argentina

ordenan detención de represores

---

La Pampa. La Justicia ordenó la detención de una decena de represores.

---

Argentina. El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa ordenó la detención de diez ex militares y policías acusados por delitos de lesa humanidad en esa provincia para "para preservar la tranquilidad de las víctimas". El próximo 2 de agosto comenzarán a ser juzgados en el marco de la causa ‘Subzona 14’ por los crímenes supuestamente cometidos durante la última dictadura militar. Del proceso participarán más de 200 testigos.
La medida recayó sobre los ex militares Fabio Iriart y Néstor Greppi y los ex policías Roberto Constantino, Omar Aguilera, Roberto Fiorucci, Carlos Reinhart, Athos Reta, Oscar Yorio, Hugo Marenchino y Néstor Cenizo.
El secretario del TOF, Ignacio Rodríguez Berdier, señaló que las detenciones tiene como objetivo "darle tranquilidad a víctimas y testigos", e indicó que "se tuvieron en cuenta argumentos procesales con el fin de asegurar el desarrollo del debate".
Los jueces Eugenio Krom, Mario Armando Márquez y José Mario Tripputi resolvieron que correspondía arrestar a los imputados en base al artículo 366 del Código Procesal Penal de la Nación, que prevé la detención antes del debate.
Greppi, ex coronel, se encontraba en Buenos Aires y será remitido en las próximas horas a Santa Rosa, mientras que Iriart -ex jefe del distrito militar La Pampa durante la dictadura- por problemas de salud quedó alojado en calidad de detenido en su casa. Los restantes acusados -ex policías- están detenidos en la Unidad Penal 4 del Servicio Penitenciario Federal en La Pampa.
A todos ellos se los investiga en la llamada causa ‘Subzona 14’, y están imputados por privación ilegal de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas, en forma reiterada, en concurso real con el delito de aplicación de tormentos, en forma reiterada.
Según comunicaron desde el tribunal, desfilarán más de 200 testigos durante las audiencias que se llevarán a cabo en la sede del Colegio de Abogados, en medio de un fuerte operativo de seguridad, con la participación de un centenar de agentes.

21 de julio de 2010
©página 12

a juicio represores de la pampa

---

Actuaban en el ‘Comando Subzona 14".  Doce represores van a juicio oral y público. Son 3 policías y 9 ex militares, acusados de secuestrar y torturar a 30 personas. La decisión del juez Rafecas de elevar la causa a un proceso sólo comprende los crímenes cometidos en esa provincia.

---

Argentina. Tres ex militares y nueve ex policías irán a juicio oral y público por el secuestro y la tortura de 30 personas en dependencias policiales que funcionaron como centros clandestinos de detención en la provincia de La Pampa, durante la última dictadura militar.
La resolución fue adoptada por el juez federal Daniel Rafecas, en el marco de la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en la órbita del Primer Cuerpo del Ejército.
Según trascendió esta mañana, la decisión del juez sólo comprende a los hechos cometidos en la jurisdicción de La Pampa y que serán juzgados por el Tribunal Oral Federal 5.
Los ex militares y ex policías, que actuaban en la denominado Comando de Subzona 14 del Primer Cuerpo del Ejército, están imputados de unos treinta casos de secuestros y torturas, efectuados en dependencias policiales que funcionaron como centros clandestinos de detención en las ciudades de Santa Rosa, Jacinto Arauz y General Pico.
Los oficiales del Ejército procesados son el teniente coronel (r) Fabio Carlos Iriart, quien se desempeñó como comandante de la Subzona, y los coroneles Néstor Greppi, ex secretario general de la Gobernación; y Óscar Cobuta, ex jefe del Regimiento de General Pico.
Del Comando de Subzona 14 dependía un grupo de policías pampeanos, quienes estuvieron encargados de llevar a cabo los secuestros, mantener en cautiverio y torturar a las víctimas.
Ese grupo, estuvo integrado por el inspector mayor Roberto Esteban Constantino, el subcomisario Roberto Óscar Fiorucci, el comisario Omar Aguilera, quien se desempeñó como jefe de Operaciones del grupo, el auxiliar Athos Reta, el oficial subayudante Néstor Cenizo, el oficial ayudante Antonio Óscar Yorio, y los oficiales Carlos Alberto Reinhart, Hugo Marenchino y Roberto Escalada, según la investigación judicial.
Los ex represores están imputados de participado de unos treinta "casos de secuestros y torturas, efectuadas en dependencias policiales que funcionaron como centros clandestinos, en Santa Rosa y General Pico de acuerdo con la subdivisión territorial".
Una de las personas que estuvo detenida en uno de los centros de detención de Santa Rosa, y por cuyos casos fueron procesados los represores, es Zelmira Mireya Regazzoli, hija del ex gobernador de la provincia Aquiles José Regazzoli, depuesto por las autoridades militares luego de golpe militar.
En tanto, en el centro clandestino que operaba en Jacinto Aráuz "permanecieron detenidos y fueron torturados" ocho docentes del colegio secundario José Ingenieros, entre ellos el rector del Instituto Carlos Samprón, quien fue detenido mientras desarrollaba su actividad docente; y el Pastor Gerardo Nansen.
El operativo se realizó por la noche a pedido de los padres de alumnos del colegio que señalaron que las clases que se impartían en dicho instituto "tenían tendencias subversivas".
Los voceros recordaron que aún permanece en calidad de prófugo Luis Baraldini, mayor del Ejército Argentino y ex jefe de la Policía pampeana durante la última dictadura, quien fue uno de los militares que está acusado de haber participado de la Subzona 14 y que, en la década del ’80, fue un destacado oficial ‘carapintada’ que participó en los levantamientos contra la democracia.
En el marco de la megacausa por los crímenes cometidos en el Primer Cuerpo, el juez Rafecas dictó un total de 67 procesamientos con prisión preventiva, de los cuales 28 ya fueron elevados a juicio oral y público ante el TOF 5.

