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la identificación de 120 desaparecidos


El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense con restos de víctimas de la dictadura. Los científicos del EAAF analizan restos óseos exhumados en diferentes cementerios y fosas comunes y habilitan la comparación con sangre de familiares de víctimas del terrorismo de Estado. En agosto se añadirán 800 muestras de sangre.
[Adrián Pérez] Argentina. La noticia sobre la identificación de su padre fue para Marina como un regalo adelantado de Navidad. Lo recibió cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) aplicó el conocimiento científico para rescatar del anonimato a Wenceslao Araujo, mediante un trabajo que viene desarrollándose desde enero de 2008, en el marco del Proyecto Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos (ILID). Patricia Bernardi es una de las investigadoras que trabajan en el equipo de antropólogos y fue la encargada de confirmarle a Marina que los restos exhumados en el cementerio de Rafael Calzada pertenecían a su padre. La antropóloga adelanta a Página/12 que, a mediados de agosto, 800 muestras de sangre correspondientes a nuevos familiares serán enviadas a Estados Unidos para ser procesadas en el laboratorio Bode Technology de Virginia. Hasta el 15 de enero, el EAAF había reconocido las identidades de ochenta y seis personas. Bernardi actualiza ese dato e informa que, actualmente, ciento veinte personas ya fueron identificadas.
Por un convenio de colaboración entre el EAAF y la Asesoría Pericial de La Plata, en octubre de 2002 los antropólogos comenzaron a recibir, para su análisis, un conjunto de restos óseos de presuntas víctimas de la última dictadura, que habían sido exhumados en 1984 en el cementerio de Rafael Calzada por bomberos y sepultureros sin el debido cuidado ni entrenamiento en técnicas forenses. Gracias al estudio antropológico, los científicos determinaron que las cuatro bolsas recibidas contenían restos de nueve individuos en un rango de edad adulta. Seis años después tomaron muestras óseas de esos restos que fueron enviadas para que se analizaran en Bode Technology. Luego se cotejó el perfil genético de los restos óseos con las muestras de sangre tomadas en diferentes centros de salud del país. La sangre de Marina se encontraba entre esas muestras. El 7 de septiembre de 2009 se envió al Laboratorio de Inmunogenética y Diagnóstico Molecular (Lidmo) del EAAF en Córdoba una muestra de húmero derecho que correspondía a los restos de Wenceslao Araujo. Después, llegó al Lidmo una segunda muestra de sangre, de Ernesto, hermano de Marina. Los análisis evidenciaron que había "coincidencia" entre la sangre de los familiares y el perfil genético de los restos óseos. Y, finalmente, se estableció el "vínculo biológico" entre Wenceslao Araujo, Marina Alejandra García y Ernesto Rafael Montiel. Sobre la base de los resultados obtenidos por los análisis genéticos, un informe antropológico forense publicado en enero concluyó que los restos esqueletarios estudiados correspondían a Wenceslao Araujo, desaparecido desde marzo de 1978.
Dos años atrás, la tarea del equipo de antropólogos se fortaleció cuando el Lidmo recibió seiscientas muestras de esqueletos exhumados por el EAAF en distintos cementerios de la ciudad y el Gran Buenos Aires; luego remitidos al Bode Technology para un procesamiento intensivo, junto con seis mil muestras de sangre de familiares de desaparecidos. "Hasta hoy y en el marco del proyecto ILID, hemos identificado a 120 personas que figuraban como desaparecidas", apunta Bernardi y adelanta que tienen pensado, para mediados de agosto, "un tercer envío que consiste en 800 muestras de sangre de nuevos familiares" que se sumarán "a las seis mil que se recopilaron" hasta el momento.
El análisis de estas muestras podría generar un horizonte de esperanza para que otras Marinas y otros Ernestos accedan a los restos de sus seres queridos. "Con Marina entablamos una relación de llamados continuos pero siempre le hablé con franqueza. Le decía que teníamos que manejarnos con los tiempos de la Justicia y la genética", admite y señala que hasta que no se avanza en resultados firmes "no podemos confirmar con certeza la identidad de la persona".

¿Cuáles fueron las mayores dificultades que se presentaron en la tarea de identificación de restos hasta el momento?
Si comparamos la extracción del perfil genético, el trabajo sobre el material óseo presenta más dificultades que cuando se trata sangre. Eso llevó a que los tiempos se extendieran más de lo esperado. Otro punto es que muchas personas se exiliaron del país y otros no denunciaron la desaparición de sus familiares a la Conadep. En algunos casos, los familiares de desaparecidos que quedaron vivos fallecieron sin dejar descendencia. Por eso necesitamos que todas las personas que tengan familiares desaparecidos se acerquen a donar una gota de sangre. Eso genera que las posibilidades de reconocer los restos aumenten.

