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martínez de hoz en arresto domiciliario


El detenido ex ministro de Economía de la última dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, fue dado de alta hoy de una clínica del barrio porteño de Palermo y trasladado a su domicilio en Retiro, donde cumplirá con la prisión preventiva que la Justicia le ordenó en el marco de la causa por el secuestro de dos empresarios.
Argentina. El beneficio le fue otorgado por la Cámara Federal en virtud de su avanzada edad y estado de salud, luego que el juez de la causa, Norberto Oyarbide, le rechazara el arresto domiciliario y pretendiera que el ex funcionario de la dictadura cumpla la prisión preventiva en una cárcel común.
Martínez de Hoz fue detenido a principios de mayo y procesado por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, ocurrido durante la dictadura. Según la investigación, el delito fue cometido con el objetivo de obligar a las víctimas a hacer negocios con China. A fines de abril la Corte Suprema había anulado el indulto que el ex presidente Carlos Menem había firmado en su favor.
El ex ministro de Economía de la dictadura está acusado del secuestro de los empresarios textiles que tuvo lugar el 5 de noviembre de 1976 hasta el 6 de abril de 1977.

24 de julio de 2010
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detalles sobre los fusilamientos


De presos políticos en la UP1 de Córdoba. El testigo Fermín Rivera describió cómo fueron asesinados los detenidos y contó lo que les decían los represores antes de matarlos. Señaló a cuatro de los acusados y dijo que los conocía "de la Penitenciaría".
[Alejandra Dandan] Argentina. "Un día tuvimos la sensación de unos movimientos extraños dentro de la cárcel, escuchábamos gritos y atropellos, una gran cantidad de gente que se viene y órdenes referidas a las armas, luego suben a la escalera y en el pabellón donde las puertas se abrían con un cerrojo con cadena entra un grupo de soldados, dan una golpiza brutal y a partir de allí las golpizas se hacen cotidianas, permanentes, el terror era permanente: cada vez que se escuchaba que se silenciaba la cárcel significaba que estaban entrando los militares y prestábamos atención y escuchábamos los pasos, las órdenes, y cuando abrían una celda era la que iban a golpear."
Fermín Rivera estuvo detenido en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba antes y durante el último golpe militar. En la cárcel vio morir a varios de sus compañeros, y es el lugar donde treinta y un detenidos políticos fueron fusilados entre abril y octubre de 1976 por militares del III Cuerpo del Ejército. Denunció lo que sucedía desde los días de la dictadura, es el autor de la denuncia original de la causa contra Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba y ayer fue uno de los principales testigos del juicio oral. Reconoció a Menéndez y a Videla dijo "por los medios", pero en cambio señaló a Adolfo Alsina, Miguel Angel Peres, Enrique Mones Ruiz y Miguel Angel "Gato" Gómez "de la Penitenciaría".
Rivera quedó detenido en La Carlota, cuando entraba a una estación de servicio con su camión, el 17 de agosto de 1974. "Me reciben a balazos –dijo en el juicio–, me tiro al piso, y ninguno recibe ningún disparo; me detuvo la Guardia de Infantería de la Policía Federal y me llevan a la Jefatura de la Policía." Eran las siete de la tarde. "Me hacen descargar el camión y después comienzan a torturarme; aplican picana eléctrica y me preguntan dónde estaban las armas de la fábrica de Villa María; yo no tenía ni la menor idea dónde estaban esas armas."
La tortura siguió hasta la noche del día siguiente; escuchó que alguien decía que no tenía sentido matarlo. Lo llevaron a la delegación de la Policía Federal de Río Cuarto, lo ataron en un sillón de peluquería durante "no sé cuántos días" mientras lo sometían a golpes, torturas y picanas.