21 de julio de 2010
©26 noticias
http://www.26noticias.com.ar/la-pampa-12-represores-van-a-juicio-oral-y-publico-55710.html

para llegar al adn de los noble

---

Ante el fracaso del análisis de la ropa, piden que se analicen muestras de sangre y saliva de Marcela y Felipe. La fiscal Rita Molina le pidió a la jueza Arroyo Salgado que dispusiera el análisis de las muestras de sangre y saliva que los hijos adoptivos de la dueña de Clarín habían entregado al ex juez Bergesio. Abuelas consideró "viable" el planteo.

---

Argentina. Las muestras están en tres sobres lacrados desde diciembre. Son muestras de saliva y de sangre de los hijos adoptivos de la directora del diario Clarín. Tras el último y fallido intento de análisis de sus ropas, la fiscal Rita Molina acaba de pedir que se analicen de "forma urgente" aquellas muestras recogidas en diciembre para determinar si son hijos de desaparecidos. Abuelas de Plaza de Mayo avaló el pedido. "Para nosotros es viable el análisis siempre que se cumplan ciertos recaudos y condiciones", indicó a Página/12 el abogado Alan Iud.
Rita Molina presentó el escrito ante la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que está a cargo de la causa. Arroyo Salgado no habilitó la feria judicial para continuar en estos días con otros procesos que estaban pendientes, entre ellos la declaración de nuevos peritos sobre el fallido análisis de las ropas después del último allanamiento. Aun así, la "urgencia" del pedido de Rita Molina abre la posibilidad de que se abra.
"Si la sangre y la saliva se encontrasen deterioradas con bacterias, por ejemplo –explicó Rita Molina–, el Estado al que represento y del que soy funcionaria tiene la obligación de pedir otras medidas, incluso la extracción compulsiva. La verdad se va a saber tarde o temprano."
Esas muestras se extrajeron en diciembre del año pasado en el ámbito del Cuerpo Médico Forense. Quedaron reservadas en tres sobres: dos de ellos se guardaron en el Cuerpo Médico Forense y uno en el despacho del juez Conrado Bergesio, que todavía estaba a cargo de la causa. Luego, las dos muestras del Cuerpo Médico Forense pasaron al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y la que estaba en el despacho de Bergesio pasó al Cuerpo Médico Forense. Las "condiciones" que Abuelas pide para estos análisis están vinculadas con ese proceso e intentan elevar el estándar de verosimilitud de las muestras.
En primer término, exigen que se analicen como mínimo dos muestras conservadas en lugares distintos. Es decir, una del Cuerpo Médico Forense y otra del BNDG. Eso demostraría que hay o no correlación entre las muestras.
El segundo aspecto es sobre los sobres lacrados: "Además de que las personas que firmaron oportunamente esos sobres vayan y reconozcan sus firmas –dice Iud–, queremos que haya un perito calígrafo para determinar si esas firmas son auténticas o no". Por otro lado, también pide que se observen los bordes de los sobres: quieren saber si están dañados.
La última condición vincula el análisis con los resultados del último allanamiento. Aquel estudio fracasó porque se halló más de un ADN en cada una de las prendas, como si las ropas pertenecieran a distintos individuos. "Para que el nuevo estudio sea considerado válido –agrega el abogado–, debería haber una coincidencia entre esa muestra y por lo menos uno de los ADN que se hallaron en las ropas de Felipe y de Marcela Noble." Abuelas da por descontado que ese cruce puede ser posible porque así lo aseguró el BNDG.
La fiscal ayer también señaló los últimos estudios. "Los perfiles genéticos que se encontraron en las prendas que fueron requisadas a Marcela y Felipe son incompletos porque hay más de dos o tres contribuyentes sin ningún patrón completo, lo que significa que no se puede determinar con claridad el ADN de una persona", detalló. "Incluso –dijo– se encontraron perfiles genéticos superpuestos de hombre y mujer, en las prendas de Felipe, que era nueva y tenía ADN de tres personas, esto significa que pudo ser manipulada."
Pero las muestras de diciembre, ¿pueden servir todavía? Abuelas tiene reparos, pero no lo descarta. Los análisis van a arrojar dos resultados, dicen: o sirven o no. Si sirven, se pueden analizar. Si no, la muestra podría aparecer contaminada con bacterias o con humedad. Y eso pudo haber sido producto de que no fue bien conservada: o por impericia o adrede, admiten.
Lo cierto, sin embargo, es que la fiscal aceleró los tiempos con este nuevo pedido. En términos estratégicos, de ser aprobado por la jueza el análisis le permite evitar nuevas demoras y también más escándalos. Si Rita Molina decidiera, por ejemplo, descartar ese material y pedir, en cambio, una nueva extracción de sangre, el pedido debería atravesar la primera instancia, esperar una segura apelación de la acusada y luego entraría en los laberintos de las demoras infinitas de la Cámara de Casación. Aun así, ese no es el único motivo. En términos procesales, se considera que la extracción compulsiva o una orden de allanamiento es una herramienta que puede usarse de modo "imprescindible". La existencia de otra muestra –y la sospechas de que pueda servir– hace que no sea imprescindible.
En tanto, Rita Molina también respaldó el trabajo del BNDG. "Se comprobó su profesionalismo y que tiene los recursos técnicos más elevados del país, dicho por los propios peritos de parte de las víctimas y la imputada", en referencia a la declaración que hicieron ante la jueza la semana pasada.