El EAAF sigue llevando adelante los trabajos de exhumación en el Gran Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Tucumán. El 9 de junio, el equipo de antropólogos identificó, por primera vez, una fosa común con "restos de miembros inferiores (fémur, rótula, tibia, peroné, calcáneo y astrágalo) correspondientes a una persona normal adulta" cubiertos por cal, en un predio de más de cien hectáreas del ejército ubicado en la zona de San Pedro, a cincuenta kilómetros de la capital santafesina.
Los familiares que quieran donar sangre pueden llamar en forma gratuita al 0800-333-2334, donde un grupo de especialistas los conectará, dependiendo del lugar donde residan, e informará sobre distintos centros de salud donde pueden tomarse las muestras. El tratamiento de los datos es absolutamente confidencial. En Argentina existen 68 centros con personal y equipos disponibles para la extracción de sangre.

26 de julio de 2010
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piden amparo para fosas wichís


Piden un amparo a la corte para proteger testimonios de matanzas por parte del ejército. La medida cautelar pide que se protejan las fosas en las que se hallaron huesos que testimonian matanzas del Ejército argentino y prueban los planes de exterminio masivo.
Argentina. "Me contaron historias que me han dejado muy impresionado. No lo podía creer, la gente hablaba y se quebraba. Después me llevaron hasta esos lugares y vi con mis propios ojos las tierras y los huesos que parecía como si se los hubiera quemado." De esta forma, Domingo Vaca, presidente de la Comisión Territorial de la Comunidad Wichí Misión Chaqueña, expresó su sensación ante una veintena de testimonios de miembros de distintas comunidades wichís de la provincia de Salta que contaban, en calidad de testigos, las matanzas perpetradas por el Ejército argentino a los pueblos originarios durante buena parte del siglo XX en el noroeste del país. Esos testimonios, documentados en registros fílmicos, permitieron "la identificación de fosas comunes con restos humanos en la provincia, que son pruebas fundamentales no sólo del exterminio masivo de los pueblos originarios, sino también de su preexistencia", aseguró a Página/12 Emilio Iosa, presidente de la Fundación Deuda Interna. Así, la Comisión Territorial de Misión Chaqueña, con el apoyo de Deuda Interna, presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de proteger las fosas comunes y los testimonios para asegurar la continuidad de la investigación sobre la matanza.
La medida cautelar se presentó el 9 de junio último ante la Corte Suprema de Justicia para preservar las fosas comunes y los testimonios, que son evidencias para las investigaciones realizadas por la Comisión Territorial de Misión Chaqueña –una de las comunidades wichís más grandes en territorio salteño– y por miembros de la Federación Wichí de la Cuenca del Río Bermejo –que agrupa a las distintas comunidades de ese pueblo–. Además, debido al apoyo de la Fundación Deuda Interna se pudo conformar en mayo último una Comisión Nacional de Investigaciones del Genocidio para el Resarcimiento Histórico de los Pueblos Originarios, a la que posteriormente adhirió la Universidad Nacional de Córdoba para colaborar con la investigación.
La Comisión Nacional de Investigación cuenta con el apoyo de la Fundación, que aporta recursos humanos, técnicos y económicos, pero "lo más importante es que son los integrantes de las comunidades wichís las que investigan su propio genocidio", aseguró Iosa. Esto "surge de la necesidad de investigar el genocidio de las comunidades originarias en el noroeste del país llevadas adelante por el Ejército argentino, que comenzó a principios del 1900 y se extendió hasta mediados de siglo. Una de esas matanzas se conoce como la Campaña del Chaco", informó. La investigación comienza a partir de "los testimonios –documentados en videos– de miembros de la comunidad wichí que presenciaron la matanza de sus padres o abuelos por parte del Ejército, y que pudieron indicar los lugares donde se realizaron", explicó Iosa. Esos testimonios acompañaron la presentación ante la Corte.
Tal como sostuvo el titular de la Fundación que contribuye con la investigación de la comunidad wichí, se busca proteger esas fosas del avance de cualquier explotación agrícola y petrolera, como las que ya existen en distintos sectores de la provincia. La presentación ante la Corte fue amparada por María Elba Martínez, abogada del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) Córdoba, y solicita resguardar tres lugares específicos donde se identificaron fosas en el departamento de Rivadavia, en Salta. El río Bermejo divide a ese departamento en dos, banda norte y banda sur. "Las fosas localizadas se encuentran en la banda sur, en terrenos fiscales", indicó Iosa y detalló: "Una de ellas está ubicada en una zona de matorrales, a 500 metros de donde está instalada la Comunidad Misión Wichí, en la localidad de Rivadavia. La segunda está en el paraje La Paloma, ubicado a dos o tres kilómetros hacia el norte de la localidad Rivadavia; y a 15 kilómetros aproximadamente de esa misma ciudad se localiza el paraje el Chuschal, donde se identificó la tercera fosa".
Si bien son estas tres las que fueron incluidas por el momento en la medida cautelar, "tenemos testimonios que afirman la existencia de más fosas comunes en la banda norte del departamento de Rivadavia y también en el departamento de San Martín", en Salta, aseguró Iosa y aclaró: "Hay muchas sepulturas que todavía no pudimos documentar porque son lugares a los que no pudimos acceder, pero tenemos los testimonios. Es importante resaltar que la medida cautelar queda abierta para que las distintas comunidades de pueblos originarios de todo el país que conozcan la existencia de fosas puedan sumar documentación para que esas pruebas sean protegidas por la Justicia.
Las comunidades wichís se pusieron al frente de la investigación sobre la matanza que sufrió su propio pueblo. En un primer momento solicitaron el respaldo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) para la conformación de la Comisión Nacional Investigadora del Genocidio, pero "no obtuvieron respuesta", afirmó Iosa. Por eso luego se terminó creando con el apoyo de Deuda Interna. Además, el pueblo wichí de Salta solicita ayuda estatal. Para ello, uno de los puntos acordados dentro de un documento llamado "Tierra" (Tratado Interétnico para la Refundación de la República Argentina), que fue firmado por los representantes de las comunidades wichís, "expresa la necesidad de la creación de una comisión oficial y estatal que investigue el genocidio para el resarcimiento histórico de los pueblos originarios en Argentina, con la participación de miembros del Estado, de las comunidades y con veedores de otros países de América latina", explicó. Otro de los aspectos incluidos en ese documento es el reclamo por la apertura de los archivos del Ministerio de Defensa, para acceder a los registros sobre el accionar del Ejército en el noroeste del país. Además, exigen su reconocimiento como pueblos originarios preexistentes y la devolución de sus tierras ancestrales.
Mientras tanto, estas comunidades continúan con el trabajo de campo. "La documentación de testimonios y lugares que den cuenta de la masacre, y su preservación como elementos de prueba, corresponde al primer paso de la investigación", manifestó el titular de la Fundación.