La declaración de Rivera fue relevante por la meticulosidad. "Más allá de los nombres, recuerda mucho los pormenores de cómo vivían todos los presos en la cárcel y aporta mucho el sentido de lo que significó estar ahí", dijo Martín Fresneda a Página/12, que con H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) Córdoba lleva adelante la querella de la causa.
Rivera llegó a la UP 1 a fines de 1975, al pabellón 6, el único por entonces de presos políticos. "La relación con el servicio penitenciario era muy buena", dijo. "Teníamos visitas, acceso a la enfermería, podíamos estudiar, había un cine; después trasladaron a las mujeres al pabellón 14, que tenía celdas individuales, yo por ejemplo cuidaba a la hija de Marta Rossetti de Arquiola y eso duró hasta bien entrado el ’75, creo que en diciembre entra la Policía Federal a hacer una requisa y nos lleva la mayor cantidad de cosas que teníamos, nos dejan la ropa de cama y nada más."
El 24 de marzo de 1976 el régimen cambió de forma radical. "Ingresan los militares a la cárcel –recordó–, se nos cierran las puertas de la celda para no abrirse, se cierran las ventanas y desde que cierran las puertas no las vuelven a abrir, lo único que nos queda en la celda es una lata de 5 litros para orinar." El terror se acentuó con el paso de los días. Se instalaron las golpizas permanentes, hasta que se llevaron a un grupo de compañeros a quienes los ataron, les pusieron una capucha y les preguntaron si ellos sabían rezar.
"Yo conocía desde muy chico a Miguel Mozét, desde que tenía 12 o 13 años. Y le dicen rezá porque de acá no volvés más." Y al día siguiente supieron que había sido fusilado en el pabellón de la cárcel. Una noche entró una comisión de militares a llevarse a dos compañeros, uno de ellos era (José Angel) Pucheta. "Los encapuchan, los atan y los hacen caminar hacia una reja y cuando se paran, un militar les dice para qué se apuran tanto si adonde van no van a volver. Así nos hacían ver que a esos compañeros los llevaban para matarlos." Al día siguiente, supieron que los habían asesinado en un supuesto intento de fuga.
El 5 de julio de 1976, un grupo de militares entró al pabellón 6. Rivera estaba en el ocho. Tenían unas hojitas de afeitar que pulían para usarlas como espejos, las sacaron por las ventanas. "Así vimos que habían puesto a todos los compañeros contra la pared del patio; el resto de los soldados, y en particular un cabo Pérez, estaba con un bastón en una mano y una pistola en la otra, pidiéndoles que griten viva el ejército y los seguía golpeando, hasta que llegó donde estaba (Raúl) Bauducco, le pegó y se detiene ahí porque tambalea y saca una mano de la pared y se agarra del lugar donde había recibido el golpe. Bauducco se arrodilla, y el cabo Pérez se dirige hacia la puerta de la entrada al patio, habla con un oficial que después supimos que era Mones Ruiz y vemos que el oficial asiente con la cabeza, vuelve y le dice a Bauducco que se pare y se da vuelta y le dice: no me mires que te voy a matar. Bauducco se da vuelta y lo mira, y cae sobre la canaleta al efectuar un tiro Pérez."
Cinco días después, los militares entraron a su celda, la 11 del pabellón 8. "Tenía el pantalón metido dentro de las medias, cuando entran no me doy cuenta de sacarme el pantalón para afuera y el oficial me preguntaba y me golpeaba a la vez que me daba órdenes y no me dejaba responder. A partir de una serie de golpes, me lastima y entro a sangrar, tengo un choque con el oficial, lo mancho con sangre y se enfureció y toma un zapato y me empieza a golpear en la cara y en la cabeza hasta que yo pierdo el conocimiento."
Estuvo dos días tirado en una cama. Un médico le advirtió que un coágulo de sangre en la cabeza le impedía mover el cuerpo. Luego, otro profesional de apellido Balmaceda le dijo que debían operarlo en el momento pero no autorizaban la operación. Habló de la enfermería. De la muerte de Rudnik, uno de los detenidos que entró en paro y sobre el que Alsina dijo: que se atienda solo, total es médico.
Rivera declaró hasta última hora. Antes lo habían hecho nuevamente el testigo Luis Urquiza y Jorge Breuil, hermano de Gustavo, fusilado junto a Hugo Vaca Narvaja y Armaldo Higinio Toranzo el 12 de agosto en un supuesto intento de fuga.

