia que los llevaron detenidos acusados de un supuesto intento de robo automotor. Una vez en la seccional, según su relato, fueron "golpeados y sufrieron apremios ilegales, incluyendo el pase de corriente eléctrica". Uno de los autores materiales del hecho habría sido la mujer policía detenida, pero la denuncia involucra a los nueve federales.
Argentina. El sol entibiaba ayer al mediodía la vereda de Oroño al 900, donde algunos sobrevivientes, querellantes, testigos y antiguos compañeros de militancia tomaban mates acompañados por familiares y amigos. Era el cuarto intermedio de la segunda audiencia del juicio oral y público de la antigua causa Feced. "Es muy doloroso para nosotros escuchar decenas de veces lo que hemos padecido cuando éramos jóvenes y adolescentes. En 1984 presentamos el primer escrito, un grupo de detenidos", rememoró Marta Bertolino. Aquella primera presentación se realizó frente a la Justicia provincial, y fue elaborada por una de las detenidas, Olga Cabrera, quien fue clave para que hoy el juicio pueda realizarse.
[Sonia Tessa] Argentina. Eduardo Seminara fue secuestrado el 2 de septiembre de 1976 cuando cumplía el servicio militar en Azul. Lo trasladaron al Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario, en San Lorenzo y Dorrego. Allí lo ataron, lo desnudaron, lo quemaron, le hicieron el submarino y le aplicaron picana eléctrica en todo el cuerpo. El ahora vice rector de la Universidad Nacional de Rosario fue entrevistado después de los tormentos por ‘Archie’, un represor que conocía su vida al dedillo. José Antonio Scortecchini -uno de los imputados en la causa Díaz Bessone- le sugirió que no se hiciera reventar por la picana. El integrante de la patota y el prisionero habían sido amigos durante cuatro años, entre los 13 y los 18, de modo que apenas escuchó la voz, Seminara pudo identificarlo como uno de sus torturadores. Esta fue una de las tantas situaciones que se leyeron ayer, como parte de la requisitoria de elevación a juicio oral del Ministerio Público, que elaboró el entonces fiscal Ricardo Vázquez. Sobre Ramón Genaro Díaz Bessone se planteó que en su carácter de Comandante del II Cuerpo de Ejército, entre febrero de 1975 y octubre de 1976, fue el máximo responsable de idear y ejecutar el plan sistemático de represión ilegal en la zona. José Lo Fiego era quien conducía las sesiones de tortura y el encargado de garantizar que los prisioneros no murieran en esa situación. En tanto de Ricardo Chomicky, se remarcó que fue colaborador civil en la represión ilegal, al participar de sesiones de tortura y secuestros.
Argentina. Se trata del total de restos identificados hasta ahora por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desde el lanzamiento en 2007 de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, con el apoyo de organizaciones de Guatemala y Perú, y del gobierno argentino.