26 de julio de 2010
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caravana a campo san pedro


Una caravana de autos llegó hasta campo San Pedro donde encontraron restos de desaparecidos. En medio de una gran emoción, los autos recorrieron los 50 kilómetros que llevan al campo donde el hace poco más de un mes, el equipo Argentino de Antropología Forense halló restos humanos con claros signos de disparos.
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. Flores, lágrimas y la angustia a flor de piel. La caravana hasta el campo San Pedro fue ayer una marcha de corazones estrujados. Decenas de vehículos recorrieron los 50 kilómetros desde Santa Fe hasta la tranquera del predio del Ejército, donde a principios de junio una investigación judicial de enterramientos clandestinos de la dictadura descubrió una fosa común con los restos de ocho personas, seis de ellas con lesiones en el cráneo compatibles con heridas de bala. "Las pruebas del genocidio", dijo la abogada de Hijos, Lucila Puyol. El campo está en el medio de la nada y para llegar hay un camino largo y polvoriento. "El mismo camino que recorrieron nuestros compañeros para ser exterminados. El camino final", afirmó Jorge Castro, de la Casa de Derechos Humanos, que inició la causa judicial hace tres años. "Pero vamos a volver "prometió porque hay más tumbas en San Pedro y las vamos a encontrar aunque nos lleve el tiempo que nos lleve".
La tranquera del campo militar quedó ayer regada de claveles rojos y blancos. Las madres y los hijos los arrojaron desde el otro lado, rodeados por una multitud que los acompañó. "Un abrazo simbólico", afirmó una de las mujeres con pañuelo blanco, Celina Kofman. "Un reencuentro con nuestros hijos que nos da fuerza para seguir en la lucha".
La caravana partió a media mañana desde el Parque Federal de Santa Fe. Fue una marcha lenta hasta Laguna Paiva por la ruta pavimentada y desde allí doce kilómetros de tierra hasta San Pedro, un propiedad del Ejército de más de 3 mil hectáreas, aunque sólo 100 están bajo investigación judicial. La fosa común apareció en un monte bajo cubierta de un manto de cal. En la entrada del campo no hubo discursos, sólo una poesía y canciones.
Cerca del mediodía, la caravana volvió hasta la plaza de Laguna Paiva, donde el intendente Rodrigo Fernández recibió a los manifestantes. El cielo ya estaba limpio y el sol a la vista. "Hoy es un día muy fuerte para las madres, los hermanos, los hijos, los compañeros", dijo Celina Kofman en el arranque del acto. Y agradeció el testimonio de pobladores de Laguna Paiva que permitieron descubrir "este enterramiento clandestino, si es que es que se lo puede llamar así. De esta manera, comenzó una causa judicial que va a seguir adelante y no va a parar hasta que se recupere el último de los cuerpos y se identifique a todos".
Kofman recordó que el hallazgo en San Pedro es la primera fosa común que aparece en la Argentina en un campo del Ejército. "Los restos encontrados tienen evidentes signos de fusilamiento, lo que corrobora una vez más las denuncias y la responsabilidad de los militares en el genocidio", explicó. "En este lugar están nuestros hijos. No importan sus nombres hasta que sean identificados: son nuestros hijos, los que dieron la vida por otro país. ¿Quién dijo que están muertos" "se preguntó Celina Sólo Videla pudo haberlos llamados desaparecidos. Están en cada brazo que se levanta, en cada reclamo, en cada niño que llora de hambre, en los sueños del pueblo".