23 de julio de 2010
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tarde de reencuentros


La actividad frente a tribunales después del inicio del juicio. En un escenario montado en el cantero central de boulevard Oroño se realizó el acto central de los organismos de derechos humanos. Hubo discursos, y una bicicleteada que unió distintos puntos de la ciudad donde desaparecieron militantes.
[José Maggi] Argentina. Después del mediodía, el centro de atención de la primera jornada del juicio Díaz Bessone, se trasladó a la calle, frente al tribunal. En contraste con la mañana cuando los militantes centraban su atención en los rostros de los seis represores, sus actitudes y gestos, la tarde fue de reencuentro. Un bicicleteada que unió distintos puntos de la ciudad donde desaparecieron militantes y un acto en el corazón mismo del boulevard Oroño, marcó la tarde, que cerró con el humo de las hamburguesas cocinadas con el murmullo de fondo que traía el aparato de televisión fruto de la lectura de la requisitoria de elevación a juicio que hasta las 20, hacían sumado 63 casos.
Para el militante Héctor ‘Chinche’ Medina "la actitud de los represores juzgados es realmente de cobardes, es nefasta, ya que salvo Díaz Bessone que levantó su rostro como diciendo ’acá estoy yo el general sáquenme la foto’ los demás ocultaban sus rostros. Esto es coherente con lo que hacían en la dictadura cuando se ponían la capucha para reprimir. Hoy no se la pudieron poner, pero se tapaban la cara con la mano, se agachaban para evitar los flashes, tratando de que la sociedad no viera sus rostros que son verdaderamente la cara de la muerte y de la tortura".
El ‘Chinche’ se refería a la actitud de Ramón Rito Vergara, y de ‘Archie’ Scortecchini, quienes trataban de ocultarse. "Vergara estaba prácticamente doblado en dos, metido dentro de su abrigo, igual que Archie que se tapaba la cara con sus manos". Sin embargo el Cady Chomicky también tuvo a la actitud de ocultarse. Para Medina no hay dudas acerca de la calificación hacia los actos que cometió, más allá de la polémica que pueda instalarse al ser un detenido que terminó en el otro bando. "Para Familiares, Chomicky es un colaborador de la represión y un miembro de los servicios, porque una cosa es aquel compañero que se quebró y cantó en la tortura. Para nuestra organización es un asesino más y se merece la misma pena que el resto".
En tanto para Juane Basso de Hijos, la jornada fue "muy intensa" ya que comenzó con una radio abierta, y que se continuó con una bicicleteada denominada Caravana por la Memoria, donde se identificaron siete lugares ubicados en el centro de Rosario, desde donde secuestraron a víctimas de la represión, y cuyas desapariciones están siendo juzgadas en esta causa. La bicicleteada partió a las 14.30 desde el edificio de Oroño al 900 para unir varios puntos: como España y Salta, Presidente Roca y 3 de Febrero, Moreno al 1000 y al 1100. "La idea fue señalar las casas donde quizás hoy viva gente que no sabe que desaparecieron personas, o tal vez en el edificio de al lado", agregó.
A las 17 tuvo lugar el acto central, en un escenario montado en el cantero central de boulevard Oroño desde donde hicieron sentir su voz Herminia Severini, Juan Pablo Bustamante, Marina Destéfani (la hija de Silvia Suppo), Luis Cuello, Laura Ferrer, Esteban Mariño, Alfredo Vivono, entre otros. Basso rescata "la actitud aquellos compañeros que fueron los protagonistas hace tantos años, y hoy tienen la valentía de estar frente a sus verdugos, y verlos a los ojos para decirles todo lo que pasaron para que tengan una condena".

22 de julio de 2010
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las voces de los querellantes


"Luchando llegamos a algo muy valorable".
Argentina. - Ana Moro: "Estamos muy ansiosos. Más bien es un juicio simbólico, porque gran cantidad de represores están libres, no se los busca, y algunos ni siquiera están acusados de asesinato. Igual sirve para que la gente sepa que luchando llegamos a algo muy valorable".

- Juan Pablo Bustamante: "Es importante encontrar justicia después de más de 30 años para las atrocidades que cometieron estos delincuentes, para todos los compañeros que no están y fundamentalmente para el conjunto del pueblo que ha logrado mantener viva la búsqueda de justicia".

- Alfredo Vibono. "Significa una alegría enorme y una responsabilidad de haber trabajado todos estos años para llevar este juicio, junto con todos los organismos, testigos, querellantes, sobrevivientes. Queremos responsabilizar al Tribunal Oral Federal porque permite que estos delincuentes anden por la calle de la misma manera que los testigos".

- Héctor Medina: "Vamos a demostrar con la presión popular y la movilización que tienen que darles condena a perpetua con cumplimiento efectivo".