20 de julio de 2010
©página 12

denuncian persecución de mapuches

---

Un informe de un observatorio de ddhh denuncia la persecucion de mapuches en Neuquén. Un reciente informe del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas denuncia como "discriminación institucionalizada" la persecución a los mapuches en la provincia de Neuquén. Sostiene un total incumplimiento de la legislación vigente.

---

[Darío Aranda] Argentina. Neuquén es un vocablo mapuche que significa, según la publicidad oficial de la provincia, "atrevido, arrogante, audaz". El 15 por ciento de la población provincial se reconoce mapuche, trece de sus dieciséis departamentos llevan nombres indígenas, al igual que gran parte de sus ciudades, ríos y montañas. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) reconoce toda esa carga simbólica e histórica, pero acaba de publicar un duro informe sobre la actualidad del pueblo mapuche, donde se denuncia el accionar político y judicial de la provincia. "Discriminación institucionalizada" son las dos palabras que resumen el trabajo, donde se detalla la represión a comunidades, la judicialización de la protesta aborigen, se alerta sobre el "total incumplimiento" de la legislación indígena y se afirma que la actual avanzada sobre el pueblo originario tiene su origen en la ambición de empresas petroleras, mineras, turísticas, forestales y agropecuarias.
La comunidad Plácido Puel vive en Villa Pehuenia –centro oeste de la provincia–, desde que tiene memoria. En 2003 la provincia transformó por ley al pueblo en municipio e incluyó dentro del dominio municipal a las tierras indígenas. Nunca se consultó a la comunidad, e incluso se desconoció su derecho de posesión legislados por ley nacional e internacional. El gobierno municipal comenzó un proceso de inmigración de población no indígena.
"La Municipalidad desconoció a la Comunidad Plácido Puel, fraccionó y entregó a particulares sus tierras y promovió en contra de sus miembros una persecución que aún se mantiene, mediante la violencia policial y las denuncias penales", explica el "Informe de Situación de Derechos Humanos del Pueblo Mapuche en Neuquén 2009-2010". Es sólo uno de la decena de casos que detalla el relevamiento y da cuenta de la "ilegalidad de la política oficial respecto de los pueblos indígenas, donde prácticamente todos los conflictos que sobrelleva el pueblo mapuche tienen su origen en el incumplimiento, por parte del Estado, del derecho vigente".
El trabajo da cuenta de la numerosa legislación que obliga el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas: Constitución Nacional y provincial, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Declaración Universal de la ONU, entre otros. "La mayoría de las estructuras y prácticas judiciales no se han modificado para adecuarse al cumplimiento de tales derechos. Ni el estado nacional ni las provincias han adecuado sus leyes procesales para permitir que los pueblos indígenas actúen en condiciones de igualdad", denuncia el Observatorio, creado en marzo de 2009 con apoyo de la Confederación Mapuche de Neuquén y que cuenta como miembros honoríficos a Adolfo Pérez Esquivel, Noemí Labrune (Asociación Permanente de Derechos Humanos de Neuquén) y Rodolfo Mattarollo (consultor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación), entre otros.
A lo largo de 76 páginas se detallan violación al derecho a la educación, negación de acceso a la Justicia y la "discriminación institucionalizada" por parte del estado provincial. Se hace hincapié en el despojo de los recursos naturales y los territorios ancestrales. Denuncia que la legislación referida a hidrocarburos, el Código de Minería, los códigos de aguas y las leyes provincias referidas a tierras "en ningún caso han incorporado" los derechos de propiedad, consulta y participación establecidos en la Constitución Nacional y el Convenio 169.
"Esta omisión origina numerosos abusos por parte de las empresas extractivas y de los gobiernos provinciales, quienes no se consideran obligados al cumplimiento de las obligaciones internacionales", afirma y explica que la situación se agrava en los numerosos casos en que los tribunales de provincias imputan como delito la resistencia de las comunidades, que rechazan las concesiones (petroleras, mineras, forestales) otorgadas sin haber sido consultadas.
La principal demanda de los pueblos originarios es el territorio. "En la protección de la posesión y propiedad de las tierras, las leyes se mantienen en el nivel declarativo y no existe una legislación y acción estatal adecuadas que los hagan efectivos", recuerda el informe.
En noviembre de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.160, que declaró la emergencia territorial, suspendió los desalojos indígenas por cuatro años y ordenó un relevamiento catastral en todas las provincias. La muy demorada aplicación de la norma implicó que, en 2009, fue prorrogada hasta 2013. "La ley no se aplica efectivamente. Los jueces continúan dictando órdenes de desalojo", afirma la investigación.
Responsabiliza al gobierno provincial y al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). "El INAI no ha demostrado voluntad para cumplir con la ley en caso de oposición u obstáculos opuestos por las autoridades provinciales. No está organizado para recabar información respecto del cumplimiento de la ley y no ha adoptado ninguna decisión orientada a realizar acciones tendientes a su efectividad ", afirma el Observatorio de Derechos Humanos.
En 2009, el INAI y la Universidad Nacional del Comahue firmaron un acuerdo para avanzar con el relevamiento catastral. El gobierno provincial se negó a participar y luego emitió una intimación a la Universidad y el INAI para que abandonen el relevamiento.
"El gobierno provincial siempre se negó a avalar o participar en cualquier relevamiento que no estuviera dirigido y controlado por él", explica el informe y asegura que el cumplimiento de la Ley 26.160 siempre padeció una "política de boicot permanente", que incluyó el desconocimiento de las personerías jurídicas de las comunidades, la aceleración de juicios contra referentes mapuches y la conformación de grupos civiles armados que prometían defender la "propiedad privada ante la amenaza indígena".
El relevamiento catastral se mantiene suspendido, a pesar de que la Defensoría del Pueblo de la Nación instó en marzo pasado a su urgente realización. "Esta situación agudiza los conflictos y las posibilidades de que el Estado, las empresas y los grupos terratenientes continúen despojando a las comunidades de sus tierras y, junto con los miembros del Poder Judicial, criminalizando las acciones de resistencia del pueblo mapuche", alerta el Observatorio.
Página/12 se comunicó con el Ministerio de Coordinación de Gabinete de Neuquén. Delegaron las consultas en el Asesor General de Gobierno, Darío Moya. En un breve diálogo sostuvo que el informe no muestra la realidad del pueblo mapuche de Neuquén y solicitó las preguntas por escrito. A pesar de acordar un horario de cierre, el funcionario no envió las respuestas.
Las conclusiones del informe afirman que la provincia se caracteriza por un "racismo estructural" hacia el pueblo mapuche, que se constituye como "un aparato de agresión hacia la cultura indígena". Explica que el "modelo autoritario" actual tiene sus raíces en la Campaña del Desierto, opera con dinámicas similares, y tiene como fin último la rentabilidad de los negocios inmobiliarios, la explotación hidrocarburífera, las empresas forestales, las grandes estancias y las compañías mineras. Todas actividades que avanzan sobre los territorios ancestrales indígenas.