Después, un grupo de militantes de Hijos hicieron escuchar sus palabras. "Cada tumba que se abre es una prueba más del terrorismo de estado que nos permite avanzar en el juicio y castigo a los genocidas", dijo Lucila Puyol. "Y que quede claro de una vez: lo que sucedió en nuestro país fue un genocidio. En la provincia hubo genocidio, este hallazgo lo demuestra. Y los responsables de ese Ejército genocida que secuestró, torturó, masacró, asesinó, desapareció cuerpos tienen nombres y apellidos en Santa Fe: coronel José María González, (jefe del Area 212 hasta diciembre de 1976), a quien después sucedió el coronel Juan Orlando Rolón que murió impune; teniente coronel Jorge Roberto Diab (ex subjefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122), teniente coronel Domingo Morales (ex oficial del Destacamento de Inteligencia 122), Mario Carmelo Ferger (suboficial en el Batallón de Ingenieros Anfibios 601), teniente coronel Roberto Pedro Arrieta (ex jefe del Distrito Militar Santa Fe), general Carlos Alberto Settel (ex jefe del Batallón de Comunicaciones 121). Todos ellos están procesados por delitos de lesa humanidad, pero en libertad o con prisión domiciliaria por orden de la Cámara de Casación Penal", advirtió.
Por los sobrevivientes de la dictadura habló Silvia Abdolatif. "Cuando íbamos para el campo, el camino parecía largo y espinoso. Y largo y espinoso fue el camino que recorrimos para lograr justicia y verdad", recordó. "Hoy, somos testimonios vivos en cada juicio a los genocidas, que siguen mintiendo, siguen convencidos que lo que hicieron está bien y le siguen faltando el respeto a las madres, a los hijos y a nuestro país".
El cierre le tocó a Jorge Castro, de la Casa de Derechos Humanos. "Hoy en un día histórico. Venimos a renovar el compromiso por la justicia y la verdad histórica", dijo. Y también agradeció los aportes de vecinos de Laguna Paiva que "aún hoy no podemos nombrar por su seguridad porque a doce kilómetros de aquí está el testimonio del genocidio". "Un compañero que anotó los datos en un cuaderno que aún conserva. Aquellos que una noche vieron los fusilamientos y luego transmitieron el recuerdo a sus hijos. Los que nos guiaron. Ese hombre que nos dio los datos precisos. Los que recorrieron miles de kilómetros para hallar los cuerpos. Los que entraron al campo San Pedro. A todos ellos, ¡salud!", agregó Castro. "La memoria está más viva que nunca porque todo el pueblo libra una batalla por una Argentina más democrática. Tal vez los juicios no logren condenarlos a todos, pero la única forma de construir otra Argentina es partir de la verdad. No hay otra manera".
Castro recordó también el día que recibieron la noticia del hallazgo de la fosa común. Era el 9 de junio. "Los compañeros del Equipo Argentino de Antropología Forense nos dijeron una frase que nos une: "Son nuestros. Son del pueblo argentino". Y vamos a volver porque hay más tumbas en el campo San Pedro. Las vamos a encontrar aunque nos lleve el tiempo que nos lleve para enjuiciar a todos los ejecutores, desde el primero hasta el último", finalizó.

25 de julio de 2010
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la historia no se puede borrar


Los más sentidos testimonios en la marcha de ayer. "No van a poder borrar la historia".
Argentina. -Sara Cobacho (secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires): "El hallazgo de restos humanos en el campo del Ejército es el fruto de lucha de los organismos de derechos humanos. Y revela la culpabilidad y el plan sistemático de exterminio de las Fuerzas Armadas. Eran 30 mil y recién hemos recuperado poco más de 200. Estos ocho aparecieron en un campo militar, en un lugar tan perdido. Entonces, pensemos ¿en cuántos campos de exterminio podrán estar los demás"", se preguntó.

- Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora): "No van a poder borrar la historia. Y esto muestra que la lucha de nuestros hijos e hijas es válida para que algún todos los habitantes de este país puedan vivir dignamente. Hay que seguir. Esa aparición de los cuerpos se debe a la perseverancia de las Madres y de los familiares que no bajamos los brazos. Es la muestra de la infamia que se cometió en los años del terrorismo de estado. Los huesos son la prueba máxima, esos huesitos que para nosotros son sagrados. No pensamos en venganza, pero exigimos justicia y cárcel común para todos los genocidas".

- Adriana Calvo (Asociación de ex Detenidos Desaparecidos): "El viaje hasta el campo San Pedro me emocionó profundamente. Pensaba en el momento en que los compañeros eran llevados seguramente en camiones, semidormidos, a un lugar tan alejado, en el medio de la nada y con la impunidad absoluta de los militares que nunca nadie los iba a encontrar. Y hoy volvimos a recorrer ese camino y mostrarles que se equivocaron porque encontramos a los compañeros. Y no vamos a parar hasta que el último de los represores esté en la cárcel".

- José Schulman. (Liga Argentina por los Derechos del Hombre): "La identificación de los cuerpos en el campo militar San Pedro cierra el circuito de la prueba del terrorismo de estado. Es un triunfo de la memoria sobre los que construyeron el olvido".

- Celina Kofman (Madre de Plaza de Mayo de Santa Fe): "Es el horror materializado en un campo que debía dar flores y frutos. Sin embargo, nuestros hijos están tirados ahí, porque no se puede hablar de enterramiento, ese modo de llevarlos en forma anónima, cobarde y alevosa. Los habrán masacrados, fusilados, como hay evidencias en los primeros cuerpos que se recuperaron, pero para nosotros están más vivos que nunca. Lo demuestra esta plaza, tanto chicos jóvenes que nos acompañan es porque nuestros hijos siguen marcando que se trazaron, el camino de sus sueños y de las utopías".

- Elsa Ramos (Familiares de Desaparecidos de Santa Fe): "Estoy contenta porque el pueblo ha respondido a nuestro reclamos de justicia. Esos cretinos, sinvergüenzas, horrendos, deben haber tenido un corazón de trapo. Haber puesto los cuerpos de nuestros desaparecidos en ese campo. Pero por suerte los descubrimos, los encontramos y ahora los vamos a juzgar y a meter presos para que se mueran en la cárcel".

25 de julio de 2010
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estandartes de la memoria


Pedido al tribunal oral federal nº2 que lleva la causa Díaz Bessone. Desde el Espacio Juicio y Castigo insisten en participar de los juicios por terrorismo de Estado, ingresando a las audiencias con símbolos y fotos de desaparecidos. Una situación a la que ya se había negado el tribunal del juicio anterior.
[José Maggi] Argentina. Los organismos de derechos humanos y militantes que componen el Espacio Juicio y Castigo Rosario volvieron a exigir "la respetuosa participación en las audiencias de las víctimas de los delitos que están siendo juzgados en la causa Díaz Bessone". El pedido está dirigido al Tribunal Oral Federal Nº2, que ha repetido la actitud de sus pares del TOF Nº 1 prohibiendo el ingreso a la sala de audiencias con símbolos y fotos de desaparecidos. "Esto es una injusta revictimización de las víctimas desaparecidas y asesinadas, de sus familiares, de sus compañeros y de la sociedad en su conjunto, que ante la evidente imposibilidad de asistir personalmente a las audiencias, el tribunal les impida a sus familiares traer su presencia material plasmada en una imagen fotográfica o en un pañuelo".
Para el Espacio "la víctima debe recibir un trato digno y respetuoso de las autoridades competentes, los derechos asignados en la actualidad a las víctimas tienden a que al perjuicio padecido no se sumen otros derivados de la propia tramitación procesal". "Así lo garantiza nuestro ordenamiento jurídico interno y el derecho internacional. Lo contrario implicaría una injustificable discriminación contra víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos en el mayor Centro Clandestino de detención de la dictadura en Santa Fe: el Servicio de Informaciones (SI) de la ex Jefatura de Policía de Rosario", agrega el comunicado.
El texto recuerda que "la Corte de justicia de la Nación, en el caso Urteaga, afirmó unánimemente que los familiares de desaparecidos se encuentran legitimados para representarlos, que tienen derecho a obtener la verdad, a acceder a elementos que permitan elaborar el duelo y a la identidad personal que siempre se encuentra tramada con relaciones familiares. ¿Cómo podría afirmarse entonces que no pueden ser quienes simbólicamente los traigan a estas audiencias?" se preguntan desde el Espacio.
El reclamo se basa en que "en la casi totalidad de los Tribunales Federales donde se juzgaron y donde se están juzgando delitos de lesa humanidad en nuestro país, se permite que en las audiencias las víctimas directas se encuentren simbólicamente presentes en pañuelos, fotografías, estampas en la ropa o prendedores. Solo por mencionar algunos ejemplos, así actuó y actúa el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán en las causas "Bussi", "Menéndez" y "Albornóz", el mismo criterio siguió el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 1 de La Plata en la causa "Etchecolaz", el Tribunal Oral Nro. 1 de Justicia de San Martín en el "Juicio a Bignone", el Tribunal Oral Federal Nro 1 de Córdoba en la causa "Videla" y " Menéndez", el Tribunal Oral de Santa Fe en la causa "Brusa", entre muchos otros".
Pero el TOF Nº1 en la causa "Guerrieri Amelong" no siguió este criterio: desalojó la sala de audiencias cuando se exhibieron las fotografías de desaparecidos víctimas de los delitos que se estaban juzgando, no permitió que reingresaran a la sala aquellos a quienes atribuyó ser los que habían introducido las fotos en el recinto, y no permitió el ingreso a un militante con una remera en la que estaba estampada la fotografía de su hermano desaparecido.
Estas medidas de poder de policía y disciplina se basan supuestamente en el incumplimiento de las obligaciones de los asistentes referidas en el art. 369 del Código Procesal Penal de la Nación: " Los que asistieran a la audiencia deberán permanecer en silencio, no podrán llevar armas u otras cosas aptas para molestar ofender, ni adoptar una conducta intimidatoria, provocativa o contraria al decoro, ni producir disturbios o exteriorizar de cualquier modo, opiniones o sentimientos".