- Liliana Gómez: "Es un juicio que empezamos en 1984. Estamos muy ansiosos, con la preocupación de que 5 de los 6 imputados estén en libertad. Nosotros vamos a tener que declarar en contra de ellos y salir con la posibilidad de encontrarnos en un bar, en un colectivo, o que nos vayan a buscar. Eso es una inseguridad para nosotros y nuestras familiar. Es la revictimización de las víctimas, porque tenemos que estar cuidándonos, cuando después de 30 y pico de años no es responsabilidad nuestra que hayan pasado 3 o 4 años con prisión preventiva sin condena".

- Elida Luna: "En aquella época ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a poder llegar a esta instancia, ni siquiera sabíamos que los compañeros habían estado en pleno centro de Rosario. Lo que sí digo, absolutamente, que en ningún momento aflojamos. También tenemos que pensar las cosas con alegría, hoy están acá con nosotros todos nuestros compañeros, tiene que ver con toda una historia de la sociedad rosarina".

- Josefina González: "Me largué a llorar en la sala de audiencias. Se me movieron un montón de cosas al verles la nuca a Lo Fiego y Díaz Bessone. Este juicio significa mucho, porque más allá de que nos digan que vivimos mirando para atrás, el problema es que las consecuencias las vivimos hoy, sigue habiendo torturados y violados en las comisarías. Son atrocidades que el Estado no tiene derecho a cometer".

- Nadia Schujman, abogada de Hijos Rosario: "Es un día de alegría. Díaz Bessone es el máximo responsable que queda vivo por todos los hechos que sucedieron en la órbita del Segundo Cuerpo que comprende nuestra provincia. Tenemos claro que esta lucha no comenzó con nosotros, que vinimos a continuar algo que empezaron los sobrevivientes, testigos, familiares, organismos y también otros abogados que en 1984 pusieron el cuerpo, se arriesgaron, como Delia Rodríguez Araya, como Olga Cabrera Hansen".

22 de julio de 2010
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empezó juicio en rosario