19 de julio de 2010
©página 12

muertes indebidas

---

Se estrena ‘Muertes indebidas’, de Rubén Plataneo, en El Cairo. Rastros del genocidio en la vida cotidiana.

---

[Leandro Arteaga] Argentina. En la denominada Semana documental, que la sala de cine El Cairo inicia el jueves próximo, podrá verse uno de los trabajos más queridos por el realizador local Rubén Plataneo. Se trata de ‘Muertes indebidas’, film del año 2006, que le ha posibilitado al director diferentes reconocimientos. "’Muertes indebidas’ tuvo un circuito bastante afortunado, que llevó a la película por varios países y festivales, y que me ha permitido participar de concursos y obtener varios premios", comenta Plataneo a Rosario/12.
Por un lado, entonces, el reconocimiento del realizador hacia el film; pero por el otro, y sobre todo, la necesidad de plasmar necesidades mayores, anteriores a cualquier premio, siempre presentes. "’Muertes indebidas’ es una película que narra tres historias, de tres núcleos familiares que tienen algún desaparecido en su familia; es una película que bucea, que explora con toda la profundidad que pudimos en las consecuencias actuales del genocidio ocurrido en nuestro país, perpetrado por la dictadura; particularmente sobre el efecto histórico, que tiene en nuestras vidas concretas, el método de las desapariciones. Ello me llevó a una película que necesitaba hacer. Si bien ya había hecho varios cortos y documentales, necesitaba encarar este tema porque era algo muy sentido para mí, que había cruzado mi vida de distintos modos. También necesitaba saldar las deudas desde el terreno artístico, ya que al tratamiento del tema siempre se lo evitaba o se lo trataba muy formalmente, cuando a mí me parecía que había que explorar con total libertad artística, utilizando a la vez los recursos del testimonio y del acercamiento a historias de vida bien concretas. Estuve varios años buscando fantasmas, y mi película trata sobre eso, sobre fantasmas".