25 de julio de 2010
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los responsables de la represión


Apuntan al jefe de la policía y el ministro de gobierno en Río Negro. La APDH denunció que ambos funcionarios estuvieron en Bariloche el 17 de junio, mientras ocurrían los episodios que derivaron en dos muertes a manos policiales. Un desplazado jefe policial de mando medio también acusó a sus superiores.
[Carlos Rodríguez] Argentina. "La responsabilidad no termina en los jefes de la Regional III y hay que investigar a la cúpula de la Policía de Río Negro y a sus jefes políticos." Rubén Marigo, abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), sostuvo que el 17 de junio pasado, cuando se produjo la represión policial en Bariloche, en la cual murieron Sergio Cárdenas (29) y Nicolás Carrasco (16), allí se encontraban presentes "el jefe de la Policía de Río Negro (Jorge Villanova), el ministro de Gobierno (Diego Larreguy) y el secretario de Seguridad (Víctor Cufré) y por eso creemos que ellos también son responsables de lo ocurrido". Como se sabe, el 17 de junio, cerca de las cinco de la mañana, fue asesinado de un tiro en la cabeza el joven Diego Bonnefoi (15), lo que dio lugar a protestas populares que, entre las 16 y las 18 de ese mismo día, terminaron con la muerte de Cárdenas y Carrasco, al ser heridos ambos con perdigones de plomo que todo parece indicar que fueron disparados por los policías. El gobierno, además del pase a disponibilidad de los dos jefes de la Regional III, aplicó sanciones a por lo menos otros seis oficiales.
El miércoles, un mes después de los hechos, el gobierno de Río Negro admitió por primera vez que "un reducido grupo de empleados policiales" utilizó para reprimir "cartuchos de escopeta no autorizados", admitiendo en forma implícita que dispararon con postas de plomo. Ayer, en la causa por las muertes de Cárdenas y Carrasco, prestaron declaración testimonial el intendente de Bariloche, Marcelo Cascón; el ex segundo jefe de la Regional III, Fidel Beroiza, y el jefe del Departamento Criminalística, Walter Muñoz quien, consultado sobre la munición que usa la policía, dijo que disponen los cartuchos PG (propósitos generales) de plomo y los AT (antitumulto), que son las postas de goma.
Muñoz precisó que las PG –los cartuchos "no autorizados" mencionados en el comunicado del miércoles– "son munición de guerra que se utilizan en enfrentamientos armados porque pueden provocar la muerte" del oponente y que siempre están a disposición del personal. En la declaración de Muñoz hay contradicciones respecto del testimonio de otros jefes policiales y funcionarios políticos que aseguraron que las municiones PG "no fueron usadas" durante la represión en Bariloche e incluso que "sólo se usaban para prácticas de tiro", según afirmó Marigo.
Sobre la presencia de Larreguy, Cufré y Villanova en Bariloche, el 17 de junio, Marigo precisó que llegaron "cerca del mediodía", cuando ya se había producido la muerte de Bonnefoi, y cuando habían comenzado las manifestaciones de protesta que después fueron reprimidas por la policía. "Ellos participaron de la visita que ese día realizó el gobernador de Río Negro (Miguel Saiz) a El Bolsón y antes, de paso, estuvieron en Bariloche, de manera que sabían lo que estaba pasando y tienen una responsabilidad", que puede ser por acción u omisión.
En la causa habría elementos que indicarían que alguno de los altos jefes policiales y políticos se hizo presente, incluso, en la Comisaría 28ª, que fue el epicentro de la represión policial, ya que sus instalaciones fueron destruidas por la multitud que protestó por el asesinato de Bonnefoi. "Los funcionarios políticos y el jefe de la policía son responsables si se quedaron en Bariloche mientras ocurrían los sucesos, porque tienen que haber dado directivas, o también lo serían si se fueron, porque no tomaron las medidas necesarias para evitar la muerte de dos personas (Cárdenas y Carrasco)", comentó el abogado de la APDH.
"Incluso se puede analizar la responsabilidad del gobernador, que estaba en El Bolsón y que tendría que haber venido a Bariloche de inmediato", señaló Marigo. El mandatario recién viajó a Bariloche a fines de junio para anunciar una serie de medidas en materia de "seguridad". Marigo aclaró, además, que todavía no se presentó a declarar en la causa el ex jefe de la Unidad Regional III, Argentino Hermosa, como se había informado el miércoles en forma errónea.
Hay expectativa por lo que pueda decir Hermosa, quien ayer hizo declaraciones a una radio de Viedma. El jefe pasado a disponibilidad coincidió con lo que dijo el abogado de la APDH que representa a la familia Cárdenas: "En estos casos, las responsabilidades son compartidas entre los mandos superiores y los mandos medios. No siempre hay un solo responsable". Por esa razón, insistió en que "cuando se vive una situación tan delicada, las responsabilidades se deben compartir. Debería haber una (en este punto pareció señalar a un superior o a un jefe político) y la mía (que) era netamente operativa".
Hermosa también ratificó que el día de los hechos estuvo "acompañado permanentemente por mi jefe de policía y ese día (también estaban en Bariloche), el ministro de Gobierno y el secretario de Seguridad". Sostuvo que la orden recibida del jefe de la policía fue "disuadir racionalmente utilizando armas no letales y eso es lo que se hizo". En ese punto Hermosa desconoció la información oficial, del gobierno provincial, en la que se admitió que algunos policías cargaron cartuchos "no autorizados".
Ayer se supo que habría entre seis y dieciséis oficiales y agentes separados de sus cargos. Algunos de ellos por haber actuado durante la represión con los rostros tapados para no ser reconocidos.