Empezó en Rosario el juicio oral contra el ex jefe del Segundo Cuerpo, Ramón Genaro Díaz Bessone. El ex director del Círculo Militar será juzgado con otros cinco acusados. Varios querellantes recibieron llamadas de un supuesto cementerio de Funes, donde funcionó un centro clandestino.
[Sonia Tessa] Rosario, Argentina. Ramón Genaro Díaz Bessone, un irreconocible José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marccote, José Antonio Scortecchini, Ramón Rito Vergara y Ricardo Miguel Chomicky escucharon ayer, en el banquillo de los acusados, algunos de los delitos por los que serán juzgados. Sólo Díaz Bessone cumple prisión domiciliaria. El resto transcurrirá el juicio en libertad. Mientras tanto, varios querellantes reciben sugestivas llamadas de un supuesto cementerio de Funes, que les aseguran que ganaron una parcela a perpetuidad. La sofisticada amenaza da cuenta del peligro que significa esta situación para los casi 200 testigos que pondrán el cuerpo durante los próximos meses con el objetivo de esclarecer la represión ilegal en la zona. Únicamente Chomicky, un civil que ingresó secuestrado y colaboró en secuestros y torturas (la agrupación HIJOS no lo acusó) hacía gestos mientras decía que no con la cabeza cuando la secretaria del Tribunal Oral Federal, Silvina Andalaz, leía las acusaciones del requerimiento de elevación a juicio. El resto estaba imperturbable. Incluso, Díaz Bessone se durmió en algunos tramos. Para el público sentado en la sala, la situación fue conmovedora. Ana María Moro, testigo y querellante, rompió en un llanto desesperado cuando se relataron los hechos de los que fue víctima su hermana gemela, Miriam. Lo mismo le ocurrió a Josefina ‘la Tana’ González, cuando escuchó lo vivido por su madre Ruth, junto a ella, que era una beba de cinco meses y su hermana de 3 años.
Ana Moro estuvo también secuestrada en el servicio de Informaciones, junto con su compañero, Juan Cheroni, quien ayer le acariciaba el brazo mientras ella se tapaba la cara llena de lágrimas. Militante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas desde la misma dictadura, para Ana, nada de lo escuchado allí sobre los nueve impactos de bala que recibió el cuerpo de su hermana fue una sorpresa. El valor se lo dio que se estuviera leyendo frente a algunos acusados, en la instancia de un juicio oral y público. Algo similar atravesó La Tana, secuestrada junto a su hermana Marina y su mamá, Ruth, que fue asesinada. Ayer a la mañana, en la primera jornada, se leyeron los hechos de los que fue víctima cuando era una beba, junto a su hermana y su mamá. La Tana estuvo secuestrada en el Servicio de Informaciones y sufrió golpes de la patota de Feced, una tortura dirigida a quebrar la voluntad de Ruth. También militante de los organismos de derechos humanos, es difícil que La Tana llore al contar su historia. Pero ayer no pudo evitarlo. "Entendí a la gente que se emociona cuando me escucha, hasta ahora no me había pasado", dijo al salir de la sala de audiencias, todavía conmovida.
Esta semana, Beatriz Barabani presidió el tribunal integrado también por Otmar Paulucci y Jorge Venegas Echagüe, así como José María Escobar Cello como conjuez. El juicio que comenzó ayer es histórico. Su principal imputado, Ramón Genaro Díaz Bessone, fue una figura clave de la dictadura, aunque sea menos célebre que su sucesor en el cargo, Leopoldo Fortunato Galtieri. El nombre y la cara de Díaz Bessone no son tan conocidos como los de Jorge Rafael Videla o Alfredo Astiz, pero el hombre de 84 años que ayer estaba sentado en el banquillo de los acusados fue el comandante del Segundo Cuerpo de Ejército hasta el 12 de octubre de 1976, cuando fue designado como ministro de la Nación de la dictadura militar. Desde el Comando ideó la represión en seis provincias. En ese puesto lo sucedió Galtieri, a quien no se