¿Cómo te encontraste con estas historias de vida?
En realidad fueron seis casos que seguí personalmente, a partir del inicio de los intentos de juicios por la verdad histórica. Estuve más de un año investigando y leyendo historias, y después siguiendo los primeros intentos de exhumaciones que hubo aquí. Me vinculé a seis familias diferentes, que tenían un hijo o un esposo desaparecido. La película definitiva dura 97 minutos, son tres capítulos con tres historias: Chari, Elena y Laura esposas o madre de desaparecidos , con sus grupos familiares. Son ellas y el especial tipo de vínculo afectivo, de protección, que se había creado entre ellos durante todos estos años, con las diferentes percepciones que cada uno había tenido desde aquel momento hasta la actualidad de todo el fenómeno que los atravesó. Eso me ayudó a que la película se fuera ramificando, diversificando, en pequeños y grandes trazos, derivando en historias secundarias. También y después me contacté con una banda de Buenos Aires, Angela Tullida, cuya música y letras parecían hechas para mi película. Ahora que se dio la posibilidad de estrenarla en Rosario, vuelvo a ver la película y la verdad es que me sigue resultando una experiencia muy fuerte.

Muertes indebidas
(Argentina, 2006)
Dirección: Rubén Plataneo
Cámara y Sonido: Rubén Plataneo, Pablo Romano
Edición: Rubén Plataneo, Germán Villarreal, Gustavo Galuppo, Fernando Romero
Música: Angela Tullida, Sinapsis, Los Toreros Muertos, Tres de Copas
Duración: 97 minutos.

19 de julio de 2010
©rosario 12

a juicio por crímenes en el vesubio

---

El juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento y prisión preventiva de otros cuatro represores a quienes responsabiliza por decenas de delitos de lesa humanidad cometidos en el campo clandestino de detención ‘El Vesubio’ durante la última dictadura militar.

---

Colombia. La medida dispuesta por el magistrado alcanzó a los ex coroneles Federico Antonio Minicuci, Faustino José Svencionis y Jorge Raúl Crespi, junto al ex agente de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal Néstor Norberto Cendón, alias ‘Castro’.
La medida se tomó en el marco de la ‘megacausa’ en la que Rafecas investiga violaciones a los derechos humanos cometidas en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército y que fue reabierta tras la derogación y declaración de "nulidad insalvable" de las leyes de obediencia debida y punto final.
Los procesamientos y las prisiones preventivas fueron dictados por los hechos que tuvieron lugar en ese "centro de detención y tortura" que funcionó en el Partido de La Matanza, entre abril de 1976 y noviembre de 1978; y los represores se suman a los ocho juicio está llevando a cabo el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Cuatro desde el mes de diciembre último.
Minicucci fue imputado por su complicidad por los secuestros y torturas de 85 personas que permanecieron cautivas en ‘El Vesubio’, en función de su desempeño durante el año 1977 como jefe del Regimiento de Infantería III de La Tablada.
"En dicho regimiento funcionó la Central de Reunión de Información (CRI), a cargo del Coronel de inteligencia retirado Jorge Raúl Crespi, quien fue detenido e imputado por el juez por los hechos que damnificaron a 102 personas que estuvieron en el centro de detención; en función de su calidad de integrante de la División II de Inteligencia", explicaron fuentes judiciales.
Svencionis, por su parte, fue el sucesor de Minicucci, en 1978, en la Jefatura del Regimiento III de la Tablada, y el juez "lo responsabilizó por su intervención en el secuestro y tortura de 107 personas que pasaron por el centro de detención", en tanto a Cendón el magistrado lo imputó por "los mismos delitos de los que fueron víctimas 204 personas".
De acuerdo a las constancias del expediente la CRI, que funcionó en la sede del Regimiento III de La Tablada, "constituyó un eslabón fundamental en el plan de represión llevado a cabo en el ámbito geográfico perteneciente a la Subzona 11". Rafecas recordó que esa central de inteligencia "tenía entre sus funciones la detención de personas, alojamiento e interrogatorio de detenidos, planificación y supervisión de operativos de detención; facilitación de los medios para tales procedimientos ilegales" y operaba "como reducto para la recepción de todo lo secuestrado en los domicilios de las víctimas: papeles, libros, documentación, ropa o incluso electrodomésticos".
Entre quienes estuvieron ilegalmente privados de su libertad en ‘El Vesubio’ se encontraban el escritor y periodista Haroldo Conti, el guionista de historietas Héctor Oesterheld y el director del cine Raymundo Gleyser, quienes permanecen desaparecidos.

19 de julio de 2010
©página 12

historias de las madres

---

Editorial Fundación Ross presenta ‘Relatan las madres de la plaza’, escritos personales sobre la relación con sus hijos desaparecidos. Cómo fue para las Madres este proceso de reconstrucción de sus recuerdos.