24 de julio de 2010
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condenado reclama inocencia


El policía ya fue condenado a veinte años de prisión por delitos de lesa humanidad. El ex jefe de la Comisaría 4ª de Santa Fe Mario Facino se defendió ante el tribunal que lo juzga por el asesinato de Alicia López, en 1976. "Yo desconocía la presencia de esa mujer", dijo. "Nunca maté a nadie y nunca nadie me ordenó matar."
[Juan Carlos Tizziani] Santa Fe, Argentina. El Tribunal Oral Federal de Santa Fe cerró el período de pruebas en el juicio al ex jefe de la Comisaría 4a, Mario Facino, acusado por el secuestro y homicidio de la docente y ex militante de las Ligas Agrarias Alicia López, en 1976. Facino ya fue sentenciado a 20 años de prisión por delitos de lesa humanidad y ahora corre el riesgo de sumar una condena mayor. Así que ayer aprovechó sus últimas palabras ante los jueces para defenderse: tiró la responsabilidad en la cadena de mandos, admitió que la Comisaría 4a era un enclave donde operaban los grupos de tareas, pero dijo que él "no tenía competencia" sobre los detenidos políticos. "Yo desconocía la presencia de esa mujer, como desconocía la presencia de todos los presos que estaban ahí. A mí me quitaron el mando de ese sector", se desligó. Y fue más allá en el descargo: "Yo nunca maté a nadie. Y nunca nadie me ordenó matar", dijo. La audiencia se reanudará el 29 de julio con los alegatos de la querella, el Ministerio Público y la defensa, y el veredicto se conocerá en los primeros días de agosto.
Facino habló durante una hora ante los jueces María Ivón Vella, José María Escobar Cello y Ricardo Moisés Vázquez. Descalificó a los testigos que vieron a Alicia López en los calabozos de la 4a y sobre todo al que más lo compromete: Raúl Pinto, quien aseguró ante el Tribunal que él vio a su compañera de celda inerte en el piso y creyó que estaba muerta. "Pinto miente", se defendió Facino.
Sin embargo, después consideró "creíble" el testimonio de otro detenido político, Eduardo Almada, quien reveló que Alicia fue sacada de la comisaría 4a a fines de noviembre o principios de 1976 por uno de los jefes del Destacamento de Inteligencia Militar 122, Nicolás Correa, un suboficial del Ejército que se recicló en la democracia y fue asesor de seguridad del ex gobernador Jorge Obeid, entre 1995 y 1999.
"Una de las declaraciones que me parece creíble es la de Almada", dijo Facino. "¿Por qué digo esto? Porque da detalles que no puede inventar. Dice lo que vio. Es creíble." Almada era otro de los compañeros de celda de Alicia López, la veía cuando la llevaban al baño y caía desmayada. Y relató que "a fines de noviembre o principios de diciembre de 1976", Correa la vino a buscar, se la llevó y "jamás la volvimos a ver". "La sacó una tarde personalmente y no volvió más", dijo. La declaración de Almada fue incorporada ayer por lectura en el juicio porque falleció hace algunos años en un accidente.
Facino agitó el vínculo entre Correa –a quien no mencionó por su nombre– y Obeid para atacar al ex gobernador, a quien llamó "montonero traidor". Correa –ya fallecido– era el segundo del ex subsecretario de Seguridad Pública de Obeid, el teniente coronel José Bernhard, quien "participó activamente en el Ejército. Y Bernhard, el nexo entre Obeid y el Ejército".
"Esto tiene una parte política que voy a demostrar. A mí me metieron preso cuando era presidente de la comuna de San José del Rincón. En 2004, volví a ganar las elecciones, pero no pude terminar el mandato en 2005 porque un día apareció la Policía Federal y desde ese momento estoy preso hasta ahora y no sé hasta cuándo. Y en esa parte política tuvo mucha influencia Obeid", insistió Facino.
La presidenta del Tribunal reaccionó: "Yo no quiero menoscabar su derecho de defensa. Pero le pido por favor que trate de acotar esto a los hechos de la causa", le pidió la doctora Vella.