puede juzgar porque ya murió. Como el interventor de la policía provincial, Agustín Feced y varios acusados por los delitos que desde ayer comenzaron a juzgarse. El segundo juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad en la región es el más voluminoso y concentra a figuras claves de la represión ilegal. Se conoció como causa Feced y vino motorizado desde 1984 por ex prisioneros políticos, aunque sufrió los avatares de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Cuando lo elevó a juicio oral, el tribunal le cambió la carátula al considerar a Díaz Bessone el máximo responsable de la represión en la zona, mientras estuvo al frente del comando. En este juicio se ventilará lo ocurrido en el Servicio de Informaciones, el centro clandestino más importante de la provincia, por donde se estima que pasaron entre 1800 y 2000 personas.
Lo Fiego, lugarteniente de Feced y acusado por más de 60 delitos de lesa humanidad, está pelado. Según la resolución de la Cámara de Casación Penal y una más reciente del Tribunal Federal Oral número 2, Lo Fiego y los otros cuatro acusados transitarán el juicio en libertad. El lunes pasado, las dos querellas presentaron un nuevo pedido para apresar a los represores durante el transcurso de las audiencias, pero aún no recibió respuesta.
Para el primer día del juicio dijeron presente, como lo habían hecho en la causa Guerrieri, la vicegobernadora Griselda Tessio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, así como la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta. El resto de la sala estaba ocupado por testigos y querellantes. Cuando entraron del brazo Gustavo de Vicenzo y su abuela, Noemí, Madre de la Plaza 25 de Mayo, parecía estar presente –de manera simbólica, claro– Roberto, hijo de una y padre de otro, cuyos restos fueron identificados recientemente. "Por fin voy a ver la justicia, después de tantos años de lucha", se esperanzó la infatigable Madre, próxima a cumplir 83 años.
Afuera de la sala, la fría mañana de ayer encontró a testigos, querellantes, organismos de derechos humanos y el amplio abanico de organizaciones congregados en el Espacio Juicio y Castigo haciendo el aguante en el cantero central de bulevar Oroño, mientras en la sala de audiencias se acomodaban los imputados, y luego comenzaba el juicio propiamente dicho. Una radio en vivo conducida por Carlos del Frade daba la bienvenida a las Madres, Noemí de Vicenzo y Chiche Massa, así como también a Iris Avellaneda, la mamá del Negrito, desaparecido de la provincia de Buenos Aires. Del Frade recordó también que ayer se cumplieron 24 años de la muerte oficial de Feced. Una investigación suya demostró que dos años después, el jerarca de la policía provincial seguía vivo. Y lo confirmó el propio nieto del represor, Agustín Feced, que tiene serias dudas de ser hijo de desaparecidos y milita en organismos de derechos humanos.
La radio fue además un espacio para que hablaran querellantes e integrantes de todas las organizaciones presentes. Mientras tanto, Freddy Sciarratta y André Núnez, de El Movimiento, pintaban un mural que representaba a los represores con una lápida, asustados, y las Madres, así como los organismos, reclamando justicia. Entre los rostros estaba el de Eduardo Nassini, uno de los querellantes de la causa Feced que falleció hace unos años, como consecuencia de un cáncer. El Tortuga, le decían, y sus compañeros quisieron recordarlo ayer. El lienzo estaba terminado al mediodía, justo cuando los integrantes del Espacio Juicio y Castigo comenzaron la bicicleteada por lugares donde se produjeron algunos de los secuestros de militantes que comenzaron a juzgarse. Al mediodía, cerca de las 14, hubo hamburguesas, hechas en una pequeña parrilla halconera y servidas por varios integrantes de Juicio y Castigo, entre ellas, la sobreviviente Olga Moyano.