---

[Beatriz Vignoli] Argentina. "Había llegado a la plaza porque pensaba que la ronda de las madres era un acontecimiento que formaba parte de un discurso público, un monumento vivo a la conciencia histórica que interpelaba al silencio para que el pasado tuviera voz", escribe la compiladora y cronista Aída Albarrán en el prólogo a ‘Relatan las Madres de la Plaza’, el nuevo libro de la Editorial Fundación Ross.
De sobrias tapas blancas, el libro de 86 páginas forma parte de la colección Semillas de Eva, que dirige la escritora rosarina Gloria Lenardón, y cuyo propósito es hacerse eco de las voces y escrituras de las mujeres de este siglo. "Estaba convencida", continúa Albarrán, "de que las anécdotas cotidianas, los sueños y proyectos de sus hijos debían formar parte de otro relato que le imprimiera al recuerdo un sesgo familiar: la evocación los mostraría como habían ido restituyéndoles la identidad que pretendieron negarles. Al contar desde la perspectiva de madre individual, la memoria cambiaría de ubicación, sería más íntima e inalienable; sólo ellas eran capaces de reconstruir esa relación tan breve como intensa para dejar testimonio de la existencia de sus hijos".
Confiadas así en el poder de las Madres de Plaza de Mayo de Rosario como testigos de autoridad suprema ante las vidas reales y concretas de sus hijos, militantes víctimas de la desaparición forzada de personas perpetrada por los represores de la última dictadura militar, se acercaron Albarrán y Lenardón a un hecho invisibilizado en la ciudad, que es la ronda de los jueves de las Madres en la Plaza 25 de Mayo. Todo las sorprende: que aún hagan la ronda, que se reúnan después en un bar, que les sonrían a sus nietos, que casi milagrosamente existan tales nietos y bisnietos, que se festejen los cumpleaños, que pronuncien "veinticinco de mayo" acentuando "veinticinco" y no "mayo", que se rían, que estén vivas, que brille el sol, en fin: cada detalle real que horada la imagen cristalizada, congelada y televisiva en blanco y negro es recibido como la posibilidad de representarlas, a ellas y a sus hijos que les fueran tan cruelmente arrancados por el terrorismo de Estado, bajo la carnadura del semejante y no del fantasma.
"¡Los desaparecidos no son fantasmas!", exclama Gloria Lenardón ante la cronista de Rosario/12 y ahora es ella quien hace las preguntas: ¿Sabías que [las Madres] se reúnen en otras ciudades del interior del país? ¿Cómo logran seguir luchando juntas después de tanto? ¿Y por qué salieron las madres y no los padres? Cuenta Albarrán en el libro que acuden de todo el mundo a escucharlas, de todo el mundo menos de Rosario, donde hasta las propias editoras del libro se les arrimaron con cierta vergüenza de no haber sabido que estaban, no haberlas visto, estar llegando 30 años tarde y por un libro.
Llegaron al fin y con una demanda urgente de memoria y de historia. Les costaba animarse a quebrar el silencio. "Eran el único puente que podía reunir lo que permanece con lo que se ha ido", pensaba sin embargo Albarrán. Pero la memoria de las Madres no es una lente transparente. Entre la pregunta y sus hijos están ellas, con sus corazones y sus cuerpos agobiados de dolor. Se les pide que escriban sobre sus hijos desaparecidos y lo que se obtiene es un quejido: "¡Ay! No, querida, no me lo pidas, no quiero recordar, me cuesta mucho hablar de eso". Treinta años después se permiten algunas ejercer su derecho a olvidar, derecho poco recordado, y ciertas preguntas las revictimizan. ¿Ya no quieren hablar? Siguen alzando el reclamo de justicia, siguen preguntando "¿dónde están?" y llevando esa pancarta con manos envejecidas, pero esa lucha ya es su presente.