–Yo soy un preso político, no tenga la menor duda –se quejó Facino. "Obeid fue un traidor toda su vida. Ese señor tendría que participar alguna vez en estas causas."

Ya muy nervioso, Facino sacó una carpeta con papeles que intentó exhibir ante el Tribunal. "Eso no tiene nada que ver con este juicio. Guarde eso", lo cortó el juez Escobar Cello.

–Es importante que la gente conozca –se quejó el imputado.
–¡Hágalo conocer por otros medios! ¡No en esta audiencia! –lo retó Escobar Cello.

–¿Los recortes periodísticos sobre la comuna de Rincón tampoco?
–No. Todo lo que quiera hacer conocer sobre hechos que no tienen que ver con esta causa tiene otras formas de darlos a publicidad. No utilice esta audiencia para manifestaciones sobre cuestiones que no tienen que ver. Usted está imputado por determinados hechos –le recordó la jueza Vella.

Facino volvió entonces a tirar de la cadena de mandos. "Los presos del Ejército todos, sin excepción, entraban por la cochera y los llevaban directamente a las celdas." Después, se quejó porque era el único imputado en la causa. "Ninguno de ésos está preso." Y el otro con que quien debería compartir el banquillo –Correa– está muerto. Y agregó: "Nosotros éramos policías, jamás anduvimos de civil, nunca. Siempre con el uniforme policial y con cosas identificables. No como andaban los patoteros, ésos de la famosa patota. ¿Alguien cree que si yo supiera quién era esa gente no lo hubiera dicho? Por favor", se lamentó.

24 de julio de 2010
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dictador videla seguirá en prisión


Prorrogan prisión preventiva para dictador Jorge Videla.
Argentina. Tribunal de alzada denegó solicitud de excarcelación presentada por la defensa del ex Presidente de facto argentino, investigado por el secuestro de dos empresarios durante su gobierno.
Un tribunal de alzada confirmó la prórroga a la prisión preventiva del dictador argentino Jorge Rafael Videla por el caso de dos empresarios secuestrados durante el último régimen de facto (1976-1983), informaron hoy fuentes judiciales.
La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal denegó una solicitud de excarcelación presentada por la defensa del ex Presidente de facto, según informó el Centro de Información Judicial.
"La objetiva valoración de las características de los hechos y las condiciones personales del imputado permiten sostener fundadamente que intentará eludir la acción de la Justicia", dijo el tribunal en su fallo.
Videla es investigado por el secuestro con fines de extorsión de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, padre e hijo.
Por esta causa también está imputado José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía argentino entre 1976 y 1981.
La Justicia investiga si los empresarios textiles Gutheim fueron secuestrados entre noviembre de 1976 y marzo de 1977 para obligarles a suscribir una operación comercial con Hong Kong que favorecía al régimen dictatorial argentino.
Videla, de 84 años y enfermo de cáncer, afronta en estos días un juicio oral junto una veintena de acusados por el fusilamiento de 30 presos en la central provincia de Córdoba durante la dictadura.
Cuando termine el juicio de Córdoba, Videla tendrá que sentarse de nuevo en el banquillo de los acusados en Santiago del Estero por el asesinato de un estudiante en 1976, otra de las múltiples causas en su contra.

24 de julio de 2010
©la nación
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