22 de julio de 2010
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dispararon con balas de plomo


En Bariloche removieron a jefes policiales y reconocieron el uso de armas prohibidas. El gobierno de Río Negro reconoció el uso de armas prohibidas durante la represión en Bariloche, pero sostuvo que fueron unos pocos policías y que no tenían permiso. Removieron a los dos jefes policiales locales. El cabo que mató a Bonnefoi sigue detenido.
[Carlos Rodríguez] Argentina. Un mes después del accionar policial que terminó con la muerte de tres civiles en San Carlos de Bariloche, el gobierno de Río Negro dispuso el pase a disponibilidad de los dos jefes de la Unidad Regional III, con asiento en esa ciudad, a la vez que reconoció que en la represión posterior al asesinato de Diego Bonnefoi "un reducido grupo de empleados policiales" utilizó "cartuchos de escopeta no autorizados". De ese modo se admitió, en forma implícita, que podría tratarse de los perdigones, de plomo y no de goma, que provocaron las muertes posteriores de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, en medio de las protestas populares por el asesinato de Bonnefoi. En la causa por el homicidio del joven Bonnefoi, de 15 años, sigue preso el cabo Sergio Colombil, quien fue trasladado a una comisaría de la localidad de Comallo, a cien kilómetros de Bariloche. En la causa paralela por las otras muertes, fueron interrogados cinco de los 120 policías citados para explicar qué ocurrió durante la represión.
Uno de los que declaró por las dos muertes en la represión fue el hasta ayer jefe de la Regional III, Argentino Hermosa, pasado a disponibilidad junto con el segundo jefe, Fidel Beroiza. Al frente de esa unidad fue designado el comisario mayor Edgardo Pérez. Ayer tenía que presentarse a dar testimonio el jefe del grupo antidisturbios BORA de Bariloche, José Flores, quien no lo hizo. Argumentó que está "dando un curso" en la ciudad de Viedma. Ante la prensa, Flores había asegurado que los hombres a su cargo "no dispararon las armas que tenían en la mano".
Flores fue consultado porque, en fotos e imágenes televisivas, los policías aparecen con armas largas y con pistolas 9 milímetros, apuntando hacia los manifestantes. Incluso se observa que la mayoría tiene el dedo en el gatillo. Según la policía, los manifestantes hicieron disparos con armas de fuego, pero eso no aparece acreditado en las imágenes que recibieron el juez de la causa, Martín Lozada, y el fiscal Marcos Burgos.
En esta causa, los abogados de las familias solicitaron que sea llevado a declarar el intendente de Bariloche, Marcelo Cascón. El pedido obedece a que el jefe comunal, junto con el juez Lozada, recorrieron la zona del barrio Boris Furman, donde ocurrieron los hechos. Ayer, un mes después de los hechos, el gobierno de Río Negro pasó a disponibilidad a Hermosa y a Beroiza. Se supo por medio de un comunicado firmado por el cuestionado secretario de Seguridad, Víctor Cufré; el ministro de Gobierno, Diego Larreguy, y el jefe de policía, Jorge Villanova.
El sumario administrativo policial sobre los sucesos del 16 y el 17 de junio pasados, en Bariloche, se hizo a través del Departamento de Control de Gestión que depende de la Dirección de Personal. Los encargados se trasladaron a Bariloche, donde tomaron declaraciones a miembros del personal policial de la Regional III. De esa forma "se constata" que "un reducido grupo de empleados policiales" incurrieron en "el incumplimiento de órdenes oportunamente impartidas por el Comando de la Jefatura de Policía". Se agregó, en el mismo sentido, que esas órdenes "han sido inobservadas, en total transgresión a normas reglamentarias vigentes en la institución policial" por parte de "la conducción de la Regional III".
El gobierno señaló que "de acuerdo a trascendidos de público conocimiento, las lesiones que habrían provocado el deceso de los ciudadanos" Cárdenas y Carrasco "presumiblemente se correspondían con perdigones disparados por armas largas utilizadas por empleados policiales". Ante la sospecha "se dispuso la individualización de aquellos uniformados (tanto del grupo especial BORA como de los destinados a prestar servicios en las unidades de San Carlos de Bariloche) que hayan tenido a su cargo la utilización de armas tipo escopeta Itaka".
Como certeza se estableció que "las instrucciones dadas" por Hermosa, jefe de la Regional III, "no fueron cumplimentadas ni retransmitidas fehacientemente como lo amerita la cadena de mandos que establece la Ley Orgánica Policial número 1965 y el Reglamento de Unidades Regionales (...) incurriéndose en desobediencia e incumplimiento de directivas precisas".
También pudo establecerse en la investigación "con entidad suficiente" que "personal policial habría obtenido cartuchos de escopeta no autorizados, sin haberse podido determinar su utilización en las tareas de contención y disuasión" realizadas el 17 de junio, "configurando así presuntas responsabilidades administrativas por parte" de esos policías.
Por esas razones, se decidió el pase a disponibilidad de Hermosa y Veroiza, a la vez que el secretario de Seguridad y el jefe de la policía se han puesto "a disposición de la Justicia (...) haciendo entrega de una copia certificada de todo lo actuado en sede administrativa". En la causa por las muertes de Cárdenas y Carrasco, los abogados que representan a las familias tuvieron algunos inconvenientes para presenciar las declaraciones testimoniales de los policías. Aunque están acreditados como querellantes, tuvieron que presentar avales firmados por las dos familias.
Los jefes que ya declararon habrían incurrido en contradicciones horarias e incluso hubo quien negó su presencia en Bariloche, al asegurar que estaba en El Bolsón. El interrogatorio de los 120 citados puede demorar de dos a tres meses. En cuanto a la investigación del crimen de Bonnefoi, la única novedad es el traslado a Camallo del cabo Colombil. El abogado de la familia, Alejandro Tshunder, pidió al juez de la causa, Miguel Gaimaro Pozzi, que se mantenga la acusación contra el policía por homicidio doblemente calificado, como lo había caratulado el magistrado anterior, Martín Lozada, antes de ser separado de ese expediente.
En su defensa, Colombil presentó dos croquis en los que ilustra sobre cómo fue la persecución de Bonnefoi y en qué circunstancias "se le escapó el tiro" mortal que entró por la nuca del joven. La versión del cabo tendría gruesas contradicciones con la pericia balística realizada y con el relato que aportaron varios testigos, incluyendo compañeros del cabo.

22 de julio de 2010
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se inicia juicio a díaz bessone