"Hijo mío querido siempre fue mi deseo poder expresar con la escritura el inmenso dolor que sentí y siento todos los días de mi vida, desde que te arrancaron de nosotros, tus padres y hermano, pero nunca me parecieron suficientes las palabras para describir nuestra pena y desesperación", le escribe a su hijo Eduardo, "de puño y letra" , Matilde Toniolli, más conocida como Chocha. "No se puede creer lo que han hecho con tu vida y la de tantos otros que como vos eran pensantes y querían para su patria otra cosa mejor". La letra es elegante, contenida; el texto parece derrumbarse en los últimos renglones.
Darwina Gallichio, abuela de Ximena Vicario, evoca a su hija Stella Maris: "niña, mujercita, mujer y madre de aquella beba". Algunos signos la retratan con mayor precisión, dando particularidades que la pintan, a ella y a su compañero Juan Carlos, con colores indiscernibles del telón de fondo de su época. "Revuelvo el recuerdo y pujo mi gravidez de Stella Maris; la beba crece, la niña traviesa, la mujercita de melena sacude su amor interior al ritmo de Lennon y McCartney. Llega la década del 70, fluye el recuerdo, veo una mujer inteligente, alegre. Enamorada de Juan Carlos, flaco y barbudo, se fueron a su casita de barrio Pichincha. Entre liberación, guitarra, política, trabajo, diferencias, discusión y golpe de Estado hubo amor para engendrar a su hija: Ximena, mi nieta. Stella Maris viaja, junto con ella su amigo Alfredo Berrutti, a la ciudad de Buenos Aires a tramitar el pasaporte en la sede de la Policía Federal: es 5 de febrero de 1977. Durante la mañana secuestran en la casita de Pichincha a Juan Carlos" luego del trámite, Stella pregunta por el pasaporte de su esposo. Alfredo esperaba en el pasillo de esas oficinas federales y alguien indagó: "Quién tiene a la nena Ximena Vicario", Berrutti la sostenía en sus brazos; "yo", responde"".
Darwinia se hace eco de su voz y de la de su esposo Carlos, fallecido en diciembre de 1980, tres meses después de su entrevista con el Ministro del Interior del gobierno de facto, el general Albano Harguindeguy, "quien le dijo, casi fusilándolo: "Jamás va a encontrar a su nieta porque no queremos que se convierta en una guerrillera". Trece años de lucha institucional de las Abuelas de Plaza de Mayo llevó recuperar la identidad de Ximena, cuenta Darwinia. Su breve testimonio por escrito le llega a la compiladora en un sobre cerrado, de manos de Matilde. El sobre es póstumo. Darwinia ha muerto.
"¿Tenés idea del trauma que produjo en tantas familias la desaparición de sus hijos?" cuenta la compiladora que le pregunta, mirándola fijo con sus ojitos claros, Norma Vermeulen, para quien la plaza es el único lugar donde puede venir a hablar de su hijo Osvaldo. Norma ha compilado un archivo, que lleva en un bolso, con un poco de todo lo publicado desde el golpe militar hasta la fecha. "Saca una voluminosa carpeta, comienzo a hojearla"". Acaso como un intento de restitución ante tanta pérdida, Norma también junta souvenirs de los extranjeros que vienen a entrevistarlas. Un partisano antifascista italiano le regaló una condecoración recibida, a la que atesora.
"En la plaza la historia tiene la inmediatez de lo simple", resume Albarrán a la vez que reconstruye la trágica historia de la familia Moro: Ana junto a la foto de su hermana gemela Miriam, secuestrada junto a su hermano Roberto. A ambos hijos la madre, Noemí De Vicenzo, salía a buscarlos y a preguntar por su paradero en Jefatura junto a su consuegra, Nélida Moro. "Qué pena lo que pasó", se lamenta Noemí, café de por medio. Inmigrante española, Esperanza Labrador recuerda a sus hijos desaparecidos, Palmiro y Miguel Angel: buenísimos, excelentes, simpáticos. "Los mataron por ser buenos", deduce. "Una bella persona", dice Élida López de su hijo Adrián. "No lo imaginen como un héroe", advierte Nelly Galasso a unos estudiantes acerca de su hijo Ricky. Elsa Massa, a quien llaman Chiche, evoca a su hijo: "Ricardo fue mamero desde sus primeros momentos de vida. Con él estrené mi título de mamá". Ternura desgarrada, gente común con vidas deshechas: tal el saldo de la enormidad del crimen. Tiene razón Matilde: las palabras no alcanzan. Acá sólo cabe agregar dos: nunca más.