Comienza hoy el juicio a Díaz Bessone y ex policías. El Tribunal Oral juzgará delitos de lesa humanidad cometidos en el mayor centro clandestino de detención de la dictadura. La particularidad de este juicio es que ninguno de los imputados que participaron del grupo de tareas de Feced se encuentra detenido.
Argentina. Hoy comienza en Rosario el segundo juicio en el que se investiga el accionar del terrorismo de estado en la región. Desde las 9.30 los Tribunales Federales de Rosario (Oroño 940) serán escenario de la primera audiencia oral y pública para el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad cometidos en el mayor Centro Clandestino de detención de la dictadura en Santa Fe como fue el Servicio de Informaciones (SI) que funcionó en la ex Jefatura de Policía (San Lorenzo y Dorrego) por parte de los integrantes de la patota del Comandante de Gendarmería Agustín Feced (ya fallecido). El gobierno de la provincia transmitirá por Internet las audiencias orales de la causa autorizadas por la Justicia federal. Se podrá acceder a la transmisión en directo a través del sitio oficial www.santafe.gob.ar/multimedia.
Los imputados en esta causa son Ramón Genaro Díaz Bessone, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Ramón Rito Vergara, José Carlos Antonio Scortechini y Ricardo Miguel Chomicky quienes están acusados de delitos de privaciones ilegítimas de la libertad, homicidios y tormentos. La particularidad de este juicio es que ninguno de los imputados se encuentra detenido: solo Díaz Bessone tiene arresto domiciliario. El resto llegará quizás un rato más temprano al tribunal pero se retirará sin ningún impedimento legal y por sus propios medios.
En este sentido desde el Espacio Juicio y Castigo Rosario (EJyCR) que nuclea a organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, estudiantiles y gremiales exigen que "el Tribunal decida detenerlos en virtud de que existe un peligro cierto de fuga".
Asimismo, el EjyCR invita a "todos los rosarinos que levantan las banderas de memoria, verdad y justicia a participar del acto de inicio del juicio". En ese sentido, para hoy el EJyCR ha organizado desde las 8 una concentración frente a los Tribunales Federales. En tanto para las 9 se prevé la realización de una conferencia de prensa que brindarán querellantes y testigos de la causa junto a organismos de derechos humanos. Luego funcionará una radio abierta hasta las 12 donde será el momento de comenzar una bicicleteada en la que se señalizarán lugares donde hubo secuestros de personas durante los años de plomo. "Será una primer recorrida para marcar con carteles los sitios donde la patota secuestró a los compañeros". A las 17 está previsto un acto central.
El juicio se tramitará en el Tribunal Oral Federal Nº 2, compuesto por Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Barabani y Jorge Venegas Echague. Las audiencias tendrán lugar los días lunes y martes, adicionando también los miércoles semana por medio, realizándose cada jornada en dos sesiones: por la mañana de 9.30 a 13 y por la tarde de 16 a 20.
En ese sentido, en este juicio solo se ventilará alrededor de un cinco por ciento de los delitos perpetrados en dicho lugar. La causa contiene la investigación de 91 víctimas de las cuales 17 de ellas fueron desaparecidas y asesinadas y desfilaran más de 160 testigos para brindar testimonio.
"Por allí pasaron entre 1800 y 2000 prisioneros y muchos de ellos continúan desaparecidos", señaló Hector Medina, testigo de la causa.
Para Gabriela Durruty, abogada querellante, "este juicio tiene un valor histórico para esclarecer y sancionar el terrorismo de Estado en el sur de la provincia". "Equiparamos su valor simbólico al de la Esma. El Servicio de Informaciones no sólo fue un centro clandestino de detención y exterminio, sino también un centro de distribución de detenidos", expresó.

21 de julio de 2010
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continúa juicio a videla y menéndez 2


Declararán los otros represores acusados. Se reanuda juicio contra Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 imputados.
Argentina. Con una extensa exposición del represor Gustavo Adolfo Alsina, quien dijo que las imputaciones por los tormentos aplicados en la Unidad Penitenciaria Número 1 "son una mentira", se reanudó en los tribunales federales de Córdoba el juicio contra Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez y otros 29 imputados por delitos de lesa humanidad.
Al iniciar su exposición, Alsina negó "categóricamente" los hechos que se le imputan, y afirmó que no hizo "absolutamente nada". Sostuvo que las imputaciones por los tormentos aplicados en la UP1 son una "mentira" y están llenas de "falsedades". "Estas mentiras -agregó-, están impulsadas por muchos sectores, la prensa uno de ellos, y pensadas por los más altos funcionarios nacionales y por organismos de Derechos Humanos".
Alsina está acusado junto con otros represores, de haber sometido a quienes consideraban "detenidos especiales" a condiciones infrahumanas, y aplicarles en forma continua y sistemática torturas y tormentos físicos y psicológicos.
Luego de la extensa exposición, y tras algunas aclaraciones solicitadas por los abogados, el tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta las 15. Para la tarde, se esperan los testimonios del ex policía Luis Alberto Urquiza, en la causa Gontero-Menéndez y de Eduardo Alfredo de Breuil, por la causa UP1.

21 de julio de 2010
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