18 de julio de 2010
©página 12

continúa saga de hijos renegados

---

Detalles de las declaraciones de los especialistas. Como publicó Página/12, los científicos contratados por la dueña de Clarín y sus hijos adoptivos respaldaron el trabajo del BNDG. La titular de ese organismo y perito oficial dijo que los jóvenes pudieron haberse cambiado la ropa antes de la requisa.

---

[Raúl Kollmann] Argentina. Con la última declaración, el jueves pasado, de dos genetistas del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), quedó firmemente establecido que la contaminación de la ropa de Felipe y Marcela Noble Herrera no se produjo en el Banco, sino que fue previa. La perito designada por los hermanos Noble Herrera fue categórica en su declaración: "De ninguna manera pudo haber adulteración o acontecimiento que hubiera atentado contra la integridad de las muestras. Como ya dije, no es posible que haya ocurrido ningún suceso de ese tipo en el BNDG. Me apenan profundamente las manifestaciones que he leído en algunos medios de comunicación en ese sentido". Su par, Alejandro Ruiz Trevisán, también perito de los Noble Herrera, declaró exactamente lo mismo: "Nunca objeté la metodología. Es más, siempre di elogios a la gente del BNDG". Ambos certificaron que ni uno solo de los procedimientos se hizo sin su presencia y que nadie pudo tener acceso a las muestras si ellos no estaban presentes. Los cinco genetistas que declararon ante la jueza Sandra Arroyo Salgado coincidieron en que en la ropa de Marcela y Felipe apareció ADN de dos o más personas, por lo que fue imposible discernir el perfil genético de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín. Entre los profesionales, no obstante, hubo una tácita diferencia: los del BNDG sugirieron que hubo una contaminación previa, extraña, o un cambio de ropa de Marcela y Felipe, mientras que los peritos de los Noble Herrera sugirieron que los ADN de otras personas aparecieron en la ropa por haber estado en una máquina de lavar o porque las tocaron quienes plancharon o lavaron las prendas.
La jueza federal Arroyo Salgado no accedió a habilitar la feria judicial para continuar con el trámite de la causa, por lo que otros tres genetistas declararán cuando termine la feria. A partir de ese momento la magistrada deberá decidir las medidas tendientes a obtener muestras que le permitan establecer el ADN de Felipe y Marcela Noble Herrera para después determinar si son o no hijos de desaparecidos.
En su declaración del jueves, las genetistas Florencia Gagliardi y María Gabriela Fraga contaron que la primera trabajó sobre las prendas de Felipe –pantalón, medias y camisa, ya que no llevaba calzoncillo–, mientras que Fraga analizó la ropa de Marcela, incluyendo una media, una camiseta y su bombacha. En acuerdo con los peritos de parte, todo se fue poniendo en la computadora del BNDG, precintada, y luego se hizo lo que llaman el "doble ciego", y es que cada profesional trabajó con la ropa del otro de los hijos de Ernestina. Sin embargo, los resultados obtenidos en la computadora no se leyeron hasta que ambas genetistas no hubieran terminado su trabajo. El resultante –electroferogramas– fue extraído de la computadora en presencia de los peritos de parte. Lo que se concluyó es que había una mezcla de perfiles genéticos, con lo cual no se pudo establecer el ADN ni de Felipe ni de Marcela.
La polémica está planteada porque, tal como informó Página/12 el miércoles, según sostuvo la titular del BNDG y perito oficial, María Belén Rodríguez Cardozo, la ropa que llevaban los Noble Herrera la usaron durante más de cinco horas. Sin embargo, no se encontró sudor ni rastros genéticos en las medias de ambos, que implican un roce permanente del pie, ni en el pantalón, que en la cintura también produce roces con la piel, ni en la camiseta de Marcela, en la que se analizó la parte de las axilas donde se deposita el sudor, ni en la bombacha, que supuestamente tiene un roce permanente con el cuerpo. Rodríguez Cardozo dijo que le llamó la atención que Felipe no tuviera puesto el calzoncillo, así como en un allanamiento anterior Marcela no haya tenido ropa interior.
Cuando la jueza le preguntó a Rodríguez Cardozo cómo podía explicar que no hubiera secreciones en la prenda íntima de Marcela, la especialista contestó: "Una alternativa es que tuviera puesto un apósito femenino que hubiera descartado antes de llegar nosotros. De no ser así, las secreciones se deberían haber visualizado en la prenda, en las zonas de contacto con la piel, sobre todo en una persona que se movió libremente". La otra alternativa que sugirió la directora del BNDG es que los jóvenes se hubieran cambiado la ropa.
"Aclaro que en realidad, en medias usadas por un individuo, no me pasó nunca en mi vida. Nunca dejé de encontrar un patrón predominante si la persona tenía puesta la media, porque el movimiento del pie en el caminar provoca descamación y sudoración. Lo que a mí me sugiere lo que vi es que esa media no estuvo cinco horas puesta y que fue muy escaso tiempo el que estuvo en contacto con la piel de Felipe Noble Herrera. En el caso de Marcela, teníamos una mayor celularidad y mayor concentración de ADN en la bombacha y en la remera. El tema es que siempre estaba en mezcla varón y mujer o dos mujeres", concluyó Rodríguez Cardozo.
Uno de los dos peritos de los Noble Herrera, Alejandro Ruiz Trevisán, sostuvo que la mezcla de perfiles no le ocurrió nunca pero "en los dos casos que recuerdo, se estudiaron cepillos de dientes, medias usadas que se sacaron de un cesto, máquinas de afeitar, muestras que son mucho más ricas que prendas que puede tener una persona al momento de la requisa". Ruiz Trevisán aseguró que en los trabajos científicos internacionales existe lo que se llama DNA touch, que significa toque de ADN, lo que implica que hay una mezcla de perfil genético con personas que hayan lavado, planchado, secado o guardado las prendas. Ruiz Trevisán argumentó que aunque Marcela haya tenido puesta la ropa durante cinco horas pudieron no haberse producido secreciones.
La otra perito que actuó en nombre de los Noble Herrera, Primarosa Chieri, explicó que "las prendas son muestras alternativas requisadas. No son muestras indubitadas como la extracción de sangre o el hisopado bucal. Yo pienso que la esencia del fracaso de la prueba tiene ver con esto. Las prendas son más deficientes. El sofisticado instrumental del BNDG logra extraer material genético incluso de personas que han tenido un leve contacto con la prenda. Al haber perfiles distintos, es imposible concluir cuál corresponde a Marcela o a Felipe". Ante las preguntas del tribunal, de la fiscal Rita Molina y de los abogados que intervienen en el caso, ni Chieri ni López Trevisán se movieron de sus conclusiones: puede no haber secreción, puede no haber transpiración, la bombacha estaba limpia, las prendas contienen poco ADN.
La jueza Arroyo Salgado ha vuelto a su habitual hermetismo y, como es obvio, no adelanta los pasos a seguir. Alan Iud, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, presentó un escrito pidiendo nuevos allanamientos y nuevas requisas. La ley aprobada en 2009 permite pequeñas extracciones de sangre o de pelo en forma compulsiva para avanzar en la identificación de nietos de desaparecidos. La magistrada tendrá que definir la forma en la que busca el ADN de Marcela y Felipe. Parece cantado que no será de la forma en que los dos peritos de los Noble Herrera definieron en su declaración como la óptima para determinar los perfiles genéticos: las muestras de sangre. Ni Felipe ni Marcela parecen dispuestos a moverse de su negativa a entregar voluntariamente esas muestras.

18 de julio de 2010
©página 12